jueves, 31 de julio de 2014

Los increíbles privilegios del DFL 2

Hasta el 31 de octubre de 2010, usted tenía chipe libre ―no sólo existe en el ámbito de las relaciones de pareja; es muy usual también en el tributario― para hacer uso, y abuso, del DFL 2.

Como usted seguramente sabe, dicho decreto ―que fue dictado en 1959, con el propósito de contribuir a solucionar el grave déficit habitacional que afectaba a los sectores medios de la población― permitía hasta esa fecha a los adquirentes de viviendas de hasta 140 m2 (mal llamadas “viviendas económicas”), sin restricción alguna, usufructuar de ellas (esto es, arrendarlas) sin tributar por los ingresos obtenidos, y pagar sólo un 50% del impuesto territorial (contribuciones) por un lapso que variaba entre 10 y 20 años, dependiendo de la superficie de la vivienda.

Había otros beneficios: rebajas al impuesto de herencia, al de timbres y estampillas (ése es el absurdo eufemismo que se utiliza para denominar al impuesto al crédito) y al pago de derechos notariales y de conservaduría, pero lo mencionados eran los principales, dada su magnitud y el lapso durante el cual se extendía su vigencia.

El asunto es que por esas fechas, el SII descubrió ―con horror, imagino― que había quienes aprovechaban indebidamente tales beneficios (algo en verdad novedoso, debo reconocerlo) ―27 personas naturales poseían más de 50 viviendas acogidas al DFL 2, con un total cercano a las 4.000 unidades habitacionales―, contraviniéndose con ello el espíritu del decreto (un inversionista propietario de más de 50 viviendas DFL 2, evidentemente no forma parte de los sectores medios de la población).

Fue Sebastián Piñera ―no Aylwin (gana la gente), ni Frei (para los nuevos tiempos); tampoco Lagos (crecer con igualdad) ni, por cierto, nuestra actual Presidenta en su primer mandato (estoy contigo), sino el derechista Piñera (súmate al cambio)― quien metió mano en este jugoso negocio. La modificación del decreto efectuada el 2010 (para paliar los efectos del terremoto, se dijo), limitó sólo a las personas naturales los mencionados beneficios (hasta entonces también los disfrutaban las personas jurídicas) y fijó en 2 el número máximo de viviendas por persona que podía acogerse a ellos. En otras palabras, desde el 1° de noviembre de 2010, si usted es propietario de tres o más viviendas adquiridas a partir de esa fecha, sólo tiene derecho a acogerse a las franquicias del DFL 2 por las dos primeras (siempre y cuando, por cierto, no tenga otras viviendas adquiridas con anterioridad a la fecha indicada).  ¿Qué le parece? Notable, ¿verdad? A simple vista, una drástica solución a tan indebido aprovechamiento de la norma.

Sin embargo, como fue usual con las iniciativas de Piñera, estaba el clásico asunto de la letra chica: la modificación mencionada estableció, explícitamente, que quienes ya disponían de los beneficios del DFL 2 (entre ellos, los 27 inversionistas que horrorizaron al SII) los seguirían manteniendo. ¿No entendió bien? Se lo repito: todos los inversionistas que habían adquirido viviendas DFL 2 con antelación a la fecha señalada, siguen en la misma situación que antes de la entrada en vigencia de la nueva norma: no pagan impuestos por los ingresos que provienen de los arrendamientos de sus propiedades, y tienen un 50% de descuento en el impuesto territorial, entre otras granjerías.

Pero no sólo ellos recibieron tales beneficios; incluso quienes disponían de promesas de compraventa por viviendas aún no construidas a esa fecha, también fueron favorecidos. Ni le cuento la cantidad de promesas de compraventa que se firmaron por esos días.

¿Cuál es la situación a la fecha? Patricio Hermann, presidente de la Fundación Defendamos la ciudad, solicitó los antecedentes al SII y tuvo la gentileza de hacérmelos llegar. Patricio estaba escandalizado, y con toda la razón. La impudicia y el abuso son demasiado excesivos. Lo invito a revisar las cifras y a efectuar algunos cálculos a partir de ellas, para que lo compruebe.

Al 9 de junio de 2014, fecha de la respuesta que recibió Patricio Hermann a su solicitud, del total de viviendas construidas, un 76,4%, equivalente a 3. 469.567 unidades, había sido marcado como DFL 2, y pertenecía a 2.503.589 personas naturales y a 28.530 personas jurídicas. Lo interesante del caso es que había 2.888 personas jurídicas (además del Serviu, desde luego) que poseían 10 o más viviendas DFL 2, con un total de 218.330. Cierto es que hay que descontar ahí las viviendas recibidas que forman parte a esa fecha de la cartera de ventas de las inmobiliarias, pero éstas no deberían llegar ni a la mitad de esa cifra si se considera que la construcción anual de los últimos dos años, incluido todo lo que no es DFL 2, no supera las 120.000 viviendas (INE).  Es razonable pensar, entonces, que hay más de 100.000 viviendas DFL 2 en poder de sociedades de inversión inmobiliaria, que las arriendan y que, gracias al DFL 2, no tributan por las rentas que obtienen.

En el caso de las personas naturales, la situación es similar: hay 950 personas naturales que son propietarias de 17.260 viviendas DFL 2. De ellas, 25 poseen más de 50 y 11, más de 100, lo que significa que la situación casi no ha variado desde el año 2010.  Es más que razonable suponer que no las tienen en su poder por bolitas de dulce, sino que usufructúan de ellas mediante el arrendamiento, y que adquirieron la mayor parte antes de que entrara en vigencia la modificación del decreto que patrocinó Piñera.

Vamos a los cálculos. Suponga usted un arriendo promedio mensual de $ 300.000 (usted puede, por cierto, afinar más ese monto). Si ciframos las viviendas en poder de sociedades de inversión en 100.000, tenemos que el impuesto de primera categoría que ellas dejan de pagar se empina sobre los USD 130 millones. ¿Cuánto es el que les corresponde a los propietarios de esas sociedades? Misterio absoluto, pero no creo equivocarme si aseguro que todos ellos deberían estar en las tasas más altas (hay aquí un análisis pendiente acerca de cómo funciona el actual sistema tributario en estos casos).

