jueves, 28 de noviembre de 2013

El sistema tributario chileno: ¿un experimento fallido o un caso de sinvergüenzura extrema?

Si usted, amigo lector, quiere analizar nuestro sistema tributario ―hay días en que uno amanece con intenciones de abordar tareas como ésa―, no debería resultarle difícil. Sólo debe comprobar dos cosas: que se ajusta a los principios básicos que debe cumplir todo buen sistema tributario; y que recauda lo necesario y suficiente para satisfacer las necesidades fiscales y sociales.

En semejante escenario, usted podría presumir que hay abundantes estudios y análisis que se ocupan del asunto; que nuestras instancias académicas (universidades, centros de estudios especializados), poseen una morrocotuda (término “sapolivingtonístico”) colección de profundos y sesudos ensayos que escudriñan la materia desde todas las ópticas posibles. Mal que mal, el tema tributario es uno de los que nos marca día a día, que está omnipresente en todas (o casi todas) las acciones económicas que ejecutamos, y que incluso puede marcar la diferencia entre una sociedad acogedora, inclusiva y colaborativa, de la que es agradable formar parte, y una egoísta, exclusiva y prepotente, donde cuesta (y a veces no vale la pena) acostumbrarse a vivir.

Sin embargo, una búsqueda exhaustiva por la red (no puedo asegurar que sea la panacea, pero en nuestros tiempos si usted no está en la red, es como si no existiera), redunda en muy precarios resultados: la mayor parte de lo que hay es meramente descriptivo, y los pocos análisis que se encuentran, son sesgados, incompletos, demasiado filosóficos o excesivamente superficiales. Evaluaciones profundas, al hueso, que comprueben con cifras duras el (in)cumplimiento de los principios y de los objetivos, no hay.

En consecuencia, si usted quiere disponer de un análisis de ese tipo, no tiene alternativa: debe elaborarlo usted mismo.

Estoy en ésa; afortunadamente, ya en los tramos postreros. Y, créame, las conclusiones no son para morirse de la risa. Más bien, son para leerlas sentados, ya que así nos evitamos los porrazos que sobrevienen con el impacto que ellas producen.

Permítame exponerle algunas.

Partamos por los principios (¿hay alguna otra forma apropiada de partir?). Tres son los principales (hay, por cierto, algunos otros) que deben estar presentes en todo buen sistema tributario: justicia, transparencia y sencillez. ¿Los cumple el nuestro? Veamos:

1.- El sistema vigente viola (impunemente, habría que decir) el principio de justicia. Éste, le recuerdo, tiene tres componentes: la equiparidad (o retribución: todos quienes reciben servicios o beneficios del Estado o de la sociedad, deben contribuir a su financiamiento), la equidad horizontal (o trato igualitario: quienes perciben iguales rentas, deben estar afectos a iguales tributos), y la vertical (o trato justo: a mayores ingresos, mayores tributos). Nuestro criollo sistema trasgrede los tres.

Respecto del primero, la equiparidad, el punto es claro: quienes más hacen uso de la infraestructura estatal, las empresas, no pagan impuestos. La ANFP, por ejemplo, que hace uso (y abuso) intensivo de nuestra fuerza policial (un servicio público) en sus eventos, no contribuye con ni siquiera un peso para financiarlo. Los bancos y las casas comerciales, que utilizan a destajo el sistema judicial (otro servicio público) en sus procesos de cobranza, tampoco. De todos los recursos que se invierten para que nuestra sociedad funcione como corresponde ―el presupuesto 2014 considera gastos por USD 61 mil millones, aproximadamente― las empresas, cuya rentabilidad depende 100% de ello, no aportan ni uno. Nuestro sistema es tan peculiar, tan especial, que entre los 34 países de la OCDE (donde están las economías más exitosas del planeta) sólo Chile y México (coincidentemente, las dos economías con mayor desigualdad, por lejos) lo utilizan. En los otros 32 países, las empresas tributan efectivamente una parte de sus utilidades como pago por los servicios que reciben del Estado, los que son, sin duda alguna, servicios necesarios para producir la renta.

Respecto de la equidad horizontal, el asunto se pone más peludo aún. Un empleado que gana un sueldo reguleque ($ 3,5 millones brutos mensuales, según el criterio ossandonesco), debe tributar (de acuerdo con la escala vigente) $ 4,87 millones. Un empresario que retira esa suma de su empresa (y no tiene más ingresos), paga cero (leyó bien, no paga), ya que el crédito por concepto de primera categoría le cubre por completo el global complementario que le correspondería. ¿Equidad horizontal? Permítame reírme.

Pero donde la cuestión adquiere ribetes inverosímiles, es en la equidad vertical. Mientras el empleado del párrafo anterior paga, por su retiro de $ 42 millones anuales, $ 4,87 millones en impuesto a la renta, un socio de una sociedad de personas puede retirar (si la sabe hacer, y hay bastantes que la saben hacer) $ 1.000 millones de utilidades de su sociedad sin pagar un peso (sí, leyó bien de nuevo: retirar $ 1.000 millones, sin pagar un peso por concepto de impuesto a la renta). Créame, porque tengo las cifras acumuladas (están disponibles públicamente, cuando uno sabe dónde y cómo buscar) y son gigantescas. Del verbo cuantioso. ¿Equidad vertical en este sistema? Por favor, hablemos en serio, como decía el presidente del MOP-Gate.

2.- Con lo expuesto, ¿necesitamos en realidad hablar de si se cumple o no el principio de transparencia? ¿Sabía usted esto que le estoy contando? ¿Tiene acceso expedito a la información de cuánto pagan realmente en impuestos los miembros de nuestros grandes grupos económicos? ¿Qué porcentaje de su renta? Vamos más atrás: ¿vivimos acaso en un país donde la transparencia es un bien preciado por la sociedad y por nuestra clase dirigente?

3.- Ahora, del principio de sencillez para qué le digo nada. Nuestro absurdo sistema de impuesto a la renta tiene tantos vericuetos, que las personas que los conocen todos deben ser contadas con los dedos de una mano. Y si cuesta tanto entender la normativa, ¿cómo la aplica usted adecuadamente? ¿Y cómo la controla?
Tenemos pues un sistema tributario que no sólo no cumple con los mínimos principios básicos exigibles, sino que los trasgrede alevosamente. Quienes conocen las triquiñuelas, hacen uso de ellas a discreción, con total desparpajo y falta de escrúpulos. Total, ya son 30 años de largona. Y, según parece, vienen otros cuatro más. ¿Para qué preocuparse entonces?

Hay mucho más paño que cortar: ¿recauda este sistema lo suficiente como para satisfacer las necesidades fiscales y sociales ―¿murmuró usted algo sobre educación, salud, vivienda, previsión? Me pareció escucharlo―? ¿Cuánto tributan las empresas extranjeras? ¿Las mineras? ¿Cómo anda el cobro que efectúa el Estado por nuestros recursos naturales (minerales, agua, pesca, bosque nativo? ¿Es una porción razonable de los ingresos de las empresas que los explotan? Quedarán para alguna columna futura. Por el momento, amigo lector, lo que cabe es averiguar más: plantéese las preguntas, busque la fuente de información más adecuada, investigue. Se sorprenderá con la cantidad de datos que andan dando vueltas por ahí. No podemos seguir siendo tan indolentes, tan poco exigentes con nuestras autoridades, tan tolerantes con la sinvergüenzura masiva que nos aplasta.

Porque usted podría aprovechar este momento de relajo para contestar la pregunta del título de esta columna: el sistema tributario chileno: ¿es un experimento fallido o un caso de sinvergüenzura extrema?


¿Qué le parece a usted?