domingo, 25 de mayo de 2014

La gran mentira de las AFPs

¿Sabía usted, estimado lector, que todas las rentabilidades reales de los Fondos de Pensiones, publicadas tanto por la superintendencia de AFPs como por la asociación que reúne a estas empresas, son falsas? ¿Sabía usted que ninguna de ellas considera para su cálculo el pago que todos quienes cotizamos, hacemos mes a mes a las AFPs por concepto de comisiones (son rentabilidades brutas, que no consideran los costos necesarios para obtenerlas)? ¿Sabía, además, que pagamos por concepto de comisiones en promedio un 14,1% de nuestras cotizaciones (y no un 1,41% como se nos informa)? ¿No lo sabía? Pues entonces, permítame sorprenderlo con la noticia.

LOS VERDADEROS COSTOS

Le explico cómo funciona el sistema, para que tenga clara la película. Mes a mes, durante los primeros diez días, las empresas deben traspasar a las AFPs las retenciones que efectuaron a sus trabajadores por concepto de cotizaciones previsionales durante el mes anterior. Dichas empresas reciben las cotizaciones y las dividen en dos partes: una que va a parar al fondo de pensiones (un 10% de la remuneración imponible) y otra que NO PASA por el fondo de pensiones sino que va a parar directamente a sus arcas, y que corresponde a las comisiones que ellas cobran por administrar el fondo (en promedio, un 1,41% de la remuneración imponible).

Lo primero que usted debe tener claro al respecto, es que en cualquier tipo de inversión los costos asociados se calculan y se informan en relación al monto de lo invertido. Informarlos de otra manera, es distorsionar la información o, lisa y llanamente, faltar a la verdad. Por ejemplo, cuando usted invierte en un fondo mutuo, la administradora no le informa su comisión en relación a su renta imponible (¿se imagina?), sino como porcentaje de la cifra que usted le encargó administrar. En el caso de las cotizaciones previsionales, sin embargo, este sencillo precepto se trasgrede de la forma más grosera y, lo peor de todo, con la muda complacencia de todo nuestro sistema político y económico.

Porque lo real y concreto es que, en promedio, usted y yo les pagamos a las AFPs un 14,1% de nuestras cotizaciones, CADA VEZ QUE COTIZAMOS. No pagamos un 1,41%, como falsamente nos informa la Superintendencia de Pensiones, ya que este porcentaje está calculado sobre nuestra remuneración total y, obviamente, no se la entregamos toda a la AFP para que la administre. La mencionada Superintendencia, entonces, en contrario a lo que indican las más elementales normas respecto de lo que se considera una información veraz, falsea los hechos, y entrega una información distorsionada: lo que dice es verdad; el problema es que no corresponde presentarlo así.

Profundicemos en el tema, para que quede meridianamente claro. Las comisiones que cobran las AFPs por administrar nuestros fondos de pensiones no son calculadas sobre el monto acumulado en éstos (no fluctúan, en consecuencia, como éstos lo hacen); tampoco son un porcentaje de la rentabilidad de los fondos (si así fuera, tal vez no existirían rentabilidades negativas tan altas en algunos períodos). Son, en promedio, un 14,1% DE LOS APORTES que efectuamos a lo largo de nuestra vida a los fondos previsionales, que se paga por anticipado independientemente de que haya o no rentabilidad y de cualquiera otra consideración.

La cantidad de cuestionamientos que pueden hacerse contra tan singular método de pago de comisiones, es elevada. Veamos sólo dos:

Su enorme costo: pagamos a las AFPs, para que administren nuestros fondos mientras estamos cotizando, en promedio un 14,1% anual real anticipado. Asumiendo una tasa de inflación de un 4% anual, el costo nominal es de 18,1% anticipado. Si lo llevamos a vencido, considerando una rentabilidad de un 0,5% mensual, llegamos a un costo de 18,6% anual real sobre nuestras cotizaciones, que equivale a poco más de un 1,5% mensual. Es equivalente a pagar un crédito caro. Compárelo, por favor, con las tasas vigentes para créditos hipotecarios. Compárelo con las comisiones que se cobran para administrar los fondos mutuos. Compárelo con cualquier comisión. La estricta verdad es que lo que nos cobran las AFPs, con el beneplácito, la complacencia y complicidad de todo nuestro sistema político (¿ha notado que alguien esté reclamando por este verdadero despojo?) es un escándalo (de hecho, la AFP Modelo bajó la comisión a la mitad, e igual gana mucho, pero mucho dinero). Se trata de un sistema que, con cualquier parámetro que lo mida, es abismantemente caro. Un sistema  abusivo en extremo. Digámoslo con todas sus letras: una sinvergüenzura.

La forma en que se calcula: Cada vez que usted cotiza, debe pagarle a la AFP un 14,1% en promedio de su cotización. Ésta no se calcula como un porcentaje del fondo que se está manejando, que sería mucho más lógico; tampoco como una parte de la rentabilidad obtenida, que sería mucho más justo. Es un pago libre de riesgo para la AFP. El fondo puede perder dinero todos los meses, las inversiones pueden ser pésimas, la administración de la peor especie, y la comisión se cobra igual, un brutal porcentaje pagado por anticipado. El sueño del pibe para un administrador: haga lo que haga, le pagamos igual, por muy malo que sea su cometido.

LAS VERDADERAS RENTABILIDADES

Por supuesto, si usted hace el ejercicio de calcular las verdaderas rentabilidades que obtienen los fondos de pensiones, incluyendo para ello el costo que significa la comisión de administración, los resultados reales son muy, pero muy diferentes. Hice el cálculo, por ejemplo, para una renta real imponible de $ 400.000 mensuales, tomando las rentabilidades mensuales publicadas por la Superintendencia (están publicadas en una forma que dificulta trabajar con ellas, pero en fin…) y considerando el costo ya mencionado de las comisiones. Consideré el período para el cual existe información mensual ―2006 en adelante, hasta marzo de 2014― y supuse un cotizante que permanece activo y con la misma renta durante todo ese lapso. Le presento las rentabilidades reales obtenidas por cada uno de los fondos.


Nótese que estamos hablando de rentabilidades obtenidas en todo el período considerado, esto es, 8 años y 3 meses. No se trata de rentabilidades promedio ni nada que se le parezca. Estamos comparando el total de lo invertido por el trabajador contra el monto final obtenido después de 8 años y 3 meses de administración.
El resultado, como se puede apreciar fácilmente en las dos últimas líneas, es brutalmente demoledor: nuestro sistema de AFP en ocho años y tres meses, apenas salvó la plata. Un ahorrante, en ese lapso, perdió plata en el fondo A, no ganó ni uno en el fondo B, y obtuvo rentabilidades miserables, menos de un 0,5% anual real, en los restantes tres fondos. ¿Se da cuenta el maravilloso sistema que tenemos?

LA COMPLACENCIA DEL ESTABLISHMENT

Lo grave de esta situación, apreciado lector, es que se da con el conocimiento, el beneplácito y la complacencia de nuestro establishment político económico en pleno. Todos lo saben y lo aceptan de buen grado. Hay un pacto de silencio para proteger al sistema. Nadie, ni siquiera los que se declaran enconados opositores, lo denuncia; ni los MEOs, Velascos, Bachelets, Girardis, Pizarros o Andrades, ni tampoco los nuevos paladines de la verdad y la justicia, los Jacksons, Borics o Vallejos. Qué hablar de la UDI, RN y de las nuevas vertientes (Evópoli y Amplitud), todas defensoras acérrimas del statu quo.

