viernes, 19 de diciembre de 2014

Acerca de la equidad, la libertad, el progreso y los equilibrios

Los equilibrios son importantes, qué duda cabe. Algunos son, de hecho, indispensables, como por ejemplo el que debe existir entre la vida familiar y la actividad laboral. Resulta evidente que si privilegiamos en exceso a una de ellas, necesariamente la otra se resiente.

Equilibrar tiene que ver, entonces, con asignar las dosis adecuadas a factores de alguna manera antagónicos, competitivos, cuya optimización particular requerirá, de manera obligatoria, de un desmedro de los restantes.

¿Están la equidad, la libertad y el progreso en semejante disyuntiva? Si se desea mejorar alguno de ellos, ¿inevitablemente debe hacerse a costa de los otros dos?

No. De ninguna manera.

Por el contrario, en una sociedad democrática (como pretende ser la nuestra) es indispensable perseguir la optimización de cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues, porque son complementarios, están indisolublemente ligados, ya que los tres son prerrequisitos imprescindibles para lograr el objetivo final de toda nación, cual es alcanzar el desarrollo.

Para comprobarlo, lo invito a que profundicemos los conceptos señalados.

El desarrollo

Según Kofi Annan, un país alcanza el desarrollo cuando todos sus habitantes pueden disfrutar de una vida libre y saludable en un entorno seguro.

Como usted puede apreciar, estimado lector, tan potente definición contiene los tres conceptos que nos ocupan. La libertad se menciona explícitamente (“disfrutar de una vida libre”) y para ejercerla, se requiere del progreso (¿de qué otra forma, si no, se lograría una vida libre, saludable y un entorno seguro?). La palabra “todos”, por su parte, lleva implícita la equidad. Podríamos concluir, en suma, que un país desarrollado es aquél que ha progresado, de manera equitativa, lo suficiente como para conseguir que todos sus habitantes puedan ejercer a plenitud su libertad.

La equidad

La equidad se define como la acción de entregar a cada uno lo que se merece. No más que eso, pero tampoco menos.

Nótese que ello no significa entregar a cada uno iguales compensaciones. Tal acción no sería equitativa ya que, sea por sus talentos naturales, por sus capacidades o por su esfuerzo, algunos merecen más que otros. Así, un neurólogo debe ganar más que un barrendero, un gran empresario más que un albañil, y Usain Bolt y Amira Willighagen más que la inmensa mayoría de nosotros. A eso no hay vuelta que darle. El punto es, y aquí es donde entra a tallar la equidad, cuál es la magnitud de la diferencia.

Porque, convendrá usted conmigo, no da lo mismo que el neurólogo gane 40 veces más que un barrendero o que tal diferencia sea de sólo 10 veces. ¿Qué es aquí lo equitativo?

Para enfocar el tema como corresponde es preciso, previamente, que nos refiramos a las sociedades humanas. Ocurre que éstas son interdependientes. Quienes participan de ellas no pueden conseguir sus propios objetivos sin la ayuda y el aporte de los demás. El neurólogo jamás lograría generar sus ingresos si no existiesen, por ejemplo, los barrenderos, los albañiles, los policías y los empleados públicos. Imaginemos, para comprenderlo, cómo serían nuestras vidas (y las del neurólogo y del gran empresario) en la devastadora soledad del Golfo de Penas.

Tal constatación es en extremo relevante para el tema que nos ocupa, pues nos permite concluir, primero, que debemos destinar una parte de nuestros ingresos para compensar el aporte que recibimos de la sociedad (ya que de lo contrario estaríamos siendo subsidiados por ella; ésta es una de las principales justificaciones de los impuestos); segundo, que la educación no es la panacea para combatir la inequidad (puesto que, necesariamente, siempre deberán existir barrenderos, albañiles, policías y empleados públicos); y tercero, que  no existe una fórmula mágica para determinar la estructura relativa de los ingresos de los miembros de una sociedad. Esta última es, fuera de toda duda, el fruto de un acuerdo de aquéllos. Es una decisión social.

Ahí, pues, lo tiene, el problema de la equidad en las sociedades democráticas modernas: ¿cuál debe ser su estructura relativa de ingresos? O, más sencillo, ¿cuáles deben ser su relación 10/10 y su coeficiente de Gini?

Los países desarrollados han avanzado, consciente o inconscientemente, en el tema. Allí se considera apropiado un Gini menor que 0,30 y una relación 10/10 de un dígito (esto es, menor que 10). Tales guarismos parecen razonables (algo sabrán estos señores al respecto) y se me ocurre que no pecaríamos ni siquiera venialmente si los adoptáramos. Luego, si usted compara nuestro Gini (0,508 al 2011 según el Banco Mundial) y nuestro coeficiente 10/10 (24,5 según la misma institución a igual fecha, al parecer subvaluado), dispone de una medida muy aproximada de la magnitud de la desigualdad en nuestro país: 0,21 en exceso en el primer indicador y 14,6 veces (por lo menos) en el segundo. ¿Cómo reducir esas diferencias? Es la pregunta del millón, de la que al parecer aún no conocemos la respuesta (o no la conocen nuestras sucesivas autoridades, incluyendo las actuales).

La equidad y la libertad

Pero, ¿qué relación tiene la equidad con la libertad? Muy sencillo: existe inequidad cuando determinados grupos se apropian, aprovechando el poder del que disponen, de una porción mayor que la que les corresponde de los frutos del esfuerzo colectivo. El ejemplo más extremo al respecto, es la esclavitud. En una sociedad esclavista, los amos se lo llevan todo y los esclavos, nada en absoluto, independientemente de sus talentos, de sus capacidades o del esfuerzo que desplieguen. La inequidad llevada al límite (¿cuál sería el Gini de una sociedad esclavista?; ¿y su relación 10/10?).

Toda inequidad es, en consecuencia, una forma de explotación, un abuso de posición dominante y, por consiguiente, una pérdida de libertad. Observe usted el coeficiente de Gini de una nación que no hace mucho era esclavista (Sudáfrica; 0,65 en el informe del Banco Mundial). Mientras mayor es el coeficiente de Gini, más cerca estamos de la esclavitud (¿qué podemos decir de un Gini de 0.508?). En países con coeficientes de Gini elevados, las personas de bajos ingresos no son libres.

Entonces, la equidad es lo primero. Es un prerrequisito. Para que exista verdadera libertad, antes debe existir equidad.

La equidad y el progreso

Lo usual respecto a estos dos factores, es presentarlos como parte de una disyuntiva. Si queremos progreso, debemos limitar la equidad (por ese asunto de los impuestos y el tamaño del Estado, usted sabe). Por el contrario, si queremos equidad debemos acostumbrarnos a un menor progreso; inevitablemente. Sin embargo, ello no tiene por qué ser así, y las evidencias son, justamente, los países desarrollados, donde conviven, felices de la vida, el progreso con la equidad.

Convengamos que este tipo de argumentos falaces ya se utilizaron en el pasado. Son los mismos que se vertieron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se discutía la abolición de la esclavitud. Sobrevendrá una catástrofe económica, dijeron algunos. La historia, no obstante, es conocida: no se acabó el mundo. Por el contrario, éste se convirtió en un mejor lugar para vivir (no mucho, pero en fin…).

Convengamos también que el efecto de las medidas pro equidad dependerá de cómo se utilicen los recursos captados. Si se destinan a incrementar el tamaño del Congreso (¿se acuerda? 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores, con toda la infraestructura adicional que ellos requieren y que no nos costaría ni un peso adicional, ja, ja y ja), a financiar a la parentela y a los correligionarios y, en fin, a ponerle ruedas al Estado, desde luego que el efecto será negativo. En cambio, si se utilizan en mejorar la situación de los sectores más desposeídos, el efecto final tendría que ser muy positivo. Deberíamos tener un mayor progreso (si usted, persona con bajos ingresos, percibe un aumento de ellos, ¿qué hará con el dinero extra?; ¿guardarlo bajo el colchón?). Como lo comprueban hasta la saciedad los países desarrollados, la equidad es un buen negocio. No sólo no afecta negativamente el crecimiento y el progreso, sino que lo acrecienta. Una sociedad más equitativa, progresa más y mejor que una que no lo es.


Así que, estimado lector, cuando alguien le plantee que para hablar de equidad, libertad y progreso, es necesario hacerlo también de equilibrios, ponga en duda sus palabras. No las acepte así como así, pues es muy probable que esté desinformado. O que esté vertiendo sus afirmaciones a sabiendas de que son equivocadas. Y ambas posibilidades, coincidirá usted conmigo, son igualmente graves.

