lunes, 27 de octubre de 2014

¿Es la desigualdad un problema?

De seguro usted pensará que estoy preguntando tonteras, ¿verdad? Déjeme decirle, sin embargo, que hay sectores en nuestra sociedad ―los que agrupan a los partidarios del modelo neoliberal vigente y algunos otros― que consideran que no lo es; que dicho flagelo es una característica intrínseca de las sociedades humanas imposible de extirpar y que, por dicha razón, hay que aprender a vivir con él (sin perjuicio de que, mediante subsidios, se intente mitigarlo).

El argumento principal que esgrimen quienes sostienen esta tesis, es que somos naturalmente desiguales; que nuestros genes nos hacen diferentes desde la misma cuna; y que la única forma de compensar en algo tal condición es, en el largo plazo, por medio de la educación. La desigualdad no es el problema, arguyen, sino la cancha dispareja. En este mundo competitivo al que nos enfrentamos desde nuestra infancia, dicen, lo adecuado sería nivelar las oportunidades; que todos tuviésemos la misma posibilidad de llegar a ser profesionales o empresarios exitosos. El resto, hay que dejárselo al mercado y al propio esfuerzo.

Convengamos en que, como en toda falacia, hay algo de verdad en dicho planteamiento. Los talentos, qué duda cabe, no están repartidos equitativamente. Jamás podremos, ni usted ni yo, correr tan rápido como Usain Bolt o saltar tan alto como Yelena Isinbáyeva; tampoco cantar como Juan Diego Florez, Jonathan Antoine o María Callas; menos, tener la apariencia de Brad Pitt ni la irreal belleza de Andie MacDowell. Qué hablar de la capacidad mental de Stephen Hawking.

Somos diferentes, no hay nada que hacer, y dicha condición, inevitablemente, se reflejará en nuestros niveles de ingresos.

La desigualdad, habría que concluir entonces, no es un problema.

Cierto, amigo lector. La desigualdad no es un problema porque somos y seremos, hagamos lo que hagamos para impedirlo, desiguales. Eso no puede remediarse. Donde sí existe uno, y vaya que es serio, es en la magnitud económica de ella. Lo que constituye un problema no es la diferencia en sí, que siempre la habrá, sino el tamaño de ésta.

Entonces, la dificultad no está en que el décimo decil gane más que el primero. Sería demasiado aberrante, de hecho, que ello no ocurriera. Está en que gane 35 veces más, como en Chile, y no 7 u 8, como en los países desarrollados.

¿Por qué es un problema? Para explicarlo, debemos partir por la concepción misma de “sociedad”. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

De aquí se desprende que las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una de ellas para ser perjudicado, sometido o explotado; por el contrario, todos lo hacen (consciente o inconscientemente) para alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

También, que las sociedades son interdependientes, vale decir, que todos nos necesitamos unos a otros. Los grandes empresarios, altos funcionarios públicos, periodistas y columnistas no podrían obtener sus sustanciales ingresos si no existiesen los albañiles, los recogedores de basura y los cajeros de supermercados; si no hubiese policías, ni soldados ni gendarmes; sin la existencia de funcionarios de Correos, obreros de la construcción y pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en una ciudad donde nadie recogiera la basura o donde el lumpen hiciera de las suyas por las calles sin control alguno.

Así que, apreciado lector, sus ingresos no son sólo el fruto de su esfuerzo personal, sino el resultado de una acción colectiva. De hecho, nadie podría generarlos si estuviese fuera de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la excesiva desigualdad es un problema por dos razones: porque implica una mala distribución del producto obtenido mediante un esfuerzo conjunto ―todos trabajamos elaborando la torta, pero sólo unos pocos obtienen un tremendo pedazo y el resto, nada más que migajas― y porque, como consecuencia de ello, se impide a quienes la sufren acceder libremente a la posibilidad de alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

Hay, entonces, un problema, y puede, desde luego, enfrentarse, como lo prueban los indicadores de desigualdad de aquellos países donde el tema, de verdad, se considera en las políticas públicas.

LA NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO

Si usted tiene un problema y desea solucionarlo (porque siempre existe la posibilidad de que le resulte cómodo dejarlo como está), el método más adecuado para hacerlo es conocido desde hace siglos: debe hacer un diagnóstico para determinar las causas que lo originan, identificar a continuación las alternativas de solución y, por último, elegir la más apropiada e implementarla.

Pese a ser tan antiguo, funciona, y muy bien. De hecho, lo hace en todo ámbito de la actividad humana. En la medicina, por ejemplo, y también en las obras civiles. La estricta verdad es que, hasta la fecha, no se ha inventado otro más efectivo.

El diagnóstico es, por cierto, en extremo relevante. Es el meollo del asunto. Un diagnóstico certero, deja la solución a tiro de cañón. Uno equivocado, en cambio, nos deja peor que a fojas cero.  En tal caso, la solución pasa a ser un asunto de suerte, algo así como tirar al blanco con los ojos vendados y después de jugar a la gallinita ciega. Y si usted ha apostado alguna vez al loto, sabe cómo funciona esto de la suerte.

