viernes, 19 de diciembre de 2014

Acerca de la equidad, la libertad, el progreso y los equilibrios

Los equilibrios son importantes, qué duda cabe. Algunos son, de hecho, indispensables, como por ejemplo el que debe existir entre la vida familiar y la actividad laboral. Resulta evidente que si privilegiamos en exceso a una de ellas, necesariamente la otra se resiente.

Equilibrar tiene que ver, entonces, con asignar las dosis adecuadas a factores de alguna manera antagónicos, competitivos, cuya optimización particular requerirá, de manera obligatoria, de un desmedro de los restantes.

¿Están la equidad, la libertad y el progreso en semejante disyuntiva? Si se desea mejorar alguno de ellos, ¿inevitablemente debe hacerse a costa de los otros dos?

No. De ninguna manera.

Por el contrario, en una sociedad democrática (como pretende ser la nuestra) es indispensable perseguir la optimización de cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues, porque son complementarios, están indisolublemente ligados, ya que los tres son prerrequisitos imprescindibles para lograr el objetivo final de toda nación, cual es alcanzar el desarrollo.

Para comprobarlo, lo invito a que profundicemos los conceptos señalados.

El desarrollo

Según Kofi Annan, un país alcanza el desarrollo cuando todos sus habitantes pueden disfrutar de una vida libre y saludable en un entorno seguro.

Como usted puede apreciar, estimado lector, tan potente definición contiene los tres conceptos que nos ocupan. La libertad se menciona explícitamente (“disfrutar de una vida libre”) y para ejercerla, se requiere del progreso (¿de qué otra forma, si no, se lograría una vida libre, saludable y un entorno seguro?). La palabra “todos”, por su parte, lleva implícita la equidad. Podríamos concluir, en suma, que un país desarrollado es aquél que ha progresado, de manera equitativa, lo suficiente como para conseguir que todos sus habitantes puedan ejercer a plenitud su libertad.

La equidad

La equidad se define como la acción de entregar a cada uno lo que se merece. No más que eso, pero tampoco menos.

Nótese que ello no significa entregar a cada uno iguales compensaciones. Tal acción no sería equitativa ya que, sea por sus talentos naturales, por sus capacidades o por su esfuerzo, algunos merecen más que otros. Así, un neurólogo debe ganar más que un barrendero, un gran empresario más que un albañil, y Usain Bolt y Amira Willighagen más que la inmensa mayoría de nosotros. A eso no hay vuelta que darle. El punto es, y aquí es donde entra a tallar la equidad, cuál es la magnitud de la diferencia.

Porque, convendrá usted conmigo, no da lo mismo que el neurólogo gane 40 veces más que un barrendero o que tal diferencia sea de sólo 10 veces. ¿Qué es aquí lo equitativo?

Para enfocar el tema como corresponde es preciso, previamente, que nos refiramos a las sociedades humanas. Ocurre que éstas son interdependientes. Quienes participan de ellas no pueden conseguir sus propios objetivos sin la ayuda y el aporte de los demás. El neurólogo jamás lograría generar sus ingresos si no existiesen, por ejemplo, los barrenderos, los albañiles, los policías y los empleados públicos. Imaginemos, para comprenderlo, cómo serían nuestras vidas (y las del neurólogo y del gran empresario) en la devastadora soledad del Golfo de Penas.

Tal constatación es en extremo relevante para el tema que nos ocupa, pues nos permite concluir, primero, que debemos destinar una parte de nuestros ingresos para compensar el aporte que recibimos de la sociedad (ya que de lo contrario estaríamos siendo subsidiados por ella; ésta es una de las principales justificaciones de los impuestos); segundo, que la educación no es la panacea para combatir la inequidad (puesto que, necesariamente, siempre deberán existir barrenderos, albañiles, policías y empleados públicos); y tercero, que  no existe una fórmula mágica para determinar la estructura relativa de los ingresos de los miembros de una sociedad. Esta última es, fuera de toda duda, el fruto de un acuerdo de aquéllos. Es una decisión social.

