domingo, 31 de agosto de 2014

¿Por qué no se suprime el inconstitucional "crédito especial de IVA para empresas constructoras"?

¿Le interesa saber cómo funciona realmente  el "crédito especial de IVA para constructoras"? Permítame explicárselo con un ejemplo.

Suponga que una constructora le construyó viviendas a una inmobiliaria por un valor de $ 1.000 millones netos. Al facturárselas, debe cobrarle sólo un 6,65% de IVA (es lo que queda una vez rebajado el crédito), vale decir, $ 66,5 millones. Sin embargo, el crédito mencionado no rige para sus proveedores, por lo que a ellos debe pagarles la tasa normal, esto es 19%. Suponiendo que sus compras representaron un 70% de las ventas, debe pagarles un IVA de $ 133 millones (19% de 700 millones). En consecuencia, la empresa constructora enfrenta un déficit de caja por concepto de IVA, ya que paga $ 133 millones y cobra sólo $ 66,5 millones.

Como usted bien sabe, los déficits de caja hay que financiarlos. Uno esperaría que si ellos son generados por una obligación establecida en una norma, el costo del financiamiento debería ser asumido por quien estableció la obligación, es decir el Fisco. Nada más lejos de la realidad, sin embargo. Es la misma constructora la que debe asumir el costo financiero. Está obligada por la norma a financiar beneficios tributarios que recibe un tercero, la inmobiliaria, con su propio peculio por todo el lapso que se demora el Fisco en cubrirle el mencionado déficit de caja (hasta la DAE del años siguiente).

jueves, 21 de agosto de 2014

¿Mejora o empeora el proyecto de reforma tributaria del Gobierno con el “protocolo de acuerdo”?

Aunque ya lo he señalado en alguna columna anterior, no está de más repetirlo: los conceptos de “mejor” o “peor” son relativos. Las realizaciones humanas no son buenas ni malas “per se”, sino que adquieren dichos calificativos por comparación, ya sea con algún patrón o estándar de medida (la pauta de corrección de un examen, por ejemplo); con una o más alternativas (en cuyo caso sí que podemos hablar de “mejor que” o “peor que”); o con sus propios objetivos.

De manera que el mecanismo adecuado para saber si el ya famoso “protocolo de acuerdo” mejoró o empeoró el proyecto de reforma tributaria presentado por la Nueva Mayoría, es simple: hay que comparar. Pero, ¿qué con qué? Resulta evidente, ¿verdad?: hay que confrontar la versión corregida de la reforma, la “post protocolo”, con los objetivos que planteó en su mensaje original la Presidenta. Si con el impacto del mencionado acuerdo estos objetivos se hacen más próximos, más cercanos, más alcanzables, tendremos que concluir que éste mejora el proyecto original. Si, por el contrario, por su causa se alejan o su logro se entorpece, la conclusión será la inversa: lo empeora.

Hagamos, pues, la comparación. Previo a ello, refresquemos un poco la memoria: ¿cuáles fueron los objetivos planteados por la Presidenta para su proyecto original? Le detallo los principales: avanzar en equidad y mejorar la distribución del ingreso; reducir la elusión y la evasión; y recaudar USD 8.200 millones anuales adicionales.

domingo, 17 de agosto de 2014

¿Qué pasó con las promesas de la Nueva Mayoría?

La oferta inicial de la Nueva Mayoría,  reconozcámoslo, era demasiado tentadora:  tendríamos reformas que harían del nuestro, un país más justo, más solidario e inclusivo; un lugar donde el privilegio de disfrutar del diario vivir no estaría reservado sólo a unos pocos, a expensas de todo el resto.

Partiríamos con la tributaria, que corregiría las brutales inequidades, desenredaría los intrincados vericuetos y cerraría los enormes forados del sistema vigente, aparte de recaudar USD 8.200 millones anuales adicionales en régimen, indispensables para abordar las restantes reformas; seguiríamos con la educacional, que permitiría lograr en un plazo razonable lo que siempre debimos haber tenido en ese ámbito: una educación pública gratuita, inclusiva y del mejor nivel, comparable con la que se ofrece en los países desarrollados y disponible para todo aquel que la requiriera; y si sobraban recursos, abordaríamos la de la salud, buscando solucionar la permanente carencia de médicos, generales y especialistas (un año de espera para un traumatólogo o un siquiatra, admitámoslo, es una vergüenza mundial), que hace del sistema público un lugar inhóspito (hospitales inhóspitos, vaya paradoja), la laboral y la previsional.