Cuando entramos en el terreno de la política, sin embargo, por alguna desconocida razón el diagnóstico se omite. No se usa. Se prescinde de él, podríamos decir, en forma aleve. En su lugar, se utiliza el método del toro de lidia, que consiste en elegir un punto por instinto, cerrar los ojos, agachar la cabeza y arremeter. ¿Identificar las causas de los problemas? ¡Por favor! Es una pérdida de tiempo. Los problemas se enfrentan a lo mero macho: arrasando con todo e imponiendo la visión propia, por equivocada que ésta resulte. Y si por alguna razón (porque el proyecto presentado es muy malo, por ejemplo) el asunto se dificulta, siempre se puede negociar con quienes detentan el poder económico, manteniendo algunos abusos (verbigracia la renta presunta, el crédito especial de IVA a las constructoras y el sistema integrado de impuesto a la renta) y obteniendo a cambio, irrestricto apoyo.

LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD

¿Cuál es el diagnóstico en el caso que nos ocupa? Hay, no cabe duda, una desigualdad mayor que la aceptable. El exceso puede cuantificarse con relativa facilidad, comparando nuestros indicadores con los de los países que han vencido al flagelo: unas 25 veces en la relación 10/10 y 0,25 puntos en el coeficiente de Gini. Si queremos resolver el problema, entonces, tenemos que llegar a relaciones 10/10 de un dígito y a un coeficiente de Gini equivalente a la mitad del actual. ¿Cómo? Pues, como se hace desde tiempos inmemoriales: identificando las causas del problema y atacándolas.

¿Cuáles son las causas de la desigualdad?

Nuestras características personales y las capacidades que poseemos influyen, desde luego. En muy escasa medida, también el azar (si usted se gana el loto pasa a ser, de inmediato, desigual). Pero no son los únicos factores a considerar, ya que todos están presentes en los países desarrollados. Son, de hecho, los responsables de las relaciones 10/10 de un dígito.

Hay que buscar el factor ausente, o el que está presente en muy escasa medida en dichas sociedades, pero mucho en la nuestra.

Es la concentración del poder, tanto político como económico, la causa principal de la excesiva desigualdad. Si no me cree, revise la historia, partiendo por los campos algodoneros del sur de los EUA antes de la guerra de la secesión o por la Francia pre revolución. Sea por una condición humana instintiva, sea por otro origen difícil de precisar, cuando alguien dispone de poder tiende a usarlo en su propio beneficio. Si usted se fija, en los países con mala distribución del ingreso, como Chile, el poder político y económico está concentrado en muy pocas manos; existe una institucionalidad construida para mantener el statu-quo; el Estado se haya reducido a su mínima expresión; hay carencia de organizaciones poderosas de defensa de los derechos ciudadanos; los sindicatos son débiles; los sistemas tributarios están hechos a la medida de los más acomodados; hay impunidad para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos, concertación de precios), etc.

De manera que, si usted quiere de verdad combatir la desigualdad, tiene que atacar la concentración de poder, tanto del político como del económico. No hay otra receta. ¿Cómo? Por razones de espacio, dejaremos la respuesta para un próximo capítulo.


Sólo combatiendo el factor mencionado impediremos en el futuro un caso MOP-Gate 2, un nuevo Pentagate, más colusiones o que las empresas sigan pagando los impuestos de sus propietarios y no paguen un peso por los ingentes servicios públicos que reciben. Sólo así evitaremos reformas patéticas, como las que se tramitaron o se tramitan en este minuto en el Congreso. Esos son abusos que sólo pueden cometerse cuando existe una brutal concentración del poder. Como la que, para nuestra desgracia, existe hoy en Chile.

miércoles, 15 de octubre de 2014

La UDI y los abusos


Lo dijo Ernesto Silva, el actual presidente del mencionado partido de extrema derecha: hay organismos gubernamentales que están cometiendo abusos de poder en contra de los eventuales implicados, en el curso de las investigaciones que se están desarrollando en torno al denominado “Pentagate”.

Su comentario, de alguna manera, fue avalado por Evelyn Matthei, la última candidata presidencial de la extremista colectividad, y por otros de sus miembros más destacados. De hecho, el presidente de Libertad y Desarrollo, el think tank de la UDI, aventuró que la diligencia mostrada por los investigadores del caso podría interpretarse como "persecución política" (la encontró excesiva) lo que sería, no faltaba más, un abuso.

Sin perjuicio de que el planteamiento de Larraín es en extremo novedoso la excesiva diligencia de los investigadores sería un abuso en contra de los investigados; una idea revolucionaria, ¿no le parece?― los abusos específicos a los que se refirió Silva eran otros: consistirían, en innecesarias visitas, efectuadas por funcionarios de la Fiscalía, al hogar de Andrés Velasco, a las oficinas de una empresa ligada a Laurence Golborne y al estudio de abogados donde se encuentra radicado hoy Jovino Novoa. 

Dejemos claro, antes de seguir, que abusar de alguien significa maltratarlo, o tratarlo de manera indebida, impropia, injusta, excesiva, prepotente, humillante o, incluso, deshonesta, aprovechándose de la mayor experiencia, fuerza o poder de que se dispone.

