jueves, 28 de noviembre de 2013

El sistema tributario chileno: ¿un experimento fallido o un caso de sinvergüenzura extrema?

Si usted, amigo lector, quiere analizar nuestro sistema tributario ―hay días en que uno amanece con intenciones de abordar tareas como ésa―, no debería resultarle difícil. Sólo debe comprobar dos cosas: que se ajusta a los principios básicos que debe cumplir todo buen sistema tributario; y que recauda lo necesario y suficiente para satisfacer las necesidades fiscales y sociales.

En semejante escenario, usted podría presumir que hay abundantes estudios y análisis que se ocupan del asunto; que nuestras instancias académicas (universidades, centros de estudios especializados), poseen una morrocotuda (término “sapolivingtonístico”) colección de profundos y sesudos ensayos que escudriñan la materia desde todas las ópticas posibles. Mal que mal, el tema tributario es uno de los que nos marca día a día, que está omnipresente en todas (o casi todas) las acciones económicas que ejecutamos, y que incluso puede marcar la diferencia entre una sociedad acogedora, inclusiva y colaborativa, de la que es agradable formar parte, y una egoísta, exclusiva y prepotente, donde cuesta (y a veces no vale la pena) acostumbrarse a vivir.

Sin embargo, una búsqueda exhaustiva por la red (no puedo asegurar que sea la panacea, pero en nuestros tiempos si usted no está en la red, es como si no existiera), redunda en muy precarios resultados: la mayor parte de lo que hay es meramente descriptivo, y los pocos análisis que se encuentran, son sesgados, incompletos, demasiado filosóficos o excesivamente superficiales. Evaluaciones profundas, al hueso, que comprueben con cifras duras el (in)cumplimiento de los principios y de los objetivos, no hay.

En consecuencia, si usted quiere disponer de un análisis de ese tipo, no tiene alternativa: debe elaborarlo usted mismo.

Estoy en ésa; afortunadamente, ya en los tramos postreros. Y, créame, las conclusiones no son para morirse de la risa. Más bien, son para leerlas sentados, ya que así nos evitamos los porrazos que sobrevienen con el impacto que ellas producen.

Permítame exponerle algunas.

Partamos por los principios (¿hay alguna otra forma apropiada de partir?). Tres son los principales (hay, por cierto, algunos otros) que deben estar presentes en todo buen sistema tributario: justicia, transparencia y sencillez. ¿Los cumple el nuestro? Veamos:

1.- El sistema vigente viola (impunemente, habría que decir) el principio de justicia. Éste, le recuerdo, tiene tres componentes: la equiparidad (o retribución: todos quienes reciben servicios o beneficios del Estado o de la sociedad, deben contribuir a su financiamiento), la equidad horizontal (o trato igualitario: quienes perciben iguales rentas, deben estar afectos a iguales tributos), y la vertical (o trato justo: a mayores ingresos, mayores tributos). Nuestro criollo sistema trasgrede los tres.

Respecto del primero, la equiparidad, el punto es claro: quienes más hacen uso de la infraestructura estatal, las empresas, no pagan impuestos. La ANFP, por ejemplo, que hace uso (y abuso) intensivo de nuestra fuerza policial (un servicio público) en sus eventos, no contribuye con ni siquiera un peso para financiarlo. Los bancos y las casas comerciales, que utilizan a destajo el sistema judicial (otro servicio público) en sus procesos de cobranza, tampoco. De todos los recursos que se invierten para que nuestra sociedad funcione como corresponde ―el presupuesto 2014 considera gastos por USD 61 mil millones, aproximadamente― las empresas, cuya rentabilidad depende 100% de ello, no aportan ni uno. Nuestro sistema es tan peculiar, tan especial, que entre los 34 países de la OCDE (donde están las economías más exitosas del planeta) sólo Chile y México (coincidentemente, las dos economías con mayor desigualdad, por lejos) lo utilizan. En los otros 32 países, las empresas tributan efectivamente una parte de sus utilidades como pago por los servicios que reciben del Estado, los que son, sin duda alguna, servicios necesarios para producir la renta.

Respecto de la equidad horizontal, el asunto se pone más peludo aún. Un empleado que gana un sueldo reguleque ($ 3,5 millones brutos mensuales, según el criterio ossandonesco), debe tributar (de acuerdo con la escala vigente) $ 4,87 millones. Un empresario que retira esa suma de su empresa (y no tiene más ingresos), paga cero (leyó bien, no paga), ya que el crédito por concepto de primera categoría le cubre por completo el global complementario que le correspondería. ¿Equidad horizontal? Permítame reírme.

Pero donde la cuestión adquiere ribetes inverosímiles, es en la equidad vertical. Mientras el empleado del párrafo anterior paga, por su retiro de $ 42 millones anuales, $ 4,87 millones en impuesto a la renta, un socio de una sociedad de personas puede retirar (si la sabe hacer, y hay bastantes que la saben hacer) $ 1.000 millones de utilidades de su sociedad sin pagar un peso (sí, leyó bien de nuevo: retirar $ 1.000 millones, sin pagar un peso por concepto de impuesto a la renta). Créame, porque tengo las cifras acumuladas (están disponibles públicamente, cuando uno sabe dónde y cómo buscar) y son gigantescas. Del verbo cuantioso. ¿Equidad vertical en este sistema? Por favor, hablemos en serio, como decía el presidente del MOP-Gate.

2.- Con lo expuesto, ¿necesitamos en realidad hablar de si se cumple o no el principio de transparencia? ¿Sabía usted esto que le estoy contando? ¿Tiene acceso expedito a la información de cuánto pagan realmente en impuestos los miembros de nuestros grandes grupos económicos? ¿Qué porcentaje de su renta? Vamos más atrás: ¿vivimos acaso en un país donde la transparencia es un bien preciado por la sociedad y por nuestra clase dirigente?

3.- Ahora, del principio de sencillez para qué le digo nada. Nuestro absurdo sistema de impuesto a la renta tiene tantos vericuetos, que las personas que los conocen todos deben ser contadas con los dedos de una mano. Y si cuesta tanto entender la normativa, ¿cómo la aplica usted adecuadamente? ¿Y cómo la controla?
Tenemos pues un sistema tributario que no sólo no cumple con los mínimos principios básicos exigibles, sino que los trasgrede alevosamente. Quienes conocen las triquiñuelas, hacen uso de ellas a discreción, con total desparpajo y falta de escrúpulos. Total, ya son 30 años de largona. Y, según parece, vienen otros cuatro más. ¿Para qué preocuparse entonces?

Hay mucho más paño que cortar: ¿recauda este sistema lo suficiente como para satisfacer las necesidades fiscales y sociales ―¿murmuró usted algo sobre educación, salud, vivienda, previsión? Me pareció escucharlo―? ¿Cuánto tributan las empresas extranjeras? ¿Las mineras? ¿Cómo anda el cobro que efectúa el Estado por nuestros recursos naturales (minerales, agua, pesca, bosque nativo? ¿Es una porción razonable de los ingresos de las empresas que los explotan? Quedarán para alguna columna futura. Por el momento, amigo lector, lo que cabe es averiguar más: plantéese las preguntas, busque la fuente de información más adecuada, investigue. Se sorprenderá con la cantidad de datos que andan dando vueltas por ahí. No podemos seguir siendo tan indolentes, tan poco exigentes con nuestras autoridades, tan tolerantes con la sinvergüenzura masiva que nos aplasta.

