domingo, 29 de junio de 2014

¿POR QUÉ LA DC DEFIENDE EL “SUBSIDIO A LAS CONSTRUCTORAS”?


La teoría económica recomienda que si usted decide, por las razones que sea, subsidiar a alguien, debe hacerlo directamente, sin intermediarios ni alambicados métodos indirectos. Hay unanimidad al respecto entre los entendidos (los verdaderos, por cierto) y en los textos de economía más reputados: los subsidios deben entregarse directamente a los beneficiarios, ya que sólo así se tiene la certeza de que llegan a sus manos y no se pierden en el camino. Por cierto, hacerlo así también facilita la permanente comprobación de que el beneficio no está siendo mal aprovechado, por ejemplo, por quienes se valen de la coyuntura para lucrar con él.

En consecuencia, si usted quiere subsidiar la adquisición de viviendas de hasta $ UF 2.000 con un monto equivalente a la actual granjería del 65% del IVA a la construcción, lo puede hacer de una manera muy sencilla e infinitamente más eficiente, justa y adecuada que el absurdo método imperante. ¿Cómo? Entregándoles ese beneficio directamente a los compradores de viviendas. ¿De qué manera? Se lo explico a continuación:

En primer lugar tiene que calcular el beneficio, para lo cual debe tener presentes dos casos: cuando el comprador adquiere la vivienda a una inmobiliaria; o cuando, como parte de un grupo organizado, contrata directamente a una constructora para que se la construya. En esta última circunstancia, el cálculo es simple: el monto del subsidio a otorgar es el 65% del IVA total del contrato, asignado a cada vivienda en alguna proporción a establecer (en partes iguales o en proporción al valor de cada vivienda construida, por ejemplo). Así, si la constructora le cobra al grupo organizado UF 500 netos por cada vivienda, el monto del subsidio será de UF 62 (500*0,19*0,65)..

En el segundo caso, la determinación es un poco más engorrosa, ya que requiere de tener clara la estructura de costos de una vivienda. La siguiente tabla muestra una estructura tipo:

ÍTEM
PORCENTAJE SOBRE EL PRECIO
%
Terreno (costo y habilitación)
Diseño e inspecciones
Urbanización y construcción
Costo financiero
Administración
Promoción y ventas
Utilidad de la inmobiliaria

Precio total
18
5
50
6
5
4
12

100

Desde luego, no hay una estructura de costos común para todas las viviendas que se construyen en el país. Podríamos decir, por el contrario, que todas son distintas, ya que dependen de incontables factores que varían de un proyecto a otro. Por ejemplo, el costo unitario del terreno depende de su valor de compra, de lo que cuesta ponerlo en condiciones de ser edificable y de su cabida. Si en él hay rocas, sal, suelo pantanoso o napas superficiales, su habilitación puede llegar a ser muy onerosa. Si la topografía es muy irregular (quebradas, pendientes elevadas) o las normas que rigen la construcción en el sector, muy estrictas, la cabida puede ser reducida. También, en la medida que la ubicación es más exclusiva, la incidencia del costo del terreno sobre el valor final de la vivienda tiende a ser mayor. El costo financiero unitario también es altamente variable: depende de la tasa de interés vigente y de su proyección en los 18 meses siguientes; del porcentaje del proyecto que se financia con deuda; y de la etapa del ciclo inmobiliario que se esté viviendo en el país, entre otros factores. Algo similar ocurre, desde luego, con los restantes ítems.

Sin embargo, usted puede tener la certeza en este caso de que es muy poco probable, por no decir imposible, que el costo unitario de construcción (que incluye los ítems de urbanización del terreno y construcción de la vivienda propiamente tal) sobrepase el 60% del precio de venta.

En consecuencia, usted puede fijar el monto del subsidio que se entregará (como corresponde y como aconsejan la teoría y TODOS los expertos) directamente al beneficiario: sería el 65% del IVA (19%) del costo de construcción de la vivienda (que es, como ya dijimos, un 60% del precio como tope), lo que da un 7,41% del precio de venta de la vivienda. Redondeando, un 7,5%. Así, para una vivienda de UF 2.000, usted le entregaría al comprador, siempre y cuando ése fuera sujeto de subsidio, UF 150; para una de UF 1.000, UF 75, y así sucesivamente.

Este sistema ―entregar directamente al comprador de la vivienda un subsidio equivalente a la eventual alza de precio que se generaría al suprimir el mal llamado “subsidio a las constructoras”― es, tal como lo señalé más arriba, infinitamente más eficiente y justo que el aberrante sistema vigente. Le explico por qué.

(1) No afecta financieramente a las constructoras, en especial a las pequeñas, ya que no las obliga a asumir financiamientos que no les corresponden. En cambio, el sistema vigente sí las afecta, al hacerlas incurrir en ingentes pérdidas ajenas a su gestión.

El sistema vigente complica financieramente a las pequeñas constructoras, al obligarlas a asumir el déficit de caja que genera el diferencial entre el IVA recibido y el pagado, y el correspondiente costo financiero que éste acarrea, por más de un año en promedio. Se lo compruebo con un ejemplo: suponga una constructora que le construyó viviendas a una inmobiliaria por un precio de $ 1.000 millones, para lo cual efectuó compras por $ 800 millones, ambos netos. Suponga, además, que se cumplen aquí los requisitos de precio y beneficio tope para la totalidad de las viviendas. Al facturar, la constructora debería cobrarle a la inmobiliaria un IVA de $ 190 millones (19%), pero con el crédito del 65%, sólo puede cobrarle $ 66,5 millones (35% de $ 190 millones). Sin embargo, ella está obligada a pagarles a sus proveedores la totalidad del IVA de las compras, esto es, $ 152 millones (19% de $ 800 millones). Por tal razón, si no tiene más movimientos, al momento de pagar el IVA enfrentará un desfinanciamiento de $ 85,5 millones ($ 66,5 millones de IVA recibido, menos $ 152 millones de IVA pagado), que deberá afrontar con recursos propios (ay de ella si no los genera; tendrá que conocer las bondades de formar parte de la base de datos de DICOM) hasta que el Fisco decida devolvérselos.

La constructora está autorizada a pagar sus PPM y retenciones con cargo a este crédito fiscal, pero el grueso de él sólo podrá recuperarlo en la operación renta del año siguiente. En el ejemplo en cuestión, si los PPM fuesen de $ 10 millones, aún le quedarían a la empresa $ 75,5 millones de déficit, que debería financiar durante un año en promedio por lo menos (ya que el SII, dados todos los abusos que se han cometido con este sistema, examina todas las devoluciones solicitadas con cargo a él hasta por los bordes de los documentos). Imagine el costo de ese déficit con una tasa promedio del 2,5% mensual por 12 meses: $ 22,7 millones. ¿Qué le parece?

Esta es la primera “gracia” de esta norma, estimado lector: obliga a las constructoras a meterse la mano al bolsillo sin reembolso, para financiar un beneficio que reciben terceros (las inmobiliarias), asumiendo no sólo el correspondiente costo, sino todas las dificultades que tal situación puede llegar a generarle (problemas de acceso al financiamiento, protestos o morosidades, por ejemplo). Aquí, de la forma más descarada, el Estado subsidia con dinero ajeno y no reembolsa el costo correspondiente.

Es preciso recalcar que el cobro del 19% de IVA a su cliente, junto con ser una obligación de la constructora, es también una facultad. Si ella pagó IVA por sus compras, tiene todo el derecho de recuperarlo, cobrándolo a su vez a su cliente. Ninguna norma debería poder conculcársela. Menos aún si dicha circunstancia la obliga a enfrentar dificultades financieras, con sus correspondientes costos, que no le corresponden. Estoy seguro que un buen constitucionalista podría, sin mucho esfuerzo, probar la inconstitucionalidad de este “crédito especial”. Por cierto, en la norma no se contempla pago alguno por concepto de costo financiero a las constructoras afectadas.

¿Qué es, entonces, el “subsidio a las constructoras? Es la devolución que el Estado le hace a las empresas constructoras del mencionado déficit de caja (pero no del costo financiero asociado, insisto) que tuvieron que asumir, en promedio, un año antes, cuando por norma debieron cobrarle a las inmobiliarias sólo un 35% del IVA que correspondía, mientras pagaban el total que les cobraron sus proveedores. En eso gastó el fisco, el año pasado, aproximadamente USD 620 millones, cifra que le alcanza para entregar directamente a sus beneficiarios aproximadamente 190.000 subsidios de UF 75 cada uno.

