lunes, 26 de septiembre de 2016

Las AFP: el peor sistema de capitalización individual que pudo inventarse


Le propongo, estimado lector, que nos saltemos el caldo y vayamos altiro a la presa. El vigente sistema de pensiones, el llamado “sistema de capitalización individual”, ese “extraordinario modelo de exportación” del que algunos próceres neoliberales incluso se vanaglorian, es un monstruoso fraude.

Y no lo es por las pensiones que genera, que son pésimas, sino por su misma concepción ―está diseñado ex profeso para favorecer en forma indebida a las AFP en perjuicio de sus afiliados― y por la manera en que se mantiene vigente ―se sostiene exclusivamente en base a desinformación y difusión de verdades a medias y falsedades.

Agréguele a eso que es un sistema brutalmente inequitativo, excesivamente caro, poco rentable, poco transparente (por no decir opaco y tenebroso) y, como guinda de la torta, que acrecienta día a día la desigualdad que existe en nuestra sociedad, y tendrá el panorama completo. El sistema vigente es, de hecho, el peor sistema de capitalización individual que pudo inventarse, el más malo de todos, y pretendo comprobárselo, sin espacio para dudas, en los siguientes párrafos.

Un sistema diseñado para favorecer en forma indebida a los AFP en perjuicio de sus afiliados

La evidencia empírica indica que el sistema vigente de pensiones fue diseñado (por José Piñera y sus secuaces), me atrevería a decir de manera consciente, para favorecer a las AFP en perjuicio de sus afiliados. ¿Cómo? Mediante la aberrante e injustificable forma en que estas cobran sus comisiones de administración.

Las comisiones de las AFP, como usted sabe, no se pagan en relación al fondo que ellas nos administran ―como debiera ser, ya que ese es el servicio que nos está prestando la AFP: administrar el fondo previsional― sino como parte de cada cotización que efectuamos. Por ejemplo, si usted tiene una renta imponible de $ 500.000 y está afiliado a Provida, su cotización total ascenderá a $ 57.700, pero solo $ 50.000 irán a su fondo y el saldo, los $ 7.700, irá directamente a la caja de la AFP por concepto de comisión.

Si usted se da el trabajo de comparar la mencionada comisión con el monto que se destina al fondo, comprobará que la primera es un porcentaje enorme del segundo. En el caso de Provida, dicho porcentaje es un 13,34% (divida 7.700 por 50.000 y multiplique el resultado por 100 para obtenerlo). ¡¡¡Un 13,34%!!! A primera vista una comisión brutal, escandalosa, absolutamente desmedida.

Si usted pregunta por qué es tan alta, los voceros de las AFP le contestarán que ello es así porque lo que usted está pagando con dicha comisión es la administración de su cotización (para ellos, la cotización es solo lo que va a parar al fondo) en forma anticipada hasta que usted jubile, ¡¡¡35 años más tarde!!!

Los citados voceros agregarán, además, que aunque tal porcentaje parezca elevado no lo es, ya que equivale ―según alguna prestigiada institución internacional que hizo no sé qué estudio― solo a un 0,6% anual, lo que lo sitúa entre los más bajos del mundo.

Ese aserto es completamente falso. Es una mentira del tamaño de un trasatlántico. La institución que hizo el estudio mencionado debería pedir disculpas, retirarlo de inmediato de circulación y esconderlo para que nadie lo lea nunca más. Porque para que dos sistemas sean equivalentes, como se sabe desde el origen de los tiempos, sus resultados deben ser los mismos. Dicho en otras palabras, para que el actual sistema fuese equivalente a uno donde se cobra una comisión del 0,6% anual (0,05% mensual), los fondos acumulados por el afiliado en su cuenta individual deberían ser iguales en ambas alternativas.

Como muy bien enseña José Piñera, en su nueva faceta de iluminado y omnisciente predicador, la verdad plena está en las cifras. Son ellas las que, a la hora de los quiubos, priman en la evaluación de los sistemas. Todo lo demás, como aporta sabiamente Joaquín Lavín, es música (o, como ilustra didácticamente Ena Von Baer, vale callampa). Veamos, pues, las cifras.

Observe el siguiente cuadro, donde se comparan los resultados que habría obtenido en distintas etapas de su ahorro, a igual cotización, un afiliado de Provida que hubiese aportado 1 (una) UF mensual al fondo C, en el sistema actual y en uno donde la comisión de administración fuese de un 0,6% anual (0,05% mensual) sobre el monto administrado. Dichos resultados han sido calculados en base a la información oficial de rentabilidades mensuales y comisiones de AFP publicada en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. Las cifras están presentadas en UF.

AÑOS DE AHORRO
TOTAL
COTIZACIONES
FONDO ACUMULADO
SISTEMA ACTUAL
FDO  ACUM. C/ COMISIÓN 0,6% ANUAL SOBRE SALDO
MAYOR FONDO OBTENIDO
DIFERENCIA
%
1
5
10
15
25
35
13,85
69,24
141,86
215,40
367,03
525,48
12,17
66,65
146,53
251,05
588,54
1.473,71
14,00
75,71
168,25
289,64
674,68
1.742,92
1,83
9,06
21,72
38,59
86,14
269,21
15,0%
13,6%
14,8%
15,4%
14,6%
18,3%

Le explico el cuadro para que pueda digerir el resultado. Si en lugar del actual sistema hubiésemos tenido uno donde se pagase una comisión de un 0,6% anual (0,05% mensual) sobre el fondo administrado, a igual cotización, un afiliado de Provida que aportó en el sistema actual una UF mensual al fondo C durante los últimos 5 años, habría acumulado UF 9,06 más de fondo; UF 21,72 en los últimos 10 años; y nada menos que UF 269,21 durante los últimos 35 años. Considerando la UF del 31 de agosto, en este último caso habría ganado $ 7.055.752 más que con el sistema actual.

¡¡¡7.055.752 de mayor fondo!!! ¿Se da cuenta? Nada menos que un 18,3% de su saldo actual. Eso perdió el afiliado del ejemplo debido a un sistema expropiatorio impuesto por la dictadura militar y validado por los sucesivos gobiernos democráticos que lo heredaron y han hecho todo lo posible por mantenerlo. ¿Sistemas equivalentes? ¿Estudios realizados por entidades internacionales serias? ¡Pero, por favor!

