viernes, 21 de febrero de 2014

¿Cómo combatimos la corrupción?

Aunque no al nivel de otros países (todavía, al menos), lo concreto es que la corrupción está instalada desde hace tiempo en nuestra vida diaria. Ya en los ochenta, en plena dictadura, se mencionaban las jugosas “coimisiones”,  cobradas por quienes detentaban los cargos claves, como un factor relevante en las privatizaciones de empresas públicas, en la enajenación de bienes fiscales, en las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado (entre ellas, las de material militar), en el uso de recursos públicos para fines privados (¿se acuerda de los "pinocheques"?) y en el otorgamiento de créditos Corfo. Se hablaba, por esas fechas, de verdaderos equipos multidisciplinarios, antecesores de los lobbies, a los que había que recurrir para conseguir determinados beneficios, aunque no se dispusiese de los requerimientos mínimos para tal efecto.

Con la llegada de la democracia, el problema no se corrigió (tampoco, como sabemos, se investigó). En una de ésas, hasta se acrecentó. Como mecanismos de defraudación, se mantuvieron los sobreprecios y las comisiones por compra y venta de bienes y servicios, pero se agregaron las facturas falsas, los sobresueldos (¿recuerda el vergonzoso caso MOP-Gate?), y los contratos de asesorías sobrevalorados o, derechamente, sin contrapartida (sesudos estudios copiados al pie de la letra de información pública obtenida en organismos especializados, por ejemplo).

Actualmente, se mencionan como posibles fuentes, además de las anteriores, los conflictos de interés (autoridades que deambulan, sin la debida carencia, entre el sector público y los directorios de las grandes empresas, por ejemplo), aportes electorales indebidos, venta de recursos naturales a vil precio y contratos de honorarios truchos o impertinentes.

¿Hay corrupción en Chile? Al parecer, sí. Sin embargo, ésa no es la pregunta pertinente. Lo que corresponde preguntarse es si nuestros sistemas y controles son los adecuados para combatir la aparición y la permanencia de ese flagelo. Y, para nuestra desgracia, la respuesta es negativa. NO lo son. Peor que eso, podríamos decir que, en algunos casos, las favorecen.

Correspondería, por consiguiente, tomar medidas al respecto. ¿Qué tipo de medidas? Aquéllas que tiendan a minimizar (ya que eliminar es casi imposible) la probabilidad de que ocurran casos de corrupción que afecten a nuestro sistema público.

¿De qué tipo de medidas estamos hablando? De las conocidas, de las mismas que han aplicado en aquellos países que se han embarcado en un combate en serio contra el flagelo. Si en esto no hay nada nuevo bajo el sol. Si nuestros anteriores gobiernos, incluido el saliente de Piñera, hubiesen querido atacar la corrupción a fondo, habrían podido hacerlo muy fácilmente. Ni siquiera habrían tenido que invertir en costosas asesorías (pagadas con jugosos honorarios, por cierto) para ello. La experiencia mundial es archiconocida, y está fácilmente disponible para quien desee acceder a ella.

Lo primero, es reducir al mínimo los cargos públicos de asignación política. Hoy, son más de mil, pero no deberían superar la cincuentena (sin considerar los asesores). Los ministros y subsecretarios, y pare de contar. Los jefes de División y de los Servicios Públicos, al igual que los Seremis, deberían generarse por medio de la carrera funcionaria. Los intendentes, deberían ser elegidos por la ciudadanía. Los gerentes de empresas públicas, por medio de selecciones dentro del universo de la administración pública y de las plantas de las mismas empresas. Los embajadores y agregados de lo que sea, deberían ser funcionarios de carrera, especialistas en los temas que deben manejar. Todos los jueces deberían ser funcionarios de Poder Judicial. Una de las medidas básicas contra la corrupción, es generar una carrera funcionaria de verdad, que finalice en los niveles más altos del aparato público. Es la forma apropiada de reducir al máximo los conflictos de interés. ¿Usted quiere ser Director de Serviu? Ningún problema, pero antes haga la correspondiente carrera funcionaria. ¿Usted quiere ser embajador o miembro de la Corte Suprema? Lo mismo. Si usted optó por laborar en el sector privado y le va bien en él, quédese ahí. Ése es el lugar que le conviene y le corresponde.

En segundo lugar, están las carencias, vale decir, los lapsos que deben respetarse para transitar desde los directorios y altas gerencias de las empresas privadas, hacia los ministerios y subsecretarías. Hay que discutirlos, definirlos, implementarlos y respetarlos. No puede ser que un señor que ocupa una gerencia de una empresa auditora, pase de la noche a la mañana a desempeñarse como Director del SII, por ejemplo (o como ministro de Hacienda, si el cargo anterior pasa a llenarse con alguien que proviene del mismo Servicio).

En tercer lugar, está el tema de los honorarios. Eliminarlos es poco factible, pero deberían restringirse al máximo. Las cifras que hoy se manejan el respecto, son inadmisibles. Según la Dipres, a fines del 2012 trabajaban a honorarios para el Estado 33.185 personas, de las cuales 20.397 lo hacían en jornada completa. Más de veinte mil personas trabajando a jornada completa sin un contrato de trabajo de respaldo (y sin imposiciones, desde luego). Increíble, ¿verdad? Pero más increíble resulta saber que un alto porcentaje de esas personas pueden estar allí como consecuencia de retribuciones por favores políticos. Al respecto, actualmente no hay ninguna, pero ninguna, restricción en nuestra normativa. Tampoco controles. Quienes ocupan cargos de jefatura pueden hacer lo que quieran en la materia. Es, por consiguiente, un enorme foco de posible corrupción.

