miércoles, 31 de agosto de 2011

Las otras formas de redistribuir: 1. La gratificación legal.

Días atrás postulé que una reforma tributaria era un paso ineludible e impostergable para mejorar la distribución de los ingresos en nuestro país. Sin perjuicio de ello, no obstante, existen otros mecanismos que, con o sin reforma, podrían (o más bien deberían) implementarse con el mismo propósito. En el presente artículo abordaré uno que puede llegar a ser en extremo relevante: la gratificación legal.

El artículo 47 del Código del Trabajo, que regula este beneficio, establece que toda empresa, organización con fines de lucro o cooperativa tendrá la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30% de sus utilidades o excedentes. Parece fantástico: ése es sin duda un excelente mecanismo de redistribución. Sin embargo, el mismo código, en su artículo 50, lo desbarata todo, pues establece que quedará eximido del pago de este beneficio, cualquiera sea el monto de la utilidad o de los excedentes, todo aquel empleador que pague a sus empleados un 25% de las remuneraciones devengadas en el año, con un tope anual de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

¿Qué significa lo anterior? Muy simple: el empleador debe tomar el monto del sueldo mínimo, actualmente $ 182.000, multiplicarlo por 4,75 y dividir el valor resultante, $ 869.250, por 12. El monto así obtenido, $ 72.438, es el tope que está obligado a pagar por concepto de gratificación legal a sus trabajadores, cualquiera sea el sueldo de éstos. Como este valor representa el 25% de $ 289.752, a todos los empleados que ganen hasta esa cifra, deberá incrementarles su sueldo en un 25%, y a los restantes, los que estén por sobre, sólo en los $ 72.438 señalados. Así evita tener que compartir utilidades y, de paso, tener que rendirle cuentas a sus empleados por las operaciones de la empresa.

Hasta aquí todo bien. El mecanismo ha funcionado por varias décadas de igual manera y hasta la fecha nadie parece haberlo cuestionado. Sin embargo, basta un análisis muy somero para percatarse de que adolece de algunas falencias bastante gruesas, como las siguientes:
  • Subvalora de manera contundente la gratificación que perciben los empleados. Por ejemplo, según la memoria del 2010, en Provida el 30% de la utilidad neta cubre 23 veces el monto que se habría pagado efectivamente por concepto de gratificación (calculado multiplicando 4,75 ingresos mínimos mensuales por la cantidad de trabajadores de la empresa); en el Banco Chile, 12 veces; en la CMPC, 14 veces; y en Endesa, 307 veces. Ello da una idea de los montos que podrían llegar a redistribuirse si el artículo 50 dejase de aplicarse.
  • Distorsiona el mercado laboral en beneficio de los empleadores, ya que al momento de firmar los contratos laborales, las empresas incorporan la gratificación legal como parte del sueldo acordado (en otras palabras, los sueldos que se transan en el mercado tienen implícitamente incorporada la gratificación legal).
  • No involucra a los trabajadores en la obtención del resultado de la empresa, como tampoco en el control de las cifras contenidas en el balance.
  • Parte de la falsa premisa de que los resultados de las empresas sólo son fruto de la acción de los propietarios, que sólo el capital es relevante a la hora de generarlos, por lo que le corresponden en su totalidad.
¿A qué viene todo esto? Muy simple: si andamos buscando medidas redistributivas que sean justas y efectivas, aquí tenemos una de lujo: eliminar el dichoso artículo 50.

Sería una medida justa, ya que las utilidades de las empresas son fruto de una acción mancomunada entre los inversionistas (el capital), los empleados (el trabajo) y la comunidad toda (el mercado, la infraestructura y la institucionalidad), y sólo se obtienen cuando las tres partes efectúan los aportes que les competen. Es de toda justicia entonces que, tal como los hacen los empresarios (retiros y dividendos) y la comunidad (impuestos de primera categoría), los empleados reciban también una proporción de lo que han contribuido a generar.

Sería también una medida efectiva, pues traspasaría de manera casi inmediata a los empleados cifras importantes, que hoy se acumulan en las arcas de los propietarios, mejorando con ello su poder adquisitivo y, de paso, su bienestar (hay un tema interesante aquí: la moral acomodaticia de muchos empresarios que se dicen cristianos, pero no trepidan en embolsarse cifras cuantiosas sin hacer partícipes de ellas a quienes los ayudaron a obtenerlas).

Y además produciría un tercer beneficio de magnitud: obligaría a las empresas a disponer de estados financieros fidedignos (los mismos empleados se encargarían de controlar que esto se cumpla), y al Fisco a controlar de manera más estricta (en un artículo posterior hablaré acerca de cómo mejorar este aspecto), lo cual reduciría la evasión y la elusión, con el consiguiente incremento de la recaudación fiscal.

Desde luego que una medida así no estaría exenta de polémica e inconvenientes, partiendo por el férreo rechazo de las cúpulas empresariales (a pesar de que el 30% de gratificación legal está establecido en la ley). Sin embargo, si se quiere realmente avanzar hacia una sociedad más justa y participativa que la actual, no cabe duda que ella está en el sentido correcto.

Eso es todo por hoy. Saludos.

martes, 30 de agosto de 2011

Ok. ¿Y qué hacemos entonces con los colegios municipalizados?