Desde dicha perspectiva, ¿hay abuso en las mencionadas acciones de la Fiscalía? ¿Tiene razón la UDI al efectuar sus reclamos? ¿Se abusa cuando fiscales y policías concurren a los domicilios de eventuales implicados en un fraude de proporciones gigantescas, a recabar antecedentes para llevar adelante la investigación criminal?

De seguro usted tiene su particular opinión al respecto, estimado lector Sin perjuicio de ella, no obstante, debo recordarle que en materia de abusos, la UDI nos da, a usted, a mí y a la inmensa mayoría de los chilenos, cancha, tiro y lado. Permítame comprobárselo con algunos ejemplos.

Partamos señalando que en Chile, desde 1984, la tributación recae sólo sobre las personas naturales, por lo que las empresas no pagan un peso por los servicios públicos que consumen (el impuesto de primera categoría no es de beneficio fiscal, sino un mero anticipo de los impuestos personales de sus propietarios). Tan aberrante disposición, que nos obliga a todos los chilenos (a usted, a mí, a la señora Juanita y a todo el resto) a financiarles sus consumos de servicios públicos a empresas tales como La Polar, Cencosud, las farmacias y productoras de pollos coludidas, todos los bancos, El Mercurio y las demás empresas periodísticas, Goldex, los laboratorios farmacéuticos, las Isapres, las AFP y, por cierto y dentro de un larguísimo etcétera, todas las que forman parte del grupo Penta (así de infame es el sistemita), constituye, desde luego un abuso de proporciones brutales, que se ha perpetrado por ya más de 4 décadas y que seguirá perpetrándose gracias a la complicidad de nuestra actual presidenta (que lo aprueba plenamente, ya que si no fuese así, lo habría suprimido fácilmente por medio de su penosa reforma tributaria). Le recuerdo, para que vayamos viendo el terreno que pisamos, que los creadores de esta desvergonzada iniquidad son, casi todos, miembros de la UDI.

En directa relación con el punto anterior, está el modelo de desarrollo neoliberal vigente, implementado hace 4 décadas, que sobrevivió a 4 gobiernos concertacionistas consecutivos, y cuyos cimientos pretende desarmar Michelle Bachelet (aunque, por lo visto en estos seis meses, no sabe cómo hacerlo). Este modelo, aparte de situarnos entre los países de peor distribución del ingreso del mundo, ha destruido la salud, la educación, la previsión y la vivienda públicas, ha fomentado el traspaso de las mayores empresas del Estado a manos privadas a vil precio, nos ha hecho dependientes en forma exclusiva de nuestros recursos naturales, y ha creado dos Chiles, separados por un enorme abismo: uno boyante, con un estándar de vida de país desarrollado, y otro agobiado, que se moviliza en el Transantiago, ocupa los restos de la oferta pública de educación y salud, y destina casi todo su sueldo en servir su angustioso endeudamiento. Un país de señores y sirvientes. ¿Y quiénes se atrevieron a implementar en Chile un modelo de desarrollo tan inmoral? ¿Quiénes idearon y pusieron en marcha ese ingente foco de abusos? Adivinó: gente que milita actualmente en la UDI.

Prosigamos con el increíble caso de los sobresueldos que cobran nuestros parlamentarios, quienes aprovecharon el vergonzoso acuerdo que alcanzaron Ricardo Lagos y la UDI para reajustarse su sueldo en un 158 % el mismo año en que el sueldo mínimo se reajustó en un 2,5 % (un porcentaje 63 veces mayor).  Ésa es la razón de que hoy tengan una renta superior a los $ 8 millones mensuales e ingresos totales por sobre los $ 20 millones, mientras el sueldo mínimo apenas se empina sobre los $ 200 mil. Si eso no es un abuso a costa de todos los chilenos, no sé a qué otra acción puede dársele ese nombre. Y, por extraño que parezca, nuevamente la UDI fue protagonista.

Mencionemos el verdadero saqueo al que es sometido el erario público en cada cambio de gobierno por parte de la coalición ganadora, la que se encarga de distribuir a todos sus “apitutados” en la enorme cantidad de cargos públicos, de planta, a contrata o a honorarios) que están a su total disposición. Abuso del cual participó en plenitud la UDI durante el gobierno de Piñera, y respecto del cual, pese a sus actuales reclamos, no hizo esfuerzo alguno por ponerle fin.

Hablemos del atroz abuso que se comete con la gente que llega a la tercera edad en condiciones de desamparo, a la que se le otorga una pensión asistencial de $ 80.000 al mes que, más que pensión, es una limosna. Aquí no fue la UDI la que ideó esta generosa medida (compare la pensión, por favor, con las dietas parlamentarias: estas últimas son más de 100 veces mayores) sino la actual presidenta, pero tengamos claro que, si hubiese sido por ella, tal medida no habría sido implementada (la gente de la tercera edad, a juicio de esa noble colectividad, no debe recibir regalos del Estado, ya que eso la inhibe para procurarse su propio sustento).

¿Le parece que comentemos lo que ocurre con los recursos naturales que, en teoría, deberían pertenecer a todos los chilenos? ¿Qué le parece el regalo de nuestros recursos pesqueros que, por 20 años, se les hizo a 7 familias? ¿Califica como abuso? Fue no hace mucho, y al cuerpo legal que lo respaldó le llamaron “ley Longueira”. Y Longueira, le recuerdo, es de la UDI. Uno de sus fundadores, nada menos.