Michele Bachelet debería tenerlo muy claro: o gobierna de una vez por todas para que este país deje de ser un coto de caza de los grupos económicos, o sigue haciendo lo mismo que han hecho sus antecesores (ella misma incluida): implementar cambios que no toquen lo medular, para que todo siga igual como hasta ese momento (como lo está haciendo, por lo demás, con la reforma tributaria). Una AFP estatal no soluciona el problema. Éste hay que abordarlo a fondo, desde sus mismos cimientos: cambiar de raíz los sistemas de comisiones, revisar en detalle las políticas de inversiones, analizar por qué las rentabilidades han caído de la forma que lo han hecho y el valor de los fondos se ha vuelto tan fluctuante, revisar la conveniencia de seguir invirtiendo en sociedades anónimas (¿resulta realmente rentable hacerlo?; sería de enorme interés que la Superintendencia publicara un análisis al respecto). Por último, si es racional desde el punto de vista de la desigualdad existente (Michelle Bachelet mencionó la palabrita esta 14 veces en su discurso del 21 de mayo) continuar con un sistema de capitalización individual, o asumir de una vez por todas su rotundo fracaso y retornar a un sistema solidario (bien estudiado, analizado, debatido, compartido y reflexionado; de ninguna manera impuesto, Michelle).


El actual sistema de capitalización individual, estimado lector, es un sistema fracasado y mentiroso. No nos enteramos de ello porque quienes han recibido el encargo de la ciudadanía de controlarlo y resguardar su transparencia (los sucesivos gobiernos), no cumplen con su función. Tampoco el de Michelle Bachelet. Por el contrario, se encargan de desinformarnos en forma sistemática, ocultándonos información básica respecto de lo que ocurre con nuestros fondos. ¿No será hora de irle poniendo atajo a esta vergüenza? ¿No será hora, Michelle? Porque para combatir la desigualdad, no basta con mencionar 14 veces la palabra en un discurso. Hay que enfrentar los problemas que existen. Y éste, caramba que es grave. ¿No hará nada al respecto?

domingo, 18 de mayo de 2014

El “sistema integrado” de impuesto a la renta y los derechos ciudadanos

Nuestros derechos fundamentales están detallados en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, donde se establece que se aseguran “a todas las personas” (sin hacer distinción de si son naturales o jurídicas). Respecto de los sistemas tributarios que nos rigen, son aplicables los siguientes:

2°. La igualdad ante la ley.

20°. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos.

22°. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;

Los tres son violados sistemáticamente tanto por el sistema tributario vigente, como por la reforma propuesta por el gobierno. Le explico cómo.

Todas las personas, tanto naturales como jurídicas, consumimos servicios públicos. Las empresas, por ejemplo, consumen seguridad, iluminación, vialidad, urbanismo, aseo y ornato; hacen uso intensivo del sistema judicial (en la elaboración de contratos, en el resguardo de su cumplimiento, y en sus procesos de cobranza, entre otras materias), del registro civil, del INE, del SII, de la Dirección del Trabajo, del Sence, y de una serie de organismos creados exclusivamente para ellas. El cuadro siguiente muestra una lista de estos últimos, junto con el monto asignado por el presupuesto del presente año para su operación:


Como puede usted apreciar, si consideramos sólo los organismos creados en forma exclusiva para atender a las empresas (en materias de fomento y control, básicamente), la cifra resultante ya es enorme: 1,12 billones de pesos al año. Por cierto, dicho monto no considera el aporte que les hace casi todo el resto del aparato estatal.

El tema de los servicios públicos va mucho más allá de tal situación, sin embargo. La estricta verdad es que las empresas no podrían desarrollar actividad alguna sin la existencia de servicios públicos que se lo permitieran. De hecho, les es indispensable estar insertas en la sociedad para ello. No podrían subsistir ni un solo días si no lo estuvieran.

Pese a ello, las empresas en Chile disfrutan de un privilegio: NO pagan por los servicios públicos que consumen. El Estado, con dinero de todos los chilenos, se los subsidia, para permitir que ellas les paguen los impuestos a los empresarios, logrando con esto que ellos no los paguen de sus propios bolsillos.

Como consecuencia de lo anterior, en materia tributaria las empresas y los empresarios NO son iguales al resto de las personas ante la ley, con lo que se viola el N° 2 del  artículo 19. Además, no hay igual repartición de las cargas públicas, ya que las personas naturales deben financiar los servicios públicos que consumen las empresas, con lo que se viola el N° 20 de dicho artículo. Y, por último, existe una discriminación arbitraria en contra de las personas naturales que no son empresarias,  la que se manifiesta en una franquicia cuyo costo estimado no se incluye anualmente en la ley de presupuestos, con lo que se viola el N° 22.

El punto crucial aquí es que Las empresas pueden, sin inconveniente alguno, pagar por dichos servicios. En todos los países que califican como desarrollados, de hecho, lo hacen. El mecanismo es sencillo: basta con establecer que los impuestos pagados por las empresas (primera categoría y adicional) sean de beneficio fiscal y asunto concluido. Nada más que eso se requiere.

Porfiadamente, sin embargo, Michelle Bachelet ha optado por ignorar esta situación. Pese a que los únicos favorecidos con ella son los medianos y grandes empresarios (justamente quienes deberían soportar la mayor carga fiscal), ella ha preferido seguir depositando sobre los hombros de las personas naturales el financiamiento de los servicios públicos; de todos ellos, incluso de los que se otorgan en forma exclusiva a las empresas.


Qué me dice, estimado lector. ¿Da o no da el tema para interponer un recurso de protección o para efectuar una presentación al Tribunal Constitucional? Parece que da, ¿verdad? Por consiguiente, ¿cómo lo hacemos? ¿Dispara usted o disparo yo?

La "libertad de enseñanza"

En el mundo de las ciencias sociales ―las que, le recuerdo, estudian a las sociedades con el propósito de lograr que mejoren su funcionamiento― no siempre las grandes definiciones surgen de la mente de aquellos eximios pensadores que han dedicado su vida a estudiar un determinado problema. Hay veces, como ocurrió hace pocos días en Valparaíso, en las que nacen del sentir ―del dolor, de la ira, de la desilusión y, por qué no decirlo, también de la resignación― de quienes conviven con él. No de los que lo estudian, sino de aquéllos que, para su desgracia, lo padecen en carne propia.

Porque, ¿cómo define usted la excesiva desigualdad? ¿Bajo qué acepción ubica a ese flagelo enraizado en nuestro país desde hace largos seis siglos y que, al parecer, nos seguirá acompañando por otros tantos?

La mejor definición que, por muy lejos, he escuchado, la dio una de las pobladoras afectadas por el atroz incendio que arrasó, hace pocos días, la parte alta de Valparaíso. Ante una desubicada pregunta de un periodista, ella contestó algo muy simple, pero devastadoramente profundo: “los pobres no elegimos dónde vivir”.

Cierto, los pobres no pueden elegir, como lo hacen quienes tienen una situación económica holgada. Porque la frase de la pobladora también puede aplicarse al ámbito de la salud, y calza igual de justo: “los pobres no elegimos dónde atender nuestras enfermedades”. O al del consumo, y lo mismo: “los pobres no elegimos dónde comprar nuestras mercaderías (lo hacemos en el almacén de la esquina, lo queramos o no)”. O al del trabajo: “los pobres no elegimos dónde trabajar (lo hacemos donde podemos)”. O al del financiamiento: “los pobres no elegimos dónde pedir dinero prestado (a propósito, quizás algún día alguien pueda explicarme por qué la Tía Rica no entrega sus préstamos a tasas prime y en las mismas condiciones de valor por gramo de oro que cierta entidad prestamista, para evitar que gente inocente, apremiada por sus necesidades, siga cayendo en las garras de esta “empresa”, y le siga pagando tasas del 10% mensual)”.  Y así, en cada uno de los ámbitos en dónde se desenvuelve nuestro diario vivir.