Pareciera ser que la cordura comienza a retornar al convulsionado escenario donde nuestra juventud está dando la batalla más importante de las últimas décadas (me atrevo a pensar que ni siquiera quienes llevan el pandero se dan cuenta de lo importante que puede llegar a ser). Los contrincantes, el Gobierno y las directivas estudiantiles (acompañadas, vaya ironía, de los profesores) parecen dispuestos a sentarse a la mesa con una agenda sin exclusiones. Esperemos pues que la discusión sea fecunda y los resultados que se alcancen, los mejores para Chile.

Uno de los temas más relevantes, sino el que más, que se verterá sobre la mesa, es el de la desmunicipalización, y al respecto, por lo mismo, es necesaria una reflexión.

Resulta evidente que, tal como lo señalan los alumnos, el modelo de educación básica y secundaria utilizado hasta la fecha fracasó rotundamente. Creo que no hay dos opiniones al respecto. Tanto los colegios municipalizados como los particulares subvencionados, si les hacemos caso a los indicadores (que, mal que mal, son como los termómetros, es decir, sirven para medir), están lejos de cumplir las expectativas. Por más que existan diferencias entre ellos (que son bastante leves, hay que reconocerlo), ambos están muy distantes de conseguir promedios razonables en los diferentes exámenes a los que se someten periódicamente sus educandos, en especial los provenientes de sectores más vulnerables. La conclusión parece obvia: 30 años de ensayo sin resultados son más que suficientes; un cambio drástico, más que necesario, es imprescindible e impostergable. Y, por mucho que alguien quiera defender la iniciativa privada en esta área, lo concreto es que hay que buscar otra alternativa mejor. Desde luego, hay que tener mucho cuidado al pasar de la situación general a la particular: tampoco se trata de comenzar a descabezar proyectos exitosos a tontas y a locas, de manera que si existen colegios particulares subvencionados con rendimientos espectaculares, hay que, obligadamente, darles un trato especial.

Mirando desde fuera el problema, y a la luz de los tratados de buena gestión, da la impresión de que el hecho de que el sistema no funcione como corresponde, no es sólo un problema de recursos (que también influyen, sin duda), sino más bien uno de enfoque: es bastante poco racional pretender alcanzar niveles de calificación elevados y uniformes, si se entrega la administración de la principal herramienta para lograrlos a instituciones heterogéneas, con distintas capacidades y visiones, poco preparadas, con objetivos contrapuestos incluso, con recursos disímiles y que actúan como compartimientos estancos (con lo cual desaprovechan uno de los más potentes mecanismos de progreso que conoce el ser humano: el compartir las experiencias, tanto favorables como desfavorables; el aprender de los errores); instituciones para las cuales, además, la educación es una más de las tantas preocupaciones que tienen (y quizás ni siquiera la principal); instituciones, en fin, que no están pendientes de supervisar de manera permanente los rendimientos de los planteles a su cargo y que, si lo estuvieran, no disponen de las herramientas ni los conocimientos adecuados para hacerlo de buena manera (ni para corregir los errores que detecten). Con un sistema así ¿es razonable pedir planes? ¿o estrategias? ¿o cumplimiento de objetivos? Usted tiene la respuesta, estimado lector.

Aprendiendo, aunque sea tarde, de la experiencia, se puede salir de este atolladero. ¿Qué se necesita? Pues, lo contrario de lo que hay: una sola institución, una corporación altamente especializada sin fines de lucro, con dependencia técnica del Mineduc y administrativa a definir, y que disponga de oficinas regionales debidamente implementadas y empoderadas, y cuyos objetivos sean: recoger todo el conocimiento y la experiencia disponible, tanto en el país como en el extranjero, en la materia, para adaptarlo y aplicarlo en cada una de las unidades educativas de su dependencia (tiene que ser en todas; no sirve esa horrorosa solución segregacionista de transformar algunos colegios, elegidos con pinzas, en centros de alto rendimiento; todos tienen que llegar a serlo); efectuar un completo diagnóstico, a nivel de cada escuela, de las falencias que les impiden alcanzar resultados adecuados, y elaborar las correspondientes estrategias para solucionarlas en el plazo más breve posible; cuantificar los recursos necesarios, con el propósito que la sociedad chilena, hastiada de tanta desigualdad, decida de qué forma los proveerá; e implementar, administrar y evaluar de manera permanente esas estrategias.

En particular, esta institución debería ser la encargada de capacitar y evaluar a directivos y profesores, de preocuparse de incrementar notoriamente sus remuneraciones, según su grado de cumplimiento de expectativas y la localidad en donde prestan sus servicios (las zonas más desfavorecidas en términos de localización, ya sea porque están muy alejadas o porque sus alumnos son demasiado vulnerables, deberían tener bonificaciones importantes asociadas a las rentas de quienes las atienden), de dotar y mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria (salas de clases confortables, servicios higiénicos limpios y aseados, gimnasios bien equipados, buenas bibliotecas, completo equipamiento informático, etc,), definir cantidad de alumnos por clase, proponer al ministerio planes y programas de estudio, definir métodos de enseñanza y evaluar su puesta en práctica, crear e implementar actividades de extensión (por ejemplo, se podrían implementar unos juegos multidisciplinarios a nivel nacional, con eliminatorias comunales y regionales, que permitieran integrar tanto a los alumnos como a sus profesores y apoderados), apoyar profesionalmente a directores y profesores, etc.

