viernes, 25 de octubre de 2013

Los exabruptos y la probidad

Usted, estimado lector, podrá o no estar de acuerdo en la forma en que lo hizo ―si tenía que aparecer ella o alguno de sus asesores, si atacó con un boomerang, si se disparó en el pie, si usó palabras inapropiadas, si confundió peras con manzanas, si ametralló sin tener municiones, etc.―, pero lo concreto es que Evelyn Matthei puso en la mesa, tal vez sin estar plenamente consciente de ello, uno de los temas más relevantes que no están resueltos como corresponde en la política chilena: el de la probidad de los candidatos.

Expongámoslo de la forma más clara posible para que no dar espacio a dobles interpretaciones: si usted quiere ser candidato a un cargo de elección popular (Presidente, Senador, Diputado, Alcalde, Concejal), usted debe ser probo. Ni más ni menos.

¿Y qué significa “ser probo”? Fundamentalmente tres cosas: no tener compromisos incumplidos pendientes; no haber usado, o intentado usar, recursos públicos en beneficio propio; y no haber sido declarado culpable por algún delito.

Respecto de los compromisos, el punto es evidente: usted puede haber tenido problemas en su vida privada ―nadie está libre, por ejemplo, de hacer malos negocios o de caer en la insolvencia; la vida suele ser muy fregada en esos asuntos―, pero si pretende postular a un cargo de elección popular, no puede cargar con documentos protestados, contratos incumplidos o imposiciones impagas. Ni usted ni las sociedades de las que forma parte. Si se halla en este caso y le es imposible contrariar su vocación de servicio público, primero solucione sus inconvenientes y después postula. ¿Capisci?

Respecto de los recursos públicos, el asunto debería ser mucho más radical: si usted mete, o intenta meter, las manos una vez, aunque sea una sola, en el erario público, sea para usted o para sus compinches (o para alguna sociedad relacionada), usted debe recibir tarjeta roja. Para la casa, señor (o señora; no debe haber aquí discriminación alguna) per saecula saeculorum. Alguien que llega al servicio público no para servir a los demás sino para servirse de ellos, no puede tener segundas oportunidades. Hay suficientes candidatos potenciales (no está clara la cifra pero en fin…) como para soportar una frescura semejante.

Y respecto de los delitos, digámoslo con todas sus letras: todo el mundo tiene derecho a las segundas oportunidades, a la rehabilitación, a volver a comenzar, pero no en cargos de elección popular. Se supone que a ellos debieran llegar los mejores, los seleccionados, los que han sido capaces de superar impolutos las duras pruebas que nos presenta la vida. Estoy seguro que hay suficientes personas en este país que cumplen esta condición, como para estar recurriendo a quienes han delinquido, aunque sea una vez. Aquí sí que no corre eso de que nadie está libre de pecado. Usted puede, perfectamente, deambular por la existencia sin cometer delitos. ¿Usted robó, asesinó, estafó, defraudó? Rehaga pues su vida, pero no postule a cargos de elección popular. ¿Usted cometió violencia intrafamiliar, condujo vehículos bajo la influencia del alcohol, practicó la pedofilia? Rehabilítese, pero ni siquiera intente llegar a la Presidencia, al Congreso o a una alcaldía.

Aplicando estos sanos principios comenzaríamos, se lo firmo, a mejorar de frentón la gestión pública. Muchas personas que hoy no se interesan, cambiarían su opinión y se plantearían la posibilidad de incursionar en ella. Normas drásticas como las planteadas podrían, si se coordinan con otras medidas que caen de cajón (como por ejemplo, el límite a las repostulaciones), producir la esperada y necesaria renovación de los actores políticos.

La probidad, estimado lector, es un asunto demasiado relevante, demasiado serio, como para no darle la debida importancia, como para dejarlo de lado, como para tratarlo con la liviandad con que se enfrenta actualmente.

Porque, ¿qué es lo que ocurre hoy mismo en esta materia? ¿Cómo están, a este respecto, funcionando nuestras instituciones?

Mal, pues; qué quiere que le diga. No sólo no hay un sistema que garantice la probidad, sino que a nadie le importa el tema en cuestión. Tiene que darse un exabrupto, como el de Evelyn esta semana, para que salte a la palestra. Hoy, como bien dice la candidata derechista, usted puede ser un fresco, un sinvergüenza, un delincuente, y ser elegido como Presidente, Senador o Diputado. Puede meter las manos tranquilamente y llegar, incluso, a la mesa directiva del Senado o de la Cámara de Diputados. Incluso a la presidencia de alguna de ellas. Puede hacer mal uso de las asignaciones parlamentarias, ser procesado por ello y, mediante el expediente de la suspensión condicional del procedimiento, salir libre de polvo y paja y repostular nuevamente. Puede, lamentablemente, hacer lo que le dé la gana.

¿Hasta cuándo?

Bueno… hasta que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos decidamos a poner el tema en discusión y digamos ¡basta!

El problema es que para eso falta bastante todavía. Recién partimos exigiendo nuestros derechos en la educación. Está apenas asomando, tímidamente, el problema previsional. Ni siquiera han comenzado a esbozarse los de salud, vivienda, trabajo, justicia, acceso al financiamiento y tributación. ¿La probidad? Tenga por seguro que quienes están involucrados harán lo necesario para dejarla en último término.

Si es que la anotan en la lista, desde luego, porque si no lo hacen, tendremos que seguir esperando.

Hasta que el próximo exabrupto vuelva a ponerla en el tapete.

Y en ese caso, no puedo dejar de preguntarme, ¿será nuevamente Evelyn la protagonista?

Burbujilandia

¿Conoce usted Burbujilandia? ¿No? Qué extraño, si la tiene tan cerca. De cualquier forma, permítame presentársela.

Está ubicada dentro de las fronteras chilenas. Es un enclave reducido pero amplio (en completa contradicción con las leyes de la física, reúne ambas características de manera simultánea), una suerte de paraíso terrenal muy cómodo, cálido, lujoso incluso, que está completamente separado del resto del país por una cúpula, una enorme bóveda cuyas paredes, lisas y suaves tienen una característica que sólo puede calificarse de asombrosa: permiten ver hacia el interior y escuchar gran parte de lo que allí se habla, pero no desarrollar el proceso inverso.

Leyó bien: si usted está dentro de Burbujilandia, las paredes de la cúpula se vuelven opacas e insonorizadas; usted no puede ni mirar hacia afuera ni escuchar los sonidos que allí se emiten. Si usted está dentro de Burbujilandia, estimado lector, usted está aislado del resto del mundo.