Si usted es pobre (¿cuál es, en Chile, la real línea de la pobreza?), usted no es libre. De nada, absolutamente. Los pobres no pueden elegir en ningún aspecto de sus vidas. Son esclavos del lugar al que la sociedad los ha relegado; del tipo de vida que han sido obligados a vivir; de las limitaciones económicas que su condición les impone. Habitan en un círculo de pobreza del que les resulta casi imposible escapar. No se cumple aquí lo que disponen el Artículo 1° de nuestra Constitución y el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que las personas (o seres humanos) nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  

Así que ahí la tiene, estimado lector, la mejor definición de “excesiva desigualdad” jamás expuesta: hay excesiva desigualdad en una sociedad cuando algunos de sus miembros están imposibilitados, porque carecen de opciones, de elegir libremente su camino. Hay excesiva desigualdad, cuando es imposible elegir.

Desde luego, el problema se agudiza cuando la solución única que se entrega no es adecuada. No es, como se insiste por estos tiempos, de buena calidad (ya llegará el día en que dispongamos de definiciones oficiales acerca de qué se entiende por “buena calidad” en cada ámbito).

Como ya vimos, tal definición es aplicable a cada ámbito en el que desarrollamos nuestras vidas, y en particular, por cierto, al de la educación. Aunque nos llenemos la boca con discursos acerca de la libertad de enseñanza, el hecho concreto, crudo, patético, es que los pobres NO eligen dónde estudiar. No pueden hacerlo. No tienen alternativa. Deben tomar, sin derecho a pataleo, la exclusiva solución que se les impone, no importando si ésta cumple o no con sus deseos y requerimientos.

Y si un elevado porcentaje de nuestra población no puede elegir, ¿qué es, entonces, aquello de “libertad de enseñanza”, que defienden a brazo partido las colectividades de derecha y los centros de estudio que las respaldan?

Ok, convengamos en que ellos no se refieren a la libertad de los padres para elegir dónde se educarán sus hijos. Ya vimos que ésta no existe para un número muy elevado de chilenos, por lo que mal podrían defenderla. Su acento está puesto, por consiguiente, en otras dos libertades: la de emprender iniciativas en el ámbito de la educación (garantizada, también, por nuestra carta fundamental), y la de hacer uso, para ello, de recursos públicos (las dichosas subvenciones estatales).

Respecto de la primera, nada puede alegarse. Si usted quiere emprender una iniciativa educacional, está en su derecho. Nadie debería oponérsele. Y, desde luego, puede obtener lucro con ella; no faltaba más.

Respecto de la segunda, entramos en problemas. Porque resulta que la evidencia contraria a tal práctica es lapidaria. Brutalmente lapidaria.

Si usted compara los resultados de los colegios subvencionados, con cualquier sistema de evaluación que utilice, advertirá que son muy similares a los de los colegios públicos. No existe, al respecto, una diferencia significativa. Lo grave de esta comparación, sin embargo, es que usted está usando el peor patrón que podría utilizarse para este efecto.

Me explico. Durante los últimos 40 años, con 20 años de gobiernos concertacionistas incluidos, se implementó en Chile un proyecto educacional que tenía como objetivo final eliminar la oferta pública, reemplazándola por el famoso “voucher” o “bono canjeable por educación”. ¿Lo recuerda? Como resultado de su aplicación, municipalización incluida, el actual sistema público es un ente agónico, segregador, carente de recursos e infraestructura y reducido al nivel más precario. Fue, estoy seguro, una demolición consciente, craneada y ejecutada con alevosía.

De manera que si los resultados de los colegios subvencionados son similares o sólo levemente mejores que los de este sistema, el peor contra el cual podrían compararse, no tenemos razón alguna para pensar que mantenerlos sea una decisión razonable o conveniente. Ni siquiera discutible. Corresponde darlos de baja y canalizar los recursos que se liberen, más los adicionales que puedan generarse, en implementar lo mismo que ha dado éxito en TODOS (en el más amplio significado del término) los países que han desarrollado sistemas educacionales exitosos: una oferta pública gratuita del más alto nivel.


Sólo así llegaremos a tener una verdadera “libertad de enseñanza”: la libertad de todo chileno para acceder a la educación que se merece y a la que tiene derecho. La otra libertad, la de usar recursos públicos para obtener lucro con soluciones educacionales de nivel, cuando menos, discutible, pueden guardársela sus defensores donde estimen pertinente porque aquí, en un Chile preocupado por los derechos de todos sus habitantes, no tiene cabida.

lunes, 12 de mayo de 2014

¿NECESITA USD 8.200 MILLONES CON UNA MEJOR REFORMA TRIBUTARIA? AQUÍ LOS TIENE

A estas alturas del partido ―poco más de un mes después de que Michelle Bachelet presentara en sociedad su propuesta de reforma tributaria― parecen estarse formando dos consensos: primero, que una reforma tributaria resulta cada vez más imprescindible e impostergable; y segundo, que el proyecto de nuestra presidenta no es, y está muy lejos de serlo, la mejor alternativa para tal efecto.

Las razones del primer consenso resultan evidentes: hay que reducir drásticamente los actuales niveles de desigualdad (durante los últimos 30 años se han mantenido casi sin variación), lo que obliga a implementar de una vez por todas las reformas que, en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, se requieren para tal efecto (entre ellas, desde luego, las que se precisan en el tributario).

Las razones del segundo también parecen serlo: la propuesta Bachelet no resuelve los graves problemas de inequidad que arrastra el sistema vigente, y es una verdadera maraña, que rivaliza con el laberinto del rey Minos por lo enredosa y compleja que resulta. Puede que sus autores sean legítimos descendientes de Teseo, y en tal condición puedan desenvolverse sin inconvenientes en semejante madeja, pero el resto, todo el resto, de los chilenos no tenemos relación de parentesco alguna con el citado semidiós, por lo que la posibilidad de que naufraguemos entre los intrincados vericuetos del mamotreto (¡qué notable acierto, el nombre elegido por nuestra presidenta!) es casi segura.

En este escenario fue que el diputado y presidente del partido socialista, Osvaldo Andrade, efectuó un sorpresivo llamado a los empresarios para que hagan una propuesta alternativa que recaude como mínimo 8.200 millones de dólares. Aunque hoy no soy empresario, como ciudadano chileno (no sólo los empresarios lo son, estimado diputado) recojo el guante y entrego a continuación mi propuesta de reforma tributaria, que es, aunque las recomendaciones vengan desde muy cerca, muy superior a la de la Nueva Mayoría desde todo punto de vista, y recauda, sin provocar ninguna debacle económica, más que lo que exige el diputado. Por tales razones, espero que sea considerada en el debate y, demás está decirlo, estoy dispuesto a explicarla, ampliarla y defenderla donde sea.

La detallo a continuación:

1°. Incrementar la tasa de primera categoría a un 25%, propuesta que coincide con las de Michelle Bachelet y Felipe Larraín. A la fecha, aunque no sepamos aún en qué se invertirán los nuevos recursos que pretende recaudar el Fisco, son tantas las necesidades, que allegarlos parece estar fuera de discusión. Se propone hacerlo en la misma progresión que establece el proyecto oficialista.