Ahora, el regalo del cobre y de todo el resto de los minerales a las grandes mineras (primero sin cobrar ni un peso por ellos, y luego, a cambio de un miserable royalty, que más encima se implementó junto con una rebaja tributaria), ¿puede incluirse dentro del concepto de “abuso”? ¿Y qué ocurre con el acaparamiento de los derechos de agua a manos de Endesa? ¿Y con la destrucción del bosque nativo? Por cierto, ¿sabe usted a qué partido pertenecen los precursores de la normativa que respalda este pillaje? Está en lo correcto: forman parte de la UDI.

Desde luego, no olvidemos el origen de todo este escándalo: el financiamiento ilegal de las campañas políticas, tanto porque se efectúan por sobre los límites establecidos (de manera oculta, desde luego) como porque se recurre a medios fraudulentos para sacar el dinero de las empresas y, además, descontarlo de impuestos. Éste es, no cabe duda, un feroz abuso en contra de los accionistas minoritarios, de los candidatos que no recurren a tan infame medio de financiamiento y de todos los chilenos. ¿Y quién es el principal partido favorecido? Lo felicito, otra vez adivinó. Es, precisamente, la UDI.

De manera que cuando la UDI, por medio de su presidente o de su última candidata presidencial, habla de abusos, hay que prestarle mucha atención. Porque ellos deben ser, no le quepa duda, los que más saben  acerca del tema en nuestro país.

martes, 7 de octubre de 2014

Las aristas del "Pentagate"

Cuando ha pasado poco más de una década desde el brutal megaescándalo “MOP-Gate” y todavía su ignominioso recuerdo (y el del infame pacto entre Ricado Lagos y la UDI de Longueira) aflora de vez en cuando, llega el caso “Pentagate”, para refregarnos en la cara toda la podredumbre de un sistema que ya no aguanta tanta basura y comienza, por fin, a caerse a pedazos.

El periodismo y los entendidos de turno (en ambos casos, los que no son pro-UDI) se han encargado de destacar un par de aristas de este indecente abuso. Sin embargo, hay otras que han quedado completamente de lado, siendo tanto o más importante que las anteriores. Para evitar que transiten por el sendero de la omisión y, por consiguiente, por el de la insignificancia, permítame, dentro de una apretada reseña, exponer en qué consisten.

Existe fraude tributario

Aparece, hasta el momento, como el aspecto más relevante del caso. La triquiñuela que habrían usado los dueños de Penta, en complicidad con sus esposas, ejecutivos, contadores, con los parlamentarios y partidos beneficiados, y con algunas personas comunes y corrientes ―que, seguramente, fueron utilizadas de manera vil e inescrupulosa (se menciona al chofer de Iván Moreira, por ejemplo)―, está sancionada con claridad meridiana en el artículo 97 N° 4° del Código Tributario. Calza exacto, por lo que no hay cómo sacarle el bulto. El asunto, ahora, es ver si nuestros poderes judicial, ejecutivo y legislativo están a la altura; el primero, para procesar y sancionar, y los otros dos, para no incurrir en una componenda estilo MOP-Gate, que impida que los delincuentes (si se prueba que lo son, desde luego) asuman la pena que les corresponde por sus delitos.

Existe fraude en contra de los accionistas minoritarios

El punto es el siguiente: si usted, accionista mayoritario de una sociedad anónima, rebaja mediante fórmulas ilícitas las utilidades de la firma, está defraudando a los accionistas minoritarios (entre los cuales se cuentan, le recuerdo, nada menos que las AFP) en un porcentaje de esa rebaja. Les está arrebatando de manera fraudulenta una porción de las utilidades que, legítimamente, les corresponden. Si una de las empresas Penta aportó, por ejemplo, $ 100 millones a determinadas campañas utilizando los subterfugios ya conocidos (boletas de honorarios “truchas”, facturas más falsas que Judas), ello significa que rebajó sus utilidades en exactamente ese monto. Si a los accionistas minoritarios les corresponde un 30% de esa utilidad, ellos fueron defraudados en $ 30 millones (incluyo aquí el impuesto de primera categoría, pues éste constituye un crédito para los impuestos personales de dichos socios minoritarios, con excepción de las AFP), cifra que nunca recibirán pues se fue a financiar a los partidos y parlamentarios de la preferencia que quien tomó la decisión. ¿Cuál es la figura exacta? ¿Hurto? ¿Apropiación indebida, tal vez? No lo tengo claro. Algún abogado experto se encargará de encontrarla. Pero, tengámoslo muy claro, de que hay fraude, hay fraude. Las preguntas aquí son: ¿investigará esta arista la Fiscalía? ¿O aguardará una denuncia de los afectados (¿qué ocurrió con eso de que los delitos se investigan de oficio?), tal como la que aún no efectúa el SII? ¿Se querellarán los accionistas minoritarios? ¿Se querellarán las AFP? Éste es, de veras, un caso muy ilustrativo.