En el caso de las personas naturales, cada uno de los diez mayores inversionistas inmobiliarios que hacen uso de ese panal de miel sin resguardo que es el DFL 2, estaría obteniendo ingresos personales superiores a los $ 360 millones anuales sin tributar por ellos. Si sumamos sus montos, llegamos a ingresos superiores a $ 7.300 millones anuales, con $ 2.800 millones de impuestos a la renta que no se pagan. ¿Qué le parece?

Ahora, si consideramos los 950 inversionistas que poseen 10 o más viviendas, las cifras son de verdad escalofriantes: con el mismo arriendo promedio, dichos privilegiados obtendrían en conjunto rentas por $ 360 mil millones y tributos no pagados por $ 24 mil  millones ( USD 43 millones). ¿Qué me dice? No es necesario ser un artista de los números para concluir que, eliminando este indefendible privilegio, se obtendría una mayor recaudación impositiva superior a los USD 200 millones anuales.

Miremos el asunto desde el punto de vista de la equidad (la palabra cliché de la Presidenta), de la justicia y del sentido común: ¿existe alguna razón que justifique que estos inversionistas no paguen impuestos? ¿Hay algún argumento que permita respaldar este enorme privilegio? Créame que lo he buscado y no encuentro ninguno. Se trata de una aberración tributaria, que sólo subsiste gracias al poder de la Cámara Chilena de la Construcción (no ha llegado aún al poder un presidente que se atreva a enfrentarla). Nada justifica que un contribuyente que gana $ 1.000 millones al año, por el concepto que sea, no tribute el porcentaje que, en justicia, le corresponde. Cuento aparte, por cierto, es dilucidar si tiene sentido que los beneficios del DFL 2 los aprovechen personas con estos niveles de ingresos.

Por cierto, los “ilustrados” de siempre saldrán hablando de los derechos de estos inversionistas y blablablá. Cuando los escuche, tenga claro que ése es el mismo argumento que sostuvieron los esclavistas para defender la esclavitud y oponerse a su abolición: los derechos económicos adquiridos. No podía abolirse la esclavitud porque los hacendados habían invertido en esclavos, y era injusto conculcarles los beneficios que esperaban recibir por esa inversión. Es injusto, dice la CChC, que un inversionista que obtiene una renta de sobre mil millones de pesos al año, pague impuestos por ello, ya que tiene un derecho adquirido de exención tributaria. Lo justo, de acuerdo con esta noble institución, es que el resto de los chilenos les financiemos los servicios públicos que estos esforzados próceres reciben hoy en forma gratuita.

Sería interesante saber por qué nuestros políticos, incluso aquéllos que se autocalifican de “progresistas”, permiten una aberración semejante. ¿Qué ocurre con la consigna del combate contra la desigualdad en este caso? ¿Puede haber algo más desigual que el hecho de que un empleado que gana $ 9 millones al año pague impuesto a la renta, y que alguien que gana $ 1.000 millones no?


Ésa es la pregunta pertinente: la consigna. Se hablaba de que se pretendía reducir la desigualdad. ¿En qué quedó ese propósito? ¿Fue sólo un lema de campaña que se archiva una vez que ésta ha terminado? Señora Presidenta, a usted se lo pregunto. Aquí tiene este vergonzoso abuso para comprobar que lo suyo no son meras palabras vacías. ¿Qué hará al respecto?

El retorno del FUT

Si hubiera que filmar una película acerca de las vicisitudes del FUT, habría que conseguir la participación de algún duro de la pantalla. Bruce Willis y Jason Statham podrían servir, pues ambos han interpretado personajes capaces de sobrevivir a las situaciones más extremas casi sin despeinarse. Tal como el FUT. Sin embargo, creo que no aceptarían el papel pues siempre interpretan al héroe, al chico bueno, y el FUT es todo lo contrario: es el malo de la película.

Tal vez los actores que interpretan a “la Montaña”, en The game of thrones, o a Voldemort, en la saga de Harry Potter, servirían. Haga uno lo que haga, someterlos a la magia o incluso envenenarlos y acuchillarlos salvajemente, los personajes sobreviven. Maltrechos y todo, pero sobreviven. Y son enfermos de malos, ¿verdad?

El momento para emprender un proyecto fílmico como éste, es el adecuado. El Gobierno, por medio de su propuesta de reforma tributaria, intentó liquidar al malvado ente, lamentablemente sin éxito. La espesa maraña de la nueva normativa le brindaba muchas posibilidades de refugio por lo que, aunque debilitado, seguía vivo. Y, como todos los malos, permanecía al acecho, a la espera de una oportunidad propicia para regresar en gloria y majestad.

Para su fortuna, ésta acaba de producirse. Los cambios introducidos al proyecto del Gobierno por la Comisión de Hacienda del Senado, le han insuflado nueva vida. Si, por esas cosas de la política, el proyecto se aprobara con dichas modificaciones, tendríamos al FUT de vuelta en todo su esplendor, con todo su potencial destructivo (en el ámbito de la inequidad) casi intacto. Como un “Duro de matar” cualquiera.

Permítame exponerle en detalle el guión de esta obra maestra del suspenso tributario.

Partamos explicando cómo funciona hoy el FUT. Las empresas le pagan al Fisco el impuesto de primera categoría, actualmente un 20% sobre sus utilidades netas. Como dicho impuesto no es de beneficio fiscal, sino un anticipo a cuenta de los impuestos personales de los empresarios, es necesario crear un registro donde se establezca dicha situación. Ahí aparece el FUT, que cumple exactamente dicha función. Entonces, si una empresa A tiene una utilidad de $ 100 millones, el impuesto pagado, $ 20 millones, se anotará en ese registro, al igual que la utilidad que le dio origen. Los impuestos personales, en el sistema actual, se pagan sólo sobre los retiros, por lo que si el dueño de la empresa (supongamos que existe sólo uno) retira $ 24 millones y no tiene otros ingresos, deberá pagar, según la tabla vigente, $ 1.068.681 por dicho concepto. Como el retiro efectuado representó un 24% de la utilidad, el empresario tiene derecho a igual porcentaje sobre el crédito generado por el impuesto de primera categoría pagado por su empresa. Dicho crédito asciende, entonces, a $ 4.800.000 (24% de $ 20 millones). En este caso particular, entonces, dado que el crédito es mayor que el global complementario a pagar, la diferencia se le devuelve al empresario. Éste recibe, por ello, $ 3.731.319 de devolución.

