jueves, 25 de julio de 2013

¿De verdad está Chile a las puertas del desarrollo?

La noticia golpeó fuerte: según el Banco Mundial, Chile pasó a formar parte del selecto club de los países con ingreso alto. Con sus US$ 14.280 per cápita, superó con creces a fines del 2012 el límite mínimo de US$ 12.616 establecido por dicho organismo.

El Gobierno, desde luego, se encargó de difundirla con bombos y platillos. No es un logro menor y, según nuestros gobernantes, es un paso más para acercarse al desarrollo, condición que estaría, ahora sí, muy cercana.

¿Es tan así?

La verdad es que hablar de desarrollo en Chile se ha vuelto una rutina. Todos nos llenamos la boca con la palabra, pero muy pocos, creo, conocen su real significado. Y entre éstos no parecen hallarse nuestras actuales autoridades.

La posición de éstas, establecida con meridiana claridad por el ministro Larraín en su exposición de Enade 2012, es que el umbral del desarrollo se sitúa en los US$ 22.000 de PIB per cápita. Según el ministro “se ha fijado como meta para el desarrollo alcanzar un PIB per cápita de de US$ 22.000 porque es el punto más bajo del umbral de los países que hoy son desarrollados”.  Ésa sería, entonces, la cifra mágica que marca el límite. Desde ahí hacia arriba los países, sean cuales fueren sus restantes variables sociales y económicas, pasarían a ser desarrollados. Desde ahí hacia abajo, seguirían estando en vías de desarrollo.

Dado que a la fecha el PIB per cápita de Chile asciende a US$ 15.363, parece razonable pensar que la ansiada meta se alcanzará, manteniendo las tasas de crecimiento actuales, en unos cinco o seis años. Incluso si no se efectúan cambios al sistema de desarrollo vigente.

Cuestión de inercia, entonces. Y de paciencia.

Pero no. El asunto no es tan simple. Para alcanzar la condición de desarrollado, no le basta a un país con superar un mero PIB per cápita. La realidad es mucho más compleja que tan burdo planteamiento. Para entenderlo, es menester recurrir a la definición de “país desarrollado”.

Y ya que en las webs oficiales no existe ninguna, tomaremos la más aceptada universalmente, la que se atribuye a Kofi Annan. Según ella, “un país desarrollado es aquél que permite a todos sus habitantes disfrutar de una vida libre y saludable en un entorno seguro”.

Como concepto, parece inmejorable: una vida libre requiere de independencia tanto política como económica —las que sólo son posibles si se cuenta con muy buenos niveles de educación y cultura, y considerables ingresos—; que sea saludable, obliga a elevados estándares de salud, vivienda, recreación y medio ambiente; un entorno seguro nos habla de una sociedad sana, respetuosa e inclusiva; y la palabra “todos” lleva implícita una excelente distribución del ingreso. Y, por cierto, todas esas características deben ser estables, esto es, deben mantenerse en el tiempo y no estar sujetas a los vaivenes de la economía mundial o a los cambios tecnológicos que se producen con tanta asiduidad en esta época vertiginosa. Así, para ser considerado desarrollado un país no sólo debe disponer en forma estable de un elevado estándar de vida promedio, sino que además éste debe ser accesible a toda —recalquemos: toda— su población.

¿Y cómo se mide esta condición? Ya que no existe un indicador que lo haga por sí solo, hay que hacerlo por partes. Existe consenso internacional en que los países con buena distribución del ingreso poseen coeficientes de Gini inferiores a 0,30 y relaciones entre el décimo y el primer decil de ingresos de sólo un dígito (esto es, que el 10% más acomodado gana en promedio menos de 10 veces lo que percibe el 10% menos favorecido).

También parece haber consenso internacional en que un país plenamente desarrollado debe tener un ingreso mínimo per cápita que lo ponga a cubierto de los vaivenes de la economía mundial. US$ 30.000 parece ser la cifra adecuada. Si éste se mide en dólares del año o en dólares ajustados por paridad de compra, no tiene relevancia: todos los países que están por sobre esa cifra para el primero de los indicadores, lo están también para el segundo.

