sábado, 1 de julio de 2017

Los paraísos fiscales: el bisturí de Piñera

Los paraísos fiscales, —aseguró Sebastián Piñera en Tolerancia Cero— son como los bisturís: pueden usarse para operar o para degollar.

Convengamos en que este singular planteamiento es un ejemplo remozado de una tesis muy antigua: que no son las herramientas las buenas o las malas, sino los usos que nosotros les damos. Como muestras, además de este novedoso bisturí, están las sogas, los martillos, los destornilladores, los automóviles y una increíble cantidad y variedad de obras humanas que pueden utilizarse tanto con fines lícitos y plausibles, como para propósitos reñidos con la moral o, derechamente, delictuales. Ese sería, según el ex presidente, el caso de los paraísos fiscales.

¿Es correcto el planteamiento del otrora presidente y ahora candidato? ¿Es, siquiera, razonable?

Pues, ni lo uno ni lo otro. Se trata de una monumental falacia ideada para intentar justificar lo injustificable.

Partamos señalando que existen herramientas creadas ex profeso para hacer daño; para perjudicar a los semejantes en beneficio de quienes las esgrimen. Hay numerosos ejemplos: los instrumentos de tortura (¿cuál sería el buen uso que podría dárseles a una “dama de hierro” o a un potro de tortura?), las armas de guerra (¿cómo podría usarse bien una bomba nuclear?), la drogas duras (¿a quién beneficia, aparte del traficante, el consumo de crack?), las mafias (sí, las organizaciones delictuales también son herramientas creadas por el ser humano; y no me venga a decir que tienen algún buen uso), las tarjetas clonadas, las colusiones (¿cuál sería el beneficio para Chile de la colusión del confort?), las comisiones anticipadas de las AFP (ideadas con el exclusivo propósito de favorecer a tales empresas a costa de perjudicar a sus afiliados), las facturas “ideológicamente falsas” (medios ilícitos creados para echar mano a platas ajenas a espaldas de todo el mundo, y que el candidato debiera conocer muy bien porque sus propias empresas los emplearon), el “goodwill” tributario (concebida e implementada por Piñera en su primer período, para favorecer a un pequeño grupo de empresas y empresarios en perjuicio de todos los chilenos), y muchos otros.

Es, también, el caso de los paraísos fiscales.

¿Cómo funcionan estos supuestos bisturís? En términos simples, no preguntando a quienes radican allí sus actividades por la procedencia de sus capitales, y cobrándoles tasas de impuestos muy inferiores a las que les cobran en sus países de origen por las utilidades que genera la gestión de estos. Esas son, como resulta obvio, las razones que llevan a los mafiosos, traficantes, lavadores de dinero e inversionistas aprovechadores e inescrupulosos, a radicar allí sus negocios: blanquear capitales cuyo origen es difícil de explicar y pagar menos impuestos. ¿Cuáles otras podrían ser?

En consecuencia, cualquier inversionista que utiliza tan perversa herramienta —sea quien sea, incluso si es una empresa estatal— debería ser sospechoso de alguna de esas conductas (o de ambas): o estaría lavando dinero proveniente de orígenes espurios o estaría evadiendo impuestos. No sirven para otra cosa los paraísos fiscales.

¿En cuál de los dos casos está Piñera? Sería altamente conveniente que, dado que pretende convertirse en presidente, lo aclarara. Y lo hiciese de una manera que no dejase dudas, por cierto; no sirven las simples declaraciones alegando inocencia ni el rasgarse las vestiduras, reclamando algún tipo de persecución política. Tampoco, el aclarar que hasta el momento de radicarse en las Islas Vírgenes sus empresas tenían todos sus impuestos al día —eso debería ser algo obvio (aunque, debo confesarlo, tengo mis dudas); la evasión se produce después que la empresa se radicó en el paraíso fiscal—. Se requiere evidencia documentaria que demuestre tanto el origen de los fondos cuya administración se trasladó al paraíso fiscal (solo en teoría, porque en la práctica se sigue efectuado en Chile), como la inexistencia de la evasión. Por ejemplo, sus declaraciones tributarias en las Islas Vírgenes y los balances de sus empresas offshore.