2°. Hacer de beneficio fiscal el pago de los impuestos de primera categoría, tal como se efectúa en TODOS los países desarrollados, solucionando con ello de raíz el principal defecto que comparten el actual sistema y la propuesta de nuestra presidenta (y la de Larraín, de paso). Con dicha medida se da cumplimiento al principio más importante de aquéllos que debe cumplir todo buen sistema tributario: el del beneficio ―que establece que todos quienes reciben servicios del Estado, empresas y personas, deben pagar por ellos en proporción al beneficio que reciben―, ya que, en pleno siglo XXI, es inconcebible que la normativa tributaria permita que organizaciones con fines de lucro, que pueden pagar por los servicios que reciben (en ingentes cantidades), no lo hagan, para destinar esos recursos al pago de los impuestos personales de los empresarios, evitando con ello que éstos los paguen de su propio bolsillo. ¿Tanto poder tienen los grandes empresarios? Cabe destacar que esta medida sí elimina, de paso, el registro FUT, al suprimir la causa que le da origen. Se propone i9mplementarla a partir del 2014, o a más tardar, del 2015.

3°. Establecer la obligación, para las empresas, de tributar en primera categoría por todas sus utilidades, sea cual sea su fuente de origen, incluyendo aquéllas provenientes de otras empresas, aunque ya hayan sido sujeto de dicho tributo. Esto significa, en palabras simples, que si usted quiere tener sociedades madres que le administren sus empresas, está en su derecho, pero los impuestos pagados por las segundas no le servirán como crédito en las primeras. Ni le explico cómo ayudaría a combatir la elusión una medida como ésta. Dicha medida correría a partir del 2015.

4°. Mantener, como en el sistema vigente, el pago de los impuestos global complementario y adicional sobre ingresos efectivos, esto es sobre utilidades distribuidas, agregando dentro de este concepto, aparte de los retiros y dividendos, los retiros efectuados para reinversión. Se pondría así atajo a uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos personales: traspasarlos a sociedades de inversión y dejarlos allí hasta el final de los días. La modificación indicada correría también a contar del 2015.

5°. Incrementar las tasas tope del global complementario agregando dos  nuevos tramos: 45% para rentas superiores a $ 8,5 millones mensuales, y 50% para las que exceden los $ 12 millones mensuales (50%). Esta medida incorpora, como en muchos países con bajos niveles de desigualdad, un concepto que está ausente tanto en el sistema vigente como en la propuesta Bachelet: que el sistema tributario sea el primer elemento usado para corregir una injusta y abusiva distribución del ingreso. La medida correría a contar del 2015.

6°. Establecer, para todas las empresas calificadas como medianas y grandes, la obligación de distribuir como mínimo un 40% mínimo de sus utilidades como dividendos o retiros. Le copié a Felipe Larraín esta medida, que me parece excelente como parte del paquete global, ya que suprime automáticamente el efecto de mecanismos de elusión tales como efectuar consumos propios con factura o contratar por medio de las empresas a las asesoras del hogar, entre otros. Debería implementarse a contar del 2017.

7°. Eliminar, a contar del 2015 (salvo que se diga lo contrario), las siguientes franquicias tributarias:

57bis, ya considerada en el programa de Michelle Bachelet;

55bis, o limitarla sólo para una vivienda, por una vez en la vida, y siempre y cuando quien lo impetra o su cónyuge, no posean otro inmueble (el beneficio debería dirigirse a quienes financian su primera vivienda; en ningún caso a inversionistas inmobiliarios);

55ter, ya que va absolutamente en contra de la reforma que se pretende efectuar en el ámbito educacional (es, en la práctica, un traspaso de recursos fiscales a organizaciones del ámbito educacional con fines de lucro);

Crédito especial de 65% de IVA para empresas constructoras, por aberrante (lea en mi blog, si quiere profundizar, la columna que escribí al respecto). Para compensar el eventual efecto en los precios de las viviendas, propongo calcularlo (como corresponde, por cierto; no con el método telescópico, por la manera en que hacen crecer el eventual perjuicio, de la Cámara de la Construcción) para las viviendas de hasta UF 2.000, e implementar un subsidio directo a los compradores por el valor determinado;

Renta presunta: se propone restringirla en los términos establecidos por el proyecto de Michelle Bachelet;

DL 600;

La posibilidad, establecida en el artículo 31 de la ley de la renta, de imputar a la utilidad del ejercicio las pérdidas de ejercicios anteriores. Ello, por el ya mencionado principio del beneficio. ¿Qué sentido tiene que una empresa que tiene utilidad (imagine usted el caso de Johnson’s) no pague por los servicios públicos que consume, pese a que puede hacerlo, con el exclusivo propósito de beneficiar a su propietario? ¿Por qué el interés público debe, en este caso, someterse al privado?;

Exenciones de tributación de las ganancias de capital y de la utilidad por la venta de bienes raíces, en los términos establecidos por el proyecto de Michelle Bachelet;

Exención de pago del impuesto específico de los combustibles para las empresas: es una medida discriminatoria que no tiene ninguna justificación económica, salvo favorecer a las empresas en desmedro de las personas naturales.


8°. Establecer que los saldos vigentes de FUT al 31.12.2014 en aquellas empresas donde NO existan retiros en exceso sobre el FUT disponible, sean imputados como tributos personales de sus propietarios, pasando automáticamente a ser de beneficio fiscal. Medida a implementar a contar del 2015.

9°. En todas aquellas empresas donde existan retiros en exceso sobre el FUT disponible, calcular los impuestos personales pertinentes para cada año, efectuar los giros correspondientes y establecer un plazo tope de cinco años para pagarlos (con los correspondientes intereses);

10°. Corregir el trato tributario discriminatorio que recibe el contribuyente casado (o formalmente emparejado según legislación ad-hoc) cuya esposa se dedica al hogar, otorgándole la posibilidad de que su esposa declare por la mitad de sus ingresos.

11°. Mantener el actual sistema de depreciación.

12°. Implementar las medidas anti evasión y elusión establecidas en la propuesta del gobierno

La recaudación estimada por el sistema propuesto, considerando sólo las medidas para las que dispongo de información (por consiguiente, la recaudación real sería superior a la indicada) es la siguiente:

MEDIDA
MONTO EN RÉGIMEN
USD MILLONES DE 2013
Incremento de tasa de 1a  categoría
Global complementario (1)
Adicional
Supresión 57bis
Supresión 55bis
Supresión crédito especial  empresas constructoras
Supresión uso pérdidas de ejercicios anteriores
Supresión  exención pago de impuesto específico combust.
Control de elusión y evasión

Total
2.100
2.800
1.600
280
200
690
750
540
1.750

10.710
(1)    Incluye estimaciones de pago por monto actual de global complementario, incremento de retiros obligados, retiros en exceso sobre FUT disponible y reinversiones de utilidades.

Como puede apreciarse, éste es un sistema que recauda bastante más de lo previsto por la propuesta del gobierno (cuyos efectos en la materia son, además, más que dudosos), aparte de cumplir de mucha mejor forma con TODOS los principios que debe reunir un buen sistema tributario. En particular, aparte de ser mucho más equitativo, es mucho más simple (no requiere de registro alguno, por ejemplo) y, por ello, mucho más fácil de operar y controlar.

Respecto de sus efectos en las pymes, aunque existen (cuando aumentan los impuestos ocurre lo mismo que en una lluvia torrencial: todos se mojan), son bastante menores. Por ejemplo, todos los pequeños empresarios que retiren menos de $ 550.000 (y no dispongan de rentas adicionales) estarán exentos de global complementario. Quienes retiren $ 1 millón mensual, deberán pagar $ 18 mil de impuesto a la renta, lo cual es más que razonable. Una reforma como ésta afecta fundamentalmente a los grandes empresarios, que son quienes necesariamente deben pagar más impuestos, ya que los que pagan hoy son, definitivamente, una burla.