No es que ello incomode especialmente a los habitantes de esta suerte de Jardín del Edén criollo ―“burbujilandeses” se llaman. Tampoco, que los intranquilice o deprima. De hecho, los burbujilandeses disfrutan de la existencia. Tienen todo lo que necesitan dentro de la cúpula: los mejores bienes de consumo, magníficas viviendas, regios automóviles, aparatos comunicacionales de última generación, educación y salud de primer nivel, trabajos interesantes y bien remunerados, oficinas cómodas y bien equipadas, excelentes urbanizaciones, parques, jardines, clubes deportivos y gimnasios cuyo equipamiento se lo encargo, y sobre todo, contactos, muy buenos contactos, que les permiten ir mejorando, en forma continuada y permanente,  su nivel de vida y su posición en la sociedad.

Además, son autosuficientes. Estudian, se emparejan y se interrelacionan dentro de la cúpula. Hacen negocios y toman decisiones de todo tipo, hasta las que afectan al país entero, sin dar ni siquiera un paso fuera de ella. Incluso lo que escriben ―artículos, columnas de opinión, libros―, no está orientado al público en general, sino que está elaborado para ser consumido y digerido por otros burbujilandeses.

Los burbujilandeses constituyen un núcleo cerrado al que cuesta mucho acceder. Algunos, sin embargo, muy de vez en cuando, consiguen entrar a la cúpula. Cuando ello ocurre, eso sí, se manifiesta un singular fenómeno: pierden la memoria. Es como una suerte de síndrome (algunos lo denominan aburbujilamiento). Hay, al parecer, algo en el aire, alguna sustancia de naturaleza desconocida, que provoca que se olviden por completo de su vida anterior.

Ese aislamiento, esa suerte de barrera infranqueable que separa a los burbujilandeses del resto de los chilenos, les impide, por cierto, conocer la verdadera realidad de estos últimos. Los mantiene desinformados y ajenos, distantes, como parientes muy lejanos (más, incluso, ya que ni siquiera se topan con ellos en los matrimonios o en los funerales).

No es que ello les importe mucho, sin embargo. La estricta verdad es que los burbujilandeses no viven preocupados de lo que ocurre fuera de Burbujilandia. No les quita el sueño. Para decirlo en lenguaje chileno coloquial de nuestra época, no están ni ahí. Sólo se enteran de que algo extraño ocurre en aquellas oportunidades donde el clamor, el ruido exterior, es demasiado elevado y cruza, en la forma de murmullos, las insalvables murallas. Allí reaccionan y acceden a visitar, por lapsos muy breves, el mundo exterior, buscando apaciguar las aguas y hacerlas retornar a su cauce normal.

Ello no tendría, desde luego, nada de particular si no fuera porque el bienestar de quienes viven fuera de la cúpula, de los habitantes extramuros, depende en gran medida de las decisiones que adoptan los burbujilandeses.

En efecto, éstos deciden el tipo de educación y el nivel de los servicios de salud que recibirán aquéllos, las dosis de seguridad y justicia a las que tendrán acceso, los tributos que deberán pagar, las tasas de interés que gravarán los créditos que ellos contraigan, las características de las viviendas en las que deberán desarrollar sus vidas, cuál va a ser su previsión y muchas otras cosas. También, desde luego, la posición relativa que mantendrán a lo largo de su vida con los propios burbujilandeses.

Y, por cierto, como desconocen la realidad, sus decisiones normalmente no consideran el interés ni el bienestar del resto de los chilenos. Ni siquiera el respeto que se les debe.

Para muestra, cuatro botones:

La mayoría de os burbujilandeses consideran que la desigualdad no es un problema. Creen que una relación de ingresos de 30/1 entre el 10% más favorecido (que vive en su totalidad en Burbujilandia) y el 10% menos acomodado, es normal. Que no merece reparo y, por consiguiente, que no debe afectarse o corregirse. Es cosa de ver las propuestas de las principales candidatas presidenciales ―una, burbujilandesa de tomo y lomo, de ésas de antigua prosapia; otra, perteneciente a una camada más nueva, pero afectada brutalmente por el aburbujilamiento (el síndrome aquél de pérdida de memoria). No hay ninguna destinada a reducir este guarismo (ya sé que esta palabra es un arcaísmo, pero me reconcilié con ella después que la leí en un comentario de un burbujilandés que se dedica a las encuestas). De hecho, éste ni siquiera se menciona, como si no fuera relevante. Y la verdad es que no lo es, al menos para las candidatas y sus asesores (burbujilandeses todos, como ya dijimos). Como puede usted ver, la sintonía entre quien ocupará el cargo de Presidenta y el grueso de la ciudadanía es plena.

Para los burbujilandeses ―entre ellos, las dos principales candidatas a la Presidencia― es natural que las empresas no paguen impuestos. Da lo mismo que reciban ingentes servicios del Estado a título gratuito (eso, como usted sabe muy bien amigo lector, se llama subsidio); que todos los manuales de administración, desde los más básicos a los más avanzados, señalen tajantemente que las empresas son entes distintos de sus dueños; que la misma Constitución así lo establezca. Para ellos (y ellas), las empresas y los empresarios no pueden tributar en forma separada porque habría doble tributación. Como no viven en contacto con la realidad, no se percatan que en ninguna parte del mundo utilizan tan absurdo argumento para alivianarle la carga tributaria a las mayores fortunas del país. Tampoco, que en todas la naciones desarrolladas el pago de impuesto a la renta por parte de las empresas es la forma en ellas retribuyen el enorme caudal de servicios que reciben del Estado. Y como no están en sintonía con el resto de los chilenos, no trepidan en mantener tan inmoral sistema, en beneficio de los grandes empresarios (burbujilandeses todos) y en perjuicio del grueso de la ciudadanía.  Si no me cree, revise las propuestas de las dos candidatas principales. Ambas mantienen a rajatabla el dadivoso espíritu (para con los burbujilandeses, desde luego) del mecanismo de impuesto a la renta vigente.

A menos de un mes de las elecciones, la principal candidata presidencial (que, como ya dijimos, es burbujilandesa más reciente) no considera pertinente poner a disposición de sus potenciales electores su programa de gobierno. Y tampoco considera necesario participar con todo el resto de sus competidores en un debate televisivo. Ahí tiene usted, estimado lector, una muestra del respeto que los burbujilandeses sienten por quienes habitan fuera de su cúpula.