(2) Permite tener la plena certeza de que el subsidio otorgado llegará a manos de sus beneficiarios. Por el contrario, el sistema vigente no otorga ninguna seguridad al respecto.

El punto crucial aquí es que quienes administran el supuesto beneficio otorgado con el sistema actual, son las inmobiliarias. Son ellas las que reciben la rebaja del IVA de parte de las constructoras, y las que deciden, por sí y ante sí (ya que no tienen  ninguna obligación al respecto) si se la traspasan o no a sus clientes. Y le recuerdo, distinguido lector, que las inmobiliarias son empresas, esto es, organizaciones con fines de lucro.

Poner a una inmobiliaria a administrar un subsidio destinado a sus clientes, es equivalente a poner a un gato al cuidado de una carnicería. Los mininos son excelentes animales, cariñosos, regalones, cálidos y limpios, pero si usted pone a uno a cargo del mesón de la carne, inevitablemente va a perder. Se lo garantizo. El gato, por muy buena mascota que sea, no puede ir en contra de su naturaleza. Tenga la plena seguridad de que se dará un festín a su costa y ni siquiera le dará las gracias. Pues bien, exactamente lo mismo ocurre si usted pone a un empresario a administrar un subsidio. Por muy buena persona que sea, el hombre buscará maximizar su ganancia y también se dará un festín con la mencionada rebaja. Si puede evitarlo, jamás la reflejará en el precio. Jamás se la traspasará a los compradores. Topón y para adentro, como se dice vulgarmente. Y no lo hará no porque sea un aprovechador o un sinvergüenza, sino por su naturaleza: el empresario está para ganar plata y no para administrar subsidios. Ambas, son actividades totalmente incompatibles.

Con el sistema vigente, téngalo por seguro apreciado lector, usted no tiene NINGUNA, pero ninguna, seguridad de que la rebaja de IVA producto del crédito especial, llegará a manos del comprador. De hecho, en períodos de bonanza del sector inmobiliario, cuando la oferta es menor que la demanda y los precios suben, con total certidumbre no llegará. La inmobiliaria acrecentará sus márgenes hasta donde pueda, y ni se fijará en la rebaja de IVA que la favoreció gracias al absurdo sistema imperante.

(3) Permite tener la certidumbre de que quienes reciben el beneficio, realmente lo necesitan.

El sistema vigente no está focalizado; no apunta a favorecer a los menos acomodados, sino que dispara al bulto. En el supuesto caso de que la rebaja de IVA producto del crédito especial se traspasase a los clientes, se verían beneficiados compradores tales como los inversionistas inmobiliarios, que adquieren viviendas para lucrar con ellas (¿no quedamos en que lucrar con los subsidios no sólo era inaceptable, sino también inmoral?) y adquirentes de segundas viviendas. En cambio, si se subsidia directamente a los beneficiarios, puede controlarse de mucho mejor manera que ellos no se aprovechen de un beneficio destinado a otros.

(4) Facilita la concreción de acciones destinadas a evadir el pago de impuestos.

Imagine la cantidad de maniobras tributarias que pueden idear las ágiles mentes de los expertos con este canasto de bombones que el Estado pone a su disposición. De partida, y sólo a manera de ejemplo, piense en aquellas constructoras e inmobiliarias que pertenecen al mismo propietario. ¿Cómo comprueban los funcionarios del SII en dicho caso, que las viviendas que construyeron las constructoras se enmarcaban en los límites de precio y tope definidos por la norma? ¿Cómo comprueban que los contratos que dieron origen al crédito, correspondían sólo a viviendas y no a otro tipo de construcción? ¿Cómo impiden que las constructoras traspasen facturas de uno a otro proyecto con el propósito de aprovechar el beneficio? La verdad es que las posibilidades de uso inadecuado de la norma son gigantescas.

Así las cosas, la lógica indicaría que lo que corresponde en esta época de cambios es dar de baja el sistema vigente y reemplazarlo por uno que contemple subsidios directos a los beneficiarios. Es lo adecuado, para no seguir botando la plata. Es lo que harían gobernantes y legisladores responsables y capacitados, que realmente se preocuparan de entender lo que están haciendo y no actuaran como los loros, que repiten palabras sin tener conciencia de lo que dicen.

Sin embargo, no es así. El gobierno sólo propuso limitar el beneficio, pero no atacó ninguna de sus mal diseñadas bases. Ahora, los senadores de la DC pretenden eliminar los límites establecidos y volver a la situación anterior. Dado lo expuesto, vale la pena preguntarse por qué. ¿Es porque no entienden cómo funciona el mecanismo vigente? ¿Es porque ignoran la forma en que se implementa? ¿Es porque les da lo mismo que las constructoras pyme sean perjudicadas? ¿Es porque no les interesa que el beneficio de la medida favorezca a los que realmente lo necesitan? ¿Es porque no les importa que la rebaja de IVA no se traspase a los clientes de las inmobiliarais? ¿O es porque tienen intereses en el sector inmobiliario o algún pacto con la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Cuál es la verdadera razón?


Vale la pena averiguarla, ¿no cree?

¿De verdad necesitamos una Cámara de Diputados?

El presupuesto vigente de la Nación revela que la Cámara de Diputados nos costará este año $ 58,5 miles de millones, esto es, casi 2,5 millones de UF.

La cifra es contundente: equivale a unos 5.000 subsidios de vivienda, por ejemplo. En un país con tantas carencias como el nuestro, coincidirá usted conmigo, tiene múltiples usos alternativos.

El punto es: ¿está bien gastada? ¿Estamos los chilenos haciendo buen uso de nuestros escasos recursos destinando un monto tan elevado a mantener en funcionamiento a la mencionada institución? Para responder a esta interrogante, valedera por cierto ―las sociedades, y en particular la nuestra, deberían estar permanentemente evaluando los costos y los beneficios de sus sistemas administrativos―, es necesario contestar de manera previa otra pregunta: ¿es realmente necesaria para el país la Cámara de Diputados? Más que eso, ¿es realmente útil? Lo invito a que tratemos de responderla.

Dos son los ámbitos en donde debemos explorar: las atribuciones y las funciones.

Respecto de las primeras, nuestra Constitución le entrega a la Cámara, en forma exclusiva, sólo dos: fiscalizar los actos del Gobierno, y definir si son procedentes (si han o no lugar) las acusaciones que ella misma genera (es el Senado quien juzga; la Cámara sólo es la instancia acusadora). La primera la ejerce por medio, principalmente, de las interpelaciones y de las comisiones investigadoras; la segunda, por la mayoría simple de sus integrantes, en el caso de aquellas acusaciones en contra del Presidente de la República, y por la mayoría simple de los parlamentarios presentes, en el caso de aquéllas que se efectúan en contra de otras autoridades.

Lo invito a hacer memoria, estimado lector: en los ya 24 años de historia democrática pos dictadura, ¿usted recuerda alguna interpelación que contribuyera a mejorar nuestras instituciones o nuestra vida democrática; que redundara en un perfeccionamiento de nuestra legislación; que prestara alguna utilidad, por escasa que fuese; que sirviera para algo?

No se esfuerce mucho en buscar. No hay ninguna.

Algo similar ocurre con las comisiones investigadoras, cuya acuciosidad depende de cómo estén conformadas en relación con el tema que se investiga (si los acusadores son minoría, se moverá tanto como una lápida), y cuyos resultados específicos han tenido tanta relevancia en el desarrollo y perfeccionamiento de nuestras instituciones, como la forma de mascar chicle la ha tenido en el desarrollo de la industria aeroespacial.

La penosa verdad, apreciado lector, es que ambas, interpelaciones y comisiones investigadoras, tal como están concebidas son inútiles. Son una lastimosa pérdida de tiempo y, no faltaba más, de valiosos recursos.
¿Y qué ocurre con las funciones? Tal vez la Cámara las cumple de manera ejemplar, y ese sólo hecho valida su existencia como parte de nuestra institucionalidad. Quizás su aporte al perfeccionamiento de nuestra democracia es tan grande, tan contundente, que invalida cualquier cuestionamiento. Veamos.