Cumplo, con esta propuesta, lo solicitado por el diputado Andrade. Espero, en consecuencia, que se considere mi aporte, y no se siga adelante, aplanadora mediante, con el mal proyecto presentado. Éste, insisto, es claramente mejor. Y quedo, desde luego, atento a las consultas.



jueves, 8 de mayo de 2014

Una muy mala reforma tributaria

Dejémoslo claro desde un principio: Chile necesita, de manera urgente, una reforma tributaria, porque el actual sistema es demasiado injusto e inequitativo, y porque se precisan ingentes recursos para abordar todas las indispensables reformas sociales que ya no pueden seguirse postergando. Sin embargo, eso NO significa que cualquier reforma tributaria sea buena.

De hecho, la que irresponsablemente pretende imponernos Michelle Bachelet con la mayoritaria complicidad de nuestro desprestigiado Parlamento, es una mala reforma; un desacierto indigno del nivel de estudios y experiencia de sus autores.

¿Por qué? Lo explico a continuación.

El concepto de “bueno” o “malo”, como es bien sabido, es relativo. Una obra humana no es buena o mala “per se”. Tal calificación la adquiere por tres vías: como resultado de una comparación con algún patrón o estándar de medida (la pauta de una prueba, por ejemplo); como consecuencia de contrastarla, según determinados parámetros de medición, frente a una o más alternativas (en cuyo caso hablamos de “más mala o más buena que” o “inferior o superior a “); o confrontándola con sus propios objetivos (buena es la que los cumple y mala, a la inversa, la que es incapaz de lograrlos).

Así, hablamos de una mala copia, cuando la obra en cuestión no se asemeja al original; de un mal resultado académico, cuando no se consigue alcanzar el estándar mínimo exigido; de un mal resultado deportivo o económico, cuando no se logran los objetivos previstos. Y afirmamos que “La invasión de los tomates asesinos” o “Martes 13 V parte” son más malas que (o inferiores a) “El padrino 1” porque, según todos los parámetros preestablecidos para una comparación de esta naturaleza, las primeras pierden de aquí a Penco.
Pues ocurre, estimado lector, que la reforma tributaria de Michelle Bachelet es mala desde cualquiera de las perspectivas señaladas.

Un patrón o estándar de medida adecuado para confrontar un proyecto de reforma tributaria, es el conjunto de principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Dichos principios no andan dando vuelta por el mundo académico porque sí. No son un mero antojo de los expertos en la materia. No están ahí para ser usados como papel higiénico. Han sido planteados porque son los que garantizan que una materia tan áspera y compleja como son los impuestos, sea abordada con justicia, aplicando ese sabio precepto de “dar a cada cual lo que le corresponde”. Así, aquél que los cumple todos satisfactoriamente es un buen proyecto y, por el contrario, aquél que reprueba en todos, es un pésimo proyecto.

Desde esta perspectiva, apreciado lector, la reforma tributaria de Michele Bachelet es un pésimo proyecto. Veamos por qué.

El principio del beneficio establece que “todos quienes consumen servicios públicos, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”. Clarito, ¿verdad? Todos debemos pagar por los servicios públicos que recibimos. No sólo las personas; también, y especialmente, las empresas. Ningún sistema tributario que aspire a ser calificado como “bueno”, puede considerar una estructura tributaria donde las personas naturales financian los servicios públicos que consumen las empresas.

Pues bien, la propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet omite olímpicamente este principio. En su proyecto, sólo las personas naturales pagamos por los servicios públicos. Las empresas ―que son, por lejos, los mayores consumidores de dichos servicios en nuestra sociedad (y en cualquier sociedad)― no lo hacen, pues destinan sus impuestos (y, con la propuesta de nuestra presidenta, parte de sus utilidades después de impuestos también) al pago de los tributos personales de sus propietarios. En palabras simples, todos los chilenos financiamos los servicios que las empresas consumen, para que éstas les paguen los impuestos a sus propietarios. No es algo menor, amigo lector, si considera que dentro de las empresas a las que usted, yo y todos los chilenos les financiamos los gastos públicos que consumen, están los sinvergüenzas de La Polar y de los carteles de las farmacias y de los pollos, junto con todos los demás próceres que utilizan similares medios para rentabilizar sus inversiones (usted sabe quiénes son, ¿para qué se los voy a nombrar?).

Pasemos ahora al principio de equidad que, como usted sabe, tiene dos variantes: la equidad horizontal ―a iguales ingresos, iguales tributos― y la vertical ―a mayores ingresos, mayores tributos―, y déjeme darle dos ejemplos para que vea la joyita que se mandaron los amigos de la Nueva Mayoría. Primero, observe en la siguiente tabla cómo afecta la estructura de propiedad de la empresa al pago real de impuesto a la renta, en el sistema propuesto por doña Michelle:



Como puede apreciar, el pago total de impuesto a la renta, EN LA MISMA EMPRESA, puede variar entre un 23,3% y un 3,7% sobre la utilidad, dependiendo de cómo esté estructurada su propiedad.  Ése es, recordemos, el pago total que efectúan la empresa y sus propietarios. ¡$ 100 millones de utilidad y sólo 3,7% de impuesto!, ¿le parece equitativo eso? ¿Horizontal o verticalmente? Y lo más dramático del asunto, es que con esta figura el rango de operaciones de elusión es amplísimo, enorme, todo un abanico puesto a disposición de asesores imaginativos. Todas las empresas con utilidades menores a $ 500 millones anuales podrían, eventualmente, hacer uso de ella con consecuencias inimaginables. ¿Y me van a decir que las nuevas facultades y atribuciones del SII van a evitar la debacle? Será interesante contemplar, primero, cómo se judicializa el tema; segundo, el debate que se armará al respecto; y tercero, si la Corte Suprema se pronunciará a favor de los al menos cuestionables procedimientos establecidos en esta ley, o reafirmará la libertad, establecida constitucionalmente, de que uno disponga de su propiedad como le plazca. Debería ser evidente para todos, que una mala ley no puede validar la mutilación de nuestras garantías constitucionales.

Segundo, considere el caso de un profesional que obtiene una renta de $ 40 millones anuales, por lo que pagará de su bolsillo, según el proyecto de Michelle Bachelet, $ 3,75 millones por concepto de impuesto único.  Compárelo con el de un empresario que retira la misma suma de su empresa. ¿Cuánto impuesto pagará este último de su bolsillo? Respuesta: cero. Con la propuesta de Michelle Bachelet, los empresarios NO pagan impuestos. Son las empresas quienes les pagan sus impuestos personales. Si no desea hacerlo, el empresario jamás se meterá la mano al bolsillo para enfrentar este desembolso. Será la caja de la empresa la que soportará el impacto. ¿Cómo lo haya? ¿Justo y equitativo? ¿Vertical u horizontalmente? Con la propuesta de Michelle Bachelet, al igual que con el sistema vigente, los empresarios reciben un trato preferencial y privilegiado en su tributación, respecto de los empleados. Y, por cierto, está por verse qué va a pasar con la caja de aquellas empresas que pasarán de pagar un 20% de primera categoría, a un 35% (le insisto, ¿o usted cree que los empresarios pagarán sus tributos personales de su propio bolsillo?

Agreguémosle un poco más de pelos a la sopa: los intereses que pagarán las empresas para financiar el tramo del 25 al 35% de los impuestos de sus dueños, ¿serán considerados gastos rechazados, como sería lo correcto? ¿O podrán rebajarse tranquilamente de la renta sin consecuencias posteriores?