El reajuste parlamentario: ¿la gota que rebalsó el vaso?

¿Cuál es la razón por la que el recién aprobado aumento de las remuneraciones del sector público generó tanta polémica?

Parece simple, ¿verdad? La gente percibe que los parlamentarios están sobrepagados y que, por ello, el reajuste no se justifica. Menos aún si el monto de éste es más del doble de un sueldo mínimo.

Pero, ¿están realmente sobrepagados? Para averiguarlo, lo invito a conocer cómo se gestó el actual valor de la dieta.

No siempre las dietas parlamentarias fueron tan jugosas. De hecho, a fines del año 2002 ascendían, incluido el 3% de reajuste del sector público que se otorgó en diciembre de dicho año, a $ 2.056.360 brutos, valor equivalente a 18,5 veces el sueldo mínimo de la época ($ 111.200).

Si se hubiesen mantenido en dicho valor, considerando los reajustes anuales otorgados a los funcionarios fiscales, a la fecha ganarían $ 3.585.615, monto que equivale a 15,9 veces el actual sueldo mínimo ($ 225.000). En tales circunstancias, el monto del reajuste (6%) ascendería a $ 215.137, cifra levemente inferior al sueldo mínimo, y la nueva dieta quedaría en $ 3.800.752.

¿Qué le parecen esos montos? Bastante más razonables, ¿verdad? Es lo que deberían ganar nuestros parlamentarios. En ningún caso más que eso.

No ocurre así, sin embargo, y la razón es conocida. El año 2002, como consecuencia de uno de los actos administrativos más vergonzosos de nuestra historia, nuestros sufridos parlamentarios tuvieron un reajuste extra. Uno más que considerable, en realidad.

Por esas fechas, se detectó que el gobierno de turno, con Ricardo Lagos a la cabeza, le había puesto ruedas al erario público. Recurriendo a toda clase de triquiñuelas, algunas de las cuales serían constitutivas de delitos (Gloria Ana Chevecich procesó a varios apóstoles de dicha administración por esa causa), se les pagaba en secreto a los altos funcionarios de gobierno suculentos sobresueldos.

Cuando se destapó la olla, no ocurrió lo esperable en cualquier país que se precie de serio. No se investigó a fondo el tema, no funcionaron las instituciones y la mayoría de los infractores no perdió sus cargos (algunos, de hecho, siguen disfrutando de reconocimiento público como si nada hubiese sucedido). Por el contrario, el Gobierno y el principal partido opositor, la UDI (los mismos del caso Penta, para que vea cuánta experiencia tienen en este tipo de asuntos) llegaron a un acuerdo y, adivine qué, no sólo le echaron tierra al asunto y sepultaron cualquier posible investigación seria; además legitimaron el despojo que se estaba produciendo, mediante el incremento legal de las remuneraciones de los altos funcionarios públicos.

No fue un reajuste menor. Sabemos que Ricardo Lagos no se anda con pequeñeces. El Presidente aumento su remuneración en un 150%, los ministros en un 140% y varios otros funcionarios en porcentajes menores (revise la ley 19.863 para conocer el detalle). ¿Hubo algún estudio serio de respaldo? ¿Algún análisis que comprobara que los funcionarios estaban, efectivamente, mal pagados? ¿Uno siquiera? ¿Se le ocurre? En Chile, tales resguardos no son necesarios. Bastó con la palabra, dicha en ese tono engolado tan característico, del entonces Presidente.

¿Y los parlamentarios, dirá usted? Ellos no figuran en la ley. ¿Cómo es que se vieron beneficiados?

Pues, de rebote, gracias a una disposición constitucional que establece que perciben una remuneración equivalente a la de los ministros de Estado. Sin tener arte ni parte, quedaron ganando la misma renta que éstos. Tuvieron un reajuste inesperado, pero no por ello mal recibido, de un 140%.

De un día para otro, entonces, pasaron de los $ 2.056.360 que ganaban, a recibir por concepto de dieta la módica suma de $ 4.935.264.

Lo irónico del asunto es que si usted revisa la prensa de la época, se percatará que el posible reajuste de los parlamentarios ya causaba polémica. De hecho, el gobierno aseguró que tomaría las medidas para evitarlo. No obstante, como usted puede comprobarlo fehacientemente, no lo hizo.

Déjeme detenerme unos instantes en la consistencia del mensaje de Ricardo Lagos: a este tipo de política, donde usted más que duplica su propia renta y la de sus cercanos, y sólo aplica un 3% de reajuste a la inmensa mayoría de las rentas públicas, el primer mandatario lo llamó “crecimiento con equidad”. Para que vea la relatividad de los conceptos.

De manera que aquí estamos, con un reajuste producto de una sinvergüenzura de marca mayor; con un incremento de remuneraciones que jamás debió haber ocurrido; que tiene un origen indigno; y que nos ha generado, desde que está vigente, un sobrepago que se empina ya por sobre los 150 millones de dólares. La dieta actual equivale a 38,2 veces el sueldo mínimo. La nueva dieta ($ 9.121.806), a 40,5 veces. ¿Cómo lo haya? La verdad es que nuestros parlamentarios no están sobrepagados; están requetesobrepagados.

Lo peor del caso, es que no existe razón alguna para que ello sea así. Ellos no lo merecen. No están a la altura. Nunca se lo han ganado. El mínimo nivel de prestigio del que disfrutan es una clara evidencia al respecto.

Así las cosas, cabe preguntarse por qué una Presidenta que se declara ferviente luchadora en pro de una mayor igualdad, no aprovechó la oportunidad para dar pasos concretos en procura de aminorar este inaceptable exceso. Oportunidades hubo. Algunos diputados ―aquéllos que tiene conciencia de lo aberrante e indefendible del asunto de marras― le pidieron de hecho al Gobierno que considerara proponer un reajuste escalonado. ¿Se le ocurre alguna razón para que Michelle Bachelet haya obviado tal sugerencia?

Pues a mí sí. Una de peso, en verdad. O, mejor dicho, de pesos. La única forma que tenía el Gobierno, con la actual normativa, de obviar el reajuste de las dietas parlamentarias, era obviando a la vez el de los ministros. No olvide que, hasta la fecha, ambas remuneraciones están atadas. Entonces, como la caridad empieza por casa, una acción en tal sentido era impensable. La Presidenta y sus ministros serán partidarios de una mayor desigualdad, pero siempre y cuando no les afecte el bolsillo propio.

Sin perjuicio de ello, el tema se tocó en la Cámara de Diputados. Existió una moción para solicitar al Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa exclusiva en estas materias, una indicación en tal sentido, la que fue apoyada por 33 parlamentarios. No obstante, 54 la rechazaron y 7 se abstuvieron, sumándose con ello a la mayoría.

Yo le pregunto, estimado lector, ¿no cree usted que ya es suficiente; que esta gente no tiene remedio; que carece de escrúpulos? ¿No le parece que ésta es la gota que rebalsó el vaso?

En algún momento tenemos que poner atajo a tanta desfachatez. Mal que mal, somos los dueños del boliche. Lo invito, pues, a iniciar una campaña para conseguir que ninguno de estos honorables, tan desprendidos de dineros ajenos, vuelva a reelegirse. Argumentos hay de sobra y tiempo también, así que lo que falta es la decisión y la persistencia. Los medios, ya aparecerán.

Le aseguro que si logramos que varios de estos espíritus pletóricos de equidad y respeto por el prójimo, no vuelvan a pisar el parlamento, nos tendrán más respeto. ¿Cómo sabe si, entonces, comienzan a preocuparse más de nuestro bienestar y menos del propio bolsillo?

Por algo se empieza, dicen. Para andar cualquier camino, hay que dar el primer paso. Comencemos, pues, cobrándoles la cuenta a estos señores: no más cargos parlamentarios para ellos. Después, seguimos con el resto.

¿Por qué le va mal al Gobierno en las encuestas?

Es la pregunta de moda, la que todos tratan de responder por estos días: ¿cuál es la causa de que en tan sólo ocho meses la Presidenta haya perdido parte importante de su apoyo inicial y se encuentre, como dicen algunos con evidente complacencia, en caída libre?

Los analistas no se han puesto de acuerdo al respecto. Hay como una bruma que impide ver el escenario con la claridad que se requiere para efectuar un diagnóstico certero. Mientras unos hablan de malas ideas o cuestionan los proyectos derivados de éstas, otros apuntan directamente a los ejecutantes. Problemas de relato, poderes fácticos y campañas del terror también han saltado a la palestra como posibles culpables. Todos los opinantes, sin embargo, coinciden en que hay una caída. Pero, ¿es tan así?