Y, desde luego, si insiste en su ridículo planteamiento del bisturí, que nos diga cuál es el “buen uso” que el haber radicado algunas de sus empresas en paraísos fiscales, tiene en su caso. Un “buen uso” que, por cierto, no genere perjuicio fiscal para Chile.

El asunto de la posible evasión queda patente si se considera que las empresas offshore de Piñera, radicadas supuestamente en las Islas Vírgenes, desarrollan la totalidad sus operaciones en Chile. En efecto, sus estructuras administrativas no están en el paraíso fiscal, sino en el corazón financiero de nuestro país —Apoquindo 3600, según se sabe—. Ahí están sus oficinas, gerentes, ejecutivos y personal operativo. Desde allí, dichas empresas se gestionan, echando mano a recursos de origen nacional y recibiendo, de manera gratuita (esto es, siendo beneficiarias de un subsidio), servicios públicos financiados por todos los chilenos, incluso los más pobres (iluminación pública, urbanismo, red vial, aseo, tribunales, policía, sistema legal, económico y laboral, entre muchos otros). Desde dicho lugar, gracias a esa gestión, se generan todas sus utilidades.

Pese a ello, sin embargo, dichas utilidades no tributan en Chile, sino en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué le parece? Eso, ¿no sería una evasión?

Y las mencionadas empresas offshore, que desarrollan nutridas actividades no declaradas en Chile, ¿no serían, acaso, empresas informales?; ¿Tan informales como esos carros de sopaipillas que circulan por las calles durante la noche? Y, ¿no deberían, en consecuencia, ser fiscalizadas como tales? ¿O su tamaño y los contactos de su propietario las eximen de tal fiscalización (cosa que no ocurre, por cierto, con los carros de sopaipillas)?

Lo anterior se agrava si se considera la situación de los empleados de Piñera. Todos ellos residen en Chile. Acá están sus familias, sus amigos y parientes, los colegios a los que concurren sus hijos, y los lugares donde desarrollan sus actividades sociales, deportivas, culturales y de entretención. Acá está su vida. Y también está acá, por supuesto, su fuente laboral.

Frente a ello, la pregunta que cabe hacerse es, ¿dónde se les pagan sus remuneraciones? ¿En Chile o en las Islas Vírgenes Británicas?

Si ocurre lo segundo, aunque solo sea de manera parcial, estaríamos en presencia de una posible evasión tributaria, puesto que dichos funcionarios estarían declarando menor renta de la que realmente perciben y, en consecuencia, estarían pagando menos impuesto del que les corresponde.

Si ocurre lo primero, estaríamos en una situación aún peor, puesto que ello significaría que en otras empresas de Piñera se estarían reconociendo gastos que no les corresponden a ellas sino a las empresas offshore, rebajando con ello indebidamente su RLI y disminuyendo de manera fraudulenta, en consecuencia, sus impuestos. De ocurrir algo así, sin dudas, estaríamos en presencia de una evasión tributaria.

Hay una tercera posibilidad: que Piñera haya ampliado el giro de alguna de sus firmas, agregándole el servicio de gestionar sus firmas offshore. En dicho caso, las remuneraciones del personal de estas les serían pagadas con cargo a dicha firma, la que los rebajaría de los ingresos que percibe por sus servicios. Estaríamos, entonces, en una situación donde una empresa soporta todos los gastos de la gestión de las empresas offshore, pero reconoce una parte ínfima de sus ingresos. Otra vez evasión por donde se la mire.

La verdad, estimado lector, es que este asunto de las empresas offshore de Piñera hiede. Necesitamos explicaciones urgentes, no solo para clarificar de manera definitiva por qué el candidato las creó, sino también para entender cómo alguien así, con esos principios, con esas compulsiones, con esa conducta brutal de aprovecharse del resto en beneficio propio, puede no solo estar postulando a la presidencia, sino además tener posibilidades concretas de acceder a ella.


¿En qué clase de país vivimos? ¿Me lo pueden explicar?

lunes, 5 de junio de 2017

El combate contra la corrupción: el mejor tema central de la próxima campaña electyoral

La próxima elección presidencial será, se dice, la más disputada desde el retorno de la democracia. La de resultado más incierto. Parece, cosa extraña en política, haber unanimidad en ello.