Es interesante acotar que un sistema como éste, se presta para cualquier cosa. Es casi imposible de controlar adecuadamente, más aún teniendo presente que la maraña de empresas que difuminan la propiedad de las grandes firmas con chimenea se volverá, como consecuencia de la reforma, inextricable, haciendo virtualmente imposible para el SII desentrañarla .¿Cómo puede un grupo de funcionarios ser más inteligente que miles de empresarios y asesores (a propósito, me asalta la duda de cómo, en la práctica, se controla un loop de propiedad; si usted sabe algo, no dude en comentármelo)?

¿Vale la pena referirse al principio de la simplicidad y la transparencia? Sólo mencionarlos respecto de la propuesta de Michelle Bachelet, ya da vergüenza. Tales conceptos no tienen cabida en este proyecto. Si parece que, por el contrario, quienes lo elaboraron se hubiesen esmerado en hacerlo complejo y alambicado. Si la propuesta de Michelle Bachelet cumple algún principio, éste es el de la complejidad y la falta de transparencia.

Analice usted los demás principios y verá que la propuesta de reforma tributaria los incumple todos. Buen récord, ¿verdad? Convengamos que ése es un logro. Es difícil quebrantar el ABC de los sistemas tributarios de una manera tan flagrante.

Contrastemos ahora el proyecto de reforma tributaria con los objetivos que, explícitamente, le asignó la Nueva Mayoría: disminuir la desigualdad; lograr que quienes más tienen, más paguen; y recaudar USD 8.200 millones.

Ya quedó claro en los párrafos anteriores, me parece, que este proyecto no logra que quienes más tienen más paguen (Michelle, la engañaron; en los “sistemas integrados de impuesto a la renta”, la equidad no se logra a nivel de los impuestos personales; los “sistemas integrados” son intrínsecamente inequitativos). Tampoco permite, por sí solo, disminuir la desigualdad, ya que esto dependerá de cómo se inviertan los eventuales recursos que se generen. Por ejemplo, si usted los gasta en proyectos tales como aumentar el número de parlamentarios y mantenerles las mismas rentas y asignaciones actuales, es clarísimo que no disminuirá la desigualdad. Lo único que nos falta por saber, entonces, es si recaudará o no los USD 8.200 millones que Michelle Bachelet requiere para poner en práctica sus restantes proyectos.

Al respecto, convengamos en que cualquier consecuencia de la presente reforma en tal sentido, no se verá durante el gobierno de la actual presidenta. Por el contrario, con el harakiri del primer año de depreciación instantánea, con la mantención del FUT (sí, el FUT se mantiene, ya que se mantiene la causa que le da origen: el sistema integrado de impuesto a la renta), con la existencia de un FUT acumulado que se demorará varios años en extinguirse, y que en muchos casos no se extinguirá ―considere, para comprobarlo, una empresa con un FUT histórico de $ 100 millones, con utilidades anuales de $ 50 millones y con un solo propietario, y determine (es un ejercicio simple, pero que los amigos de la Nueva Mayoría, al parecer, no hicieron) cuándo se acaba el FUT histórico; le doy la respuesta: nunca―, y con la puesta en marcha en forma secuencial de casi todos los cambios (incluso aquéllos que consideran la supresión de inaceptables privilegios), lo más probable es que la recaudación de los primeros 4 años de vida de la reforma no crezca, o crezca muy poco. Si me apuran, me atrevería a pronosticar incluso que caerá, en cuyo caso sería muy interesante saber cómo implementará Michelle Bachelet todas la reformas que pretende abordar (¿puede un gobernante ser tan irresponsable como para prometer cambios al por mayor, e implementar al mismo tiempo una reforma tributaria que no le generará recursos durante su gobierno para abordarlos?). Lo concreto es que lo más probable es que la reforma tributaria de Michelle Bachelet NO RECAUDE, al menos durante su gobierno, los USD 8.200 millones que pretende.

Como consecuencia de lo anterior, es importante tener presente que cualquier futuro incremento de recaudación dependerá de qué es lo que decida el gobierno que sucederá al de Michelle Bachelet. Por ejemplo si, Dios no lo quiera, llega la UDI al poder (con la particular visión de sus acólitos respecto de la desigualdad y del papel del Estado), no existirá dicho incremento y, por ende, no existirán dichas reformas. Como bien dice Condorito, exijo una explicación.

La última comparación que nos falta hacer, es con otras alternativas, y ahí, estimado lector, la propuesta de Michelle Bachelet  pierde feo. Muy feo. Porque hay alternativas que realmente son mucho mejores que la que ella, irreflexivamente, lanzó a la palestra. Alternativas que sí cumplen todos os principios que debe reunir un buen sistema tributario, y que además permiten conseguir todos los objetivos planteados de manera mucho más simple, entre ellos el de recaudar los UISD 8.200 millones (cuando quieran los amigos de la Nueva Mayoría, les expongo una que consiste en establecer que las empresas paguen el 25% de primera categoría a beneficio fiscal, que el impuesto de primera categoría pagado no pueda ser usado como crédito por otra empresa, que los empresarios paguen por sus retiros efectivos (elevando las tasas marginales tope), que se elimine el FUT de un viaje, y que se supriman todas las granjerías tributarias existentes). ¿Por qué no se prefieren? Misterio. ¿Algún acuerdo con quienes no se ven favorecidos con dichos cambios, quizás?


Tenemos, pues, una muy mala propuesta desde todo punto de vista. Como era de esperarse, sin embargo, pasó el cedazo de la Cámara de Diputados. ¿Puede eso realmente sorprendernos? No olvidemos que ellos se creen capaces de evaluar las posiciones disidentes a la reforma en quince minutos. Tampoco, que creen posible convencernos de que, aumentando más de un cuarto los diputados y más de un tercio los senadores, el presupuesto del Congreso no sufrirá variaciones. De ellos podemos aguardar cualquier cosa. Esperemos que en el Senado impere la cordura y se incorporen las drásticas mejoras que tan irreflexivo proyecto necesita. Si ello no ocurre, aunque soy ateo no me queda más que decir, ¡que Dios nos asista!

El aberrante "subsidio a las constructoras"

De entre las tantas medidas que plantea el proyecto de reforma tributaria de Michelle Bachelet, una de las más cuestionadas por el mundo empresarial y por los partidos de la ex Alianza, es la reducción del beneficio del crédito especial de 65% de IVA a la construcción de viviendas (erróneamente denominado “subsidio a las constructoras”). La propuesta del gobierno (la imposición, más bien, ya que no puede ser considerado “propuesta” algo que se va a aprobar sí o sí, por muchos argumentos válidos que existan en su contra) contempla rebajar el límite de precio de las viviendas cuya construcción puede acogerse a él, desde UF 4.500 a UF 2.500, y el tope del beneficio, desde UF 225 a UF 100.

Permítame decírselo con todas sus letras: este beneficio tributario es uno de los más aberrantes, y absurdos que pudieron haberse ideado para fomentar con recursos públicos una determinada actividad. Es tan irracional, que en ningún país serio en materias económica y tributaria tendría cabida. Le explico por qué.

Lo primero es que obliga a las constructoras a asumir un financiamiento, con su correspondiente costo financiero, que en ningún caso les corresponde.

Suponga una constructora que le construyó viviendas a una inmobiliaria por un precio de $ 1.000 millones, para lo cual efectuó compras por $ 800 millones, ambos netos. Suponga, además, que se cumplen aquí los requisitos de precio y beneficio tope para la totalidad de las viviendas. Al facturar, la constructora debería cobrarle a la inmobiliaria un IVA de $ 190 millones (19%), pero con el crédito del 65%, sólo puede cobrarle $ 66,5 millones (35% de $ 190 millones). Sin embargo, ella está obligada a pagarles a sus proveedores la totalidad del IVA de las compras, esto es, $ 152 millones (19% de $ 800 millones). Por tal razón, si no tiene más movimientos, al momento de pagar el IVA enfrentará un desfinanciamiento de $ 85,5 millones ($ 66,5 millones de IVA recibido, menos $ 152 millones de IVA pagado), que deberá afrontar con recursos propios (ay de ella si no los genera; tendrá que conocer las bondades de formar parte de la base de datos de DICOM).