En cuarto lugar, hay que maximizar la transparencia y, más que permitir o favorecer, fomentar el control ciudadano. Los funcionarios públicos deben estar sujetos a fiscalización popular, en especial los que ocupan altos cargos. Si su situación bancaria o comercial varía bruscamente, para bien o para mal, deberíamos saberlo. Nadie que sea funcionario público o candidato a serlo, debería tener bienes no declarados en las Islas Vírgenes, por ejemplo. Además, todas las transacciones deben estar reguladas al máximo, y deben ser ventiladas a ultranza. Ningún funcionario público, sea cual fuere su investidura, debe estar facultado para violar, por la razón que fuere, un determinado procedimiento. La información para controlar la gestión pública debe ser de fácil acceso y adaptada para trabajarla con facilidad. No puede ser que si uno busca datos respecto de cuánto gasta el Estado en honorarios, éstos no existan. Es inaceptable de la Dipres elabore un informe de recursos humanos, y sólo se refiera en él a las cantidades, omitiendo olímpicamente los montos. Es intolerable que los informes de honorarios de los distintos ministerios no se entreguen en planillas financieras, para poder trabajar con ellos. Si uno fuera mal pensado, podría creer que en el tema de honorarios hay toda una estrategia para dificultar la fiscalización.

En quinto lugar, hay que eliminar los eventuales focos de ganancias excesivas originados por la normativa. Las notarías, por ejemplo, deberían reemplazarse por un sistema público, asociado al Registro Civil o a algún otro que se considere apropiado. Los Conservadores deberían reemplazarse por un sistema que contemple la generación y mantención de la base de datos, por una parte (que debería ser un servicio público) y su explotación comercial, abierta a todo quien reúna los requisitos. Así, habrían decenas, o cientos, de empresas donde uno podría obtener, por ejemplo, una copia de una inscripción o un certificado específico (lo que hay al respecto, en pleno siglo XXI, es, aparte de arcaico, demasiado vergonzoso; ¿cómo puede ser que se siga tolerando?). Lo anterior también vale, desde luego, para el archivo judicial.

En sexto lugar, deben endurecerse las sanciones. Nadie que meta las manos en el erario público, o saque provecho indebido de su cargo, puede seguir prestando servicios al Estado. Nunca más. Si alguien, por cualquier razón (porque creyó que se podía, o porque todos lo hacen, o lo que sea), incurre en una conducta de este tipo, debe ser sancionado de inmediato y a perpetuidad, sin perjuicio de las penas que le aplique la justicia. Según este criterio, por cierto, varios de nuestros funcionarios públicos no deberían estar desempeñando sus actuales cargos.

En séptimo lugar, hay que incentivar al máximo la denuncia ciudadana. Pagarla, incluso. Dentro de las clases de Educación Cívica (entiendo que la Nueva Mayoría proyecta reponer este ramo, en carácter de obligatorio, en los futuros programas educacionales), se debería estimular este tipo de conducta. También en todas las instancias de capacitación que se efectúan a los funcionarios públicos. Si alguien ve algo raro, anómalo, se debe sentir con la obligación de denunciarlo. El aprovecharse del erario público debería ser reconocido por todos, como un acto delictual que no puede tolerarse, y sus autores, como lo que son: vulgares delincuentes.

Usted puede, estimado lector, seguir enumerando. Hay muchas medidas adicionales que pueden implementarse, y estoy seguro que usted conoce más de alguna. ¿Se da cuenta de que si se quisiera combatir la corrupción, no es tan complejo hacerlo? El punto es que hay que querer, hay que atreverse, hay que pisar callos y afectar los intereses de quienes manejan cuotas importantes de poder (a las que no querrán renunciar, desde luego).

Para combatir la corrupción, hay que tener coraje. ¿Lo tendrá Michelle Bachelet?                                


domingo, 16 de febrero de 2014

Las "Becas Piñera"

Si alguien quisiera defraudar al Estado —aunque usted no lo crea, hay personas que se dedican a cometer ese tipo de fechorías— podría intentarlo (normalmente con buenos resultados) por varias vías: facturas falsas, contratos truchos, sobreprecios en bienes y servicios (muy usado en el pasado), sobresueldos (alguna vez se utilizó con la connivencia de todo nuestro sistema político), venta de bienes fiscales (desde bienes raíces, empresas públicas y recursos naturales, hasta chatarra) a vil precio y un largo etcétera (la imaginación del ser humano, en este tipo de materias, es desbordante). Una de las más sencillas de usar, sin embargo, es la de los honorarios.

El mecanismo es simple: año a año, el Congreso autoriza, dentro del presupuesto de la nación y para cada repartición estatal, un monto destinado a “gastos de personal”. Es una cifra global y se aprueba como tal. En parte alguna se cuestiona su composición (cuánto se destina a remuneraciones y cuánto a honorarios) ni su pertinencia (¿corresponde el monto, o es excesivo?; ¿cómo se compatibiliza con los objetivos y las funciones del organismo?). Después, es cuestión de gastar, de hacer uso durante el período presupuestario, de todo el monto aprobado (es importante gastarlo todo, que no quede una chaucha, pues de lo contrario, la partida podría ser cuestionada en el presupuesto siguiente).

Si las cifras disponibles por esta vía resultan muy escuetas, el interesado puede recurrir a los programas gubernamentales. Éstos también se aprueban en forma global, y poseen la singular característica de que no están sujetos a evaluación sistemática, por lo que no hay que rendirle cuentas a nadie (ni nadie está preocupado de ello, tampoco) de si se están cumpliendo o no los objetivos estipulados en ellos, ni de cómo se está gastando el monto destinado para su ejecución. Y, por cierto, parte de él puede destinarse al pago de honorarios.