Los datos existentes avalan esa percepción. A la fecha, por más que algunos sectores intenten sacar cuentas alegres, no existe un candidato fuerte. De hecho, ninguno muestra apoyos concluyentes. Sebastián Piñera, duramente cuestionado por su imprudente (por decir lo menos) manejo financiero, lleva meses empantanado en un 24%. Alejandro Guillier, atrapado por las debilidades de su coalición (y también por las suyas, dicen algunos), parece estarse desmoronando. Ni hablar de Carolina Goic, que casi no marca en las encuestas. En este deplorable contexto, solo Beatriz Sánchez parece ir viento en popa, aunque se desconoce su real potencial.

En un escenario tan competitivo como el descrito (tan “líquido”, como dicen algunos expertos), las campañas electorales adquirirán una relevancia que no han tenido hasta la fecha. Más aún cuando existe la evidencia empírica de que, en determinadas circunstancias, un candidato puede ganar una elección gracias a su campaña (Donald Trump es un ejemplo reciente). ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues, la inexistencia de un candidato fuerte, un descontento generalizado entre los potenciales votantes, un fuerte deterioro de la credibilidad y del prestigio de los partidos políticos y de sus miembros, y un creciente desprestigio de las instituciones. Y da la casualidad de que todas ellas, sin excepción, están presentes hoy en nuestro país.

Para ganar esta elección, en consecuencia, es indispensable una buena campaña electoral. Pero… ¿qué características debería tener esta? Lo invito, primero, a identificarlas y, segundo, a que analicemos cómo deberían aplicarse en la presente contienda eleccionaria.

Los cuatro pilares de una buena campaña electoral

Una buena campaña electoral es aquella que consigue imponer el tema central del debate pre eleccionario. Esa que se apropia de los foros, las columnas y los programas políticos. La que, en definitiva, logra que el asunto que uno propuso, el que uno maneja mejor que el resto, el que a uno le conviene, predomine sobre las propuestas de los demás competidores.

¿Cómo se consigue semejante logro? Mediante una estrategia que consta de cuatro pasos, los cuatro pilares de una buena campaña electoral. Permítame presentárselos.

1.- Seleccionar un tema central capaz de imponerse a los de los adversarios

Esta es la clave. Si uno de los candidatos logra imponer el tema central de su campaña sobre los de sus adversarios, en un escenario como el presente tiene altas posibilidades de alzarse con la victoria (tanto él como sus candidatos al Parlamento). Como bien saben (o deberían saber) los expertos en marketing político, un buen tema central de campaña tiene que, ineludiblemente, cumplir dos condiciones: en primer lugar, debe corresponder a la satisfacción de una necesidad urgente, a la corrección de una grave falencia o a la solución de un serio problema que afecta conscientemente a un porcentaje importante del electorado (en palabras simples, se trata de proponer a los votantes una razón de peso para concurrir a las urnas); y en segundo, algo que es de extrema relevancia, debe resultar incómodo, molesto, desagradable, en lo posible insoportable para los adversarios.

¿Cómo se selecciona? Indagando las más sentidas preocupaciones del electorado, los asuntos peor evaluados, las situaciones que le generan mayor molestia, indignación y rechazo, y seleccionando de entre ellas la que cumple de mejor manera con las dos condiciones señaladas.

2.- Elegir los símbolos apropiados para el tema escogido

Un tema central potente, sin embargo, no sirve de nada si no se simboliza adecuadamente. Una campaña política es, en la práctica, una guerra; y en una guerra se necesitan adversarios concretos y definidos a los cuales enfrentarse. Los símbolos cumplen esa función. Son manifestaciones claramente identificables y entendibles del tema central escogido. Los enemigos específicos a los cuales el candidato y la coalición que él representa pretenden combatir.

3.- Proponer medidas de alto impacto comunicacional para atacar a los símbolos elegidos

Usted puede lanzar al ruedo un tema de alto impacto y seleccionar sus manifestaciones más identificables para simbolizarlo, pero eso no basta. Hay que plantear medidas concretas para hacerles frente, las que deben, necesariamente, generar polémica. Son las llamadas a permanecer en los medios y en las discusiones públicas y privadas; aquellas de las que, literalmente, el mundo entero debe hablar durante todo el transcurso de la campaña; las que, bien expuestas, motivarán al electorado a ejercer su voto a favor del candidato que las propicia.