La principal función de la Cámara es participar en el proceso de formación de las leyes. Es colegisladora, junto con el Gobierno y el Senado. Una muestra de la forma en que enfrenta su trascendental cometido, la tuvimos durante el primer trámite del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno. ¿Se tomaron los honorables el lapso necesario para entender, como deberían haberlo hecho, tan compleja iniciativa? No. Por el contrario, procuraron despacharla en el mínimo tiempo posible, tal como la Presidenta se los había solicitado. ¿Permitieron que todos quienes tuviesen algo que decir al respecto, dispusieran de las facilidades necesarias para hacerlo? No. Son ya antológicos los 15 minutos que asignaron a la gran mayoría de los interesados (hubo, por cierto, algunos privilegiados; hay personas e instituciones más iguales que otras ante la ley, a juicio de nuestros diputados). ¿Pidieron al Gobierno un diagnóstico completo y detallado acerca de las falencias del sistema vigente y la forma en que éstas se solucionaban con la propuesta gubernamental? No. No lo estimaron necesario, tal vez porque no lo consideran importante. ¿Escudriñaron, artículo por artículo, el documento recibido para comprobar que todas las disposiciones allí establecidas cumplían con los criterios definidos por el gobierno en su mensaje? En absoluto. Se tragaron sin cuestionamiento alguno la absurda especie de que el proyecto es un todo, y que si se le modifica aunque sea una coma, se desvirtúa. ¿Analizaron si la propuesta cumple con los principios que debe reunir todo buen sistema tributario? Para nada. Evidentemente, no les parece relevante. ¿Solicitaron al Gobierno los estudios (que éste dice tener, pero que nunca ha mostrado) que sustentan y validan la bondad y coherencia de la proposición gubernamental? No pensará usted que lo hicieron, ¿verdad? Nada más irrelevante, a juicio de nuestros parlamentarios. Por último, ¿enriquecieron los diputados el proyecto? ¿Aportaron aunque fuese una mejora? ¿Una sola? ¡Cómo se le ocurre! No están para eso los honorables.

La verdad, apreciado lector, es que la Cámara fue, en el primer trámite del proyecto de reforma tributaria, una Cámara – buzón: se limitaron a recibir el proyecto y a despacharlo tal como les llegó. Nada de revisarlo, analizarlo, evaluarlo, corregirlo ni mejorarlo. ¿De verdad necesitamos una institución como ésta? ¿Una institución pasadizo? ¿No tiene usted la sensación de que estamos botando la plata? ¿De que no se produciría cambio negativo alguno en nuestras vidas (porque positivos si habría, partiendo por el menor gasto) si ella no existiese?


Lo invito a reflexionar, estimado lector: ¿qué nos aporta la Cámara de Diputados? ¿En qué nos beneficia su existencia? Tal vez vaya siendo tiempo de que comencemos a cuestionarnos en serio la conveniencia de mantenerla, e iniciemos el proceso destinado a prescindir de ella, en lugar de estar pensando, como pretende el Gobierno, en aumentar el número de sus integrantes. ¿Para qué? ¿Para tener un buzón más grande? Coincidirá usted conmigo en que podemos hacer uno de tamaño gigante por muchísimo menos dinero.

domingo, 22 de junio de 2014

¿Es inconstitucional el proyecto de modificación del sistema binominal?

Parece verso, pero no lo es. Está, de hecho, en las antípodas de tal arte literario. Como usted sabe, a comienzos de mayo el gobierno hizo llegar al Congreso su proyecto de modificación del sistema binominal, destinado, según el mensaje presidencial que lo acompañaba, a conseguir seis propósitos, todos ellos muy loables pero que, claramente, pueden lograrse sin necesidad de aumentar el tamaño del Congreso.

El citado proyecto consta de tres artículos, el tercero de los cuales se refiere, como manda el cuarto párrafo del artículo 67 de nuestra Carta Fundamental, a la fuente de la cual provendrá el financiamiento del sistema propuesto. Señala literalmente: El presente proyecto de ley se financia con cargo a los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto para la partida 02 Congreso Nacional”.

¿Qué dice la norma indicada? Lo anoto textual: “No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”.

Desmenucemos un poco el proyecto a la luz de lo señalado por el texto constitucional. La primera pregunta que corresponde realizarse es, ¿lleva aparejado un gasto? Desde luego. Nadie podría argumentar que incorporar 12 nuevos senadores y 35 nuevos diputados a la actual dotación de parlamentarios, no genera un gasto adicional a los contemplados en el presupuesto vigente. Sólo por concepto de dietas y asignaciones, se prevé un incremento de $ 13.930 millones anuales (47 nuevos parlamentarios por $ 24,7 millones mensuales entre dietas y asignaciones). Agréguele a lo anterior las nuevas oficinas (pregunta: ¿caben todos los nuevos parlamentarios en la actual sede del Congreso, o el proyecto lleva implícita una nueva sede?), el equipamiento de las mismas, la modificación de los hemiciclos, el personal adicional requerido y un largo etcétera (incremento en los gastos fijos de todo tipo, por ejemplo), y se dará cuenta de que estamos hablando de muchos, pero muchos, millones de pesos.

Hay, entonces, un nuevo gasto, por lo que corresponde aplicar a cabalidad la norma señalada. El Congreso no podría, según esto, aprobarlo (y no podría aprobar el proyecto, por consiguiente), “sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”. La segunda pregunta que corresponde realizarse, en tal situación, es, ¿cuáles son los recursos necesarios para atender dicho gasto?

Coincidirá usted conmigo, amigo lector, en que hay una sola manera de responder a ella: cuantificándolos, esto es, determinando el monto correspondiente. No hay otra. Si usted no calcula los recursos que requiere para emprender un proyecto, ¿cómo sabrá cuánto es lo que necesita para tal efecto? Y, ¿cómo podrá indicar, en consecuencia, las fuentes de dichos recursos? Pongámoslo de otra manera; ¿cómo podría aprobar el Congreso un nuevo gasto, si no conoce su monto? ¿Cómo podría determinar si las fuentes señaladas en el proyecto son suficientes, si carece de información acerca de su importe? No podría, ¿verdad? Salvo, desde luego, que estemos hablando de un Congreso poco serio, en cuyo caso dará lo mismo. Pero no vivimos tal situación, ¿verdad?

Entonces, si un proyecto de ley conlleva un nuevo gasto asociado, éste debería estar cuantificado en el mismo proyecto, de manera que el Congreso pueda evaluar si las fuentes indicadas son o no las necesarias. Sólo así se cumple con lo establecido en la Constitución. ¿Observa tal requerimiento el proyecto de modificación del sistema binominal? Si usted lo leyó, tendrá muy clara la película: para nada. No hay allí ningún planteamiento que se asemeje a una cuantificación. Ni la más mínima cifra. Ni siquiera un intento.

Ahondemos en el análisis: la norma constitucional habla de “las fuentes de recursos necesarios”. Corresponde aclarar, entonces, ¿qué es una fuente de recursos? Ésta, apreciado lector, es una materia de contabilidad básica, del primer año de dicha asignatura. Algo así como lo más básico de lo básico. Cuando uno inicia sus estudios de contabilidad, el profesor le deja muy claro que existen las fuentes de recursos, los usos de éstos, y los registros y documentos donde tal información se anota. Así, son registros el balance, el estado de resultados y del de flujo de efectivo, entre otros. Por ende, jamás se le ocurriría a un contador avezado señalar que un balance es una fuente de recursos, ya que nadie puede meter la mano en un registro digital, una planilla Excel por ejemplo, y sacarla llena de dinero. Las fuentes de recursos son aquellas instancias desde donde uno obtiene el dinero que necesita: los bancos, los ahorros propios (los que pueda tener, por ejemplo, en las islas Caimán), los eventuales subsidios estatales que uno pueda recibir, la venta de algún activo, las emisiones de acciones y, por cierto, los ingresos procedentes de las operaciones de una empresa (vale decir, de la cobranza).

Similar situación ocurre cuando hablamos de un presupuesto. Éste es, ni más ni menos, que una cuantificación (o valoración, o asignación de cuantía en dinero) de determinados planes y programas que alguna institución ha elaborado para cumplir sus objetivos para un período determinado. No es, por consiguiente, una fuente de recursos. Usted no puede recurrir a un presupuesto y obtener de allí recursos financieros. No prestan tal utilidad los presupuestos. No son pozos de dinero, sino solamente herramientas financieras, instrumentos de planificación, proyecciones valorizadas de lo que se espera que ocurra en un determinado horizonte futuro.

Un presupuesto, entonces, NO es una fuente de recursos, y si alguien lo menciona como tal, está incurriendo en un error garrafal. Sólo quien no tenga nociones financieras básicas, puede cometer semejante equivocación (salvo que no sea una equivocación sino una triquiñuela, destinada a aprovecharse de lo poco avispados que somos los chilenos en este tipo de materias; como nadie exige, echémosle para adelante no más; así evitamos la discusión que se produciría si el monto se diera a conocer).