Entonces, si ese “alguien” quiere pagar favores políticos o favorecer a algún correligionario en apuros, simplemente lo contrata a honorarios (la solidaridad, se dice, es propia de almas nobles; la que se efectúa con recursos ajenos, no obstante, es propia de sinvergüenzas).

Si la hace bien, no debería tener problema alguno. La Contraloría no tiene atribuciones para cuestionar la pertinencia del gasto (eso es función del Congreso). Su intervención se limita a comprobar que exista el ítem correspondiente, y que se cumplan las formalidades establecidas en la norma. Si eso está OK, el gasto pasa colado. Salvo, por supuesto, que alguien lo detecte revisando las páginas de transparencia, en cuyo caso habrá un escándalo de tono menor, que ambos conglomerados (porque a los dos les conviene el sistemita) se encargarán de sepultar prontamente (sin comprometer, por cierto, el pago correspondiente).

La denominada (por Gabriel Silber, diputado de la nación) “beca Piñera” (y las anteriores “becas Frei, Lagos y Bachelet”), que consistiría en usar la caja fiscal para apuntalar a candidatos oficialistas que se presentaron a procesos eleccionarios y fueron derrotados, tiene que ver exactamente con esto. Se trata de gastos que se efectúan dentro del marco legal, que no deberían ser objetados por la Contraloría (salvo que no existiese el ítem para pagarlos, o que las formalidades legales que debe cumplir el contrato no se hubiesen verificado, como ya dijimos), pero cuya pertinencia, oportunidad y conveniencia para el país son, a lo menos, objetables.

Porque es cosa de efectuar un recorrido somero por los casos detectados (¿cuántos más existirán sin detectar aún?), para que las interrogantes surjan a borbotones. Pasaré revista sólo a algunas que nacen del más mediático de ellos: el de la asesoría que Pablo Zalaquett está brindando al Minsal, cuyos objetivos están publicados en la página de transparencia de dicho organismo. (usted puede repetirse las mismas preguntas, y muchas otras, respecto de los restantes casos). ¿Es indispensable para el país la asesoría de Pablo Zalaquett ? ¿Obedece ella a que el citado Ministerio no tiene vínculos con su entorno? Y si no los tiene (raro, ¿verdad?, después de tantas décadas de existencia), ¿ningún funcionario de su dotación habitual está capacitado para establecerlos? ¿Son todos los actuales funcionarios menos capaces (o más incapaces), en ese ámbito, que el señor Zalaquett? ¿Ninguno de los actuales funcionarios de planta, contrata o a honorarios del Ministerio tiene dentro de sus funciones el establecimiento y mantención de los citados vínculos? ¿De qué tipo de vínculos específicos estamos hablando? El Minsal, ¿no mantiene actualmente relaciones positivas con su entorno? ¿A qué se denomina “relaciones positivas”? ¿Qué es, específicamente, lo que se pretende corregir con el aporte del señor Zalaquett? ¿Y por qué se está haciendo a dos meses de salir del Gobierno y no se efectuó con anterioridad? ¿No se requería antes? ¿Por qué? ¿Hubo otro funcionario que se encargó de ello en el pasado? Y si fue así, ¿quién era ese funcionario y por qué no sigue desempeñando esa función?

No sé a usted, pero a mí me parece que “algo huele muy mal en Pantanal”, y no me refiero específicamente al caso Zalaquett o a los demás detectados (que, por cierto, no huelen precisamente a perfume). La que huele mal, la que adolece de una hediondez intolerable, es la institución completa de los contratos a honorarios.

¿De qué cifras estamos hablando? Según especifica la Dipres en un informe denominado Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2003-2012 (http://www.dipres.gob.cl/594/articles-110726_doc_pdf.pdf) —informe que, contra toda lógica, sólo detalla cantidades y no montos (¿será que para la Dipres, los cuadros con el detalle de los montos pagados por concepto de remuneraciones no califican como estadísticas de recursos humanos?)— al 31 de diciembre de 2012 había 33.185 personas contratadas a honorarios, de las cuales, 20.397 lo estaban a jornada completa y 12.788, a jornada parcial o sin jornda.

Le repito la cifra para que la internalice como corresponde: 20.397 personas trabajando a jornada completa a honorarios, y 12.788 a jornada parcial o sin jornada. ¿Qué le parece? 

¿Y cuál es la norma que permite la existencia de tan abultadas cantidades de contratos a honorarios? ¿La que autoriza esta, a todas luces, cuestionable forma de contratar? Es el artículo 10 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834). Dice lo siguiente:

“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

El primer párrafo autoriza los contratos de honorarios "cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la institución". Desde luego, por tal vía es imposible defender la existencia de 20.397 personas en el sistema público, trabajando a honorarios en jornada completa. Si alguien llegara a plantear una cosa así, todos pensaríamos que está bromeando. Y no corresponde bromear respecto de este asunto, ¿verdad?. Es demasiado serio.

Sin embargo, está el segundo párrafo para remediar lo anterior. Éste le permite a cualquier autoridad que disponga de las facultades correspondientes, contratar a honorarios prácticamente a cualquier persona para desempeñar cualquier cargo, no importando si éste es o no necesario para el adecuado funcionamiento de la institución. Sólo es relevante, al respecto, su criterio. O su antojo. O su espíritu de cuerpo. No se establecen restricciones de ningún tipo, salvo las presupuestarias. Tampoco normas de supervisión ni de evaluación. Menos aún, un sistema de control. Es como “llegar y llevar”; el Sin City de la administración pública; la instancia donde uno puede hacer lo que estime pertinente, sin rendirle cuentas a nadie.