4.- Mostrarse como un líder capaz de implementarlas pese a la oposición del establishment

Pero falta aún algo muy importante. Para ganar una guerra, aparte de una razón para luchar, de enemigos a los cuales enfrentarse y de polémicas medidas concretas para hacerlo, se necesita un adalid; un comandante; un líder capaz de conducir a sus huestes a la victoria. De ahí que el candidato debe mostrarse, con hechos concretos, como alguien ejecutivo, capaz de imponerse a quienes lo respaldan, asertivo y que, muy importante, no le teme al establishment; que es capaz de enfrentarse a él sin echar pie atrás; que “no arruga”, por temible que parezca el adversario.

Así que aquí los tiene, los cuatro pilares de una buena estrategia electoral: imponer el tema central de la misma (un grave problema social que no ha sido ni será resuelto por los contrincantes); simbolizarlo adecuadamente (con exponentes concretos del problema a los cuales se debe combatir); proponer medidas de alto impacto para atacar a los símbolos elegidos (de esas que se eternizan en los medios); y mostrarse como un líder capaz de materializarlas, aunque todo el establishment se le oponga.

Agreguemos a lo anterior una estrategia comunicacional orientada a mantener los cuatro pilares siempre visibles ante los ojos de la opinión pública, y tendremos la campaña completa. ¿Qué le parece? ¿Bien? Pues, lo invito a que analicemos cómo puede ponerse en práctica en la presente contienda electoral.

El tema central de la campaña

No sé si usted coincidirá conmigo, pero para mí el tema central de la próxima campaña electoral, aquel que debería tomarse la agenda, las redes sociales y las portadas de los medios periodísticos, ese que tendría que monopolizar el debate, no puede ser otro que terminar con la corrupción. Es tan brutal este flagelo, está tan extendido (pareciera que no hay institución que se salve), es tan alto el porcentaje de chilenos que ya no lo soporta y resulta tan fácil de simbolizar que parece imposible encontrar uno más apropiado. Tanto más cuanto que también cumple con la condición de ser en extremo incómodo para casi todos los competidores.

Además, es un tema que obedece a una necesidad imperiosa de nuestra sociedad. Los chilenos necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones. Necesitamos tener la plena certeza de que el SII es un organismo público que está a nuestro servicio, no como hoy, que se ha transformado, por culpa de su director, en una entidad protectora de delincuentes (de cuello y corbata, pero delincuentes, al fin y al cabo). Necesitamos confiar en que el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Capredena, el Sename y todos los servicios del Estado no son entidades benefactoras de políticos, sino lugares donde se desempeñan los funcionarios de carrera más capaces. Necesitamos saber que casos como el de Javiera Blanco, entre otros, nunca volverán a repetirse.

Así que, salvo que a usted se le ocurra uno mejor, postulo a “Terminar con la corrupción” como el gran tema central de la campaña que se avecina.

Los símbolos de la corrupción

Son esos hechos que, cuando usted piensa en ese asqueroso flagelo, resultan ser los primeros que se le vienen a la cabeza. Los que más claramente se asocian a él. Los que todos quisiéramos extirpar para siempre de nuestra vida ciudadana. Tome nota, si le parece, de aquellos que considero más apropiados (y aproveche de pensar cuáles serían las respuestas que tendría cada uno de los candidatos en relación con ellos):

1.- La impunidad: ¿Hay alguna duda de que, para terminar con la corrupción, es indispensable, primero, acabar con la impunidad? Resulta obvio, ¿verdad?, porque la inexistencia de penalización es un incentivo para los políticos deshonestos y porque la impunidad es, en sí misma, una forma de corrupción. Y, ¿no le parece que la ciudadanía apoyaría masivamente cualquier propuesta seria al respecto? Imagine la cantidad de ejemplos que podrían presentarse para respaldarla: todos aquellos delincuentes de cuello y corbata a los que el SII ha protegido al no querellarse en su contra, Ponce Lerou, Jovino Novoa, los numerosos diputados y senadores que han estado involucrados en actos corruptos, todas las empresas y personas que no han sido investigadas por la Fiscalía en el marco de las ilegales “donaciones” a los políticos, el mismísimo Pïñera. Uf… el listado es interminable. Como enemigo a enfrentar, la impunidad parece formidable. Como símbolo de la brutal corrupción que nos afecta, inmejorable.