¿Por qué ocurre eso? Por una razón muy simple: como en el sistema vigente las comisiones se pagan de manera anticipada, no pasan a formar parte del fondo de pensiones y, en consecuencia, no ganan intereses, todo lo contrario de lo que ocurre cuando se pagan como porcentaje del saldo administrado, en cuyo caso es la comisión completa la que genera intereses. Veamos el siguiente ejemplo para aclarar el punto: un afiliado a Provida que tiene una renta imponible de $ 500.000 cotizará, según vimos anteriormente, $ 57.700. En el sistema actual, $ 50.000 irán al fondo de pensiones y $ 7.700 serán cobrados como comisión por la AFP. Si la rentabilidad mensual del fondo de pensiones ascendiera a un 2%, al final del primer mes el afiliado habría ganado intereses por $ 1.000 y tendría un saldo de $ 51.000, registrando una pérdida neta de $ 6.700. En un sistema donde se paga una comisión de un 0,6% anual (0,05% mensual) sobre el saldo administrado, en cambio, los $ 57.700 irán completos al fondo, generando intereses por $ 1.154 y pagando comisiones por $ 29, con un saldo final de $ 58.825 y una utilidad neta de $ 1.125. Si este afiliado cotizase durante todo un año en las mismas condiciones de sueldo y rentabilidad del fondo, cotizaría $ 692.400 y acumularía con el sistema actual $ 684.017, perdiendo en el proceso $ 8.383. En cambio, con el otro sistema acumularía $ 789.319, con una ganancia de $ 96.919 respecto de su aporte y un mayor fondo de $ 105.302

Usted puede tomar cualquier otro ejemplo y el resultado va a ser siempre similar. Con el sistema vigente, el afiliado ―todos los afiliados, nosotros incluidos― deja de ganar cantidades siderales de intereses en relación con uno donde las comisiones se paguen, como debería ser, como porcentaje del saldo administrado. Si en lugar de UF 1 el afiliado hubiese cotizado UF 2 mensuales, por ejemplo, en 35 años habría dejado de ganar $ 11.887.137; y si hubiese cotizado UF 3, el menor fondo habría sido de $ 16.718.680. Todo ello, insisto, debido a los intereses que dejó de ganar porque el total de su cotización no pasó a formar parte del fondo. El poder del interés compuesto, como dicen muy campantes los voceros de las AFP, pero puesto en contra del afiliado.

Ahora bien, esas son las cifras individuales. Las que todos los afiliados de las AFP, cual más cual menos, hemos perdido a causa de este sistema. Todos, sin excepción. La pregunta que cabe hacerse es, ¿cuál es la suma global? ¿A cuánto asciende lo que el Estado chileno y las AFP han hecho perder a casi todos los chilenos como consecuencia de este inmoral sistema de “capitalización individual”?

Una estimación en extremo conservadora de la pérdida promedio por afiliado, considerando los porcentajes que figuran en el cuadro anterior, sería de un 13% en relación a su fondo actual. Multiplique, por favor, ese porcentaje por el monto del fondo que administra Provida, USD 46.440 millones (información disponible en el sitio de la Superintendencia de Pensiones). ¿Hizo la multiplicación? ¿Cuánto le dio? USD 6.037 millones, ¿verdad? Ok, ahí la tiene, una aproximación evidentemente subvaluada de la pérdida que han sufrido en los 35 años de vigencia de este infame sistema todos los afiliados de dicha AFP.

Le dejo a usted la tarea de hacer el cálculo para las otras administradoras y sumarlo a esta increíble cifra.

Ahora le pido que piense… si se trata de una medida que causa un perjuicio tan evidente a los afiliados, ¿qué razón existe que justifique cobrar anticipadamente las comisiones de administración del fondo de pensiones por 35 años? ¿Conoce usted alguna? ¿Una aunque sea?

Pareciera no existir ninguna, ¿verdad? En una transacción comercial normal, corriente, habitual, como tantas que hacemos día a día, lo justo, correcto y adecuado es que paguemos por el servicio que contratamos una vez que lo hemos recibido, tal como lo hacemos con la cuenta de la luz, de internet, del teléfono o del agua. En el caso de las AFP, ello debería traducirse en una comisión porcentual mensual sobre el fondo administrado. Es lo adecuado, ¿no le parece? Pagar el precio del servicio que se está recibiendo en la oportunidad que corresponde. No parece haber motivo alguno para hacerlo de una manera distinta.

La estricta verdad, no obstante, es que hay una razón, pero es siniestra, casi terrorífica. El propósito de este sistema es, y ha sido todos estos años, favorecer a las AFP a costa de los afiliados. Ese es el único monstruoso motivo por el cual José Piñera y sus secuaces implementaron este escandaloso anticipo, y es el único también por el cual los sucesivos gobiernos “democráticos” lo han mantenido. Porque sepa usted que esa forma de pago de las comisiones de administración es, en la práctica, un brutal traspaso de dinero desde los bolsillos de los afiliados a las arcas de las AFP.

En efecto, el sistema de pago de comisiones anticipadas no solo genera pérdidas de los afiliados. El asunto es mucho más grave que eso, ya que los intereses que estos dejan de ganar los reciben íntegros las AFP. Esos USD 6.037 millones que perdieron los afiliados de Provida los ganaron, gracias al cobro anticipado de comisiones, los propietarios de dicha AFP. Hasta el último centavo. Fueron comisiones extras. En todos estos años ha existido una sideral ganancia espuria obtenida por las AFP a costa de las rentas de los afiliados, que no se produjo por accidente. Fue planificada por José Piñera y sus cómplices y ha sido mantenida ex profeso, y con plena conciencia, por los sucesivos gobiernos democráticos. ¿O me va a decir usted que Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, junto con sus respectivos ministros de hacienda, no tienen idea de esto?

Así que ahí lo tiene, el maravilloso “sistema de capitalización individual” chileno. Una máquina muy bien aceitada (imagínese cómo) creada para generar enormes utilidades financieras como resultado de la apropiación anticipada de una parte considerable de los sueldos de los afiliados.

Supongo que, después de conocer este antecedente, le queda más claro el porqué del enorme interés de las transnacionales por entrar en este negocio. Además, por supuesto, de la razón por la cual el grupo Penta adquirió en su momento AFP Cuprum. Con rentabilidades así…

Un sistema carísimo, poco rentable y ferozmente inequitativo

Lo invito a revisar el siguiente cuadro, donde se observan las rentabilidades  y costos reales que habría obtenido en su cuenta individual el afiliado de AFP Provida del ejemplo anterior, si hubiese ahorrado durante los distintos lapsos que allí se señalan (1):

AÑOS DE AHORRO
COTIZACIONES EFECTUADAS
COMISIONES PAGADAS
FONDO ACUMULADO
GANANCIA AFILIADO
RENTABILIDAD
FINAL
RENTABILIDAD
ANUALIZADA (2)
COMISIÓN ANUALIZADA (2)
1
5
7
8
10
15
25
35
13,8
69,2
96,9
112,0
141,9
215,4
367,0
525,5
1,8
9,2
12,9
16,0
21,9
36,7
70,8
119,5
12,2
66,7
96,6
114,5
146,5
251,5
588,5
1.473,7
(1,6)
(2,6)
(0,3)
2,6
3,6
36,1
221,5
948,2
-11,6%
-3,76%
-0,31%
2,32%
2,54%
16,76%
60,35%
180,45%
(25,92%)
(1,55%)
(0,10%)
0,58%
0,68%
2.06%
3,55%
4.70%
27,84%
5,52%
3,92%
3,57%
3,16%
2.12%
1,13%
0,59%
(1)     Elaboración propia a partir de rentabilidades y comisiones mensuales históricas publicadas en el sitio web de la SP.
(2)     TME (tasa mensual equivalente) multiplicada por 12.