Hay trasgresiones a los estatutos de las sociedades anónimas “donantes”

¿Puede haber dudas de que, al efectuar retiros ilegales de dinero para financiar donaciones con fines políticos, se están violando los estatutos de las sociedades anónimas afectadas? Tal parece que no. Ningún estatuto, que se sepa, autoriza actividades ilícitas. En consecuencia, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se asignen, corresponde plantearse algunas interrogantes: ¿qué ocurre con los directores de sociedades anónimas que incurren en estas malas prácticas? ¿Deben ser sancionados? ¿Deben, aunque sean accionistas mayoritarios, abandonar sus cargos? Sería de mucho interés analizar en profundidad el tema, ¿no cree?

Hay complicidad de parte de los partidos y parlamentarios favorecidos con las donaciones ilegales

Veamos: si usted es candidato y le entregan recursos en exceso a los que tiene derecho a gastar, o le efectúan donaciones de las cuales, por la razón que sea, no debe quedar registro, ¿me va a decir que no sabe que lo que está ocurriendo es ilegal? ¿O que el partido político al que usted pertenece, que también ha recibido parte de tales recursos, desconoce tal ilegalidad? No me venga con leseras. Ambos lo saben, y muy bien. Otra cosa es que, por razones estratégicas, traten de aparecer como blancas palomas, señalando que todos sus gastos (los efectuados con recursos obtenidos legalmente, por cierto) han sido declarados conforme a la ley y aprobados por Servel. Si está claro que no estamos hablando de esos gastos, sino de los otros, los que no se registraron. Usted violó la ley y punto. Pero aún más, usted es cómplice de otros que también la violaron. ¿Debería, entonces, salir limpio de polvo y paja? Parece que no, ¿verdad? El problema serio aquí es que todas las sanciones establecidas por la ley 19885 son pecuniarias. Ninguno de los parlamentarios involucrados arriesga perder su cargo en esta pasada, por muchas ilegalidades que se le comprueben. Ni siquiera Iván Moreira, con el asunto de su chofer. ¿Le parece razonable eso? ¿Que un parlamentario viole la ley de manera tan descarada y se mantenga en su cargo? Hay que modificar la normativa vigente, por cierto, pero estableciendo sanciones mucho más drásticas  que las existentes. Si usted se excedió en los límites de financiamiento establecidos, debería irse para la casa sin más que hablar. Haya ganado, empatado o perdido.

Hay una evidente violación de los derechos de los accionistas minoritarios en la ley vigente

Veámoslo así: la Constitución le establece a todo ciudadano la libertad de conciencia y garantiza el pluralismo político. Por consiguiente, nadie debería ser obligado a financiar a una colectividad o candidato que no representa su pensamiento o su postura política. Ni siquiera mediante acuerdos de accionistas o de directorios de sociedades anónimas. El punto es que cuando una sociedad, siguiendo el sentir de los socios mayoritarios (o de la mayoría de los socios), aprueba donaciones políticas, está haciendo uso de dineros que pertenecen a los accionistas minoritarios (o a la minoría de los socios). En otras palabras, está obligándolos a financiar a colectividades y candidatos que no necesariamente concuerdan con sus creencias o, lo que es lo mismo, está pasando a llevar derechos individuales protegidos por la Constitución. La pregunta aquí es, ¿puede hacer eso un acuerdo de Directorio? Más aún, ¿puede la Ley 19885 obligar a los socios minoritarios a acatar las decisiones de los mayoritarios aunque sean contrarias a su pensamiento y a su conciencia? Tal parece que no, ¿verdad? Ésta es, amigo lector, la principal razón por la que las donaciones para fines políticos deberían ser un asunto de personas naturales. Si usted quiere financiar al candidato de su preferencia, hágalo recurriendo a su propio bolsillo, no a los bolsillos ajenos, ni tampoco al erario nacional (las donaciones políticas son descontables de impuestos, ¿se da cuenta el grado de barbarie?).


Hay que procesar a todos los involucrados en delitos, sean quienes fueren

Pero, ¿le cabe alguna duda? ¡Si estamos hablando de delitos! Tienen que investigarse, y sancionarse, todos. Lo increíble es que tal obligación esté siendo usada por la UDI como herramienta para negociar. Pero... ¡qué manera de ser caraduras estos señores! Cuánto desparpajo. Esperemos, por el bien del país, que nadie les haga caso (a propósito, ¿leyó el comentario de Luis Larraín en Elmer el sábado pasado? Asombroso, ¿verdad?).

Le garantizo que hay más, pero mucho más, paño que cortar en este caso pleno de miseria y desvergüenza. Pero, como ocurre con una comida abundante, es mejor que nos vayamos de a poco. No vaya a ser que por pretender abarcar mucho, terminemos atragantados.

domingo, 5 de octubre de 2014

El caso Penta

Qué tremendo caso el denominado Penta! ¿No le parece? Es de esos multidimensionales, que permiten ―mediante un análisis serio, por cierto― poner al trasluz de un paraguazo (discúlpeme lo folclórico del término pero, convendrá usted conmigo, que se ajusta plenamente a lo acontecido), gran parte de las flaquezas, carencias y debilidades de nuestros sistemas económico y político.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO?