¿Cuáles son las fuentes de los recursos que se utilizan para financiar proyectos fiscales? Hay varias, pero mencionemos a modo de ejemplo: los impuestos (la principal), las ventas de productos o servicios que efectúan las empresas fiscales (Codelco, por ejemplo), la reasignación de recursos (esto es, rebajar algunas partidas para usar los montos ahorrados en financiar otras), los empréstitos o préstamos obtenidos tanto en el exterior como dentro del país, las emisiones de bonos fiscales, las ventas de activos prescindibles e ítems tales como intereses ganados por inversiones y arriendos percibidos. A alguna de ellas debería referirse el proyecto de reforma al sistema binominal, pero en ningún caso al presupuesto.

De manera que, al no mencionar ni el monto del nuevo gasto ni las fuentes de recursos necesarios para atenderlo, el proyecto de reforma al sistema binominal estaría incumpliendo con lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental. Sería, por consiguiente, inconstitucional. Y se debería, no cabe duda, hacer ver tal situación al Tribunal correspondiente, ya que la ley está para ser cumplida y nadie está por sobre ella.


Cualquier ciudadano puede hacerlo, usted y yo, entre ellos. Yo me estoy preparando. ¿Qué hará usted al respecto?

domingo, 15 de junio de 2014

¿Quién dijo que las AFPs son un buen sistema?

Usted, estimado lector, es una persona ilustrada. Sabe, por consiguiente, que en este complejo mundo donde vivimos, los absolutos son muy escasos, por no decir que no existen. Así, conceptos como la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, el egoísmo y la solidaridad, y tantos otros, nacen de la comparación. Usted no es bonito o feo por definición. Lo es en relación con otro ser humano o con algún patrón promedio de belleza, ya sea explícita o implícitamente aceptado por la mayoría. El dicho popular “cuestión de gustos” sintetiza esa realidad: las características, los adjetivos, no son categóricos e irrefutables; dependen del parangón que utilicemos para asignarlos.

Nuestro sistema de fondos de pensiones no escapa a esa realidad. Para saber si es bueno o malo, no son suficientes las declaraciones ni los artículos publicados por la asociación gremial que agrupa a las AFPs. ¿Se imagina al gerente de esta institución declarando que el sistema perjudica al afiliado? Sería como si los presidentes de Colo Colo o de la U manifestaran que los equipos que dirigen son malos; o como si el presidente de la asociación de farmacias saliera a denunciar la colusión de sus asociados. Las alabanzas que provienen de las partes más interesadas, no son elementos de juicio.

Tampoco lo son, desafortunadamente, los informes de la Superintendencia de Pensiones, institución que, por si usted no lo sabe, no tiene por función defender los intereses del afiliado, sino sólo controlar que la legislación pertinente se cumpla. Por cierto, si ésta es inadecuada y perjudica al cotizante, dicha situación no variará por muy bueno que sea el desempeño de de dicho organismo, ni tampoco será denunciada por éste. Y no porque la Superintendencia no esté cumpliendo con sus funciones, sino porque tal propósito excede su competencia. De manera que para saber si el sistema es bueno o malo, tenemos que compararlo, enfrentarlo, con otras alternativas.

Le propongo tres: (1) confrontarlo con el mismo sistema, con iguales rentabilidades y montos pagados en comisiones, pero con éstas calculadas y pagadas sobre el fondo administrado; (2) compararlo con el mismo sistema, con iguales rentabilidades, pero considerando las menores comisiones históricas de administración; (3) cotejar los resultados del mismo sistema, pero sólo para el fondo A, en relación con la rentabilidad generada por el IGPA y el IPSA.

Vamos con la primera. Lo invito a revisar el siguiente cuadro, donde se comparan los resultados obtenidos por un afiliado cuya renta real es de $ 500.000 mensuales, en el fondo C, considerando los promedios anuales de rentabilidad y comisiones porcentuales registrados por el sistema desde que rige el actual mecanismo de comisiones (1989), con los que obtiene en un sistema con iguales tasas de rentabilidad e igual monto final de comisiones, pero con estas últimas pagadas sobre el total del fondo administrado. Los datos utilizados son anuales, y se ha supuesto que los aportes se efectúan al comienzo, y las comisiones y rentabilidades se pagan y cobran, respectivamente, al final de cada año (cifras en $ reales).

Ítem

Sistema actual
Sistema de comisión sobre el fondo
Diferencia
Aporte total afiliado
Aporte al fondo
Comisiones
Rentabilidad s/fondo
Fondo final
Rentabilidad total
Rent. promedio anual
18.575.400
15.000.000
3.575.400
19.019.162
34.019.162
83,14%
2,55%
18.575.400
18.575.400
3.575.400
22.519.837
37.519.840
101,99%
2,97%
0
3.575.400
0
3.500.678
3.500.678

Los resultados son lapidarios: en el lapso indicado, con un sistema de comisión sobre el fondo usted habría ganado $ 3,5 millones más, con las mismas tasas de rentabilidad y con las mismas comisiones, que con el aberrante sistema actual, donde las AFPs cobran, por cada cotización, la comisión de administración anticipada por ¡35 años! ¿Se imagina? 35 años de comisiones cobradas de golpe en forma anticipada (como si usted pagara toda la luz de las próximas tres décadas en la cuenta del mes que viene). La razón de tal resultado es que en un sistema de comisión sobre el fondo, los montos que hoy pagamos por dicho concepto, y que las AFPs se embolsan directamente, van a parar al fondo, participando de la rentabilidad de éste. En otras palabras, al obligarnos a pagar comisiones anticipadas, el sistema vigente nos cercena toda la rentabilidad que podríamos obtener si ellas ingresaran al fondo antes de efectuar el pago correspondiente.

Ahora, como usted habrá notado, las rentabilidades anuales promedio son sustancialmente menores que las informadas por la Superintendencia de Pensiones. Qué raro, ¿verdad? Déjeme recordarle una frase referida a las estadísticas que anda dando vueltas por ahí: “las estadísticas son como la minifalda; lo que muestran es muy atractivo, pero siempre ocultan lo vital”. Le detallo posibles razones que podrían explicar la diferencia:

La rentabilidad informada por la Superintendencia no es real, ya que no considera en su cálculo el costo que paga el afiliado para lograrla. Esto, considerar sólo los beneficios de una inversión y no los costos, es claramente una novedad teórica, destinada a revolucionar el monótono mundo de las finanzas.

La rentabilidad informada es un promedio y como tal, posee todos los inconvenientes de los promedios, que se ven afectados por factores tales como las distintas ponderaciones de las rentabilidades obtenidas (los fondos son variables, por lo que las rentabilidades tienen distintos pesos relativos) y las diferentes antigüedades de las cuentas individuales (cada cuenta individual está afectada en forma distinta por las rentabilidades mensuales de los fondos; en este caso, lo correcto sería informar la rentabilidad de cada cuenta individual, cosa que no se hace, ya que el sistema está enfocado justamente a ocultarla).

La sensibilización del sistema actual al porcentaje de comisión pagado, produce resultados casi tan abismantes como los señalados más arriba. Por ejemplo, si durante los últimos 25 años un afiliado con un sueldo real de $ 500.000 mensuales hubiese estado afecto a la comisión que hoy cobra la AFP Modelo en lugar de las que efectivamente debió pagar, se habría ahorrado $ 2,4 millones por este concepto, y su rentabilidad real anual (la que se obtiene una vez descontado el costo, no ésa tan sui géneris que calcula la Superintendencia) habría aumentado de un 2,55% promedio anual a un 3,3%.

Le detallo algunas de las preguntas que cabe hacerse en este caso: ¿por qué no se utilizaron desde la partida mecanismos tendientes a rebajar los costos de administración, y se permitió que las AFPs obtuviesen rentabilidades abusivas por tantos años?; ¿por qué tal mecanismo de competencia se introdujo recién en el gobierno de Piñera, y no en los 20 años de gobiernos concertacionistas? ¿Qué pasó? ¿No entendían el tema? ¿O lo entendían y no les importaba? Y, ¿por qué hoy, cuando es evidente que la menor comisión produce un efecto brutal tanto en el bolsillo como en la rentabilidad real de sus cotizaciones para los afiliados, ninguna autoridad les informa acerca de la conveniencia de cambiarse inmediatamente de AFP? Porque, amigo lector, si usted no está en la AFP Modelo hoy, está haciendo un muy mal negocio. Debería considerar, de manera urgente, cambiarse a ella.