Es un cuadro terrorífico, ¿no le parece? Revela casi toda la miseria de este aberrante sistema. Y no se trata de un caso puntual, ya que usando cualquier otro nivel de ahorro se obtienen resultados similares (no exactos, porque hay comisiones fijas de por medio, pero muy parecidos). ¿Qué conclusiones podemos extraer a partir de estos impactantes datos?

Primero, que no es efectivo que los ahorros previsionales, en el actual sistema, poseen elevadas rentabilidades. Eso es una mentira del porte de una catedral. La verdad es que la rentabilidad de las cuentas individuales varía en función del tiempo de ahorro y puede ser, incluso, negativa. En efecto, con las tasas históricas en Provida las cuentas individuales han obtenido rentabilidad negativa, esto es han perdido plata, durante los primeros siete años de ahorro. Recién al octavo, han comenzado a ganar dinero. Fíjese que al décimo año, si usted ahorra 1 UF mensual  en el fondo C de AFP Provida, apenas obtiene UF 3,6 de ganancia, con una rentabilidad anualizada de un 0,58%.¡UF 3,6 ganadas en 10 años de ahorro! ¿Y se atreven a señalar que este sistema es rentable? Ahora bien, al año 35° la rentabilidad anualizada asciende a un 4,7%, pero, ¿le parece razonable tener que esperar 35 años para alcanzar una rentabilidad apenas “reguleque”?

Segundo, que este es un sistema brutalmente caro. Como se observa claramente en la última columna del cuadro, las comisiones actuales llegan a “ser equivalentes” a un 0,6% anual, ¡recién después de 35 años de ahorro! Antes, el actual cobro de comisiones es, como puede usted apreciar en lo porcentajes reales de comisión, nada más que una salvaje expropiación. Y eso que en este cuadro no se consideran los cobros por concepto de “comisiones fantasmas”.

Tercero, que el actual sistema previsional chileno es ferozmente inequitativo. Observe el cuadro y pregúntese, ¿qué pasaría si usted cotizase 10 años y debiera, por razones médicas, pensionarse? Habría obtenido una ganancia miserable y habría pagado una tasa de comisión a todas luces expropiatoria, ¿verdad? Un 3,16% anual, más de cinco veces la comisión que, según las AFP, habría sido considerada como “equivalente” por una desaprensiva institución internacional en un impresentable estudio al que ellas recurren de manera sistemática.

El caso es, apreciado lector, que todos los afiliados que no llegan a los 35 años de cotizaciones, todos lo que jubilan anticipadamente, se ven perjudicados de manera drástica por el sistema vigente, afectados por rentabilidades exiguas y comisiones leoninas. Las mujeres, por ejemplo, por el solo hecho de jubilar más temprano, obtienen menores rentabilidades y pagan mayores comisiones. Y los enfermos, los accidentados, los herederos de los pensionados fallecidos tempranamente. Dígame, estimado lector, ¿le parece presentable un sistema así? ¿Tan vergonzosamente inequitativo? ¿Qué hay de la tan cacareada igualdad ante la ley? ¿La cumple este DL 3500 que favorece de manera tan escandalosa a las AFP y perjudica de manera brutal a todos los afiliados, en especial a quienes se pensionan tempranamente?

Un sistema sustentado en desinformación, verdades a medias y falsedades

Usted se preguntará cómo es posible que un sistema tan vergonzoso, que perjudica de manera tan ostensible al afiliado, tan caro, tan poco rentable y tan inequitativo se haya mantenido vigente por 35 años. Parece increíble, ¿verdad? Porque bastaría que los afiliados consultasen los estados de situación de sus cuentas individuales para enterarse de lo que está ocurriendo y reaccionaran en consecuencia. Pues, déjeme decirle que las AFP y la SP están conscientes de ello y, por tal razón, no los muestran.
Pero, dirá usted, ¿y las cartolas cuatrimestrales?, ¿y la información que publican la SP y las AFP en sus sitios web?

Antes de contestarle, me permitiré precisar qué información debe, obligadamente, contener un estado de situación de una cuenta individual.

Como usted posiblemente se habrá ya percatado, los indicadores que reflejan la ganancia, la rentabilidad y el costo real de una inversión son comparaciones. La utilidad, por ejemplo, se obtiene comparando el fondo acumulado con la inversión que tuvo que hacer el afiliado para obtenerlo; la rentabilidad también se calcula en función de ella; el cálculo del costo la considera asimismo. La inversión es, entonces, el dato clave. Y, ¿cuál es, en este caso? Muy simple: es el total de cotizaciones efectuadas por el afiliado.

Ahora, vaya y revise hasta por el borde sus cartolas cuatrimestrales y cuénteme si en alguna parte de ellas figura ese dato crucial: cuánto es lo que usted ha cotizado hasta la fecha. ¿No lo encontró? ¡Bah! Mire qué sorpresa.

Así es, estimado lector, cómo funcionan las verdades a medias. Las AFP no faltan a la verdad con la información que publican en las cartolas cuatrimestrales, pero omiten en ellas justamente el dato clave que permite al afiliado comparar. El que lo haría sobresaltarse, indignarse y reclamar en consecuencia. El que podría significar el fin de este aberrante sistema.

Y una verdad a medias reiterada por 35 años, no le quepa la menor duda, es una colosal mentira.

Déjeme darle otro ejemplo de la campaña de desinformación implementada por las AFP con la complicidad de la SP. Usted habrá visto esos gráficos donde se nos informa que si alguien hubiese depositado en el fondo de pensiones, en los comienzos del sistema, solo una UF, hoy tendría 16 UF y fracción, ¿verdad? Pues, son falsos. Esa afirmación es una vulgar mentira. La verdad es que si alguien hubiese depositado 1 UF allá por al año 1981, esta habría pasado íntegra a poder de la AFP correspondiente. Las comisiones fijas que se cobraban por esa época la habrían consumido en su totalidad. De hecho, como lo constató la comisión Bravo, hubo numerosos afiliados que, producto de las mencionadas comisiones fijas, perdieron en esa época todo su ahorro previsional en las garras de las AFP.

Otro ejemplo. La tasa de comisión que le estamos pagando a la AFP no se informa en relación con el monto que estamos aportando al fondo, sino como un porcentaje de nuestra renta imponible, como si le estuviésemos pagando a las AFP para administrar esta última. ¿Por qué? Pues, porque es mucho más presentable hablar de una comisión del 1,54% que de una del 15,4%. ¿No le parece?

Y así han pasado 35 años. Con mentiras, falsedades y verdades a medias en las rentabilidades, en las comisiones, en las equivalencias y en las cartolas cuatrimestrales. Cabe preguntarse, ¿en qué más nos mienten estos señores? Me da escalofríos pensar en la respuesta.

Un sistema poco transparente

No sé si usted lo recuerda, pero en el gobierno de Lagos se habló del caso de la minera Disputada de Las Condes. Era esta una compañía que nunca pagó los impuestos que le correspondían porque siempre generó pérdidas o exiguas utilidades. ¿Cómo? Pues debido a los elevados gastos financieros y a los ingentes costos de comercialización que debía, supuestamente, pagar a sus abastecedores de tales servicios que eran, según parece, empresas relacionadas.