Quedaría pendiente la reforma de la justicia (en Chile quienes no disponen de recursos no tienen derecho a la justicia; ésta es para quienes pueden pagarla), la de la vivienda, la de la administración pública (para hacerla más eficiente y para evitar que siga siendo un coto de caza de las coaliciones gobernantes), y la constitucional (¡ayayay!), pero uno no puede ser tan exigente habiendo tanto que reformar. Hay que ir de a poco, matando los problemas de a uno.

Gaza: cuando las víctimas se transforman en victimarios

La evidencia histórica es indesmentible: quienes han sufrido persecuciones, aquéllos que han sido encarcelados, torturados y masacrados, cuando detentan el poder brindan el mismo sanguinario trato a sus semejantes. Las víctimas de las más atroces aniquilaciones no trepidan, si tienen la ocasión, en transformarse en victimarios.

La historia del cristianismo es pródiga en muestras de tan abominable actitud. Durante más de tres siglos, quienes seguían las enseñanzas y preceptos de Jesucristo sufrieron inhumanas agresiones, primero de parte de sus propios compatriotas, los judíos, y luego por cuenta de los romanos. Se habla de 10 grandes persecuciones de estos últimos, siendo la última de ellas, la de Diocleciano, la más grave y extensa. ¿Cuál era su falta? Tener una creencia distinta. Por eso, muchos miles murieron.

Podría pensarse que los practicantes de una filosofía basada en el perdón y el amor al prójimo, que fue lo que predicó Jesús, se horrorizarían ante la perspectiva de repetir contra sus semejantes tan brutales prácticas. Pero no. Apenas tuvieron la oportunidad, la aprovecharon sin escrúpulo alguno, y lo siguieron haciendo durante siglos. La lista de las execrables acciones que se cometieron en nombre del Hijo de Dios, es larga, siendo las cruzadas, con unos 5 millones de muertos; las misiones jesuitas, responsables de la esclavitud y muerte de millones de indígenas; las persecuciones religiosas del siglo XVI (tristemente célebre es la matanza de los hugonotes en Francia, con la noche de San Bartolomé como monstruoso emblema); la ¿santa? Inquisición (la entronización de la tortura y el asesinato en el nombre de Dios); y el feroz acoso al que se sometió a los judíos (a quienes responsabilizaron de la muerte de Jesús), las más trascendentes y reconocidas. ¿Cuál era la falta de las víctimas? Tener creencias distintas (la misma por la que habían sido perseguidos los cristianos). Por eso, muchos millones murieron.

Siete décadas atrás, el mundo descubrió horrorizado el genocidio cometido por los nazis en contra de los judíos (y en contra de varios otros grupos). Seis millones murieron como resultado de la limpieza étnica perpetrada por las huestes hitlerianas. Seis millones ―hombres, mujeres y niños― cuya única falta era pertenecer a una etnia distinta. Los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka, Belzec y Majdanek, con sus hornos crematorios y sus cámaras de gases, aún nos impactan pese al tiempo transcurrido. Son el aterrador emblema de los extremos que puede alcanzar el ser humano actuando contra sus propios congéneres. Hay atrocidades que el tiempo se resiste a borrar.

También el recuerdo de los guetos nos espanta y sobrecoge. El mayor de todos, el de Varsovia, albergó cerca de medio millón de judíos hacinados en no más de 3,5 kilómetros cuadrados, presas del hambre, de las enfermedades, de los malos tratos y de la desesperación. Su final fue trágico: pese a la valiente resistencia de sus ocupantes, fue arrasado e incendiado. Quienes sobrevivieron, los que no murieron en la batalla, ahogados por el humo o quemados vivos, fueron enviados a los campos de concentración, a encontrarse con el horror.

¿Qué se puede decir acerca de la resistencia al interior del gueto? ¿Eran terroristas quienes la ejercieron, o personas comunes y corrientes enfrentadas a situaciones límites? ¿Era injusto que defendieran su vida y la de sus familias combatiendo a sus victimarios? ¿Era inaceptable que se rebelaran y lucharan? ¿Poseían los derechos anotados en la Carta Universal elaborada por las Naciones Unidas? ¿Ésos que son comunes a TODOS los seres humanos, independientemente de su raza, religión o condición social y económica?