Hagamos una apretada síntesis, para ubicarnos: un ex importante ejecutivo del grupo mencionado, Hugo Bravo, se habría ido de lengua (por despecho, al parecer) y habría denunciado en la fiscalía ―donde estaba declarando como uno de los procesados por el llamado “caso FUT”― a sus antiguos jefes por sacar de sus empresas, recurriendo a medios fraudulentos, dineros para financiar las campañas políticas de sus partidos y candidatos preferidos en las últimas elecciones, sobrepasando los límites establecidos en la normativa. El mecanismo usado (al menos el detectado; podría haber más) sería simular boletas de honorarios por servicios que nunca se prestaron. ¿Los involucrados? Los ex jefes del denunciante, Carlos Délano y Carlos Lavín; sus respectivas esposas, que habrían sido, entre otros, las emisoras de las boletas en cuestión; personas relacionadas con algunos partidos y candidatos (se habla del chofer de Iván Moreira, por ejemplo); contadores y ejecutivos de la o las empresas involucradas; y, desde luego, todos los candidatos favorecidos con las donaciones (hechas, insistamos, por sobre los límites permitidos). ¿Las empresas específicas desde donde se efectuaron los retiros? Sus nombres no han salido a la luz pública aún, pero serían las más grandes, las de mayor movimiento contable, aquéllas que permitirían ocultar más fácilmente este tipo de operaciones. Lo complejo del caso es que esas empresas son, justamente, sociedades anónimas abiertas, lo que ni le digo la cantidad de implicancias que tiene.

Un caso interesante, ¿verdad? Siniestro, abyecto, pero no menos apasionante. Como las buenas telenovelas. Analicemos algunas de sus aristas.

ARISTAS PENALES

Refirámonos primero, por su connotación ―mal que mal, los involucrados son (o eran; eso no está muy claro) personajes muy importantes y respetados de nuestro mundillo social―, a las aristas que conllevan una sanción penal. Se habla de fraude tributario, que se origina al rebajar indebidamente la base imponible de las empresas involucradas, pero la verdad es que puede haber más posibles figuras. Convengamos en que usar boletas de honorarios “truchas” (o facturas falsas, que es el otro mecanismo más empleado para este fin) con el objeto de sacar dinero de una empresa, es un delito desde más de un punto de vista. No sólo desde el tributario, sino también por la defraudación que significa, para los inversionistas minoritarios (los Fondos de Pensiones, entre ellos), el que sus legítimas utilidades sean disminuidas de manera ilícita, sean falseadas, por sus socios mayoritarios, en su propio beneficio.

En otras palabras cuando usted, accionista mayoritario de una sociedad anónima abierta, utiliza esta triquiñuela, no sólo se está adueñando en forma maliciosa de platas fiscales (vale decir, aunque no se note, de recursos que pertenecen todos los chilenos), sino también de dineros que pertenecen a sus socios; no sólo está engañando (defraudando) al organismo estatal y a la comunidad completa, sino además a cada uno de los inversionistas que le han entregado parte de sus ahorros por la confianza que usted les brinda. Todos ellos tendrían derecho, en tal caso, a deducir una acción penal en contra suya, ¿verdad? ¿Con cuál figura específica? ¿Hurto o apropiación indebida tal vez? No lo tengo claro. Algún abogado experto se encargará de encontrarla. Tiene que haber alguna. Salvo que en nuestro país los inversionistas mayoritarios puedan abusar sin inconvenientes de los minoritarios, cosa que, siendo perfectamente posible, no parece demasiado factible (está claro que somos permisivos con quienes abusan de nosotros, pero, ¿hasta ese extremo?).

En consecuencia, Carlos Délano, Carlos Lavín y sus respectivas esposas podrían ser acusados, de comprobarse las acciones dolosas que se les imputan, por fraude fiscal y algún tipo de delito en contra del patrimonio de sus socios, AFP incluidas. Los ejecutivos y contadores de sus empresas que tuvieron conocimiento del tema deberían, en tal caso, ser procesados como cómplices.

ARISTAS ELECTORALES

Al financiar campañas políticas por sobre los límites permitidos, los señores Délano y Lavín estarían, en conjunto con los parlamentarios y partidos políticos favorecidos, trasgrediendo la ley 19884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. La estarían trasgrediendo sí o sí, pues se trata de financiamiento entregado y recibido por sobre los límites permitidos, por lo que los involucrados no podrían alegar desconocimiento. Por si hiciera falta, se lo ejemplifico: si a usted le autorizan un gasto de $ 100 y gasta $ 150, ¿cómo podría no saber que gastó demás? Está clarísimo que violó una norma. Lo hizo, sin ninguna duda, a sabiendas.

No existe sanción penal, sin embargo, si usted trasgrede alguna de las disposiciones establecidas en la mencionada ley. Tampoco pérdida del cargo, en el caso de los parlamentarios, ni menos suspensión o pérdida de su personería, en el caso de los partidos políticos infractores. Eso es, evidentemente, algo que debe corregirse. Lo que hay son multas, que se establecen en función del exceso de gasto que se haya producido. Por consiguiente, para aplicar esta ley es vital determinar los montos e identificar los destinos. Sólo así se puede sancionar. Buena tarea para Servel, ¿no le parece?