Si usted hace sólo un poco de memoria, menos de un año hacia atrás, recordará las cifras del último censo político que se efectuó en nuestra larga y angosta faja (una elección presidencial es, en la práctica, un censo).  Según ellas, sólo un 25,6% de la población electoral apoyó a Michelle Bachelet y un 15,6%, a su contrincante (y actual crítica acérrima), Evelyn Matthei. El resto, ¡un 58%!, tomó palco, pasó (como en su minuto lo hizo la Presidenta) o, simplemente, no estaba ni ahí con lo que se estaba dirimiendo (acogiéndose a esa antigua máxima que dice: “sea cual sea el resultado, yo pierdo igual”).

De manera que Michelle Bachelet inició su mandato con ese precario apoyo (los “votos duros”, le llaman). Un 25,6% y nada más.

Las encuestas, sin embargo, mostraban porcentajes muy superiores hace algunos meses. ¿Por qué? Pueden existir variadas razones para explicarlo, desde problemas metodológicos, pasando por esa tendencia que tenemos de intentar confundirnos con los ganadores, hasta el apoyo poco comprometido, el “ojalá que le vaya bien”, que muchos manifiestan en los inicios de un mandato, en especial si el mandatario (o mandataria) tiene una personalidad y un discurso atractivos. Lo más seguro es que la diferencia observada se deba a una combinación de esos tres factores, y de algún otro no mencionado. Mi personal impresión, no obstante, es que se debe principalmente al tercero.

Por cierto, ese apoyo tibio, de la boca hacia afuera, tiende a desaparecer apenas el ambiente se caldea un poco. Es tan endeble como un castillo de arena. Y ocurre, como usted se habrá dado cuenta, que la marea está subiendo, y amenaza con mojarnos a todos.

Michelle Bachelet no ha perdido el apoyo de quienes la llevaron al sitial que ahora ocupa. Ése lo mantendrá hasta el final, incluso hasta que ya sea demasiado tarde. Lo que está perdiendo es ese espacio de tolerancia, esa observación paciente a la que sometemos a quienes deben realizar una actividad destinada a complacernos en los inicios de ésta. Tal como el cómico que sale al escenario y dispone de algunos minutos antes de que comiencen las primeras pifias. Todos queremos que triunfe, que nos haga reír a todos, pero si no lo logra, pobre de él. No dudamos en apabullarlo.

Es lo que está ocurriendo: Michelle Bachelet no ha estado a la altura, y ya comenzaron las primeras pifias. ¿Será capaz de revertirlas? Está por verse.

De todas formas, esto era algo previsible. De hecho, yo mismo lo anticipé en una columna publicada el 19 de diciembre del año pasado (le dejo el link para que lo compruebe:  http://goo.gl/y8AmJf). Es el sistema político completo el que está perdiendo ascendiente y legitimidad ante los ciudadanos, en un proceso que se inició allá por el 2011 y que está lejos de terminar. La ciudadanía se ha vuelto más exigente, y eso no terminan de comprenderlo los políticos, que aún actúan como en los tiempos de la impunidad total. Michelle Bachelet era uno de los últimos diques de contención que impedían el desbande del apoyo al sistema partidario. Si ella fracasa, ¿qué quedará? Le encargo lo que viene.

¿Tiene remedio la actual situación? ¿Es reversible el proceso que está viviendo la mandataria?

Desde luego, pero ello requiere de que comience a hacer las cosas bien. No como hasta ahora, donde cada proyecto que presenta parece haber sido confeccionado por su peor enemigo.

¿Dónde debe mejorar? ¿Son las ideas las que están fallando?

Por cierto que no. En términos generales, son las adecuadas. Salvo que usted pertenezca a la UDI (partido conformado por seres que habitan en una dimensión paralela, donde un Gini de 0,521 es un gran logro), convendrá en que nuestros sistemas tributario, educacional, de salud, previsional, laboral, de vivienda, judicial y financiero (sí… no se salva ninguno) deben modificarse. Incluso me atrevería a decir que deben cambiarse. También, desde luego, nuestro modelo de desarrollo y, por cierto, la Constitución, no sólo por su origen, sino porque no protege numerosos derechos civiles, porque limita al extremo la participación y la capacidad de control del ciudadano común, porque permite que existan leyes abiertamente inconstitucionales en nuestro ordenamiento (puedo mencionarle al menos dos), y porque da vida a un Tribunal Constitucional débil, carente de atribuciones y temeroso (entre varios otros puntos).

Entonces, ¿son los proyectos los malos?

Pero, ¿le cabe alguna duda? Ahí está el queso, como dicen en el campo. En la redacción de los proyectos. Allí hay un problema serio, un divorcio brutal entre la idea original y su formulación legal. Si Michelle Bachelet quiere revertir su baja en las encuestas, éste es uno de los ámbitos donde tiene que hincar el diente. En forma urgente.  Partiendo por las iniciativas que están en trámite.

¿Y qué ocurre con los ejecutantes?

Ahí no me pronuncio. Tengo, desde luego, mis dudas con Arenas y Jorrat (¿cómo es posible que hayan impulsado un proyecto de reforma tributaria tan malo, hasta con errores conceptuales?), pero en general no creo que sean el principal problema. Si se pretende aserrar una tabla con un cuchillo de mesa, el operario que se elija fracasará rotundamente.

¿Y el Gobierno en general?

Pues es el otro ámbito donde hay que centrarse. ¿No le parece a usted que, a la fecha, más de la mitad del equipo gubernamental parece estar de vacaciones? Aparte del de Educación, del de Hacienda y de la titular del Trabajo, que están permanentemente en el centro de la noticia, ¿qué ocurre con los restantes ministros? ¿Lo sabe usted? Somos un país con enormes carencias. Si ellos se aplicaran, podríamos tener noticias positivas todos los días. Hay tanto por hacer, en especial si se pretende reducir el flagelo de la desigualdad.

De manera que así están las cosas. Michelle Bachelet puede, sin renunciar a su idea matriz, a su concepto de sociedad, retornar a la senda de la aprobación ciudadana, siempre y cuando mejore sus proyectos y consiga que sus demás ministros, los que no están involucrados con éstos, avancen en mejorar el desempeño de los servicios que están a su cargo. Así, desempeñará su cargo hasta con gloria.

De lo contrario, si no introduce los cambios requeridos, la cosa se tornará muy negra, y a corto plazo. Para regocijo de unos pocos y pesar de muchos.


¿Quiere eso doña Michelle? Quedamos atentos a la respuesta.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Asesoría urgente se requiere. Tratar en La Moneda

Para contradecir a Evelyn Matthei, que arremetió el fin de semana corvo en ristre tocando a degüello, no le basta al Gobierno con hablar de amargura, rabia y rencor. Es muy posible que esos sentimientos tan negativos estén anclados en el corazón de la ex senadora como consecuencia de su fallida aventura presidencial, pero sus destinatarios principales no deberían ser los actuales ocupantes de La Moneda, sino más bien algunos de sus propios compañeros de coalición (como sabemos, recibió “fuego amigo” nutrido y a mansalva durante toda la campaña).

Tampoco le es suficiente con referirse al gigantesco tejado de vidrio de la opinante. Es cierto que ella representó a los sectores que implantaron el modelo económico causante de la bárbara desigualdad que nos aqueja. No lo es menos, que entre sus partidarios figuran quienes plantean que ésta última no es un problema y que nuestro actual sistema educacional es “la gallina de los huevos de oro”. Y es efectivo también que algunos de sus compañeros de coalición tuvieron una intensa participación en el reality “Cocinando con Zaldívar”, que se trasmitió por todos los canales no hace mucho. Sin embargo, traer a colación tales verdades no permite desvirtuar en su totalidad sus fuertes declaraciones.

Porque, reconozcámoslo, aunque no usó ni el tono ni en los énfasis adecuados y deslizó por ahí algunos más que cuestionables juicios de valor, algo de razón tiene doña Evelyn.

Veamos por qué.

Michelle Bachelet estuvo (y aún está) en lo correcto cuando planteó el qué. Nuestro sistema tributario era una vergüenza (durante los últimos 8 años, los empresarios no pagaron ni un peso de global complementario; muy por el contrario, recibieron jugosas devoluciones y efectuaron cuantiosos retiros no gravados); el educacional es uno de los peores del mundo en materia de segregación y resultados; nuestro sistema público está estructurado para que los políticos y sus cercanos hagan su agosto con él; el de salud es, simplemente, impresentable, al igual que el de vivienda, el laboral, el previsional y el de transporte; la justicia es pagada y, en consecuencia, funciona como un bien de consumo y no como derecho ciudadano. Y así sucesivamente.