Parece evidente, ¿verdad? Esos judíos eran víctimas, no terroristas. La desesperación los llevó a tan extremo escenario, a librar una contienda que ni siquiera era una batalla, sino una inmolación. Si hay que brindarles un calificativo, el de héroes o mártires les calza mejor. Antes de morir sin pena ni gloria, prefirieron hacerlo luchando. Eso hacen los héroes, ¿verdad? Piense, estimado lector, ¿qué puede alegar el opresor si aquél a quien ha encerrado, privado de alimento y medicinas, vejado, torturado y masacrado, se rebela y lucha por su vida y la de los suyos?

Tal como en el caso anterior, uno podría suponer que quienes han sufrido tantos padecimientos, evitarían por todos los medios causar un dolor similar a sus semejantes. Que aquéllos que vieron a sus niños morir de tan trágica e injusta manera, tomarían todas las precauciones para impedir que otros infantes perecieran en circunstancias parecidas. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, reza la sabiduría popular. Sin embargo, los seres humanos tenemos muy mala memoria. Sufrimos de amnesia cuando nos conviene. Olvidamos muy, pero muy rápido. La evidencia histórica, lo repito, es implacable: las víctimas, cuando las circunstancias se lo permiten, no trepidan en transformarse en victimarios.

Porque, ¿qué diferencia a la Franja de Gaza del gueto de Varsovia (a excepción del tamaño, por supuesto)? Tal como en éste, allí subsisten (porque es incorrecto decir “viven”) casi dos millones de personas hacinadas en condiciones inhumanas, privadas de suficientes alimentos y medicinas,  encerradas, prisioneras y, qué duda cabe, desesperadas; casi dos millones de personas que ven, a diario, como mueren sus hijos y familiares o como son atrozmente mutilados; que contemplan cómo las bombas caen sobre sus viviendas, sobre sus refugios o sobre sus escuelas; casi dos millones de personas que no tienen acceso, porque sus victimarios se lo impiden, a todos y cada uno de los derechos humanos detallados en la Carta Universal.

La Franja de Gaza, estimado lector, es un gueto, de ésos que se suponía que nunca iban a volver a existir. De aquéllos que la humanidad entera había acordado extirpar para siempre. No son judíos, no obstante, quienes están en su interior, ni nazis quienes los tienen encerrados. Los judíos de hoy, son los palestinos, y quienes desempeñan el infame y repugnante papel de los esbirros de Hitler, son las víctimas de hace siete décadas. Son judíos, igual que los que murieron en el gueto de Varsovia. Mire usted cómo nos cambia la vida cuando el poder está de nuestro lado.

Razones podrán darse muchas, pero ninguna será suficiente. No se puede explicar lo inexplicable. Lo único razonable y adecuado es terminar con el encierro, con el bloqueo y con la masacre. Así debería exigirlo la humanidad toda. Después de todo, ya dijimos que no a los guetos. Ya juramos que nunca se repetiría un gueto de Varsovia.


Sin embargo, es casi seguro que ello no se solucionará así. Es más probable que, tal como en Varsovia, finalmente los victimarios aplasten a las víctimas y borren el recinto de la faz de la tierra. Más de alguien ya debe estar ideando cómo hacerlo. Entonces, seguramente, efectuaremos nuevas promesas para que sucesos así nunca se repitan, las que olvidaremos convenientemente en algunas décadas más. Cuando aparezca otro gueto. ¿Serán entonces las víctimas de hoy, los palestinos, los nuevos victimarios?

lunes, 4 de agosto de 2014

Ese bien de consumo llamado "justicia"

Un derecho por el cual usted debe pagar antes de poder ejercerlo, ¿es realmente un derecho?

En el ámbito comercial, la respuesta a esta interrogante es diáfana como el cristal recién pulido: usted adquiere el derecho a usar un determinado bien o servicio, DESPUÉS de pagar su precio. Antes de eso, no posee derecho alguno.

En el ámbito social, la réplica debería ser igual de terminante: si usted tiene que pagar para poder impetrar un derecho, eso… no es un derecho. Tajantemente, no. Con tal definición, el objeto del pago cae, sin ninguna duda, en la categoría de “bien de consumo”.