Creo que un sistema así reemplazaría ventajosamente al que hoy existe, y permitiría comenzar de una vez por todas a alejar a nuestros niños y jóvenes del árido erial del subdesarrollo. Respecto de si tendría en él cabida el lucro, estoy convencido de que sería el mismo rodaje del sistema el que nos daría la respuesta. En efecto, si se logra desarrollar una educación pública de alta calidad, con buenos estándares de rendimiento y con estímulos que hagan atractivo pertenecer a ella, es seguro que casi todos los colegios particulares subvencionados, al no poder competir, desaparecerán. Pero si existen escuelas que se adaptan y los cumplen, no veo por qué pueda prohibírseles participar del sistema. La saliva no hay que gastarla en discutir si se acepta o no el lucro, sino en cómo implementamos un sistema de educación pública lo suficientemente bueno como para hacer innecesaria su existencia y poco probable su subsistencia.

Eso es todo por esta primera parte. Saludos.

domingo, 28 de agosto de 2011

¿De verdad necesita Chile una reforma tributaria?

La necesidad de una reforma tributaria es un tema que salta al tapete cada vez que la sociedad, por medio de alguno de sus actores, plantea sus demandas al gobierno de turno. Los petitorios la mencionan de manera insistente como una fórmula apropiada para satisfacer las múltiples necesidades insatisfechas que, sostienen, existen en el Chile de hoy.

Pero, ¿es tan así? ¿Es efectivo que Chile necesita hoy una reforma tributaria? ¿O ésta es sólo una petición irresponsable de grupos que no entienden bien como funciona en realidad la economía?

Procuraré responder de la forma más clara posible estas preguntas en el presente artículo.

Lo primero que debe tenerse presente, es que no se trata de andar modificando a tontas y a locas nuestra infraestructura impositiva si, a la corta o a la larga, ello resulta ser innecesario. Para considerar siquiera la idea de una reforma tributaria deben, de manera previa, cumplirse tres requisitos:
  • Que haya una situación que la justifique. Esto es, que detectemos alguna falencia social cuya atención no puede ser postergada.
  • Que se requieran, efectivamente, recursos adicionales a los que genera el crecimiento para atenderla.
  • Y que una reforma tributaria sea el vehículo más idóneo para aportarlos.

Partamos por el primero: ¿hay alguna razón que justifique una reforma tributaria en nuestro país? Se me viene a la mente de inmediato una: la desigualdad (desgraciadamente la palabra inequidad, que refleja más acertadamente a mi juicio la situación, no está en el diccionario), la falta de equilibrio entre lo que reciben los más ricos y lo que apenas alcanzan a rasguñar los más pobres. ¿Está dicha condición presente en nuestra sociedad? Veamos algunos indicadores, obtenidos de las estadísticas que el Banco Mundial y la OECD ponen a disposición del público en general:
  • Chile posee una de las peores distribuciones de la riqueza y de los ingresos en el mundo. No hay dos opiniones al respecto. Éste es un hecho reconocido por tirios y troyanos (o por moros y cristianos). El índice Gini, que es el indicador más utilizado para medir la equidad de la distribución del ingreso, llega a 52,1, valor sólo superado por los que se registran en Brasil, Colombia, Bolivia, México y unos pocos países centroamericanos, africanos y asiáticos (el índice Gini varía entre 0 y 100, donde 0 corresponde a una absoluta equiparidad y 100, a la más extrema desigualdad). Es bastante peor que el de Argentina, el uruguayo e incluso el peruano, y está a una distancia sideral de los que se registran en los países desarrollados.  Dentro de la OECD, por ejemplo, es el segundo peor, detrás de México. En una lista de 128 países de todo el mundo, es el décimo segundo más alto.
  • En  nuestro país, el 10% más rico concentra por sí solo un 42,5% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre sólo percibe un 1,5% de éstos. Como es fácil concluir, esto se traduce en que los primeros ganan 28,3 veces más que los segundos. Este hecho se vuelve más dramático si uno considera que la distribución del ingreso dentro del decil más acomodado no tiene por qué ser pareja, vale decir, que lo que percibe el 5% más rico debería ser bastante más de la mitad de los ingresos del decil entero. Si eso es así, y de seguro lo es, puede usted, estimado lector, imaginar cuál es la relación entre los ingresos del 1% más rico y los del 10% más pobre. Haga el ejercicio mental y luego respóndase: ¿le parece tolerable una situación como la descrita?
  • Siempre es bueno compararse con otros países para ver cómo estamos en términos relativos. Pero ¿con cuáles es más pertinente hacerlo? A mi juicio, con los que nos llevan la delantera, con aquéllos que nos sirven de ejemplo y de objetivo a alcanzar. He aquí la relación del párrafo anterior calculada para algunos países miembros de la OECD: Estados Unidos, 15,9; Italia, 11,6; España, 10,3; Holanda, 9,2; Francia, 9,1; Dinamarca, 8,1; Alemania, 6,9; Suecia, 6,2; Japón, 4,5. Las diferencias son tan grandes, que llegan a doler. Alguna es de origen cultural (Japón, cuya cultura es mucho más solidaria), pero la mayor parte tienen que ver con políticas fiscales redistributivas que han permanecido inalterables en el tiempo durante lapsos muy prolongados (aunque no es descartable que existan además otras razones de índole ética y moral).
  • Otro dato complementario que se desprende de los informes del Banco Mundial, es que el 10% más rico percibe en Chile ingresos equivalentes a los que reciben en conjunto los 4 primeros quintiles, esto es, el 80% de la población en su conjunto. Impactante ¿verdad?