Porque usted podría aprovechar este momento de relajo para contestar la pregunta del título de esta columna: el sistema tributario chileno: ¿es un experimento fallido o un caso de sinvergüenzura extrema?


¿Qué le parece a usted?

miércoles, 27 de noviembre de 2013

El señor X

¿Cómo funciona en Chile el sistema de impuesto a la renta de las empresas? ¿El tan cacareado FUT?

Permítame mostrárselo con un ejemplo.

Suponga que usted tiene una fábrica de hamburguesas y que le compra la carne a un proveedor monopólico, el señor X. Suponga, además, que también le compra, por separado, la carne que destina al consumo familiar.

El contrato de abastecimiento que usted firmó con el señor X, establece que su empresa pagará durante el año anticipos a cuenta de sus adquisiciones (PPM, les llamó el señor X), los que liquidará en abril del año siguiente (y así en cada año sucesivo). Establece, además, que usted como empresario no pagará durante el año por la carne que adquiera, sino que lo hará también, previa liquidación, en abril del año siguiente.

Durante el año, el señor X abastece regularmente carne a su empresa y ella le retribuye con los PPM acordados. Éstos, por instrucciones del señor X, son anotados por su contador en un registro especial denominado FUT. Usted, por su parte, según lo convenido, recibe la carne sin pagar un peso por ella.

Cuando llega el momento de la liquidación (abril, ya dijimos, no hay plazo que no se cumpla), la situación es la siguiente: valor de la carne comprada, $ 120 millones; PPM pagados, $ 130 millones; carne adquirida para consumo familiar, $ 10 millones (qué bueno, piensa usted; con los $ 10 millones de excedente de anticipos, pago mi deuda personal y asunto saldado).

No obstante, el señor X le tiene una grata sorpresa: no sólo le devolverá los $ 10 millones de excedente de anticipo, sino que usted podrá embolsárselos tranquilamente y gastarlos en lo que quiera, ya que no tendrá que pagar su deuda personal. Ésta, le dice sonriente el señor X, quedará saldada.

Hay un error ―replica usted (las cuentas claras conservan la amistad)―; yo no he pagado mi consumo familiar.

Desde hace un tiempo ―le informa con voz firme el señor X, haciendo más amplia aún su amistosa sonrisa― estamos operando con un sistema de pago integrado entre las empresas y los empresarios. Las empresas no usan los pagos que efectúan para saldar sus propios consumos, sino los de sus propietarios. En consecuencia, con los $ 120 millones que canceló su empresa cubriremos los $ 10 millones que usted nos debe, y el saldo quedará como anticipo, reflejado en su cuenta FUT, para financiar sus consumos futuros. ¡Ah! Y no se preocupe, pues en cuanto a su empresa, no me debe nada.

Pero, ¿cómo? ―dice usted, estupefacto―. Con ese sistema su empresa se desfinanciará.

Descuide ―retruca el señor X, haciéndole un guiño y un gesto de complicidad―. Yo compenso eso, cobrándoles la carne más cara a mis compradores “no-empresa”.

Pero ―arguye usted, siempre preocupado por el bienestar del prójimo― eso es injusto. La gente se dará cuenta y reclamará.

Usted quédese tranquilo y déjeme eso a mí ―responde el señor X con semblante beatífico―. No son muy avispados, así que no se darán cuenta. Le garantizo que podemos estar 30 años así. Y si alguien reclama, sacaremos un discurso de que está en contra de las empresas, de que es comunista, de que la riqueza no existe y hay que crearla, y bla bla bla, y todo arreglado. Tengo asesores especialistas en generar cortinas de humo. Vaya y disfrute de sus excedentes, que yo me encargo del resto.

Y mientras usted se retira, el señor X se le acerca, le palmotea la espalda, y le dice con voz convincente: despreocúpese, está todo controlado.

¿Le quedó claro el ejemplo? Ahora cambie al señor X por el Estado chileno y la carne por los servicios que éste otorga a todos los habitantes de Chile (incluyendo, por cierto, a las empresas), y tendrá el escenario donde se desarrolla nuestra vida diaria: en Chile, amigo lector, las empresas no pagan por los servicios que reciben del Estado y de la sociedad (seguridad, vialidad, justicia, normativas varias, fomento, orden, tranquilidad, convenios bilaterales y un largo etcétera), sino que financian los impuestos de sus propietarios. Gracias a eso, éstos no pagan impuestos (revise los datos del SII si no me cree: el impuesto global complementario representa no más del 1% de la recaudación total y se cubre en su totalidad con los tributos de las empresas). Y el Estado, desde luego, nos recarga la mata a todo el resto en compensación. Es un sistema injusto e inmoral, creado específicamente para que los grandes y medianos empresarios acumulen riqueza.

Desde luego, cuando saltan al tapete las demandas populares pidiendo que este vergonzoso mecanismo se modifique, salen los especialistas en generar cortinas de humo a distraer la atención. Los argumentos los conocemos: hay que evitar la doble tributación (¿dónde habrán aprendido que empresas y empresarios son lo mismo?), fomentar la reinversión (¿de dónde habrán sacado que un sistema de impuestos equitativo perjudica la inversión?), proteger a quienes generan riqueza (¿en qué mente puede caber que un sistema de impuestos equitativo es una agresión contra los empresarios?). Todas, consideraciones falaces, que no apuntan al problema específico sino que se van por las ramas. Son distractores; voladores de luces; argumentos madurados por años para proteger este verdadero despojo.

Pero, dirá usted, afortunadamente queda poco. El nuevo gobierno se encargará de efectuar todos los cambios que sean necesarios.

Tengo que decirle, estimado lector, que su ingenuidad me enternece. ¿Cree usted realmente que Michelle Bachelet (porque ya sabemos que Evelyn Matthei, aparte de tener muy pocas probabilidades de ganar, no modificará el actual sistema) efectuará los cambios que se requieren? Lea, por favor, su programa: mantiene el FUT (aunque diga que lo elimina), baja las tasas y les aumenta granjerías a quienes perciben más ingresos, incorpora la depreciación instantánea… ¿qué cree usted que saldrá de semejante potpurrí?


No se ilusione, amigo lector. Retorne a nuestra terrenal realidad. Recuerde, mejor, las últimas palabras del señor X y despreocúpese. Está todo controlado.

domingo, 24 de noviembre de 2013

La fe pública

El caso de Ignacia Golborne ―hacer uso indebido de un beneficio estatal― vuelve a situar en primera línea un porfiado tema que nunca se ha querido enfrentar en nuestro país como corresponde: el del adecuado resguardo de la fe pública.