Y el último botón. ¿Recuerda usted, apreciado lector, los comentarios que algunos analistas políticos burbujilandeses efectuaron a posteriori del reciente debate televisivo? Señalaban que el Chile que se reflejaba en los planteamientos de la mayoría de los candidatos no era el Chile de verdad. ¿No le parece ésa una prueba categórica de la brutal falta de contacto con la realidad que adolecen los burbujilandeses? Si no conocen el Chile real. Les falta calle, como diría cierto candidato senatorial.

Así están las cosas. Un panorama, por decir lo menos, dramático. Durante los próximos cuatro años, una burbujilandesa dirigirá nuestros destinos, respaldada por colaboradores y asesores provenientes, en su totalidad, del interior de la cúpula. Tal como ha ocurrido durante los últimos 40 años. Si en tan largo período las cosas no han cambiado, ¿podemos esperar que en tan breve lapso lo hagan? ¿Con burbujilandeses a cargo del tema?

Sería un milagro.

Y como usted sabe, estimado lector, los milagros son muy, pero muy, poco frecuentes.


Y menos aún, fuera de Burbujilandia.

jueves, 17 de octubre de 2013

El Estado Benefactor

No está claro en qué momento de la prehistoria el homo sapiens comenzó a vivir en sociedad. Es muy probable, incluso, que siempre lo haya hecho; que nunca haya vivido solo; que esa condición de “animal social” que hoy detenta, provenga de su inmediato ancestro: aquel “eslabón perdido” que predicen las teorías darwinianas cuyos vestigios, porfiadamente, hasta hoy se niegan a aparecer.

En consecuencia, la cuestión está abierta: se desconoce si el individuo es anterior a la sociedad o viceversa.

En todo caso, aunque muchos piensen lo contrario, ello no tiene relevancia. Lo concreto, lo realmente importante,  es que el hombre ―sea por opción, por obligación o por instinto―, vive en sociedad. Y si lo hace, qué duda cabe, es porque le conviene.

Uno vive en sociedad, entonces, porque el hacerlo conlleva evidentes beneficios. Sin sociedad, no hay orden ni  mercado; no hay empresas ni trabajo ni, por lo tanto, ingresos; no hay construcción (ni, por ende, viviendas) ni comercio; nadie recoge la basura ni limpia las calles; nadie las pavimenta; no hay vigilancia ni iluminación públicas; no hay medios de comunicación  ni bancos ni malls; etc. Nada de lo que conocemos, y a lo que estamos acostumbrados, sería posible si, de la noche a la mañana, todos optáramos por prescindir de nuestros semejantes. En otras palabras, somos capaces de generar rentas y riqueza porque vivimos en sociedad y nos interrelacionamos. Si ello no ocurriese, no podríamos hacerlo.

Por cierto, vivir en sociedad no es algo sencillo. Eso es archisabido. Hay intereses, pensamientos, sentimientos, conductas, comportamientos disímiles, muchas veces contrapuestos. Alguien tiene que poner orden, porque si no, todo sería un caos. Para ello, no sé si sabiamente o no, nuestros ancestros crearon el Estado y le delegaron algunas de nuestras facultades.

Hay profusa literatura acerca de las funciones de este vapuleado organismo. Acerca de qué puede y qué no puede hacer. De cuáles son sus límites. Existen, desde luego, distintas visiones; opuestas incluso. No es mi intención exponerlas aquí. Me interesa, sin embargo, analizar el papel que cumple el Estado en un ámbito fundamental: la distribución de la riqueza que una sociedad es capaz de generar.

Hay tres modelos principales para enfrentar este peliagudo tema.

Uno de ellos, el socialista, plantea que, ya que la riqueza es generada por todos, todos tenemos igual derecho a disfrutar de ella, por lo que debe distribuirse igualitariamente. En este enfoque, la facultad de percibir los ingresos y distribuirlos está radicada en el Estado, y todos los individuos laboran para él. Este modelo, muy extendido durante el siglo pasado, sea por las razones que fuere, fracasó rotundamente. No fue capaz de generar riqueza y tampoco de distribuirla. Hoy, sólo se conserva en unos pocos países (Cuba y Corea del Norte, entre ellos), pero de seguro se extinguirá por completo en los próximos años.

En el otro extremo, está el modelo neoliberal, que plantea justamente lo contrario: que son los individuos los mejores generadores de riqueza, que casi toda la que se produce es exclusiva consecuencia del su esfuerzo, iniciativa y creatividad, y que, en consecuencia, son ellos sus propietarios exclusivos y los únicos calificados para decidir su destino. En este enfoque, el Estado es casi un estorbo, por lo que debe estar reducido a su mínima expresión; y el mercado, el único asignador de recursos competente, por lo cual no debe ponérsele cortapisa alguna. El concepto de equidad aquí no tiene sentido, ya que el individuo no recibe aportes de la sociedad y, en consecuencia, nada le debe. Es necesario, eso sí, preocuparse de la igualdad de oportunidades, esto es, de que cada persona disponga de capacidades similares para enfrentar la dura competencia diaria a la que estará sometida. El neoliberalismo, preconizado por el FMI en sus políticas de saneamiento económico, tuvo un uso bastante extendido a fines del siglo pasado. No obstante, actualmente se está batiendo en retirada, debido a las negativas consecuencias que acarrea su aplicación a las sociedades que la sufren: una enorme desigualdad, con el creciente malestar social que conlleva, y una más que excesiva concentración de la riqueza (¿le parecen conocidas tales falencias?). Además, lleva intrínseca una contradicción vital en su concepción, ya que para obtener la ansiada “igualdad de oportunidades” resulta indispensable un rol activo del Estado, el que no es compatible con uno sus pilares básicos: el Estado ausente.

Más o menos al medio de los dos anteriores, está el modelo socialdemócrata, con la herramienta usada para su aplicación: el Estado Benefactor.

La visión que prima aquí es que la riqueza que se genera en una sociedad es consecuencia del esfuerzo de todos, por lo que todos deben recibir una parte razonable de ella. La desigualdad, según esta visión, es un fenómeno que no sólo obedece a causas naturales o a diferencias de capacidad, sino también a otros factores, el más importante de los cuales es la concentración del poder. En la medida que ésta sea más acentuada, mayor tenderá a ser la desigualdad, pues quienes detentan el poder, inevitablemente lo usarán en beneficio propio, acumulando más riqueza de la que les corresponde.

Para compensar esta asimetría, aparece el concepto de Estado Benefactor (aunque tal vez ése no sea el nombre más apropiado), cuya función primordial es asegurar a todos los miembros de la sociedad ciertos derechos mínimos, normalmente elevados, que reducen de manera drástica la brecha de desigualdad entre los sectores más acomodados y los menos favorecidos.

