lunes, 28 de abril de 2014

Una mala reforma tributaria

Antes de partir, permítame dejarle claro, por si hiciera alguna falta, que no pertenezco al 1% más acomodado del país. Tampoco formo parte de ningún grupo económico ni milito en partido político alguno. Mi crítica, por consiguiente, no está teñida por prejuicios, ni marcada por intereses individuales o grupales.

Aclarado el tema de mi independencia, lo invito a conocer mi dictamen: es cierto que necesitamos una reforma tributaria de manera urgente, porque el sistema tributario actual es demasiado injusto e inequitativo, y porque se requieren ingentes recursos para abordar todas las reformas sociales que ya no pueden seguirse postergando. Sin embargo, la que pretende imponernos Michelle Bachelet, con la irresponsable complicidad del Parlamento, es una muy mala reforma; un mamotreto indigno del nivel de estudios y experiencia de sus autores.

¿Por qué? Lo explico a continuación.

El concepto de “bueno” o “malo”, como es bien sabido, es relativo. Una obra humana no es buena o mala “per se”. Tal calificación la adquiere por tres vías: como resultado de una comparación con algún patrón o estándar de medida (la pauta de una prueba, por ejemplo); como consecuencia de contrastarla, según determinados parámetros de medición, frente a una o más alternativas (en cuyo caso hablamos de “más mala o más buena que” o “inferior o superior a “); o confrontándola con sus propios objetivos (buena es la que los cumple y mala, a la inversa, la que es incapaz de lograrlos).

Así, hablamos de una mala copia, cuando la obra en cuestión no se asemeja al original; de un mal resultado académico, cuando no se consigue alcanzar el estándar mínimo exigido; de un mal resultado deportivo o económico, cuando no se logran los objetivos previstos. Y afirmamos que “La invasión de los tomates asesinos” o “Martes 13 V parte” son más malas que (o inferiores a) “El padrino 1” porque, según todos los parámetros preestablecidos para una comparación de esta naturaleza, las primeras pierden de aquí a Penco.

Pues ocurre, estimado lector, que la reforma tributaria de Michelle Bachelet es mala desde cualquiera de las perspectivas señaladas.

Un patrón o estándar de medida adecuado para confrontar un proyecto de reforma tributaria, es el conjunto de principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Dichos principios no andan dando vuelta por el mundo académico porque sí. No son un mero antojo de los expertos en la materia. No están ahí para ser usados como papel higiénico. Han sido planteados porque son los que garantizan que una materia tan áspera y compleja como son los impuestos, sea abordada con justicia, aplicando ese sabio precepto de “dar a cada cual lo que le corresponde”. Así, un buen proyecto es aquél que los cumple todos satisfactoriamente (la absoluta perfección no existe, no olvidemos); uno malo, aquél que falla en alguno; uno muy malo, el que falla en más de uno; y uno pésimo, el que los reprueba todos. Desde esta perspectiva, apreciado lector, la reforma tributaria de Michele Bachelet es un pésimo proyecto. Veamos por qué.

El principio del beneficio establece que “todos quienes consumen servicios públicos, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”. Clarito, ¿verdad? Todos debemos pagar por los servicios públicos que recibimos. No sólo las personas; también, y especialmente, las empresas. Ningún sistema tributario que aspire a ser calificado como “bueno” puede considerar una estructura tributaria donde las personas naturales financian los servicios públicos que consumen las empresas.

Pues bien, la propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet omite olímpicamente este principio. En su proyecto, sólo las personas naturales pagamos por los servicios públicos. Las empresas ―que son, por lejos, los mayores consumidores de dichos servicios en nuestra sociedad (y en cualquier sociedad)― no lo hacen, pues destinan sus impuestos (y, con la propuesta de nuestra presidenta, parte de sus utilidades después de impuestos también) al pago de los tributos personales de sus propietarios.  En palabras simples, todos los chilenos financiamos los servicios que las empresas consumen, para que éstas les paguen los impuestos a sus propietarios.

El principio de equidad tiene dos variantes: la equidad horizontal ―a iguales ingresos, iguales tributos― y la vertical ―a mayores ingresos, mayores tributos―. Dado que Michelle Bachelet propone que las empresas les paguen sus impuestos a los empresarios, su proyecto los viola a ambos impunemente. Suponga, para que lo tenga claro, que un gerente y el propietario de una empresa tienen la misma renta, $ 4 millones mensuales. Con la propuesta de Michelle Bachelet, el gerente pagará en el año aproximadamente $ 5,9 millones de impuestos personales de su propio bolsillo; el empresario cero, ya que su empresa le pagará sus impuestos personales (dejando, para ello, de pagar por los servicios públicos que consume). Agregue que, dependiendo de cómo estructuren los empresarios la propiedad de sus empresas, los impuestos pagados serán muy diferentes (por mucho que se llene de facultades al SII para evitarlo), aunque las empresas sean idénticas. Y por último, tenga muy claro que la maraña de empresas que difuminan la propiedad de las grandes firmas con chimenea se volverá, como consecuencia de la reforma, inextricable, haciendo virtualmente imposible para el SII desentrañarla. ¿Le parece equitativo eso? ¿Horizontal o verticalmente? Si no se tratara de un tema tan serio, tendría que decir que es para la risa.

¿Vale la pena referirse al principio de la simplicidad y la transparencia? Sólo mencionarlos respecto de la propuesta de Michelle Bachelet, ya da vergüenza. Tales conceptos no tienen cabida en este proyecto. Si parece, por el contrario, que quienes lo elaboraron se hubiesen esmerado en hacerlo complejo y alambicado. Si la propuesta de Michelle Bachelet cumple algún principio, éste es el de la complejidad y la falta de transparencia.

Analice usted los demás principios y verá que la propuesta de reforma tributaria los incumple todos. No se salva ninguno. Buen récord, ¿verdad? Convengamos que ése es un logro. Es difícil quebrantar el ABC de los sistemas tributarios de una sola vez de manera tan flagrante.

Contrastemos ahora el proyecto de reforma tributaria con los objetivos que, explícitamente, le asignó la Nueva Mayoría: disminuir la desigualdad; lograr que quienes más tienen, más paguen; y recaudar USD 8.200 millones.