Le traigo el tema a colación en relación con las ya famosas “comisiones fantasmas”, verdaderas cumbres del descaro y la falta de escrúpulos. Estas corresponden a parte de los costos de administración de las AFP que, con la complicidad de nuestras autoridades del momento, fueron traspasados olímpicamente, a mansalva, con la mejor cara e palo, a los fondos de pensiones. La pregunta que, desde tal perspectiva, cabe hacerse al respecto es, ¿qué nos asegura que no sean también un mecanismo para exprimir aún más a los fondos de pensiones? ¿Qué nos certifica que no sean también operaciones con partes, de alguna forma, relacionadas? En el informe Bravo se señala que las comisiones que se pagan están casi siempre al límite de lo legalmente aprobado. ¿No le parece demasiada coincidencia? No olvide que los dueños de Penta también lo fueron de AFP Cuprum. ¿Se atrevería usted a jurar que, en un medio tan especializado como el financiero, no inventaron nada para ganar unos cuantos pesos extras? No olvide, además, que dos de las mayores AFP están involucradas en el sucio asunto del goodwill tributario. Eso le da una idea bastante certera de lo que son capaces de hacer estos señores.

Un sistema que acrecienta día a día la desigualdad que existe en nuestra sociedad

Se ha escrito bastante acerca del enorme negocio financiero que se sustenta con los fondos de pensiones de todos los chilenos. Consiste en entregar fondos baratos a las grandes empresas para que estas los usen en generar altas rentabilidades. El apalancamiento en su mejor versión. El sueño del pibe. Vale la pena, no obstante, recalcar que un sistema de esta naturaleza tiende a perpetuar e incluso a acrecentar el inexcusable nivel de desigualdad que existe en nuestra sociedad. La interrogante que debemos plantearnos al respecto es, ¿estamos dispuestos a que ese abismo económico que nos separa se siga ampliando con el dinero, nuestro dinero, que destinamos a las pensiones?

Ok, este es, en toda su penosa dimensión, el escandaloso sistema previsional vigente. Como puede usted apreciar, se enmarca perfectamente en la premisa que está presente en casi todas las “modernizaciones” implementadas por la dictadura, la Concertación y el gobierno de Piñera ― soluciones con un elevado beneficio para los grupos económicos y un alto costo para los trabajadores y el erario fiscal (Transantiago, CAE, educación y salud “mixtas”, SENAME, SENAMA, concesiones, fomento forestal, privatización de servicios básicos, ley de pesca, explotación minera, entre otras perlas por el estilo)―. Hay que cambiarlo, de eso no cabe duda, pero, ¿por cuál alternativa?


Bueno… un tema tan espinudo da para otra columna completa, ¿no le parece? Me comprometo a analizarlo en la próxima que publique.

El caso Argentum

¿Le suena a usted el caso Argentum?

Es esa fusión de AFP que aprobó a fines del 2014, en un tiempo récord digno de figurar en los registros de Ripley, la renunciada Superintendenta de Pensiones Tamara Angic; y que se cuestiona porque, según parece, una de las AFP fusionadas se creó con el exclusivo propósito de generar un goodwill tributario, esto es, una figura contable que le permitiría a la empresa fusionada, Cuprum S.A., ahorrarse impuestos por $ 80 mil millones en un lapso de 10 años.

Pues, déjeme decirle que para nosotros, para los ciudadanos de esta larga y angosta franja, es un caso de enorme valor, un verdadero tesoro. Y no lo es precisamente por el monto del “ahorro tributario” (que obviamente nos perjudica), sino porque es un muestrario muy completo de las peores prácticas a las que recurren quienes detentan el poder político y económico, para obtener beneficios indebidos perjudicando el interés común: uso de argucias inaceptables para evadir impuestos, elaboración de leyes con letra chica, aprovechamiento indebido e inescrupuloso de la normativa, violación flagrante del principio de “probidad administrativa” y, como si fuera poco, atropello de derechos constitucionales.

Permítame explicarle por qué.

El “goodwill”

Partamos de frentón señalando que considerar el “goodwill” como gasto anticipado, condición que permite usarlo para rebajar impuestos, es una sinvergüenzura de marca mayor; un abuso de autoridad y de poder del tamaño de una montaña; y una evidente trasgresión del derecho de Igualdad ante la ley (entre otros).

Porque, ¿qué es el “goodwill”? Trataré de explicárselo de manera simple.

Al comprar empresas, lo habitual es que se pague por ellas un valor mayor que su patrimonio contable. Esto ocurre porque lo que se compra son negocios en marcha, con activos intangibles  tales como clientes, personal, proveedores, prestigio, posicionamiento, contactos, redes, sistemas de abastecimiento, producción, distribución, administración, investigación e información, buenas ubicaciones y un largo etcétera, que se traducirán en futuros beneficios, y que no están registrados en los estados financieros. Si usted compra más que lo que dice el balance, tiene que pagar más. Es lo obvio.

El “goodwill”, entonces, es la forma de contabilizar en una fusión, el pago que hace el adquirente por todos los componentes del activo de la empresa adquirida que no están reflejados en su balance. Si usted compra en 1.000 una empresa con patrimonio contable de 600, en caso de fusión contabilizará como “goodwill” la diferencia de 400. ¿Me sigue?

¿Debe el “goodwill” rebajarse de impuestos?

Como usted puede apreciar de la lista anterior, los componentes que conforman el goodwill son de aquellos “que no se consumen”; “que no se gastan”. ¿O me va a decir que una dotación de personal de excelencia, una selecta cartera de clientes, un grupo de proveedores serios y confiables, una marca prestigiada y bien posicionada, la plusvalía de los inmuebles generada por el desarrollo de las ciudades, un efectivo sistema de distribución y una gerencia creativa y bien relacionada se deterioran por el uso? No, ¿verdad? Por el mal uso, tal vez, pero nunca por su mera utilización.

Note, además, que los activos mencionados son justamente de aquellos que no pueden depreciarse ni amortizarse; cuyo reconocimiento como gasto no está permitido en la ley de la renta, que no pueden rebajar la utilidad del negocio y, en consecuencia, los correspondientes impuestos.

Repitámoslo, para que quede meridianamente claro: ninguno de los componentes del goodwill es aceptado por sí solo en la normativa chilena como gasto; menos aún, como gasto anticipado. Ninguno puede ser rebajado aisladamente de la renta imponible. Porque, ¿se imagina que estuviese permitido amortizar en 10 años la cartera de clientes de una empresa, el grado de posicionamiento de su marca o la esperanza de beneficios futuros? Absurdo, ¿verdad? Completamente ridículo, por decir lo menos.
Pero resulta, estimado lector, que si una sociedad matriz se fusionaba con la empresa adquirida y se agrupaban todos esos componentes no amortizables ni depreciables bajo la denominación de goodwill, entonces y solo en ese exclusivo caso, sí se podían amortizar. ¿Cómo lo halla? ¿Podría usted explicarme por qué? ¿Conoce alguna justificación, aunque sea una, para tan aberrante, absurda, injusta, discriminatoria e inequitativa disposición?