¿Cómo queda el FUT, entonces? Se habían registrado $ 100 millones de utilidad y $ 20 millones de impuesto pagado (que, ya dijimos, es un crédito para los impuestos personales). Como se usaron $ 24 millones (retiros) y $ 4,8 millones (créditos) respectivamente, quedan en dicho registro, para ser usados en el período siguiente, $ 76 millones de utilidad y $ 15,2 millones de crédito. ¿Capisci?

Ahora bien, dado que los impuestos de primera categoría son sólo anticipos de los impuestos personales de los empresarios, correspondería que, una vez pagados estos últimos, le fuera devuelto al empresario todo el saldo no ocupado. Sería lo razonable, reembolsar los anticipos no utilizados, en este caso $ 15,2 millones. Sin embargo, por razones financieras ello no es posible. Si el Fisco los devolviera todos, se quedaría sin caja, y no podría enfrentar los gastos a los que está obligado por la ley de presupuestos. Para solucionar este problema, en consecuencia, la solución que se ideó fue no devolver los anticipos no usados, y mantenerlos en poder del Fisco para poder gastarlos. Tal es el origen del FUT histórico. En él quedan registrados, para futuros ejercicios, los anticipos de impuestos efectuados, no usados y no devueltos.

¿Qué ocurriría al año siguiente? Supongamos que las cifras se repitieran. Tendríamos otra vez la misma utilidad, $ 100 millones, el mismo impuesto de primera categoría, $ 20 millones, los mismos retiros, $ 24 millones, el mismo global complementario, $ 1,07 millones, y la misma devolución, $ 3,73 millones. El registro FUT, en consecuencia, ahora mostraría las utilidades no retiradas de los dos años, $ 152 millones más reajustes, y los créditos aún no usados por el mismo periodo, $ 30,4 millones más reajustes. Y así sucesivamente. Tal es el origen del FUT acumulado. En los 30 años de vigencia de tan curioso sistema, se han juntado cerca de USD 300 mil millones de utilidades no retiradas (al menos en el papel) y USD 60 mil millones de créditos no usados por los empresarios en sus declaraciones personales de rentas.

¿Cómo era afectada esta situación con la propuesta de reforma tributaria del Gobierno? Dicha propuesta, al establecer la tributación según “renta atribuida”, impedía, efectivamente, que el FUT siguiera acumulándose. También, en muchos casos, conseguía que el FUT histórico a la larga se extinguiera. No obstante, no eliminaba el registro, ya que éste es obligado en un sistema integrado, y tampoco el FUT histórico de un gran número de empresas. El FUT, entonces, no seguía creciendo; de hecho, disminuía, pero un porcentaje de él seguía existiendo por los siglos de los siglos.

Veamos qué ocurre con la propuesta del Gobierno en nuestro ejemplo hipotético. Con la misma utilidad y los mismos retiros, el impuesto de primera categoría ascendería a $ 25 millones (tasa de 25%). El global complementario se calcularía sobre la utilidad total ($ 100 millones) y sería, con el nuevo tope (35%), de $ 23.296.805, y como es menor al crédito disponible ($ 25 millones), correspondería una devolución de $ 1.703.195. El FUT histórico no sería tocado y se mantendría tal como estaba al comienzo, con los mismos montos acumulados más su correspondiente reajuste. De hecho, el FUT histórico se mantendrá incólume mientras el impuesto de primera categoría sea mayor que el global complementario. Es por esta razón que la propuesta del gobierno NO termina con el FUT, sino con sólo una parte de él, que es la que le corresponde a aquellos casos donde el global complementario es mayor que el impuesto de primera categoría.

Por cierto, dado que el sistema integrado requiere que el impuesto pagado por la empresa se registre para luego compararlo con los impuestos personales de los empresarios, el registro FUT, que es donde se efectúa dicha anotación, seguirá existiendo sea cual sea el nombre que le pongan.

Veamos ahora qué ocurre con los cambios introducidos por la Comisión de Hacienda del Senado, usando para ello el mismo ejemplo hipotético.

El impuesto de primera categoría ascendería a $ 27 millones (27%). El global complementario, por su parte, calculado sobre los $ 24 millones ―los senadores aprovecharon la oportunidad para dejar a firme la rebaja de la tasa tope desde un 40% a un 35%, aunque en este caso no afecta―, totalizaría $ 1.068.681. Dado que se puede hacer uso sólo de un 65% del impuesto de primera categoría como crédito, el monto de éste sería de $ 4.212.000 (27%*65%*24.000.000), lo que generaría una devolución de $ 3.143.319.

¿Cómo quedaría el FUT después de esto? El registro histórico mostraba, le recuerdo, $ 152 millones más reajustes de utilidades no retiradas, y $ 30,4 millones más reajustes de créditos no usados, a los que habría que agregar $ 76 millones más de utilidades no retiradas, y $ 13.338.000 de créditos no usados (27%*65%*76 millones). El FUT crecería entonces, y no se cumpliría lo que aseguraron los senadores de la Comisión de Hacienda (dijeron, le recuerdo, que el FUT se terminaba).  Llegamos entonces al callejón sin salida, al punto culminante de esta apasionante historia tributaria. Porque, ¿cómo se evita que el FUT siga creciendo? ¿Cómo se impide que se siga acumulando? ¿Cómo se consigue ponerle fin? Hay una sola posibilidad de que ello ocurra, y es devolverle al empresario el crédito no utilizado, esto es, los $ 13.338.000 del ejemplo.

Esta sanguinaria acción evita, estoy de acuerdo, el crecimiento del FUT. El FUT histórico sigue existiendo, pero no hay nuevos aumentos. Sin embargo, se produce un terremoto grado 15 con la recaudación fiscal. Compare, si tiene dudas, los montos recaudados por el Fisco, para este ejemplo, con cada uno de los sistemas analizados. Se muestran en la tabla siguiente (en $):

ÍTEM
SISTEMA ACTUAL
PROPUESTA DEL GOBIERNO
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO
Impuesto de  primera categoría
Devoluciones
Devolución de anticipos no usados
Saldo en poder del Fisco (1)

20.000.000
3.731.319

0
16.268.681
25.000.000
1.703.195

0
23.296.805
27.000.000
3.143.319

13.338.000
10.518.681


Las cifras no mienten. La versión sin FUT de la propuesta de la Comisión de Hacienda del Senado recauda, en este ejemplo, $ 4.750.000 menos que el sistema actual, y $ 14.481.319 menos que la propuesta original del Gobierno. Multiplique este caso por cientos de miles de declaraciones, y le encargo la debacle que se generará. La recaudación fiscal se irá a pique. En esta versión sin FUT, la propuesta de los señores senadores es un feroz harakiri financiero; un golpe brutal a la estabilidad económica de la nación; una propuesta, qué duda cabe, absolutamente irresponsable.