Los estados benefactores, entonces, garantizan a sus ciudadanos acceso gratuito a educación, salud y vivienda de alta calidad, buena previsión, convenientes seguros laborales, constante apoyo en la búsqueda de trabajo, defensa irrestricta de sus derechos, elevadas dosis de educación cívica, fuerte desarrollo sindical y altos niveles de participación política, entre otras granjerías.

Por cierto, tales beneficios no son baratos, de manera que en los países que utilizan este concepto, los impuestos, en especial los que gravan a los ingresos más altos, son también elevados. Es la forma en la que los sectores más favorecidos devuelven a los menos acomodados los ingresos en exceso que obtuvieron como consecuencia de sus posiciones de privilegio.

Desde luego, el tener un Estado presente, participativo, involucrado en el éxito de sus ciudadanos, no significa que deban ponerse limitaciones al libre mercado y a la iniciativa privada. Las únicas que existen, de hecho, se orientan a perfeccionar su funcionamiento y a evitar los posibles abusos. Se trata de lograr un adecuado equilibrio, no de poner cortapisas sin sentido. Y las libertades personales son muy superiores a las que se consiguen con los otros dos sistemas, ya que las personas disponen de las capacidades necesarias, incluidas las económicas, para ejercerlas. No son letra muerta como en nuestro país, por ejemplo, donde el 70% de la población está imposibilitado de ponerlas en práctica.

Finalmente, un par de constataciones: todos los países desarrollados del mundo poseen un Estado Benefactor. No sólo eso, alcanzaron el desarrollo en andas de dicha institución. No es que la hayan implementado después que cruzaron el umbral. Lo hicieron hace muchos años. La mayor parte de ellos, de hecho, después de la segunda guerra mundial. Pareciera ser, entonces, que como vehículo de desarrollo, es claramente superior a sus alternativas. Es un hecho sabido, por lo demás, que la gente satisfecha tiene mucho mejor productividad que la que vive aplastada económicamente.

Y respecto de la supuesta debacle económica que estarían sufriendo dichos países, le sugiero, estimado lector que le eche un vistazo a los informes económicos del Banco Mundial y de la OCDE. Vea allí cuál es el comportamiento económico de los países con ingresos per cápita sobre US$ 30.000 y comprobará que tal aserto es una falacia.


Como la que nos hemos tragado por ya 40 años: que nuestro modelo neoliberal nos llevará finalmente al desarrollo. Ésa sí que es falacia. Del porte de una catedral.

¿Iguales ante la ley? No me haga reír

¿Somos los chilenos iguales ante la ley?

En el papel, al menos, sí. Es lo primero que aparece cuando uno hojea nuestra Constitución (hay alguna gente que lo hace de vez en cuando). El primer párrafo del primer artículo de nuestra Carta Fundamental dictamina, textualmente: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Lamentablemente, hasta allí no más llega esa supuesta igualdad. Es pura palabra escrita. Ni siquiera en el momento del nacimiento somos libres. Menos aún, iguales en dignidad y derechos.

En un país donde todo se compra, ¿qué derechos tiene un recién nacido por el sólo hecho de nacer? ¿A acceder una educación de calidad? ¿A recibir una óptima atención médica? ¿A habitar una vivienda cómoda, bien ubicada y bien terminada? ¿A disfrutar de un entorno seguro y grato? ¿A disponer de infraestructura para practicar deportes? ¿A gozar, cuando llegue el momento, de una buena previsión? ¿A obtener un buen trabajo, seguro y bien remunerado? ¿A adquirir bienes de consumo de primera calidad?

La dolorosa verdad es que no tiene ninguno de ellos. Sólo pagando, y pagando caro, puede obtener tales beneficios. De hecho, ni siquiera tiene libre acceso a la justicia, ya que de la misma Constitución se desprende (artículo 19, inciso 3°) que para impetrar sus derechos ante el Poder Judicial debe contar con un abogado (que, como usted ya adivinó, cobra, y bastante caro).

Para qué hablamos de igualdad tributaria, cuando sabemos que un trabajador que gana el sueldo mínimo debe pagar por lo bajo un 40% de éste por concepto de impuestos (entre cotizaciones previsionales y el IVA de su consumo diario), tasa muy superior a la de quienes obtienen rentas más altas. O financiera, si tenemos claro que las tasas de interés que se aplican a las personas de menores ingresos son, por lejos, las más altas del mercado. Deslindan, de hecho, con la usura.

¿Y los recursos naturales, aquéllos que la naturaleza, en teoría, puso gratuitamente a disposición de todos los habitantes de un país? Sería lo mínimo, ¿verdad? Que todos pudiéramos disfrutar sin costo de aquello que la naturaleza nos regala.

Pero no. Ni siquiera sobre ellos tiene derechos un recién nacido. El agua está toda en manos privadas; la pesca está entregada, gratis, por 20 años a 7 familias (gracias a una ley que contó con el beneplácito del oficialismo y de la oposición); los derechos mineros, salvo los que retiene Codelco (a contrapelo de muchos, que abogaban por su privatización), están todos en manos de privados (quienes, hasta no hace mucho, no pagaban un peso por el material extraído); y los bosques nativos (los de la zona central, al menos) fueron exterminados por privados en pro de un desarrollo forestal que sólo favorece a los grandes grupos económicos (vaya a darse una vuelta por la Cordillera de Nahuelbuta y, de seguro, le darán ganas de llorar).

La tendencia es ésa: privatizarlo todo. Dejar al Estado reducido a su mínima expresión. Despojar al bebé de nuestro ejemplo, de lo poco que pueda irle quedando. Quienquiera que gane la próxima elección, la Alianza o la Nueva Mayoría, seguramente profundizará el proceso. Continuarán las concesiones (estacionamientos, carreteras, parques nacionales, recolección de basura, servicios públicos), el agua permanecerá en manos de particulares, y se seguirán regalando los recursos marinos y los mineros. Tal vez ―la creatividad humana da para todo― llegue el minuto en que tengamos que pagar por el sol y el aire que respiramos, que es lo único de buena calidad (ok, de acuerdo, el aire no) a lo que, hoy en día, nuestro pobre recién nacido tiene acceso.

En este patético escenario, hablar de libertad es una tomadura de pelo. Porque, ¿qué libertad puede tener alguien que carece de derechos? ¿Qué real posibilidad va a tener de elegir su destino? ¿Cómo va a sobrevivir y desarrollarse en el mundo egoísta al que, sin la debida preparación,  lo estamos arrojando?

El primer párrafo del primer artículo de nuestra Carta Fundamental, estimado lector, es letra muerta. En Chile, las personas no nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por el contrario, nacen privadas de sus derechos básicos, y sometidas a indignas condiciones de vida. Salvo, por cierto, que sus padres dispongan de buena situación económica.