2.- La falta de probidad: En el Chile de hoy, la falta de probidad esto es, el acto de privilegiar, en el desempeño de una función pública, los intereses particulares por sobre el general—, no se sanciona. Un funcionario público puede, con total tranquilidad, pasarla a llevar de manera reiterada, sin sufrir consecuencia alguna. Opera así de capitán a paje, de manera generalizada, a vista y paciencia de los ciudadanos. También, al igual que en el caso anterior, sobran los ejemplos. Sin ir más lejos, incurren en falta de probidad todos los funcionarios públicos que, estando en conocimiento de la existencia de delitos, no los denuncian dentro del plazo de 24 horas. ¿Se ha preguntado cuántos delitos que no ha denunciado ha conocido el Director del SII? Aquí, un candidato avezado puede hacerse un picnic. Por ello, la falta de probidad es una excelente candidata a ser presentada como símbolo de la corrupción.

3.- Los cargos políticos: El uso del aparato estatal para pagar favores políticos y darle trabajo a los parientes, amigos y camaradas de partido, es uno de los actos de corrupción más groseramente comunes en nuestro país. Son miles los cargos que, como botín de los vencedores, quedan a disposición de las colectividades ganadoras en los ministerios, servicios, direcciones, embajadas y demás organismos públicos (Capredena y el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo); y son muchos los millones de dólares que, como consecuencia de ello, se birlan al erario público para pagar a personas que ni siquiera, la mayor parte de las veces, cuentan con calificaciones para los cargos que ocupan. Un descarado saqueo institucionalizado en toda regla y, como consecuencia de ello, un muy buen símbolo de la corrupción.

4.- Las dietas parlamentarias y presidenciales, y los megasueldos de ministros y jefes de reparticiones: A ver, confiésese. ¿Siente indignación cuando escucha o lee acerca de las escandalosas dietas que los parlamentarios se autofijaron durante el gobierno de Ricardo Lagos? ¿Lo domina la ira cuando recuerda que el Estado, con dineros de todos nosotros, les paga más de $ 16 millones mensuales a los ex presidentes, Piñera entre ellos? ¿Hierve de rabia cuando constata que los sueldos brutos de ministros y jefes de reparticiones se empinan por sobre los $ 8 millones al mes? ¿Le parece que todo ese desfalco es el colmo del caradurismo y de la sinvergüenzura? Pues, usted está en la posición de la inmensa mayoría de los chilenos, que encuentra que este acto corrupto, que se generó gracias a una colusión entre el gobierno de Ricardo Lagos y la UDI pero que fue validado por el resto del sistema político, es inaceptable. Por ello, no puede estar ausente como símbolo de la corrupción.

5.- Las leyes que favorecen a pequeños grupos privilegiados a costa de perjudicar a todo el país: Voy a mencionar solo tres: la ley de pesca, la norma que permite la existencia del goodwill tributario y la que establece, dentro del DL 3500, la obligación para todos los afiliados al sistema de pensiones, de pagarle 35 años de comisión anticipada de las AFP. Las tres son normas que deben su existencia, exclusivamente, a la corrupción de nuestros gobernantes y parlamentarios. Todas fueron implementadas específicamente para beneficiar a pequeños pero muy poderosos grupos empresariales a costa de perjudicar manifiestamente a la inmensa mayoría de los chilenos. La ley de pesca entrega en forma gratuita el usufructo de casi todos nuestros recursos pesqueros a solo siete familias. El goodwill es una franquicia tributaria que Piñera, con la complicidad de la Nueva Mayoría, obsequió a un pequeño grupo de empresas (Cuprum y Provida entre ellas), sin ninguna justificación (a menos que se considere como tal los ingentes beneficios que recibieron los verdaderos beneficiarios de dicha medida; ¿sabe usted quiénes fueron?). La comisión anticipada es un mecanismo mediante el cual el Estado permite que las AFP perjudiquen financieramente a todos sus afiliados para obtener ganancias indebidas. Un candidato avispado podría editar videos didácticos explicando de manera sencilla por qué dichas leyes constituyen brutales actos de corrupción y las transformaría, rápidamente, en las muestras virales fehacientes de cómo el poder económico corrompe hasta la médula a nuestros funcionarios y parlamentarios, y de cómo estos, por cierto, se dejan corromper.