La fe pública, que puede ser definida como “la confianza que manifiestan los ciudadanos en la rectitud y honradez del actuar de los funcionarios públicos” (y de quienes aspiran a serlo, podríamos agregar), es una condición básica para el buen funcionamiento de una nación. Los ciudadanos necesitan creer que sus instituciones públicas, y quienes forman parte de ellas, no les enterrarán un puñal en la espalda cuando estén distraídos (e, incluso, cuando no lo estén). Necesitan confiar que juegan limpio, y no son una cáfila de rufianes que los pasarán por el aro a la primera oportunidad que se les presente. Es como en un matrimonio (o en cualquier sociedad de personas): si la confianza se pierde, hasta ahí no más llegamos. Reconstruirla puede tardar mucho tiempo y a veces, como cuando se rompe un cristal, se seca una flor, se agria la leche o se quema un papel, es imposible.

Cuando la fe pública se destruye, el asunto se torna grave. El portarse bien, el respetar las normas, dejan de ser deberes y se transforman en idioteces. Si las autoridades, que deberían ser modelos de probidad, se comportan como gatos de campo, ¿por qué uno, el ciudadano de a pie, no debería comportarse de igual manera? Sacar provecho indebido del Estado pasa, entonces, a ser una obligación. Es la forma de pagar con la misma moneda. En tales casos, la sociedad comienza a deteriorarse paulatinamente, y el desenlace puede llegar a ser fatal. Basta revisar el caso de Venezuela para comprobarlo.

En Chile, para nuestra desgracia, la fe pública se ha perdido. Hace rato, ya. Son demasiados los casos de “aprovechamientos indebidos” del aparato público que hemos sufrido, como para que el hilo siga resistiendo. El caso de Ignacia Golborne es sólo uno más ―es ilustrativo constatar, no obstante, que (según parece) les costó la elección a ella y a su padre. ¿Será que nuestra sociedad se aburrió de agachar el moño y no devolver el golpe? ―. Para muestra, tome nota de una lista que no pretende, ni con mucho, ser exhaustiva.

Está esa perla de la frescura y el descaro que se llamó el “caso MOP-Gate”, una gigantesca colusión concertacionista destinada a ordeñar al Estado recurriendo a todos los medios impropios disponibles (que fue validada, no olvidemos, por el mismísimo Longueira en representación de la UDI. ¿A cambio de qué? Nunca se supo). Está la larga lista de tropelías incurridas en los gobiernos de la Concertación, casi todas (por no decir todas) sin sanción. Están las compras de armas y otros materiales estratégicos. En este gobierno, a modo de ejemplo, tenemos el sospechoso caso Johnson’s, el Minvu-Kodama, los densímetros con sobreprecios, y los numerosos “conflictos de interés”.

Y, por cierto, está el Congreso.

Allí, hay de todo: desde remuneraciones que se perciben sin trabajar, pasando por asignaciones de gastos cuyo uso pertinente nadie fiscaliza, siguiendo con nepotismo incontrolado, continuando con lobbies no regulados, y terminando con evidentes infracciones (incluso posibles delitos) que no son sancionadas. Nuestro Congreso  es como un club exclusivo al cual sólo los socios tienen derecho a asomarse. La política vigente ahí, es que lo que ocurra en su interior es de incumbencia sólo de sus inquilinos, y nadie más tiene derecho a entrometerse.

Han existido gravísimas denuncias, pero nunca se han investigado a fondo. Alguna vez se acusó a parlamentarios de ser drogadictos, pero hasta el día de hoy, pese a ser dicha condición evidentemente incompatible con el ejercicio de tales cargos (y de cualquier cargo público, en realidad), no se ha implementado un control tan simple como el examen del cabello cada seis meses.

No hace mucho, mientras Claudia Nogueira era investigada por mal uso de asignaciones parlamentarias, se comentó que lo que ella había hecho, desviar recursos de asignaciones a sus cuentas personales, era habitual en el hemiciclo; que la mayoría de sus colegas lo hacían. Por cierto, pese a su gravedad, nadie investigó en profundidad la especie y ésta, como muchas otras, entró a dormir el dulce sueño del olvido.

Más aún: hace poco se filtró que Marta Isasi habría recibido importantes aportes de la industria pesquera mientras, oh coincidencia, se tramitaba la ley de pesca. Aunque ella dio a entender, respaldada por declaraciones de un alto ejecutivo de una pesquera, que muchos más estaban en su caso, nada se investigó. Y, por cierto, todos siguieron muy tranquilos.

Pero hay mucho más. Por la Cámara y por el Senado circulan o han circulado parlamentarios que han hecho uso de recursos públicos para fines privados, o han usado documentos falsos para justificar rendiciones electorales. Han sido electos algunos que han sido procesados, y condenados, por malversaciones de fondos. Postularon en la última elección, e incluso salieron electas, personas que están siendo investigadas por actos deleznables (¿le suenan las becas Valech?). Y todo sin que se avizore medida correctiva alguna. De hecho, no la hay en los programas de ninguno de los candidatos.

La ciudadanía chilena decidió, por mayoría absoluta, que era necesaria una segunda vuelta presidencial. La sentencia es clarísima: ninguno de los candidatos la convenció lo suficiente como para hacerle entrega, de buenas a primera, de su preferencia manifiesta. El electorado quiere, necesita, exige, más antecedentes, más proposiciones, más proyectos. Y uno de ellos, no me cabe duda, es el de la máxima transparencia.

Preguntémosles entonces a las dos candidatas finalistas cuáles son las medidas que implementarán para garantizarnos, como dueños del boliche, el estricto uso de los fondos públicos en los fines para los que fueron concebidos, y quedemos a la espera de su pronta respuesta.


Con carácter de obligatoria, desde luego. ¿O me van a decir que el tema no tiene relevancia? La fe pública (no se ría) está en juego.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Las escandalosas cifras duras del FUT, o el arte de meternos el dedo en la boca hasta el hombro

No es difícil conocer en detalle nuestra realidad tributaria. La web del SII entrega, de hecho, información bastante completa al respecto, por lo que cualquier ciudadano interesado puede, si lo desea, recurrir a ella y empaparse de cifras de las llamadas “duras”.

Si usted quiere saber, por ejemplo, cuál es la verdad de la milanesa respecto del tan manoseado FUT, ésta es la información a la que debe recurrir: la oficial, la formal, la pertinente; la que lo dejará clarito. Para no andar hablando del tema sin respaldo, digo yo.

Así que hagamos en conjunto el ejercicio, ¿le parece? Vaya a la página principal del SII, busque el link Estadísticas y estudios del SII (en la parte inferior, bajo el acápite “Sobre el SII”) y haga clic en él. En el recuadro Estadísticas de impuestos, haga clic en Serie de ingresos tributarios anuales, después, en Serie de Ingresos Tributarios Anuales 2009-2011, y luego, en Serie de Ingresos Consolidados Anuales. ¿Me siguió? Si lo hizo bien, se bajará un archivo zip llamado “consolidados”. Ábralo sin miedo (no tiene virus ni muerde). Le dará acceso a una planilla Excel denominada Serie de Ingresos Tributarios Consolidados Anuales 2009-2012. Por último, abra la planilla.

Hay en ella un montón de líneas ocultas. Si quiere tener a la vista toda la información que contiene, oprima los signos + que aparecen a la izquierda. ¿Estamos listos? Bien, analicemos entonces la información presentada.