Ésa es la situación: un Chile A, para los que disponen de suficientes recursos, y un Chile B, para los que no los tienen. ¿A eso llamamos “nacer libres”?

Semejante planteamiento es una cruenta burla, ¿verdad?, y lo seguirá siendo mientras se mantenga vigente la 
causa que origina tan deplorable escenario: el modelo de desarrollo implementado por Pinochet en los inicios de su mandato, y tan bien administrado por la Concertación durante sus cuatro gobiernos.

Aquél al que el común de la gente llama “neoliberalismo”, y al que sus partidarios más recalcitrantes denominan “economía social (¿) de mercado”.

Aunque lo pertinente sería llamarlo por su verdadero nombre: la ley del más fuerte. O, derechamente, usar el que le asigna la sabiduría popular: la ley del gallinero.

domingo, 13 de octubre de 2013

El bacheletismo - neoliberalismo

En el principio, por allá por el 2007, fue el turno del bacheletismo – aliancismo, vertiente filosófica desarrollada por un distinguido pensador de la derecha chilena, a partir (según se cree) del “cosismo” (¿?), y muy incomprendida en su momento (y hoy también; debo confesar que aún no conozco a nadie que tenga claro, exactamente, en qué consiste).

Hoy, seis años más tarde (no en vano, seis es un número cabalístico), es el momento del bacheletismo – neoliberalismo.

No podemos hablar de “vertiente” en este caso, porque el asunto se asemeja más a un caudaloso río. Son demasiados los asesores, colaboradores y simpatizantes de la candidata de la Nueva Mayoría que disfrutan de un cómodo pasar, de un holgado estándar de vida, de un elevado nivel de bienestar (usar tres acepciones o, como en este caso, conceptos equivalentes, se me ha vuelto casi una obsesión) en el mundo de las grandes empresas, ya sea por la vía de asesorías, cargos dirigenciales, asientos en directorios o cátedras universitarias (en universidades privadas sin fines de lucro, desde luego). Y son demasiados, por ello, quienes están interesados en que todo, social y económicamente, siga como está.

La tarea que enfrentan no es sencilla, no obstante. Las protestas estudiantiles del 2011 tuvieron la gran virtud de poner sobre la mesa, junto con los gravísimos problemas que arrastra nuestro sistema educacional, el gran tema de la desigualdad. No es tolerable que soportemos tanta. Es inaceptable que estemos, en esa materia (según las estadísticas del Banco Mundial, amigo Larraín) entre los 20 peores países del mundo.

El escenario ha cambiado, sin duda. Nuestra sociedad ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y ha comenzado a exigir cambios. En forma tenue, sí, pero persistente y creciente. De manera que no hay espacio para oponerse a los urgentes cambios que se requieren en educación, salud y protección social, entre otras materias.

Sin embargo, hay un sector donde estos neoliberales (ignoro si por convicción o por conveniencia) disfrazados pueden actuar sin sentirse demasiado controlados; donde pueden atrincherarse y defender con fuerza las bases del sistema: el ámbito tributario. Como es un tema tan técnico, nadie lo entiende mucho, por lo que resulta más fácil pasar allí gatos por liebres.

Pruebas al canto. Una de las piedras angulares del modelo neoliberal vigente (que, no olvidemos, se mantuvo casi sin variaciones durante los cuatro gobiernos concertacionistas, incluido el de Bachelet) es nuestro sistema de impuesto a la renta. Éste tiene la particularidad, única en el mundo, de que las empresas no pagan por los servicios que reciben de parte del Estado (seguridad pública, sistema judicial, entre otros muchos), sino que entregan anticipos al Fisco a cuenta de de los impuestos personales de sus propietarios. Ello permite a los empresarios, en especial a los grandes, pagar muy pocos impuestos, favoreciendo la concentración de riqueza.

Uno esperaría, entonces, que la propuesta de reforma tributaria de Bachelet considerara su corrección inmediata (tal como lo hace la de MEO). Sin embargo, no sólo no la corrige, sino que la profundiza aún más, creando un campo ideal para el desarrollo de la elusión. Es, qué duda cabe, una medida neoliberal.

Otro de los postulados del modelo neoliberal vigente es que las tasas de impuestos individuales deben ser lo más bajas y parejas posibles. Los modelos socialdemócratas de los países desarrollados gravan con tasas altas a los ingresos más elevados, ya que se asume que quienes los obtienen, lo hacen debido a sus posiciones de poder, perjudicando con ello al resto de la sociedad. Este “abuso” se corrige mediante los impuestos. Sin embargo, la propuesta de Bachelet propone disminuir aún más las tasas que gravan en Chile a los ingresos altos, premiándolos en lugar de castigarlos. Al igual que en el caso anterior, estamos en presencia, claramente, de una medida neoliberal.

En general, casi toda la propuesta tributaria de Bachelet está empapada de neoliberalismo. Consideren, no más, ese verdadero chiche que significa para la rebaja de impuestos la depreciación instantánea. Es como si la candidata intentara favorecer aún más al grupo de mayores ingresos. Y, por favor, no me vengan a decir que ése no es un predicamento neoliberal.

De manera que es allí, en el mundo de los economistas, donde se halla su refugio. Allí se encuentran, muy bien acomodados, todos esos profesionales que, siendo partidarios de Bachelet, comulgan en su fuero interno con los extremistas postulados del neoliberalismo: los bacheletistas – neoliberalistas.

Y no le quepa duda, estimado lector, que intentarán aprovechar sus posiciones de privilegio para mantener lo más que se pueda el statu quo. Ya lo hicieron con la propuesta de reforma tributaria y, seguramente, lo harán también con las restantes.

Mal que mal, se trata de quienes no quieren perder ni pan ni pedazo; de aquéllos que piensan en sus carreras futuras en las grandes empresas, antes que en la equidad y en el bien común.

La pregunta pertinente, entonces, es ¿por qué Bachelet les pone tanto oído? ¿Por qué les hace tanto caso? ¿La habrán sorprendido, acaso? ¿La estarán engañando? ¿O es que se convirtió también ella, mire lo que son las cosas, en una bacheletista – neoliberalista?

Si así fuera, no sería la primera vez que ocurre una cosa semejante. Permítame recordarle que Hernán Büchi fue en su juventud, según dicen, militante del MIR. Tal vez este tipo de cambios son contagiosos. En una de ésas, no puede hacerse nada para evitarlos.

