lunes, 24 de noviembre de 2014

Asesoría urgente se requiere. Tratar en La Moneda

Para contradecir a Evelyn Matthei, que arremetió el fin de semana corvo en ristre tocando a degüello, no le basta al Gobierno con hablar de amargura, rabia y rencor. Es muy posible que esos sentimientos tan negativos estén anclados en el corazón de la ex senadora como consecuencia de su fallida aventura presidencial, pero sus destinatarios principales no deberían ser los actuales ocupantes de La Moneda, sino más bien algunos de sus propios compañeros de coalición (como sabemos, recibió “fuego amigo” nutrido y a mansalva durante toda la campaña).

Tampoco le es suficiente con referirse al gigantesco tejado de vidrio de la opinante. Es cierto que ella representó a los sectores que implantaron el modelo económico causante de la bárbara desigualdad que nos aqueja. No lo es menos, que entre sus partidarios figuran quienes plantean que ésta última no es un problema y que nuestro actual sistema educacional es “la gallina de los huevos de oro”. Y es efectivo también que algunos de sus compañeros de coalición tuvieron una intensa participación en el reality “Cocinando con Zaldívar”, que se trasmitió por todos los canales no hace mucho. Sin embargo, traer a colación tales verdades no permite desvirtuar en su totalidad sus fuertes declaraciones.

Porque, reconozcámoslo, aunque no usó ni el tono ni en los énfasis adecuados y deslizó por ahí algunos más que cuestionables juicios de valor, algo de razón tiene doña Evelyn.

Veamos por qué.

Michelle Bachelet estuvo (y aún está) en lo correcto cuando planteó el qué. Nuestro sistema tributario era una vergüenza (durante los últimos 8 años, los empresarios no pagaron ni un peso de global complementario; muy por el contrario, recibieron jugosas devoluciones y efectuaron cuantiosos retiros no gravados); el educacional es uno de los peores del mundo en materia de segregación y resultados; nuestro sistema público está estructurado para que los políticos y sus cercanos hagan su agosto con él; el de salud es, simplemente, impresentable, al igual que el de vivienda, el laboral, el previsional y el de transporte; la justicia es pagada y, en consecuencia, funciona como un bien de consumo y no como derecho ciudadano. Y así sucesivamente.

No obstante, nuestra Presidenta se equivocó medio a medio cuando propuso el cómo. El proyecto de reforma tributaria, aderezado con las recetas de Zaldívar, no solucionó el principal defecto de su antecesor: el “sistema integrado de impuesto a la renta” (si usted escucha a algún experto tributario hablar de las bondades de dicho sistema, tenga por seguro que NO es un experto), aparte de mantener impresentables inequidades (la renta presunta, por ejemplo), eternizar el registro FUT (a pesar de que se proclamó a los cuatro vientos que se iba a eliminar) e incorporar inaceptables complejidades (cuatro sistemas de primera categoría paralelos y una maraña legislativa que se la encargo). El de reforma educacional revela, junto con un erróneo diagnóstico, un profundo desconocimiento acerca de la forma de enfrentar los procesos de cambio. El de reforma al binominal no tiene utilidad alguna para el país (de hecho, sólo favorece a los políticos). Como puede usted apreciar, el gobierno ha sido hasta la fecha 100% efectivo: todos los proyectos que ha presentado han recibido un cuestionamiento generalizado.

Hay margen de sobra, entonces, para la crítica. Tal vez no para la despiadada que efectúa Evelyn Matthei, pero sí para aquélla que pretende mejorar las actuales estructuras en procura de un Chile más equitativo. Convengamos en que, desde esa perspectiva, el desempeño del Gobierno hasta la fecha deja mucho que desear.

Lo lamentable es que hay demasiado por hacer. Son tantos los ámbitos en donde, si realmente se quisiera (y si realmente se supiera), se podrían obtener mejorías gigantescas con muy pocos recursos (seguridad, salud, vivienda, financiamiento y trabajo, entre otros), que resulta inentendible que no se actúe en tal sentido.

De manera que, con el debido respeto, uno tiene el legítimo derecho de cuestionar el desempeño del Gobierno. Algo no está funcionando como debiera en el Palacio de la Moneda. La actual administración no está haciendo bien su tarea. ¿Por qué? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por mala elección de prioridades? ¿Por mala selección de ejecutantes? Es imprescindible saberlo, para poder efectuar las correcciones pertinentes antes de que sea demasiado tarde.

