UN PAÍS MÁS JUSTO

  Cómo dilapidar una oportunidad histórica para, junto con mejorar las pensiones de manera sustancial, construir un Chile más equitativo Gabriel Boric parece ser el más probable ganador de la elección presidencial. Por ello, es del máximo interés analizar a fondo su programa de gobierno, en especial en aquellas materias que, por esas cosas de la vida, uno conoce más a fondo. Es el caso de la previsión, donde la propuesta del candidato es una farra garrafal, ya que dilapida la posibilidad irrepetible de asestar un golpe mortal a la concentración económica y a la brutal desigualdad imperante. ¿Cómo? Manteniendo el sistema actual, pero eliminando de raíz los brutales abusos y despojos que se cometen contra los afiliados por su intermedio. En particular tres de ellos. ¿De qué manera? Lo explico a continuación: Primer despojo por corregir: los montos de las comisiones de administración Durante 2020, las AFP cobraron a sus afiliados 1,2  billones de pesos en comisiones de admin

  El abuso, entendido como el uso del poder para obtener beneficios personales a costa de perjudicar a otros, no está prohibido de manera genérica en la normativa chilena. No solo eso: el derecho de no ser abusado, con su correspondiente garantía fundamental, tampoco figura en el artículo 19 de la Constitución vigente (iba a escribir nuestra Constitución , pero me percaté de que nunca ha sido nuestra ). En ella, de hecho, solo se menciona la palabra abuso dos veces: para referirse a los eventuales que pudieren cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión, y como una de las posibles razones (abuso de poder) que puede invocar la Cámara de Diputados para respaldar una acusación constitucional ante el Senado. Respecto de la otra infinita variedad de abusos que existe, ni una sola palabra. Nada de nada. No es casualidad, entonces, que durante los últimos 50 años los abusos se hayan enquistado en cada recoveco de nuestras instituciones y que, a la fecha, exista una lista intermi

En el reino de Abusinia es muy conocida la leyenda de los unos y los otros, unos aldeanos que pretendían cruzar un puente sobre un caudaloso río para alcanzar una tierra maravillosa donde dejarían de ser abusados, pero que no podían hacerlo porque había una barrera que lo impedía y no se les ocurría cómo superarla. Tras un largo periodo de inútiles reflexiones y discusiones sin hallar una solución, cuando ya comenzaban a desesperar, una tormentosa noche la barrera se movió y se situó a un costado del puente, de manera que no solo no impedía el cruce, sino que protegía a quienes lo intentasen del peligro de una crecida del río. —¡Por fin! —dijeron los unos entre gritos de júbilo—. ¡El camino está libre! Organicemos el cruce. ¿Quién va primero? ¿Cómo trasladaremos a los niños? ¿Qué carga llevaremos? ¿Cómo la transportaremos? ¡Vamos! ¡Manos a la obra! —¡No! —gritaron los otros—. ¡No podemos hacer eso porque aún está ahí la barrera! ¡Antes de cruzar, hay que quitarla! —¡Pero si ya

  Solemos llamar «titánica» a aquella tarea que se nos antoja enorme, casi imposible de resolver, en implícita referencia a Atlas, el desventurado titán que fue condenado por Zeus a soportar sobre sus hombros el peso del cielo por toda la eternidad. Pareciera ser, entonces, un calificativo apropiado para el encargo sin precedentes que les efectuamos a los convencionales constitucionales (a quienes se lo toman en serio, claro está). Elaborar una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, sin capacitación previa, con el gobierno tratando de colocarles obstáculos y sabotearlos, con un grupo de infiltrados atornillando al revés, y todo ello en el lapso de un año es, qué duda cabe, una tarea titánica. Sin embargo, no es una misión imposible, y los convencionales no necesitan ser encarnaciones de Ethan Hunt para llevarla a feliz término, en especial si se organizan de manera apropiada para abordar las seis grandes áreas temáticas en las que se divide una Constitución: la identifi