UN PAÍS MÁS JUSTO

¿Le interesa saber cómo funciona realmente  el "crédito especial de IVA para constructoras"? Permítame explicárselo con un ejemplo. Suponga que una constructora le construyó viviendas a una inmobiliaria por un valor de $ 1.000 millones netos. Al facturárselas, debe cobrarle sólo un 6,65% de IVA (es lo que queda una vez rebajado el crédito), vale decir, $ 66,5 millones. Sin embargo, el crédito mencionado no rige para sus proveedores, por lo que a ellos debe pagarles la tasa normal, esto es 19%. Suponiendo que sus compras representaron un 70% de las ventas, debe pagarles un IVA de $ 133 millones (19% de 700 millones). En consecuencia, la empresa constructora enfrenta un déficit de caja por concepto de IVA, ya que paga $ 133 millones y cobra sólo $ 66,5 millones. Como usted bien sabe, los déficits de caja hay que financiarlos. Uno esperaría que si ellos son generados por una obligación establecida en una norma, el costo del financiamiento debería ser asumido por quien e

Aunque ya lo he señalado en alguna columna anterior, no está de más repetirlo: los conceptos de “mejor” o “peor” son relativos. Las realizaciones humanas no son buenas ni malas “per se”, sino que adquieren dichos calificativos por comparación, ya sea con algún patrón o estándar de medida (la pauta de corrección de un examen, por ejemplo); con una o más alternativas (en cuyo caso sí que podemos hablar de “mejor que” o “peor que”); o con sus propios objetivos. De manera que el mecanismo adecuado para saber si el ya famoso “protocolo de acuerdo” mejoró o empeoró el proyecto de reforma tributaria presentado por la Nueva Mayoría, es simple: hay que comparar. Pero, ¿qué con qué? Resulta evidente, ¿verdad?: hay que confrontar la versión corregida de la reforma, la “post protocolo”, con los objetivos que planteó en su mensaje original la Presidenta. Si con el impacto del mencionado acuerdo estos objetivos se hacen más próximos, más cercanos, más alcanzables, tendremos que concluir que ést

La oferta inicial de la Nueva Mayoría,  reconozcámoslo, era demasiado tentadora:  tendríamos reformas que harían del nuestro, un país más justo, más solidario e inclusivo; un lugar donde el privilegio de disfrutar del diario vivir no estaría reservado sólo a unos pocos, a expensas de todo el resto. Partiríamos con la tributaria, que corregiría las brutales inequidades, desenredaría los intrincados vericuetos y cerraría los enormes forados del sistema vigente, aparte de recaudar USD 8.200 millones anuales adicionales en régimen, indispensables para abordar las restantes reformas; seguiríamos con la educacional, que permitiría lograr en un plazo razonable lo que siempre debimos haber tenido en ese ámbito: una educación pública gratuita, inclusiva y del mejor nivel, comparable con la que se ofrece en los países desarrollados y disponible para todo aquel que la requiriera; y si sobraban recursos, abordaríamos la de la salud, buscando solucionar la permanente carencia de médicos, gener

La evidencia histórica es indesmentible: quienes han sufrido persecuciones, aquéllos que han sido encarcelados, torturados y masacrados, cuando detentan el poder brindan el mismo sanguinario trato a sus semejantes. Las víctimas de las más atroces aniquilaciones no trepidan, si tienen la ocasión, en transformarse en victimarios. La historia del cristianismo es pródiga en muestras de tan abominable actitud. Durante más de tres siglos, quienes seguían las enseñanzas y preceptos de Jesucristo sufrieron inhumanas agresiones, primero de parte de sus propios compatriotas, los judíos, y luego por cuenta de los romanos. Se habla de 10 grandes persecuciones de estos últimos, siendo la última de ellas, la de Diocleciano, la más grave y extensa. ¿Cuál era su falta? Tener una creencia distinta. Por eso, muchos miles murieron. Podría pensarse que los practicantes de una filosofía basada en el perdón y el amor al prójimo, que fue lo que predicó Jesús, se horrorizarían ante la perspectiva de

Un derecho por el cual usted debe pagar antes de poder ejercerlo, ¿es realmente un derecho? En el ámbito comercial, la respuesta a esta interrogante es diáfana como el cristal recién pulido: usted adquiere el derecho a usar un determinado bien o servicio, DESPUÉS de pagar su precio. Antes de eso, no posee derecho alguno. En el ámbito social, la réplica debería ser igual de terminante: si usted tiene que pagar para poder impetrar un derecho, eso… no es un derecho. Tajantemente, no. Con tal definición, el objeto del pago cae, sin ninguna duda, en la categoría de “bien de consumo”. En el modelo neoliberal, el asunto está zanjado: usted tiene derecho a educación, salud, vivienda, alimentación, previsión, seguridad y esparcimiento, todo lo que usted quiera, en la medida que pueda pagar por ello. Si no es capaz de hacerlo, debe solicitar un subsidio (ojo, usted recibe subsidios, esto es “prestaciones públicas de carácter ASISTENCIAL”, cuando no tiene derechos que impetrar). Por