Mientras tanto, parece que lo apropiado es poner un aviso en algún medio de comunicación  masivo solicitando asesores. Cuando llega a suplir alguna falencia, una buena asesoría es bienvenida. En las condiciones actuales, sin embargo, resulta urgente e imprescindible.

Salvo que se pretenda darle la razón a doña Evelyn, por cierto.

martes, 18 de noviembre de 2014

La roja de todos y la inequidad

Si omitimos la forma en que se resolvió, el conflicto provocado por la repartición de los premios obtenidos por nuestra selección en la recientes clasificatorias al mundial de Brasil, es un inmejorable ejemplo acerca de cómo se funciona este feo asunto de la inequidad.

Se lo explico.

Partamos reconociendo que la clasificación fue consecuencia de un esfuerzo colectivo. Cada uno de los convocados, cual más cual menos, efectuó su aporte. Lo justo, entonces, era que todos participaran de los beneficios que ella generó.

No fue así en principio, sin embargo. En la repartición preliminar, vigente hasta ayer, muchos (un 67% dicen por ahí) fueron excluidos. ¿Por qué?

No existe una razón valedera. No había un mecanismo formal de distribución establecido de antemano, como parece razonable, de manera que ello quedó a criterio de quienes se vieron beneficiados por la medida. Y ellos aprovecharon esta circunstancia y decidieron. En palabras simples, tenían el poder en sus manos y lo usaron en beneficio propio.

Ellos, qué duda cabe, cometieron un abuso.

Pues déjeme decirle, estimado lector, que así es, exactamente, como se produce la inequidad. Cuando se reparten los beneficios de las acciones colectivas ―los generados por una sociedad democrática, por ejemplo―, quienes detentan el poder sacan partido de ello para quedarse con tajadas más grandes que las que les corresponden. Aprovechan la inexistencia de mecanismos formales, o la debilidad de los existentes, para perjudicar a los más débiles; para, al igual que nuestros seleccionados, cometer abusos.

Tres son los elementos que están siempre presentes en este tipo de situaciones: una normativa inexistente o débil, que permite la total impunidad, una posición de poder irrestricto, donde no hay limitación alguna al actuar de quien la detenta, y alguien dispuesto a aprovecharla.

Observe usted lo que ocurre, por ejemplo, con la “repartija” de cargos públicos que las coaliciones políticas efectúan cuando llegan al poder tras ganar las elecciones. La normativa es precaria y permite el abuso a destajo (y por eso nuestros políticos, de todos los bandos, se encargan de no modificarla); la coalición que asume dispone del poder necesario (puede llenar los cargos a su antojo); y está dispuesta a usarlo en su propio beneficio.

Por esa razón se dan casos como el de Osvaldo Andrade y su cónyuge, Myriam Olate; como el de Camila Vallejos y su pareja, Julio Sarmiento; o como el de los 55 familiares de autoridades situados en muy bien remunerados cargos públicos, detectados por parlamentarios opositores (quienes, desde luego, jamás emprendieron una investigación similar durante el gobierno de Piñera). Por lo mismo, donde deberían haber funcionarios de carrera (Direcciones de Servicios y Divisiones, gerencias de empresas públicas, embajadas, Seremis, etc.), hay “apitutados” procedentes de los partidos, muchas veces sin siquiera reunir las competencias requeridas por los cargos. El festín de los triunfadores.

El mismo origen tienen las desproporcionadas e impresentables rentas de nuestros parlamentarios. En los tiempos en que la administración de Ricardo Lagos, con la complicidad de la UDI, le puso ruedas al erario público (¿se acuerda del escándalo de los sobresueldos?), no había una normativa que les impidiese aprovecharse (todavía no la hay, pero en fin…). En tal escenario, y como consecuencia, de las compensaciones que debió entregar el Presidente para que todos hiciesen la vista gorda, dispusieron del poder necesario y, no faltaba más, lo usaron en su beneficio. Se reajustaron, en uno de los hechos más vergonzosos del la historia nacional, las rentas en un 158% en el mismo período en el que confinaron el incremento del sueldo mínimo a un miserable 2,5%. A esos extremos se puede llegar.

Qué hablar de las privatizaciones efectuadas durante la dictadura, donde un grupo de regalones de Pinochet, prácticamente sin poner un peso, se hizo de la propiedad y el control de las mayores empresas públicas de ese entonces.

O del sistema tributario vigente hasta el año pasado, que permitía a los empresarios pagar, en conjunto con sus empresas, tributos equivalentes a menos del 4% de la recaudación total por concepto de impuesto a la renta. Todavía hoy, reforma tributaria de por medio, las empresas en Chile no pagan los servicios públicos que consumen, por lo que éstos les son subsidiados por todos los chilenos (ojo: la Presidenta considera que ese sistema es equitativo; para que vea usted lo relativos que pueden llegar a ser los conceptos).