¿Cómo se hace viable la propuesta de los señores senadores? Muy simple: no devolviendo los anticipos no usados. En dicho caso, la recaudación total que queda en poder del Estado asciende a $ 23.856.681, levemente superior a la propuesta original y bastante más alta que la recaudación actual. Ésa es la forma, imagino, que cranearon los ágiles asesores de los senadores.

Pero no devolver los anticipos no usados significa, ni más ni menos, que revivir al FUT. En tal circunstancia el porfiado FUT, el duro de matar, el terco, el invencible, retornaría en gloria y majestad. Se seguiría acumulando por toda la eternidad. Se volvería indestructible, como Alien, o como Jason de Martes 13. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No dijeron los señores senadores que su propuesta contemplaba el fin del FUT? ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron o faltaron a la verdad? ¿O es que estaban pensando en la primera alternativa, devolver los créditos no usados, sin considerar que con ella masacraban a la caja fiscal? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Estará usted de acuerdo conmigo en que los señores senadores tienen que darnos una buena explicación.

Mientras tanto, eso es lo que tenemos: una propuesta que hace agua, y cuyos arreglos sólo la empeoran. ¿No será el momento de cortar por lo sano y des-integrar, de una vez por todas, el sistema de impuesto a la renta? Como en los países desarrollados, digo yo.


Le dejo la interrogante. Piénselo. Es, sin ninguna duda, la mejor alternativa. Por lejos. Aunque los señores senadores opinen distinto.

domingo, 13 de julio de 2014

La chacota tributaria

Usted lo escuchó y lo leyó igual que yo. Está escrito, grabado y repetido hasta el cansancio: el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno tenía dos objetivos principales: aumentar la recaudación fiscal en USD 8.200 millones anuales (que serían destinados, principalmente, a financiar la reforma educacional); y avanzar en equidad, mejorando la distribución de los ingresos, y reduciendo la evasión y la elusión (artificios que, como resulta evidente, acrecientan la inequidad).

No era un buen proyecto, lo sabemos muy bien. Entre varias otras falencias, no solucionaba la principal inequidad del sistema vigente ―el subsidio que, financiado por todos los chilenos, se les entrega a las empresas al regalarles los servicios públicos que consumen―; incorporaba un formidable harakiri tributario ―la depreciación instantánea―; rebajaba las tasas marginales más altas, favoreciendo en forma exclusiva a los sectores de mayores ingresos; y complicaba de manera increíble la normativa atingente, llenándola de arbitrajes y registros, y transformándola de paso en un verdadero laberinto plagado de encrucijadas y vericuetos: un contundente panal repleto de miel a disposición de los golosos expertos del ramo. Un muy mal comienzo, si se considera que la evasión y la elusión son directamente proporcionales a la complejidad de los sistemas tributarios.

Contenía, no obstante, algunos avances en materia de equidad, eficiencia y transparencia, como la eliminación del artículo 57bis,  la limitación del crédito especial a las empresas constructoras, y una importante reducción de la tributación según renta presunta.

No han transcurrido ni siquiera tres meses desde aquello y ―en un escenario en el que, en teoría al menos, están los votos para aprobarlo― el proyecto se ha desvirtuado por completo, conspirando groseramente en contra de los objetivos señalados. De manera similar a lo que ocurrió cuando se tramitó la ley de pesca, el Gobierno, su oposición interna (la DC), parte importante de la externa (Allamand, sus boys y un sector de la UDI) y los grupos empresariales ―representados por Andrés Fontaine, a cuya casa, según Carlos Peña (concuerdo con él en que eso es impresentable), habría concurrido el ministro Arenas a rendir cuentas (y pleitesía, de paso) y a recibir las correspondientes instrucciones―, se pusieron de acuerdo en contra del interés común, y transformaron el “mamotreto” (llamado así por la propia Presidenta) en un verdadero esperpento, que reduce de manera drástica los pocos avances que aquél contenía. Es algo archisabido que si se reúne una comisión a diseñar un caballo, obtiene un camello. Ahora, si la Comisión en cuestión es la de Hacienda del Senado (que no tiene por qué saber contabilidad y, de hecho, no sabe), el resultado es algo parecido a un ornitorrinco. Si ya el proyecto era malo antes de su publicitado acuerdo, ahora es simplemente nefasto.

Lo invito a revisar algunos de los “avances” que resultaron de este verdadero contubernio.

Partamos por el más aberrante: la ampliación del beneficio del “crédito especial al IVA de las empresas constructoras”, que había sido limitado a viviendas de hasta UF 2.000 por el proyecto del Gobierno, hasta las UF 3.200.

Usted se preguntará por qué es aberrante; mal que mal se trata sólo de una rebaja del IVA cobrado a las inmobiliarias por parte de las constructoras que, como tal, no genera problemas para nadie. Para nadie… salvo para las constructoras. Ocurre que cuando dichas empresas rebajan el IVA a su clientes (las inmobiliarias), inmediatamente enfrentan un serio problema financiero, ya que el IVA que cobran es menor que el que deben pagarle a sus proveedores (cobran un 35% del IVA de las ventas pero pagan un 100% del IVA de las compras, lo que les provoca, obviamente, un déficit de caja). En otras palabras, son ellas las que financian la rebaja de IVA que reciben las inmobiliarias (cuyo traspaso a sus clientes es imposible de comprobar). Ese financiamiento obligado que deben efectuar, se extiende por un año en promedio, ya que recién un par de meses después de la operación de renta del año siguiente, el Fisco les repone el déficit. El costo financiero que deben asumir, sin embargo, nadie se los repone. Lo tienen que absorber. Es una pérdida obligada que deben asumir como consecuencia de esta absurda norma.