Pero no sólo los indicadores nos aportan información respecto a cuán grave es la situación de inequidad en nuestro país. También lo hace la evidencia empírica, y ésta es avasalladora e irrefutable. Veamos:
  • En el ámbito de la educación, que ocupa desde hace más de tres meses las primeras planas de los diarios, ya conocemos los antecedentes, pero vale la pena volver a mencionarlos. Existen diferencias abismales por donde se mire entre la educación que reciben los alumnos de sectores más acomodados y la que se les entrega a los de menores recursos. Lo demuestra la prueba PISA, que nos posiciona como el segundo peor país en términos de desigualdad y segregación educativa. A juicio de expertos en el tema (Educación 2020), en el ámbito de la educación pre-escolar, primaria y secundaria (que es donde se juegan los 90 minutos del partido, como sostiene dicha organización), tales diferencias se advierten en las deficientes capacidades de los profesores y de los directores de los establecimientos de las comunas más pobres, en sus bajas rentas, en los inadecuados métodos de enseñanza utilizados, en los insuficientes programas de estudio, en la precaria infraestructura de los colegios,  en el ingrato entorno que los rodea, y en la ínfima cobertura (30%) de jardines infantiles que existe en los sectores más vulnerables; y su resultado son alumnos que no están, en su gran mayoría, en condiciones de cursar estudios superiores. En el ámbito de la educación superior, ellas se constatan, por ejemplo, en las elevadas tasas crediticias que deben soportar quienes no disponen de los recursos necesarios para pagar los ingentes aranceles de las carreras (lo cual también es un problema en sí; los alumnos sostienen que están entre los mayores del mundo, pero no he confirmado semejante aserto); en la escasa oferta de educación técnico profesional asequible y de calidad; y fundamentalmente en las altísimas tasas de deserción que se presentan en los alumnos provenientes de las comunas con mayores carencias. La verdad es que hay demasiado que hacer en educación, y es vergonzoso que ninguna administración haya abordado, en los últimos 50 años, el problema como corresponde, en especial si se considera que es “la” herramienta de que disponemos para combatir la desigualdad. Educación 2020 estima que los requerimientos anuales para mejorar de manera drástica la dramática situación actual ascienden a USD 2.000 millones anuales, así que aquí tenemos el primer uso de los eventuales mayores ingresos impositivos que podrían obtenerse mediante una reforma tributaria.
  • En lo que respecta a salud, otra de nuestras grandes carencias, la desigualdad se manifiesta en aspectos tales como la excesiva demora en la atención de los pacientes, tanto en los recintos hospitalarios y consultorios (se atiende por orden de llegada y es necesario aguardar a veces varias horas) como en las áreas de especialidades (desde unos pocos días a varios meses, con listas de espera interminables); en las diferencias que se advierten en las tasas epidemiológicas, que tienden a ser mayores en las comunas más pobres; en la casi nula atención preventiva que, tanto a nivel médico como dental, se registra en los sectores más vulnerables; en la calidad de la atención y del servicio que se le entrega a los pacientes; en el nivel, disposición y grado de compromiso del personal encargado (hay, incluso, médicos que atienden pacientes privados en horarios e instalaciones de uso público); en la carencia de profesionales que se observa en algunas especialidades (prefieren emigrar al sector privado, donde obtienen mejores remuneraciones); en los elevados costos de los medicamentos (uno de los grandes negocios de la historia); en la calidad de la infraestructura disponible (camas, habitaciones, equipos, medicamentos, accesorios); y en la ausencia de sistemas de acreditación tanto de centros de atención como de personal médico y auxiliar. Como dato ilustrativo, el gasto per cápita en salud de nuestro país, según el Banco Mundial, ascendió a USD 767 al año en el 2009, y el promedio de los miembros de la OECD, a USD 3.977. Por cierto, alcanzar semejante cifra al día de hoy aparece como una meta imposible de lograr. Sin embargo pueden darse pasos en esa dirección subiendo paulatinamente el monto. Crecer a USD 900 de gasto per cápita anual significa, por ejemplo, una inyección de USD 2.300 millones por año. He aquí un nuevo uso para los recursos que podrían obtenerse mediante una reforma tributaria.
  • Vivienda es el otro vértice del triángulo donde se requiere urgente intervención. Hoy las viviendas sociales, aunque han mejorado respecto de años anteriores, aún adolecen de serias deficiencias en tamaño (muy pocas superan los 50 m2), calidad de las terminaciones, equipamiento y ubicación. Hay aquí, no obstante, un tema de gestión inapropiada (que será abordado en otro artículo), ya que con un enfoque diferente se podrían obtener resultados sustancialmente mejores con los mismos fondos que ya se están usando. Sin embargo, ese nuevo enfoque requeriría que el Estado se haga cargo de adquirir paños de terreno de alguna extensión de manera previa a la construcción de las viviendas, lo que haría necesario contar con recursos financieros adicionales a los actuales. Una estimación preliminar en esta área sugiere unos USD 500 millones por este concepto para obtener una mejoría palpable en las soluciones habitacionales obtenidas.
  • Por cierto, la desigualdad no es una rémora que se presente sólo en las tres áreas que hemos comentado. Como una mancha de aceite derramada sobre el agua cristalina, se extiende por cada ámbito de nuestro tejido social. No se salva ninguno. En Trabajo, por ejemplo, se advierte en el absoluto desnivel que existe en la relación “patrón – empleado” (intente usted cobrar una indemnización por despido injustificado a un empleador que no tenga intenciones de pagársela; con la complicidad de nuestra normativa y nuestro sistema judicial, se demorará años en hacerlo; si es que llega a cobrarla, por supuesto); la gratificación legal, que permitiría a los empleados participar de las utilidades que han contribuido a generar,  es letra muerta; hay malos empleadores que se apropian de recursos que pertenecen a sus empleados (cotizaciones previsionales) sin que tengan responsabilidad penal por ello (para el legislador, en Chile, es más grave el hurto de una gallina por parte de un pelagatos que el robo descarado de remuneraciones de los empleados por parte de su empleador); los sueldos mínimos son tan vergonzosos, que se ha acuñado la expresión “sueldo ético” para denominar al monto que debería servir de piso en cualquier escala de remuneraciones. Ahora, si nos trasladamos a los bienes de consumo, podemos constatar diferencias de calidad, e incluso de sanidad (haga el ejercicio de mandar a analizar ciertas grasas y mantecas  que se usan en la fabricación de pan, si no me cree), impactantes entre los artículos más económicos y aquéllos orientados a los segmentos más altos. Además, existen bandas de precios para bienes básicos que encarecen productos básicos (harina, azúcar) y cuyas principales beneficiarias son las empresas del ramo (Iansa y los grandes molineros, por ejemplo). Qué decir de la previsión, que sólo perpetúa la ingente diferencia de renta que enfrentaron los trabajadores mientras aún se hallaban activos. Y no hablemos, por favor, de financiamiento, porque la abismal diferencia entre las tasas que se cobran a los más acomodados y las con que se castiga a los menos favorecidos puede ser causa de alguna enfermedad nerviosa. Y hay más: está el desigual acceso a la justicia, la carencia de seguridad en las poblaciones, esa sensación de injusticia e impunidad que trasciende el tejido social, la aberración que significa, en el ámbito del transporte, el Transantiago, la evidente falta de regionalización que transforma a las regiones en parientes pobres del Gran Santiago, y el deficiente nivel de la infraestructura (calles, plazas, centros deportivos y de esparcimiento) que se aprecia en las comunas más pobres. En fin, por donde uno mire hallará en este país tan segregador, la ominosa impronta de la inequidad (no aguanté más y me vi obligado a usar la dichosa palabra), como una marca hecha a fuego en nuestra piel para recordarnos que de jaguares no tenemos nada.
  • Por último, está la guinda de la torta en esta suerte de avalancha de desigualdad: la carga tributaria. ¿Sabía usted que ella es, porcentualmente, más alta para los sectores más desposeídos que para los más acomodados? ¿Que los más pobres pagan más en proporción a sus ingresos que los más ricos? Pues, por más increíble e inaceptable que parezca, es así. Ello obedece a tres factores: primero, que los pobres destinan todos sus ingresos al consumo por lo que, como éste está gravado con el IVA, su carga tributaria es al menos de un 19% (un poco más alta, si consideramos el efecto de los impuestos específicos); segundo, que los empresarios, el sector más acomodado de la población, no pagan (o pagan un mínimo) impuestos sobre sus rentas, ya que en Chile, la normativa les permite descontar de ellos los tributos de primera categoría que pagan las empresas de las que son propietarios (desconozco si existe otro país en el mundo donde se dé semejante situación, pero al menos tengo claro que en Europa ello no ocurre); tercero, que los ya reducidos tributos que pagan los dueños de las empresas, se reducen aún más debido a la elusión (aprovechar la maraña normativa para pagar menos impuestos) y a la evasión. Lo anterior queda en evidencia, de manera muy sencilla, al constatar que la tasa del IVA (19%) es mayor que la carga tributaria total del país (18,2% según la OECD en el año 2009). ¿Puede usted, estimado lector, concebir algo más injusto e inmoral que esto?