No olvidemos, por cierto, el obsequio que hemos estado haciendo de nuestros recursos naturales (los mineros, a las transnacionales y a algunos grupos económicos nacionales; los pesqueros, a las siete familias aquellas). Tampoco, la serie de escándalos empresariales que se ha venido destapando.

En todos esos casos (y en muchos, pero muchos, más), se han dado las tres circunstancias mencionadas a propósito de nuestros seleccionados: legislación permisiva o, lisa y llanamente, inexistente, posiciones dotadas del suficiente poder, y personas inescrupulosas dispuestas a hacer uso de ellas en su propio beneficio.

Los finales son, eso sí, muy distintos. Mientras nuestros seleccionados, en una actitud que los enaltece, fueron capaces de reconocer su error, recapacitar y echar pie atrás, nuestros políticos y grandes empresarios no lo han hecho y, lo peor del caso, no están dispuestos a hacerlo. Las privatizaciones de la dictadura seguirán sin investigarse; los parlamentarios, con sus vergonzosas dietas (le recuerdo que, además, Michelle Bachelet pretende premiar, sin motivo alguno, a 47 nuevos apitutados); las siete familias, con los recursos pesqueros gratuitos por 20 años; los grupos económicos, disfrutando de la renta presunta y de otras debilidades de la nueva legislación tributaria. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. En una de ésas, ad infinitum.

Hay un factor, eso sí, que es importante mencionar. Pareciera ser que la presión ejercida por la opinión pública tuvo algo que ver con el cambio de decisión de nuestros seleccionados. Tal como, por lo demás, ha ocurrido en otros casos (marchas estudiantiles, Freirina, Hidroaysén, etc.). Cabe preguntarse entonces, ¿tendrá que ser ése el camino? ¿La única vía posible? ¿La presión ciudadana? Como para pensarlo, ¿verdad?

Mientras tanto, celebremos el cambio de actitud de nuestros seleccionados, y comparémoslo con la impresionante desvergüenza que muestran nuestros políticos y algunos grandes empresarios. ¿Será que hay más decencia en el deporte? ¿O que no hay ninguna en la política? Antes de contestar medite bien, por favor, su respuesta.

domingo, 9 de noviembre de 2014

La reforma educacional de Michelle Bachelet

Para nuestra desgracia, algo funciona mal en la sede de gobierno. La Nueva Mayoría no está haciendo bien sus tareas y, por ende, está comenzando a defraudar las expectativas que un porcentaje muy alto de la ciudadanía depositó en ella (en realidad las depositó sobre los hombros de Michelle Bachelet, pero ella no puede satisfacerlas sin el apoyo de su coalición).

UN MAL COMIENZO

El primer baldazo de agua gélida llegó con la reforma tributaria: un pésimo proyecto, inequitativo, engorroso, complejo, conceptualmente equivocado, que no corrige los graves defectos del sistema que lo precedió y que, además, sufrió vergonzosos ajustes (en la forma de inaceptables privilegios que favorecen principalmente a los sectores más acomodados) en la cocina de Zaldívar. Había que reformar el infame sistema instaurado allá por los 80, es cierto, pero no de esa indecorosa manera. ¡Qué gran oportunidad perdida! ¡Qué tremenda farra! Todavía tengo la duda de si Michelle Bachelet realmente cree (creencia inexcusable en el caso de una primera mandataria) que un “sistema integrado” de impuesto a la renta como el chileno, puede llegar a ser equitativo.

El segundo, nos lo propinó la Presidenta con su proyecto de reforma al sistema binominal, que propone aumentar sin necesidad alguna (sólo para acomodar aún más a los miembros de la clase política de ambos bandos) el número de parlamentarios (con sus dietas y asignaciones correspondientes, no faltaba más) y, de paso, hacernos creer que su implementación no requerirá financiamiento adicional al contemplado en el presupuesto vigente (¿qué pensará ella de nosotros?; ¿que no sabemos sumar ni multiplicar?; ¿o que adolecemos de algún tipo de dislexia numérica?).

Y el tercero, con una reforma educacional que parece haber sido elaborada por algún enemigo personal de la Mandataria, por un agente infiltrado secretamente por quienes le desean con fervor el mayor de los fracasos (¿habrán tenido algo que ver la UDI, Piñera, los gremios empresariales o Gutemberg Martínez en esto?).