Está ahí la recaudación, para los años 2009 a 2012, de todos los tipos de impuestos: a la renta, IVA, específicos, a los actos jurídicos (timbres y estampillas), al comercio exterior (aranceles) e impuestos varios (herencia, patentes mineras, juegos de azar, entre otros). Usted puede refocilarse (si disfruta con el tema, desde luego; sobre gustos…) revisando su comportamiento y su importancia relativa. Un alcance: las cifras están en pesos nominales, por lo que si quiere compararlas año a año, tiene que darse el trabajo de actualizarlas (¿por qué no se presenta una segunda planilla donde esa tarea esté efectuada, ahorrando así complicaciones al usuario? Misterio).

Dos consideraciones generales: el IVA es el principal instrumento de recaudación tributaria (supera al impuesto a la renta en los cuatro años considerados); y los impuestos específicos representan poco menos del 10% de los impuestos totales, siendo el de los combustibles, el más incidente. Anótelas, y úselas como le plazca. Para eso están.

Vamos al tema de la renta, objetivo central de este artículo. Usando las columnas de la derecha usted, como avezado usuario de Excel, puede calcular los porcentajes que representa cada ítem sobre la recaudación total. Si lo hace, observará que el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva ($ 5,8 billones), que es el que paga la mayoría de las empresas en nuestro país, alcanza el 2012 al 24% (en los años anteriores varió entre un 27% y un 18%). Dicho pago, como usted sabe, es el que queda anotado en el registro FUT para ser usado por los empresarios como crédito para sus impuestos personales (por si no le quedó claro, el impuesto de primera categoría pagado por las empresas NO es de beneficio fiscal, sino sólo un anticipo de los impuestos personales de sus propietarios; las empresas no pagan impuestos en Chile).

¿Y a cuánto ascienden dichos impuestos personales? Analicemos el caso de los empresarios nacionales y dejemos para una futura columna el de los extranjeros: el dato está en la fila 27 (impuesto global complementario determinado). Como puede usted apreciar, dicho impuesto ($ 367,9 mil millones al 2012, algo inflado debido al efecto de los ingresos del artículo 42 n°1) representa menos del 2% de la recaudación total. En el 2012, de hecho, representa sólo un 1,6% (igual me resulta muy bajo ese porcentaje; el que figura en la información que obtuve por la ley de transparencia es un poco más alto (3%),  pero en fin, si está allí imagino que lo habrán chequeado).

Ahora, amigo lector, viene lo bueno. Ese impuesto global complementario determinado es el total de impuesto que pagan en Chile los empresarios nacionales (repito: un 1,6% de la recaudación total, según este informe del SII), pero como tienen un crédito originado por el tributo de primera categoría enterado por sus empresas, NO lo pagan. En la línea 29 usted encontrará el mencionado crédito, que (salvo el 2010) es mayor que el pago efectuado. O sea, no sólo el impuesto determinado es ínfimo (convendrá usted conmigo en que el 1,6% de la recaudación total merece ese calificativo), sino que además quienes están sujetos a él reciben una devolución. Qué bueno sería que quienes arguyen que los empresarios pagan realmente global complementario, vieran estas cifras y comprobaran en terreno sus falaces planteamientos. ¡Qué manera de faltar a la verdad!

Por supuesto, esto no es lo único. Hay más; mucho más. En la línea 30 encontrará usted unas cantidades negativas nada de despreciables ($ 118 mil millones en el 2012). Ellas corresponden a la rebaja de impuestos, con derecho a devolución, que disfrutan quienes presentan durante el año lo que se llama “ahorro positivo” (ocurre cuando la plata que usted ahorró durante el año es mayor que la retiró del ahorro). Es una granjería dirigida fundamentalmente a quienes tienen considerables ahorros, vale decir, a aquéllos que se encuentran entre el 10% más acomodado de la población, quienes tienen derecho a descontar del global complementario hasta un 15% de su “ahorro positivo”. O sea, si usted es un adinerado inversionista que invirtió $ 200 millones en depósitos a plazo y fondos mutuos durante el año, tendrá derecho a rebajar $ 30 millones de su global complementario. No hay caso, ¿verdad? La plata llama a la plata.

El caso es que, sumando los dos créditos, se obtiene una espectacular devolución: $ 142.540 millones al 2012, con lo que el pago real por concepto de global complementario (impuesto determinado menos la devolución) queda reducido a sólo un 1% de la recaudación total.

Detengámonos un poco aquí, para entender en toda su magnitud lo que esto significa. El remanente del impuesto determinado después de restarle la devolución, es lo que realmente pagan por concepto de “impuesto integrado” las empresas y empresarios en Chile. En el año 2012, según este informe del SII basado en cifras de la Tesorería General de la República, este remanente representó menos de un 1% de la recaudación total de impuestos. En Chile, señores, gracias al sistema denominado FUT, ésos son los impuestos que pagan nuestras empresas y empresarios. Menos del 1% de la recaudación total, ¿se da cuenta de lo que eso significa?

Confrontémoslo con la otra cara de la medalla: cuánto es lo que reciben empresarios y empresas. Los datos del Banco Mundial al respecto son conocidos: el 10% más rico percibe un 42,8% de los ingresos totales del país.

De manera que ésas tenemos: quienes perciben sobre el 40% de los ingresos del país, aportan menos del 1% de la recaudación total de impuestos. Ésa es, señor lector, la principal consecuencia de la aplicación de uno de los sistemas tributarios más  infames e inmorales que existe en el mundo. ¿Qué le parece esto como explicación de por qué ha aumentado tanto en nuestro país la concentración de la riqueza?

Estamos preparándonos para elegir a la persona que llevará las riendas del gobierno durante los próximos cuatro años. Al respecto, estimado lector, me permito sugerirle que tenga presente que una de las candidatas, Evelyn Matthei, defiende a ultranza este sistema. No tiene considerado, de hecho, introducirle cambio alguno. Si ella gana, nuestros empresarios seguirán pagando los irrisorios impuestos descritos más arriba, ese 1% del total de la recaudación tributaria.

Respecto de la otra candidata, Michelle Bachelet, me permito sugerirle que tenga presente que los cambios que ella propone al sistema vigente, no son tales. Su propuesta plantea la eliminación del FUT, pero las medidas específicas que propone para implementar dicho cambio, le aseguran larga vida al mencionado registro (además, parece que estuviera preparando sus propuestas con el codo; ¿qué le pareció el numerito del impuesto específico a la educación que acaba de sacar a colación parte de su equipo?).

La verdad, amigo lector, es que da rabia lo que ocurre. Las dos alternativas de gobierno de que disponemos, empecinadas en defender un sistema que sólo favorece a las mayores fortunas. Connotados profesionales del mundo de la economía, defendiendo un sistema espurio, porque seguramente no lo entienden, ya que nunca en su vida han elaborado un balance ni usado el registro FUT. No saben cómo opera, ya que si lo supieran, no afirmarían con tanta soltura que la propuesta de Bachelet conlleva su eliminación.

Lamentablemente, no hay más alternativas. Una de las dos será la próxima presidenta. Sólo queda transparentar la infamia para, en una de ésas, conseguir que no se siga perpetrando. Aunque eso se podría lograr sólo si a las candidatas de verdad les importara el bienestar de la población. De toda la población. No sólo del 10% más acomodado.