Y, finalmente, comparemos la rentabilidad obtenida por el fondo A, renta variable, con la rentabilidad promedio del IGPA o en el IPSA, por todo el plazo en que dicha comparación puede efectuarse, vale decir, desde que están vigentes los multifondos (desde el 2003).  El cuadro siguiente muestra dichos datos:

Rentabilidad
Fondo A
IGPA
IPSA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Promedio
26,94%
12,86%
10,21%
22,25%
10,06%
-40,26%
43,49%
11,64%
-11,13%
6,06%
6,79%
98,91%
7,11%
46,16%
22,16%
2,72%
34,41%
13,76%
-19,55%
48.86%
38,17%
-12,40%
4,67%
-13,49%
163,47%
10,17%
47,85%
21,51%
9,35%
37,1%
13,32%
-22,13%
50,71%
37,59%
-15,22%
2,96%
-16,32%
166.70%
10,31%

Otra vez nuestras AFPs pierden por paliza. Nótese que tanto el IPSA como el IGPA son promedios, por lo que las rentabilidades obtenidas por inversionistas profesionales como nuestras AFPs deberían ser superiores a las que ellos generan. Sin embargo, son bastante inferiores: apenas alcanzan los dos tercios de ellas. ¿Por qué? ¿Es tan malo el sistema que no es capaz de llegar ni siquiera a los promedios de rentabilidad de las acciones? ¿O hay en él otros costos involucrados que desconocemos? ¿Costos asociados a las transacciones, por ejemplo? Y si así fuese, ¿qué otros costos hay que desconocemos? ¿Y por qué los desconocemos? ¿No deberíamos conocerlos todos? ¿Y quiénes se benefician con ellos?


Un sistema que pierde en cada comparación que hacemos y que tiene tantas preguntas sin respuesta no es, estimado lector, un buen sistema. Es, permítame decirlo, malo de frentón. La última pregunta, pero no por ello la menos importante, es, ¿por qué entonces se ha mantenido por tantos años? Le encargo la respuesta. Yo, al menos, no la conozco.

domingo, 8 de junio de 2014

¿Por qué en Chile regalamos a las empresas los servicios públicos que consumen?

Partamos señalando que en el mundo, sólo 9 países de un total de 140 regalan a las empresas que desarrollan sus actividades comerciales en ellos, los servicios públicos que consumen: 6 de los denominados paraísos financieros ―Bahamas, Bermuda, Islas Caimán, Islas Marshall, Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas―, 2 naciones árabes productoras de petróleo ―Bahrein y Emiratos Árabes Unidos― y Chile, que no es ni lo uno ni lo otro (al respecto, sería interesante comparar la magnitud de los servicios que las empresas reciben del Estado en dichos países, frente a los que reciben en Chile). Un décimo país, Qatar, se los obsequia sólo a las empresas nacionales, pero se los cobra a las extranjeras. Los 130 restantes, sin excepción, se los cobran a todas las empresas. A diferentes precios, cierto, pero se los cobran.

La forma de cobrarlos es como un porcentaje de sus utilidades, lo que es coherente con el primer principio que debe cumplir todo buen sistema tributario: el del beneficio, que establece que todos quienes recibimos servicios de parte del Estado, organizaciones o personas, debemos contribuir a financiarlos en proporción al beneficio que dichos servicios nos reportan.

En Sudamérica, a manera de ejemplo, Perú y Uruguay les cobran a sus empresas un 30% de sus utilidades por este concepto; Brasil, un 34%; y Colombia y Argentina, un 35%, por mencionar sólo aquellos países donde los empresarios chilenos han efectuado sus mayores inversiones (nótese que allá pagan sin chistar y aquí no). Todos los países desarrollados ―salvo Canadá (15%)― les cobran el 20% o más (Alemania, un 30%; Francia, un 33,33%; Estados Unidos, un 35%; Japón, un 38%; Noruega, un 27%; Suecia, un 22%). Todos cobran. En la OECD y en Sudamérica, sólo en Chile, el Estado les regala a las empresas los servicios públicos que consumen. Sólo en Chile, el Estado entrega, a título de nada, un monstruoso subsidio a organizaciones con fines de lucro, muchas de ellas con millones de dólares en utilidades.

Dejémoslo meridianamente claro: las empresas chilenas que han invertido en los países sudamericanos mencionados ―Lan, Cencosud, Falabella, CMPC, Ripley, Farmacias Ahumada, entre muchos otros)― pagan las tasas señaladas sobre sus utilidades además de los tributos que les corresponden por los retiros de éstas que efectúan. En otras palabras, en ninguno de dichos países los impuestos pagados por las empresas sirven de créditos a los tributos personales de sus propietarios. En ninguno de ellos existe el aberrante sistema de “impuestos integrados”. En ningún país del mundo, de hecho… salvo en Chile.

Chile es, entonces, una penosa excepción. Nadie lo acompaña, como a Toribio el náufrago, a Adán en el día de la madre o a Judas en el día del amigo. Es lo que se llama una rara avis, un extraño espécimen que se caracteriza por hacer las cosas de manera distinta al común de los mortales. Ello no es un problema, claro, cuando las hace bien, de la manera correcta. Pero cuando se equivoca rotundamente, garrafalmente, la cosa cambia, en especial cuando los perjudicados con su singular forma de actuar, son justamente los ciudadanos más desfavorecidos, aquéllos a quienes se supone que el Estado y el gobierno de turno deben proteger y apoyar.

Tres preguntas cabe hacerse a este respecto: 1.- ¿Deben las empresas pagar en Chile, como lo hacen en todo el mundo, por los servicios públicos que consumen?; 2.- Si ellas no los pagan, ¿quién se hace cargo de financiarlos?; y 3.- El subsidio que actualmente se entrega en Chile a las empresas por este concepto (se produce un subsidio cuando el Estado le entrega a alguien, persona natural o empresa, un beneficio no reembolsable), ¿debería estar reconocido como tal e informarse, como se efectúa con otras franquicias, como parte del gasto tributario? Procuraré responderlas a continuación.

Para contestar a la primera, partamos reconociendo que los servicios públicos les son indispensables a las empresas para generar la renta. Ninguna empresa podría subsistir sin ellos. Si no los recibieran, no generarían utilidades y, por consiguiente, no habría nada que repartir.

Se lo ejemplifico: sin seguridad e iluminación pública, imperaría en Chile, como en el Far West, la ley del más fuerte. Si ahora campea la delincuencia, imagínese cómo sería la vida en tales condiciones. ¿Podrían las empresas desarrollar sus operaciones en semejante escenario? No, ¿verdad? La seguridad y la iluminación pública les son indispensables. ¿Y el aseo público y el retiro de basura? Si no existiese, al cabo de un lapso muy breve estaríamos ahogados en la mugre y a merced de las plagas que ésta trae consigo (toda clase de alimañas y enfermedades). ¿Podrían las empresas funcionar adecuadamente en dicha circunstancia? Parece que no, ¿no es cierto? Les es imperioso disponer de aseo público y de recolección de basura. ¿Y qué ocurre con el Poder Judicial? Haga un esfuerzo (un leve esfuerzo, no es necesario uno mayor) e imagínese qué sería de las empresas si éste no existiese: no podrían cobrar sus acreencias ni hacer respetar sus contratos, ya que les es forzoso recurrir a los juzgados civiles para hacerlo; tampoco protegerse de los robos, ya que no dispondrían de juzgados penales; imagínese cómo andaría el tema laboral. Sería una debacle. Ninguna empresa podría subsistir en tales condiciones. Similar análisis puede usted hacer respecto de la vialidad pública, el transporte, toda la normativa y un largo, pero larguísimo, etcétera.

El asunto es más extremo aún. La verdad es que las empresas sólo son viables si están integradas a la sociedad. No pueden subsistir fuera de ella. ¿Se imagina al Costanera Center instalado en las cercanías del El Tatio? ¿O al Parque Arauco en medio de los Campos de Hielo? No serían iniciativas muy rentables, ¿verdad? La sociedad es como el aire para las empresas; no pueden subsistir sin ella. ¿Cuál es la razón, entonces, de que se les exima de aportar a su funcionamiento?