6.- La indefensión de los ciudadanos frente al abuso y a la conculcación de sus derechos fundamentales por parte del Estado: ¿Se ha preguntado por qué razón ocurren tantos y tan graves hechos de corrupción en nuestro país? ¿Y por qué quedan impunes? Hay varias razones, pero una de las principales es que no existe ninguna instancia confiable a la que los ciudadanos podamos recurrir para que defienda nuestros derechos y garantías constitucionales. Hoy, si el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía, el SII o cualquier servicio público los amenaza o vulnera, solo nos queda agachar la cabeza. Estamos completamente indefensos. El Poder Judicial, a quien la Constitución encarga el resguardo, a través del recurso de protección, de dichos derechos, no está a la altura. No da el ancho. Tengo en mi poder un fallo vergonzoso de la Corte de Apelaciones de San Miguel, refrendado por la Corte Suprema, donde se fundamenta el rechazo de un recurso de protección argumentando que el ejercicio, por parte del Estado, de sus facultades legislativas, no puede amenazar o vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos. Vale decir, que las facultades legislativas del Estado están por sobre los derechos constitucionales. Por sobre, por ejemplo, la Igualdad ante la ley. ¿Se da cuenta del precario nivel de nuestros magistrados en esta materia? Según ese aberrante, gravísimo e inaceptable argumento, si mañana el Estado, haciendo uso de sus facultades legislativas, dictara una ley reponiendo la esclavitud, nadie podría usar el recurso de protección para resguardarse.

Una de las peores formas de corrupción es el abuso por parte de las autoridades en contra de sus gobernados. Un Estado que lo permite es, por ese solo hecho, un Estado corrupto. Por tales razones, la ausencia de protección de los derechos ciudadanos debe figurar, sin ninguna duda, entre los principales símbolos de la corrupción.

Hay más posibles símbolos, por supuesto, pero estos son, a mi juicio, los más adecuados, los más visibles y los más ilustrativos. Por supuesto, usted es libre de completar o modificar esta lista con aquellos que considere más apropiados.

Las medidas a proponer para combatir a la corrupción

Como ya vimos, estas deben apuntar directamente contra los símbolos y, además, generar un alto impacto en la opinión pública. Sin pretender elaborar una lista exhaustiva, le propongo las siguientes:

1.- Eliminar la prescripción para todos los delitos cometidos contra el erario público. ¿Le enferma la impunidad reinante? Es, tal vez, el símbolo más despreciable de la corrupción. Pues, aquí le presento la más drástica medida anti impunidad que puede implementarse. La que permitiría atacar semejante infamia desde su misma raíz. Imagine un escenario donde estemos debatiendo acerca de la opción concreta de investigar penalmente las privatizaciones efectuadas en dictadura. O los sobresueldos del gobierno de Lagos. O a todas las empresas que financiaron a los políticos recurriendo a facturas y boletas “ideológicamente falsas”, y que “pasaron coladas” gracias al manto protector con que las cubrieron el SII y la Fiscalía. O a todos los políticos que recibieron ese financiamiento. ¿Qué le parece? ¿Apoyaría usted una medida como esta? Creo que la inmensa mayoría de los potenciales votantes lo haría. ¿Generaría polémica? No creo que sea necesario responderlo, ¿verdad? Y, ¿cómo reaccionarían los actuales candidatos si llegara a plantearse? Por favor, haga el ejercicio de imaginarlo.

2.- Expulsar para siempre del servicio público a todos aquellos que hayan cometido faltas a la probidad, delitos o actos corruptos. La tolerancia cero en materia de corrupción, parece indispensable en el escenario actual. Es la única forma en que la probidad sea tomada en serio. Piense, al respecto, en todos los políticos que, al implementarse esta medida, tendrían que abandonar sus cargos y quedarían impedidos de postular al servicio público de por vida. Todos los que están relacionados con facturas “ideológicamente falsas”, para partir. Algunos de los actuales competidores, incluso. ¿Le parece que una propuesta de este tipo obtendría apoyo ciudadano? ¿Generaría polémica? ¿Cuál, a su juicio, sería la posición de los actuales candidatos al respecto? ¿De Piñera, por ejemplo? ¿O de Guillier? ¿O de Goic?