No obstante, nuestra Presidenta se equivocó medio a medio cuando propuso el cómo. El proyecto de reforma tributaria, aderezado con las recetas de Zaldívar, no solucionó el principal defecto de su antecesor: el “sistema integrado de impuesto a la renta” (si usted escucha a algún experto tributario hablar de las bondades de dicho sistema, tenga por seguro que NO es un experto), aparte de mantener impresentables inequidades (la renta presunta, por ejemplo), eternizar el registro FUT (a pesar de que se proclamó a los cuatro vientos que se iba a eliminar) e incorporar inaceptables complejidades (cuatro sistemas de primera categoría paralelos y una maraña legislativa que se la encargo). El de reforma educacional revela, junto con un erróneo diagnóstico, un profundo desconocimiento acerca de la forma de enfrentar los procesos de cambio. El de reforma al binominal no tiene utilidad alguna para el país (de hecho, sólo favorece a los políticos). Como puede usted apreciar, el gobierno ha sido hasta la fecha 100% efectivo: todos los proyectos que ha presentado han recibido un cuestionamiento generalizado.

Hay margen de sobra, entonces, para la crítica. Tal vez no para la despiadada que efectúa Evelyn Matthei, pero sí para aquélla que pretende mejorar las actuales estructuras en procura de un Chile más equitativo. Convengamos en que, desde esa perspectiva, el desempeño del Gobierno hasta la fecha deja mucho que desear.

Lo lamentable es que hay demasiado por hacer. Son tantos los ámbitos en donde, si realmente se quisiera (y si realmente se supiera), se podrían obtener mejorías gigantescas con muy pocos recursos (seguridad, salud, vivienda, financiamiento y trabajo, entre otros), que resulta inentendible que no se actúe en tal sentido.

De manera que, con el debido respeto, uno tiene el legítimo derecho de cuestionar el desempeño del Gobierno. Algo no está funcionando como debiera en el Palacio de la Moneda. La actual administración no está haciendo bien su tarea. ¿Por qué? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por mala elección de prioridades? ¿Por mala selección de ejecutantes? Es imprescindible saberlo, para poder efectuar las correcciones pertinentes antes de que sea demasiado tarde.

Mientras tanto, parece que lo apropiado es poner un aviso en algún medio de comunicación  masivo solicitando asesores. Cuando llega a suplir alguna falencia, una buena asesoría es bienvenida. En las condiciones actuales, sin embargo, resulta urgente e imprescindible.

Salvo que se pretenda darle la razón a doña Evelyn, por cierto.

martes, 18 de noviembre de 2014

La roja de todos y la inequidad

Si omitimos la forma en que se resolvió, el conflicto provocado por la repartición de los premios obtenidos por nuestra selección en la recientes clasificatorias al mundial de Brasil, es un inmejorable ejemplo acerca de cómo se funciona este feo asunto de la inequidad.

Se lo explico.

Partamos reconociendo que la clasificación fue consecuencia de un esfuerzo colectivo. Cada uno de los convocados, cual más cual menos, efectuó su aporte. Lo justo, entonces, era que todos participaran de los beneficios que ella generó.

No fue así en principio, sin embargo. En la repartición preliminar, vigente hasta ayer, muchos (un 67% dicen por ahí) fueron excluidos. ¿Por qué?

No existe una razón valedera. No había un mecanismo formal de distribución establecido de antemano, como parece razonable, de manera que ello quedó a criterio de quienes se vieron beneficiados por la medida. Y ellos aprovecharon esta circunstancia y decidieron. En palabras simples, tenían el poder en sus manos y lo usaron en beneficio propio.

Ellos, qué duda cabe, cometieron un abuso.

Pues déjeme decirle, estimado lector, que así es, exactamente, como se produce la inequidad. Cuando se reparten los beneficios de las acciones colectivas ―los generados por una sociedad democrática, por ejemplo―, quienes detentan el poder sacan partido de ello para quedarse con tajadas más grandes que las que les corresponden. Aprovechan la inexistencia de mecanismos formales, o la debilidad de los existentes, para perjudicar a los más débiles; para, al igual que nuestros seleccionados, cometer abusos.

Tres son los elementos que están siempre presentes en este tipo de situaciones: una normativa inexistente o débil, que permite la total impunidad, una posición de poder irrestricto, donde no hay limitación alguna al actuar de quien la detenta, y alguien dispuesto a aprovecharla.

Observe usted lo que ocurre, por ejemplo, con la “repartija” de cargos públicos que las coaliciones políticas efectúan cuando llegan al poder tras ganar las elecciones. La normativa es precaria y permite el abuso a destajo (y por eso nuestros políticos, de todos los bandos, se encargan de no modificarla); la coalición que asume dispone del poder necesario (puede llenar los cargos a su antojo); y está dispuesta a usarlo en su propio beneficio.

Por esa razón se dan casos como el de Osvaldo Andrade y su cónyuge, Myriam Olate; como el de Camila Vallejos y su pareja, Julio Sarmiento; o como el de los 55 familiares de autoridades situados en muy bien remunerados cargos públicos, detectados por parlamentarios opositores (quienes, desde luego, jamás emprendieron una investigación similar durante el gobierno de Piñera). Por lo mismo, donde deberían haber funcionarios de carrera (Direcciones de Servicios y Divisiones, gerencias de empresas públicas, embajadas, Seremis, etc.), hay “apitutados” procedentes de los partidos, muchas veces sin siquiera reunir las competencias requeridas por los cargos. El festín de los triunfadores.

El mismo origen tienen las desproporcionadas e impresentables rentas de nuestros parlamentarios. En los tiempos en que la administración de Ricardo Lagos, con la complicidad de la UDI, le puso ruedas al erario público (¿se acuerda del escándalo de los sobresueldos?), no había una normativa que les impidiese aprovecharse (todavía no la hay, pero en fin…). En tal escenario, y como consecuencia, de las compensaciones que debió entregar el Presidente para que todos hiciesen la vista gorda, dispusieron del poder necesario y, no faltaba más, lo usaron en su beneficio. Se reajustaron, en uno de los hechos más vergonzosos del la historia nacional, las rentas en un 158% en el mismo período en el que confinaron el incremento del sueldo mínimo a un miserable 2,5%. A esos extremos se puede llegar.

Qué hablar de las privatizaciones efectuadas durante la dictadura, donde un grupo de regalones de Pinochet, prácticamente sin poner un peso, se hizo de la propiedad y el control de las mayores empresas públicas de ese entonces.

O del sistema tributario vigente hasta el año pasado, que permitía a los empresarios pagar, en conjunto con sus empresas, tributos equivalentes a menos del 4% de la recaudación total por concepto de impuesto a la renta. Todavía hoy, reforma tributaria de por medio, las empresas en Chile no pagan los servicios públicos que consumen, por lo que éstos les son subsidiados por todos los chilenos (ojo: la Presidenta considera que ese sistema es equitativo; para que vea usted lo relativos que pueden llegar a ser los conceptos).

No olvidemos, por cierto, el obsequio que hemos estado haciendo de nuestros recursos naturales (los mineros, a las transnacionales y a algunos grupos económicos nacionales; los pesqueros, a las siete familias aquellas). Tampoco, la serie de escándalos empresariales que se ha venido destapando.

En todos esos casos (y en muchos, pero muchos, más), se han dado las tres circunstancias mencionadas a propósito de nuestros seleccionados: legislación permisiva o, lisa y llanamente, inexistente, posiciones dotadas del suficiente poder, y personas inescrupulosas dispuestas a hacer uso de ellas en su propio beneficio.

Los finales son, eso sí, muy distintos. Mientras nuestros seleccionados, en una actitud que los enaltece, fueron capaces de reconocer su error, recapacitar y echar pie atrás, nuestros políticos y grandes empresarios no lo han hecho y, lo peor del caso, no están dispuestos a hacerlo. Las privatizaciones de la dictadura seguirán sin investigarse; los parlamentarios, con sus vergonzosas dietas (le recuerdo que, además, Michelle Bachelet pretende premiar, sin motivo alguno, a 47 nuevos apitutados); las siete familias, con los recursos pesqueros gratuitos por 20 años; los grupos económicos, disfrutando de la renta presunta y de otras debilidades de la nueva legislación tributaria. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. En una de ésas, ad infinitum.