Esos son los indicadores, y ésta la evidencia empírica. El escenario es, como puede apreciarse, desolador, y  nos permite, desde ya, extraer algunas conclusiones:
  • La primera es que dos de las condiciones que mencionamos como indispensables para considerar una reforma tributaria, se cumplen hoy en nuestro país a cabalidad: hay una falencia social insoslayable (¡Y qué falencia!) y se requieren ingentes recursos adicionales para atenderla.
  • La segunda es que la situación de Chile en términos de equidad es indignante, inaceptable, vergonzosa y no da para más. Surge de inmediato una pregunta: ¿cómo es posible que la hallamos tolerado por tanto tiempo y que, hasta el día de hoy, aún no tengamos contemplado ponerle fin en el corto plazo?
  • La tercera es que, por increíble que parezca, en nuestra tierra de jaguares el aporte porcentual de los más acomodados a la caja fiscal es menor que el que efectúan los más pobres.
  • La cuarta es que hay que ponerle atajo a esas aberraciones ahora, pues mañana ya es demasiado tarde. Es un imperativo moral. Y para ello hay que fijarse objetivos, elaborar planes y diseñar estrategias. Es decir, hay que tomar hoy las decisiones que nos permitirán en el mediano plazo revisar los indicadores sin sonrojarnos.


