Programas de los candidatos: Los temas ausentes

Hay casi de todo en los programas de los candidatos: desde escuetas declaraciones de principios, pasando por meros listados clasificados de ideas (del tipo brainstorming) y nuevas versiones del chiste de los fenicios, hasta compendios bastante más elaborados (mamotretos, como los llama nuestra casi segura futura presidenta), que incluyen diagnósticos de la situación actual de nuestra sociedad y extensos listados de compromisos (posibles soluciones a los problemas detectados, que se pretenden poner en práctica si se llega al gobierno). Se echa de menos en estos últimos, eso sí, el cómo se implementarán (el programa propiamente tal), pero ésa es una falencia generalizada, por lo que no permite discriminar entre las distintas propuestas.

Es interesante constatar que una lectura incluso superficial de éstas, permite descubrir numerosas ideas viables, algunas muy atractivas. Existe, no cabe duda, bastante material al que recurrir si se quiere establecer un programa continuo de mejoramiento de nuestra sociedad.

Sin embargo, hay ciertos temas que quedaron fuera, omitidos por completo o muy poco considerados. Dado que me parecen relevantes, y reconociendo que eso no significa de modo alguno que tengan que serlo para los candidatos, me he permitido dedicarles la presente columna. Para que quede constancia de que existen, al menos.

Partamos, como corresponde, por el principio: ¿cuál es el objetivo central de los programas planteados? ¿Cuál es el hilo conductor de las reformas que cada uno propone? Salvo Alfredo Sfeir, que dedica toda su propuesta a describir el país que pretende lograr, los demás se van en puras vaguedades: que un país más justo, más equitativo y bla, bla, bla. Nadie define qué, exactamente, es lo que pretende. Porque, ¿qué es un país más justo? ¿Qué significa ser más equitativo? ¿Alguien puede definirlo?

Uno esperaría que se hubiesen expuesto las cifras que nos condenan; que se hubiese señalado que nuestro coeficiente de Gini actual es superior a 0,5 y que la relación entre el décimo y el primer decil de ingresos es de 30/1; y que se hubiese planteado derechamente que un país más justo y más equitativo es aquél donde ambos indicadores son menores que eso. Además, que se hubiese comprometido un guarismo (ya sé que es un arcaísmo, pero me agrada la palabreja en cuestión) específico. Indicar, por ejemplo, que el programa tiene como meta reducir la relación interdeciles a 20/1.

Así, usted sabría para dónde va la micro, y podría analizar el resto de las propuestas en base a la coherencia que mostraran  con la meta marco planteada.

Un segundo punto que echo de menos, es un análisis profundo de cómo avanzar en mejorar los niveles relativos de ingreso de los sectores más pobres. No existe en los programas de los candidatos. A ese respecto, hay dos vías para obtener ese objetivo: aumentando los ingresos de los que ganan menos, y disminuyendo los de quienes ganan más. En ambos aspectos, uno puede avanzar sin recurrir a mecanismos extremos. Para aumentar los ingresos de quienes ganan menos, por ejemplo, se podrían estudiar medidas como:

Subsidiar a un determinado rango de ingresos con el monto de las cotizaciones previsionales (el Estado las aportaría directamente a las instituciones correspondientes, generando un incremento del ingreso disponible de esas personas, de un 20%).

Legislar en el tema de gratificación legal, haciendo obligatoria la repartición del 30% de las utilidades. Ello requiere eliminar la modalidad de pago mensual (usted puede seguir pagando mes a mes la gratificación, pero sólo como anticipo sujeto a liquidación). Esta medida también trae como consecuencia la disminución de los ingresos de quienes ganan más.

Aumentar las vergonzosas pensiones solidarias en forma contundente (alguno de los candidatos propone llevarlas al nivel del ingreso mínimo).

Establecer, por medio del Banco del Estado, una línea de financiamiento a tasas prime, sujeta a descuento por planilla y destinada a comprar las carteras del retail, de las divisiones de crédito de consumo de los bancos, y de las cajas de compensación.

Normar para que los préstamos que efectúa la Tía Rica a quienes se ven obligados a empeñar sus objetos de valor, se otorguen a tasa prime, y no a las vergonzosas tasas usureras que se cobran hoy.

Desarrollar, mediante el sistema de organización de la demanda, un gran proyecto de vivienda social en los terrenos del aeropuerto de Cerrillos (mejora los ingresos del primer decil al reducir el gasto en transporte, y disminuye los del décimo, al prescindir de la utilidad de las inmobiliarias).

Y para disminuir los de quienes ganan más, algunas como:

Aumentar (no disminuir; ojo, Michelle, se trata de reducir la brecha, no de incrementarla) las tasas de impuesto que gravan a los mayores ingresos (creando, por ejemplo, nuevos rangos de renta).

Reducir los sueldos de los funcionarios públicos de mayores rentas (me encantó esta propuesta de G. Jackson y A. Undurraga, qué quiere que le diga; directo al hueso, como tiene que ser). Las dietas de diputados y senadores se podrían fijar en 20 veces el promedio de renta del primer decil, por ejemplo, al igual que las de los ministros, lo cual sería coherente con la relación interdecil de 20/1 que mencionamos más arriba.

Eliminar, por supuesto, el FUT, estableciendo que el impuesto de primera categoría pase a ser de beneficio fiscal, impidiendo el uso de los anticipos de impuestos acumulados, y manteniendo la base de los retiros y dividendos para el cálculo de los impuestos personales.

Poniendo en práctica estas medidas, le aseguro que la relación interdecil se reduciría, en breve lapso, drásticamente. Y, ojo, son todas medidas que no producen efectos negativos en la inversión. Sólo corrigen evidentes inequidades.

Hay varios temas más en los que falta profundizar. Por razones de espacio, me referiré sólo a uno: la transparencia. En este ámbito, las medidas que podrían considerarse son:

Revisar, con un hacha en la mano, todos los contratos a honorarios del sector público, reduciéndolos a su mínima expresión (ojalá eliminándolos). En la administración pública deberían existir, en lo posible, sólo funcionarios  contratados.

Establecer, para todos los servicios públicos, la obligación de llenar los cargos de jefatura con funcionarios públicos de carrera. Ello reduciría enormemente los posibles conflictos de interés.

Eliminar la prescripción para todo lo que sea delito contra la probidad. Además, endurecer las penas y hacerlas acumulativas.

Normar para que el correcto uso de todas las asignaciones parlamentarias sea corroborado por una instancia externa al Congreso, estableciéndose además la inmediata pérdida del cargo para quien hiciese mal uso de ellas.

Eliminar la institución de los abogados integrantes y la de los jueces externos.

Por cierto, hay más paño que cortar. Mucho más. Son temas que hay que desarrollar al máximo, para comenzar a reclamarlos con fuerza al nuevo gobierno una vez que asuma. Porque en estos nuevos tiempos de electores más informados, no se trata sólo de prometer. También hay que cumplir. Y también, no faltaba más, hay que exigir.

Para eso estamos. ¿No le parece?