¿Será pedirles demasiado?

jueves, 14 de noviembre de 2013

La gran falacia de la educación

Quienes defienden al modelo neoliberal vigente, tanto en la Derecha como en la Nueva Mayoría (aunque usted no lo crea, hay bastantes allí), sostienen que la educación es el único vehículo viable para superar la enorme desigualdad que existe en nuestra sociedad. Argumentan que sólo por su intermedio, en el largo plazo ―no establecen, eso sí, cuál es la real dimensión de éste―, las diferencias individuales tienden a reducirse y las brechas económicas que éstas provocan, por lógica consecuencia, a estrecharse.

¿Están en lo correcto?

Lamentablemente (para nosotros, que sufrimos las consecuencias de sus decisiones), no. Están equivocados.

En el mundo, las estructuras ocupacionales de los países tienden a ser similares. Todos cuentan con profesionales (médicos, ingenieros, abogados, periodistas, arquitectos, etc.), pero también con técnicos, estafetas y operarios. Hay grandes, medianos y pequeños empresarios, pero también albañiles, gasfíteres y electricistas. Existen profesores, artistas, deportistas, diseñadores, secretarias, pero también operarios de call center, cajeros, dependientes y recogedores de basura. Tal vez varíe la importancia relativa de cada profesión u oficio (dependiendo de las especializaciones de las economías), pero necesariamente todos deben estar presentes.

Si la educación fuese al responsable más relevante de la desigualdad, todos los países del mundo deberían tener distribuciones del ingreso similares. Si sus estructuras laborales son parecidas, también deberían serlo las de remuneraciones. ¿No le parece? Mal que mal, un albañil sigue siendo un albañil, sea en Chile o en Alemania; un estafeta sigue siendo un estafeta, esté en Bolivia o en Suiza; y un recogedor de basura sigue siendo un recogedor de basura, tanto en Namibia como en Noruega.

Pese a ello, sin embargo, las distribuciones de ingresos de dichos países son muy distintas entre sí. Mientras en Chile el 10% más rico gana 30 veces más que el más pobre, en Alemania gana sólo 7; mientras en Bolivia gana 96 veces, en Suiza sólo 9; mientras en Namibia gana 40 veces, en Noruega, sólo 6.

De manera que no es la educación la responsable de los enormes desniveles de ingreso que existen hoy en nuestro país. Y no tenemos que esperar que transcurra el largo plazo (me sigo preguntando cuánto dura realmente ese período) para comenzar a corregirlos.

La educación ―la buena educación― es indispensable en un país, por cierto. Una sociedad sana no puede prescindir de ella. Su importancia fundamental no radica, no obstante, en ser la única herramienta apropiada para combatir la desigualdad (no lo es, de hecho), sino en el papel que juega en igualar las oportunidades. Ahí sí que tiene una importancia crucial. Y para comprenderla en toda su dimensión, es preciso identificar la causa primordial de la desigualdad.

Es la concentración del poder el factor que explica la mayor parte de la brecha de ingresos en los países. Para comprobarlo, basta con observar la situación particular que, al respecto, presenta cada uno de ellos.

En las naciones con buenas distribuciones, usted encontrará sindicatos fuertes, poderosas organizaciones de defensa del consumidor, drásticas leyes que regulan y penalizan los abusos, y Estados paternalistas, que garantizan a todos los ciudadanos un elevado nivel mínimo de servicios en forma gratuita. En los países más inequitativos, de seguro hallará sindicalización débil, organismos de defensa del consumidor sin poder alguno, legislación blanda y permisiva, y Estados ausentes (subsidiarios, como se los denomina).

Sin embargo, es en la educación donde hallará la principal diferencia. Porque ésta, aunque no garantiza por sí sola una mayor equidad, sí entrega poder. Y lo entrega en el corto plazo. Una sociedad con un nivel educacional alto, es una sociedad que no es pasada a llevar tan fácilmente. Es una sociedad que conoce sus derechos, que está dispuesta a defenderlos, y que dispone para ello de argumentos sólidos y contundentes. Una sociedad con elevado nivel educacional, es una sociedad que exigirá equidad, y hará lo necesario para lograrla. Por eso es indispensable que Chile tenga, a la mayor brevedad, un sistema educacional gratuito de excelencia, ya que por medio de él  quienes tienen menores ingresos podrán nivelarse, y hablar de tú a tú con quienes hoy abusan de ellos.

Para muestra, un botón: en Suiza se discute actualmente limitar las diferencias de sueldos en las empresas y organizaciones. El criterio sería que ningún empleado, ocupe el cargo que sea, gane más en un mes que lo que gana otro en un año. En otras palabras, la relación entre los sueldos más altos y los más exiguos no debería exceder a doce. Y esta disposición se someterá próximamente a referendo.

¿Se imagina algo así en Chile? Para acercarse a ello, es indispensable subir por parejo el nivel educacional de los ciudadanos. Sólo quienes disponen de educación, de conocimientos, de información, son capaces de golpear la mesa y plantear con fuerza sus exigencias. Los que no, agachan el moño.

Sea cual sea, en todo caso, nuestra situación actual, la idea de los suizos es demasiado buena como para dejarla pasar así sin más. ¿Qué le parecería limitar en Chile los sueldos y honorarios del sector público, incluyendo a diputados, senadores, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, intendentes, alcaldes  y asesores, a un máximo de doce veces el sueldo mínimo? Para partir reduciendo la desigualdad de una vez por todas, digo.


Dejo planteada la moción y espero su apoyo para hacer la crecer y, en una de ésas, lograr implementarla. Sería de toda justicia, ¿no cree?

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Yo acuso

Carta abierta a los ciudadanos de la República de Chile

Estimados ciudadanos:

Me permito distraer su atención para denunciar un doloroso despojo que se viene produciendo en forma ininterrumpida en contra de casi todos los chilenos, en especial de los más pobres, desde hace ya 30 años.

Al hacerlo, no me anima motivación política alguna. Soy absolutamente independiente. No milito en partido político alguno y jamás he desempeñado cargos públicos. Sólo es la indignación lo que me lleva a exponer esto. Soy un ciudadano hastiado, aburrido, de ser víctima de un abuso tan burdo, que lleva ya tres décadas consumándose, y que lo seguirá haciendo, según parece, durante los próximos cuatro años.

Me refiero al gigantesco subsidio que el Estado chileno entrega, desde 1984, a todas las empresas que operan en el país, al eximirlas del pago de impuesto a la renta con el propósito de que utilicen los tributos que están obligadas a enterar en arcas fiscales (el impuesto de primera categoría), para pagar los impuestos personales de sus propietarios.

Cualquier análisis objetivo de la realidad nacional concluirá que son las empresas quienes mayor uso hacen de la infraestructura estatal y de los servicios que ella otorga (piensen, si no, de dónde provienen las demandas que abarrotan los juzgados civiles; o en la actividad que desarrollan los cinco ministerios sectoriales y el nutrido stock de superintendencias de que disponemos), y quienes mayor provecho económico sacan del normal funcionamiento de la sociedad-país. Las empresas no pueden existir sin sociedades-países que las acojan (imaginen un Banco en medio de los Campos de Hielo o en la inmensa soledad del desierto de Atacama), y les resulta imprescindible que éstas funcionen bien, ya que en caso contrario su rentabilidad se ve seriamente comprometida.