Ya quedó claro en los párrafos anteriores, me parece, que este proyecto no logra que quienes más tienen más paguen (Michelle, la engañaron; en los “sistemas integrados de impuesto a la renta”, la equidad no se logra a nivel de los impuestos personales; los “sistemas integrados” son intrínsecamente inequitativos). Tampoco permite, por sí solo, disminuir la desigualdad, ya que esto dependerá de cómo se inviertan los eventuales recursos que se generen. Por ejemplo, si usted los gasta en proyectos tales como aumentar el número de parlamentarios y mantenerles las mismas rentas y asignaciones actuales, es clarísimo que no disminuirá la desigualdad. Lo único que nos falta por saber, entonces, es si recaudará o no los USD 8.200 millones que Michelle Bachelet requiere para poner en práctica sus restantes proyectos.

Al respecto, convengamos en que cualquier consecuencia de la presente reforma en tal sentido, no se verá durante el gobierno de la actual presidenta. Por el contrario, con el harakiri del primer año de depreciación instantánea, con la mantención del FUT (sí, el FUT se mantiene, ya que se mantiene la causa que le da origen: el sistema integrado de impuesto a la renta), con la existencia de un FUT acumulado que se demorará varios años en extinguirse, y que en muchos casos no se extinguirá ―considere, para comprobarlo, una empresa con un FUT histórico de $ 100 millones, con utilidades anuales de $ 50 millones y con un solo propietario, y determine (es un ejercicio simple, pero que los amigos de la Nueva Mayoría, al parecer, no hicieron) cuándo se acaba el FUT histórico; le doy la respuesta: nunca―, y con la puesta en marcha en forma secuencial de casi todos los cambios (incluso aquéllos que consideran la supresión de inaceptables privilegios), lo más probable es que la recaudación de los primeros 4 años de vida de la reforma no crezca, o crezca muy poco. Si me apuran, me atrevería a pronosticar incluso que caerá, en cuyo caso sería muy interesante saber cómo implementará Michelle Bachelet todas las restantes reformas que pretende abordar (¿puede un gobernante ser tan irresponsable como para prometer cambios al por mayor, y poner en práctica al mismo tiempo una reforma tributaria que no le generará recursos durante su gobierno para abordarlos?). Lo concreto es que, con casi total certeza, la reforma tributaria de Michelle Bachelet NO RECAUDARÁ, al menos durante su gobierno, los USD 8.200 millones que pretende.

Como consecuencia de lo anterior, es importante tener presente que cualquier futuro incremento de recaudación dependerá de qué es lo que decida el gobierno que sucederá al de Michelle Bachelet. Por ejemplo si, no lo quiera el Todopoderoso, llega la UDI al poder (con la particular visión de sus acólitos respecto de la desigualdad y del papel del Estado), no existirá dicho incremento y, por ende, no existirán dichas reformas. Como bien dice Condorito, exijo una explicación.

La última comparación que nos falta hacer, es con otras alternativas, y ahí, estimado lector, la propuesta de Michelle Bachelet  pierde feo. Muy feo. Porque hay alternativas que realmente son mucho mejores que la que ella, irreflexivamente, lanzó a la palestra. Alternativas que sí cumplen todos los principios que debe reunir un buen sistema tributario, y que además permiten conseguir de manera cierta todos los objetivos planteados, entre ellos el de recaudar los dichosos USD 8.200 millones (cuando quieran los amigos de la Nueva Mayoría, les detallo una, que consiste en establecer que las empresas paguen el 25% de primera categoría a beneficio fiscal, que los empresarios paguen por sus retiros efectivos (elevando las tasas marginales topes), que se elimine el FUT de un viaje, y que se supriman las granjerías tributarias existentes). ¿Por qué no se prefieren? Misterio. ¿Algún acuerdo con quienes no se ven favorecidos, quizás?

Tenemos, pues, una muy mala propuesta desde todo punto de vista. Como era de esperarse, sin embargo, pasó el cedazo de la Cámara de Diputados. ¿Puede eso realmente sorprendernos? No olvidemos que ellos se creen capaces de evaluar las posiciones disidentes a la reforma en quince minutos. Tampoco, que creen posible convencernos de que, aumentando más de un cuarto los diputados y más de un tercio los senadores, el presupuesto del Congreso no aumentará. De ellos podemos esperar cualquier cosa. Esperemos que en el Senado impere la cordura y se incorporen las drásticas mejoras que tan irreflexivo proyecto necesita. Si ello no ocurre, aunque soy ateo no me queda más que decir, ¡que Dios nos asista!

sábado, 19 de abril de 2014

Cuentos infantiles: mi carta respuesta a Luis Larraín

Cuando son mal relatados, cuando adolecen de errores manifiestos en su trama, los cuentos infantiles confunden e inducen a error a los indefensos infantes.

Es el caso del narrado por el cuentista Luis Larraín. La historia original ni siquiera se parece a la que él publicó, por lo que es indispensable hacerle algunas precisiones.

Lo primero, son las proporciones: en ese bello país había unos pocos que eran muy ricos, cierto; los de ingresos medios eran más numerosos, cierto también; pero los pobres no eran “un grupo menos numeroso”, como relata el cuentista, sino la inmensa, la enorme, la descomunal mayoría.

Lo segundo, es que los muy ricos no guardaban sus ahorros en unas cuevas llamadas FUT, sino en unas extrañas construcciones llamadas “empresas”. Allí mantenían parte sustancial de sus riquezas, las que usaban, entre otros fines, para prestarlas a los comerciantes, artesanos y labriegos. Hay que precisarle al cuentista, sin embargo, que las prestaban cobrando unos intereses expropiatorios, multiplicando con ello su fortuna a costa de empobrecer a los demás habitantes.

Lo tercero, es que en los tiempos a los que se refiere el cuentista, la forma que tenían los ricos de pagar impuestos era aberrante. La llamaban “sistema integrado de impuesto a la renta”, y consistía en que esas construcciones llamadas empresas no pagaban sus propios impuestos, sino que se dedicaban a pagar los de los muy ricos. Lo malo de ese sistema era que los servicios que entregaba el país a todos sus habitantes (los llamaban “servicios públicos”), cuya generación era costosa, los recibían las empresas en forma gratuita. En otras palabras, los muy ricos se beneficiaban del resto de sus conciudadanos porque todos, incluyendo los muy pobres, financiaban los servicios que consumían sus empresas.

Lo cuarto, es que el cuentista omitió que en todos los países que rebozaban de riqueza y donde no había pobres, las empresas y las personas tributaban separadamente, con impuestos mucho más altos que en el país en cuestión. Y todos los habitantes, hasta los más ricos, vivían felices y contentos.