Y la conjugación de ambos valores parece ser la llave que asegura un estándar de vida elevado estable y permanente en el tiempo, ya que los países que los detentan (sólo 12 en el mundo) disponen de excelentes niveles de educación, salud, vivienda, previsión, trabajo y seguridad, los que van de la mano con economías altamente industrializadas, diversificadas y con un fuerte componente de innovación y desarrollo tecnológico.

En consecuencia, ésos son los guarismos a los que debemos aspirar: un Ingreso per Cápita igual o superior a US$ 30.000 y un coeficiente de Gini no superior a 0,30. Son los que definen a un país desarrollado.

El PIB per cápita, entre paréntesis, no tiene nada que ver en esta discusión, pues mide producción y no ingresos, y los estándares de vida están asociados a estos últimos y no a la primera. Optar por dicho indicador para medir el desarrollo es como colocar el valor de la producción del año en el Estado de Resultados de una empresa.

Veamos ahora si estamos tan cerca del desarrollo como nos han dicho.

Nuestro coeficiente de Gini —0,52—es casi el doble del requerido. De hecho, nuestra distribución del ingreso es una de las peores del mundo. Sólo catorce países nos superan en tan penosa estadística. Similares resultados obtenemos si consideramos la relación entre el décimo y el primer decil de ingresos, que en el caso de nuestro país asciende a poco menos de 30, también entre los peores del mundo.

¿Y nuestro ingreso per cápita? Pues los US$ 14.280 que tanto orgullo nos producen, no llegan ni a la mitad del límite inferior considerado.

Agreguemos a lo anterior que no tenemos una industria desarrollada (¿cuántos años hace que en Chile no se crea una empresa de alta tecnología que no sea extractiva?), que somos extremadamente dependientes de un commodity como el cobre, que tenemos una cartera de exportaciones muy poco diversificada y escasamente intensiva en tecnología, que nuestros niveles de salud, educación, vivienda, seguridad, protección del medio ambiente, acceso a la justicia, transporte y trabajo son, por decir lo menos, penosos, y que tanto el poder económico como el político están brutalmente concentrados, y tendremos la película casi completa. Estamos no sólo lejos, sino lejísimos del desarrollo.

Entonces ¿llegaremos en sólo cinco años más a ser un país desarrollado? ¡Por favor! Sólo si Mandrake el mago asume la presidencia.

Lamentablemente, ya se oficializó que no figura entre los candidatos.

¿Por qué debe eliminarse el FUT?

Con la intención declarada por la candidata Michelle Bachelet de eliminarlo en un plazo de 4 años, el FUT ha pasado a constituirse en el invitado de honor de la polémica política previa a las elecciones. Es éste un debate que irá in crescendo, porque el actual sistema tributario cuenta con defensores férreos y muy bien preparados, mientras sus críticos  no necesariamente entienden bien cómo funciona.

Entremos de lleno al tema: en el escenario actual ¿debe eliminarse el FUT, como plantea la candidata, o deben movilizarse todas las fuerzas vivas de la nación en su defensa, como plantean sus partidarios, ya que su eliminación sería un golpe mortal para nuestra economía?

Para contestar eso es necesario entender qué es el FUT y qué papel desempeña en nuestro sistema tributario.

Partamos señalando que el actual sistema de impuesto a la renta data de 1984 es decir de hace ya 30 años. Si lo comparamos con el anterior sistema de recaudación, sólo hay una variación sustancial. ¿Cuál? No se trata de los impuestos pagados por las empresas, ya que en ambos sistemas éstas tributan en “Primera Categoría” por sus utilidades totales (eso de que las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas es absolutamente falso); la diferencia tampoco está en  los tributos de “Segunda Categoría” que pagan las personas naturales que no son empresarios, ya que, pese a alguna variación de tasas, como concepto se mantienen.

La única diferencia relevante es que hasta 1983 los empresarios pagaban de su bolsillo los impuestos personales (global complementario y adicional) a que estaban afectos por los ingresos (retiros o dividendos) que obtenían de sus empresas, y a partir de 1984  NO lo hacen.

Se lo repito, por la enorme relevancia que tiene esta constatación en el tema que estamos analizando: en Chile, durante los últimos 30 años los empresarios NO han pagado de su bolsillo (como el resto de los chilenos) los impuestos a la renta que les corresponden por los ingresos que perciben desde sus empresas.