El punto que corresponde analizar ahora es si entre tales decisiones debe estar una posible reforma tributaria. Para contestar esta pregunta, la del millón, me parece pertinente primero hacerme cargo de las críticas que se le formulan a su posible implementación. Éstas, al menos las más recurrentes, son:
  • No se requieren más recursos para llevar a cabo las transformaciones que Chile necesita. Basta con el crecimiento.
  • Chile ya tiene una carga tributaria demasiado alta.
  • Una reforma tributaria no aporta, necesariamente, más recursos.
  • Lo importante no es recibir más recursos, sino focalizarlos mejor.
  • Con más impuestos se desincentivará la inversión, la tasa de crecimiento caerá y el desempleo aumentará.
  • Los incrementos en los impuestos siempre terminan pagándolos los más pobres.
  • Las demandas “aquí y ahora” no son la forma de avanzar ni construir un país más justo (la joyita, obra de nuestro ministro de hacienda).

Analicémoslas una por una:
  • No se requieren más recursos para llevar a cabo las transformaciones que Chile necesita. Basta con el crecimiento. Ésta es la tristemente famosa “Teoría del chorreo”, que sostiene en líneas gruesas que cuando el crecimiento acumulado llena los bolsillos de los más pudientes, se produce una especie de derrame que beneficia a los más desfavorecidos. Al respecto, podemos anotar que entre 1980 y 2010 el PIB a precios constantes creció 8,7 veces en  nuestro país. Es decir, hubo suficiente crecimiento como para comprobar si la dichosa teoría funcionaba o no. La distribución del ingreso, sin embargo, casi no cambió. El índice Gini se mantuvo, entre 1987 y 2003, en torno a 55,5, y sólo mejoró levemente al final de la pasada década para llegar a su valor actual: 52, 1. ¿Es necesario entonces decir algo más acerca de ella, aparte de constatar que ya lleva 40 años de ininterrumpida aplicación sin ningún resultado? Me parece que no. Salvo si se trata de exclamar ¡Hasta cuándo! O hacerle un llamado a las autoridades, a las cúpulas empresariales y a los partidos de centro derecha para que, por favor, no sigamos con esta verdadera burla a los más necesitados.
  • Chile ya tiene una carga tributaria demasiado alta. Farso, farso, farso, como le diría el profesor Salomón a su cajarraco Tutu Tutu. Las odiosas cifras de la OECD demuestran que al año 2009 la carga tributaria chilena era la segunda más baja entre sus países miembros: sólo un 18,2% del PIB. A modo de comparación, mencionemos las cargas tributarias de algunos países desarrollados, todos ellos con distribuciones de los ingresos mucho más equitativas que la nuestra: Estados Unidos, 24%; Japón, 28,1%; España, 30,7%; Alemania, 37%; Holanda, 39,1%; Francia, 41,9%; Italia, 43,5%; Suecia, 46,4%; Dinamarca, 48,2%. Queda claro, por ende, que ésta no es una crítica válida.
  • Una reforma tributaria no aporta, necesariamente, más recursos. Como dicen los economistas, depende. ¿De qué? De la solución elegida. Por cierto, si se aumenta la tasa de primera categoría y se reducen las del global complementario, el efecto puede ser nulo y hasta negativo. Pero si se opta por mantener las tasas vigentes y se elimina la disposición que permite usar como crédito dicho tributo en el global complementario, se obtendría por lo bajo un ingreso adicional del orden de USD 7.500 millones, es decir, aproximadamente un 20% más de recaudación tributaria. Alcanzaría para financiar los incrementos requeridos por educación, salud y vivienda, y sobrarían unos cuantos pesos para otros usos urgentes.
  • Lo importante no es recibir más recursos, sino focalizarlos mejor. Ambos aspectos son necesarios. Ya vimos que con la intolerable situación actual son indispensables más recursos, pero también lo es mejorar la focalización. Existe una serie de gastos o granjerías que deben redireccionarse, racionalizarse o, lisa y llanamente, eliminarse, partiendo por el mal llamado “subsidio a las constructoras”.
  • Con más impuestos se desincentivará la inversión, la tasa de crecimiento caerá y el desempleo aumentará. Depende de cuáles tributos se eleven y cuánto. Como dato ilustrativo, durante el año pasado la tasa de crecimiento fue alta y el desempleo bajó a pesar del alza tributaria del primer semestre. Con la modificación planteada más arriba, no deberían registrarse inconvenientes en este sentido. De hecho, la inversión extranjera no se vería afectada, y en el sector interno aumentaría el consumo, permitiendo usar la capacidad ociosa de las empresas. Desde luego que el Estado, en cumplimiento de su misión fiscalizadora, tendría que estar muy alerta para acrecentar la competencia y evitar prácticas mono y oligopólicas. Seguramente sería necesario desechar las bandas de precios existentes y eliminar ciertos trámites burocráticos (o perfeccionarlos) a fin de facilitar el ingreso de ciertos bienes como los alimentos, por ejemplo (que son el principal componente de la canasta de los segmentos de menor poder adquisitivo), para acotar al máximo una posible alza del llamado “IPC de los pobres”.
  • Los incrementos en los impuestos siempre terminan pagándolos los más pobres. Ello, en el evento que pudieran ser trasladados a precios, lo cual es menos factible si la alternativa elegida no considera un incremento en el impuesto de primera categoría. Es cierto que algunos malos empresarios no se resignarán a que se les obligue a aumentar sus aportes a la caja fiscal y tratarán de conseguir que sea el consumidor el que los pague finalmente. Pero eso podrá minimizarse con una rigurosa fiscalización, con fuertes sanciones que desincentiven la formación de carteles, y eliminando todas las trabas innecesarias que impiden la libre internación de alimentos.
  • Las demandas “aquí y ahora” no son la forma de avanzar ni construir un país más justo. Ésta es una digna crítica de quien no conoce, o no quiere ver, el mundo real. Sólo amerita un par de comentarios: si no es “aquí y ahora”, entonces ¿cuándo? Sería demasiado pertinente que el autor de esta frase lo informara. Y segundo, entiendo que el señor ministro de hacienda es un ferviente católico. ¿Habrá oído por casualidad al anterior Papa cuando dijo que “los pobres no pueden esperar”?