Hay un factor, eso sí, que es importante mencionar. Pareciera ser que la presión ejercida por la opinión pública tuvo algo que ver con el cambio de decisión de nuestros seleccionados. Tal como, por lo demás, ha ocurrido en otros casos (marchas estudiantiles, Freirina, Hidroaysén, etc.). Cabe preguntarse entonces, ¿tendrá que ser ése el camino? ¿La única vía posible? ¿La presión ciudadana? Como para pensarlo, ¿verdad?

Mientras tanto, celebremos el cambio de actitud de nuestros seleccionados, y comparémoslo con la impresionante desvergüenza que muestran nuestros políticos y algunos grandes empresarios. ¿Será que hay más decencia en el deporte? ¿O que no hay ninguna en la política? Antes de contestar medite bien, por favor, su respuesta.

domingo, 9 de noviembre de 2014

La reforma educacional de Michelle Bachelet

Para nuestra desgracia, algo funciona mal en la sede de gobierno. La Nueva Mayoría no está haciendo bien sus tareas y, por ende, está comenzando a defraudar las expectativas que un porcentaje muy alto de la ciudadanía depositó en ella (en realidad las depositó sobre los hombros de Michelle Bachelet, pero ella no puede satisfacerlas sin el apoyo de su coalición).

UN MAL COMIENZO

El primer baldazo de agua gélida llegó con la reforma tributaria: un pésimo proyecto, inequitativo, engorroso, complejo, conceptualmente equivocado, que no corrige los graves defectos del sistema que lo precedió y que, además, sufrió vergonzosos ajustes (en la forma de inaceptables privilegios que favorecen principalmente a los sectores más acomodados) en la cocina de Zaldívar. Había que reformar el infame sistema instaurado allá por los 80, es cierto, pero no de esa indecorosa manera. ¡Qué gran oportunidad perdida! ¡Qué tremenda farra! Todavía tengo la duda de si Michelle Bachelet realmente cree (creencia inexcusable en el caso de una primera mandataria) que un “sistema integrado” de impuesto a la renta como el chileno, puede llegar a ser equitativo.

El segundo, nos lo propinó la Presidenta con su proyecto de reforma al sistema binominal, que propone aumentar sin necesidad alguna (sólo para acomodar aún más a los miembros de la clase política de ambos bandos) el número de parlamentarios (con sus dietas y asignaciones correspondientes, no faltaba más) y, de paso, hacernos creer que su implementación no requerirá financiamiento adicional al contemplado en el presupuesto vigente (¿qué pensará ella de nosotros?; ¿que no sabemos sumar ni multiplicar?; ¿o que adolecemos de algún tipo de dislexia numérica?).

Y el tercero, con una reforma educacional que parece haber sido elaborada por algún enemigo personal de la Mandataria, por un agente infiltrado secretamente por quienes le desean con fervor el mayor de los fracasos (¿habrán tenido algo que ver la UDI, Piñera, los gremios empresariales o Gutemberg Martínez en esto?).

Algo, definitivamente, no funciona bien en la sede de gobierno, porque nadie está libre de enviar un mal proyecto (ha ocurrido ya tantas veces…), pero dos al hilo es un exceso y tres sucesivos, algo impresentable. ¿No sería hora, Presidenta, de ponerse las pilas?

Lo invito, amigo lector, en un momento en el que el proyecto de reforma educacional está comenzando a generar algo pocas veces visto en un proceso legislativo: una reprobación generalizada, a efectuar un análisis del tema; y le propongo que lo hagamos de la manera correcta: con un diagnóstico del problema que incluya la determinación de sus causas (le recuerdo que la única forma razonable de solucionar un problema, es atacando las causas que lo generan), y la selección, dentro de las alternativas existentes, de la estrategia más adecuada para enfrentarlas.

¿Le parece? Entonces, partamos.

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCACIONAL CHILENA?

Como usted sabe, un diagnóstico es el resultado de una comparación. Confrontamos el sujeto a diagnosticar (sea éste un enfermo, una prueba o un sistema) contra un objetivo, estándar o pauta y establecemos (con medición incluida, en lo posible) la brecha que existe entre ambos. Ergo, para diagnosticar usted necesita disponer del patrón de comparación adecuado y contar con una completa y detallada especificación del estado actual del sujeto.

El patrón de comparación es clave. Un sistema, cualquier sistema, puede ser bueno, regular o malo dependiendo de con qué se lo compare. A manera de ejemplo, algunos seudoespecialistas criollos parangonan nuestro sistema educacional con los de otros países latinoamericanos, y concluyen que nos estamos quejando de llenos. De hecho, no hace mucho leí por ahí una columna (que no supe en primera instancia si tomar en serio o no, ya que tenía pinta de ser una expresión de la ironía llevada a su límite más extremo), donde se calificaba a nuestro sistema educacional como “la gallina de los huevos de oro”. ¿No la leyó? ¡¡La gallina de los huevos de oro!! A la luz de las tercas cifras conocidas, no cabe sino concluir que el oro al que se refería el articulista en cuestión debe ser una mala imitación de plástico de origen chino, o tener a lo sumo unos 3 o 4 kilates.

¿Cuáles son las variables a considerar en la comparación? Son conocidas. Destacan, de hecho, en todos los estudios serios que se han desarrollado acerca del tema (a propósito, ¿se ha fijado que éstos provienen, sin excepción, del mundo de las ONG y no del sector público?): son la calidad y la equidad.

En palabras sencillas, no sólo debe medirse el grado de excelencia de la educación que entrega nuestro sistema, sino también si ésta llega en similares condiciones a todos los educandos.

¿Cómo medimos dichas variables? Pues, a falta de otras mejores (toda obra humana es perfectible, ya lo sabemos), con las herramientas que están disponibles. Por ejemplo, con las pruebas PISA para la calidad, y con el índice de disimilitud (índice Duncan) y las pruebas SIMCE para la equidad.

LA PRUEBA PISA

La prueba PISA es una evaluación de estudiantes de 15 años efectuada trianualmente por la OCDE. La última se llevó a cabo el 2012 (fuente: OCDE)  y situó a Chile en el lugar 47° en comprensión lectora, en el 51° en matemáticas y en el 46° en ciencias, entre 65 países encuestados, con 441, 423 y 445 puntos respectivamente (en todas en el tercio inferior, como puede apreciarse). Como referencia, los puntajes más altos fueron 570, 613 y 580 (todos de China), y la media de los países de la OCDE, 496, 494 y 501. Es decir, estamos 129, 190 y 135 puntos por debajo el líder, y 55, 71 y 56  bajo el promedio de la OCDE. En dicho organismo, de hecho, sólo superamos a México (al país de los 43 horribles homicidios de jóvenes estudiantes; a ese México).

Respecto de los puntajes relativos de nuestros alumnos, sólo un 1,6% en matemáticas, un 0,6% en comprensión lectora y un 1,0% en ciencias tuvo puntaje destacado, en comparación con un 12,6%, 8,4% y 9,3% en promedio de la OCDE.

Según este indicador, en consecuencia, la calidad de nuestra educación, de toda nuestra educación, es definitivamente precaria en comparación con la de aquélla que se imparte no sólo en los países de la OCDE, sino también en el este asiático y en la mayoría de los países que conformaron el patio trasero de la antigua URSS.

EL ÍNDICE DUNCAN

El índice de disimilitud, o Índice Duncan, es un número entre 0 y 1 que mide el grado de segregación de una determinada variable social. Mientras más cerca de 1 se encuentre el resultado, mayor es la segregación. ¿Qué nos muestra el índice de Duncan en el ámbito educacional? Un ranking elaborado a partir de las pruebas PISA del 2009 (Segregación social por nivel socioeconómico; Emmanuel Vázquez) muestra que Chile tiene la segunda peor segregación  (0,52) educacional entre los 65 países que fueron medidos, sólo superado por Perú (0,53). Peor, imposible.

LA PRUEBA SIMCE

Cualesquiera que sean las críticas que se le efectúan al Simce, lo concreto es que es una herramienta de medición que nos permite observar los resultados por tipo de educación ―pública, privada subvencionada y privada― que obtienen nuestros alumnos de Educación Básica. Las cifras del 2013 para todos los cursos donde se efectuó y para las distintas materias consideradas muestran, en promedio, más de 50 puntos de diferencia entre el GSE alto y el bajo, y similares resultados entre la educación pública y la privada subvencionada. La condición económica de los alumnos influye dramáticamente en sus resultados escolares, independientemente del tipo de educación al que accedan.