3.- Terminar con los cargos políticos. Esta propuesta implica reducir los cargos políticos al mínimo estrictamente necesario. Ministros, subsecretarios, unos pocos asesores y pare de contar. Todos los jefes de servicios y direcciones, al igual que los embajadores, tendrían que ser funcionarios de carrera con al menos cinco años de antigüedad. Se deberían eliminar las instituciones de los abogados integrantes y los integrantes de la Corte Suprema que provienen del mundo privado. El Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado, TVN, el Servel y otros organismos por el estilo, debieran sufrir una reestructuración total que los transforme en las instituciones que el país requiere, no en esas cajas pagadoras de favores políticos en las que se han convertido. Nunca más tendría que repetirse, por ejemplo, el caso de Javiera Blanco. Le garantizo que una propuesta en esos términos tendría un apoyo ciudadano mayoritario. Sin embargo, ¿cómo reaccionarían ante ella los candidatos? ¿Piñera, Guillier y Goic, en particular?

4.- Poner un tope de $ 5 millones a las dietas parlamentarias y a los sueldos de los altos cargos de la administración pública. Hay que terminar de una vez y para siempre con las consecuencias de ese acto infinitamente corrupto que cometió Ricardo Lagos, en complicidad con la UDI, durante su gobierno. Las dietas parlamentarias y los sueldos de los altos funcionarios deberían tener un límite fijado en la Constitución de, por ejemplo, 20 veces el sueldo mínimo como tope. Y, por supuesto, habría que reducir de manera considerable las asignaciones parlamentarias y someterlas a auditorías obligatorias efectuadas por la Contraloría. Si usted condimenta esta medida con la supresión de los privilegios de que gozan nuestros parlamentarios en relación con un trabajador cualquiera, le garantizo que, aparte de polémica, será una propuesta en extremo popular.

5.- Eliminar las dietas y asignaciones de los ex presidentes, reemplazándolas por el pago de la diferencia que estos requieren para alcanzar una pensión máxima de 2 millones mensuales. La pregunta aquí es, ¿existe alguna justificación que respalde el pago mensual de más de $ 16 millones que se les efectúa a los ex presidentes? Y la respuesta es que no, que no existe ninguna. Que el mencionado pago es, al igual que las megadietas, solo una consecuencia de un acto corrupto cometido por Ricardo Lagos en complicidad con la UDI y, como tal, debe eliminarse para siempre. Desde tal perspectiva, la medida propuesta es de toda justicia y sería muy, pero muy popular. Dos millones de pesos mensuales permiten una vida digna y el hecho de aportar solo la diferencia respecto de los demás ingresos que tienen los expresidentes (si ganan más de $ 2 millones no se les entregaría ingreso alguno) garantizaría que, por ejemplo, Piñera no fuese beneficiado con dineros de todos los chilenos (ese, en sí, ¿no le parece un acto corrupto?).

6.- Eliminar la comisión anticipada que los afiliados pagamos a las AFP. Atacar a ese grosero símbolo de la corrupción que es la comisión anticipada cobrada por las AFP, es muy sencillo. Basta con reemplazarla por una comisión sobre el saldo administrado (un 0,1% anual sería una cifra razonable), teniendo el cuidado de no cobrarla nuevamente a aquellos ahorros que ya la pagaron completa. Si semejante medida se llegase a proponer, le garantizo una feroz polémica con los representantes de las AFP y con los economistas neoliberales que ellas tienen contratados para que las defiendan. Dado lo sensible del tema, esta sería una de las medidas que más apoyo generaría, en especial después que se haya explicado con meridiana claridad cuál es la magnitud del perjuicio financiero que tan abusiva forma de cobrar la comisión produce a los afiliados.

7.- Eliminar el goodwill tributario. Este brutal acto de corrupción cometido por Piñera, con la complicidad del Parlamento, también tiene una solución sencilla: suprimir la granjería, impidiendo que las empresas que hoy se benefician de ella, lo sigan haciendo. Le encargo los llantos que tal medida generaría entre los afectados. Además, le pronostico un escándalo de marca mayor cuando la ciudadanía descubra quiénes fueron los reales beneficiados con este artilugio y cuál es su relación con el precandidato Piñera.