Por esta razón, deberían aportar a su financiamiento. Es de toda justicia que quienes consumen servicios, de cualquier índole, contribuyan a financiarlos. Por el contrario, es tremendamente injusto que no lo hagan, como ocurre hoy en Chile. Y nada mejor que las cifras duras (que, como tales, son tercas e incontestables) para comprobarlo.

Observen, por favor, la tabla siguiente, elaborada con cifras extraídas de la página web del SII  el día 10 del presente, y con datos entregados por el mismo servicio bajo el amparo de la ley de transparencia:

PARTICIPACIÓN SOBRE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTAL (%)
CONCEPTO
2011
2012
IVA

Impuesto a la renta
-1ª categoría

-Global complementario

-Crédito 1ª categoría

-Pago integrado real

45,2

42,8
19,4

-0,5

3,1

2,6
45,8

41,8
25,4

-0,6

3,5

2,9

Traduzcamos las cifras a lenguaje cotidiano. Del total de la recaudación tributaria (que, como ustedes saben, es la mayor fuente de financiamiento fiscal), el IVA representó en los dos últimos años poco más del 45%. El impuesto a la renta, algo menos; alrededor de un 42%. El impuesto de 1ª categoría que pagan las empresas, representó sólo un 19,4% el 2011 y subió a un 25,4% el 2012.

Sin embargo, como este impuesto es sólo un anticipo de los impuestos personales de los empresarios, lo que realmente pagaron en impuestos  éstos y sus empresas, es la suma del crédito de primera categoría y el global complementario, vale decir, el pago integrado real: 2,6% el 2011 y 2,9% el 2012. El resto de la recaudación por concepto de 1ª categoría queda, como ustedes saben, reflejado en el FUT, como anticipo de impuestos personales para cuando los empresarios decidan retirar sus utilidades.

Estimados ciudadanos: ésa es la vergonzosa realidad tributaria de nuestro país. La recaudación por concepto de impuesto a la renta entre empresarios y empresas representó sólo un 2,6% por ciento del total el 2011, y sólo un 2,9% el 2012. Yo acuso, por medio de esta columna, que las empresas chilenas y sus propietarios, que usan a destajo los servicios estatales, financian menos de un 3% de su costo anual. ¿Les parece un despojo? Pues claro que sí. Eso es, exactamente.

¿Y de dónde proviene esta vergüenza? De la modificación que, en 1984, efectuó Pinochet al sistema de impuesto a la renta. Aduciendo que había que corregir la “doble tributación” existente e incentivar la reinversión en las empresas, lo reemplazó por el que, con cambios menores, sigue vigente hasta hoy (que es el que provoca esas irrisorias cifras).

Pues bien, yo acuso a todos quienes plantean que el sistema vigente favorece la reinversión, de faltar a la verdad. ¿Por qué? Porque las empresas siguen, tal como lo hacían antes de 1984, tributando en primera categoría, de manera que no han dispuesto de ningún peso extra para reinvertir. ¿Cómo puede usted favorecer la reinversión si las empresas, que son quienes reinvierten, ponen en manos del Fisco la totalidad del impuesto de primera categoría?

Acuso también a todos quienes plantean que el sistema vigente evita la doble tributación, de faltar a la verdad. Tal afirmación nace de una enorme falacia, de una rueda de carreta de tamaño XL que nos han obligado a tragar durante estos 30 años: que las empresas son lo mismo que los empresarios (sólo puede existir doble tributación cuando un sujeto específico se ve obligado a tributar dos veces por la misma renta).

Ustedes, estimados ciudadanos, pueden revisar la literatura administrativa completa: cientos de libros especializados, decenas de autores; y en ninguno, pero en ninguno, encontrarán tan infame especie. Más aún: todos los autores, taxativamente, plantean en sus obras que empresa y empresario son sujetos distintos.

Pueden revisar además toda nuestra normativa (Constitución, Código Civil, Código de Comercio, etc.) y no encontrarán ninguna, pero ninguna, disposición donde se establezca que personas naturales y empresas son lo mismo, menos aún si éstas últimas poseen, como la inmensa mayoría de las grandes empresas, personalidad jurídica.

¿En qué manual habrán aprendido estos señores que empresas y empresarios son lo mismo? ¿Qué facultad de administración se los enseñó? Es urgente averiguarlo, para mandarla a un proceso de reacreditación inmediato.

Y si los argumentos que justifican esta barbarie son falacias, ¿en qué se basaron los autores del sistema para crearlo? ¿Y sus defensores, para mantenerlo? ¿Y para impedir su modificación?

Yo acuso a los creadores de este inmoral sistema, de haberlo puesto en práctica con el exclusivo propósito de eximir a los empresarios del pago de impuesto a la renta. Compare 1983 con 1984 y verá que la única diferencia fundamental entre ambos, es que los empresarios pagaban impuestos a la renta el 83 y dejaron de hacerlo el 84. No hay otra. Los hechos son tercos como las puertas de una bóveda. No se puede argumentar en su contra.

No necesito, creo, ahondar en cuánto influye este sistema en la brutal desigualdad que nos afecta. Con lo que ganan empresarios y empresas y con lo que pagan de impuestos, está más que claro.

El punto de que este sistema ha estado vigente durante 30 años, no es menor. En veinte de ellos, los dos tercios del período, la concertación estuvo en el gobierno. Y, pese a tener todos los datos a su disposición, nada hicieron para corregirlo. ¿Por qué? Yo acuso a los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, de no hacer nada para modificar un sistema de impuesto a la renta vergonzoso. Acuso también al Congreso en pleno, por parejo, de mantener cómplice silencio durante los últimos 23 años. ¿Por qué? Saquen ustedes sus propias conclusiones.

A Piñera no necesito acusarlo. Él es coherente con su forma de pensar. El neoliberalismo promueve la explotación del hombre por el hombre, y él es un neoliberal de tomo y lomo. Iría contra su naturaleza impulsar un cambio en un sistema que, además, lo favorece directamente (¿hay o no aquí conflictos de interés?).

Pero sí, y con esto termino, debo acusar delante de todos ustedes al equipo que elaboró el proyecto de reforma tributaria de Michelle Bachelet. Los cambios que ellos promueven, no afectan en nada la raíz del problema. La propuesta de la candidata persiste en el absurdo predicamento de los impuestos integrados. Además, ellos también faltan a la verdad cuando dicen que eliminarán el Fut, ya que en esa misma propuesta, este tan manoseado registro contable goza de excelente salud.

Reflexionen, ciudadanos chilenos. Ya son 30 años que nos pasan por el aro. ¿Cuántos más esperaremos antes de pararles el carro a los responsables de tamaña vergüenza?


Ustedes tienen la palabra.

jueves, 7 de noviembre de 2013

¿Por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?


En alguno de sus diarios soliloquios, ¿se ha preguntado usted, estimado(a) lector(a), por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?