Hay sí, en este cuento tan mal contado, un punto que es certero: la Gran Reforma elaborada por los publicanos estaba hecha con el codo. Era una muy mala reforma, ya que no corregía los graves problemas de que adolecía el bello país aquel. Las empresas seguían sin pagar impuestos, por ejemplo. El cuento no aclara por qué, pese a ello, la plantearon. ¿Algún acuerdo con los muy ricos, quizás? Misterio. Los cuentos suelen ser algo herméticos.


Pese a tantas imprecisiones del cuentista, sorprendentemente el final del cuento es parecido: los pobres siguieron siendo muy pobres y los ricos muy ricos. Pero eso es lo que ocurre en la mayoría de los cuentos, ¿verdad? Lo otro, lo de distribuciones más equitativas, lo de menor desigualdad, es literatura fantástica.

miércoles, 16 de abril de 2014

El inmoral "sistema integrado" de impuesto a la renta

El “sistema integrado” de impuesto a la renta es una sinvergüenzura de marca mayor. Para comprobárselo, estimado lector, lo invito a que abandone transitoriamente su papel de mero espectador de la contienda político-económica, y procure situarse en lo que realmente es: uno de los 17 y tantos millones (por las razones que todos sabemos, la cifra no está del todo clara) de socios (y, en consecuencia, propietarios) de este emprendimiento llamado Chile.

Desde dicha perspectiva, notará usted que el Estado, su Estado, es un gigantesco proveedor de servicios. Tal como lo son, por ejemplo, los bancos, las empresas de servicios sanitarios, las eléctricas, las de telefonía, cable, internet y un largo etcétera, pero de un tamaño mucho mayor.

¿Qué servicios provee? La lista es larga, pero anotemos algunos a modo de ejemplo. El Estado abastece a todos quienes formamos parte de la sociedad (personas y organizaciones), de bienes públicos indispensables para el adecuado desarrollo de nuestras actividades, tales como: seguridad, aseo, ornato, vialidad, urbanismo, pavimentación, iluminación pública, defensa, normas de convivencia y de resolución de conflictos, legislación laboral y comercial, iniciativas de fomento y, quizás lo más relevante, un medio ambiente propicio para poder desarrollar en él, de buena manera, todas las actividades propias de una sociedad, entre ellas las económicas.

¿Consumen servicios públicos las empresas? Desde luego. Una enorme cantidad. De hecho, no conseguirían desarrollar sus actividades si no lo hicieran. ¿Cómo podría un banco, por ejemplo, efectuar contratos sin disponer de una normativa que los regulara? ¿Cómo efectuaría la cobranza de sus acreencias impagas, si no existiesen los mecanismos públicos que se lo permitiesen? ¿Cómo lograría ese banco, y cualquier empresa, prosperar en un lugar donde nadie impusiese el orden? ¿O donde no se recogiese la basura? ¿O donde las calles estuviesen totalmente oscuras y sin vigilancia por las noches, a merced del lumpen? E hilando un poco más fino, ¿cómo podrían las empresas desarrollar sus actividades en medio de un permanente caos?

La verdad es que las empresas no son viables sin los servicios públicos que les entrega el Estado, y tampoco lo son si no están insertas en una sociedad. Usted puede llevarse al Banco de Chile, a Falabella, a los supermercados Jumbo o a la Clínica Las Condes, con toda su infraestructura, a la Patagonia, y no podrán subsistir. Puede instalar un Costanera Center en la pampa del tamarugal, y le garantizo el fracaso comercial más absoluto. A las empresas les resulta indispensable una sociedad-país funcionando adecuadamente, para desarrollarse y prosperar.

La conclusión, entonces, es obvia: los bienes públicos son, en el caso de las empresas, servicios no sólo necesarios, sino indispensables para generar la renta.

El problema estriba en que la generación de servicios públicos no es gratuita. Aún no existe una tecnología lo suficientemente avanzada como para diseñar y fabricar cuernos de la abundancia; y, por estas fechas, ya no cae maná del cielo. Así que, como el adecuado desempeño del Estado en su faceta proveedora requiere de financiamiento, debemos recurrir a los prosaicos impuestos.

¿Quiénes deben pagar impuestos? En principio, deberíamos estar obligados a hacerlo todos quienes consumimos servicios públicos. Una de las razones básicas por las que se debe tributar en una sociedad (hay un par más), es para reembolsar al Estado, y a la sociedad por su intermedio, el valor de los servicios públicos que recibimos. Sólo deberían estar excluidos de tal obligación quienes no estén en condiciones económicas de hacerlo, en cuyo caso todos los demás debemos concurrir a apoyarlos. Es lo que se denomina “equidad tributaria”.

La literatura especializada recoge tal circunstancia. Uno de los principios que debe cumplir todo buen sistema tributario, es el del beneficio: “todos quienes reciben servicios públicos, sean empresas o personas, deben concurrir a su financiamiento en proporción al beneficio que dichos servicios le generan”. Revise, para comprobarlo, los más connotados tratados tributarios en lengua inglesa. También, los elaborados por expertos españoles. No revise los “made in Chile” porque, sospechosamente, cuando nuestros entendidos en la materia hablan de los principios tributarios, omiten éste. Son los únicos, sin embargo, y uno podría pensar que se debe al sistema tributario vigente en Chile. Si ellos reconocieran este principio como válido, automáticamente estarían cuestionando las bases del mismo. Y convengamos en que eso no les conviene, ¿verdad?

Las empresas, ¿deberían pagar por los servicios públicos que consumen? Desde luego. De la misma forma que pagan la luz, el agua la electricidad, el aseo, los intereses de los bancos, el teléfono, el cable y el servicio de internet. Todos son servicios necesarios para generar la renta. ¿Por qué unos, los que presta el sector privado, deben pagarse, y los otros, los que entrega el sector público, no? Si las empresas consumen servicios públicos a destajo y pueden pagar por ellos, ¿por qué razón tendríamos que eximirlas de tal obligación? ¿Se le ocurre a usted alguna? A mí no, por lo menos.

Más aún, considere usted que los mencionados servicios deben ser prestados ―y, por consiguiente, financiados― sí o sí. No podemos prescindir de ellos. De manera que, si las empresas no contribuyen a solventarlos, ese pesado fardo recae por completo sobre las personas naturales. En otras palabras, si las empresas no financian los servicios públicos que consumen, somos las personas naturales las que, con nuestros propios impuestos, debemos asumir esa carga. Y en tal caso, como resulta evidente, les estamos otorgando un subsidio.