Ahí, pues, lo tiene, el problema de la equidad en las sociedades democráticas modernas: ¿cuál debe ser su estructura relativa de ingresos? O, más sencillo, ¿cuáles deben ser su relación 10/10 y su coeficiente de Gini?

Los países desarrollados han avanzado, consciente o inconscientemente, en el tema. Allí se considera apropiado un Gini menor que 0,30 y una relación 10/10 de un dígito (esto es, menor que 10). Tales guarismos parecen razonables (algo sabrán estos señores al respecto) y se me ocurre que no pecaríamos ni siquiera venialmente si los adoptáramos. Luego, si usted compara nuestro Gini (0,508 al 2011 según el Banco Mundial) y nuestro coeficiente 10/10 (24,5 según la misma institución a igual fecha, al parecer subvaluado), dispone de una medida muy aproximada de la magnitud de la desigualdad en nuestro país: 0,21 en exceso en el primer indicador y 14,6 veces (por lo menos) en el segundo. ¿Cómo reducir esas diferencias? Es la pregunta del millón, de la que al parecer aún no conocemos la respuesta (o no la conocen nuestras sucesivas autoridades, incluyendo las actuales).

La equidad y la libertad

Pero, ¿qué relación tiene la equidad con la libertad? Muy sencillo: existe inequidad cuando determinados grupos se apropian, aprovechando el poder del que disponen, de una porción mayor que la que les corresponde de los frutos del esfuerzo colectivo. El ejemplo más extremo al respecto, es la esclavitud. En una sociedad esclavista, los amos se lo llevan todo y los esclavos, nada en absoluto, independientemente de sus talentos, de sus capacidades o del esfuerzo que desplieguen. La inequidad llevada al límite (¿cuál sería el Gini de una sociedad esclavista?; ¿y su relación 10/10?).

Toda inequidad es, en consecuencia, una forma de explotación, un abuso de posición dominante y, por consiguiente, una pérdida de libertad. Observe usted el coeficiente de Gini de una nación que no hace mucho era esclavista (Sudáfrica; 0,65 en el informe del Banco Mundial). Mientras mayor es el coeficiente de Gini, más cerca estamos de la esclavitud (¿qué podemos decir de un Gini de 0.508?). En países con coeficientes de Gini elevados, las personas de bajos ingresos no son libres.

Entonces, la equidad es lo primero. Es un prerrequisito. Para que exista verdadera libertad, antes debe existir equidad.

La equidad y el progreso

Lo usual respecto a estos dos factores, es presentarlos como parte de una disyuntiva. Si queremos progreso, debemos limitar la equidad (por ese asunto de los impuestos y el tamaño del Estado, usted sabe). Por el contrario, si queremos equidad debemos acostumbrarnos a un menor progreso; inevitablemente. Sin embargo, ello no tiene por qué ser así, y las evidencias son, justamente, los países desarrollados, donde conviven, felices de la vida, el progreso con la equidad.

Convengamos que este tipo de argumentos falaces ya se utilizaron en el pasado. Son los mismos que se vertieron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se discutía la abolición de la esclavitud. Sobrevendrá una catástrofe económica, dijeron algunos. La historia, no obstante, es conocida: no se acabó el mundo. Por el contrario, éste se convirtió en un mejor lugar para vivir (no mucho, pero en fin…).

Convengamos también que el efecto de las medidas pro equidad dependerá de cómo se utilicen los recursos captados. Si se destinan a incrementar el tamaño del Congreso (¿se acuerda? 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores, con toda la infraestructura adicional que ellos requieren y que no nos costaría ni un peso adicional, ja, ja y ja), a financiar a la parentela y a los correligionarios y, en fin, a ponerle ruedas al Estado, desde luego que el efecto será negativo. En cambio, si se utilizan en mejorar la situación de los sectores más desposeídos, el efecto final tendría que ser muy positivo. Deberíamos tener un mayor progreso (si usted, persona con bajos ingresos, percibe un aumento de ellos, ¿qué hará con el dinero extra?; ¿guardarlo bajo el colchón?). Como lo comprueban hasta la saciedad los países desarrollados, la equidad es un buen negocio. No sólo no afecta negativamente el crecimiento y el progreso, sino que lo acrecienta. Una sociedad más equitativa, progresa más y mejor que una que no lo es.