En resumen, tenemos un sistema educacional de mala calidad (en relación con los países OCDE) y segregado en forma profunda por la condición social y económica de las familias, con resultados drásticamente diferentes según la capacidad de pago de éstas. Un sistema donde el éxito viene determinado desde la cuna. Como en tantos ámbitos de nuestra sociedad, hay también aquí un abismo, entre los que pueden pagar una educación de alta calidad y los que no están en condiciones de hacerlo.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Los anteriores son los síntomas pero, ¿cuáles son las causas de tan desastroso escenario?

Fundamentalmente tres: el deterioro sistemático de la oferta pública de educación durante los últimos 40 años, la incapacidad del sector privado para compensarlo y la desigualdad extrema que nos azota, que afecta las bases mismas sobre las que debe cimentarse un sistema educacional.

EL DETERIORO SISTEMÁTICO DE LA OFERTA PÚBLICA

Respecto de la primera, hagamos un poco de historia. Cuando la dictadura militar enfrentó el tema educacional (y también los de salud, previsión y vivienda) decidió, a sugerencia de sus asesores, privatizar el sistema (¿se recuerda del famoso “voucher” canjeable por educación que querían implementar?). Y como no podía hacerlo de una plumada, optó por efectuarlo de manera paulatina pero continua. ¿Cómo? Mediante tres medidas: la municipalización de los colegios públicos existentes hasta ese entonces, el progresivo congelamiento de la apertura de nuevos colegios fiscales y el fortalecimiento de la oferta privada de educación por medio de subvenciones.

La municipalización fue una de las principales claves. Se entregó el manejo de los colegios a entes que, en su gran mayoría, no estaban preparados para efectuarlo. No disponían ni de las capacidades técnicas ni de las administrativas necesarias. Tampoco, la mayor parte, de los recursos requeridos. En algunos casos, ni siquiera del interés ni de la disposición que se precisaban. Cada uno hizo lo que pudo… o lo que quiso. Si a lo anterior usted agrega las tomas y las movilizaciones estudiantiles, no puede llegar a otro resultado: hoy tenemos la oferta pública de educación más deteriorada y más desprestigiada de la historia.

Si usted pretendiera destruir una organización sin que ello resultara muy evidente, seguramente usaría un mecanismo parecido. La dividiría en numerosas partes, independientes una de otra, y entregaría cada una de ellas a personas con características ―capacidades, niveles educacionales, competencias, intereses, enfoques y actitudes― disímiles (y en muchos casos, muy exiguas), con presupuestos limitados, sin ningún tipo de incentivos y escasa, o nula a veces, asesoría técnica. Imagine usted un banco que decida hacer algo parecido con sus sucursales, dejándolas a cargo de agentes sin capacitación ni calificaciones, sin supervisión, sin restricciones para la contratación de personal y pagados según colocaciones sea cual fuere el riesgo asociado a éstas. Se hundiría, ¿verdad? A muy corto plazo. Entonces, piense: ¿por qué lo que no resulta en ese caso, va a resultar en el de la educación pública? Ahora bien, ¿necesito en verdad comentarle que un sistema así de aberrante no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo (la gallina de los huevos de oro… todavía me da vueltas el artículo ese)?

El congelamiento de la apertura de nuevos colegios fiscales hizo, por cierto, que la educación pública fuese perdiendo importancia relativa respecto de la privada. No podía ser de otra manera. Si usted se queda parado en una carrera, inevitablemente su contrincante le sacará ventaja, aunque se desplace caminando. Como todos los años la población crece y son necesarios nuevos colegios, si éstos son provistos por el sector privado (y ello es así porque son un buen negocio) la oferta pública relativa disminuye. Más aún si ciertos alcaldes se dedican a cerrar colegios públicos para favorecer la aparición de nueva oferta privada.

LA INCAPACIDAD DE LA OFERTA PRIVADA SUBVENCIONADA PARA COMPENSAR EL DETERIORO DE LA OFERTA PÚBLICA

El proyecto de privatizar por completo la educación no funcionó porque el sector privado, como lo comprueban los datos del Simce (la diferencia entre los puntajes promedio de los colegios públicos y de los privados subvencionados es casi inexistente y en algunos segmentos los primeros son mejores que los segundos), fue incapaz de ofrecer un servicio de mejor calidad que el público. ¿Por qué? Pues por una de las razones básicas de la economía: la carencia de incentivos.

Se lo explico: si a usted, sostenedor de un colegio, aunque lo haga pésimo en términos de calidad, igual le pagan la subvención, de seguro no estará muy preocupado con el tema, ¿verdad? Se preocupará de los costos, por cierto, ya que su colegio tiene fines de lucro, pero no andará pensando en cómo mejorar el servicio. Si nadie se lo exige, y si su competencia pública está tan deteriorada y desprestigiada que no le hace sombra, ¿qué lo motivaría a incrementar la calidad, reduciendo de paso su margen de rentabilidad (mejorar la calidad implica, casi necesariamente, aumentar los costos)? ¿Se le ocurre alguna razón (aparte, por cierto, de heroicas quijotadas)? ¿No? Pues, a los sostenedores tampoco.

De manera que la gran mayoría de los sostenedores, aplicando una impecable lógica económica, se dedicó a lo que se dedican preferentemente las empresas (esto es, las organizaciones con fines de lucro) cuando no existe el estímulo de la competencia: a maximizar sus utilidades no por la vía de mejorar su servicio, sino por la de minimizar los costos (en marketing, le llaman enfoque a la producción, y se usa cuando la demanda es mayor que la oferta).

Y así estamos.

LA DESIGUALDAD EXTREMA

Nuestro coeficiente de Gini de 0,52 y nuestra relación 10/10 de 36 (el decil más rico gana, en Chile, en promedio 36 veces más que el más pobre) afectan, no puede ser de otra manera, cada recoveco de nuestra sociedad. En una comunidad que no es tal (vea, por favor, el significado de “comunidad” en el diccionario), donde el éxito viene marcado como una impronta desde la cuna, donde más del 50% de los gerentes de las grandes empresas proviene de cinco colegios, donde existe una enorme concentración de la riqueza y del poder, el desempeño escolar no depende sólo de la calidad sistema educacional. ¿Qué aliciente tienen esos niños que contemplan día a día a sus padres enfrascados en una lucha contra la pobreza, la droga, el sobreendeudamiento, el Transantiago (una alianza entre el sector público y el privado que sólo puede ser calificada como miserable), los sueldos míseros, la delincuencia, los entornos tristes y deteriorados y, por cierto, la mala calidad de la educación, la salud, la previsión y la vivienda públicas, que tienen perdida de antemano; que no tienen ninguna posibilidad de ganar? ¿Qué incentivo tienen para mejorar su desempeño? ¿Cuál motivación? Sería de mucho interés, un dato relevante sin duda, que los “expertos educacionales” les pidieran la opinión al respecto a los profesores que atienden a estos alumnos.

De manera que para mejorar la educación en Chile, un gobierno no sólo debe actuar sobre el sistema educacional, sino sobre la sociedad toda. Es el modelo completo, el neoliberalismo infame, el que ha fallado (salvo que usted piense que un Gini de 0,52 es todo un logro).

Ésas son, amigo lector, las principales causas de este penoso escenario. Ahora, veamos las posibles soluciones.

¿QUÉ ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EXISTEN?

Dejemos momentáneamente de lado el megaproblema de la desigualdad, que requiere de megasoluciones, y centrémonos en el sistema educacional. Se trata de achicar la brecha que nos muestran las pruebas PISA y de mejorar el índice de Duncan y los rendimientos relativos de las pruebas Simce (o de aquéllas que reemplacen a esta cuestionada herramienta). Para ello, se deben atacar las causas de dicho problemón, y éstas, como ya dijimos, son fundamentalmente dos: el deterioro de la oferta pública y la incapacidad de la privada para compensar éste.

Las posibles soluciones van, entonces, por dos vías: o mejoramos la oferta pública de educación, o establecemos mecanismos e incentivos orientados a conseguir que la oferta privada eleve su nivel. Por supuesto, también está la posibilidad de implementar alguna combinación de ambas.

Antes de optar por alguna de ellas, sin embargo, es necesario tener presentes un par de consideraciones.