Esa es la razón, apreciado lector, de la dura calificación que, a mi juicio, merece este “subsidio”. Es aberrante porque se entrega con dinero ajeno y se obliga a empresas privadas a asumir costos que no les corresponden para mantenerlo. Sólo por ignorancia, algo tan irracional y desatinado puede permanecer vigente.

De ahí que su limitación a UF 2.000 era una buena noticia. Si los parlamentarios (que no entienden de contabilidad ni de costos, como ya dijimos), persisten en el error conceptual de mantener esta disposición, disminuir su margen de aplicación era un avance. Pero, ¿qué pasó en la Comisión del Senado? Se sumó el desconocimiento a la evidente presión ejercida por la CChC y por algunos parlamentarios (al parecer muy relacionados con dicha organización), y el resultado fue excesivo para el Gobierno, quien debió dar su brazo a torcer (¿alguien le habrá explicado a la Presidenta cómo funciona el dichoso “subsidio”?; estoy seguro que si lo entendiera, otro gallo cantaría). El nuevo límite informado, con mucha soltura de cuerpo, por la Comisión de Hacienda del Senado (el que nada sabe, nada teme) es, pues, una muy mala noticia y un evidente deterioro, en términos de eficiencia y equidad, del proyecto original.

Un segundo punto, el más relevante en verdad, es la noticia de la “desintegración parcial” que se pretende efectuar en el ámbito de los impuestos a la renta. Para ello, se ha generado una alternativa al sistema de la “renta atribuida” (que, convengo, es muy malo), que consiste en que las empresas deben pagar (en la práctica) dos impuestos de primera categoría: uno con una tasa del 9,45% que sería de beneficio fiscal, y otro con una tasa del 17,55%, que operaría igual que el vigente, esto es, que podría usarse como crédito de los impuestos personales de los empresarios (como puede apreciar, amigo lector, la capacidad del ser humano para meterse en camisas de once varas no conoce límites). Esta propuesta, al igual que la de la renta atribuida, considera el término del FUT (sabemos que, con la propuesta del Gobierno, hay un enorme número de casos donde dicho registro permanece de manera indefinida, pero nada se gana con discutir con quienes se niegan a enfrentar la evidencia).

Le propongo que analicemos la propuesta de la Comisión (cosa que al parecer no hicieron los propios miembros de ésta) considerando un ejemplo hipotético:

Considere una empresa con una utilidad de $ 100 millones y retiros por $ 24 millones, esto es, con reinversión de $ 76 millones de sus utilidades. Considere un solo propietario y ausencia de FUT acumulado. La siguiente tabla muestra lo que ocurriría con el sistema vigente, con la propuesta original del Gobierno, con los nuevos cambios, y con un sistema desintegrado (con tasa del 25% de primera categoría). Las cifras están en miles de $:

ÍTEM
SISTEMA ACTUAL
PROPUESTA DEL GOBIERNO
SISTEMA SEMI-INTEGRADO
SISTEMA DES-INTEGRADO
Utilidad neta
Retiros
Primera categoría
-de beneficio fiscal
-anticipo global
Crédito 1a categoría
Gl. complementario
Pago adicional
Devolución crédito
Devolución FUT
Recaudación total
Devolución total
Saldo FUT
Crédito disponible

 100.000
24.000
20.000
0
20.000
4.800
1.043
0
-3.757
0
16.243
-3.757
76.000
15.200
100.000
24.000
25.000
0
25.000
0
23.297
0
-1.703
0
23.297
-1,703
0
0
100.000
24.000
27.000
9.450
17.550
4.212
1.043
0
-3.169
-13.338
10.493
-16.507
0
0
100.000
24.000
25.000
0
0
0
1.043
0
0
0
26.043
0
0
0

Por supuesto, usted puede disminuir fácilmente las recaudaciones en las propuestas del Gobierno y de la Comisión, cambiando la estructura de propiedad de la empresa, cosa que podrá hacerse fácilmente al eliminarse las nuevas facultades que se pretendían entregar al SII. Hacer ingeniería tributaria será, en estas condiciones, tirar y abrazarse.

Veamos las cifras. Coincidirá usted conmigo que son dramáticas. Si se implementan los cambios introducidos al proyecto por la Comisión de Hacienda del Senado, incluyendo la eliminación del FUT, el Gobierno puede irse olvidando de los USD 8.200 millones adicionales que pretende recaudar. No sólo eso, puede irse olvidando también de cualquier recaudación adicional; incluso de alcanzar los niveles actuales. Si quiere se lo doy firmado: con los cambios propuestos, incluyendo la eliminación del FUT, la actual estructura administrativa del país pasaría a estar desfinanciada.

Esta propuesta, que hace agua por todas partes, sólo es viable, en términos financieros, si se mantiene el sistema FUT para la porción integrada de la utilidad, en las mismas condiciones en que opera hoy (su implementación y control sería, en todo caso, mucho más alambicada y compleja que con el actual sistema e, incluso, que con el proyecto del Gobierno). Se trata, pues, de una propuesta irresponsable, que no puede ni debe llegar a concretarse. ¿En qué estarían pensando los senadores cuando la propusieron?

Volviendo a la tabla, salta a la vista que el sistema que más recauda es, en este nivel de renta, el des-integrado. Es, además, el único que no tiene problemas de FUT, de créditos ni de devoluciones. Es un sistema limpio, claro y eficiente, muy superior a los tres restantes. La pregunta que surge, entonces, es por qué, si ya se consideró una des-integración parcial, no se avanza de una buena vez a la des-integración total que es, por lejos, la más conveniente para el país.

Por supuesto, no es lo único que falla en esta propuesta. Está además el asunto de la renta presunta, verdadero atentado injustificado (piénselo: no tiene justificación alguna) a la equidad y a la transparencia, pero, en beneficio del espacio, lo dejaré para algún análisis posterior.


Para terminar, un llamado: que retorne la racionalidad y que no se sigan publicando propuestas carentes del debido análisis. La estructura tributaria es un tema demasiado serio para seguir insistiendo en medidas irreflexivas y, evidentemente, equivocadas.

Señores, esto no es chacota. No es la chacota tributaria.

martes, 8 de julio de 2014

El proyecto de modificación del sistema binominal: una invaluable fuente de sabiduría

Parece ser que el Gobierno, con el apoyo de Amplitud, está sacando adelante su proyecto de modificación del sistema binominal. Éste consiste, no olvidemos, en aumentar la dotación del Congreso en 35 diputados y en 12 senadores (un 29,2% y un 31,6%, respectivamente), y está acompañado por una fuerte campaña promocional que asegura que tal incremento no generará desembolso adicional alguno, ya que su financiamiento provendrá de la reestructuración del actual presupuesto del Congreso.