Algo sobrenatural debe tener, en todo caso, el neoliberalismo para haber durado tantos años, pese a ser tan injusto. ¿Será cosa de brujos?

jueves, 10 de octubre de 2013

Las ideas de la derecha

La derecha chilena sabe muy bien que en la próxima elección presidencial será derrotada.

Como no tienen un pelo de lesos, quienes la conforman han internalizado ya hace rato ese amargo e inevitable desenlace. Están plenamente conscientes de que los milagros existen, pero son muy, pero muy, poco frecuentes.

De lo que se trata ahora, entonces, es de evitar la debacle. De que esa derrota en ciernes no se transforme en una catástrofe, que les impida incluso mantener los quórums necesarios para defender los pilares de la institucionalidad vigente. Hacia allá van encaminados sus esfuerzos.

No tienen, eso sí, muy claras las causas de este fenómeno. Para la gran mayoría es incomprensible. De hecho, casi todos piensan que sus ideas, las ideas de la derecha, son mejores que las de sus rivales; que se hallan, como por ahí sostiene una columnista ―sin esgrimir prueba alguna, desde luego―, más cerca de la verdad.

¿Es tan así?

Tratemos de hacer un poco de luz al respecto.

Cuatro son las principales ideas “cercanas a la verdad” que figuran en todos los listados “derechistas”: las libertades individuales, la familia, el libre mercado y el derecho de propiedad. 

Ellas son las que deben protegerse a ultranza, manteniendo para tal fin, en lo posible intactos, el modelo económico ―con sus rígidos preceptos acerca del papel del Estado en la economía y el nivel de los impuestos― y la institucionalidad vigente ―con los sólidos principios y valores que le dieron origen. La derecha sería, según esta perspectiva, el núcleo donde se concentran sus defensores, y los demás sectores políticos, la horda que pretende pasarles la aplanadora, porque no las comparte o porque considera que hay otras que son prioritarias.

Dos consideraciones habría que hacer al respecto:

Una es que cuando se trata de valores, el espíritu libertario de nuestra derecha tiende a desaparecer.

En efecto, hace muy poco ella era partidaria acérrima de restringir libertades tan básicas como la de decidir el término de una relación matrimonial, o la de que los hijos naturales dispusieran de todos los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Aún hoy, pretende confinar la concepción de “familia” sólo a la familia tradicional, pasando por encima de los derechos de todos quienes las han formado de otro tipo (como, por ejemplo, los homosexuales). Más aún, en la estrecha concepción derechista, una mujer que carga en su vientre un feto inviable, no puede hacer uso de su derecho a optar por no seguirlo haciendo; tampoco un ser humano desahuciado, a no seguir sufriendo y a no continuar destruyendo a su familia. En esos casos no rigen las libertades ciudadanas. La posición de la derecha es que las libertades que pueden ejercerse ―y deben, por ello, protegerse― son las que se engloban en su arcaica concepción del mundo. Las demás no sólo no tienen que custodiarse, sino que deben, lisa y llanamente, coartarse.

La segunda, que es efectivo que las libertades económicas ―la de emprender la actividad que les parezca más conveniente; la de elegir los bienes y servicios que más les acomoden (incluyendo allí la educación, la salud y la vivienda); la de escoger el trabajo que mejor se adapte a sus intereses y capacidades; y la de disponer, como mejor les parezca, de su patrimonio personal (el derecho de propiedad)―, deben protegerse. 

Como paso previo, sin embargo, deben poder ejercerse.

Porque ocurre que en Chile hay un 60% de la población que en sus actuales condiciones no está habilitado para hacer uso de dichas libertades. Debe, obligadamente, concurrir al colegio público más cercano, al consultorio de su barrio o al hospital de su comuna, y al almacén de la esquina; tiene que aceptar el trabajo que esté disponible, por mal remunerado que éste sea; debe recibir la vivienda que le tocó, no importando el sector donde ella se ubique ni el equipamiento de que disponga; tiene que movilizarse en el Transantiago en las horas peak, por muy incómodo y denigrante que le resulte; y no puede disponer a su antojo de su patrimonio personal porque simplemente carece de él.

Por consiguiente, para ser justos habría que decir que las ideas de la derecha son mejores, cierto, pero sólo para su sector. Mantener el statu quo sólo favorece a quienes se benefician con el Chile de hoy, y ellos, qué duda cabe, no son la mayoría.

Para favorecer al resto  ―a ese despreciable 60% del país― es necesario cambiar las instituciones que han permitido la insostenible situación actual: la arcaica constitución que nos rige, con su concepción oligárquica de la sociedad, y el modelo de desarrollo vigente, con la inmoral carga de inequidad que trae a cuestas.


Aunque en este último caso, muchos (entre ellos, gran parte del equipo económico de Michelle Bachelet) se nieguen a aceptarlo.

lunes, 7 de octubre de 2013

La desigualdad: ese doloroso flagelo que a nadie le importa

El combate contra la desigualdad ―esa anomalía que se produce en una sociedad cuando sólo una parte de los socios se beneficia, en forma abusiva, de los frutos que entre todos generan― es de larga data. Ya el mismísimo Jesús, a comienzos de nuestra Era, arremetía en su contra con ese potente mensaje, tan anti-neoliberal y tan pro-equidad, de “ama a tu prójimo como a ti mismo” (a propósito, ¿se imagina usted a Jesús en la UDI?).

Dos milenios más tarde, sin embargo, el asunto no ha variado en demasía. El mundo entero ha progresado, es cierto, pero ese progreso ha distado mucho de alcanzarnos a todos por igual. En la mayoría de los países, de hecho, existen pequeños grupos que lo acaparan en su mayor parte, apoyados por poderosas organizaciones (partidos políticos, centros de estudios, sectas “religiosas”,  gremios empresariales, etc.) cuyo fin último es, por más que se intente disfrazarlo, proporcionarle sustento político e ideológico a semejante despojo.

Chile, qué duda cabe, es uno de esos países. Aquí, unas pocas familias concentran más de un tercio de la riqueza, y los ingresos del 10% más acomodado de la población son 30 veces superiores a los del 10% menos favorecido. Las cifras son lapidarias: estamos entre los veinte países con mayor desigualdad del mundo.

Un estigma como ése no debería ser tolerado por las sociedades. Quienes se interesan en el tema (no muchos, lamentablemente) saben que en otras latitudes el combate contra la desigualdad forma parte explícita de las políticas de gobierno. Se discute en los parlamentos y se incluye en los programas de gobierno. Mantener niveles de desigualdad razonables es allí no sólo un anhelo, sino una obligación de quienes ocupan cargos gubernamentales.

En Chile, sin embargo, a nadie parece importarle.