Es una interesante cuestión, ¿verdad? Más aún si consideramos que el dichoso sistema está cumpliendo 30 años de ininterrumpida vigencia, lo que significa, en buen castellano, que durante ese lapso ―tres décadas, seis lustros― ningún otro país del mundo  (ni los otros 33 de la OCDE ni los restantes 159 de la ONU) lo ha encontrado digno de ser imitado. ¿Por qué?

Coincidirá usted conmigo en que semejante exclusividad es anormal. Lo corriente es que los sistemas exitosos no sean exclusivos. Por tal razón, se ve como indispensable identificar su causa. No vaya a ser que, en una de ésas, lo que aparentemente es un motivo de orgullo (somos los más inteligentes del planeta), lo sea en verdad de vergüenza (somos los únicos capaces de poner en práctica una imbecilidad semejante).

De manera que tratemos de despejar la incógnita: ¿por qué el sistema de impuesto a la renta chileno es único en el mundo?

En procura de hacer un poco de luz a este respecto, permítame plantear un par de situaciones de común ocurrencia en nuestra sociedad.

Cuando alguno de sus clientes deja de pagar sus créditos, las empresas recurren a la cobranza judicial. Hacen uso de los servicios que les presta el aparato estatal para obligar a sus clientes a cumplir sus compromisos y recuperar, de esa manera, sus acreencias. Y se trata de un uso intensivo, como lo comprueba la verdadera marejada de juicios de cobranza interpuestos por los bancos que colapsa los juzgados civiles. De hecho, me atrevo a afirmar (sería interesante conocer alguna estadística al respecto) que las empresas son, por lejos, las principales usuarias de los juzgados civiles. La pregunta, entonces, cae de cajón: ¿cuánto pagan ellas al Estado por este servicio, que es vital para el éxito de sus operaciones?

La respuesta correcta es: nada. Con el sistema vigente, las empresas no le pagan ni un solitario peso al Estado por ese servicio. Lo reciben de éste en forma completamente gratuita. Somos las personas naturales quienes lo financiamos.

Vamos a un otrosí: la seguridad pública. Las empresas también hacen un uso intensivo de ella. Nuestra policía impide, con su presencia, que ellas sean asaltadas. Les garantiza, además, el acceso de sus clientes, la distribución de sus productos, la recepción de sus materias primas y un larguísimo etcétera. No sólo eso: la fuerza pública también participa en los procesos de cobranza. Repitamos la pregunta: ¿cuánto pagan las empresas al Estado por este servicio, que también es vital para el éxito de sus operaciones?

Repitamos también la respuesta: nada. Tal como en el caso anterior, con el sistema vigente, las empresas tampoco le pagan al Estado por ese servicio. Ni un solo miserable peso. Lo reciben de éste, al igual que el caso anterior, en forma gratuita. Y también somos las personas naturales quienes lo financiamos.

Usted puede reiterar el ejercicio con todos los servicios públicos. Las empresas no pagan por ninguno. El Estado se los entrega todos en forma gratuita.

Tal predicamento corre incluso para la mantención. Como es bien sabido, mantener algo funcionando en buenas condiciones, cuesta dinero. Es cosa de fijarse en los gastos comunes de los condominios. En el caso de las sociedades, ocurre lo mismo. Mantenerlas funcionando como corresponde, es oneroso. Es cosa de mirar el presupuesto de la nación para tener una idea del monto. El caso es que las empresas necesitan de ese buen funcionamiento social para que sus actividades sean rentables. Los negocios no funcionan en sociedades caóticas. El orden y la tranquilidad les son indispensables para su normal operación. No obstante, ¿pagan por ellos?

Tal como en los casos anteriores, la respuesta es no. Con el sistema vigente, tampoco las empresas le pagan al Estado por concepto de mantención. Somos las personas naturales quienes nos encargamos de financiarla.

Momentito, dirá usted con justa razón: las empresas pagan impuestos. De hecho, tributan en primera categoría con un 20% de sus utilidades.

Correcto, pero como usted es una persona ilustrada, seguramente habrá leído el artículo 20, párrafo 1, de nuestra ley de la renta. Se lo transcribo. Dice, textualmente: “Establécese un impuesto de 20% que podrá ser imputado a los impuestos global complementario y adicional…”. Se lo traduzco: el impuesto que pagan las empresas no es de beneficio fiscal; es sólo un anticipo, un pago provisional, de los impuestos personales de sus propietarios. Dicho en otras palabras, las empresas no pagan sus propios impuestos, sino que pagan los impuestos de sus dueños.

¿Se da cuenta del monstruoso sistema que tenemos? El Estado subsidia, con dinero de todos nosotros, la totalidad de los servicios públicos que consumen las empresas. ¿Para qué? Para que éstas les paguen los impuestos a sus dueños. ¿Para qué? Para que éstos, finalmente, no paguen impuestos.

Se lo repito para que le quede claro. En Chile, las empresas no pagan por los servicios públicos que consumen, porque destinan sus tributos a pagar los impuestos de los empresarios. Éstos, por su parte, salvo excepciones, no pagan impuestos. No son iguales ante la ley. Desde hace 30 años (el sistema de impuesto a la renta lo implementó Pinochet en 1984) disfrutan de un privilegio que es, efectivamente, único en el mundo.

Están más claras las razones de la exclusividad que mencionamos al principio, ¿verdad? Ninguna otra nación del mundo es capaz de implementar legalmente un despojo semejante.  Nadie es tan caradura. En todos los demás países, el impuesto a la renta que afecta a las empresas es considerado  un pago por los servicios públicos que ellas utilizan. En todos, los empresarios pagan impuestos a la renta, pero lo hacen de su propio bolsillo. ¿Somos, en verdad, los más inteligentes del planeta? Sí y no. Los que usufructúan del sistema, parece que sí. El 90% restante, no. De ninguna manera.

Ante tan inmoral escenario, me surgen dos nuevas interrogantes:

Es entendible que a quienes forman parte de la Alianza, les interese mantener el sistema descrito. Mal que mal, son los autores del mismo, y también los principales beneficiados. Sabemos que la mayoría de ellos privilegia el interés personal por sobre el social. Pero, ¿por qué la Concertación no lo modificó durante sus cuatro gobiernos? ¿Por qué el Congreso, por parejo, guardó cómplice silencio? ¿Qué razones tuvieron para no cortar de raíz tan bárbara inmoralidad? ¿Razones económicas, acaso? Es imprescindible saberlo.

La segunda pregunta que surge es plenamente contingente, ya que Michelle Bachelet será, con casi total certeza, la próxima presidenta de Chile. ¿Por qué en su propuesta de reforma tributaria, el sistema mencionado se mantiene? ¿Por qué en su gobierno seguiremos todos los chilenos financiando los servicios públicos que utilizan las empresas para que éstas paguen los impuestos de sus dueños? ¿Por qué Michelle Bachelet pretende, durante los próximos cuatro años, continuar con ese despojo?

La Concertación, la Nueva Mayoría y la candidata tienen que darnos una explicación. ¿No le parece? Como ciudadano chileno (Chile es de todos), las emplazo a que lo hagan.