La constructora está autorizada a pagar sus PPM y retenciones con cargo a este crédito, pero el grueso de él sólo podrá recuperarlo en la operación renta del año siguiente. En el ejemplo en cuestión, si los PPM fuesen de $ 10 millones, aún le quedarían a la empresa $ 75,5 millones de déficit, que debería financiar durante casi un año en promedio. Imagine el costo con una tasa del 2% mensual por 10 meses: $ 15,1 millones. ¿Qué le parece?

Esta es la primera “gracia” de esta norma, estimado lector: obliga a las constructoras a meterse la mano al bolsillo para financiar un beneficio que reciben terceros (la inmobiliaria), asumiendo no sólo el correspondiente costo, sino todas las dificultades que tal situación puede llegar a generarle (problemas de acceso al financiamiento, por ejemplo). Aquí, de la forma más descarada, el Estado subsidia con dinero ajeno.

¿Qué es, entonces, el “subsidio a las constructoras? Es la devolución que el Estado le hace a las empresas constructoras del mencionado déficit de caja que tuvieron que asumir, en promedio, un año antes, cuando por norma debieron cobrarle a las inmobiliarias sólo un 35% del IVA que correspondía, mientras pagaban el total que les cobraron sus proveedores. En eso gastó el fisco, el año pasado, aproximadamente USD 620 millones.

Es preciso recalcar que el cobro del 19% de IVA a su cliente, junto con ser una obligación de la constructora, es también una facultad. Si ella pagó IVA por sus compras, tiene todo el derecho de recuperarlo, cobrándolo a su vez a su cliente. Ninguna norma debería poder conculcársela. Menos aún si dicha circunstancia la obliga a enfrentar dificultades financieras, con sus correspondientes costos, que no le corresponden. Estoy seguro que un buen constitucionalista podría, sin mucho esfuerzo, probar la inconstitucionalidad de este “crédito especial”. Por cierto, en la norma no se contempla pago alguno por concepto de costo financiero a las constructoras afectadas.

Vamos, como dicen los abogados, a un otrosí. ¿Cree usted, apreciado lector, que las constructoras avezadas no contemplarán en sus costeos esta situación? Tal vez no lo harán las ingenuas, las poco avezadas en el mundo de los números, las recién llegadas, y pagarán con la quiebra su falta de conocimiento. Pero aquéllas que están en el negocio por un tiempo prolongado, ya saben lo que tienen que hacer para protegerse: subir sus precios, incorporando en ellos todos los costos derivados de este particular “subsidio”. Vaya, pues, sacándole una parte sustancial al potencial efecto de la rebaja.

Pero ésa es sólo la primera pata del tema. El asunto es mucho peor aún. Porque nada, pero absolutamente nada, garantiza que la rebaja del IVA beneficie al consumidor final de las viviendas.

El punto crucial aquí es que quienes administran el supuesto beneficio son las inmobiliarias. Y le recuerdo, distinguido lector, que las inmobiliarias son empresas, esto es, organizaciones con fines de lucro.

Poner a una inmobiliaria a administrar un subsidio destinado a sus clientes, es equivalente a poner a un gato al cuidado de una carnicería. Los mininos son excelentes animales, cariñosos, regalones, cálidos y limpios, pero si usted pone a uno a cargo del mesón de la carne, inevitablemente va a perder. Se lo garantizo. El gato, por muy buena mascota que sea, no puede ir en contra de su naturaleza. Tenga la plena seguridad de que se dará un festín a su costa y ni siquiera le dará las gracias. Pues bien, exactamente lo mismo ocurre si usted pone a un empresario a administrar un subsidio. Por muy buena persona que sea, el hombre buscará maximizar su ganancia y también se dará un festín con la mencionada rebaja. Si puede evitarlo, jamás la reflejará en el precio. Topón y para adentro, como se dice vulgarmente. Y no lo hará porque sea un aprovechador o un sinvergüenza, sino por su naturaleza: el empresario está para ganar plata y no para administrar subsidios. Ambas, son actividades totalmente incompatibles.

Ahora, imagine la cantidad de maniobras tributarias que pueden idear las ágiles mentes de los expertos con este canasto de chocolates que el Estado pone a su disposición. De partida, y sólo a manera de ejemplo, piense en aquellas constructoras e inmobiliarias que pertenecen al mismo propietario. ¿Cómo comprueban los funcionarios del SII en dicho caso, que las viviendas que construyeron las constructoras se enmarcaban en los límites de precio y tope definidos por la norma? ¿Cómo comprueban que los contratos que dieron origen al crédito, correspondían sólo a viviendas y no a otro tipo de construcción? La verdad es que las posibilidades de uso inadecuado de la norma son gigantescas.

Eso es, amigo lector, el crédito especial del 65% de empresas constructoras: una rebaja de precio que financian durante un plazo promedio de un año las constructoras, asumiendo el costo que ello significa, y que no beneficia directamente a los compradores de viviendas, sino que se pone a disposición de las inmobiliarias para que ellas la usen como estimen pertinente. En eso gastó el Estado USD 623 millones durante el 2013. ¿Había visto algo más aberrante y absurdo? ¿Una manera más estúpida de dilapidar los recursos fiscales?

Completo la información señalando que sólo existe un caso donde la rebaja del IVA llega con seguridad a manos de los consumidores: los contratos de construcción que se efectúan con grupos organizados de pobladores, esto es, con consumidores finales de viviendas. Ningún otro. Por cierto, es infinitamente más racional, más lógico y más apegado a la teoría económica (cualquiera sea el enfoque de ésta), calcular el beneficio en cuestión y pagárselo directamente a quienes deberían ser sus beneficiarios (pueden recurrir a mí, si les resulta muy complicado hacerlo).

Una norma así, tan aberrante, sólo puede mantenerse en el tiempo si quienes tienen la obligación de proteger los intereses ciudadanos, nuestros parlamentarios, no están a la altura. Sólo dos razones pueden explicar el haberla mantenido tantos años: o ellos no saben economía ni tributación ni contabilidad, o tienen algún grado de compromiso con los únicos beneficiados de esta historia, las empresas inmobiliarias. En todo caso, si no bastara con la forma irresponsable en que están enfrentando la reforma tributaria, ésta es una prueba fehaciente de que no entienden nada de dichas materias.


Ahora bien, en una reforma tributaria bien pensada, orientada a solucionar las barbaridades de ese tipo que coexisten en el sistema vigente, tal “beneficio” habría sido suprimido de raíz, porque es irracional seguirlo manteniendo. Salvo, por supuesto, que quien diseñó la reforma no entienda cómo funciona. O, como ya dijimos, que vaya en la parada. En cualquiera de los dos casos, qué pena por nosotros.

domingo, 4 de mayo de 2014

La era del RUA

El tema “reforma tributaria”, como es fácil constatar leyendo la prensa, no amaina. Diariamente, surgen más y más opiniones, posiciones, planteamientos y estudios que, más que entrar al fondo del asunto, pretenden instalar en la opinión pública tal o cual punto de vista. Podríamos decir que la mayor parte de ellos, más que análisis serios, son meros panfletos publicitarios, fácilmente asimilables al video del gobierno o a los volantes de la UDI.