Algo, definitivamente, no funciona bien en la sede de gobierno, porque nadie está libre de enviar un mal proyecto (ha ocurrido ya tantas veces…), pero dos al hilo es un exceso y tres sucesivos, algo impresentable. ¿No sería hora, Presidenta, de ponerse las pilas?

Lo invito, amigo lector, en un momento en el que el proyecto de reforma educacional está comenzando a generar algo pocas veces visto en un proceso legislativo: una reprobación generalizada, a efectuar un análisis del tema; y le propongo que lo hagamos de la manera correcta: con un diagnóstico del problema que incluya la determinación de sus causas (le recuerdo que la única forma razonable de solucionar un problema, es atacando las causas que lo generan), y la selección, dentro de las alternativas existentes, de la estrategia más adecuada para enfrentarlas.

¿Le parece? Entonces, partamos.

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCACIONAL CHILENA?

Como usted sabe, un diagnóstico es el resultado de una comparación. Confrontamos el sujeto a diagnosticar (sea éste un enfermo, una prueba o un sistema) contra un objetivo, estándar o pauta y establecemos (con medición incluida, en lo posible) la brecha que existe entre ambos. Ergo, para diagnosticar usted necesita disponer del patrón de comparación adecuado y contar con una completa y detallada especificación del estado actual del sujeto.

El patrón de comparación es clave. Un sistema, cualquier sistema, puede ser bueno, regular o malo dependiendo de con qué se lo compare. A manera de ejemplo, algunos seudoespecialistas criollos parangonan nuestro sistema educacional con los de otros países latinoamericanos, y concluyen que nos estamos quejando de llenos. De hecho, no hace mucho leí por ahí una columna (que no supe en primera instancia si tomar en serio o no, ya que tenía pinta de ser una expresión de la ironía llevada a su límite más extremo), donde se calificaba a nuestro sistema educacional como “la gallina de los huevos de oro”. ¿No la leyó? ¡¡La gallina de los huevos de oro!! A la luz de las tercas cifras conocidas, no cabe sino concluir que el oro al que se refería el articulista en cuestión debe ser una mala imitación de plástico de origen chino, o tener a lo sumo unos 3 o 4 kilates.

¿Cuáles son las variables a considerar en la comparación? Son conocidas. Destacan, de hecho, en todos los estudios serios que se han desarrollado acerca del tema (a propósito, ¿se ha fijado que éstos provienen, sin excepción, del mundo de las ONG y no del sector público?): son la calidad y la equidad.

En palabras sencillas, no sólo debe medirse el grado de excelencia de la educación que entrega nuestro sistema, sino también si ésta llega en similares condiciones a todos los educandos.

¿Cómo medimos dichas variables? Pues, a falta de otras mejores (toda obra humana es perfectible, ya lo sabemos), con las herramientas que están disponibles. Por ejemplo, con las pruebas PISA para la calidad, y con el índice de disimilitud (índice Duncan) y las pruebas SIMCE para la equidad.

LA PRUEBA PISA

La prueba PISA es una evaluación de estudiantes de 15 años efectuada trianualmente por la OCDE. La última se llevó a cabo el 2012 (fuente: OCDE)  y situó a Chile en el lugar 47° en comprensión lectora, en el 51° en matemáticas y en el 46° en ciencias, entre 65 países encuestados, con 441, 423 y 445 puntos respectivamente (en todas en el tercio inferior, como puede apreciarse). Como referencia, los puntajes más altos fueron 570, 613 y 580 (todos de China), y la media de los países de la OCDE, 496, 494 y 501. Es decir, estamos 129, 190 y 135 puntos por debajo el líder, y 55, 71 y 56  bajo el promedio de la OCDE. En dicho organismo, de hecho, sólo superamos a México (al país de los 43 horribles homicidios de jóvenes estudiantes; a ese México).

Respecto de los puntajes relativos de nuestros alumnos, sólo un 1,6% en matemáticas, un 0,6% en comprensión lectora y un 1,0% en ciencias tuvo puntaje destacado, en comparación con un 12,6%, 8,4% y 9,3% en promedio de la OCDE.

Según este indicador, en consecuencia, la calidad de nuestra educación, de toda nuestra educación, es definitivamente precaria en comparación con la de aquélla que se imparte no sólo en los países de la OCDE, sino también en el este asiático y en la mayoría de los países que conformaron el patio trasero de la antigua URSS.