Esta increíble franquicia tributaria, única en el mundo es resultado de una disposición tanto o más sorprendente: aunque las empresas pagan íntegro al Fisco su impuesto a la renta de Primera Categoría (actualmente un 20% sobre sus utilidades totales), éste no es de beneficio fiscal.  Esto quiere decir que el Fisco no es el propietario de esas sumas, aún cuando llegan a sus arcas y financian sus obligaciones. En nuestro país, como lo establece el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, el impuesto de “primera  categoría” que pagan las empresas es un mero pago provisional, tan sólo un anticipo de los impuestos personales que deben pagar los empresarios. Esta disposición es la que permite que estos últimos no paguen impuesto a la renta por sus ingresos personales: ellos lo rebajan de los impuestos que pagan sus empresas.

Es este mecanismo el que da origen del Fondo de Utilidades Tributarias,  FUT. Este último es nada más que un registro en donde, entre otras, se consignan dos partidas: las utilidades de las empresas que ya han pagado el impuesto de primera categoría —que totalizan a la fecha, según el SII, aproximadamente US$ 320.000 millones—, y los impuestos que han pagado las empresas como anticipo y que aún no han sido usados por los empresarios para rebajar los suyos propios —cuya cuantía, también según el SII, es alrededor de US$ 62.000 millones. Cabe destacar que esta última cifra es, en la práctica, una cuenta por pagar del Estado a los empresarios, una deuda que crece año tras año. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Tal vez hasta que asuma Bachelet?

Ya dijimos que los impuestos de Primera Categoría que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino sólo anticipos de los impuestos de sus propietarios. En este sistema tan sui generis las empresas no pagan por su cuenta ningún tributo al Estado por las utilidades que obtienen. El origen de tan benévolo tratamiento es que la normativa tributaria asume, a partir de 1984, que las empresas y los empresarios son la misma persona. Es decir, que por ejemplo el Banco Chile y sus dueños, incluyendo los accionistas minoritarios, poseen la misma identidad , y así para cada empresa de Chile. Y por tal razón, para evitar la doble tributación, corresponde que sólo los empresarios, no las empresas, estén afectos al tributo.

Esta visión del tema es única en el mundo. En todos los textos de administración, básicos, intermedios y avanzados, se parte señalando que las empresas son distintas de las personas. De hecho toda la legislación chilena, salvo para este único caso, así lo reconoce. Nadie medianamente instruido alegaría que son lo mismo. ¿Por qué entonces en el ámbito tributario nuestros legisladores impusieron esta interpretación? ¿Se le ocurre alguna razón específica, estimado lector?

Ahora bien, el grave problema que se presenta frente a este punto de vista, es que todo el enorme cúmulo de servicios que el Estado le entrega a las empresas, y sin el cual no podrían generar ni un solo peso de utilidad, ellas lo reciben a título gratuito. Y cuando en economía se menciona a los regalos que otorga el Estado, se les llama subsidios. Esto quiere decir, que durante 30 años el Estado, con dinero de todos los chilenos (incluyendo, por cierto, a la Señora Juanita), ha subsidiado a las empresas chilenas. Y el subsidio es gigantesco.

Veamos sólo a modo de ejemplo algunos servicios que reciben las empresas sin tener que pagar por ellos: iluminación pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un completo marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc. y etc. Todos esos servicios los financiamos las personas naturales y las empresas, principales beneficiarios de ellos, los reciben gratis.

Abundemos algo más en este pedregoso asunto del subsidio. Tal como se desprende del sentido común y de los principios tributarios de equidad y justicia —y como se señala, por cierto, en toda la literatura seria relativa a los impuestos— todos quienes recibimos servicios de parte del Estado debemos contribuir a financiarlos (salvo, desde luego, que no podamos hacerlo, en cuyo caso, y sólo en él, entran a tallar los subsidios). Pues bien, en Chile las empresas no lo hacen, y no porque no puedan. En el resto del mundo sí, pero en Chile no. ¿Será esto porque todos los demás países están equivocados? Si este sistema es tan bueno como nos han repetido hasta el cansancio, si tanto favorece el crecimiento, si tanto influye en que nos acerquemos al desarrollo ¿por qué nadie lo ha copiado? Las buenas ideas siempre tienen réplicas, más aún si ya llevan 30 años funcionando exitosamente. ¿No será que este sistema no es una buena idea pues sólo favorece a un pequeño sector de la población?