Un ejemplo clarísimo de esta particular forma de debatir, tiene que ver con los efectos que tendrá la reforma en la liquidez de las empresas. Aunque muchas de las consecuencias del proyecto son difíciles de prever (creo que ni sus mismos autores saben que ocurrirá exactamente, como cuando alguien dinamita una construcción sin preocuparse por el vecindario), aquéllas pueden anticiparse con bastante certeza. Veamos un par de ejemplos:

Efectos sobre la caja de las pymes: todas aquellas empresas cuyo impuesto de primera categoría sea igual o superior a la suma de los impuestos personales de sus propietarios ―empresas de un solo dueño con utilidades anuales inferiores a $115 millones, o con dos propietarios en partes iguales y utilidades anuales inferiores a $ 230 millones, y  así sucesivamente (las combinaciones son infinitas)―, sólo deberían verse afectadas en su liquidez durante el año por la diferencia entre los PPM que pagaban antes de la reforma y los que pagarán con posterioridad a ella. En la práctica, el efecto de caja que sufrirán será mínimo, incluso al momento de la DAE (una empresa con utilidades de $ 100 millones, cubrirá con $ 417 mil mensuales adicionales de PPM el incremento de su impuesto de primera categoría, por ejemplo). Todo lo demás que se ha publicado al respecto, en consecuencia: que las pymes sufrirán las penas del infierno, que perderán una fuente vital para su financiamiento (¿a qué fuente de financiamiento se referirán?) y blablablá, son falacias de la peor especie, propaladas por gente que habla desde su ignorancia o, lisa y llanamente, con mala intención.

Los dueños de estas empresas también podrán vivir sin sobresaltos. Si usted es propietario de una pyme con utilidades del orden señalado (hasta $ 500 millones, incluso), lo único que tiene que hacer es preocuparse ahora de estructurar adecuadamente su propiedad, y tendrá chipe libre. Podrá retirar lo que quiera y no pagará ni un peso de impuesto adicional al que debe enterar su empresa. Si la hace bien, incluso, podría recibir jugosas devoluciones.

Por cierto, sí las estructuras de propiedad no varían, las devoluciones de impuestos que se recibían con el sistema vigente podrían reducirse drásticamente, pero eso ya pasa a ser cuestión de planificación. Y no se preocupe por las facultades adicionales del SII: pretender que una ley irreflexiva esté por sobre garantías protegidas por la Constitución,  no pasará de ser una bravata. Con forma de ley y todo lo que usted quiera, pero bravata al fin y al cabo.

Efectos sobre la caja de las restantes empresas: cuando la suma de los globales complementarios de los dueños de la empresa pasa a ser mayor que el impuesto de primera categoría pagado por ésta, comienzan los problemas. No es necesario ser pitoniso para avizorar que las diferencias a pagar que se produzcan no saldrán del bolsillo de las personas naturales, sino de las cajas de las empresas. Así, en la práctica, si los dueños de una firma caen en el tramo del 35%, la empresa tendrá que ponerse con el diez por ciento adicional. En los casos límite (las grandes empresas) su tasa real deja de ser 25% y pasa a ser 35%. ¿Cuáles serán los efectos de esta situación? Imposible saberlo, pero algo idearán los sufridos cerebros de los asesores tributarios para aminorar el impacto. No le quepa la menor duda.

Mientras tanto, volvamos al FUT.

El FUT es, en el singular debate que estamos contemplando, uno de los temas más “debatidos”. Es sorprendente la cantidad de falacias y barbaridades que se han propalado acerca de él. Hay algo así como una ignorancia generalizada, que redunda en que algunos le atribuyen, como si fuera un superhéroe, facultades extraordinarias y capacidades mágicas; y otros, los de la vereda opuesta, las más oprobiosas y aviesas acciones u omisiones.

El FUT, sin embargo, como es muy fácil de constatar si usted tiene mínimas nociones de contabilidad, es una inocente paloma en esta historia. Es nada más (y nada menos, por cierto) que un simple registro contable, creado como consecuencia del “sistema integrado” de impuesto a la renta vigente ―haga usted el ejercicio de imaginar un sistema no integrado de impuesto a la renta, donde los impuestos pagados por las empresas son de beneficio fiscal, y verá que el FUT, ¡oh mágica sorpresa!, desaparece―, donde se anotan las utilidades de las empresas que ya tributaron en primera categoría y el correspondiente impuesto pagado (separadamente, por cierto), y se les rebajan las utilidades retiradas (afectas, por ello, al global complementario o al adicional) y los créditos tributarios que de ellas se originan (si usted retira un determinado porcentaje de las utilidades de su empresa, tiene derecho a usar como crédito contra sus impuestos personales, con derecho a devolución, el mismo porcentaje del impuesto de primera categoría pagado por la empresa sobre dicha utilidad).

Por lo anterior, el cambio de un sistema de tributación personal sobre utilidades retiradas a uno sobre utilidades devengadas ―una modificación brutal desde el punto de vista conceptual, ya que significa dejar de tributar sobre los ingresos y pasar a hacerlo sobre la generación de riqueza― no significa de modo alguno la desaparición del FUT. No podría ser de otra manera, ya que los registros sólo se extinguen cuando la causa que les da origen desaparece, cosa que no ocurre con esta reforma. Le reitero: el origen del FUT NO es la tributación sobre retiros, sino esa aberración conceptual que es la integración de los tributos entre empresas y personas.

¿Qué efectos tiene en el FUT la reforma de Michelle Bachelet? Veamos:

Durante los años 2015 y 2016, el mencionado registro continuará funcionando como hasta ahora, lo que permite deducir que seguirá creciendo (¿cuál será el motivo de seguir haciendo crecer algo que se pretende eliminar? Es como en un criadero de animales, ¿se fijó? ¿Será algún mensaje implícito para los contribuyentes? Las motivaciones del ser humano son, definitivamente, insondables).

En régimen, a contar del 2017, no se seguirá acumulando FUT (el registro seguirá existiendo para anotar, como ahora, las utilidades que ya han tributado en primera categoría, pero éstas se rebajarán inmediatamente, bajo el concepto de “rentas atribuidas”, para el cálculo del global complementario o del adicional). Al respecto, pueden darse tres situaciones:

A.- El contribuyente no tiene FUT acumulado, en cuyo caso seguirá tranquilamente en dicha situación. El registro quedará en cero en cada DAE, por lo que correspondería, ya que se quiere eliminar la denominación FUT, cambiarle de nombre. Sugiero denominarlo “FUT transitorio”.

B.- El contribuyente tiene FUT acumulado, y el global complementario o adicional es mayor que el crédito generado por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. En dicho caso, se usará el FUT acumulado hasta su extinción, dure ésta lo que dure (no hay un plazo límite). Se mantendrá, entonces, el registro FUT por algunos años, para luego ser reemplazado por el “FUT transitorio”.

C.- El contribuyente tiene FUT acumulado y el global complementario es menor que el crédito generado por el impuesto de primera categoría. En tal caso, el porfiado FUT permanecerá allí por los siglos de los siglos (a menos que la empresa crezca lo suficiente como para poder aplicarle lo señalado en el párrafo anterior).

¿Se termina entonces el FUT? Parece que no, ¿verdad? Repitámoslo para los duros de mollera: no se termina porque la causa que lo origina, el “sistema integrado de impuesto a la renta”, sigue vigente.

En interesante destacar que esta reforma crea un nuevo registro, al parecer aún sin denominación, para anotar en él las “rentas atribuidas”. Podríamos aprovechar de bautizarlo: propongo llamarlo RUA, Registro de Utilidades Atribuidas, nombre que me parece coherente con el registro “duro de matar” al que me he referido en esta columna. Así, podríamos concluir en que se termina la era del FUT (¿?) para dar paso a la era del RUA.


Al final, como puede usted apreciar, todo es cuestión de siglas.