Los servicios públicos son, entonces, imprescindibles para las empresas para generar su renta, tal como lo son la electricidad, el agua potable, la telefonía, internet, el financiamiento bancario, los fletes, el aseo en el interior de las empresas o los programas computacionales. Ahora bien, si todas las empresas pagan sin chistar por estos últimos, que son de origen privado, ¿cuál sería la razón para que no hagan lo mismo con los primeros? ¿Son menos servicios que los otros? ¿Son menos importantes?

Estimado lector, no hay ninguna razón. Las empresas consumen servicios públicos a destajo y pueden pagarlos, de manera que deberían hacerlo. Cualquier normativa sana, justa y equitativa, debería contemplar tal pago, como ocurre en todo el resto del mundo, por lo demás. ¿Por qué la de Chile, entonces, no lo contempla?

La razón es muy simple: el exclusivo motivo por el cual las empresas no pagan por los servicios públicos que consumen, y por el cual existe el “sistema integrado de impuesto a la renta”, es para evitar que los empresarios se metan la mano al bolsillo al momento de pagar sus tributos personales. Al permitir que las empresas se los paguen, en la práctica se los exime de tal compromiso. Se lo repito, por lo relevante, e impactante, que resulta: las empresas no pagan por los servicios públicos que consumen, porque pagan los impuestos personales de sus propietarios, evitando con esto que ellos cumplan con dicha obligación. Así, en la práctica, en Chile (único país del mundo, lo reitero) los empresarios NO pagan impuestos a la renta.

Pero, aunque las empresas no concurren a su financiamiento (porque pagan los impuestos de sus propietarios, como ya dijimos), sucede que los servicios públicos se prestan de igual manera. Todos los días se recoge la basura, se hace el aseo de las calles, hay iluminación y seguridad públicas, el Poder Judicial sigue funcionando tal como toda la administración pública. Incluso, aunque las empresas no ponen ni un peso para financiarlas, las 20 instituciones creadas exclusivamente para el fomento y control de iniciativas empresariales, cuyo costo anual se empina en los USD 2.100 millones, siguen desarrollando su labor en forma ininterrumpida. Pero si las empresas no ponen ni uno, ¿sobre quiénes recae el peso del financiamiento?

Sobre las personas naturales, por cierto, ¿sobre quién más? Es lo que ocurre en una estructura tributaria donde las empresas no pagan por los servicios públicos que consumen. Estos son financiados por todos quienes pagamos IVA e impuestos de segunda categoría, entre ellos los menos favorecidos de esta nación. De manera que cuando la señora Juanita va al almacén a comprar el pan, está financiando parte de los gastos públicos que consume el Jumbo, o las cadenas de farmacias que se coludieron no hace mucho, o La Polar, o los prestamistas de Goldex, o los bancos, o las AFPs, o las isapres, o un larguísimo etcétera. El inmoral “sistema integrado de impuesto a la renta” vigente, permite eso.

Como ya dijimos, financiar a las empresas los servicios públicos que consumen es un subsidio, una franquicia tributaria. Es, en la práctica, una transferencia de recursos desde las personas naturales a las empresas (por eso resulta tan aberrante). Por consiguiente, como lo recomiendan las normas de transparencia emanadas de la OCDE y del FMI, entre otros, debería reconocerse en el presupuesto de Gasto Tributario que elabora, año a año, el SII. No es así, sin embargo. Seguramente con el propósito de que los ciudadanos no reparemos en ella, para que no la cuestionemos, se omite de dicho instrumento, lo cual es, por decir lo menos, una irregularidad. Lo correcto, lo que corresponde, es que esta franquicia se reconozca y su monto se anote en el mencionado registro.

Así que aquí tenemos la respuesta a las tres preguntas que formulamos más arriba: las empresas deberían pagar por los servicios públicos que consumen (nada justifica que no lo hagan); si ellas no lo hacen, el costo recae sobre todas las personas naturales, en especial sobre sólo más necesitados; y esta brutal franquicia debería figurar en el informa de Gastos tributarios elaborado por el SII.

Hay una interrogante adicional que cabe hacerse a estas alturas es por qué un sistema tan injusto, inequitativo y abusivo como éste, ha sobrevivido durante 30 años sin mayores modificaciones, y  por qué es promovido incluso por quien ha hecho de la desigualdad su caballito de batalla, nuestra actual presidenta, Michelle Bachelet.  La respuesta parece evidente: por la misma razón por la que, tras 34 años, sobrevive el aberrante sistema de cobro de comisiones de las AFPS, pese a que favorece a estas empresas a costa de perjudicar directamente a sus afiliados; o por el mismo motivo por el cual se siguen entregando nuestros recursos naturales (agua, minerales, pesca, bosque nativo), que pertenecen a todos los chilenos, a unos pocos privilegiados, a título gratuito o a cambio de un precio irrisorio (me refiero, específicamente, al royalty minero); o por la misma causa que, tras 40 años de vigencia, subsisten sistemas de educación, salud, vivienda y previsión que han generado abismos sociales entre los más acomodados y los menos favorecidos; por el mismo pretexto, en fin, por el que subsiste un sistema político que sólo favorece a los políticos, como lo comprueba la escandalosa repartija de cargos públicos que se está registrando por estos días: fueron impuestos en dictadura, con el amparo de las armas, y se han mantenido porque quienes han tenido el poder para cambiarlos, no han querido (tal vez porque no le conviene) o no se han atrevido a hacerlo.

La guinda de la torta de este “sistema integrado” es el comentario que expuso nuestra presidenta en el mensaje que acompañaba a la reforma tributaria: ”con un sistema integrado, la equidad se da a través del impuesto a las personas”. Eso, estimada presidenta, es una megafalacia; en un “sistema integrado” la equidad nunca se logra; el “sistema integrado de impuesto a la renta” es, por definición, inequitativo.

Lo más lamentable del caso es que es tan fácil solucionar este brutal abuso. Basta con desintegrar el sistema de impuesto a la renta, haciendo que el impuesto de primera categoría que pagan las empresas sea de beneficio fiscal, y que los empresarios tributen sobre sus retiros efectivos. Se lograría así un sistema mucho más equitativo, más simple, más eficiente, más fácil de controlar y más conveniente para la gran mayoría de los chilenos, tanto respecto del actual sistema como del proyecto de reforma tributaria de la Nueva Mayoría. ¿Por qué no lo quiere implementar Michelle Bachelet? ¿Cuáles son los intereses que ella protege? ¿O será sólo cuestión de falta de información?


Qué misterio, ¿verdad? ¿Se develará alguna vez? Quizás. En todo caso la esperanza ―esa porfiada sensación de que lo que deseamos, por lejano que se vea, por improbable que parezca, puede realizarse―, es lo último que se pierde.

miércoles, 4 de junio de 2014

¿Es Chile un país de sinvergüenzas?

A veces es bueno partir la semana con un poco de semántica. ¿Sabe usted cuál es la palabra que designa a quienes abusan de sus posiciones de poder en beneficio propio? ¿A los que, utilizando los vericuetos que existen en las leyes, evitan cumplir con las obligaciones que éstas les imponen, en especial las tributarias? ¿A aquéllos que se apropian de los recursos públicos a precios irrisorios? ¿A los funcionarios públicos que, pese a ver cómo gente inescrupulosa se lleva el Estado para la casa, hacen la vista gorda y no toman acción alguna para impedirlo (seguramente porque no les conviene)? ¿Conoce usted el término de nuestro vocabulario con el que se denomina a tales personajes?

Le doy tres alternativas: sinvergüenzas, descarados y caraduras, y lo invito a revisar sus acepciones en la página web de la RAE. No vaya a la de la Academia Chilena de la Lengua, porque perderá lastimosamente su tiempo.  Ellos piensan que esas consultas no tienen urgencia, por lo que han establecido un formulario de consulta (¿?) que hay que llenar con todos los datos personales, y cuyo tiempo de respuesta es desconocido. No puedo negar que tal procedimiento tiene su lógica. Después de todo, una persona con inquietudes idiomáticas es sospechoso per se, y debe ser plenamente identificado con el fin de poder vigilar su comportamiento futuro.

Profundicemos en el tema: los sinvergüenzas son personas que cometen actos inmorales o ilícitos en beneficio propio. ¿Como cuáles? La lista es interminable, pero detallemos algunos ejemplos:

Caen bajo esa denominación las personas que, haciendo uso de su investidura pública, aprovechan cada coyuntura que se les presenta para mejorar su posición personal (incrementar sus rentas o las asignaciones que perciben, favorecer sus negocios privados, efectuar viajes de placer con viáticos pagados por el Estado, cobrar sus remuneraciones sin cumplir con las exigencias de su trabajo, etc.).