Con lo expuesto hasta aquí, podemos extraer un segundo grupo de conclusiones:
  • No existen, o al menos no se advierten a simple vista (y si uno mira con telescopio o microscopio tampoco), razones objetivas para no subir los impuestos que afectan a los más ricos.
  • Por el contrario, parece ser inmoral no hacerlo.
  • Por consiguiente, una reforma tributaria, más que necesaria, más que indispensable, es imprescindible. Si no nos atrevemos a hacerla hoy mismo, estaremos simplemente abofeteando a nuestros compatriotas más necesitados.
  • Por cierto,  hay que ser muy cuidadoso con el uso de los mayores recursos que se recauden, aunque ya sabemos que deberían ir a educación del orden de USD 2.000 millones y a vivienda una cifra cercana a los USD 500 millones.

¿Y qué características debería tener a reforma tributaria a efectuar? Ya está dicho, pero no está demás repetirlo: debería afectar directamente a los que más tienen, corrigiendo de paso, al menos en parte, lo injusto del sistema actual. Además, debería considerar la eliminación de numerosas granjerías injustificadas, aprovechando con ello de simplificar la verdadera maraña tributaria que existe en la actualidad. Por último, no debería establecer compensaciones de ningún tipo. Queremos que los recursos adicionales lleguen sin recorte alguno a la caja fiscal.

Dicho esto, estoy en condiciones de proponer una reforma tributaria. Propongo:
  • Mantener las tasas impositivas actuales, eliminando la posibilidad de que el impuesto de primera categoría pueda ser usado como crédito del global complementario.
  • Adicionalmente, eliminar la posibilidad de que los recursos acumulados en los FUT puedan ser retirados de las empresas sin pagar los impuestos correspondientes.

Una medida como la expuesta posee varias ventajas: no requiere de modificar las tasas vigentes, por lo que no debería afectar a la actividad productiva; soluciona en parte la falta de equidad tributaria que existe actualmente, ya que aumenta la carga impositiva de los sectores más acomodados; aminora la acumulación de poder económico y político, al transferir al Estado importantes sumas que hoy van a engrosar los patrimonios de los grandes grupos económicos; y, lo más importante, si el Estado destina esos fondos en beneficio de los más desposeídos, dado que ellos provienen de los bolsillos de los más favorecidos, pasa a convertirse en una medida netamente redistributiva.

Pero ¿es justo que nuestra elite económica pague más impuestos? ¿O una medida como la expuesta atenta justamente contra lo que se está intentando corregir: la equidad? Para la tranquilidad de todos, en especial de quienes laboran en los centros de estudios de la centro – derecha, la reforma tributaria propuesta es de plena justicia. En efecto, quienes perciben más ingresos no son ermitaños que habitan en medio del desierto sin contacto alguno con el resto de los mortales, sino miembros de una comunidad, y es ésta la que hace posible su éxito económico cuando sus miembros adquieren los productos o servicios que ellos les ofrecen por medio de sus empresas. Es de toda justicia, entonces, que quienes más reciben de la comunidad, sean a su vez quienes más le aporten a ésta por medio de la tributación. Es, en el largo plazo, el mejor negocio para todos.

¿Y genera la medida propuesta una doble tributación, como muchos argumentan? No. En ningún caso. La razón de tal aserto es simple: las empresas son entes distintos de sus dueños. Así está reconocido en la totalidad de la literatura administrativa y en la legislación chilena. Una empresa es una amalgama que conjuga los esfuerzos de sus propietarios (que aportan capital, ideas y trabajo) con los de sus empleados (que aportan ideas y trabajo) y con los de la comunidad toda (que aporta la infraestructura, el marco legal y el escenario donde ella puede desarrollar su actividad, relacionarse con clientes, proveedores y financistas, progresar y obtener sus utilidades). Es como un automóvil de carrera, que pertenece a una escudería (el dueño), y tiene un piloto y un equipo multidisciplinario que se encargan de que compita y de ponerlo a punto (los empleados), pero que requiere de un autódromo, que por cierto es remunerado, para poder competir. La comunidad cumple ese papel en el caso de las empresas, y su remuneración son los impuestos. El único problema en el Chile actual es que en 1984 decidió, en una decisión inentendible que aún perdura, no cobrarla. Por fortuna eso es fácilmente modificable, y espero que esta sea la ocasión de hacerlo.

¿Qué otras medidas debería considerar la reforma tributaria en ciernes? 


Varias. De partida, habría que suprimir, como ya señalé en párrafos anteriores, el mal llamado “subsidio a las empresas constructoras” (es una vergüenza nacional; en otro artículo daré a conocer las razones); además, eliminar las exenciones impositivas existentes para las ganancias de capital y las utilidades obtenidas por la venta de bienes raíces por parte de personas naturales, como también toda granjería relacionada con sociedades de inversión (la que les permite rebajar del impuesto de primera categoría los impuestos territoriales, por ejemplo); adicionalmente, limitar la rebaja del global complementario por concepto de intereses de los créditos hipotecarios sólo a la vivienda que se utiliza como hogar. La eliminación de esas exenciones, que no se justifican, hará que el sistema tributario sea más justo, y que todos quienes obtienen beneficios paguen los impuestos que les corresponden.