Así que, estimado lector, cuando alguien le plantee que para hablar de equidad, libertad y progreso, es necesario hacerlo también de equilibrios, ponga en duda sus palabras. No las acepte así como así, pues es muy probable que esté desinformado. O que esté vertiendo sus afirmaciones a sabiendas de que son equivocadas. Y ambas posibilidades, coincidirá usted conmigo, son igualmente graves.

El reajuste parlamentario: ¿la gota que rebalsó el vaso?

¿Cuál es la razón por la que el recién aprobado aumento de las remuneraciones del sector público generó tanta polémica?

Parece simple, ¿verdad? La gente percibe que los parlamentarios están sobrepagados y que, por ello, el reajuste no se justifica. Menos aún si el monto de éste es más del doble de un sueldo mínimo.

Pero, ¿están realmente sobrepagados? Para averiguarlo, lo invito a conocer cómo se gestó el actual valor de la dieta.

No siempre las dietas parlamentarias fueron tan jugosas. De hecho, a fines del año 2002 ascendían, incluido el 3% de reajuste del sector público que se otorgó en diciembre de dicho año, a $ 2.056.360 brutos, valor equivalente a 18,5 veces el sueldo mínimo de la época ($ 111.200).

Si se hubiesen mantenido en dicho valor, considerando los reajustes anuales otorgados a los funcionarios fiscales, a la fecha ganarían $ 3.585.615, monto que equivale a 15,9 veces el actual sueldo mínimo ($ 225.000). En tales circunstancias, el monto del reajuste (6%) ascendería a $ 215.137, cifra levemente inferior al sueldo mínimo, y la nueva dieta quedaría en $ 3.800.752.

¿Qué le parecen esos montos? Bastante más razonables, ¿verdad? Es lo que deberían ganar nuestros parlamentarios. En ningún caso más que eso.

No ocurre así, sin embargo, y la razón es conocida. El año 2002, como consecuencia de uno de los actos administrativos más vergonzosos de nuestra historia, nuestros sufridos parlamentarios tuvieron un reajuste extra. Uno más que considerable, en realidad.

Por esas fechas, se detectó que el gobierno de turno, con Ricardo Lagos a la cabeza, le había puesto ruedas al erario público. Recurriendo a toda clase de triquiñuelas, algunas de las cuales serían constitutivas de delitos (Gloria Ana Chevecich procesó a varios apóstoles de dicha administración por esa causa), se les pagaba en secreto a los altos funcionarios de gobierno suculentos sobresueldos.

Cuando se destapó la olla, no ocurrió lo esperable en cualquier país que se precie de serio. No se investigó a fondo el tema, no funcionaron las instituciones y la mayoría de los infractores no perdió sus cargos (algunos, de hecho, siguen disfrutando de reconocimiento público como si nada hubiese sucedido). Por el contrario, el Gobierno y el principal partido opositor, la UDI (los mismos del caso Penta, para que vea cuánta experiencia tienen en este tipo de asuntos) llegaron a un acuerdo y, adivine qué, no sólo le echaron tierra al asunto y sepultaron cualquier posible investigación seria; además legitimaron el despojo que se estaba produciendo, mediante el incremento legal de las remuneraciones de los altos funcionarios públicos.

No fue un reajuste menor. Sabemos que Ricardo Lagos no se anda con pequeñeces. El Presidente aumento su remuneración en un 150%, los ministros en un 140% y varios otros funcionarios en porcentajes menores (revise la ley 19.863 para conocer el detalle). ¿Hubo algún estudio serio de respaldo? ¿Algún análisis que comprobara que los funcionarios estaban, efectivamente, mal pagados? ¿Uno siquiera? ¿Se le ocurre? En Chile, tales resguardos no son necesarios. Bastó con la palabra, dicha en ese tono engolado tan característico, del entonces Presidente.