Esta forma de contratación que se aplica a un alto porcentaje de los funcionarios públicos, está además en abierta contradicción con lo establecido en el Código del Trabajo (no pueden existir contratos de honorarios en jornada completa). Así, en este ámbito, el Estado actúa como el peor de los empleadores, al mejor estilo del padre Gatica.

Resulta bastante evidente que una autoridad preocupada del tema de la corrupción, se habría ido “de hacha” en contra de tan peculiar sistema. Tal como está, no debería existir ni un día más. Es una bolsa negra que debería ser extirpada de nuestro ordenamiento. Como un panal a disposición de las abejas corruptas. Los honorarios deberían ser una excepción en nuestro Estado; deberían estar sujetos a las mayores restricciones, a los más fuertes controles, al más feroz escrutinio público.

Sin embargo, estamos muy lejos de eso. Por el contrario, durante casi 25 años hemos convivido con una suerte de Far West; un territorio fuera del alcance de la ley y del orden. Entonces, si yo le planteara que, en nuestro sistema público, ésta parece ser la gran caja pagadora de favores políticos, ¿qué me diría usted? ¿Estaría de acuerdo? Espero su pronunciamiento.

miércoles, 12 de febrero de 2014

El caso Peirano y el principio de autoridad

Desde los albores de la República, la política chilena se ha caracterizado por la nula, o casi nula, participación ciudadana. Pese a que, en teoría, ésta se ha ido profundizando (hoy gran parte de nuestras autoridades se generan por sufragio popular), en la práctica siguen siendo las cúpulas, los grupos de poder, quienes toman las decisiones. Y hasta hoy lo han hecho sin considerar para nada (o para casi nada; depende de si se está cerca del período eleccionario o no), la opinión de sus “mandantes”.

La justificación de semejante proceder es, valga la redundancia, el convencimiento de que “la autoridad (esto es, el poder) radica en las autoridades”, y que los procesos eleccionarios son sólo accidentes; meras interrupciones que —tal como las inundaciones provocadas por los temporales en el invierno— revuelven el escenario político, cierto (nada para preocuparse mucho, en todo caso,) pero sólo por un rato. Una vez que transcurren, todo vuelve a la normalidad.

Algunos teóricos, basados en ese modo de proceder, han llegado incluso a acuñar la expresión “principio de autoridad”. Según este notable aporte filosófico, las autoridades poseen atribuciones que obligan a la ciudadanía,  sólo por el hecho de provenir de ellas, a acatar sus decisiones. Que sean debatibles, cuestionables, equivocadas o, incluso, rayanas en lo delictual, da lo mismo. De acuerdo con este profundo concepto, si el poder no se ejerce, se deslegitima quien lo detenta. Es como el paso previo a esa joya de “autoridad que no abusa, pierde prestigio”.

Ejemplos de esta innoble relación “autoridades – ciudadanía”, donde las primeras pueden hacer lo que estimen conveniente sin que las segundas tengan pito que tocar, hay bastantes. Demasiados, diría yo. Durante las pasadas décadas, por ejemplo, la coalición gobernante se puso de acuerdo para llevarse el Estado para la casa. Dentro de lo que se detectó (que, normalmente, es sólo un pequeño porcentaje de lo realmente ocurrido), figuran facturas falsas, rendiciones cuestionadas, contratos pagados pero que nunca se cumplieron, boletas de honorarios truchas, jugosas comisiones por compras públicas, mega indemnizaciones, sobreprecios y un largo etcétera. Se usó, posiblemente, la gran mayoría de los métodos inventados por el hombre para defraudar a las organizaciones. Y con gran éxito, habría que decir. La pasividad ciudadana, unida a un sistema que permite (más bien, fomenta) el abuso masivo, consiguió que ello ocurriera prácticamente sin que hubiese sanciones. Los infractores salvaron, en su gran mayoría, indemnes, pudiendo incluso retomar sin inconvenientes sus carreras políticas.

La perla de esta forma de operar fue el denominado caso “sobresueldos”, donde durante un largo período la mayoría de los más altos funcionarios de la administración de Ricardo Lagos (no digo “todos” por si hubiese alguno que, por la razón que fuere, haya decidido exceptuarse de incurrir en esa vergonzosa práctica) recibieron en forma ilegal (no me venga a decir que no sabían que era ilegal) sobres con jugosas remuneraciones extras, pagadas en efectivo. Y la comprobación fehaciente de que las autoridades se consideran a sí mismas con el derecho de hacer lo que estimen pertinente, provino del desenlace de ese caso: un acuerdo espurio entre la coalición gobernante y la oposición de entonces (nunca se supo cuál fue la moneda de cambio, pero a mí me huele que el FUT tuvo algo que ver) que impidió investigar como corresponde el ilícito, validó los sobresueldos (mejorando, de paso, las rentas parlamentarias), y fijó prescripciones ad-hoc, para hacer imposibles las sanciones. Algo parecido a la ley de amnistía, pero en el terreno de la rapiña y de la sinvergüenzura. El broche de oro de este verdadero atraco a las arcas fiscales, se vivió cuando el Director del SII de entonces emitió un dictamen señalando que los sobresueldos NO constituían renta, y todos agacharon la cabeza. ¿Recuerda usted alguna actuación pública más vergonzosa que esa? Yo no.

Pero la comprobación más evidente de que nuestras autoridades se creen con el derecho de hacer lo que estimen pertinente, sin tener que rendirle cuentas a la ciudadanía, está en el Congreso. Ahí sobran ejemplos de parlamentarios electos o que han seguido ejerciendo a pesar de sus yayas. Sin pretender elaborar una lista exhaustiva ni mucho menos, puedo mencionar en dicho caso a Guido Girardi, Claudia Nogueira, Pedro Velásquez, Marta Isasi y René Alinco. No cabe duda que en otras sociedades más exigentes con sus funcionarios que la nuestra, sus carreras políticas ya habrían llegado a su fin.