No sé si coincidirá usted conmigo, pero para mí este proyecto y el proceso que se ha desarrollado para conseguir aprobarlo, son un verdadero manantial de conocimiento, una invaluable fuente de sabiduría, acerca de cómo funciona nuestra institucionalidad y cuál es la forma de actuar de nuestra clase política. Permítame exponerle algunas de las profundas enseñanzas que nos ha dejado en el breve lapso que dura su trámite.

En primer lugar, nos ha revelado que el cuarto párrafo del artículo 67 de nuestra Constitución, es letra muerta; que no sirve para nada, porque nadie lo respeta ni lo considera.

¿En qué me baso para respaldar tal afirmación? Se lo explico. La citada norma señala textualmente: “No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”.

La primera pregunta que cabe hacerse al respecto es: la reforma al binominal, ¿conlleva un nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación? Parece evidente, ¿verdad? Desde luego que sí, y bastante grande. Es cosa de tomar nota y sumar: las instalaciones necesarias para recibir a los nuevos parlamentarios ―oficinas para ellos y sus asesores, salas de reuniones, cafeterías, casinos, ampliación de los hemiciclos (¿pueden ampliarse?; ¿caben allí los nuevos parlamentarios?) y estacionamientos, entre otras― no surgen por generación espontánea; tampoco pueden hacerse aparecer mágicamente (de hecho, hasta el momento no se ha reportado que en el gabinete o en el Congreso exista un hechicero o hechicera, salvo que, producto de su atractivo, le brindemos tal calificativo a alguna ministra o parlamentaria). Hay que diseñarlas, construirlas y habilitarlas. El equipamiento del que deben ser dotados todos los recién llegados congresales ―muebles, útiles de escritorio, laptops, celulares, software, etc. (sería muy interesante conocer el detalle completo)―, tampoco cae del cielo como el maná. Aunque a los autores del proyecto les resulte difícil aceptarlo, hay que comprarlo. Y pagarlo, por supuesto. Y todos los gastos asociados a los nuevos parlamentarios ―remuneraciones y asignaciones, seguros, casino, viáticos, pasajes y un largo, pero muy largo, etcétera―, no provienen de la misericordia divina; hay que, por desgracia, solventarlos, y es el Estado quien está obligado a hacerlo. Todo esto representa muchos millones, tanto lo que es inversión (me permitiré, por el momento, excluir de esta columna el debate conceptual de si los chilenos, al solventar las instalaciones necesarias para albergar a los nuevos parlamentarios, estamos realmente haciendo una inversión) como en lo que es gasto mensual.

Lo invito a que analicemos con algo más de profundidad este último concepto (gasto mensual) para determinar la real factibilidad de financiar los nuevos desembolsos mediante reasignación del actual gasto. Para ello es necesario tener presente que, por concepto de remuneraciones y asignaciones, nuestros senadores reciben poco más de $ 25 millones y nuestros diputados, unos $ 22 millones, ambos mensuales. La siguiente tabla muestra una comparación del gasto adicional mencionado ―el que corresponde a los nuevos diputados y senadores― con los presupuestos 2014 del Senado y de la Cámara (están en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-111735_doc_xls.xls) en millones de $:

ÍTEM
SENADO
CÁMARA
TOTAL
Remuneraciones
Transferencias (fundamentalmente asesorías)
Bienes y servicios de consumo
Otros

Total

Incremento de remuneraciones y asignaciones
Incremento proporcional de bienes y servicios
Incremento total

Porcentaje sobre total

17.720
11.826
6.307
645

36.498

3.600
1.992
5.592

15,32%
30.036
19.772
6.368
2.328

58.504

10.374
1.857
12.231

20,91%
47.756
31.598
12.675
2.973

95.002

13.930
3.849
17.823

18,76%

Ésta, ni más ni menos, es la situación, estimado lector. Mirando las cifras fríamente, ¿les cree usted a nuestras autoridades cuando nos dicen que el financiamiento adicional requerido provendrá de una reasignación del actual gasto?

Veamos si ello es factible: las actuales remuneraciones son intocables, ya que corresponden a los parlamentarios en ejercicio y a personal de planta. Los bienes y servicios de consumo podrían disminuirse, pero en un porcentaje menor (se supone que son bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de ambas instituciones). Además, su monto total es claramente inferior al incremento previsto. La única parte de donde podría salir el financiamiento requerido sería de las asesorías (transferencias), las que tendrían que disminuirse en un 56,4% para conseguir ese propósito. Coincidirá usted conmigo que eso es imposible (es cosa de fijarse en quiénes les prestan asesorías a nuestros parlamentarios para darse cuenta de ello). Y, como resulta evidente, no hay manera, con esta estructura de gasto, de financiar las inversiones (¿?) que requiere la ampliación prevista para ambas cámaras.

De manera que nuestra Presidenta, si de verdad respetara el texto constitucional, debería haber expuesto los montos involucrados en su proyecto: cuánta inversión y cuánto gasto; debidamente acompañados, por supuesto, por las fuentes de donde pretende obtener los recursos necesarios para enfrentarlos (que, como ya vimos, no corresponden a una reasignación del gasto ya que ésta no es posible).

Convendrá usted conmigo, estimado lector, que pedirles a los diputados ―una de cuyas funciones es, precisamente, fiscalizar al ejecutivo― que cumplan con sus obligaciones y exijan que se remedie tan grave omisión es, luego de observar su vergonzoso comportamiento en la aprobación del proyecto de reforma tributaria, perder el tiempo. No tiene sentido. Nada puede lograrse por ahí. Ninguno de los senadores, por su parte, ha alzado la voz para poner el tema sobre la mesa, así que podemos tener la certeza de que no les importa.

De manera que ésa es la triste situación del párrafo cuarto del artículo 67 de nuestra Cata Fundamental: a nadie le interesa. Aunque queda todavía, debo admitirlo, la intervención del Tribunal Constitucional para restablecer el imperio del derecho. Sin embargo, ¿estará a la altura?