¿Y los parlamentarios, dirá usted? Ellos no figuran en la ley. ¿Cómo es que se vieron beneficiados?

Pues, de rebote, gracias a una disposición constitucional que establece que perciben una remuneración equivalente a la de los ministros de Estado. Sin tener arte ni parte, quedaron ganando la misma renta que éstos. Tuvieron un reajuste inesperado, pero no por ello mal recibido, de un 140%.

De un día para otro, entonces, pasaron de los $ 2.056.360 que ganaban, a recibir por concepto de dieta la módica suma de $ 4.935.264.

Lo irónico del asunto es que si usted revisa la prensa de la época, se percatará que el posible reajuste de los parlamentarios ya causaba polémica. De hecho, el gobierno aseguró que tomaría las medidas para evitarlo. No obstante, como usted puede comprobarlo fehacientemente, no lo hizo.

Déjeme detenerme unos instantes en la consistencia del mensaje de Ricardo Lagos: a este tipo de política, donde usted más que duplica su propia renta y la de sus cercanos, y sólo aplica un 3% de reajuste a la inmensa mayoría de las rentas públicas, el primer mandatario lo llamó “crecimiento con equidad”. Para que vea la relatividad de los conceptos.

De manera que aquí estamos, con un reajuste producto de una sinvergüenzura de marca mayor; con un incremento de remuneraciones que jamás debió haber ocurrido; que tiene un origen indigno; y que nos ha generado, desde que está vigente, un sobrepago que se empina ya por sobre los 150 millones de dólares. La dieta actual equivale a 38,2 veces el sueldo mínimo. La nueva dieta ($ 9.121.806), a 40,5 veces. ¿Cómo lo haya? La verdad es que nuestros parlamentarios no están sobrepagados; están requetesobrepagados.

Lo peor del caso, es que no existe razón alguna para que ello sea así. Ellos no lo merecen. No están a la altura. Nunca se lo han ganado. El mínimo nivel de prestigio del que disfrutan es una clara evidencia al respecto.

Así las cosas, cabe preguntarse por qué una Presidenta que se declara ferviente luchadora en pro de una mayor igualdad, no aprovechó la oportunidad para dar pasos concretos en procura de aminorar este inaceptable exceso. Oportunidades hubo. Algunos diputados ―aquéllos que tiene conciencia de lo aberrante e indefendible del asunto de marras― le pidieron de hecho al Gobierno que considerara proponer un reajuste escalonado. ¿Se le ocurre alguna razón para que Michelle Bachelet haya obviado tal sugerencia?

Pues a mí sí. Una de peso, en verdad. O, mejor dicho, de pesos. La única forma que tenía el Gobierno, con la actual normativa, de obviar el reajuste de las dietas parlamentarias, era obviando a la vez el de los ministros. No olvide que, hasta la fecha, ambas remuneraciones están atadas. Entonces, como la caridad empieza por casa, una acción en tal sentido era impensable. La Presidenta y sus ministros serán partidarios de una mayor desigualdad, pero siempre y cuando no les afecte el bolsillo propio.

Sin perjuicio de ello, el tema se tocó en la Cámara de Diputados. Existió una moción para solicitar al Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa exclusiva en estas materias, una indicación en tal sentido, la que fue apoyada por 33 parlamentarios. No obstante, 54 la rechazaron y 7 se abstuvieron, sumándose con ello a la mayoría.

Yo le pregunto, estimado lector, ¿no cree usted que ya es suficiente; que esta gente no tiene remedio; que carece de escrúpulos? ¿No le parece que ésta es la gota que rebalsó el vaso?

En algún momento tenemos que poner atajo a tanta desfachatez. Mal que mal, somos los dueños del boliche. Lo invito, pues, a iniciar una campaña para conseguir que ninguno de estos honorables, tan desprendidos de dineros ajenos, vuelva a reelegirse. Argumentos hay de sobra y tiempo también, así que lo que falta es la decisión y la persistencia. Los medios, ya aparecerán.