El actual gobierno no está ajeno a esta forma de proceder. A los considerables conflictos de intereses, iniciativas privatizadoras varias (litio, fauna marina), condonaciones y yerbas por el estilo, hay que agregar el uso de los contratos de honorarios para favorecer a correligionarios desempleados, detectado con los candidatos perdedores de las últimas elecciones, pero usado en quién sabe cuántos casos más. Por cierto, los gobiernos anteriores no están exentos de culpa respecto de esta última práctica.

Como todos muy bien sabemos, sin embargo, esta forma de pensar es profundamente equivocada. La autoridad no reside en las autoridades, sino en los ciudadanos. Vivimos, como tanto se nos refriega periódicamente, en una democracia, concepto que, etimológicamente, suele traducirse como “gobierno del pueblo”. Éste es, entonces (en estricta teoría, al menos), quien detenta el poder.

Es por esa razón que a nuestras autoridades políticas se les denomina “mandatarios”, esto es, personas que han recibido un mandato ciudadano para ejercer, según lo estipulado en éste, sus cargos funcionarios. Y es por esto, también, que al presidente se le denomina “primer mandatario”, vale decir “el primero de los mandatados por la ciudadanía para ejercer su cargo según lo establecido en su mandato”.

No es mi intención extenderme en este punto, que da para una lata discusión, sino resaltar un hecho muy reciente que, a mi juicio, es de primerísima importancia: Chile está cambiando. Y está cambiando para bien.
No cabe duda. Esa apatía, esa suerte de resignación con la que aceptábamos que nuestras autoridades hicieran y deshicieran en nuestro sistema público, está comenzando a batirse en retirada. Lenta, pero consistentemente, en un proceso para el que nuestros políticos no están preparados, pero que parece ser irreversible.

La reciente caída de Claudia Peirano del cargo de Subsecretaria de Educación —sumada a las otras que se producirán en las próximas horas—, como consecuencia de la presión ciudadana, es una clara muestra de ello. Tal situación no habría ocurrido hace cuatro años. Estas designaciones, como varias que se hicieron en el gobierno de Piñera, habrían pasado coladas

El 2011 es un año que figurará, seguramente, en un lugar destacado de nuestra historia. En él se situó el punto de partida: los primeros esbozos de una ciudadanía más comprometida con la actuación pública, y más dispuesta a exigir a sus mandatarios el cumplimiento de su mandato. El caso Peirano es la evidencia de que el proceso sigue. Es aún una leve brisa, lo sé, pero los grandes vendavales también se inician así: son leves brisas al comienzo, pero una vez que agarran fuerza, hay que afirmarse.


Se los anticipo, señores políticos: el vendaval viene. ¿Qué harán al respecto?

domingo, 9 de febrero de 2014

Las mentiras del FUT

¿Qué ocurre si usted descubre que lo han estado engañando durante 30 años, diciéndole que un sistema tributario tiene determinadas virtudes cuando, si usted lo analiza con cierto detalle, realmente no las tiene? ¿Qué opinaría usted de ese sistema? ¿Y de quienes le han mentido? Sería grave, ¿verdad? Como para pensar mal.

Pues bien, lo invito a analizar una por una las supuestas virtudes (son nada más que dos, no se asuste) del sistema de impuesto a la renta vigente (conocido popularmente como FUT); aquellas mágicas cualidades que lo convierten, según sus partidarios y defensores, en un verdadero paradigma a nivel mundial (le destaco que ningún país desarrollado, en tres décadas, siquiera ha pensado en considerar este paradigma como alternativa a su propio sistema; ¿se imagina que todos los modelos fuesen iguales, que nadie estuviese interesado en copiarlos?).

Antes de hacer el ejercicio señalado, me permitiré aclarar un error conceptual muy extendido, según he constatado leyendo lo que se ha escrito al respecto: el FUT no se origina con el hecho de que los empresarios e inversionistas tributen sólo sobre las utilidades retiradas y no sobre las devengadas. Eso es falso, de falsedad absoluta. El verdadero origen del FUT, es el “sistema de impuestos integrados” que nos rige, aquél donde los impuestos que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino meros anticipos de los impuestos personales de sus propietarios.

Probar esto es muy fácil. Basta con ponerse en el caso de que el “sistema de impuestos integrados” no existiese, y que los impuestos pagados por las empresas fuesen de beneficio fiscal. Si eso fuese así, no existiría el registro, pues no habría nada que registrar en él. El FUT existe porque allí deben registrarse los anticipos (esto es, los impuestos de primera categoría pagados por las empresas) para su posterior liquidación al momento de determinar el global complementario. Si no hay anticipos, ¿qué va registrar usted en el FUT?

Si usted quiere verlo con otro prisma, puede suponer que los empresarios e inversionistas deberán pagar impuestos por las utilidades devengadas, pero se mantendrá el “sistema de impuestos integrados” (que es la propuesta de la Nueva Mayoría). En tal caso, dado que los impuestos pagados por las empresas siguen siendo anticipos a liquidar (contra el global complementario), deben registrarse en alguna parte, ¿verdad? No hay alternativa. Pues bien, ese registro, aunque usted le cambie de nombre, seguirá siendo el viejo y desprestigiado FUT.