¿Y las demás revelaciones? Se las detallo:

Se nos ha revelado lo que, en su fuero íntimo, quienes están en el gobierno piensan acerca de todos los ciudadanos de este país: que somos unos descerebrados, una tropa de cretinos capaces de comulgar con ruedas de carreta sin importar el tamaño que éstas tengan, y que gracias a ello pueden plantear lo que se les ocurra, por falaz y descabellado que resulte, sin consecuencias posteriores. Como en este caso.

También se nos ha revelado (aunque en este caso deberíamos decir que se ha confirmado) que el real aporte que efectúa a nuestro proceso legislativo la Cámara de Diputados, es nulo; que se trata de una institución perfectamente prescindible (le vuelvo a recordar que, aunque parezca increíble, es ella la encargada de fiscalizar al ejecutivo). Y en tal caso, apreciado lector, ¿qué razón justificaría incrementar su tamaño con 35 nuevos miembros? ¿Para qué? ¿Para malgastar aún más dinero? Si actuamos en tal dirección, es porque algo anda demasiado mal en nuestro país.

Otra revelación que ha surgido de este pozo de sabiduría es que Amplitud, que parecía un interesante prospecto político, es más de lo mismo: cero aporte; sólo transacciones destinadas a obtener provecho político para su propio molino. Una lástima.

Se nos ha revelado además, que para la Nueva Mayoría (y para Amplitud y algunos “independientes” también) la palabra del Gobierno está por sobre las consideraciones humanas; que para ellos, cuando la Presidenta habla, cuando ella asegura que el nuevo proyecto no requerirá financiamiento adicional, es como si el Papa saliera a predicar algún dogma: es infalible. La aseveración no requiere demostración (o sea, es un dogma), sólo porque ella lo dice. ¿Qué le parece? Es una prueba fehaciente de la evolución: el ser humano adquiriendo características divinas. En todo caso, qué curioso es constatar cómo líderes aparentemente tan opuestos, son tan semejantes en las mentes de sus fieles seguidores.

Y por último (hay más, pero detallarlas me significa alargar el articulo en demasía) también ha surgido de este manantial del saber el convencimiento de que a la clase política, tanto al gobierno como a la oposición, no le interesa en lo más mínimo el bienestar del país, sino sólo el suyo propio; y que para lograrlo, están dispuestos a recurrir a lo que sea, incluso a propalar falsedades.


¿O le parece, estimado lector, que declarar que el financiamiento de la reforma al binominal provendrá de un reacomodo del presupuesto existente, no es una falsedad? Se lo dejo de tarea. Piénselo.

domingo, 6 de julio de 2014

Reforma tributaria: la última oportunidad

La reforma tributaria entró a tierra derecha y nos preparamos a ver los resultados de la intervención del Senado. Como corresponde en un sistema democrático habrá, al parecer, debate; no como ocurrió en la Cámara, donde la gran mayoría de sus integrantes, como los loros, se limitaron a repetir, sin saltarse una coma, el planteamiento original del Gobierno.

Dos opciones se abren respecto de esa curiosa actuación de los honorables diputados: o no entendieron el contenido del proyecto (y son, en consecuencia, incapaces de cuestionarlo) o lo entendieron y lo hallaron perfecto (lo que implica, necesariamente, un problema de juicio, ya que se trataría de la primera obra humana perfecta de la historia, cosa muy poco probable a la luz de la montaña de cuestionamientos que ha recibido desde todo el resto de los sectores). Una tercera ―que el proyecto pasó colado porque había un compromiso político de los integrantes de la Cámara con el Gobierno para aprobarlo, a como diera lugar, tal como fue presentado―, no quiero ni planteármela, porque representa exactamente la antítesis de lo que debe ser la Cámara de Diputados: un organismo DELIBERATIVO que, poniendo el bienestar del país por delante de cualquier otra consideración, reciba los proyectos emanados del ejecutivo y los someta a un exhaustivo análisis para mejorarlos.

Dicho eso, estimado lector, lo invito a que revisemos en conjunto el cuadro siguiente, que compara el proyecto del gobierno con el sistema vigente y con un sistema no integrado, donde empresas y empresarios pagan sus propios impuestos:

ESPECIFICACIÓN
SISTEMA
ACTUAL
PROYECTO DEL GOBIERNO
SISTEMA
 NO INTEGRADO

Pago de empresas por los servicios públicos recibidos
No pagan
No pagan
25% sobre la utilidad neta
Subsidios estatales otorgados por parejo a todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas) vía sistema tributario
100% de los servicios públicos que consumen
100% de los servicios púbicos que consumen
No hay ese tipo de subsidios
Base de cálculo impuestos personales de empresarios
Retiros
Utilidades totales de las empresas
Retiros
Quién paga los impuestos personales de los empresarios
Las empresas
Las empresas
Los empresarios
Recaudación incremental estimada por aumento impuesto de primera categoría
0
Imposible de estimar
USD 2.100 millones anuales
Recaudación incremental estimada por global complementario y adicional (1)
                             0            
Imposible de estimar
USD 5.000 millones anuales
Registros requeridos

FUT y FUNT
FUT, FUNT  y RUA , entre otros
No se requieren
¿Elimina el FUT?
No
No
Principio del beneficio
No lo cumple
No lo cumple
Lo cumple
Principio de equidad
No lo cumple
No lo cumple
Lo cumple
Principio de simplicidad
No lo cumple
No lo cumple
Lo cumple
¿Se basa en una falacia?
No
(1)    Corresponde a USD 2.400 millones de créditos de primera categoría y adicional, USD 1.600 millones de impuesto sobre utilidades reinvertidas y USD 1.000 de impuesto sobre retiros en exceso del FUT disponible.

La estricta verdad, estimado lector, es que por donde quiera usted hacer la comparación ―en relación al cumplimiento de los principios tributarios, a la recaudación esperada y su grado de certeza, a la justicia, a la equidad, al rol redistributivo que debe cumplir un buen sistema tributario, a la facilidad de entenderlo, de implementarlo, de ponerlo en práctica y, no faltaba más, de controlarlo―, el sistema no integrado es muy superior tanto al vigente como al propuesto por el gobierno. Cualquier comparación objetiva que quienquiera pretenda realizar, sólo puede desembocar en esa conclusión. Tiene todas las ventajas y ninguna, pero ninguna, desventaja respecto de ellos (las ventajas y desventajas, como usted muy bien sabe, son relativas).