Usted podrá buscarle por donde quiera, pero no encontrará NINGUNA razón para considerar el goodwill como un gasto anticipado, simplemente porque los sobreprecios pagados por las empresas no son, nunca fueron y nunca serán gastos anticipados. Por el contrario, son claramente inversiones en activos intangibles. Inversiones en activos de aquellos que no se deprecian.

Y por favor, no me salga con justificaciones vergonzosas del tipo “no hay que ponerse muy estricto con el goodwill tributario porque eso va a espantar a los inversionistas”, como las que vertió un ex superintendente de pensiones hace algunos días. El uso del goodwill para rebajar impuestos es, sin lugar a dudas, un privilegio tributario, y los privilegios tributarios están prohibidos en nuestra Carta Fundamental. Por ello deben ser suprimidos, aunque su supresión incomode a los inversionistas.

Por consiguiente, el goodwill no debe ser rebajado de impuestos y nunca debió haberlo sido. Si hasta la reforma del 2014 se le consideró gasto anticipado o se circularizó (SII) para que se distribuyera entre los activos adquiridos para después depreciarlo, ello obedece solo a negligencia, ignorancia o, lo que sería grave, mala intención (usar un concepto que nadie entiende, para rebajar impunemente impuestos de manera impropia) de los autores de la medida.

El “goodwill” y la reforma tributaria del 2014

Reconociendo lo anterior, que el “goodwill” NO ES un gasto anticipado, en la reforma tributaria del 2014 la Nueva Mayoría decidió, acertadamente, eliminar esa “granjería” (por darle un nombre; la calificación correcta debería ser otra muy distinta). Así quedó asentado en el artículo 31 N°9 de la Ley de la renta, donde se le quita el carácter de “gasto anticipado” y se le da el de “activo intangible”, que no se puede rebajar de impuesto y es mucho más adecuado, conceptualmente hablando (¿cuánto valen el prestigio, la marca, el posicionamiento, la dotación de personal, la cartera de clientes, la capacidad de generar ingresos y todos los demás “activos intangibles” que posee una empresa?; bueno, el “goodwill” es una excelente estimación).

La letra chica

Hasta ahí, todo bien. No obstante, como al parecer siempre ocurre cuando están nuestros políticos involucrados, faltaba la letra chica. Una letra chica… bastante grande, como para permitir rebajas de impuestos de $ 80.000 millones.

Veamos: si usted considera que una conducta es indebida y, por tanto, inaceptable, lo que corresponde es, si tiene usted el poder de hacerlo, que la prohíba terminantemente de ahí en adelante, ¿no es cierto? Sería lo lógico y lo correcto, ¿verdad? Algo así como “ok, señores; ustedes se aprovecharon de una legislación permisiva para obtener beneficios impropios, pero ya es suficiente. A contar de este momento, ello les estará vedado”.

En consecuencia, lo que debió haber considerado una reforma tributaria seria y equitativa, es la prohibición absoluta de utilizar este mecanismo del “goodwill” para rebajas tributarias. Y “prohibición absoluta” significa que aunque usted lo haya usado en el pasado, dado que es un abuso, no puede continuar haciéndolo. Nunca más. Cuando hablamos de abusos, no pueden existir “derechos adquiridos”.

Pero el gobierno de la Nueva Mayoría y la mayor parte de nuestros parlamentarios no actúan así. Ese criterio de ¡basta de aprovechamiento!, ¡no más abuso!, no forma parte de su visión de la sociedad. No está comprendido en sus definiciones de justicia y equidad. No está en su ADN. No lo entienden. Para ellos, quien dio los primeros pasos para abusar, para obtener beneficios impropios, tiene derechos adquiridos. No solo eso… hay que darles plazo a aquellos que todavía no han comenzado a aprovecharse, que todavía no participan en el despojo, para que tengan la posibilidad hacerlo.

Porque eso es exactamente lo que dice, a este respecto, la letra chica: la reforma tributaria aprobada el 11 de septiembre de 2014 señala que la condición de “activo intangible” del “goodwill” rige para todas las fusiones que se efectúen a partir del 1° de enero de 2015, pero las que a aquella fecha estaban en trámite, tienen plazo hasta el 01 de diciembre de 2016 para concluirse y poder aprovechar el “beneficio” tributario que se está prohibiendo.

¿Qué me dice? No solo no se prohibió de inmediato un beneficio impropio, sino que aquellos que ya se estaban fusionando, los que aún no habían iniciado el proceso pero pretendían hacerlo, y los ni siquiera lo habían pensado pero reunían las condiciones requeridas, tuvieron casi cuatro meses para ponerse al día. Usted podía dar el primer paso el 30 de diciembre del 2014, y ya estaba en carrera. Para que lo compruebe, considere que la solicitud de fusión de Argentum y Cuprum fue presentada a la Superintendencia de Pensiones con fecha 26 de diciembre del 2014. Peor que eso, hay otra fusión de AFP en desarrollo, la de Provida con Acquisition, que fue aprobada en la Junta de Accionistas de Provida recién el 29 de diciembre del mismo año.

Es un mensaje potente el que dan nuestros órganos legislativos, ¿no le parece?: estamos prohibiendo una sinvergüenzura, pero si usted ya inició los trámites para cometerla, siga adelante con tranquilidad. Tiene tiempo. Y si aún no los inicia, tiene cuatro meses para hacerlo, así que despabílese y proceda. ¿Usted es capaz de captar el sentido de una norma como esta? Yo, francamente, no puedo.
¿Y qué hacen las empresas cuando ven que las autoridades del país, las llamadas a proteger el bien común, “la están dando”?; ¿Cómo actúan cuando comprueban de que estamos en época de liquidaciones tributarias (pese a que, para la exportación, necesitamos recursos para financiar las reformas)? Pues, como es obvio (los conceptos de ética y negocios parecen ser, en estos tiempos, incompatibles), aprovechan la coyuntura. Es lo que hicieron los directorios de Cuprum y de Provida, puesto ninguna de ellas habría podido concretar sus fusiones si nuestros legisladores no hubiesen otorgado ese plazo extra. Después de todo, $ 80 mil millones (y $ 180 mil millones, en el caso de Provida) no le vienen mal a nadie.

La pregunta que viene a continuación me la hice, pero no me atrevo a plantearme la respuesta: ¿por qué el gobierno (Arenas y Valdés) y los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado (Zaldívar, Montes, Lagos Weber, García Ruminot, Coloma y Longueira (miembro de hecho, según nos hemos enterado últimamente)) actuaron así? ¿Qué los motivó a dejar esa puerta abierta? ¿Cuáles fueron sus incentivos? ¿Qué cree usted? Buen tema de reflexión, ¿no le parece?