Le aseguro que si logramos que varios de estos espíritus pletóricos de equidad y respeto por el prójimo, no vuelvan a pisar el parlamento, nos tendrán más respeto. ¿Cómo sabe si, entonces, comienzan a preocuparse más de nuestro bienestar y menos del propio bolsillo?

Por algo se empieza, dicen. Para andar cualquier camino, hay que dar el primer paso. Comencemos, pues, cobrándoles la cuenta a estos señores: no más cargos parlamentarios para ellos. Después, seguimos con el resto.

¿Por qué le va mal al Gobierno en las encuestas?

Es la pregunta de moda, la que todos tratan de responder por estos días: ¿cuál es la causa de que en tan sólo ocho meses la Presidenta haya perdido parte importante de su apoyo inicial y se encuentre, como dicen algunos con evidente complacencia, en caída libre?

Los analistas no se han puesto de acuerdo al respecto. Hay como una bruma que impide ver el escenario con la claridad que se requiere para efectuar un diagnóstico certero. Mientras unos hablan de malas ideas o cuestionan los proyectos derivados de éstas, otros apuntan directamente a los ejecutantes. Problemas de relato, poderes fácticos y campañas del terror también han saltado a la palestra como posibles culpables. Todos los opinantes, sin embargo, coinciden en que hay una caída. Pero, ¿es tan así?

Si usted hace sólo un poco de memoria, menos de un año hacia atrás, recordará las cifras del último censo político que se efectuó en nuestra larga y angosta faja (una elección presidencial es, en la práctica, un censo).  Según ellas, sólo un 25,6% de la población electoral apoyó a Michelle Bachelet y un 15,6%, a su contrincante (y actual crítica acérrima), Evelyn Matthei. El resto, ¡un 58%!, tomó palco, pasó (como en su minuto lo hizo la Presidenta) o, simplemente, no estaba ni ahí con lo que se estaba dirimiendo (acogiéndose a esa antigua máxima que dice: “sea cual sea el resultado, yo pierdo igual”).

De manera que Michelle Bachelet inició su mandato con ese precario apoyo (los “votos duros”, le llaman). Un 25,6% y nada más.

Las encuestas, sin embargo, mostraban porcentajes muy superiores hace algunos meses. ¿Por qué? Pueden existir variadas razones para explicarlo, desde problemas metodológicos, pasando por esa tendencia que tenemos de intentar confundirnos con los ganadores, hasta el apoyo poco comprometido, el “ojalá que le vaya bien”, que muchos manifiestan en los inicios de un mandato, en especial si el mandatario (o mandataria) tiene una personalidad y un discurso atractivos. Lo más seguro es que la diferencia observada se deba a una combinación de esos tres factores, y de algún otro no mencionado. Mi personal impresión, no obstante, es que se debe principalmente al tercero.

Por cierto, ese apoyo tibio, de la boca hacia afuera, tiende a desaparecer apenas el ambiente se caldea un poco. Es tan endeble como un castillo de arena. Y ocurre, como usted se habrá dado cuenta, que la marea está subiendo, y amenaza con mojarnos a todos.

Michelle Bachelet no ha perdido el apoyo de quienes la llevaron al sitial que ahora ocupa. Ése lo mantendrá hasta el final, incluso hasta que ya sea demasiado tarde. Lo que está perdiendo es ese espacio de tolerancia, esa observación paciente a la que sometemos a quienes deben realizar una actividad destinada a complacernos en los inicios de ésta. Tal como el cómico que sale al escenario y dispone de algunos minutos antes de que comiencen las primeras pifias. Todos queremos que triunfe, que nos haga reír a todos, pero si no lo logra, pobre de él. No dudamos en apabullarlo.

Es lo que está ocurriendo: Michelle Bachelet no ha estado a la altura, y ya comenzaron las primeras pifias. ¿Será capaz de revertirlas? Está por verse.