LA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS

Los cambios, de la magnitud que sean, generan resistencia. Aunque en los tiempos que corren el mundo se ha hecho más proclive a ellos (estamos en una época de cambios vertiginosos, qué duda cabe), vencer la inercia de los sistemas para hacerles cambiar su rumbo siempre conlleva dificultades. Es como cuando usted va al límite de la velocidad urbana y quiere doblar en una bocacalle. Necesariamente, si no quiere accidentarse o provocar un accidente a terceros, deberá disminuir de manera previa la velocidad, para luego virar. Bueno… con los cambios de sistemas ocurre lo mismo, y por dicha razón se hace recomendable interactuar con los actores involucrados, incorporarlos al proceso de cambio y actuar, en primer lugar, sobre esas variables cuya modificación provoca una oposición menor; aquéllas cuya necesaria intervención genera un mayor consenso.

LAS VARIABLES CONTROLABLES Y LAS INCONTROLABLES

Cuando usted desea implementar algún cambio debe, previamente, efectuar una pequeña clasificación. Tiene que agrupar las variables atingentes, aquéllas que deben modificarse o que son afectadas por el cambio, desde el punto de vista del grado de control que usted ejerce sobre ellas. Las variables controlables son aquéllas que usted maneja y que, en consecuencia, puede modificar de manera directa, sin (o casi sin) preguntarle a nadie. Las incontrolables, por el contrario, son las que dependen de otros intervinientes y, por ello, sólo pueden alterarse de manera indirecta.

Si usted se involucra en un proceso de cambio, la teoría, la experiencia y el sentido común recomiendan que lo haga recurriendo, en primer lugar, a las variables controlables. Por ejemplo, si usted tiene una gatita en su casa y pretende evitar que se embarace, no es recomendable que intente impedir su contacto con sus pretendientes. Casi seguro, salvo que la maneje encerrada en una habitación, fracasará en su intento. En cambio, si recurre a las variables controlables, la solución es sencilla: le basta con operarla.

Apliquemos este sencillo precepto al problema educacional. Son variables controlables para el gobierno las que tiene que ver con la oferta pública en sí: la infraestructura de los colegios públicos, la calidad de los profesores y directores, la forma de organización que deben tener los colegios públicos, los contenidos educativos y la forma de impartirlos, etc. Son variables incontrolables, en cambio, la conducta (y, por cierto, la reacción frente a los cambios propuestos) de los sostenedores de colegios privados subvencionados y la de los padres, apoderados y alumnos de dichos establecimientos, entre otras.

¿CUÁL ES LA MEJOR ALTERNATIVA?

OK, parece evidente, ¿verdad? Usted logrará mejores resultados, tendrá menor resistencia y podrá controlar de mejor manera los cambios que implemente, actuando sobre las variables controlables. Por consiguiente, mejorar la oferta pública, con todo lo que ello conlleva, es una estrategia más apropiada que actuar de manera indirecta sobre los colegios privados subvencionados para que eleven la calidad de su oferta.

Piense, amigo lector, si el gobierno se plantea como objetivo elevar el nivel de todos los establecimientos públicos del país al que actualmente detentan los liceos emblemáticos, ampliando de paso la cobertura, ¿quién se opondría? Si se consiguiera, dispondríamos de educación pública de la mejor calidad a disposición de todos los chilenos, y no deberíamos preocuparnos de la selección ni del lucro ni del copago. No tendríamos que fortificar nuestro jardín para evitar la entrada de los gatos ni estresarnos cada vez que nuestra regalona parte a hacer sus necesidades. ¿No le parece más lógico, más razonable, actuar así que como lo está haciendo hoy el gobierno? Por lo demás, no es una estrategia innovadora ni mucho menos. Es lo que han hecho TODOS los países que hoy obtienen los mejores índices educativos en las mediciones internacionales.

Lo que el gobierno debería hacer, entonces, es tomar medidas como las que figuran en todos los estudios serios del tema; medidas como las siguientes:

Desmunicipalizar, traspasando la gestión de los colegios públicos a una sola corporación especializada, manejada según los criterios más avanzados de administración de grandes organizaciones, la que debería encargarse de definir el estándar mínimo a alcanzar con todos los establecimientos fiscales, e implementar las estrategias adecuadas para ello.

Mejorar la calidad de los profesores y directores de establecimientos, elevando sustancialmente los sueldos a cambio de involucrarse en mecanismos permanentes de evaluación y capacitación.

Mejorar la infraestructura, procurando que todos los establecimientos fiscales dispongan de completas instalaciones para impartir la docencia, practicar deportes, recrearse, acceder a internet y acoger e integrar a su comunidad educativa.

Adaptar los contenidos y la forma de impartirlos al siglo XXI, reemplazando y dando de baja aquellos criterios y paradigmas que fueron creados y desarrollados para el siglo pasado.

Y otras más, por cierto. La lista potencial es bastante larga.

LA REFORMA EDUCACIONAL DE MICHELLE BACHELET

Dicho lo anterior, hablemos ahora de la reforma educacional de Michelle Bachelet, o al menos de lo que hasta el momento sabemos de ella.

EL LUCRO

Se lo planteo de la siguiente manera: si usted, persona creativa y esforzada, implementó una excelente infraestructura, contrató y capacitó a magníficos profesores, es un eximio rector e inventó un revolucionario método de enseñanza que produce resultados notables, ¿por qué alguien debería privarlo de obtener una legítima ganancia con ello? ¿Porque no corresponde obtener lucro con fondos públicos, acaso? OK, entonces apliquemos este sabio precepto al resto de los sectores (ChileCompra, salud, Transantiago, combustibles y un larguísimo etcétera) donde se usan fondos públicos para pagar bienes y servicios en cuya estructura de precio va incorporado un margen de utilidad para quienes los proveen. Ley pareja no es dura, dicen.

Amigo lector, no es el lucro el problema, sino las utilidades mal habidas, aquéllas que se obtienen con un servicio mediocre o deficitario que produce un daño irreparable a las expectativas de quienes lo reciben. Y no se soluciona prohibiendo por ley el lucro, sino que fijando un piso elevado, una oferta pública de excelente nivel, contra el cual contrastar el servicio privado. Si es mejor, si está sobre el piso, bienvenido el lucro. El empresario se lo gano en buena lid. Si es peor, los padres y apoderados se encargarán de ponerle la lápida.

Por lo demás, ¿usted cree que los funcionarios públicos realmente podrán controlar el lucro? Entre otros mecanismos para soslayarlo están los arriendos (usted ya oyó hablar de los “precios de mercado” de los arriendos de establecimientos educacionales, ¿verdad?), los honorarios, sueldos elevados y algún otro que se inventará. Hay garantías constitucionales también dando vuelta por ahí (lo cual, valga la redundancia, no es mucha garantía, pero en fin…) y está la judicialización del asunto. Es, se lo aseguro, una mala medida.

EL COPAGO

¿Qué hace el gobierno intentando meterse en el bolsillo de los padres y apoderados? ¿Desde cuándo éstos perdieron el derecho de disponer libremente del fruto de su trabajo? Insistamos: tal como con el lucro, el problema no está en el copago sino en los malos servicios asociados a éste. Es la estafa, el fraude, lo que hay que combatir, y ello se hace, al igual que en el caso anterior, generando una oferta pública de alto nivel. Si, pese a disponer de una buena alternativa, los padres igual deciden efectuar un aporte adicional, ¿por qué habría que impedirles hacerlo?

LA SELECCIÓN

Es la única medida de las que están contempladas en esta primera parte de la reforma de Michelle Bachelet, que comparto plenamente. La selección es una forma de discriminación, y las discriminaciones hay que perseguirlas con todo; nunca practicarlas y menos fomentarlas o justificarlas. ¿Que los establecimientos emblemáticos dejarán de ser “tan” emblemáticos? Bueno… tendrán que mejorar aún más su servicio para compensar las supuestas menores capacidades de los alumnos que recibirán.

A lo largo de la historia se han inventado muchas justificaciones para la discriminación. Las hubo para la esclavitud, contra las mujeres, los más pobres, los que sufrían incapacidades o aquéllos que suscribían determinados credos religiosos. Ahora es contra quienes tienen menores capacidades. Señores, no hay derecho. La selección es una herencia de la esclavitud, una práctica vil que no merece tener cabida en una sociedad civilizada.

Así es el asunto, estimado lector. Lo que conocemos de la reforma educacional de Michelle Bachelet es un mal proyecto, que no merece llegar a convertirse en ley. Esperemos, al respecto, que prime la cordura y la razón. Aunque, debo reconocer, dichas capacidades parecen no abundar entre nuestros parlamentarios, como lo prueba el mamarracho tributario que aprobaron.


En fin, la esperanza es lo último que se pierde.

lunes, 27 de octubre de 2014

¿Es la desigualdad un problema?