También les es aplicable el término a quienes, mal utilizando sus cargos, sitúan a su parentela (hijos, cónyuges, hermanos, cuñados, sobrinos, padres, abuelos, yernos, nueras, etc.), a sus contactos y a los miembros de sus colectividades, en bien remunerados cargos públicos (muchas veces innecesarios), pasando a llevar con ello los derechos de todo el resto de sus compatriotas.

Por cierto, la definición les calza como anillo al dedo a los que hacen uso de recursos públicos en beneficio propio (literalmente, “meten las manos”), con acciones tales como: pasar gastos personales como gastos públicos; apropiarse de asignaciones recibidas para fines específicos; meter “cuchufletas” en las rendiciones de fondos fiscales; financiar viajes personales con cargo al erario nacional; etc.

Además, incluye a aquéllos que, con propósitos electorales, se ausentan durante meses enteros de sus labores y cobran sin arrugarse sus emolumentos; a los que llegan a su trabajo exclusivamente a  marcar su asistencia y luego se retiran con destino desconocido; a los que distribuyen su carga de trabajo tratando de acomodarla a sus fines propios, sin considerar para nada el interés nacional y, no faltaba más, a los que bloquean cualquier tipo de iniciativa de interés nacional que afecte su bienestar personal.

En esta última categoría están aquéllos que se niegan a ponerle límite a la cantidad de reelecciones; los que se niegan siquiera a estudiar sus rentas excesivas (originadas, sin duda, mediante alguna de las acciones descritas en los párrafos anteriores); los que se resisten a legislar para regular el lobby; los que obstruyen normativas orientadas a suprimir algunos de sus excesivos privilegios.

También deberían incluirse bajo este título, quienes patrocinan iniciativas legales que, vestidas engañosamente de ropajes democráticos (algo así como un lobo con piel de oveja) sólo favorecen a las agrupaciones políticas, acrecentándoles el campo para ubicar a sus integrantes.

Además, desde luego, quienes contemplan cómo algunos avezados se apropian de recursos públicos o no cumplen sus obligaciones, y no mueven un dedo para corregir las normas que les permiten hacerlo (entre ellos figuran quienes promueven las franquicias tributarias, para permitir que quienes más ganan puedan minimizar los impuestos que pagan).

Y, por último, quienes promueven o defienden  legislaciones injustas e inequitativas, que sólo favorecen los intereses de unos pocos (aquéllos que, por ejemplo, se niegan a que las empresas paguen tributas de beneficio fiscal, para reembolsar al Estado los cuantiosos bienes púbicos que reciben a título gratuito).

En el mundo privado, por cierto, abundan quienes disponen de mérito más que suficiente como para recibir semejante calificativo. Están los que evaden y eluden impuestos (¿o me va a decir, como algunos sugieren, que la elusión no es usar los resquicios legales de manera impropia para evadir obligaciones que, en condiciones normales, deberían cumplir?); los que se apropian, con la complicidad de las autoridades, de los recursos naturales (agua, pesca, minería, bosque nativo) que pertenecen a toda la ciudadanía; los que explotan a sus trabajadores con rentas exiguas y horarios y condiciones laborales abusivos; los que dividen sus empresas para evadir el pago de beneficios laborales; los que cobran, a vista y paciencia de las autoridades, tasas de financiamiento derechamente usureras; los que se coluden para exprimir a los consumidores; y un largo, pero largo, etcétera.

Ahora, estimado lector, lo invito, a la luz de estas descripciones, a analizar el escenario chileno. ¿Cree usted que en nuestro país se da alguna de las prácticas señaladas? ¿Piensa que existen personas, ya sean funcionarios públicos o personeros del sector privado, que reúnen los requisitos para recibir los calificativos mencionados? ¿Le parece que en nuestro Chile querido hay sinvergüenzas (o descarados o caraduras, como prefiera usted llamarlos)?

Y, finalmente, si su respuesta a lo anterior fuese afirmativa, ¿cómo cree que debería llamárseles a los otros ciudadanos, los que permiten con su apatía, su ignorancia y su inocencia, que dichas prácticas sean consumadas? ¿Se le ocurre un apelativo apropiado?

La pelota está en su campo, apreciado lector.

domingo, 1 de junio de 2014

Acerca de cambios imprescindibles y caprichos desechables

Con la excepción de la UDI, de algunos sectores más extremos de RN y de la derecha y de los grandes empresarios ―que juran en posición supina que vivimos en el mundo de Bilz y Pap, y que la mayoría de los chilenos, flojos redomados, nos quejamos de llenos― para todo el resto de los ciudadanos de este largo contrafuerte cordillerano con vista al mar, resulta evidente que vivimos en una sociedad extremadamente inequitativa, injusta y segregadora.  Así lo demuestran,  por lo demás, TODOS los indicadores disponibles (casi todos, en realidad; los que elaboran LyD y el Instituto Libertad muestran otra realidad).

En semejante escenario, si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa, justa e inclusiva, los sistemas que hoy tenemos NO nos sirven. Todos han sido probados ya durante muchos años ―sistema tributario, 30; sistemas educacional, de salud y de vivienda, 40; modelo de desarrollo, 40; sistema de pensiones, 34; regalo de recursos mineros, pesqueros y bosque nativo a unos pocos privilegiados, otros tantos―, con los deplorables resultados que conocemos: una extrema concentración de los ingresos, la riqueza, la tierra, los recursos naturales y el poder en muy pocas manos; y una desigualdad socioeconómica brutal, escandalosa, demoledora y galopante, que nos sitúa entre los peores países del mundo en la materia (ojo, entre los peores; no es menor), sea cual fuere el indicador que usemos para medirla. Realmente, sólo alguien que vive dentro de una burbuja, sin contacto con el mundo real, puede atreverse a plantear que lo que existe es exitoso y debe mantenerse como está, sin sufrir drásticas modificaciones.

¿Cómo oponerse, entonces, a las iniciativas que ha presentado al Congreso Michelle Bachelet? ¿Con qué argumentos? Una reforma tributaria, por ejemplo, es indispensable para modificar de raíz el aberrante sistema tributario vigente ―haciéndolo más equitativo, justo y redistributivo―, y para generar, de paso, recursos adicionales para la caja fiscal. Una reforma política es un paso obligado, ineludible, para solucionar los horribles vicios de que adolece el sistema binominal. ¿Cómo objetarlas, por consiguiente? ¿En base a qué?

Muy simple: en base a su contenido.

Porque es cierto que hay que reformar, pero también lo es que no cualquier reforma sirve. No sólo son importantes los objetivos (es básico definirlos bien, desde luego), sino también los medios que se usarán para alcanzarlos. Si usted pretende viajar a Arica, no puede tomar un bus que lo lleve a Valdivia. Si quiere pintar una casa, no puede usar para ello un pincel. Los medios que se utilicen deben permitir alcanzar los objetivos que se pretenden, pero a la vez deben solucionar las evidentes  falencias que se observan en los sistemas vigentes. No basta con reformar. Hay que hacerlo bien.

Ése es, exactamente, el problema que existe con dos de las reformas que, hasta la fecha, ha presentado Michelle Bachelet (respecto de la educacional, me guardo mi opinión hasta no digerirla por completo). Sus objetivos son plausibles, pero las propuestas en sí, los medios, son un completo desastre.

La de reforma tributaria, por ejemplo, no corrige ni por asomo los gravísimos problemas de inequidad de que adolece el sistema vigente. De verdad, parece que hubiese sido hecha con el codo: persiste en el error conceptual de no hacer pagar a las empresas por los servicios públicos que reciben ―ningún país que se precie de desarrollado perpetra semejante aberración; sólo en un país subdesarrollado podría darse (sólo allí se tragan la falacia de la “doble tributación”), así que es una muestra de cuán lejos estamos del desarrollo―; perpetúa, para un elevado número de empresas, el registro FUT (pese a que se señala explícitamente que éste se termina); posterga, para numerosos contribuyentes de primera categoría, el pago de impuestos mediante el expediente de la “depreciación instantánea” (¿habrán tomado clases de contabilidad los autores de semejante medida?); recarga la caja de las grandes organizaciones ―pagarán un 35%, después que terminen de consumir el FUT, por cierto, y de que pasen los efectos de la depreciación instantánea; y siempre y cuando no se usen subterfugios para esconder a las personas naturales que están detrás de las empresas (¿usted cree realmente que ese Registro de Utilidades Atribuidas, RUA, va a funcionar adecuadamente?)―; e incorpora un componente de complejidad que, junto con obligar a las empresas a recurrir a expertos para que lo diluciden, invita a la evasión y a la elusión.