Tomemos la recaudación esperada. Coincidirá usted conmigo en que mientras más complejo sea un sistema tributario, mayor es el campo para la elusión y la evasión. Pues bien, ¿qué le parece un sistema que descansa sobre declaraciones juradas y que es altamente vulnerable a traspasos transitorios de propiedad y a todo tipo de triquiñuelas que los expertos tributarios ya están creando y desarrollando? ¿Cómo puede usted tener alguna certeza al proyectar los flujos en un escenario así? Agréguele usted la mantención del Fut (hay cierto rango de utilidades donde éste permanece hasta la eternidad) y la depreciación instantánea, en especial la del primer año, y tendrá el escenario completo: cualquier cifra que usted tire a la mesa es imposible de respaldar. La estricta verdad es que nadie sabe, de ponerse en práctica el proyecto de reforma tributaria tal como está, qué es lo que va a ocurrir.

En cambio, disponiendo de la información adecuada, con el sistema no integrado (y sin la barbaridad de la depreciación instantánea) usted puede proyectar con enorme certeza los futuros ingresos: son los USD 7.100 millones mencionados en el cuadro anterior, más USD 280 millones por concepto de eliminación del 57bis y USD 1.750 millones a obtener vía reducción de la evasión y la elusión, lo que da un total de USD 9.130 millones. Agréguele USD 690 millones que se obtendrían si se suprime el crédito especial a las empresas constructoras (otra granjería sin pies ni cabeza), USD 200 millones si se elimina el 55bis (espero publicar un muy interesante artículo al respecto en los próximos días), USD 750 millones si se prescinde del no pago de impuestos de primera categoría por parte de las empresas con pérdida acumulada (esto es, si se establece que las empresas paguen el impuesto de primera categoría sobre sus utilidades del año, tengan o no pérdida acumulada), y USD 540 millones si se obliga a las empresas a pagar el impuesto específico a los combustibles, y tendrá una recaudación total adicional superior a los USD  11.000 millones, bastante mejor que la que, sobre bases más que inciertas, proyecta el Gobierno.

El punto más relevante que se debe tener presente al evaluar el sistema tributario vigente y el propuesto por el Gobierno, sin embargo, es que ambos están basados en una enorme falacia, en un error conceptual gigantesco, morrocotudo (como diría el sapito Livingstone). Su única justificación es una premisa que no resiste análisis serio alguno: que las empresas y los empresarios son lo mismo, que no hay distinción entre ellos, por lo que el sistema tributario puede tratarlos como un solo ente y darles un trato “integrado”.

Que las empresas y los empresarios no son lo mismo, es un principio básico de la administración y del derecho.  Se enseña, por ello, en el primer año de cualquier carrera universitaria relacionada con dichos ámbitos. Está expuesto, con todas sus letras, en cada uno de los textos que se usan como bibliografía en todas las facultades de administración del país y del mundo. Cometa usted el sacrilegio de plantear que son lo mismo, y el espíritu de Henri Fayol tomará alguna represalia en su contra. Usted puede corroborar lo que estoy planteando de una manera muy sencilla: leyendo algún tratado prestigiado de administración básica, el mejor que encuentre; o leyéndolos todos, si quiere.

Pero no sólo los textos de administración registran este verdadero axioma administrativo. Toda la estructura legal del país ―Constitución, códigos, leyes― lo reconoce. Absolutamente toda, con sólo una excepción: la ley de la renta.

¿Por qué ocurre tal anomalía? ¿Qué es lo que generó tal excepción? Mi teoría es que no se trató de un error ―ya que quienes diseñaron el sistema tributario vigente, allá por los inicios de los 80, conocían muy bien el tema― sino de un mecanismo creado en conciencia, a propósito, para alcanzar un objetivo muy específico y definido: minimizar el pago de impuestos de los empresarios. Dos pruebas: compare usted el sistema vigente hasta 1983 con el que se implementó a partir de 1984, y constatará que la diferencia fundamental entre ambos son los impuestos que pagan los empresarios. Todo lo demás se mantiene constante, pero ésos, el global complementario y el adicional, se reducen de manera brutal. Es el único cambio relevante. La otra prueba es más reciente: revise la recaudación tributaria de los últimos ocho años (está en la página del SII) y podrá comprobar, imagino que con horror, que la recaudación por concepto de global complementario ha sido negativa en todos ellos. Esto, es, no sólo los empresarios chilenos no han pagado impuestos de su bolsillo, sino que además, el Fisco les ha devuelto parte de lo que pagaron sus empresas.  Es, desde luego, un negocio redondo.

Las consecuencias de este sistema están a la vista: una brutal concentración de la riqueza y una desigualdad galopante. Pero por favor, estimado lector, no me diga que usted cree que tan pesados lastres no están relacionados con el sistema tributario imperante, con el dichoso “sistema integrado de impuesto a la renta”. Está bien ser ingenuo, pero nunca tanto.

Lo extraño de lo que ocurre hoy, no obstante, es lo que está haciendo la Nueva Mayoría. Uno esperaría que quienes defienden los intereses de los grandes empresarios ―las colectividades de derecha, los centros de estudios de esa tendencia, la Universidad Católica (pobre Jesucristo, qué clase de cosas se hacen y se enseñan en tu nombre)― defendieran el sistema. Mal que mal, es el que les permite comer (y muy bien, dicho sea de paso). Sin embargo, que el conglomerado de gobierno, que viene a cambiar las bases del injusto sistema en el que vivimos para combatir la desigualdad (se lo escuchó usted a la Presidenta, ¿verdad?) persista en lo mismo, es inentendible. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Por qué no aprovecharon y cambiaron el sistema vigente por uno que es mucho mejor que el que propusieron al país, y que además se usa con gran éxito en todos los países desarrollados? Algo hay ahí que desconocemos, no cabe duda.

Ésta es, en todo caso, la última oportunidad. Le sugiero, amigo lector, que tome nota, para que en cuatro años más, cuando se estén viendo los desastrosos resultados del mal diseñado experimento que pretenden implementar, podamos pasarles la cuenta a los Arenas, a los Jorrats, a los Pizarros, Montes y demases, que se han jugado, sin base sólida alguna, por poner en marcha este mamotreto.


No soy creyente, pero que Dios nos pille confesados si se salen con la suya.