Como futuro elector informado, seguramente usted se habrá dado el trabajo de leer en detalle las propuestas de los candidatos (las que existen, desde luego). Dígame, ¿en alguna de ellas aparece el combate contra la desigualdad como el eje central de las propuestas? ¿Ubicó aunque sea una donde se mencione la desigualdad como un problema serio, se haga un análisis profundo de sus causas, se definan indicadores que permitan medirla, y se propongan medidas concretas para disminuirla? ¿Hay algún candidato que plantee “reducir la desigualdad” como un objetivo concreto, medible, de su eventual gobierno?

¿Me entiende cuando señalo que a nadie parece importarle? Porque además no se ve una masa vociferante recorriendo las calles en pro de una mayor igualdad. Es un tema del que se habla en columnas, blogs, artículos de prensa, pero que al momento de “quiubos”, se oculta debajo de la alfombra como si fuera algo vergonzoso. Ni a los que la sufren, ni a los que podrían remediarla, parece quitarles el sueño.

¿Por qué?, se preguntará usted.

La respuesta parece sencilla. Es cosa de mencionar las principales causas de la desigualdad, y se cae de madura.

¿Y cuáles son éstas? Primero, condiciones naturales distintas (irremediablemente, cargamos con los talentos que la naturaleza nos brindó hasta el día de nuestra muerte); segundo, diferentes capacidades (mejorables, en gran medida, por medio de una educación de excelencia); y tercero, la asimetría del poder.

Esta última es la madre de todas las causales. En cualquier sociedad que adolezca de ingentes niveles de desigualdad (piense, por ejemplo, en las sociedades esclavistas), usted encontrará concentraciones brutales del poder político y económico. Ergo, si usted quiere combatir la desigualdad, necesariamente debe desconcentrar el poder. Entonces, ¿se entiende mejor por qué el combate frontal contra este flagelo está ausente de los programas de los candidatos?

Así que, según parece, tendremos desigualdad para rato.

Seguiremos escuchando a los defensores del modelo de desarrollo vigente ―gente tan ajena a la filosofía cristiana como la UDI casi completa, parte importante de RN, algunos sectores de la Nueva Mayoría, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, la Universidad Católica, El Mercurio, Libertad y Desarrollo, la SOFOFA y algunas otras entidades que se me escapan―, plantear su absurda tesis de que tan brutal inequidad es natural; que forma parte de la esencia del ser humano; que Dios, en definitiva, lo quiso así; y que, por eso hay que acostumbrarse a vivir con ella, ya que no tiene arreglo. Seguiremos oyendo a estos ejemplos de amor cristiano plantear que hay que disminuir aún más el tamaño del Estado; que hay que reducir los impuestos; que la desigualdad no es un problema; que el modelo neoliberal vigente es un ejemplo, un verdadero paradigma, para el mundo entero. Si Jesús viniera a darse una vuelta por estos lares y contemplara la conducta de estos próceres, se lo firmo, vomitaría.

Y seguiremos también observando cómo quienes podrían cambiar esto, porque tienen el apoyo y el mandato popular para hacerlo, ni siquiera lo intentan. Ya no lo hicieron en los 20 años en que dispusieron del poder, y tampoco, probablemente, lo harán en los 20 años próximos. ¿Será porque hay que preocuparse de asegurar buenas pegas para el momento en que salgan del gobierno?

Las sociedades enfermas son así: pese a estar carcomidas hasta lo más profundo por el gusano del egoísmo exacerbado, no se percatan de ello y siguen caminando como si nada pasara.


Hasta que se desploman, desde luego. Y allí, Dios nos pille confesados.

jueves, 3 de octubre de 2013

El legado de Pinochet

Cuatro décadas de desinformación y propaganda son, qué duda cabe, una valla difícil de salvar. Conocer la verdadera herencia de la dictadura militar de Pinochet no es tarea fácil. Hay demasiados prejuicios que la disfrazan, la esconden, e incluso la distorsionan.

No obstante, es menester hacerlo ahora, cuando aún es tiempo, cuando quienes vivimos el proceso en carne propia, todavía estamos vivos; antes de que lo ocurrido pase a ser pasto de los historiadores.

La oportunidad, como nunca, es propicia. Aunque hayan tenido que pasar 40 años desde su génesis y 23 desde su ocaso para que ello ocurriera, por fin este año ―como en la danza de los siete velos―, el último velo cayó y la obra quedó expuesta ante todos, escueta, nuda, calata, con todas sus sombras, pequeñeces e ignominias a la vista.

Pocas voces disidentes quedan respecto de la visión general en materia de respeto de los derechos humanos: el gobierno de Pinochet fue una dictadura cruel, implacable y sanguinaria, además de cínica. Persiguió con increíble saña a sus opositores, los torturó, los asesinó e hizo desaparecer sus cadáveres. Eso ya lo sabemos, y si existían dudas, en este cuadragésimo aniversario quedaron despejadas.

Pero también abusó del resto de los ciudadanos.

En ese ámbito, fue como el matón del curso. Usted le teme y por eso permite que lo pase a llevar. No se atreve a enfrentarlo y se las aguanta. Permítanme ilustrarlo con un caso que viví en carne propia.

Yo estudiaba cerca de Marcoleta, y vi a Lucía Hiriart llegar al hospital de la UC con su escolta, al parecer a algún control médico o a visitar a un conocido. Nada de particular, salvo que no dejó, como todo el mundo, su automóvil estacionado a un costado de la calzada, sino al medio de ésta, durante toda la duración de su visita. Era la hora peak, y le encargo el taco que se formó. A doña Lucía, sin embargo, no le importó: el vehículo sólo volvió a moverse cuando ella se subió de nuevo a él. ¿Y usted cree que alguien reclamó? Nadie se atrevió siquiera a tocar la bocina. No era respeto lo que sentíamos en ese entonces, sino miedo, y el miedo, señores, es cosa viva. ¿Cuántos casos como ése, y tal vez mucho más graves, se registraron por esos años en este ámbito?

Alguien podría, como se hizo por muchos años, destacar su probidad.

Sin embargo, ese velo también está cayendo. Quienes conocen del tema, señalan que hubo ingresos mal habidos a destajo, fundamentalmente por “coimisiones” (adquisiciones de armamento, venta de bienes fiscales, otorgamiento de créditos Corfo-Bid, abastecimiento de todo tipo, etc.) y mal uso de fondos reservados. Falta una investigación a fondo del tema, por cierto, para conocer, aunque las responsabilidades legales hayan prescrito, la estricta verdad. No es razonable que quienes se enriquecieron de manera inapropiada, disfruten de la vida sin ser sancionados, aunque sea socialmente.