Esperaré, confiado, su pronta respuesta. Aunque se vea improbable. Total la esperanza ―esa porfiada e irracional sensación de que lo que ansiamos, por lejano que esté, por inalcanzable que parezca, tiene alguna posibilidad de realizarse― es lo último que se pierde.

Programas de los candidatos: Los temas ausentes

Hay casi de todo en los programas de los candidatos: desde escuetas declaraciones de principios, pasando por meros listados clasificados de ideas (del tipo brainstorming) y nuevas versiones del chiste de los fenicios, hasta compendios bastante más elaborados (mamotretos, como los llama nuestra casi segura futura presidenta), que incluyen diagnósticos de la situación actual de nuestra sociedad y extensos listados de compromisos (posibles soluciones a los problemas detectados, que se pretenden poner en práctica si se llega al gobierno). Se echa de menos en estos últimos, eso sí, el cómo se implementarán (el programa propiamente tal), pero ésa es una falencia generalizada, por lo que no permite discriminar entre las distintas propuestas.

Es interesante constatar que una lectura incluso superficial de éstas, permite descubrir numerosas ideas viables, algunas muy atractivas. Existe, no cabe duda, bastante material al que recurrir si se quiere establecer un programa continuo de mejoramiento de nuestra sociedad.

Sin embargo, hay ciertos temas que quedaron fuera, omitidos por completo o muy poco considerados. Dado que me parecen relevantes, y reconociendo que eso no significa de modo alguno que tengan que serlo para los candidatos, me he permitido dedicarles la presente columna. Para que quede constancia de que existen, al menos.

Partamos, como corresponde, por el principio: ¿cuál es el objetivo central de los programas planteados? ¿Cuál es el hilo conductor de las reformas que cada uno propone? Salvo Alfredo Sfeir, que dedica toda su propuesta a describir el país que pretende lograr, los demás se van en puras vaguedades: que un país más justo, más equitativo y bla, bla, bla. Nadie define qué, exactamente, es lo que pretende. Porque, ¿qué es un país más justo? ¿Qué significa ser más equitativo? ¿Alguien puede definirlo?

Uno esperaría que se hubiesen expuesto las cifras que nos condenan; que se hubiese señalado que nuestro coeficiente de Gini actual es superior a 0,5 y que la relación entre el décimo y el primer decil de ingresos es de 30/1; y que se hubiese planteado derechamente que un país más justo y más equitativo es aquél donde ambos indicadores son menores que eso. Además, que se hubiese comprometido un guarismo (ya sé que es un arcaísmo, pero me agrada la palabreja en cuestión) específico. Indicar, por ejemplo, que el programa tiene como meta reducir la relación interdeciles a 20/1.

Así, usted sabría para dónde va la micro, y podría analizar el resto de las propuestas en base a la coherencia que mostraran  con la meta marco planteada.

Un segundo punto que echo de menos, es un análisis profundo de cómo avanzar en mejorar los niveles relativos de ingreso de los sectores más pobres. No existe en los programas de los candidatos. A ese respecto, hay dos vías para obtener ese objetivo: aumentando los ingresos de los que ganan menos, y disminuyendo los de quienes ganan más. En ambos aspectos, uno puede avanzar sin recurrir a mecanismos extremos. Para aumentar los ingresos de quienes ganan menos, por ejemplo, se podrían estudiar medidas como:

Subsidiar a un determinado rango de ingresos con el monto de las cotizaciones previsionales (el Estado las aportaría directamente a las instituciones correspondientes, generando un incremento del ingreso disponible de esas personas, de un 20%).

Legislar en el tema de gratificación legal, haciendo obligatoria la repartición del 30% de las utilidades. Ello requiere eliminar la modalidad de pago mensual (usted puede seguir pagando mes a mes la gratificación, pero sólo como anticipo sujeto a liquidación). Esta medida también trae como consecuencia la disminución de los ingresos de quienes ganan más.

Aumentar las vergonzosas pensiones solidarias en forma contundente (alguno de los candidatos propone llevarlas al nivel del ingreso mínimo).

Establecer, por medio del Banco del Estado, una línea de financiamiento a tasas prime, sujeta a descuento por planilla y destinada a comprar las carteras del retail, de las divisiones de crédito de consumo de los bancos, y de las cajas de compensación.

Normar para que los préstamos que efectúa la Tía Rica a quienes se ven obligados a empeñar sus objetos de valor, se otorguen a tasa prime, y no a las vergonzosas tasas usureras que se cobran hoy.

Desarrollar, mediante el sistema de organización de la demanda, un gran proyecto de vivienda social en los terrenos del aeropuerto de Cerrillos (mejora los ingresos del primer decil al reducir el gasto en transporte, y disminuye los del décimo, al prescindir de la utilidad de las inmobiliarias).

Y para disminuir los de quienes ganan más, algunas como:

Aumentar (no disminuir; ojo, Michelle, se trata de reducir la brecha, no de incrementarla) las tasas de impuesto que gravan a los mayores ingresos (creando, por ejemplo, nuevos rangos de renta).

Reducir los sueldos de los funcionarios públicos de mayores rentas (me encantó esta propuesta de G. Jackson y A. Undurraga, qué quiere que le diga; directo al hueso, como tiene que ser). Las dietas de diputados y senadores se podrían fijar en 20 veces el promedio de renta del primer decil, por ejemplo, al igual que las de los ministros, lo cual sería coherente con la relación interdecil de 20/1 que mencionamos más arriba.

Eliminar, por supuesto, el FUT, estableciendo que el impuesto de primera categoría pase a ser de beneficio fiscal, impidiendo el uso de los anticipos de impuestos acumulados, y manteniendo la base de los retiros y dividendos para el cálculo de los impuestos personales.

Poniendo en práctica estas medidas, le aseguro que la relación interdecil se reduciría, en breve lapso, drásticamente. Y, ojo, son todas medidas que no producen efectos negativos en la inversión. Sólo corrigen evidentes inequidades.

Hay varios temas más en los que falta profundizar. Por razones de espacio, me referiré sólo a uno: la transparencia. En este ámbito, las medidas que podrían considerarse son:

Revisar, con un hacha en la mano, todos los contratos a honorarios del sector público, reduciéndolos a su mínima expresión (ojalá eliminándolos). En la administración pública deberían existir, en lo posible, sólo funcionarios  contratados.

Establecer, para todos los servicios públicos, la obligación de llenar los cargos de jefatura con funcionarios públicos de carrera. Ello reduciría enormemente los posibles conflictos de interés.

Eliminar la prescripción para todo lo que sea delito contra la probidad. Además, endurecer las penas y hacerlas acumulativas.

Normar para que el correcto uso de todas las asignaciones parlamentarias sea corroborado por una instancia externa al Congreso, estableciéndose además la inmediata pérdida del cargo para quien hiciese mal uso de ellas.

Eliminar la institución de los abogados integrantes y la de los jueces externos.

Por cierto, hay más paño que cortar. Mucho más. Son temas que hay que desarrollar al máximo, para comenzar a reclamarlos con fuerza al nuevo gobierno una vez que asuma. Porque en estos nuevos tiempos de electores más informados, no se trata sólo de prometer. También hay que cumplir. Y también, no faltaba más, hay que exigir.


Para eso estamos. ¿No le parece?