De todas formas, esto era algo previsible. De hecho, yo mismo lo anticipé en una columna publicada el 19 de diciembre del año pasado (le dejo el link para que lo compruebe:  http://goo.gl/y8AmJf). Es el sistema político completo el que está perdiendo ascendiente y legitimidad ante los ciudadanos, en un proceso que se inició allá por el 2011 y que está lejos de terminar. La ciudadanía se ha vuelto más exigente, y eso no terminan de comprenderlo los políticos, que aún actúan como en los tiempos de la impunidad total. Michelle Bachelet era uno de los últimos diques de contención que impedían el desbande del apoyo al sistema partidario. Si ella fracasa, ¿qué quedará? Le encargo lo que viene.

¿Tiene remedio la actual situación? ¿Es reversible el proceso que está viviendo la mandataria?

Desde luego, pero ello requiere de que comience a hacer las cosas bien. No como hasta ahora, donde cada proyecto que presenta parece haber sido confeccionado por su peor enemigo.

¿Dónde debe mejorar? ¿Son las ideas las que están fallando?

Por cierto que no. En términos generales, son las adecuadas. Salvo que usted pertenezca a la UDI (partido conformado por seres que habitan en una dimensión paralela, donde un Gini de 0,521 es un gran logro), convendrá en que nuestros sistemas tributario, educacional, de salud, previsional, laboral, de vivienda, judicial y financiero (sí… no se salva ninguno) deben modificarse. Incluso me atrevería a decir que deben cambiarse. También, desde luego, nuestro modelo de desarrollo y, por cierto, la Constitución, no sólo por su origen, sino porque no protege numerosos derechos civiles, porque limita al extremo la participación y la capacidad de control del ciudadano común, porque permite que existan leyes abiertamente inconstitucionales en nuestro ordenamiento (puedo mencionarle al menos dos), y porque da vida a un Tribunal Constitucional débil, carente de atribuciones y temeroso (entre varios otros puntos).

Entonces, ¿son los proyectos los malos?

Pero, ¿le cabe alguna duda? Ahí está el queso, como dicen en el campo. En la redacción de los proyectos. Allí hay un problema serio, un divorcio brutal entre la idea original y su formulación legal. Si Michelle Bachelet quiere revertir su baja en las encuestas, éste es uno de los ámbitos donde tiene que hincar el diente. En forma urgente.  Partiendo por las iniciativas que están en trámite.

¿Y qué ocurre con los ejecutantes?

Ahí no me pronuncio. Tengo, desde luego, mis dudas con Arenas y Jorrat (¿cómo es posible que hayan impulsado un proyecto de reforma tributaria tan malo, hasta con errores conceptuales?), pero en general no creo que sean el principal problema. Si se pretende aserrar una tabla con un cuchillo de mesa, el operario que se elija fracasará rotundamente.

¿Y el Gobierno en general?

Pues es el otro ámbito donde hay que centrarse. ¿No le parece a usted que, a la fecha, más de la mitad del equipo gubernamental parece estar de vacaciones? Aparte del de Educación, del de Hacienda y de la titular del Trabajo, que están permanentemente en el centro de la noticia, ¿qué ocurre con los restantes ministros? ¿Lo sabe usted? Somos un país con enormes carencias. Si ellos se aplicaran, podríamos tener noticias positivas todos los días. Hay tanto por hacer, en especial si se pretende reducir el flagelo de la desigualdad.

De manera que así están las cosas. Michelle Bachelet puede, sin renunciar a su idea matriz, a su concepto de sociedad, retornar a la senda de la aprobación ciudadana, siempre y cuando mejore sus proyectos y consiga que sus demás ministros, los que no están involucrados con éstos, avancen en mejorar el desempeño de los servicios que están a su cargo. Así, desempeñará su cargo hasta con gloria.

De lo contrario, si no introduce los cambios requeridos, la cosa se tornará muy negra, y a corto plazo. Para regocijo de unos pocos y pesar de muchos.


¿Quiere eso doña Michelle? Quedamos atentos a la respuesta.