EL ÍNDICE DUNCAN

El índice de disimilitud, o Índice Duncan, es un número entre 0 y 1 que mide el grado de segregación de una determinada variable social. Mientras más cerca de 1 se encuentre el resultado, mayor es la segregación. ¿Qué nos muestra el índice de Duncan en el ámbito educacional? Un ranking elaborado a partir de las pruebas PISA del 2009 (Segregación social por nivel socioeconómico; Emmanuel Vázquez) muestra que Chile tiene la segunda peor segregación  (0,52) educacional entre los 65 países que fueron medidos, sólo superado por Perú (0,53). Peor, imposible.

LA PRUEBA SIMCE

Cualesquiera que sean las críticas que se le efectúan al Simce, lo concreto es que es una herramienta de medición que nos permite observar los resultados por tipo de educación ―pública, privada subvencionada y privada― que obtienen nuestros alumnos de Educación Básica. Las cifras del 2013 para todos los cursos donde se efectuó y para las distintas materias consideradas muestran, en promedio, más de 50 puntos de diferencia entre el GSE alto y el bajo, y similares resultados entre la educación pública y la privada subvencionada. La condición económica de los alumnos influye dramáticamente en sus resultados escolares, independientemente del tipo de educación al que accedan.

En resumen, tenemos un sistema educacional de mala calidad (en relación con los países OCDE) y segregado en forma profunda por la condición social y económica de las familias, con resultados drásticamente diferentes según la capacidad de pago de éstas. Un sistema donde el éxito viene determinado desde la cuna. Como en tantos ámbitos de nuestra sociedad, hay también aquí un abismo, entre los que pueden pagar una educación de alta calidad y los que no están en condiciones de hacerlo.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Los anteriores son los síntomas pero, ¿cuáles son las causas de tan desastroso escenario?

Fundamentalmente tres: el deterioro sistemático de la oferta pública de educación durante los últimos 40 años, la incapacidad del sector privado para compensarlo y la desigualdad extrema que nos azota, que afecta las bases mismas sobre las que debe cimentarse un sistema educacional.

EL DETERIORO SISTEMÁTICO DE LA OFERTA PÚBLICA

Respecto de la primera, hagamos un poco de historia. Cuando la dictadura militar enfrentó el tema educacional (y también los de salud, previsión y vivienda) decidió, a sugerencia de sus asesores, privatizar el sistema (¿se recuerda del famoso “voucher” canjeable por educación que querían implementar?). Y como no podía hacerlo de una plumada, optó por efectuarlo de manera paulatina pero continua. ¿Cómo? Mediante tres medidas: la municipalización de los colegios públicos existentes hasta ese entonces, el progresivo congelamiento de la apertura de nuevos colegios fiscales y el fortalecimiento de la oferta privada de educación por medio de subvenciones.

La municipalización fue una de las principales claves. Se entregó el manejo de los colegios a entes que, en su gran mayoría, no estaban preparados para efectuarlo. No disponían ni de las capacidades técnicas ni de las administrativas necesarias. Tampoco, la mayor parte, de los recursos requeridos. En algunos casos, ni siquiera del interés ni de la disposición que se precisaban. Cada uno hizo lo que pudo… o lo que quiso. Si a lo anterior usted agrega las tomas y las movilizaciones estudiantiles, no puede llegar a otro resultado: hoy tenemos la oferta pública de educación más deteriorada y más desprestigiada de la historia.

Si usted pretendiera destruir una organización sin que ello resultara muy evidente, seguramente usaría un mecanismo parecido. La dividiría en numerosas partes, independientes una de otra, y entregaría cada una de ellas a personas con características ―capacidades, niveles educacionales, competencias, intereses, enfoques y actitudes― disímiles (y en muchos casos, muy exiguas), con presupuestos limitados, sin ningún tipo de incentivos y escasa, o nula a veces, asesoría técnica. Imagine usted un banco que decida hacer algo parecido con sus sucursales, dejándolas a cargo de agentes sin capacitación ni calificaciones, sin supervisión, sin restricciones para la contratación de personal y pagados según colocaciones sea cual fuere el riesgo asociado a éstas. Se hundiría, ¿verdad? A muy corto plazo. Entonces, piense: ¿por qué lo que no resulta en ese caso, va a resultar en el de la educación pública? Ahora bien, ¿necesito en verdad comentarle que un sistema así de aberrante no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo (la gallina de los huevos de oro… todavía me da vueltas el artículo ese)?

El congelamiento de la apertura de nuevos colegios fiscales hizo, por cierto, que la educación pública fuese perdiendo importancia relativa respecto de la privada. No podía ser de otra manera. Si usted se queda parado en una carrera, inevitablemente su contrincante le sacará ventaja, aunque se desplace caminando. Como todos los años la población crece y son necesarios nuevos colegios, si éstos son provistos por el sector privado (y ello es así porque son un buen negocio) la oferta pública relativa disminuye. Más aún si ciertos alcaldes se dedican a cerrar colegios públicos para favorecer la aparición de nueva oferta privada.