La verdad es que resulta muy fácil determinar si una propuesta acaba o no con el FUT. Basta con hacerse la pregunta pertinente: ¿son los impuestos pagados por las empresas, anticipos de los impuestos personales de los empresarios? Si la respuesta es positiva, el FUT sigue existiendo; si es negativa, se le ha dado el bajo por fin. Hágala, estimado lector, frente a la propuesta tributaria de la Nueva Mayoría. Es un buen detector de mentiras, Si la hace, comprobará que con ella, por mucho que lo certifiquen sus autores, NO se termina con el FUT.  Sostener lo contrario es una falsedad; un error si quienes lo afirman desconocen el tema, y una mentira, si lo conocen y, pese a ello, continúan con sus afirmaciones.

En consecuencia, si usted quiere eliminar el FUT, la única forma de hacerlo (y la que hay que utilizar, por cierto) es eliminando el absurdo e inmoral “sistema integrado de impuesto a la renta”, que nos rige desde hace 30 años. ¿Cómo? Suprimiendo la condición de anticipo del impuesto de primera categoría y haciéndolo de beneficio fiscal. Es decir, haciendo retornar la justicia y la cordura a nuestro sistema tributario.

¿Le quedó claro? ¿Sí? Qué bueno. Volvamos entonces a nuestro análisis.

La primera (y única, habría que decir) cualidad que se le proclama al FUT, es que, supuestamente, favorece a la inversión. No está clara la forma en que lo hace, pero podríamos suponer que sería porque, al hacer tributables por el global complementario sólo las utilidades retiradas por los empresarios e inversionistas (mecanismo quecomparto), fomenta la reinversión. En principio, ello es correcto, pero se daría exactamente igual si el FUT no existiese.

En efecto, en un escenario donde el impuesto de primera categoría es de beneficio fiscal y los empresarios e inversionistas tributan sólo sobre las utilidades retiradas —escenario donde no existe el FUT, como ya dijimos—, se favorece igualmente la reinversión. Desde el punto de vista de las empresas con chimenea (las que realmente producen bienes y servicios), los dos sistemas dan exactamente los mismo. Todas ellas, sean grandes medianas o pequeñas, pagan en ambos casos lo mismo: un 20% de impuesto de primera categoría. Podríamos decir, incluso, que el sistema sin FUT favorece más aún la reinversión, ya que obliga a los empresarios, al no disponer del crédito por primera categoría, a pagar de su propio bolsillo sus impuestos personales, con lo que menos ganas aún tendrán de retirar sus utilidades. Y deberíamos concluir entonces que la supuesta virtud no es tal, sino más bien un defecto.

Demás está decir que toda esa faramalla que difunden los supuestos expertos en el tema, de que la existencia del FUT favorece a las mipymes y blablablá, son puras falsedades. Si usted elimina el FUT, no existe efecto alguno sobre las empresas. Los únicos que se ven afectados son los empresarios.

La segunda razón (no cualidad) que se esgrime para mantener el FUT (y la única que apunta a su verdadera naturaleza) es que el sistema de impuestos integrados a la renta “evitaría la doble tributación”. Es, por cierto, una mentira del tamaño de un trasatlántico. No existe ningún tratado de administración de empresas, por básico o elemental que sea, que sostenga que empresarios y empresas son lo mismo. Peor que eso, todos, pero absolutamente todos, sostienen exactamente lo contrario: que es un error garrafal confundir empresas con empresarios, que son entes distintos y, como tales, deben enfrentar sus compromisos en forma separada.

La otra falacia que esgrimen estos expertos tributarios para respaldar su mentira de la doble tributación, es que la utilidad antes de impuestos es, en su totalidad, propiedad de los empresarios e inversionistas. Como bien lo han considerado los sistemas tributarios de todos los países desarrollados (¿no le llama eso la atención, estimado lector?), eso no es así, porque para determinar la utilidad que es de propiedad de empresarios e inversionistas, de forma previa se le debe rebajar el pago que deben efectuar las empresas por el gigantesco volumen de servicios que reciben de parte del Estado.

En todos los países desarrollados, el impuesto a la renta que pagan las empresas tiene ese carácter: es un gasto necesario para generar la renta, tal como los servicios financieros, los fletes, las comunicaciones, el aseo, el agua, la electricidad, la publicidad. Y le aseguro que los bancos jamás aceptarán que los intereses que pagaron las empresas por sus créditos, puedan ser rebajados de los que deben pagar los empresarios e inversionistas por los suyos propios. Menos aún que puedan solicitar devoluciones de intereses pagados, en algunos casos. Y menos todavía que se pretenda usar un sistema de “intereses integrados”, donde los intereses pagados por las empresas no pertenezcan a los bancos sino que sean anticipos de los intereses personales de los empresarios. Y tampoco, créame, lo aceptarán los proveedores de los otros servicios mencionados. Y si estos proveedores de servicios no están (justificadamente, por cierto) dispuestos a tolerar tamaña barbaridad, ¿por qué tiene que hacerlo el proveedor de los servicios públicos? ¿Por qué tiene que hacerlo el Estado? ¿No le parece aberrante, estimado lector? La estricta verdad es que este sistema de “impuestos integrados” es un sistema donde entre todos subsidiamos los consumos de servicios públicos que efectúan las empresas, para que éstas paguen los impuestos de los empresarios, para que, a su vez, éstos no paguen impuestos. ¡Qué horror!, ¿verdad?

Ése, estimado lector, es el sistema de impuesto a la renta que tenemos: un sistema aberrante, que perjudica a la gran mayoría de la población para favorecer a un grupo claramente minoritario. Y un sistema, además, que está respaldado con puras mentiras. Y no pequeñas mentiras, sino mentiras gigantescas, brutales, inadmisibles.