En el modelo neoliberal, el asunto está zanjado: usted tiene derecho a educación, salud, vivienda, alimentación, previsión, seguridad y esparcimiento, todo lo que usted quiera, en la medida que pueda pagar por ello. Si no es capaz de hacerlo, debe solicitar un subsidio (ojo, usted recibe subsidios, esto es “prestaciones públicas de carácter ASISTENCIAL”, cuando no tiene derechos que impetrar). Por eso Sebastián Piñera, al referirse a la educación, le brindó ese apelativo: “bien de consumo”.

Ésa es la visión de la derecha chilena (y de gran parte de la Nueva Mayoría), tan bien plasmada en la legislación vigente y en los documentos elaborados por sus centros de estudios: el Estado chileno es SUBSIDIARIO, pues su función es actuar en subsidio, en todo orden de cosas. Así, cuando usted es incapaz de satisfacer por sí solo su necesidad de educación, de salud o de vivienda, entonces (y sólo entonces) interviene el Estado en su auxilio. Por cierto, el nivel del subsidio es, necesariamente, precario. Se trata sólo de un auxilio, una asistencia. No pretenderá usted, además, exigir calidad. Eso sería una patudez, ¿no le parece?

Aquí tiene resumido, estimado lector, el dilema que debe resolver por estas fechas nuestra Presidenta: o mantiene el rol subsidiario del Estado, como lo hicieron Pinochet, Aylwin, Frei, Lagos, ella misma en su primer período y Piñera, o lo transforma en un Estado garantista, como los que existen, con mayor o menor énfasis, en todos los países desarrollados.

Mientras Michelle Bachelet se decide, el omnipotente mercado seguirá definiendo, en cada ámbito de nuestra vida diaria y tal como lo ha hecho durante los últimos 40 años, a qué y a cuánto tenemos acceso; el alcance de nuestros derechos continuará siendo determinado por lo que podemos comprar; proseguirá siendo nuestra capacidad de pago la que, por mucho que nos parezca injusto, lo definirá.

Y cuando me refiero a cada ámbito de nuestra vida, no me refiero sólo a educación, salud y vivienda, que son los sectores donde los efectos de la ininterrumpida acción del modelo vigente son más visibles. Es cierto que en ellos, dada su mayor visibilidad, las diferencias que se producen por razones económicas son más notorias y evidentes. Sin embargo, están presentes en todos los demás sectores y, para comprobarlo, lo invito a revisar aquél que debería ser el último reducto de la equidad; el que, dada su significancia, debería permanecer siempre intocado: el de la Justicia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Chile es país signatario, nos otorga varios derechos inalienables en materia judicial. El artículo 7, en particular, señala que todos somos iguales ante la ley y tenemos igual derecho a la protección de ella. El 8, manifiesta que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”. Pero es el 10 el más específico: dice que “toda persona tienen derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Nuestra normativa debería recoger tales manifestaciones al pie de la letra; mal que mal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ser un acuerdo de toda la humanidad, está en un escalón superior a las legislaciones individuales de los países firmantes. Sin embargo, Chile no es un país garantista sino subsidiario, y tal situación condiciona nuestra legislación, partiendo por la mismísima Carta Fundamental.

Los derechos de los ciudadanos de esta larga y angosta faja están reseñados en el artículo 19 de dicho cuerpo legal. En el número 2°se señala, respecto del tema que nos ocupa, que las personas somos iguales ante la ley, y que ni ésta ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. No obstante, estas últimas parten en el artículo siguiente pues, aunque éste asegura en su primer párrafo a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, en el segundo limita (de hecho, casi suprime) ese derecho al señalar, con una redacción extraña y forzada, que “ninguna autoridad podrá impedir, restringir o perturbar la intervención del letrado”.

Esto significa, en palabras simples, que nuestra Constitución obliga a los ciudadanos, para poder impetrar sus derechos ante un tribunal de la República, a contar con los servicios de un letrado (en el artículo 1° de la ley 18120, de hecho, ello se señala explícitamente). Y, como los letrados no trabajan gratis (como todo el resto de los habitantes de este país, mayoritariamente dependen de los frutos de su trabajo para sobrevivir), el citado precepto genera de inmediato una consecuencia de dimensiones brutales: transforma la justicia en un bien de consumo cualquiera, discriminando con ello a quienes no tienen recursos para adquirirlo. En Chile, para defender sus derechos ante los Tribunales, salvo en aquellos casos en que la ley plantea explícitamente lo contrario, usted debe tener dinero.