LA INCAPACIDAD DE LA OFERTA PRIVADA SUBVENCIONADA PARA COMPENSAR EL DETERIORO DE LA OFERTA PÚBLICA

El proyecto de privatizar por completo la educación no funcionó porque el sector privado, como lo comprueban los datos del Simce (la diferencia entre los puntajes promedio de los colegios públicos y de los privados subvencionados es casi inexistente y en algunos segmentos los primeros son mejores que los segundos), fue incapaz de ofrecer un servicio de mejor calidad que el público. ¿Por qué? Pues por una de las razones básicas de la economía: la carencia de incentivos.

Se lo explico: si a usted, sostenedor de un colegio, aunque lo haga pésimo en términos de calidad, igual le pagan la subvención, de seguro no estará muy preocupado con el tema, ¿verdad? Se preocupará de los costos, por cierto, ya que su colegio tiene fines de lucro, pero no andará pensando en cómo mejorar el servicio. Si nadie se lo exige, y si su competencia pública está tan deteriorada y desprestigiada que no le hace sombra, ¿qué lo motivaría a incrementar la calidad, reduciendo de paso su margen de rentabilidad (mejorar la calidad implica, casi necesariamente, aumentar los costos)? ¿Se le ocurre alguna razón (aparte, por cierto, de heroicas quijotadas)? ¿No? Pues, a los sostenedores tampoco.

De manera que la gran mayoría de los sostenedores, aplicando una impecable lógica económica, se dedicó a lo que se dedican preferentemente las empresas (esto es, las organizaciones con fines de lucro) cuando no existe el estímulo de la competencia: a maximizar sus utilidades no por la vía de mejorar su servicio, sino por la de minimizar los costos (en marketing, le llaman enfoque a la producción, y se usa cuando la demanda es mayor que la oferta).

Y así estamos.

LA DESIGUALDAD EXTREMA

Nuestro coeficiente de Gini de 0,52 y nuestra relación 10/10 de 36 (el decil más rico gana, en Chile, en promedio 36 veces más que el más pobre) afectan, no puede ser de otra manera, cada recoveco de nuestra sociedad. En una comunidad que no es tal (vea, por favor, el significado de “comunidad” en el diccionario), donde el éxito viene marcado como una impronta desde la cuna, donde más del 50% de los gerentes de las grandes empresas proviene de cinco colegios, donde existe una enorme concentración de la riqueza y del poder, el desempeño escolar no depende sólo de la calidad sistema educacional. ¿Qué aliciente tienen esos niños que contemplan día a día a sus padres enfrascados en una lucha contra la pobreza, la droga, el sobreendeudamiento, el Transantiago (una alianza entre el sector público y el privado que sólo puede ser calificada como miserable), los sueldos míseros, la delincuencia, los entornos tristes y deteriorados y, por cierto, la mala calidad de la educación, la salud, la previsión y la vivienda públicas, que tienen perdida de antemano; que no tienen ninguna posibilidad de ganar? ¿Qué incentivo tienen para mejorar su desempeño? ¿Cuál motivación? Sería de mucho interés, un dato relevante sin duda, que los “expertos educacionales” les pidieran la opinión al respecto a los profesores que atienden a estos alumnos.

De manera que para mejorar la educación en Chile, un gobierno no sólo debe actuar sobre el sistema educacional, sino sobre la sociedad toda. Es el modelo completo, el neoliberalismo infame, el que ha fallado (salvo que usted piense que un Gini de 0,52 es todo un logro).

Ésas son, amigo lector, las principales causas de este penoso escenario. Ahora, veamos las posibles soluciones.

¿QUÉ ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EXISTEN?

Dejemos momentáneamente de lado el megaproblema de la desigualdad, que requiere de megasoluciones, y centrémonos en el sistema educacional. Se trata de achicar la brecha que nos muestran las pruebas PISA y de mejorar el índice de Duncan y los rendimientos relativos de las pruebas Simce (o de aquéllas que reemplacen a esta cuestionada herramienta). Para ello, se deben atacar las causas de dicho problemón, y éstas, como ya dijimos, son fundamentalmente dos: el deterioro de la oferta pública y la incapacidad de la privada para compensar éste.