Las empresas deberían pagar por los servicios públicos que consumen, es cierto, pero, ¿pagan?

Desde luego que sí. No faltaba más. En la mayoría de los países del orbe, incluyendo TODOS los desarrollados y casi todos los que aspiran a serlo, se han implementado mecanismos para que tal obligación se cumpla. En dichas sociedades, la equidad es imprescindible ―no son sólo simples palabras expuestas con gran énfasis en un discurso, pero que luego se disuelven en el aire como los vahos matinales en un día soleado―, así es que procuran que esté presente en cada política pública. Y en particular, por cierto, en los sistemas tributarios.

¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen que las empresas paguen por los servicios públicos que consumen?

Muy simple: en TODOS ellos ―el listado casi completo de la OCDE, entre otros―, los impuestos que pagan las empresas sobre sus utilidades cumplen ese propósito. Dicho impuesto es de beneficio fiscal, por lo que el Estado puede disponer de él, con los debidos resguardos, como estime pertinente. Es lógico que así sea, por lo demás. Para que impere la equidad, un requisito básico es que cada uno se haga cargo de sus propias obligaciones. ¿No le parece?

Este enfoque equitativo del tema no es unánime en la OCDE, sin embargo. Hay un miembro de dicho organismo donde los impuestos que pagan las empresas sobre sus utilidades no se destinan a financiar los servicios públicos que ellas consumen; un país donde, aunque usted no lo crea, en lugar de eso se les destina a financiar los impuestos personales de los empresarios. Le doy el nombre: se llama Chile.

En esa larga y angosta faja situada en los confines de Sudamérica, existe lo que los naturales denominan un “sistema integrado” de impuesto a la renta. En esta curiosa (y aberrante) forma de operar, los impuestos que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino meros anticipos de los impuestos personales de sus propietarios.

¿Qué significa esto en la práctica?

Significa que, como las empresas no financian los servicios públicos que consumen, son los sufridos habitantes de ese remoto país lo que deben encargarse de hacerlo. Significa que usted, mi estimado señor, financia a La Polar, a Soquimich (la empresa que está tratando de apropiarse del litio) y a las cadenas de farmacias (que se coluden para estrujarnos, ¿lo recuerda?). Significa que financia a los carabineros que vigilan los estadios y la implementación completa del plan “Estadio seguro” (ni Blanco y Negro ni Azul y Azul, que no son precisamente instituciones de beneficencia, ponen un solo peso para ello). Significa que cada vez que compra algo en el supermercado o le echa bencina al auto, una parte de eso va a financiar a los laboratorios que incentivan a los médicos para que receten los remedios que ellos fabrican. Y otra parte va a parar al Jumbo, para que éste pueda usar tranquilamente los tribunales, atosigándolos si quiere, con las cobranzas de su tarjeta Cencosud. Significa, en fin, que todos nos metemos la mano al bolsillo para ayudar a que quienes concentran  la riqueza, mejoren aún más su posición de privilegio.

Eso es, estimado lector, el “sistema integrado” de impuesto a la renta que rige en Chile: entre todos pagamos los servicios públicos que consumen las empresas, para que éstas les paguen a los empresarios sus impuestos personales, para que éstos finalmente no paguen sus propios impuestos. Aplique la propiedad transitiva y le queda: entre todos pagamos los impuestos personales de los empresarios. Ése es el sistema que ha estado vigente en Chile durante los últimos 30 años.

Vivimos días de reforma tributaria. Parecía ser la oportunidad propicia para corregir la principal causa de inequidad que impera en nuestro sistema impositivo: el “sistema integrado” de impuesto a la renta. Nuestra actual presidenta, de hecho, voceó cada vez que tuvo oportunidad que pretendía implementar un sistema tributario más equitativo y más justo. Fue pura palabrería, sin embargo. O no quiso hacerlo por alguna mala razón desconocida, (¿algún acuerdo con los grandes empresarios, tal vez?) o lisa y llanamente no se atrevió. La propuesta presentada al Congreso, como es fácil constatar, mantiene tan vergonzoso y aberrante sistema. No se focaliza en las empresas el pago de los servicios públicos que consumen, sino que se sigue obligando a las personas naturales a hacerse cargo de ellos. Se sigue obligando a las personas a subsidiar a las empresas.

Dado que los únicos beneficiados con tal situación son los medianos y los grandes empresarios, vale la pena preguntarse cuáles fueron las razones que tuvo el nuevo gobierno, y específicamente Michelle Bachelet,, para actuar así. ¿Por qué se mantiene el “sistema integrado” de impuesto a la renta? ¿Alguien podría explicármelo? ¿Alguien podría explicárselo a usted, estimado lector?


Porque tiene que haber alguna razón, ¿verdad? Las cosas no se hacen porque sí. Ya sabemos que no es la equidad lo que movió a la presidenta. Tampoco la justicia. Coincidirá usted conmigo en que sería muy interesante descubrir los verdaderos motivos. ¿Por qué se mantiene el “sistema integrado” de impuesto a la renta? ¿Se le ocurre a usted alguna razón? Sabemos a quién beneficia esta situación. ¿Irá por ahí la respuesta? Pensémoslo. En una de ésas, logramos descubrirlo.

Las inmorales dietas parlamentarias

Es difícil estar en desacuerdo con la moción presentada por diez diputados el jueves de la semana pasada, con el propósito de quitarle el rango constitucional a la determinación de las dietas parlamentarias. Cuesta, en verdad, encontrar aunque sea un argumento, con un mínimo grado de solidez, que sustente la situación actual. Ni siquiera la intención de impedir que los parlamentarios legislen en su propio beneficio es plausible, pues ya existe contundente evidencia empírica (¿se acuerda del caso MOP Gate?) de que les basta con hallar una excusa, por inmoral que ella sea, para ponerse de acuerdo y mejorar de manera contundente sus emolumentos.

Pero no sólo la moción es pertinente. También lo es, y mucho más de hecho, enfrentar la causa que le dio origen: la evidente (y descarada, habría que decir) desproporción que guarda la dieta parlamentaria actual, no sólo con la realidad chilena, sino con la de todos los países que nos pueden servir de referencia.