Parece ser, por suerte, que la cordura está comenzando a entrar, en pequeñas dosis aún, en las molleras de algunos personeros. Ya se comienza a hablar de la que siempre debió haber sido la solución más equitativa, simple y eficiente: desintegrar el sistema tributario. Algunos connotados personeros ya la mencionan en serio como una alternativa (qué bueno, porque así ya no predico en el desierto), e incluso las organizaciones empresariales comienzan a mirarlo con buenos ojos. La mejor solución, señores, es un impuesto de primera categoría de beneficio estatal, y que los empresarios tributen sobre los retiros y dividendos efectivos; en ningún caso el “mamotreto” de la Nueva Mayoría.

¿Y qué decir de la reforma al sistema binominal? Es una reforma carente de sentido, que no representa NINGÚN beneficio para el país; que sólo favorece a los partidos políticos y a sus sufridos miembros; una vergüenza; una verdadera burla a la ciudadanía. ¿De verdad se atreverán estos señores políticos a aprobar un mamarracho semejante? Tendrían que ser muy caraduras.

Pretender que estos proyectos, que más que iniciativas bien pensadas y elaboradas, parecen meros caprichos de la coalición gobernante, sean aprobados en las condiciones que han sido presentados, sin siquiera mostrar los estudios que los respaldan y sin someterlos al más mínimo debate, es una falta de respeto. Por muy elevada que haya sido la votación que la respalda (que tampoco lo fue tanto), Michelle Bachelet no tiene ningún derecho para tratarnos, a los ciudadanos que la hemos mandatado, como si fuésemos menores de edad o interdictos. Pretender obviar, con la complicidad de parlamentarios irresponsables, el debate y los argumentos, no es propio de una estadista. Más bien lo es de alguien caprichoso e inseguro, que no se siente capaz de sostener con buenos argumentos sus proposiciones.

Hay que implementar cambios, desde luego. No podemos seguir con el aberrante modelo de desarrollo que tenemos. Pero, Presidenta, no cualquier cambio sirve, y menos aún los que pretenden imponerse por la fuerza. Para eso, ya tuvimos 17 años de experiencias. Cambios, sí; caprichos, no, de ninguna manera. Por favor, recapacite.

La consigna de la desigualdad

“Combatir la desigualdad” es una buena consigna, qué duda cabe. Dado que el problema es tan serio en nuestro país, repetirla incansablemente vende, y mucho. En las pasadas elecciones, de hecho, Michelle Bachelet evitó la debacle de su sector usándola como su principal caballito de batalla.

El problema se manifiesta cuando llega el momento de tomar la guitarra y brindar el concierto prometido. Ahí es cuando las promesas se las lleva el viento. Y ésa es también la ocasión donde la generalidad, la falta de detalle, el lugar común, el párrafo difuso, aparecen como sustitutos ideales ―en ambientes poco exigentes, por cierto― para la falta de ideas claras y de programas concretos.

En países relajados como el nuestro, no hay muchos inconvenientes en que eso sea así: nadie va a andar por ahí exigiendo que los cambios prometidos se concreten. No lo hará el oficialismo, porque está involucrado directamente en el ítem “promesas no cumplidas”, y no son de los que transitan por la vida haciéndose harakiris; y tampoco la oposición, ya que los cambios prometidos van en contra de sus principios e intereses (fundamentalmente de estos últimos), por lo que, de manera alguna, exigirán su cumplimiento.

Así que para precisiones respecto de qué es la desigualdad, con qué parámetros se medirá, cuáles son las metas al respecto y cómo se pretende alcanzarlas en cada ámbito de la vida ciudadana, tendremos que seguir esperando, tal como ya lo hicimos en cada uno de los cuatro gobiernos concertacionistas anteriores y, por supuesto, en el gobierno de Piñera.

Pruebas al canto: catorce veces pronunció la mandataria, en su discurso del 21 de mayo, la palabra desigualdad. ¿Destinó algún párrafo para definir el concepto? Ninguno. Seguimos hasta la fecha sin saber a qué se refiere ella cuando pronuncia el vocablo. ¿Mencionó el o los indicadores con los cuales piensa dimensionarla? Para nada. Tal parece que la Nueva Mayoría supone que la desigualdad es un concepto abstracto y, como tal, no está sujeta a medición. ¿Enumeró las metas cuantificables que pretende alcanzar en la materia? Desde luego que no. Si no mencionó los indicadores, mal podría haber hablado de metas cuantificables.

¿Qué dijo entonces Michelle Bachelet acerca de la desigualdad? Puros lugares comunes: que anhelamos vivir en un lugar con menos desigualdad; que no hemos logrado tener mecanismos que nos permitan enfrentar las desigualdades; que debemos avanzar a una sociedad con menores desigualdades; que el país tiene la fuerza para enfrentar los lastres del desarrollo, principalmente la desigualdad; que hay tres transformaciones que son fundamentales para el enfrentamiento (sic) de la desigualdad (se refiere a reforma educacional, nueva Constitución y reforma tributaria); que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad (cosa que no es efectiva); que invertir en educación es enfrentar decididamente la desigualdad; que una de las principales fuentes de desigualdad está en los ingresos del trabajo (¿es causa o efecto, Michelle?); que una de las desigualdades que más daño hace a la cohesión de Chile es la de nuestros pueblos originarios; que en lo que se refiere a adultos mayores, hay fuertes signos de desigualdad que vamos a enfrentar; que la centralización es otro factor de desigualdad en Chile; que si hoy estamos hablando de desigualdad es gracias a que la ciudadanía logró que este tema esté en el centro de las preocupaciones nacionales (vaya confesión; ¿ningún político estaba preocupado del tema antes?); que hoy debemos enfrentar la desigualdad en todas sus dimensiones; y que enfrentaremos decididamente las desigualdades.

¿No me cree? Lea el discurso. Eso es exactamente lo que dijo. Respecto de cómo acortará, en el ámbito de vivienda, el abismo entre los 1.000 m2 de terreno y los 300 m2 construidos con terminaciones de lujo, contra los 80 y 50 con terminaciones básicas, no habló. En relación a cuáles mecanismos usará para reducir la enorme brecha de costo que hay entre un crédito preferencial y uno otorgado por el retail a un empleado común y corriente, nada dijo. En cuanto a cómo lograr que una persona que llega a un hospital público sea, tras una corta espera, bien atendido por el especialista que necesita en unas instalaciones adecuadas, no se pronunció. Tampoco entregó las cifras que comprueban que la reforma tributaria que está imponiendo al país, acorta la brecha que existe con el sistema vigente entre los tributos porcentuales que pagan los más pobres y los más ricos. Y no mencionó, desde luego, a cuánto piensa disminuir en su mandato los coeficientes de Gini y de desigualdad 10/10.  No habló del cómo y el cuánto en ninguno de los numerosos ámbitos donde se manifiesta la desigualdad en nuestro país. Y menos, por supuesto, de cómo enfrentará durante su mandato las verdaderas causas de la desigualdad (la enorme concentración del poder, del ingreso, de la tierra, de los recursos naturales y de la riqueza que existe en este país).

Por cierto, como corresponde a un país resignado como el nuestro, nadie dijo nada respecto de estas carencias. Ningún parlamentario se refirió a ellas (ni siquiera alguno de los recién llegados paladines de la verdad y la justicia). Tampoco algún columnista. Y menos, por cierto, algún periodista. Son, según parece, temas y precisiones irrelevantes.


No nos quejemos, entonces, si al término del mandato de doña Michelle, el coeficiente de Gini sigue, porfiadamente, sobre 0,50. O si el coeficiente de desigualdad 10/10 se mantiene sobre 30. O si siguen las colusiones, ahora en ámbitos distintos a los del pasado reciente. O si aumenta el número de familias chilenas en el ranking anual de Forbes. Si ocurren tales sucesos, será simplemente una constatación de el combate contra la desigualdad era sólo una consigna; nada más que palabras lanzadas al viento.

La primera prueba fehaciente ya la tenemos, en todo caso: es este mismo discurso, donde la palabra desigualdad es un mero comodín que tuvo que ser usado, cuando faltaron vocablos más pertinentes, catorce veces.