Las posibles soluciones van, entonces, por dos vías: o mejoramos la oferta pública de educación, o establecemos mecanismos e incentivos orientados a conseguir que la oferta privada eleve su nivel. Por supuesto, también está la posibilidad de implementar alguna combinación de ambas.

Antes de optar por alguna de ellas, sin embargo, es necesario tener presentes un par de consideraciones.

LA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS

Los cambios, de la magnitud que sean, generan resistencia. Aunque en los tiempos que corren el mundo se ha hecho más proclive a ellos (estamos en una época de cambios vertiginosos, qué duda cabe), vencer la inercia de los sistemas para hacerles cambiar su rumbo siempre conlleva dificultades. Es como cuando usted va al límite de la velocidad urbana y quiere doblar en una bocacalle. Necesariamente, si no quiere accidentarse o provocar un accidente a terceros, deberá disminuir de manera previa la velocidad, para luego virar. Bueno… con los cambios de sistemas ocurre lo mismo, y por dicha razón se hace recomendable interactuar con los actores involucrados, incorporarlos al proceso de cambio y actuar, en primer lugar, sobre esas variables cuya modificación provoca una oposición menor; aquéllas cuya necesaria intervención genera un mayor consenso.

LAS VARIABLES CONTROLABLES Y LAS INCONTROLABLES

Cuando usted desea implementar algún cambio debe, previamente, efectuar una pequeña clasificación. Tiene que agrupar las variables atingentes, aquéllas que deben modificarse o que son afectadas por el cambio, desde el punto de vista del grado de control que usted ejerce sobre ellas. Las variables controlables son aquéllas que usted maneja y que, en consecuencia, puede modificar de manera directa, sin (o casi sin) preguntarle a nadie. Las incontrolables, por el contrario, son las que dependen de otros intervinientes y, por ello, sólo pueden alterarse de manera indirecta.

Si usted se involucra en un proceso de cambio, la teoría, la experiencia y el sentido común recomiendan que lo haga recurriendo, en primer lugar, a las variables controlables. Por ejemplo, si usted tiene una gatita en su casa y pretende evitar que se embarace, no es recomendable que intente impedir su contacto con sus pretendientes. Casi seguro, salvo que la maneje encerrada en una habitación, fracasará en su intento. En cambio, si recurre a las variables controlables, la solución es sencilla: le basta con operarla.

Apliquemos este sencillo precepto al problema educacional. Son variables controlables para el gobierno las que tiene que ver con la oferta pública en sí: la infraestructura de los colegios públicos, la calidad de los profesores y directores, la forma de organización que deben tener los colegios públicos, los contenidos educativos y la forma de impartirlos, etc. Son variables incontrolables, en cambio, la conducta (y, por cierto, la reacción frente a los cambios propuestos) de los sostenedores de colegios privados subvencionados y la de los padres, apoderados y alumnos de dichos establecimientos, entre otras.

¿CUÁL ES LA MEJOR ALTERNATIVA?

OK, parece evidente, ¿verdad? Usted logrará mejores resultados, tendrá menor resistencia y podrá controlar de mejor manera los cambios que implemente, actuando sobre las variables controlables. Por consiguiente, mejorar la oferta pública, con todo lo que ello conlleva, es una estrategia más apropiada que actuar de manera indirecta sobre los colegios privados subvencionados para que eleven la calidad de su oferta.

Piense, amigo lector, si el gobierno se plantea como objetivo elevar el nivel de todos los establecimientos públicos del país al que actualmente detentan los liceos emblemáticos, ampliando de paso la cobertura, ¿quién se opondría? Si se consiguiera, dispondríamos de educación pública de la mejor calidad a disposición de todos los chilenos, y no deberíamos preocuparnos de la selección ni del lucro ni del copago. No tendríamos que fortificar nuestro jardín para evitar la entrada de los gatos ni estresarnos cada vez que nuestra regalona parte a hacer sus necesidades. ¿No le parece más lógico, más razonable, actuar así que como lo está haciendo hoy el gobierno? Por lo demás, no es una estrategia innovadora ni mucho menos. Es lo que han hecho TODOS los países que hoy obtienen los mejores índices educativos en las mediciones internacionales.

Lo que el gobierno debería hacer, entonces, es tomar medidas como las que figuran en todos los estudios serios del tema; medidas como las siguientes:

Desmunicipalizar, traspasando la gestión de los colegios públicos a una sola corporación especializada, manejada según los criterios más avanzados de administración de grandes organizaciones, la que debería encargarse de definir el estándar mínimo a alcanzar con todos los establecimientos fiscales, e implementar las estrategias adecuadas para ello.