La Nueva Mayoría pretende mantener las bases de este espurio sistema, los famosos “impuestos integrados”. ¿Se lo vamos a permitir? ¿Vamos a seguir aceptando que nos mientan de manera descarada por cuatro años más? ¿Treinta años no son suficientes?


Yo opino que ya está bueno. Si nos siguen metiendo el dedo en la boca, vamos a llegar a la altura del tórax. Y a punta de puras mentiras. Dígame la verdad, estimado lector, ¿no supera eso su capacidad de tolerancia?

miércoles, 5 de febrero de 2014

¿Cuáles son las causas de la desigualdad?

No se ha inventado un método más apropiado para combatir un problema específico, hasta la fecha, que atacar las causas que lo producen. En ninguno de los múltiples ámbitos donde se desarrolla la vida humana. Podríamos decir de hecho, y sin temor a equivocarnos, que es el único mecanismo que funciona; que cualquiera que sea la circunstancia en que el mencionado problema se desencadene, su solución definitiva pasa por corregir aquello que lo origina.

Con la excesiva desigualdad (que, aunque algunos sostengan lo contrario, es un grave problema social) ocurre lo mismo. Si usted pretende solucionarla tiene que, obligadamente, intervenir los factores que la generan. Y, no faltaba más, para ello debe primero identificarlos.

Veamos, entonces: ¿cuáles son las causas de la desigualdad?

Ya que no están disponibles donde deberían hallarse (si el tema en verdad se considerase relevante, tendrían que estar profusamente detalladas y analizadas en las webs gubernamentales y en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría), permítame exponerle las que he recogido después de investigar y reflexionar al respecto.

La primera, sin duda, son las diferencias individuales. En este complejo mundo, la posibilidad de que existan dos personas exactamente iguales, es casi nula. Ni siquiera los gemelos, nacidos del mismo óvulo fecundado, lo son. Todos somos distintos y, naturaleza mediante, eso no tiene vuelta. Y resulta evidente que algunas personas —como Usaín Bolt, Lionel Messi, Shelly-Ann Fraser, Isabel Allende, J.K. Rowling, Juan Diego Flórez, Robert Plant, Cristina Aguilera y Stephen Hawking, por nombrar algunos—, tienen ventajas de fábrica (musculatura, contextura, coordinación nerviosa, imaginación, creatividad, voz, coeficiente intelectual, etc.) que les permiten destacarse con nitidez sobre el resto de los mortales, en los ámbitos donde se desenvuelven profesionalmente.

La segunda, muy relacionada con la primera (por eso de, ¿el ser humano nace o se hace?), es la personalidad, esto es, el conjunto de motivaciones, sentimientos, valores, principios, actitudes, hábitos y preferencias que hacen de cada humano, un ser único e irrepetible. Personas físicamente muy parecidas, gemelos incluso, podrían arribar a destinos muy distintos en la vida, dependiendo de dichas características. Si alguien es optimista y esforzado, por ejemplo, tendrá más posibilidades de éxito que si es pesimista y flojo.

La tercera, son las capacidades. Éstas son las habilidades, destrezas y conocimientos que uno adquiere, por medio de la experiencia, la educación y la capacitación, a lo largo de su existencia. Son el contenido del envase; las herramientas con las que uno enfrenta este difícil tránsito por la vida. Y resulta evidente que un médico especialista y un ingeniero civil están mejor equipados para efectuarlo, que un albañil y un recogedor de basura.

Una cuarta causa, muy poco incidente en términos relativos, es la oportunidad. Puede ser en sentido positivo, si usted se ganó el loto o estaba donde tenía que estar en el preciso momento en que Farkas lanzó un par de millones al aire; y también en sentido negativo, si tuvo un accidente, una enfermedad limitante, o le sacaron una foto cuando iba entrando a un motel (sin la grata compañía de su cónyuge, por cierto) y luego la difundieron por internet.

Éstas, estimado lector, son las causales insoslayables de la desigualdad. Son las que, haga usted lo que haga, siempre estarán presentes en una sociedad. En mayor o menor grado. Tome uno las medidas que tome para reducir el flagelo, Usaín Bolt seguirá corriendo más rápido, Juan Diego Flórez cantando más hermoso, y Stephen Hawking, comprendiendo mejor los misterios de la física; habrá más optimistas que derrotistas exitosos; los médicos e ingenieros estarán mejor remunerados que los albañiles y los recogedores de basura; y los ganadores del loto, disfrutarán a concho su recién adquirida fortuna.

Sin embargo, ellas explican solamente una parte de la desigualdad que existe en una sociedad. Hay, evidentemente, otras causales. Si así no fuese, todos los países del mundo tendrían niveles de desigualdad similares (salvo que aceptásemos como válidas ciertas teorías nazis, que hablan de superioridad racial, o neoliberales, que postulan que los pobres son todos unos flojos de remate que cargan con las inexcusables consecuencias de sus propias miserias). El tema es en extremo pertinente, pues es ésa desigualdad, la que obedece a causales distintas a las descritas, la que puede intervenirse con mayor facilidad (si existe la decisión de hacerlo, desde luego), obteniendo  logros más relevantes y a menor plazo. La otra, la originada por las causales insoslayables, sólo puede ser mejorada en el largo plazo, interviniendo para ello los sistemas de educación y capacitación, el entorno que rodea a las familias y, en ciertos casos, las familias mismas (hay aquí, por cierto, mucho paño que cortar).

Es en extremo relevante, entonces, conocer qué parte de la desigualdad de un país está explicada por las causales insoslayables, y cuál obedece a otras distintas de éstas. Es, podríamos decir, una cuestión trascendental.