La escandalosa evidencia es de dominio público. Por donde uno mire, la dieta parlamentaria está absolutamente sobredimensionada. Respecto de Latinoamérica, de la OCDE, del mundo entero. Todas las cifras, y todas las relaciones que se obtienen a partir de ellas, son lapidarias, pero destaquemos sólo una: la relación entre la dieta parlamentaria ―$ 8.454. 379 brutos a la fecha, que equivalen a 40,3 veces el sueldo mínimo― y el ingreso promedio del primer decil, esto es, del 10% más pobre de nuestra población ($ 75.000 a la fecha, aproximadamente, según datos del Banco Mundial).

La dieta parlamentaria, el sueldo de nuestros representantes en el Congreso, es 112 veces mayor que el ingreso promedio del 10% más pobre de nuestra población.

La dieta parlamentaria, como resulta evidente, no sólo ubica a nuestros parlamentarios dentro del 10% más rico de la población. Los sitúa al menos, dentro del 2% más rico, y bastante cerca del 1%. La dieta parlamentaria, estimado lector, es un emblema de la desigualdad que nos azota. Es la expresión clara, nítida y precisa, el ejemplo más ilustrativo, de lo que puede llegar a ocurrir cuando uno tiene el poder y lo usa en beneficio propio. Debería, de hecho, enseñarse en los colegios en tal sentido, como la muestra fehaciente de las consecuencias de no llegar a servir, sino a servirnos de la administración pública.

Es por eso, por su carácter simbólico, que debe rebajarse.

Al respecto, comparto plenamente la propuesta de los diputados de relacionar la dieta parlamentaria con el salario mínimo. De hecho, coincidentemente la planteé al menos en dos artículos publicados en este medio: Programas de los candidatos: los temas ausentes, http://goo.gl/RiO6i4, el 4 de noviembre pasado; y La equidad y la dieta parlamentaria, http://goo.gl/9HrNZV, del 30 de diciembre). Una dieta equivalente a 20 veces el salario mínimo ($ 4.200.000 brutos: 56 veces el ingreso promedio del 10% más pobre de la población) no cambiaría nuestros índices de desigualdad, es cierto, pero sería una señal potente de lo que estamos dispuestos a hacer para combatir el flagelo. Se convertiría en el primer paso; la advertencia de que el combate viene, ahora sí, en serio. La prueba de que nuestros parlamentarios no se mueven sólo por los prosaicos morlacos, sino también por algo mucho más sublime: los principios y el bien común.

Que haya parlamentarios que piensen (como Felipe Ward) que esa cifra no satisface sus expectativas de renta y que en tal condición estaría mucho mejor en el mundo privado, da exactamente lo mismo. La puerta es bien ancha y nadie está obligado a seguir desempeñando su cargo si se siente incómodo en él. Si no le gusta, que se vaya de inmediato al sector privado. Le aseguro, estimado lector, que hay miles de chilenos tanto o más capaces que los que hoy se desempeñan en el Congreso, que estarían felices de prestar sus servicios a la ciudadanía por tan “reguleque” emolumento.

Ahora, si su problema son las pensiones alimenticias (como, al parecer, es el caso de Pepe Auth), mejor ni siquiera conversemos. Coincidirá usted conmigo en que quien se atreva a plantear algo así, no está a la altura del debate.

Paro hay un antecedente que nadie ha mencionado aún, y que es mucho más profundo y relevante en esta discusión que recién se inicia: la génesis de esta desproporcionada dieta.

Si usted mira las cifras que se han publicado, observará que no siempre existió esta enorme diferencia. Hasta el 2002, de hecho, la dieta parlamentaria era sólo 16,8 veces superior al salario mínimo. Si tal diferencia se hubiese mantenido, hoy la dieta sería de $ 3.540.000 aproximadamente, menor incluso que la cifra que plantean los diputados como objetivo. ¿Qué pasó entremedio para que la situación cambiase tan radicalmente?

Le ayudo a refrescar la memoria. A comienzos del presente siglo se destapó el caso sobresueldos, también llamado (por uno de los tantos mecanismos utilizados para ordeñar al Estado) caso MOP Gate. ¿En qué consistió? Muy simple: quienes manejaban el gobierno en esa época (usted sabe quiénes son, ¿para qué se los voy a nombrar?) decidieron, por sí y ante sí, sin mediar estudio alguno de respaldo, que los sueldos que recibían eran demasiado exiguos, e idearon varios mecanismos para retirar, pasando por alto la normativa vigente, jugosos suplementos. Cuando fueron descubiertos, no se les aplicó el peso de la ley (como correspondía, y como se habría hecho en cualquier democracia seria y justa). Por el contrario, la oposición de la época se puso de acuerdo con el Gobierno para echarle tierra al asunto (observe, si no me cree, las prescripciones que se establecieron por los eventuales delitos que pudieron haberse cometido) a cambio de ir en la parada. Las dietas parlamentarias fueron incrementadas, sin ningún estudio de respaldo, en casi un 160% (revise los datos que entregaron los diputados patrocinantes de la iniciativa; salta a la vista), con tan espurio acuerdo.

Ahí lo tiene, estimado lector: el caso MOP Gate, uno de los peores baldones que deshonran nuestra historia democrática; uno de los más abyectos estigmas que la mancillan; la muestra fehaciente de lo oprobiosa que puede llegar a ser la gestión pública, cuando quienes están encargados de ejercerla se ponen de acuerdo con quienes deben controlarlos y legislan en beneficio propio; ése es el origen de la indefendible posición que hoy, en materia de rentas, muestran nuestros parlamentarios.

Cuando hoy se plantea que la Constitución debe cambiarse, el principal argumento que se esgrime es que su origen es inaceptable. Un engendro creado por la dictadura, se aduce, no tiene cabida en democracia. Ocurre, estimado lector, que en el caso de las dietas parlamentarias rige exactamente la misma premisa: deben reducirse porque la génesis de su excesivo monto, es inadmisible.

Los estandartes, los blasones, las insignias de los países deben mantenerse impolutos. No pueden arrastrarse eternamente por la vida deshonrados, manchados por el fango. El de nuestro Congreso está mancillado y es indispensable devolverle el honor. ¿Estarán nuestro parlamentarios a la altura? ¿O pesarán más sus intereses personales que la dignidad de la institución a la que pertenecen? Gracias a la iniciativa de unos pocos diputados llegó, al parecer, el momento de comprobarlo.