Mejorar la calidad de los profesores y directores de establecimientos, elevando sustancialmente los sueldos a cambio de involucrarse en mecanismos permanentes de evaluación y capacitación.

Mejorar la infraestructura, procurando que todos los establecimientos fiscales dispongan de completas instalaciones para impartir la docencia, practicar deportes, recrearse, acceder a internet y acoger e integrar a su comunidad educativa.

Adaptar los contenidos y la forma de impartirlos al siglo XXI, reemplazando y dando de baja aquellos criterios y paradigmas que fueron creados y desarrollados para el siglo pasado.

Y otras más, por cierto. La lista potencial es bastante larga.

LA REFORMA EDUCACIONAL DE MICHELLE BACHELET

Dicho lo anterior, hablemos ahora de la reforma educacional de Michelle Bachelet, o al menos de lo que hasta el momento sabemos de ella.

EL LUCRO

Se lo planteo de la siguiente manera: si usted, persona creativa y esforzada, implementó una excelente infraestructura, contrató y capacitó a magníficos profesores, es un eximio rector e inventó un revolucionario método de enseñanza que produce resultados notables, ¿por qué alguien debería privarlo de obtener una legítima ganancia con ello? ¿Porque no corresponde obtener lucro con fondos públicos, acaso? OK, entonces apliquemos este sabio precepto al resto de los sectores (ChileCompra, salud, Transantiago, combustibles y un larguísimo etcétera) donde se usan fondos públicos para pagar bienes y servicios en cuya estructura de precio va incorporado un margen de utilidad para quienes los proveen. Ley pareja no es dura, dicen.

Amigo lector, no es el lucro el problema, sino las utilidades mal habidas, aquéllas que se obtienen con un servicio mediocre o deficitario que produce un daño irreparable a las expectativas de quienes lo reciben. Y no se soluciona prohibiendo por ley el lucro, sino que fijando un piso elevado, una oferta pública de excelente nivel, contra el cual contrastar el servicio privado. Si es mejor, si está sobre el piso, bienvenido el lucro. El empresario se lo gano en buena lid. Si es peor, los padres y apoderados se encargarán de ponerle la lápida.

Por lo demás, ¿usted cree que los funcionarios públicos realmente podrán controlar el lucro? Entre otros mecanismos para soslayarlo están los arriendos (usted ya oyó hablar de los “precios de mercado” de los arriendos de establecimientos educacionales, ¿verdad?), los honorarios, sueldos elevados y algún otro que se inventará. Hay garantías constitucionales también dando vuelta por ahí (lo cual, valga la redundancia, no es mucha garantía, pero en fin…) y está la judicialización del asunto. Es, se lo aseguro, una mala medida.

EL COPAGO

¿Qué hace el gobierno intentando meterse en el bolsillo de los padres y apoderados? ¿Desde cuándo éstos perdieron el derecho de disponer libremente del fruto de su trabajo? Insistamos: tal como con el lucro, el problema no está en el copago sino en los malos servicios asociados a éste. Es la estafa, el fraude, lo que hay que combatir, y ello se hace, al igual que en el caso anterior, generando una oferta pública de alto nivel. Si, pese a disponer de una buena alternativa, los padres igual deciden efectuar un aporte adicional, ¿por qué habría que impedirles hacerlo?

LA SELECCIÓN

Es la única medida de las que están contempladas en esta primera parte de la reforma de Michelle Bachelet, que comparto plenamente. La selección es una forma de discriminación, y las discriminaciones hay que perseguirlas con todo; nunca practicarlas y menos fomentarlas o justificarlas. ¿Que los establecimientos emblemáticos dejarán de ser “tan” emblemáticos? Bueno… tendrán que mejorar aún más su servicio para compensar las supuestas menores capacidades de los alumnos que recibirán.

A lo largo de la historia se han inventado muchas justificaciones para la discriminación. Las hubo para la esclavitud, contra las mujeres, los más pobres, los que sufrían incapacidades o aquéllos que suscribían determinados credos religiosos. Ahora es contra quienes tienen menores capacidades. Señores, no hay derecho. La selección es una herencia de la esclavitud, una práctica vil que no merece tener cabida en una sociedad civilizada.

Así es el asunto, estimado lector. Lo que conocemos de la reforma educacional de Michelle Bachelet es un mal proyecto, que no merece llegar a convertirse en ley. Esperemos, al respecto, que prime la cordura y la razón. Aunque, debo reconocer, dichas capacidades parecen no abundar entre nuestros parlamentarios, como lo prueba el mamarracho tributario que aprobaron.


En fin, la esperanza es lo último que se pierde.