El DL 3500

Pero el caso Argentum (y también el Acquisition, que navega por el mismo derrotero) es más que el uso abusivo de un beneficio tributario indebido otorgado de manera vergonzosa por nuestros legisladores. No es por dicha razón, de hecho, que salió a la luz ―Walmart, CTI, Farmacias Ahumada y Celfin, por ejemplo, también lo utilizaron, con jugosos beneficios, sin mayor polémica―, sino porque hay en él un intento manifiesto de saltarse, con el apoyo de la autoridad encargada, lo dispuesto en el DL 3500.

Se lo explico. El DL 3500 dispone, en su artículo 23, que las AFP “serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley”. Un corolario de dicha disposición, es que una AFP no se puede fusionar con una sociedad comercial, ya que perdería su objeto exclusivo y su condición de AFP. En consecuencia, las AFP solo pueden fusionarse con otras AFP.

Es por esa razón que el directorio de la matriz de Cuprum S.A., Principal Institucional Chile S.A., decidió transformar a esta en AFP. No sabemos por qué, no obstante, escogió el nombre de Argentum, aunque, dado que esta palabra latina significa “plata”, podemos elucubrar que a sus miembros los habría traicionado el inconsciente (a reconocimiento de partes…).

El punto, aquí, es el objeto exclusivo. ¿Puede crearse una AFP con un objeto que no sea “administrar fondos de pensiones”?

Porque era un hecho sabido ―Tamara Angic lo tenía meridianamente claro― que el objeto de la nueva AFP Argentum NO ERA “administrar fondos de pensiones”. Esa AFP se creó exclusivamente para fusionarla con Cuprum, y poder obtener el beneficio tributario del “goodwill”. Duró, de hecho, apenas un día (una AFP “emífera”, como diría Peter “veneno” Valdés). Si el mencionado “beneficio” no hubiese existido, jamás habría existido tampoco Argentum S.A.

De manera que, estimado lector, esas son las cuestiones básicas del caso Argentum: ¿puede una AFP cuyo objeto no es “administrar fondos de pensiones”, ser autorizada?; ¿puede un Superintendente de Pensiones lavarse las manos como Pilatos y hacer caso omiso de la real finalidad de la nueva AFP cuya aprobación le ha sido sometida?; ¿puede el directorio de una empresa pasar a llevar lo establecido en la ley con el único propósito de obtener un beneficio tributario (que, además, es impropio)? Usted, ¿qué cree?

El Principio de probidad administrativa

Dispuesto en el artículo 61 letra g del Estatuto Administrativo, establece que será obligación de cada funcionario público mantener “una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

Lo invito, apreciado lector, a que analicemos brevemente este caso a la luz de tan relevante disposición. ¿Cuál es, aquí, el interés público?

Podemos indicar más de uno. Que se recauden los impuestos necesarios para llevar a efecto las reformas prometidas por Michelle Bachelet, por ejemplo; o que no se toleren actos jurídicos destinados, en forma exclusiva o prioritaria, a obtener beneficios tributarios (“abuso tributario”, en los términos establecidos en el artículo 4° ter del Código Tributario); o que no se otorguen privilegios tributarios a determinados contribuyentes. A usted, posiblemente, se le ocurrirá alguno más.

OK, ¿y cómo estuvo el desempeño de los ministros de hacienda (el anterior y el actual), de los parlamentarios (en especial los de la comisión de hacienda del Senado), y de Tamara Angic? ¿Privilegiaron el interés público sobre el privado? ¿Qué opina usted? ¿Fueron funcionarios públicos probos? ¿O estamos hablando aquí de otro caso de falta de probidad? ¿Otro más?

Mi reflexión es que la probidad, en ciertas áreas específicas de nuestra administración pública, es una virtud escasa.

El caso Argentum

Así que ahí lo tenemos, apreciado lector, el caso Argentum, un ejemplo de lo peor de lo nuestro: un directorio (Cuprum S.A.) que pretende obtener ventajas indebidas, aprovechándose de las debilidades de nuestra normativa y del escaso celo de la autoridad encargada de fiscalizar sus actuaciones; un gobierno y un parlamento que se preocupan de establecer privilegios para ciertos contribuyentes específicos; una Superintendenta de Pensiones que no supervisa y que acepta que se trasgreda olímpicamente la principal norma cuya correcta aplicación ella debe custodiar; una Presidenta (Michelle Bachelet) que no interviene para poner orden; que está como ausente. Y todo bajo la impunidad más absoluta. ¿Cómo lo haya?


Quizás sea el minuto, amigo lector, de que los ciudadanos como usted y como yo tomemos el toro por las astas y castiguemos a los aprovechadores. Una desafiliación masiva desde Cuprum y Provida podría ser un buen mecanismo. Vale la pena pensarlo, ¿no cree?

Walker, Engel y la historia de Chile


A propósito de ciertas opiniones de Eduardo Engel, Ignacio Walker manifestó que para hablar de probidad ―porque eso era lo que se discutía cuando el senador hizo sus tajantes declaraciones―, hay que saber historia de Chile.

Independientemente de que uno esté o no de acuerdo con tal aserto (personalmente, no lo comparto en lo más mínimo; después de todo, el experto en probidad es Engel, no Walker), lo concreto es que suena lógico. Si tu pasado te condena, baby, tendría que ser más estricto contigo. Vigilarte más de cerca. Poderte controlar. Saber cada paso que das. En cambio, si la historia demuestra que eres íntegro, incorruptible, honrado a carta cabal, podría dejarte más libre; permitir, incluso, que te autorregules. Todo lo contrario de lo que plantea el desubicado e incontinente (verbalmente hablando, se entiende) Eduardo Engel.

Es un punto de vista a considerar, ¿verdad?

Considerémoslo, entonces. Hagámosle caso al senador, y veamos qué dice la historia de Chile respecto de la probidad de nuestros políticos.

El período a revisar

Un primer punto a resolver es, ¿hasta cuándo nos remontamos para efectuar el análisis? Desconozco las cavilaciones de Walker al respecto ―no las ha explicitado públicamente―, pero elucubremos. ¿Será razonable hacerlo hasta la Primera Junta de Gobierno? ¿Hasta los gobiernos de Aníbal Pinto, José Manuel Balmaceda o Salvador Allende, quizás? ¿O hasta la dictadura de Augusto Pinochet? Todos son períodos que nos dicen mucho acerca de la probidad de quienes conformaron (y conforman, en algunos casos) nuestras instituciones políticas. No obstante, parece sensato que nos circunscribamos a aquel donde el actual sistema político ha estado vigente ―después de todo, los proyectos de ley que se están tramitando en la materia, y las opiniones de Engel, fueron causados por actuaciones de los políticos en dicho lapso―, vale decir, a partir de 1990.

¿Qué es “probidad”?

Un segundo punto a definir, es qué entendemos por “probidad”. Para ello, parece adecuado remitirse al denominado “principio de probidad administrativa”, establecido en el artículo 52, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, que la define como “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En consecuencia, si queremos saber qué nos dice la historia acerca de la probidad de nuestros políticos ―que es lo que, al parecer, le exige Walker a Engel (y a todos los que, como él, nos sentimos con derecho a opinar de probidad)―,  para este caso particular nos debería bastar con revisar si desde 1990 a la fecha, estos han observado una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Interesante y motivadora tarea la que nos encomendó el senador, ¿no le parece?