Que les vaya bien, honorables señores, con su imprescindible iniciativa; el país entero (espero) estará pendiente de ustedes.

domingo, 13 de abril de 2014

¿Cómo corregimos la propuesta de reforma tributaria?

Han pasado casi dos semanas desde su estreno en sociedad, y ya hay suficiente evidencia como para emitir un juicio más acabado acerca de ella. Me refiero, por supuesto, a la propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet.

Es, qué duda cabe, una mala propuesta. Permítame, a continuación, exponerle las razones:

El sistema propuesto es groseramente inequitativo; favorece absolutamente a las rentas del capital frente a las del trabajo; permite que las empresas consuman servicios públicos a destajo sin pagar por ellos; rebaja la tasa tope del impuesto único y del global complementario con el propósito de que quienes tienen más ingresos tributen menos de lo que les corresponde (¿se le ocurre a usted alguna otra razón para bajar las tasas tope?); perjudica a la gran masa trabajadora que cotiza en las AFPs, al impedirles acceder a los mismos beneficios tributarios de los que sí disfrutan los restantes empresarios; perjudica a aquellos matrimonios donde uno de los cónyuges opta por trabajar en el hogar; permite que los empresarios no tributen, recibiendo los servicios públicos de manera gratuita (mientras otros pagamos por ellos), por todo el período que les dure el FUT histórico (que puede llegar a ser muy prolongado; ¿tendrán los amigos de la Nueva Mayoría una estimación de cuánto tiempo se demorarán las empresas en consumir su FUT histórico?); favorece, por el tema de la depreciación instantánea, a las empresas intensivas en capital por sobre aquéllas que no lo son (en especial en ese pavoroso primer año, donde le encargo la que se va a armar); permite que los contribuyentes que se aprovecharon del sistema al evadir tributación por la vía de efectuar retiros por sobre el Fut disponible, se salgan finalmente con la suya; aplica tasas distintas a los empresarios de empresas con las mismas utilidades, dependiendo de la estructura de propiedad de su empresa; etc.

Es enormemente confuso e intrincado; es muy complejo, lleno de vericuetos y de aristas, una verdadera majamama, la antítesis de lo que debería ser un buen sistema tributario en este aspecto (sencillo de manejar, fácil de entender, de cumplir y de controlar). Da la impresión que quienes lo idearon se hubiesen esmerado en enmarañarlo, en convertirlo en una tupida zarzamora o en un laberinto de quilas, para que nadie lo entienda. Esto incrementará, desde luego, su inequidad, ya que quienes puedan financiar el aporte de expertos tributarios (aquí sí que son indispensables) tendrán evidentes ventajas frente a los que no disponen de tal posibilidad.

Fomenta la arbitrariedad; cuando los autores de esta majamama se percataron de las características del engendro que estaban creando, no se les ocurrió nada mejor que dar vida a un monstruo para poder controlarlo. Así, en una decisión que puede tener consecuencias gravísimas, aumentaron las facultades del SII hasta mucho más allá de los límites razonables. Nadie les explicó, parece, que una las razones por las que los sistemas tributarios deben ser simples, es justamente para evitar la arbitrariedad. ¿Cómo solucionarán las diferencias de criterio que se producirán en los procesos de fiscalización? ¿Cómo impedirán que algunos de estos árbitros, haciendo uso de sus facultades, dejen pasar evidentes evasiones, y otros cuestionen y castiguen acciones totalmente lícitas? Total, es cuestión de criterio. ¿Se les olvidó tan pronto la experiencia de Johnson’s? Por cierto, habría que enfatizarle a la presidenta que esto va contra su mensaje de mayor equidad, ya que la arbitrariedad fomenta justo lo contrario: la inequidad.

No es neutro. Privilegia, por medio de sus disposiciones, a determinados contribuyentes en desmedro de los restantes. Al evidente perjuicio que le produce a la mayor parte de los ahorrantes de las AFP, hay que agregar el beneficio que tendrán las empresas intensivas en capital respecto de las que no lo son, gracias a la depreciación instantánea. A propósito, ¿habrán calculado los amigos de la Nueva Mayoría las consecuencias de la bomba que soltaron con el chipe libre para el primer año de vigencia de la reforma?

Es un sistema mentiroso, pues plantea que se pone término al FUT cuando éste tiene larga, pero larguísima vida. Partiendo sólo por el FUT histórico, ¿cuántos años se demorará en extinguirse? Siguiendo con el impuesto de primera categoría, ¿cómo se llamará el registro donde necesariamente debe anotarse, para luego confrontarlo con los impuestos personales? El proyecto no dice nada al respecto, por lo que podemos asumir que será el mismo registro FUT. ¿Qué pasa? ¿No se le ponía término? ¿Qué dicen al respecto los opinólogos que hablan tan livianamente de que el FUT se termina?

No es coherente. Elimina algunas franquicias injustificadas, pero mantiene otras, como la indefendible rebaja de IVA a las inmobiliarias ―que es un subsidio administrado por las propias inmobiliarias, las cuales, por supuesto, harán todo lo posible por maximizar sus ganancias en cada proyecto, evitando con ello traspasarle el menor IVA que les fue cobrado a sus clientes (no serían buenos empresarios si no actuaran en tal sentido); ello, por cierto, sin perjuicio de todo el juego tributario que pueden realizar, aprovechando la norma, aquellas constructoras que están integradas con las inmobiliarias―, el beneficio del 55 bis (de existir, debería ser aplicado sólo a la vivienda donde vive el contribuyente y, al igual que el subsidio, por una vez en la vida) y el del 55ter (bueno… ¿no quedamos en que no se traspasarían recursos del Estado a los establecimientos educacionales con fines de lucro?).

Es una reforma caprichosa. Quienes la promueven, la manejan como paquete cerrado. Es el todo o nada. No está en el ánimo de la presidenta, al parecer, implementar la mejor reforma tributaria, sino imponer, a rajatablas, su proyecto. Es como un capricho, como un antojo imposible de contener. Ojalá que después no venga el correspondiente berrinche (los caprichos generalmente son seguidos de berrinches, ¿se ha fijado?).
Si le agregamos a lo anterior que no existe ninguna certeza de que el sistema recaude lo que se pretende, tenemos un panorama bastante completo. Esta reforma, la reforma tributaria de Michelle Bachelet, definitivamente NO califica. Qué triste para el país que la Nueva Mayoría tenga la fuerza necesaria para imponerla. Qué lamentable que ni siquiera se den el tiempo de investigar si existe una alternativa mejor (¿quién les habrá dicho que con quince minutos de exposición se pueden despejar las dudas tributarias?).