Hay mucho más paño que cortar aquí, no obstante. Si se comprobara el sobregasto, significaría que tanto los parlamentarios como los partidos involucrados mintieron en sus rendiciones, y que algunos de ellos solicitaron devoluciones que no les correspondían. ¿En qué pie quedamos ahí? Falsear documentación pública, falsear rendiciones de fondos, solicitar devoluciones que no corresponden, ¿cuáles son las sanciones de esta impresionante cantidad de ilegalidades? ¿Cuáles son las consecuencias para los infractores? Tarea para abogados, aunque la lista parece larga.

POSIBLES ACCIONES NO JUDICIALES DE PARTE DE LOS AFECTADOS

Detengámonos en las eventuales acciones no judiciales que los inversionistas, específicamente las AFP,  podrían tomar en contra de quien ha perdido la confianza del mercado (un grupo económico que utiliza triquiñuelas para defraudar, ¿es sujeto de confianza?, ¿debería seguir recibiendo inversiones de los Fondos de Pensiones?; ¿debería seguir transando sus acciones en la Bolsa?). Aquí, el asunto se vuelve espinudo, porque resulta que los supuestos trasgresores son propietarios de la corredora de bolsa más grande del mercado y fueron, hasta no hace mucho, los mayores accionistas de AFP Cuprum, firma de la que aún conservan un porcentaje menor. Así las cosas, ¿cree usted que llegarían las AFP a insinuar siquiera el retiro de sus inversiones en las empresas del grupo Penta? ¿Le parece factible que la Bolsa decida suspender las transacciones de las acciones de éstas (ya se vio que no se atrevió a suspender a la corredora)? Nada es imposible, dicen, pero eventos como los mencionados se acercan mucho a ello. Lo más dramático del caso es que nosotros, como propietarios de los recursos depositados en los Fondos, no tenemos pito que tocar.

CONNOTACIONES MORALES Y ÉTICAS

A este respecto, estimado lector, lo más grave es que éste no es un hecho aislado. Es, lamentablemente, uno más de muchos. Hay, al parecer, una nefasta cultura empresarial que ha permeado a los grandes grupos económicos, según la cual ellos pueden hacer lo que quieran. Nada les está vedado. Se hallan, están convencidos, por sobre las instituciones. Pueden coludirse, regular los mercados a su antojo, adueñarse de los recursos naturales, cobrar sobreprecios y un largo etcétera, y ello no tendrá sanciones judiciales ni sociales. A lo más, unas pocas multas muy inferiores a las ganancias obtenidas, y la obligación de impartir (¡de impartir!, el diablo recitando la Biblia) clases de ética. Los delincuentes (si usted comete un delito, es un delincuente) siguen haciendo su vida normal, trabajando en sus empresas y asistiendo a los mismos círculos que frecuentaban de manera previa. No habrá consecuencia ética alguna. Tenga la plena certeza de que todos los involucrados en este caso, seguirán asistiendo a la misma misa dominical de siempre, con total desparpajo, convencidos de que son discípulos preferentes del ser divino al que rinden pleitesía.

REACCIÓN INSTITUCIONAL

¿Qué reacción tendrán nuestras instituciones frente a este deleznable caso? ¿Funcionarán, o harán vista gorda? ¿Hará el SII la denuncia, que mantiene pendiente desde hace varios meses, ante la Fiscalía, o tomará la decisión política de “pasar”? ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga” (¿a quién le escuché eso antes?) o se generará un acuerdo entre el gobierno y la UDI para cubrir de tierra el asunto (con la excusa de “ajustar el sistema” para eliminar las redes de corrupción)? ¿Se investigará, como corresponde, tratando de identificar a todos los posibles implicados (no es tan difícil como parece; es cosa de saber dónde buscar) para sancionarlos, o se le echará tierra al asunto? ¿Qué camino tomará, en tan relevante ámbito, este deleznable caso? ¿Qué camino tomará el Gobierno? ¿Y la Fiscalía? Debemos estar muy atentos.

Porque, como usted ya debe saber, en eso anda la UDI: tratando de conseguir un acuerdo para mejorar el sistema existente. Imagino que un elemento de tal “negociado” será enrostrar a la actual administración su actitud frente a una de las mayores vergüenzas que ha afrontado la sociedad chilena en toda su historia: el infame caso “sobresueldos”, también denominado “MOP-Gate”. Querrá, posiblemente, una vuelta de mano. Si dicha tienda política evitó que Ricardo Lagos fuera procesado, como debió haber sido si las instituciones realmente funcionaran, deben sentir que lo razonable, lo justo, es que Michele Bachelet haga lo mismo con algunos de sus miembros más relevantes.

Déjeme decirle que eso es algo que no podemos volver a aceptar. Sería demasiado. Significaría que nuestra institucionalidad está a la venta. Querría decir, además, que la Nueva Mayoría nos mintió; que la Presidenta nos mintió. Que todo aquello que habló acerca de una mayor justicia e igualdad, eran puras falsedades; vanas promesas vertidas sólo para hacer caer a los incautos. Las instituciones deben funcionar de una vez por todas, y somos nosotros, todos los chilenos, los llamados a resguardar que ello ocurra.

