jueves, 7 de noviembre de 2013

¿Por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?


En alguno de sus diarios soliloquios, ¿se ha preguntado usted, estimado(a) lector(a), por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?

Es una interesante cuestión, ¿verdad? Más aún si consideramos que el dichoso sistema está cumpliendo 30 años de ininterrumpida vigencia, lo que significa, en buen castellano, que durante ese lapso ―tres décadas, seis lustros― ningún otro país del mundo  (ni los otros 33 de la OCDE ni los restantes 159 de la ONU) lo ha encontrado digno de ser imitado. ¿Por qué?

Coincidirá usted conmigo en que semejante exclusividad es anormal. Lo corriente es que los sistemas exitosos no sean exclusivos. Por tal razón, se ve como indispensable identificar su causa. No vaya a ser que, en una de ésas, lo que aparentemente es un motivo de orgullo (somos los más inteligentes del planeta), lo sea en verdad de vergüenza (somos los únicos capaces de poner en práctica una imbecilidad semejante).

De manera que tratemos de despejar la incógnita: ¿por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?

En procura de hacer un poco de luz a este respecto, permítame plantear un par de situaciones de común ocurrencia en nuestra sociedad.

Cuando alguno de sus clientes deja de pagar sus créditos, las empresas recurren a la cobranza judicial. Hacen uso de los servicios que les presta el aparato estatal para obligar a sus clientes a cumplir sus compromisos y recuperar, de esa manera, sus acreencias. Y se trata de un uso intensivo, como lo comprueba la verdadera marejada de juicios de cobranza interpuestos por los bancos que colapsa los juzgados civiles. De hecho, me atrevo a afirmar (sería interesante conocer alguna estadística al respecto) que las empresas son, por lejos, las principales usuarias de los juzgados civiles. La pregunta, entonces, cae de cajón: ¿cuánto pagan ellas al Estado por este servicio, que es vital para el éxito de sus operaciones?

La respuesta correcta es: nada. Con el sistema vigente, las empresas no le pagan ni un solitario peso al Estado por ese servicio. Lo reciben de éste en forma completamente gratuita. Somos las personas naturales quienes lo financiamos.

Vamos a un otrosí: la seguridad pública. Las empresas también hacen un uso intensivo de ella. Nuestra policía impide, con su presencia, que ellas sean asaltadas. Les garantiza, además, el acceso de sus clientes, la distribución de sus productos, la recepción de sus materias primas y un larguísimo etcétera. No sólo eso: la fuerza pública también participa en los procesos de cobranza. Repitamos la pregunta: ¿cuánto pagan las empresas al Estado por este servicio, que también es vital para el éxito de sus operaciones?

Repitamos también la respuesta: nada. Tal como en el caso anterior, con el sistema vigente, las empresas tampoco le pagan al Estado por ese servicio. Ni un solo miserable peso. Lo reciben de éste, al igual que el caso anterior, en forma gratuita. Y también somos las personas naturales quienes lo financiamos.

Usted puede reiterar el ejercicio con todos los servicios públicos. Las empresas no pagan por ninguno. El Estado se los entrega todos en forma gratuita.

Tal predicamento corre incluso para la mantención. Como es bien sabido, mantener algo funcionando en buenas condiciones, cuesta dinero. Es cosa de fijarse en los gastos comunes de los condominios. En el caso de las sociedades, ocurre lo mismo. Mantenerlas funcionando como corresponde, es oneroso. Es cosa de mirar el presupuesto de la nación para tener una idea del monto. El caso es que las empresas necesitan de ese buen funcionamiento social para que sus actividades sean rentables. Los negocios no funcionan en sociedades caóticas. El orden y la tranquilidad les son indispensables para su normal operación. No obstante, ¿pagan por ellos?

Tal como en los casos anteriores, la respuesta es no. Con el sistema vigente, tampoco las empresas le pagan al Estado por concepto de mantención. Somos las personas naturales quienes nos encargamos de financiarla.

Momentito, dirá usted con justa razón: las empresas pagan impuestos. De hecho, tributan en primera categoría con un 20% de sus utilidades.

Correcto, pero como usted es una persona ilustrada, seguramente habrá leído el artículo 20, párrafo 1, de nuestra ley de la renta. Se lo transcribo. Dice, textualmente: “Establécese un impuesto de 20% que podrá ser imputado a los impuestos global complementario y adicional…”. Se lo traduzco: el impuesto que pagan las empresas no es de beneficio fiscal; es sólo un anticipo, un pago provisional, de los impuestos personales de sus propietarios. Dicho en otras palabras, las empresas no pagan sus propios impuestos, sino que pagan los impuestos de sus dueños.

¿Se da cuenta del monstruoso sistema que tenemos? El Estado subsidia, con dinero de todos nosotros, la totalidad de los servicios públicos que consumen las empresas. ¿Para qué? Para que éstas les paguen los impuestos a sus dueños. ¿Para qué? Para que éstos, finalmente, no paguen impuestos.

Se lo repito para que le quede claro. En Chile, las empresas no pagan por los servicios públicos que consumen, porque destinan sus tributos a pagar los impuestos de los empresarios. Éstos, por su parte, salvo excepciones, no pagan impuestos. No son iguales ante la ley. Desde hace 30 años (el sistema de impuesto a la renta lo implementó Pinochet en 1984) disfrutan de un privilegio que es, efectivamente, único en el mundo.

Están más claras las razones de la exclusividad que mencionamos al principio, ¿verdad? Ninguna otra nación del mundo es capaz de implementar legalmente un despojo semejante.  Nadie es tan caradura. En todos los demás países, el impuesto a la renta que afecta a las empresas es considerado  un pago por los servicios públicos que ellas utilizan. En todos, los empresarios pagan impuestos a la renta, pero lo hacen de su propio bolsillo. ¿Somos, en verdad, los más inteligentes del planeta? Sí y no. Los que usufructúan del sistema, parece que sí. El 90% restante, no. De ninguna manera.

Ante tan inmoral escenario, me surgen dos nuevas interrogantes:

Es entendible que a quienes forman parte de la Alianza, les interese mantener el sistema descrito. Mal que mal, son los autores del mismo, y también los principales beneficiados. Sabemos que la mayoría de ellos privilegia el interés personal por sobre el social. Pero, ¿por qué la Concertación no lo modificó durante sus cuatro gobiernos? ¿Por qué el Congreso, por parejo, guardó cómplice silencio? ¿Qué razones tuvieron para no cortar de raíz tan bárbara inmoralidad? ¿Razones económicas, acaso? Es imprescindible saberlo.

La segunda pregunta que surge es plenamente contingente, ya que Michelle Bachelet será, con casi total certeza, la próxima presidenta de Chile. ¿Por qué en su propuesta de reforma tributaria, el sistema mencionado se mantiene? ¿Por qué en su gobierno seguiremos todos los chilenos financiando los servicios públicos que utilizan las empresas para que éstas paguen los impuestos de sus dueños? ¿Por qué Michelle Bachelet pretende, durante los próximos cuatro años, continuar con ese despojo?

La Concertación, la Nueva Mayoría y la candidata tienen que darnos una explicación. ¿No le parece? Como ciudadano chileno (Chile es de todos), las emplazo a que lo hagan.


Esperaré, confiado, su pronta respuesta. Aunque se vea improbable. Total la esperanza ―esa porfiada e irracional sensación de que lo que ansiamos, por lejano que esté, por inalcanzable que parezca, tiene alguna posibilidad de realizarse― es lo último que se pierde.