Para responderla, me permitiré usar la relación interdecil como unidad de medida de la desigualdad. Se la define como el coeficiente entre el porcentaje del ingreso nacional percibido por el décimo decil (el mejor remunerado) y el que recibe el primero (el peor remunerado). Los datos correspondientes están publicados en la web del Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.DST.10TH.10 y http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.DST.FRST.10, respectivamente).

La relación interdecil de Chile, según las cifras indicadas, ascendería a 28. Parece haber consenso entre los entendidos, sin embargo, de que dicha cifra está subestimada; que la real es mucho mayor (¿hay alguna duda de que en nuestro país, los segmentos de mayores ingresos ocultan parte de los mismos por razones impositivas?). Pese a ello, y al no haber otra confiable, la utilizaremos en nuestro análisis.

La misma relación en los países desarrollados, es de sólo un dígito (Suecia y Noruega, 6; Alemania y Austria, 7; Suiza y Francia, 9). En otros, menos avanzados en materia social, está entre 10 y 15 (España, 10; Australia y Nueva Zelandia, 13). En Uruguay, líder en la materia en Sudamérica, es 18.

Ahora bien, dado que los países desarrollados se han preocupado explícitamente de reducir la desigualdad al mínimo —ellos analizan cada política e iniciativa legal que pretenden implementar, desde el punto de vista del impacto que tendrá en dicho ámbito—, uno debería esperar que sus relaciones interdeciles fuesen resultado casi exclusivo de las causales insoslayables. Así, una relación interdecil de 10 parece ser, entonces, una buena aproximación del nivel de desigualdad que se explicaría como consecuencia de ellas.

Podemos concluir, entonces, que nuestra relación interdecil está conformada por dos sub-relaciones de orígenes diferentes (y que, por ello, deben ser enfrentadas de manera distinta): la generada por las causales insoslayables (10, como ya dijimos), a la que llamaremos “desigualdad estructural”, y la que corresponde a la diferencia de ésta con la relación real, que posee causales de otra naturaleza, y que llamaremos “inequidad”.

Tenemos, pues, nuestra quinta causa, la que no obedece a factores insoslayables; la que se puede (se debe) combatir y reducir rápidamente, si alguien se atreve a enfrentarla: la inequidad. ¿Qué es la inequidad, entonces? Es la parte de la desigualdad de un país, que está originada por causas no estructurales (o insoslayables, como prefiera). ¿Cómo se mide? Es la diferencia entre la relación interdecil de un país y la “desigualdad estructural” (en el caso de Chile, sería 18). ¿Y cuáles son esas otras causales no estructurales? Pues, estimado lector, en mi humilde apreciación personal no son varias, sino una sola: la asimetría del poder.

La historia es drástica al respecto. Nos muestra que siempre, sea cual fuere el escenario, cuando alguien concentra el poder, lo utiliza en beneficio propio. Inevitablemente. Desde que el mundo es mundo. Aquí y en el Golfo del Maní. Revise los anales y lo comprobará. Están llenos de ejemplos ilustrativos al respecto: los grandes imperios de la antigüedad, los reinos absolutistas, los campos algodoneros del sur de Estados Unidos antes de la guerra de la Secesión, las misiones cristianas de la época de la Colonia, la Alemania nazi, la Sudáfrica de hace poco (y la de hoy, también), entre muchos otros. Y, por cierto, todos los países que muestran relaciones interdeciles abusivas, entre los cuales se halla, justamente, nuestra larga y angosta faja de tierra.

La inequidad —ese fenómeno que se produce cuando todos participamos en la elaboración de una cena, pero sólo unos pocos consumen los platos principales y el resto, las puras sobras—  se genera porque un sector de la población dispone de tanto poder, que consigue apropiarse de un porcentaje mucho mayor de los ingresos de un país, que el que en justicia le corresponde. Ese grupo cobra excesivamente caro por lo que vende, paga sueldos exiguos, está afecto a impuestos irrisorios (hace uso de falacias como la “doble tributación”, por ejemplo), disfruta de regalías tributarias indebidas (como el artículo 57bis), cobra tasas usureras por los créditos que otorga a los sectores menos acomodados, concentra la propiedad de las grandes empresas, la tierra y los recursos productivos, ordeña al Estado en beneficio propio, consigue el dominio de los recursos naturales (que en teoría son de todos los chilenos) a título gratuito o pagando precios irrisorios, es propietario de la mayor parte de los medios de comunicación (y se encarga de neutralizar (eliminar) los de propiedad pública, para que dicho poder no tenga salvaguarda) y un largo, pero larguísimo, etcétera. Y lo hace a vista y paciencia de la autoridad (generalmente con la connivencia de ésta) y de la sociedad toda, que tienen muy claro lo que deben hacer para solucionar esto, pero que no se atreven (o no quieren) siquiera a intentarlo.

En el mundo post Declaración Universal de Derechos Humanos (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”), todos los países deberían propender a que sus relaciones interdeciles coincidiesen con la desigualdad estructural o, dicho de otra manera, a que el componente de inequidad se redujese a cero. No puede ser de otra forma. ¿Cómo consigue usted, si no, igualdad en dignidad y derechos? En Chile, no faltaba más, también. Sin ninguna duda.

¿Qué falta para ello? Sabemos las causas de la desigualdad; tenemos claro cómo medir el flagelo; y conocemos lo que debe hacerse (en alguna columna futura detallaré parte de la enorme cantidad de medidas que pueden (deben) tomarse para reducir, drásticamente, la inequidad, pero mi impresión es que usted ya sabe por dónde van). Están todos los ingredientes pero, ¿conocerá la cocinera la receta? Estoy casi seguro que sí. ¿Y estará dispuesta a preparar el plato? Ahí sí que no estoy tan seguro.


En todo caso, nos falta muy poco para comprobarlo.