Lo más penoso del asunto, es que existen alternativas mucho, pero mucho mejores, desde todo punto de vista. Permítame exponerle los lineamientos generales de una de ellas.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA UNA REFORMA TRIBUTARIA MÁS EQUITATIVA, SENCILLA Y EFECTIVA

1°. Eliminación del “sistema integrado de impuesto a la renta” mediante la modificación del artículo 20 del DL824, en el sentido de suprimir la posibilidad de imputar dicho tributo a los impuestos global complementario y adicional. Eso suprimiría automáticamente el FUT (quedando pendiente la definición de cómo se le da término al FUT histórico, para lo cual tengo un par de ideas que expondré cuando llegue el caso) y eliminaría de paso los artículos 56 y 63 del decreto vigente. Con ello, además, las empresas pasarían a reembolsar al Fisco los incontables servicios públicos que hoy reciben a título gratuito (se terminaría con un injustificable subsidio).

2°. Incremento, tal como lo plantea el proyecto de la Nueva Mayoría, de la tasa de primera categoría de un 20% a un 25% (es falso que este incremento afecte per se a la actividad económica; el efecto real dependerá de cómo gaste el gobierno los recursos adicionales que obtenga por esta vía).

3°. Establecimiento de la obligación de pagar tributos sobre sus utilidades, sea cual fuere su origen, para todos los contribuyentes de primera categoría, sin excepción (si usted quiere tener sociedades madres que le administren sus bienes, es su problema, pero los impuestos pagados en una sociedad, no deberían dar derecho a crédito en otra distinta).

4°. Cálculo de los impuestos global complementario y adicional sobre utilidades distribuidas, ya sea mediante inversiones en otras empresas (se eliminaría en este caso la exención), retiros o dividendos. Término de la posibilidad de reinvertir utilidades sin afectarlas con los impuestos personales (todas las utilidades distribuidas quedan afectas a tributos personales, sin excepción).

5°. Corrección del trato tributario discriminatorio que recibe el contribuyente casado (o formalmente emparejado según legislación ad-hoc) cuya esposa se dedica al hogar, otorgándole la posibilidad de que su esposa declare por la mitad de sus ingresos.

. Eliminación total e inmediata de las franquicias del 55bis, 55ter, 57bis y 65% de crédito especial de empresas constructoras. Cualquier acción de fomento que se quiera efectuar, debe ponerse en práctica mediante mecanismos distintos al tributario.

7°. Aumento de las tasas máximas del global complementario para rentas superiores a $ 8,5 millones mensuales (45%) y $ 12 millones mensuales (50%).

8°. Derogación del DL 600.

9°. Eliminación paulatina, en un plazo de 4 años, del mecanismo de depreciación acelerada (favorece a algunas empresas en desmedro de otras; si requiere establecer incentivos, la legislación tributaria no es el vehículo indicado). Esta disposición debería ir acompañada por un estudio profundo de las vidas útiles de los activos, a fin de adaptarlas a las nuevas condiciones tecnológicas.

10°. Eliminación de la tributación mediante renta presunta, pasando a reemplazarla en su totalidad por renta efectiva.

11°. Eliminación de la exenciones de tributación de las ganancias de capital y de la utilidad por la venta de bienes raíces.

Un sistema cimentado sobre estas bases sería mucho más equitativo que el propuesto por la Nueva Mayoría. Las empresas pagarían por los servicios que reciben del Estado, y las personas naturales tributarían por sus ingresos efectivos (por cierto, habría que endurecer las penalidades para aquéllas que pretendiesen ocultarlos), recibiendo con ello igual trato que los contribuyentes de segunda categoría. Sería, además, mucho más sencillo y más neutro. Las posibilidades de eludir se reducirían notablemente y no existiría un trato discriminatorio hacia los ahorrantes de las AFPs, Habría también mucho menos arbitrariedad, ya que no se requeriría otorgar facultades adicionales al SII, pues las que ya tiene le serían suficientes para desarrollar adecuadamente su tarea de fiscalización.

En cuanto a recaudación, esta alternativa debería generar ingresos fiscales a lo menos equivalentes, sino superiores, a la propuesta de la Nueva Mayoría.

La dejo planteada atendiendo a la sugerencia de la presidenta de que se considerarán alternativas razonables que generen la misma recaudación que, supuestamente, obtiene el actual proyecto. Ésta consigue ese objetivo y es, además, mucho más conveniente para el país desde todo punto de vista.


Cualquier duda, me consultan.

domingo, 6 de abril de 2014

La excesiva desigualdad: ¿un problema genético?

Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que la esclavitud es la forma más extrema de desigualdad que han puesto en práctica las sociedades humanas a lo largo de la historia.

En ese abyecto sistema socioeconómico (porque eso era: un sistema socioeconómico) un grupo acumulaba tanto poder, que era capaz de sojuzgar a otro al extremo de vulnerar todos sus derechos, incluido el de la vida. Los esclavos dejaban de ser seres humanos y se transformaban en mercancías, en meros inventarios. Pasaban a formar parte de los activos de las empresas. En los campos algodoneros del sur de los Estados Unidos, antes de la guerra de la Secesión, una parte muy importante de los patrimonios de los productores de algodón estaba conformada por sus esclavos. Eran un bien transable: tenían precio y había, desde luego, un bullente mercado donde comercializarlos.

¿Cuáles eran los fundamentos en que se basaban tales sistemas? La supuesta “superioridad genética” era uno de las más recurrentes. Se sostenía que la raza blanca era superior a las restantes, por lo que ejercer esa supremacía era un acto natural, algo así como el cumplimiento de un mandato divino (después de todo, se argumentaba, si Dios hubiese estado en contra de la esclavitud no habría creado seres superiores). Hubo también, hasta no hace mucho, esclavitudes basadas en creencias religiosas. Las hay todavía, sostenidas por el poder de las armas, por la tradición y por el abolengo (aún hoy, pleno siglo XXI, existen las aristocracias).

¿Cuál son los coeficientes de Gini de sociedades como ésas? Elevados, sin duda. Una aproximación a ellos la podemos tener si nos fijamos en los que muestran naciones que vienen saliendo de tan ignominiosa condición, como Botswana (0,61), Sudáfrica (0,631) o Namibia (0,639). Probablemente ―porque cambiar las estructuras creadas por los sistemas esclavistas es extremadamente difícil―, son muy parecidos a los que existían en los tiempos de la indignidad y de la vergüenza. Como dato al margen, compare estos indicadores con los 0,521 de Chile. No es tanta la diferencia, ¿verdad?