A la luz de lo expuesto, la pregunta de si debe eliminarse el FUT carece de sentido. El FUT es sólo un registro. ¿Qué significa eliminarlo? ¿Cambiarlo por otro registro? ¿Y qué significa eliminarlo en un plazo de 4 años? ¿Mantener durante ese lapso el subsidio a las empresas? ¿Permitir, con alguna granjería especial que los empresarios saquen provecho tributario (le aseguro que alguien ideará cómo) del actual registro? ¿O Bachelet se refiere en realidad a modificar el sistema tributario vigente haciendo que tanto empresas como empresarios paguen los impuestos que les corresponden?

Porque si este último es el caso, permítame decirle estimado lector, que el planteamiento de la candidata es francamente pobre. El actual sistema de impuesto a la renta, que conlleva un gigantesco subsidio a las empresas y está ideado para que los empresarios no paguen impuestos, es, por esas dos razones, uno de los principales responsables de la enorme desigualdad que existe hoy en Chile, de la brutal concentración de la riqueza que nos flagela día a día. No puede, en consecuencia, seguir subsistiendo. Debe ser extirpado como un tumor canceroso, de raíz y en una sola operación. ¿Cómo? Muy simple: eliminando la posibilidad de que los empresarios usen los impuestos pagados por las empresas como créditos de los suyos propios, por una parte, y por otra, suprimiendo en el mismo acto cualquier derecho que ellos tengan frente al Estado por ese concepto.

¿Afectarán estas medidas a las empresas? No, en caso alguno; si el impuesto de primera categoría pasa a ser de beneficio fiscal, las empresas no pagan un solo peso más de lo que ya están pagando. El que sí se afecta es el bolsillo de los empresarios. Ellos pasan a tributar efectivamente por los retiros y dividendos que perciben. Nótese que son dineros ya recibidos, gran parte de los cuales se gastó en consumo (viajes, la compra del helicóptero o del Lexus descapotable, la redecoración de la casa) o se destinó a fines especulativos, e incluso a la usura. ¿Afectarán a la inversión? Tampoco. El dinero no saldrá de la economía, ya que el Estado procederá a gastarlo, sea en educación, salud, vivienda o algún otro sector deficitario, lo que desembocará, no cabe duda, en mayor actividad económica. Convengo, desde luego, con que hay que adoptar medidas drásticas, como las vigentes en los países desarrollados, para conseguir que los recursos se destinen a lo que corresponde y evitar que los políticos se lleven el Estado para la casa, pero ése es tema de otro artículo.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Para dimensionarlo, permítame mencionarle que en la pasada operación renta, según el SII, el crédito que los empresarios imputaron a sus impuestos personales ascendió, entre global complementario y adicional, a US$ 2.850 millones. ¿Cuánto dinero faltaba para poner en práctica la reforma educacional que Chile necesita? ¿US$ 2.000 millones anuales? Bueno… ahí están.

El punto no es si hay que eliminar el FUT. Es evidente que, dentro de una modificación completa de nuestro sistema tributario, hay que hacerlo ahora y ya. El verdadero punto es ¿se atreverá Bachelet a implementar todos los cambios necesarios para acabar con el inmoral sistema actual?

La encuesta Casen y las estadísticas

A propósito de la última encuesta Casen, y de la aguda polémica que se ha generado en torno a sus resultados, es ilustrativo conocer algunas máximas que, a lo largo de la historia, diversos autores han vertido acerca de las estadísticas:

La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, ambos tenemos uno;

El ser humano promedio tiene una mama y un testículo;

Está el caso del hombre que se ahogó cruzando un arroyo cuya profundidad media es de 30 centímetros.

Hay tres clases de mentiras: las mentiras propiamente tales, las condenadas mentiras y las estadísticas;

Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras;

Los hechos son tozudos;  las estadísticas, en cambio, son más flexibles;

Las estadísticas me producen la misma impresión que las minifaldas: lo que muestran es muy atractivo, pero siempre ocultan lo vital;

Y mi favorita: La estadística es el arte de elaborar conclusiones inverosímiles a partir de cifras serias y confiables.


En momentos en que se plantea que la pobreza ha disminuido en Chile, que también lo ha hecho la desigualdad y que el ingreso promedio de los hogares del país se sitúa cerca de los $ 800.000 mensuales, es bueno tenerlas a la vista.