Las dietas parlamentarias y el ingreso mínimo

Ahora bien, como han sido nuestros parlamentarios quienes se han visto más zarandeados por este asunto de la probidad, y ya que fue justamente uno de ellos el que exigió este análisis histórico, ¿qué le parece si, para partir, analizamos las dietas parlamentarias? Mal que mal, la probidad de nuestros congresistas debería reflejarse en la forma en que estas han evolucionado. Si usted, esforzado parlamentario, no ha legislado en su propio beneficio, su dieta debería haber obtenido una reajustabilidad similar al promedio de las rentas del resto de la población. Incluso más, dado que los sucesivos gobiernos del período bajo análisis (todos, incluido el de Piñera) mencionaron el combate contra la desigualdad como uno de sus principales objetivos, las dietas tendrían, necesariamente, que haberse reajustado menos que el ingreso mínimo. Si no, ¿de qué combate contra la desigualdad estamos hablando? Por el contrario, si usted actuó a ese respecto en su propio beneficio, si usted se aprovechó de su cargo, si usted faltó a la probidad, su dieta (y también sus asignaciones, en especial aquellas no sujetas a rendición) debería reflejarlo, con reajustes sustancialmente superiores a los recibidos por el chileno promedio y, por cierto, por nuestros compatriotas menos favorecidos.

Así pues, le propongo que comparemos la evolución de las dietas parlamentarias, desde 1990 a la fecha, con la registrada para el sueldo mínimo.
¿De acuerdo? Procedamos, entonces.

Las gélidas cifras

Entre 1990 y 2015, nuestro periodo de análisis, el ingreso mínimo creció 8,7 veces (de $ 26.000  a $ 225.000). En ese mismo lapso, la dieta parlamentaria se incrementó 17,02 veces (de $ 536.094 a $ 9.121.805), vale decir, casi el doble. Como consecuencia de lo anterior, si cuando volvió la democracia la dieta representaba 20,6 veces el ingreso mínimo, a la fecha representa 40,5 veces.

Las cifras, como puede usted constatar, son lapidarias e implacables. ¿Preeminencia del interés general sobre el particular, le escuché? Está hablando en broma, ¿verdad? Porque resulta más que evidente que en materia de dietas, primó el interés particular de nuestros parlamentarios sobre el del resto de los chilenos. Ellos legislaron en su propio beneficio. No hay otra explicación posible para tan ingente e impropio privilegio.

¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo logró el Congreso, ante nuestras propias narices, favorecerse de manera tan brutal? Disequemos un poco la información existente al respecto, para ver qué nos muestra.

Las dietas y los sobresueldos

Entre 1990 y 2000, en los períodos de Aylwin y Frei, no ocurrió nada destacable en la materia en cuestión. Entre marzo del primer año y el mismo mes del segundo, la dieta parlamentaria aumentó 3,17 veces (de $ 536.094 a $ 1.701.181), y el ingreso mínimo lo hizo 3,48 (de $ 26.000 a $ 90.500). Nada que objetar, como usted puede ver, incluso desde el punto de vista equitativo, ya que la dieta pasó de ser 20,6 veces el ingreso mínimo, a solo 18,8.

Todo se derrumbó, no obstante, a partir de allí. En el período de Ricardo Lagos aparecieron los sobresueldos y los acuerdos políticos impresentables, y las dietas se dispararon. Anote lo que ocurrió durante el nefasto gobierno de ese señor. A marzo de 1990, la dieta parlamentaria ascendía, como ya está dicho, a $ 1.701.181. A marzo de 1996, cuando Lagos abandonó el poder, había crecido a $ 5.596.486, esto es un 229%, en circunstancias que el ingreso mínimo había aumentado, en el mismo período, solo un 40,9%.

OK, aquí es donde entra la probidad. ¿Por qué se produjo ese tremendo incremento? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Estaban mal pagados nuestros parlamentarios? ¿Existió algún estudio serio que plantease que aquel aumento era no solo necesario sino que indispensable? Pues bien, no existió estudio alguno, ni de los serios ni de los otros; ni de los sesudos ni de los “Peñailillo style”. Ni siquiera hubo asesorías verbales, de esas que tan bien saben hacer los hijos de Pizarro. Tampoco, almuerzos pagados a precio de rubí, como los de Velasco. Nada, pero absolutamente nada. ¿Qué ocurrió, entonces?

Sucede que en algún momento los funcionarios con cargos políticos del gobierno de Lagos decidieron, por sí y ante sí, que estaban mal pagados. ¿En relación con quién? Nunca se supo. Simplemente, la plata no les alcanzaba y querían ganar más. Se podrían haber marchado al sector privado ―mal que mal, nadie los obligaba a quedarse en el sector  público―, pero no. Querían que el Estado ―o sea, todos nosotros―, les pagara más. ¿A título de qué? A título de nada. Simplemente, porque ellos estimaban que su sueldo era muy bajo en relación con el aporte que estaban efectuándole al país. Y como eran ágiles y proactivos, tomaron el toro por las astas y comenzaron a pagarse sobresueldos. ¿Cómo los fijaron? Misterio absoluto. ¿De dónde sacaron los recursos? De partidas a disposición de los cargos directivos, que habían sido aprobadas en el presupuesto para otros fines.

Cuando este desfalco (porque eso era: un desfalco; una malversación) se conoció, pareció que iban a volar plumas. El gobierno de Lagos tambaleó. Si la probidad se hubiese impuesto, si lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 8° de nuestra Constitución se hubiera cumplido, un número muy importante de funcionarios gubernamentales tendrían que haberse ido para la casa, sin perjuicio de sus responsabilidades penales. De capitán a paje. Y, por cierto, las dietas parlamentarias no se habrían reajustado; al menos no en ese momento.

Sin embargo, no ocurrió así sino todo lo contrario. Los funcionarios ímprobos no solo permanecieron en sus cargos, sino que no fueron sancionados por sus actos. Ni siquiera pagaron impuestos por los sobresueldos (no eran renta, según el director del SII de la época), y más encima recibieron como premio, acuerdo con la UDI mediante (¿se ha fijado que la UDI parece estar involucrada en cada actos cuestionable que se conoce?), un feroz reajuste de sus remuneraciones. ¿Y la conducta funcionaria intachable? ¿Y el desempeño honesto? ¿Y la preeminencia del interés general sobre el particular? Pues, quedaron guardados en el desván de los trastos inservibles para una oportunidad más propicia.

Ahhhh, la historia…, cuánta razón tiene Walker acerca de su importancia.