¿Es justificable la esclavitud? ¿Existe alguna razón, cualquiera que ella sea, que transforme en aceptable algo que, desde todo punto de vista, no sólo es inadmisible, sino también intolerable? Coincidirá usted conmigo en que no la hay. No existe ese tipo de razones y nunca existió. Nada justifica la esclavitud, ni las causales genéticas, ni las tradiciones, ni las creencias religiosas, ni los abolengos. Tampoco, las diferencias individuales (qué aberrante resulta este argumento planteado así, ¿verdad?). Qué hablar del poder de las armas.

La extrema desigualdad es una forma de esclavitud.

Todos somos distintos, es efectivo. Tenemos talentos y competencias disímiles. Eso no es discutible. Lo que sí es discutible, es la magnitud económica de tales diferencias. Observe los coeficientes de desigualdad 10/10 que registraban al 2012 Alemania (6,85; Banco Mundial) y Chile (35,6; minuta del gobierno saliente). En ambos casos, estamos comparando los ingresos que recibe el grupo más acomodado (grandes empresarios y profesionales exitosos, entre otros) con el menos favorecido (recogedores de basura, estafetas, aseadores, empaquetadores, entre otros). Si dichos índices fuesen sólo el reflejo de las diferencias individuales, tendrían que ser muy similares. Las diferencias individuales deberían seguir patrones semejantes en los distintos países, ¿verdad? Salvo que usted piense, como ciertos articulistas nacionales, que la raza aria es mucho más homogénea que la latina. La diferencia, no obstante, es abismante. ¿Por qué ocurre semejante fenómeno? La explicación es muy simple: al igual que la esclavitud, la desigualdad extrema es el resultado de la concentración del poder en manos de unos pocos.

Las sociedades esclavistas tenían esclavos porque podían hacerlo. Disponían del poder necesario y hacían uso de él sin mayor consideración. Aplicaban la ley del más fuerte. Las desigualdades extremas obedecen al mismo principio (¿qué le hace pensar, estimado lector, que la humanidad ha cambiado desde los tiempos de la esclavitud?): si usted tiene el poder necesario, no le temblará la mano: de manera inevitable lo usará en provecho suyo, perjudicando con ello a los demás.

Se lo ejemplifico: si usted concentra en su mano los medios de producción, puede (tiene el poder para hacerlo) cobrar lo que le parezca adecuado por lo que produce, y remunerar como se le antoje a los recursos que usa para producir, entre ellos al trabajo. Cobrar mucho y pagar poco es también, en la práctica, una forma de esclavitud (o al menos de servidumbre), aunque quienes la practican utilicen la expresión “mercados imperfectos” para denominarla.

La desigualdad excesiva no es entonces un problema genético o un efecto de las diferencias individuales (como plantean algunos seudointelectuales). Es lisa y llanamente un abuso. Se produce cuando existen grupos que concentran, sin que nadie los controle, el poder, la riqueza, los recursos naturales, la tierra, los medios de comunicación y la información. Por eso, no es aceptable desde ninguna perspectiva. Una sociedad que pretenda ser más justa, necesariamente debe combatirla.

¿Y por qué se origina semejante escenario? También la respuesta es simple: porque la instancia encargada de mantener los equilibrios, el Estado, no cumple adecuadamente sus funciones. El asunto siempre ha sido así: cuando no se generan mecanismos institucionales para evitar los abusos, impera la ley del más fuerte. Mire lo que ocurre, sin ir más lejos, en la propia naturaleza. O lo que sucedió en el Far West durante el siglo antepasado. Si el estado está ausente, o renuncia a mantener los necesarios equilibrios, quienes tienen poder llenan el vacío. En tal escenario, la concentración de la riqueza aumentará inexorablemente, junto con su otra cara, la desigualdad. Aunque parezca un contrasentido, los estados ausentes no generan mayor libertad, sino todo lo contrario: la conculcan. ¿Puede alguien argumentar que los más desposeídos, en una sociedad como la chilena, son libres? Si es evidente que son esclavos. Esclavos económicos, pero esclavos, al fin y al cabo.

Hay que combatir la desigualdad extrema, entonces, y la forma más adecuada de hacerlo es bastante evidente: se debe desconcentrar todo, el poder, la riqueza, los ingresos (de ahí la importancia del tema tributario), la propiedad de los medios de producción y los mercados. Todo.

No se trata, desde luego, de estatizar por completo la economía. La acción del Estado no puede llegar a sojuzgar la libertad de las personas. Como en casi todo ámbito de la vida, se debe buscar el necesario equilibrio. Pero si bien éste no se halla en estados omnipresentes, como el de Corea del Norte o el de Cuba, tampoco está en estados ausentes como el de Chile. Los países desarrollados, en su gran mayoría, muestras participaciones fiscales de entre un 30 y un 40% del PIB. Por ahí debería ir la cosa, ¿no le parece?

Por cierto, esgrimir justificaciones económicas para no hacerlo (hay algunos intelectuales que trasmiten ese mensaje por estos días: que caerán el ahorro y la inversión, que la economía colapsará y blablablá), es una falacia. La justicia, la equidad, los principios, los derechos humanos, están antes que las consideraciones económicas (aunque ello siempre debió haber sido así, oficialmente lo es a partir de la declaración universal de los derechos humanos). En la época actual, nadie debería atreverse a invocar razones de carácter económico para justificar la excesiva concentración de la riqueza o para oponerse a las medidas que buscan combatirla.

Estamos en pleno siglo XXI, por lo que ya sería necesario que comenzáramos a tratar los problemas como corresponde, ventilando sus verdaderas causas y lanzando al tapete las soluciones adecuadas. No sigamos echándole la culpa a los genes, que sólo explican una parte muy menor de la desigualdad. Salvo, por supuesto, que quienes esgrimen ese argumento ―hay institutos de investigación (que, curiosamente, usan el vocablo “libertad” en sus nombres) y partidos políticos enteros que se dedican a hacerlo― se refieran a los genes de la avaricia, la codicia, el egoísmo y la ambición, porque en ese caso habría que reconocer que tienen toda la razón: se trataría, efectivamente, de un problema genético.