Hay más aristas institucionales en este caso. Por ejemplo, la denuncia obligatoria. No puede seguir siendo posible que las denuncias de eventuales fraudes tributarios sean una atribución, y no una obligación, del SII. El Director de este organismo debería estar obligado, so pena de ser considerado cómplice, a efectuar la denuncia pertinente apenas su investigación interna lo ameritara. Sólo así se puede poner coto a la corrupción y al negociado político. Está, además, la investigación por oficio de los eventuales fraudes cometidos contra los accionistas minoritarios y las AFP. ¿Comenzará a investigarlos la Fiscalía? ¿Ya lo está haciendo?

EL SERVEL

Otrosí: la falta de mecanismos de control y de capacidad investigativa que muestra este caso es, de verdad, preocupante. No sólo a nivel del SII sino, muy especialmente, al de Servel. La capacidad de respuesta de esta última institución está muy por debajo del mínimo que, al día de hoy, deberíamos exigirle a cualquier organismo público. También sus facultades parecen ser demasiado exiguas. Hay que hacer aquí una remodelación completa, evitando en todo caso, a como dé lugar, que ella forme parte de un acuerdo con la UDI.

LOS APORTES EMPRESARIALES

Otro punto demasiado relevante como para dejarlo en el tintero, es el que se refiere al financiamiento político en sí. Sin perjuicio de que el sistema completo requiere de una urgente revisión, permitir a las empresas participar en él no resiste ningún análisis serio. Es una más de las tantas aberraciones que se generaron en la administración de Ricardo Lagos, que se caracterizó por entregar ingentes privilegios a quienes detentan el poder económico en nuestro país. Cuando una sociedad anónima decide financiar a algún candidato, automáticamente está violando los derechos de los accionistas minoritarios. Les está reduciendo su parte de las utilidades y, en muchos casos, los está obligando a financiar a alguien que no es de su preferencia. ¿Cuál es la disposición constitucional que permite eso? ¿Cuál es aquélla que autoriza al Estado para obligar a algunos ciudadanos a entregar parte de sus recursos (parte de su propiedad; ¿cómo se protege el derecho de propiedad aquí?) con fines electorales? ¿Cuál es la que faculta al Estado para gravar a los accionistas minoritarios (porque el obligarlos a entregar parte de sus utilidades es un gravamen) en beneficio de los accionistas mayoritarios y de los candidatos de la preferencia de éstos?

Pues, estimado lector, no existe tal norma. Ricardo Lagos violó la Constitución cuando hizo aprobar esta ley, y todos, Parlamento y Tribunal Constitucional, guardaron cómplice silencio. Tal como lo guardan ahora con otra norma abiertamente inconstitucional: el crédito especial del 65% para empresas constructoras.

En suma, los aportes a las campañas políticas deberían ser un tema de las personas naturales. Exclusivamente de ellas. Usted verá si está dispuesto a usar parte de SU patrimonio (no del de terceros) para apoyar al candidato de su preferencia. Y, por cierto, jamás deberían ser deducibles de impuestos, porque con ello se obliga a todos los chilenos a financiar campañas políticas específicas que pueden o no representarlos. Nadie debería estar obligado a algo así.

Si usted es socialista, ¿por qué alguien lo tiene que obligar a financiar a un candidato RN? Si es de Amplitud, ¿por qué debe, si no está de acuerdo, financiar a un candidato DC? ¿Cuál sería la justificación de semejante barbaridad? Distinto es, por cierto, que se analice cómo evitar, por medio de financiamiento público, que la disponibilidad económica de los candidatos, que su riqueza o sus contactos, influya en el resultado de las elecciones. En ese punto estamos prácticamente en pañales y hay, desde luego, mucho paño que cortar.

Por cierto, no deberían existir los aportes reservados. Todos deberíamos tener clarísimo quién financia a quién, a fin de poder fiscalizar que al momento de legislar, no se pretenda devolver el apoyo recibido. En este punto, la transparencia es básica. Además de que es absurdo pretender que los candidatos que reciben los aportes, ignoran quiénes se los donan. ¿O de verdad usted cree que todos, aportantes y receptores, son blancas palomas que sólo se preocupan por el bien común?

ESTÁN LOS COMENTARIOS DESVERGONZADOS, LOS DESCARADOS… Y EL DE LUIS LARRAÍN

No puedo terminar sin referirme al comentario más desvergonzado que me ha tocado leer durante los últimos años: el del presidente de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en El Mercurio del sábado. En síntesis, plantea que las instituciones no deben funcionar como establece la ley porque, supuestamente, en el pasado reciente no lo hicieron. Usted no puede investigar un homicidio porque no investigó el que se cometió el año pasado. No debe indagar los robos de este semestre, porque algunos de los que se cometieron el semestre pasado fueron pasados por alto. Ésa sería la tónica, según Luis Larraín: no investigue nada que haya omitido en el pasado. Si no se controló a quienes defraudaron en anteriores elecciones, o en períodos previos, no debe controlarse a quienes defraudan hoy. Amigo lector, la razón por la cual existe tanto abuso en nuestro país, es porque quienes detentan el poder piensan como él, y se creen con derecho a imponer tan aberrante forma de pensar a todos los demás. Qué suerte que se esté quitando la careta.

Demás que se me quedan varios otros temas en el tintero, pero al menos espero que éstos aporten al debate.
Este es el caso Penta, amigo lector… vaya tema, ¿verdad? Ojalá no terminemos atragantados con él.