Las razones de tal obligación se mantienen ocultas en la bruma más espesa. Porque, por ejemplo, para acceder a la Corte de Apelaciones usted no necesita letrado. Peor aún, cuando usted es la parte acusada, la ley se supone conocida para todos. ¿Cómo se explica tal inconsecuencia? ¿Tendrá esto que ver son una suerte de protección que los abogados que redactaron la Constitución y la ley 18120, incorporaron para su gremio? Así se asegurarían de que nunca les faltara trabajo a sus colegas.

Si usted no dispone de los recursos necesarios y requiere imperiosamente acceder al sistema judicial, ya sea en calidad de demandante, demandado o, incluso, interviniente, debe recurrir a los subsidios que ha dispuesto el Estado para tal efecto (no olvide: nuestro Estado es subsidiario).

En el sistema penal, tenemos la Defensoría Penal Pública. Ella atiende, si lo desea, a todo aquel que es acusado por un delito. Dicha institución también se ocupa de ciertos casos en otros sistemas (jóvenes, mujeres, indígenas) sujetos al puntaje obtenido en la ficha CAS. Si usted corresponde a alguno de ellos, está sobre dicho puntaje y no tiene dinero, lamentablemente está liquidado. En el sistema judicial chileno no tiene defensa.

En el sistema laboral, usted podrá recibir asistencia legal gratuita siempre y cuando su liquidación de sueldo no exceda de $ 490 mil mensuales imponibles. De ahí hacia arriba, si no cuenta con recursos, también está liquidado. Como en el caso anterior.

En el sistema civil, está la Corporación de Asistencia Judicial, a la que usted puede acceder si su puntaje de la ficha CAS se lo permite, o si supera la revisión (le revisan hasta lo que comió) a la que lo somete la institución para acceder a representarlo (en el caso de que su puntaje sea mayor que el de corte, o de que usted no tenga ficha CAS). Nuevamente, si usted no tiene dinero y está sobre el puntaje en cuestión, o no pasa la revisión, está liquidado. Tampoco tiene defensa en el sistema judicial chileno.

Pero hay más. La mencionada Corporación no atiende todo tipo de casos civiles. De hecho, hay unos que de ninguna manera atiende: los juicios ejecutivos de cobranza. Si usted es la parte demandada en alguno de estos juicios y, cosa muy probable pues por algo dejó de cumplir sus obligaciones, no tiene dinero para contratar un letrado, se encuentra en la peor de las situaciones. Está indefenso, absolutamente inerme. Usted no es igual ante la ley. Es, ni más ni menos, un sujeto discriminado por razones económicas. Un paria.

En el caso mencionado, usted no podrá verificar que los procedimientos establecidos se cumplan (los jueces no actúan, normalmente, de oficio en estos casos; ignoro las razones de aquello e ignoro también por qué tales omisiones no afectan su evaluación de desempeño). Tampoco podrá verificar si la deuda que le están cobrando es la que corresponde, o si la institución acreedora se ha subido por el chorro (le encargo todo el paño que hay que cortar en esta materia). Usted aquí no puede impetrar ninguno de sus derechos. No los tiene, en verdad. Está en una situación peor que el criminal más despiadado. Es sujeto, quién lo diría, de discriminación económica.

¿Qué alternativas le quedan, en un caso así, para defender sus derechos? Casi ninguna. Puede usted pedirle al juez que lo autorice a comparecer personalmente, dado que la ley 18120 lo permite en determinados casos (que no especifica). No obstante, estas autorizaciones son escasas y no existe claridad alguna respecto del criterio usado para otorgarlas. Y algo que depende de un criterio no es un derecho, ¿verdad? Si la autorización es negada, la situación es muy oscura. Sólo el recurso de protección se ve como viable, aunque bastante limitado dadas las restricciones que la misma Constitución establece para su uso. Después, sólo recursos ante los tribunales internacionales.

¿Y la igualdad ante la ley? ¿Y la no discriminación por motivos económicos? ¿Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Están muy bien, gracias. Le mandan saludos, de hecho, y lamentan no poder atenderlo. En otra oportunidad, tal vez.

En Chile, estimado lector, la justicia NO es un derecho. Usted, para acceder a ella, tiene que pagar. Es, como puede muy bien apreciar, un bien de consumo. Tal como la educación y la salud. En todo caso, ¿le sorprende? No veo por qué, si 40 años de modelo neoliberal no transcurren en vano.