De seguro usted pensará que estoy preguntando tonteras, ¿verdad? Déjeme decirle, sin embargo, que hay sectores en nuestra sociedad ―los que agrupan a los partidarios del modelo neoliberal vigente y algunos otros― que consideran que no lo es; que dicho flagelo es una característica intrínseca de las sociedades humanas imposible de extirpar y que, por dicha razón, hay que aprender a vivir con él (sin perjuicio de que, mediante subsidios, se intente mitigarlo).

El argumento principal que esgrimen quienes sostienen esta tesis, es que somos naturalmente desiguales; que nuestros genes nos hacen diferentes desde la misma cuna; y que la única forma de compensar en algo tal condición es, en el largo plazo, por medio de la educación. La desigualdad no es el problema, arguyen, sino la cancha dispareja. En este mundo competitivo al que nos enfrentamos desde nuestra infancia, dicen, lo adecuado sería nivelar las oportunidades; que todos tuviésemos la misma posibilidad de llegar a ser profesionales o empresarios exitosos. El resto, hay que dejárselo al mercado y al propio esfuerzo.

Convengamos en que, como en toda falacia, hay algo de verdad en dicho planteamiento. Los talentos, qué duda cabe, no están repartidos equitativamente. Jamás podremos, ni usted ni yo, correr tan rápido como Usain Bolt o saltar tan alto como Yelena Isinbáyeva; tampoco cantar como Juan Diego Florez, Jonathan Antoine o María Callas; menos, tener la apariencia de Brad Pitt ni la irreal belleza de Andie MacDowell. Qué hablar de la capacidad mental de Stephen Hawking.

Somos diferentes, no hay nada que hacer, y dicha condición, inevitablemente, se reflejará en nuestros niveles de ingresos.

La desigualdad, habría que concluir entonces, no es un problema.

Cierto, amigo lector. La desigualdad no es un problema porque somos y seremos, hagamos lo que hagamos para impedirlo, desiguales. Eso no puede remediarse. Donde sí existe uno, y vaya que es serio, es en la magnitud económica de ella. Lo que constituye un problema no es la diferencia en sí, que siempre la habrá, sino el tamaño de ésta.

Entonces, la dificultad no está en que el décimo decil gane más que el primero. Sería demasiado aberrante, de hecho, que ello no ocurriera. Está en que gane 35 veces más, como en Chile, y no 7 u 8, como en los países desarrollados.

¿Por qué es un problema? Para explicarlo, debemos partir por la concepción misma de “sociedad”. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

De aquí se desprende que las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una de ellas para ser perjudicado, sometido o explotado; por el contrario, todos lo hacen (consciente o inconscientemente) para alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

También, que las sociedades son interdependientes, vale decir, que todos nos necesitamos unos a otros. Los grandes empresarios, altos funcionarios públicos, periodistas y columnistas no podrían obtener sus sustanciales ingresos si no existiesen los albañiles, los recogedores de basura y los cajeros de supermercados; si no hubiese policías, ni soldados ni gendarmes; sin la existencia de funcionarios de Correos, obreros de la construcción y pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en una ciudad donde nadie recogiera la basura o donde el lumpen hiciera de las suyas por las calles sin control alguno.

Así que, apreciado lector, sus ingresos no son sólo el fruto de su esfuerzo personal, sino el resultado de una acción colectiva. De hecho, nadie podría generarlos si estuviese fuera de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la excesiva desigualdad es un problema por dos razones: porque implica una mala distribución del producto obtenido mediante un esfuerzo conjunto ―todos trabajamos elaborando la torta, pero sólo unos pocos obtienen un tremendo pedazo y el resto, nada más que migajas― y porque, como consecuencia de ello, se impide a quienes la sufren acceder libremente a la posibilidad de alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

Hay, entonces, un problema, y puede, desde luego, enfrentarse, como lo prueban los indicadores de desigualdad de aquellos países donde el tema, de verdad, se considera en las políticas públicas.

LA NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO

Si usted tiene un problema y desea solucionarlo (porque siempre existe la posibilidad de que le resulte cómodo dejarlo como está), el método más adecuado para hacerlo es conocido desde hace siglos: debe hacer un diagnóstico para determinar las causas que lo originan, identificar a continuación las alternativas de solución y, por último, elegir la más apropiada e implementarla.

Pese a ser tan antiguo, funciona, y muy bien. De hecho, lo hace en todo ámbito de la actividad humana. En la medicina, por ejemplo, y también en las obras civiles. La estricta verdad es que, hasta la fecha, no se ha inventado otro más efectivo.

El diagnóstico es, por cierto, en extremo relevante. Es el meollo del asunto. Un diagnóstico certero, deja la solución a tiro de cañón. Uno equivocado, en cambio, nos deja peor que a fojas cero.  En tal caso, la solución pasa a ser un asunto de suerte, algo así como tirar al blanco con los ojos vendados y después de jugar a la gallinita ciega. Y si usted ha apostado alguna vez al loto, sabe cómo funciona esto de la suerte.

Cuando entramos en el terreno de la política, sin embargo, por alguna desconocida razón el diagnóstico se omite. No se usa. Se prescinde de él, podríamos decir, en forma aleve. En su lugar, se utiliza el método del toro de lidia, que consiste en elegir un punto por instinto, cerrar los ojos, agachar la cabeza y arremeter. ¿Identificar las causas de los problemas? ¡Por favor! Es una pérdida de tiempo. Los problemas se enfrentan a lo mero macho: arrasando con todo e imponiendo la visión propia, por equivocada que ésta resulte. Y si por alguna razón (porque el proyecto presentado es muy malo, por ejemplo) el asunto se dificulta, siempre se puede negociar con quienes detentan el poder económico, manteniendo algunos abusos (verbigracia la renta presunta, el crédito especial de IVA a las constructoras y el sistema integrado de impuesto a la renta) y obteniendo a cambio, irrestricto apoyo.

LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD

¿Cuál es el diagnóstico en el caso que nos ocupa? Hay, no cabe duda, una desigualdad mayor que la aceptable. El exceso puede cuantificarse con relativa facilidad, comparando nuestros indicadores con los de los países que han vencido al flagelo: unas 25 veces en la relación 10/10 y 0,25 puntos en el coeficiente de Gini. Si queremos resolver el problema, entonces, tenemos que llegar a relaciones 10/10 de un dígito y a un coeficiente de Gini equivalente a la mitad del actual. ¿Cómo? Pues, como se hace desde tiempos inmemoriales: identificando las causas del problema y atacándolas.

¿Cuáles son las causas de la desigualdad?

Nuestras características personales y las capacidades que poseemos influyen, desde luego. En muy escasa medida, también el azar (si usted se gana el loto pasa a ser, de inmediato, desigual). Pero no son los únicos factores a considerar, ya que todos están presentes en los países desarrollados. Son, de hecho, los responsables de las relaciones 10/10 de un dígito.

Hay que buscar el factor ausente, o el que está presente en muy escasa medida en dichas sociedades, pero mucho en la nuestra.

Es la concentración del poder, tanto político como económico, la causa principal de la excesiva desigualdad. Si no me cree, revise la historia, partiendo por los campos algodoneros del sur de los EUA antes de la guerra de la secesión o por la Francia pre revolución. Sea por una condición humana instintiva, sea por otro origen difícil de precisar, cuando alguien dispone de poder tiende a usarlo en su propio beneficio. Si usted se fija, en los países con mala distribución del ingreso, como Chile, el poder político y económico está concentrado en muy pocas manos; existe una institucionalidad construida para mantener el statu-quo; el Estado se haya reducido a su mínima expresión; hay carencia de organizaciones poderosas de defensa de los derechos ciudadanos; los sindicatos son débiles; los sistemas tributarios están hechos a la medida de los más acomodados; hay impunidad para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos, concertación de precios), etc.

De manera que, si usted quiere de verdad combatir la desigualdad, tiene que atacar la concentración de poder, tanto del político como del económico. No hay otra receta. ¿Cómo? Por razones de espacio, dejaremos la respuesta para un próximo capítulo.


Sólo combatiendo el factor mencionado impediremos en el futuro un caso MOP-Gate 2, un nuevo Pentagate, más colusiones o que las empresas sigan pagando los impuestos de sus propietarios y no paguen un peso por los ingentes servicios públicos que reciben. Sólo así evitaremos reformas patéticas, como las que se tramitaron o se tramitan en este minuto en el Congreso. Esos son abusos que sólo pueden cometerse cuando existe una brutal concentración del poder. Como la que, para nuestra desgracia, existe hoy en Chile.