¿Algo más? Desde luego: un ataque frontal a la evasión. Para ello hay que, en primer lugar, darle el carácter que le corresponde, el de un delito reiterado efectuado con premeditación, y asignarle las sanciones aflictivas pertinentes: penas efectivas de cárcel para el representante legal y sus cómplices (miembros del directorio, gerentes y contadores). Y en segundo, debe iniciarse una campaña publicitaria masiva orientada a fijar en la opinión pública la idea de que el empresario que evade impuestos por la vía que sea (no emitir boletas o facturas, comprar IVA u otra) es, aparte de sinvergüenza, lisa y llanamente un ladrón. Por último, hay que hacerse cargo de aquellos malos empresarios que, sin pagar los impuestos correspondientes, se llevaron ingentes sumas al extranjero. Un senador socialista cifra en USD 23.000 millones los capitales que estarían en dicha situación (qué interesante sería saber cómo llegó a determinar ese monto). Para ello propongo una campaña compuesta de dos etapas: un lapso relativamente breve en que se autorizaría a los infractores a repatriar sus fondos pagando un 50% de impuesto; y penas efectivas de cárcel y multas equivalentes al 100% en el caso de que se descubran los fondos en las investigaciones que deberían comenzarse en conjunto con Interpol y policías de otros países.

Conclusiones finales:
  • Hay que efectuar, sí o sí, una reforma tributaria, no sólo porque se requieren más recursos, sino porque es el único vehículo que permite corregir la actual injusticia impositiva.
  • Ésta debe llevarse a cabo ahora ya.
  • La alternativa más adecuada parece ser mantener las tasas vigentes y eliminar del cálculo del global complementario el crédito por concepto de impuesto de primera categoría.
  • La citada alternativa generaría una mayor recaudación del orden de USD 7.500 millones.
  • Adicionalmente, habría que eliminar la mayor cantidad posible de granjerías tributarias.
  • Y, de paso, atacar de raíz la evasión tributaria.
  • De esta manera se lograría un escenario más justo y equitativo en términos del aporte que cada participante de la sociedad debe efectuar para lograr que ésta funcione como es debido.
  • Se dispondría además de los recursos necesarios para efectuar los grandes cambios que se requieren en educación, salud, vivienda y varias otras áreas.

Eso es todo. Saludos.

A propósito de tolerancia y derechos a las personas

La lucha por los derechos de las personas es de muy larga data. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Jesús predicaba, en un mundo de esclavos y vasallos: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, lo que también puede leerse como: “respeta los derechos de tu prójimo como si fueran los tuyos propios”.

Más adelante en el tiempo, fue por allá por mediados del siglo XVIII, hace ya más de 250 años, cuando Francois Marie Arouet  habría pronunciado su célebre frase: “no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (lo de “habría” es porque hay algunos que dudan de su autoría, atribuyéndosela a una de sus biógrafas). Arouet, más conocido como Voltaire, era un acérrimo defensor de la libertad, la tolerancia y el respeto a los derechos de las personas (en una época donde campeaba la intolerancia y las prerrogativas de los individuos estaban supeditadas a los dictados del catolicismo imperante), y la frase, aunque no haya sido suya, resume su pensamiento.

No fue hasta 1948, sin embargo, casi doscientos años más tarde, cuando los estados libres del planeta emitieron, por medio de su organismo más representativo, la denominada “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En ella, junto con institucionalizarse los conceptos de libertad, tolerancia y respeto a la diversidad, se reconoce que los derechos de los individuos son inalienables, y que no pueden ser sojuzgados por ninguna doctrina, creencia, pacto social o, como muchos postulan por estos días, eventual mayoría. La libertad y el respeto, por fin, habían salido de los textos de filosofía escritos por algunos adelantados, para universalizarse; habían pasado a ser patrimonio de la humanidad.

Parecía, al menos.

Porque si, como puede observarse, las ideas libertarias demoran en abrirse camino, más aún lo hacen en consolidarse. La gente, mucha gente, tal vez la mayoría, sigue sintiendo que dispone de la facultad de encarrilar la conducta de quienes piensan distinto, de discriminar (esto es, conculcar algunos de sus derechos) a aquellos que son diferentes, de estigmatizar a los que se apartan del subjetivo molde conocido como “normalidad”. Algunos (¡horror! Incluso uno de nuestros senadores designados) llegan a manifestar que ciertos derechos humanos pueden, a título de nada, ser conculcados por mayorías democráticas, sólo porque éstas no están de acuerdo en que determinados individuos los ejerzan.

Chile es un país discriminador. Siempre lo ha sido. El clasismo (échele, para comprobarlo, un vistazo a la escandalosa distribución del ingreso y coincidirá conmigo), el machismo, la intolerancia religiosa, incluso el racismo, son aquí pan de cada día. Nuestra tarea, entonces, y la de nuestras autoridades, es transformarlo en un país tolerante, donde las leyes sean iguales para todos y nadie sea discriminado sólo por ser o pensar diferente.

Es un camino largo y duro, qué duda cabe, pero no imposible de recorrer. Hay que dar un primer paso, y uno muy bueno sería que nos dejáramos de tonteras, y elimináramos de una vez y para siempre de nuestra legislación todos los preceptos que impiden a los homosexuales contraer matrimonio.