Está el tema de la modernización que Pinochet hizo de nuestras instituciones públicas. Los últimos defensores que le quedan a éste destacarán, sin duda, que ella fue un aporte fundamental para la consolidación de la democracia; que gracias a su presencia, Chile ha vivido una transición pacífica y ordenada; que la estabilidad de la que hoy disfrutamos no habría sido posible sin los resguardos que se enquistaron en la Constitución y en las leyes de quórum calificado. Nuevamente, sin embargo, el paso de los años la sitúa, como en los casos anteriores, en el lugar que le corresponde: el de una inadmisible privación institucionalizada de las libertades personales.

Tome nota.

Ya fueron eliminados el oprobioso artículo octavo y la antidemocrática institución de los senadores vitalicios y designados. El Cosena, esa suerte de tutoría de las fuerzas armadas  sobre los gobiernos civiles, se transformó en un mero ente consultivo y vive sus últimos estertores (¿qué sentido tiene mantener vigente una institución que no presta utilidad alguna al país?). La inscripción automática y el voto voluntario llevan recién poco más de un año de vigencia.

No obstante, aún persisten instituciones arcaicas tales como el Tribunal Constitucional (por su actual composición) y el CNTV (por su manifiesta inutilidad). Respecto del primero, un botón de muestra: el año 2008 declaró inconstitucional la distribución por intermedio del sistema público de la píldora del día después, aduciendo que “no se había comprobado que no fuera abortiva”. El profundo interés de este argumento radica en sus posibles ramificaciones, ya que, por ejemplo, dicha condición tampoco se ha comprobado en los casos del caldillo de congrio, ni de la leche con plátano, ni de la ensalada rusa ni del pastel de choclo ni del terremoto. De hecho, podría mencionar unas cuantas centenas de sustancias para las cuales no existen estudios disponibles que las alejen de toda sospecha. ¿Qué me dice usted del argumento?

Persiste también el indefendible sistema binominal, que le permite a una minoría conservadora, clasista y que no cree en la democracia, cogobernar con sólo un tercio de apoyo popular, y que también consigue que la Concertación (o su continuadora, la Nueva Mayoría), salvo que cometa errores garrafales, se eternice en el poder a pesar de sus evidentes falencias y de su cada vez mayor compromiso con el sistema económico imperante.

Veamos algunas perlas procedentes de esa relación de amor y odio:

Recién el año 1998 se eliminó la aberrante condición, digna de los mejores años de la Santa Inquisición, de los “hijos naturales”. Sólo a partir del 2004 disponemos de una ley de divorcio, reconociéndose por fin que, así como los ciudadanos tenemos la facultad de iniciar un matrimonio, también debemos tener la de ponerle fin (en este ámbito ¿entiende usted por qué si una pareja sin hijos desea divorciarse, no puede hacerlo de inmediato?). Recién este año se aprobó de manera definitiva la distribución de la píldora del día después.

Siguen pendientes el AVP y el aborto terapéutico (obligar a una mujer a llevar a término, contra su voluntad, un embarazo inviable, es propio de torturadores como Manuel Contreras y sus secuaces). También una discusión en serio acerca de la eutanasia (el derecho que tiene una persona con su salud destruida, a ponerle fin a sus padecimientos y a la destrucción de su familia). Y desde luego, otros temas políticos tales como la regionalización, la elección directa de intendentes y gobernadores, y la obligación de que los parlamentarios elegidos en una circunscripción determinada, vivan efectivamente en ella.

Podríamos seguir por largo rato. Son demasiadas las ataduras, las restricciones de las libertades, la concentración de poder político que genera el sistema implementado por Pinochet (¿qué hay de los medios de comunicación, por ejemplo?). ¿Se ha preguntado usted por qué hemos tenido tantos casos de corrupción en nuestra administración pública? ¿Y por qué en casi ninguno de ellos sus autores han pagado sus culpas?

OK, dirán los miembros de la Alianza, pero queda esa gran herencia económica que nos legó el gobierno militar: un exitoso modelo de desarrollo, ejemplo para el mundo, que nos ha permitido lograr altas tasas de crecimiento y casi pleno empleo, que tiene el problema de la vivienda casi solucionado, que ha generado altas tasas de alfabetismo, mínima mortalidad infantil, acceso a los servicios básicos generalizado, y que nos ha traído una prosperidad que se nota en las calles ―donde circula gran cantidad de automóviles―, en las casas ―llenas de electrodomésticos―, y en los malls ―repletos de gente a toda hora. ¿Qué puede decirse contra él, si además por su intermedio estamos tan cerca del desarrollo?

Mucho, en realidad. Tales logros se encuentran en la condición de “mínimos resultados aceptables” para un modelo económico que lleva 40 años ininterrumpidos de funcionamiento. Son cifras y datos parciales que solo revelan una parte de la verdad: la que les conviene a quienes desean mantenerlo a toda costa (la UDI, gran parte de RN y algunos sectores de la Nueva Mayoría). Y ni siquiera son tan buenos. Sociedades con altas tasas de crecimiento, pleno empleo y el problema de vivienda solucionado ha habido muchas a lo largo de la historia. Por ejemplo, los campos algodoneros del sur de los Estados Unidos antes de la guerra de la secesión. Ellos cumplían con todos esos requisitos, pero nadie podría argumentar que el modelo de desarrollo que empleaban era exitoso.

Porque resulta que para medir el desarrollo se usan dos variables: una que nos muestra nuestro estándar de desarrollo (el ingreso per cápita) y otra que nos da cuenta de cómo está distribuido éste (el coeficiente de Gini o la relación entre el décimo y el primer decil de ingresos).

Y aunque en el primero estamos, como decía algún funcionario de gobierno, reguleque ―durante los 40 años de vigencia del modelo hay 35 países que han crecido más que el nuestro―, en el segundo estamos pésimo: entre las 20 peores distribuciones del ingreso del mundo, con un verdadero abismo que separa, en todo orden de cosas, al Chile A del Chile C.

Tampoco es, pues, el modelo una herencia gratificante, plausible, que merezca ser celebrada. Nunca nos acercaremos siquiera la desarrollo por su intermedio. Tarde o temprano (ojalá más temprano que tarde) tendremos que reemplazarlo por uno mejor.

¿Cuál es, entonces, el legado de Pinochet?

Uno muy valioso: la prueba fehaciente de que el poder omnímodo saca a relucir lo peor del ser humano, y la certidumbre de que tenemos que combatirlo con todos los medios a nuestro alcance si queremos lograr una sociedad más plena, más equitativa y más justa.

Ojalá sepamos aprovecharlo.