Pero el vergonzoso acuerdo Lagos - Longueira (el mismo Longueira de la Ley de pesca) no traía en sí mismo aparejado un reajuste de las dietas parlamentarias. Por lo menos, eso es lo que el gobierno de Lagos informó a la opinión pública. Si usted revisa la web, todavía encontrará declaraciones de Ricardo Lagos en persona señalando que “no sería justo” que los parlamentarios se aprovechen de un eventual aumento de los sueldos de los ministros. También los ministros José Insulza y Mariano Fernández se pronunciaron en igual sentido. Incluso, algunos parlamentarios compartieron, al menos de la boca hacia afuera, dicha apreciación. No obstante, la historia (¡otra vez la historia!) es conocida. El gobierno de Lagos, que tiene la iniciativa legal exclusiva en estas materias, no tomó medida alguna compatible con sus declaraciones y dio curso al saqueo: las dietas parlamentarias se reajustaron, a comienzos de 2003, en un 140% (le comento que también fueron favorecidas por el reajuste general, de un 3%, que se otorgó al sector público a fines de 2002; no se pierden una estos señores parlamentarios).

De manera que ese es el origen de las actuales retribuciones de nuestros parlamentarios y de la brutal diferencia de reajustabilidad que ellas sufrieron en relación al ingreso mínimo. Fue, ni más ni menos, el aprovechamiento por parte de nuestros parlamentarios, en beneficio propio y en perjuicio del interés general, de una coyuntura. Una “viveza parlamentaria”. Una pillería. O, si lo prefiere, derechamente, una sinvergüenzura.

Varios de los próceres de esa gesta, ocurrida hace 13 años, se hayan aún enraizados en los pasillos y oficinas de nuestro Congreso. Saben, por ello, de lo que estamos hablando. El actual presidente del Senado, Patricio Walker, hermano del reclamante en este caso, era diputado entonces y participó, junto con colosos de la talla de Fulvio Rossi, Guido Girardi e Iván Moreira, de esta vergonzosa e impresentable decisión. El asesor de SQM Jaime Orpis, el experto cocinero Andrés Zaldívar, el progenitor de asesores verbales Jorge Pizarro, Jovino Novoa, Hosaín Sabag, Hernán Larraín, entre otros (¿le suenan conocidos esos nombres?), estaban ya en el Senado. Hay tanta historia…

¿Qué habría ocurrido si…?

Vamos al terreno de la política ficción. ¿En qué pie estarían las dietas parlamentarias, si nuestros congresistas no hubiesen resultado beneficiados, con plena conciencia, por el escandaloso contubernio Lagos – Longueira? Es sencillo determinarlo. Basta con tomar sus montos pre connivencia y aplicarle los reajustes que obtuvo el sector público en los años posteriores. Considerando lo señalado, la dieta parlamentaria ascendería a $ 3.384.334, monto que es solo 15,04 veces mayor que el sueldo mínimo, y que representaría un crecimiento de 6,31 veces respecto de la cifra en 1990. Infinitamente más razonable y equitativo, ¿no le parece? ¿O a usted se le antoja muy exiguo? A mí no, fíjese.

¿A cuánto asciende la sobredieta?

Ahora, ¿en cuánto ha perjudicado este obsceno reajuste al interés general? En lo que respecta a las dietas, es fácil calcularlo. Basta con proyectar la dieta original, aplicándole los reajustes públicos generados año a año, y determinar las diferencias respecto de la dieta efectiva. ¿Sabe cuál es el monto en exceso que esta vil decisión le generó al erario nacional desde 2003 a la fecha? Asómbrese. Por cada parlamentario hemos pagado, como consecuencia del acuerdo Lagos – Longueira, $ 632,8 millones por concepto de sobredieta (parece una denominación adecuada para este escandaloso reajuste, ya que es consecuencia directa del acuerdo para tapar los sobresueldos). Multipliquemos ahora dicho valor por los 158 parlamentarios para determinar la suma total, que asciende a $ 99.979 millones. Si le agregamos a este valor lo recibido en exceso por los senadores designados en el período 2003 – 2006 (3 años, 2 meses y 10 días por 9 senadores), $ 1.002 millones, llegamos a la increíble cifra de $ 101.634 millones.

Se lo repito, para que lo digiera. $ 101.634 millones nos ha costado a todos los chilenos, solo por concepto de dietas parlamentarias, la falta de probidad de quienes suscribieron el acuerdo y de quienes, con su silencio cómplice ―la mayor parte, sino todos, de los parlamentarios en ejercicio en ese entonces―, lo avalaron y lo aprobaron. Esa, estimado lector, es la historia. La que exigió tener presente Ignacio Walker. Como usted puede ver, razones de peso tenía el hombre para hacerlo.

A manera de conclusión

Esta, como usted sabe, es solo una de las faltas a la probidad de nuestros parlamentarios. Hay varias más, incluyendo las que hemos conocido desde el año pasado a la fecha. Hay parlamentarios en ejercicio condenados a penas remitidas. Están los casos Penta y SQM. Está la ley de pesca y quién sabe cuántos casos más. Dígame usted ahora, ¿son suficientemente confiables nuestros parlamentarios como para permitirles que se autorregulen? Está clarísimo que no, ¿verdad? Hay por lo menos 101.634 millones de razones para impedirles que lo hagan; para controlarlos de la forma más estricta posible. Son, qué duda cabe, gente peligrosa si se les da largona.

Entonces, ¿qué razón existe para no hacerle caso, al pie de la letra, a las recomendaciones de la comisión Engel en relación con el Congreso y el financiamiento de los partidos políticos? ¿Ve usted alguna? ¿Aunque sea una?

El pasado, baby, te condena. Sin atenuantes. Tu sórdida historia es más propia del cine negro que del escenario político. Tenemos que controlarte al hueso. Eso no admite discusión posible. Así que, ¡basta!

De todas formas si usted, estimado lector, conoce a Ignacio Walker, coméntele que no persista en sus exigencias de recurrir a la historia. Adviértale que es para peor, que se está haciendo un harakiri; que si la gente investiga en detalle la historia del actual Congreso, del que nació en 1990, y toma conciencia de ella, capaz que hasta llegue a cuestionar las medidas propuestas por la comisión Engel por ser excesivamente blandas y permisivas.

Y si conoce al hermano, el actual Presidente del Senado, sugiérale que pida unas clases urgentes de transparencia a su colega, el Presidente de la Cámara de Diputados. A ambas cámaras les pedí idéntica información, dietas históricas, en la misma fecha. Mientras la Cámara de Diputados me entregó la información el mismo día en que la solicité (¡el mismo día!), el Senado me contestó a la semana siguiente para decirme que debía efectuar la solicitud por otro conducto, ¡para asegurarme de que se le dé la debida tramitación dentro de los plazos que la ley establece! Como Condorito, exijo una explicación.

Y como ciudadano, igual que usted, exijo la mayor seriedad, la máxima transparencia y el control más estricto posible respecto del accionar de nuestro Congreso y de los partidos políticos. La historia reciente es impresentable; demasiado vergonzosa. Debemos hacer todo lo posible para que la que comienza a escribirse en estos momentos, no siga igual derrotero. Aunque a Ignacio Walker eso lo indigne.


Total, estoy seguro que tanto Engel como nosotros sobreviviremos a su indignación. ¿No cree usted?