8.- Establecer de manera perentoria y en el plazo más breve posible la institución del Defensor del Pueblo. Ella tendría la obligación de defender públicamente a los ciudadanos cuando alguno de los otros poderes del Estado, cualquiera de ellos, pasara a llevar sus derechos; y tendría que estar dotada, explícitamente, de facultades que le permitieran enfrentar, controlar e impedir el abuso y la impunidad. Aunque sería una medida a la que difícilmente alguien intentaría oponerse, generaría una notable polémica al momento de discutir las facultades de las que dicha institución estaría dotada. Por ejemplo, ¿qué le parece que una de ellas fuese el tener la obligación de denunciar (y, si es el caso, de querellarse) por cualquier falta o delito cometido por funcionarios públicos, incluyendo entre ellos los de carácter tributario? ¿O la de exigir la remoción de todo funcionario público que haya faltado a la probidad, entre ellos de quienes no denuncien delitos de los que hayan tomado conocimiento?

Hay, por cierto, más potenciales medidas, pero me parece que las anteriores son las más efectivas en el combate contra la corrupción, las que mejor marcan diferencias entre los candidatos y las que, por qué no decirlo, generarían mayor polémica si uno de los candidatos las propusiera.

El adalid

Y nos falta el cuarto pilar: el líder, el guía, el paladín. ¿Quién podría tomar el pandero y arremeter, con el combate contra la corrupción como estandarte, contra el establishment? ¿Quién podría liderar esta campaña? ¿Cuál de los actuales candidatos? ¿Qué le parece a usted?

Se requiere de alguien que cumpla, al menos, tres requisitos imprescindibles: que tenga las manos limpias esto es, que nunca haya faltado a la probidad ni incurrido en delitos o en actos corruptos, que no tenga miedo de enfrentarse al establishment, y que posea el suficiente carácter como para imponerse a quienes, socios electorales incluidos, intentarán hacerlo(a) cambiar su estrategia. Analicemos, brevemente, a los actuales candidatos desde esta perspectiva.

Descartemos, de partida, a Sebastián Piñera. ¿Se lo imagina, a él y a sus socios de la UDI, liderando una campaña contra la corrupción? ¿Promoviendo la eliminación de la prescripción de los delitos contra el erario público? ¿O bregando en pos de la tolerancia cero para quienes hayan faltado a la probidad? ¿O planteando la eliminación de las dietas de los ex presidentes y la del goodwill tributario? ¿O la de la comisión anticipada de las AFP? Sería algo así como un harakiri colectivo, ¿verdad? No obstante, ellos no son samuráis, de manera que es imposible esperar algo así de su parte. Piñera es, desde la perspectiva del combate contra dicho flagelo, el peor candidato, por muy lejos. De hecho, se vería afectado directamente por, al menos, siete de las ocho medidas propuestas. Así, cada vez que estas se debatieran, su nombre saltaría a la palestra. Inevitablemente. Si el combate contra la corrupción se impone como el tema central de la próxima campaña, estas elecciones serán una pesadilla, una tortura, para Sebastián Piñera. Se lo adelanto. Acuérdese de mí.

Alejandro Guillier y Carolina Goic tienen, como personas naturales, mejor cara. No se les conocen, a la fecha, actos corruptos (ella se ve, sin embargo, en mejor posición que él). No obstante, ellos no son el problema sino las coaliciones que los acompañan. Piense usted, ¿qué dirían el PDC, el PS, el PR, el PPD y el PC si se ambos atrevieran a plantear la eliminación de los cargos políticos? ¿O la reducción de las dietas parlamentarias? ¿O la eliminación de la prescripción? ¿O la expulsión del servicio público para quienes hayan faltado a la probidad o cometido delitos? De seguro, los ajusticiarían en una plaza pública. La verdad es que en un escenario donde la corrupción es el principal enemigo, tanto a Guillier como a Carolina Goic les veo un negro futuro.

Están, por último, los candidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. A ellos, pienso, una campaña como esta les vendría como anillo al dedo. Además de que les permitiría demostrar su temple, la madera de la que están hechos, y su capacidad de liderazgo, condiciones cuya existencia, en ambos casos, es aún una incógnita.


Así que ahí lo tiene, estimado lector: el mejor tema central de la próxima campaña electoral. ¿Habrá alguien capaz de esgrimirlo? De seguro, pronto lo sabremos. Yo espero que sí, fundamentalmente porque la esperanza esa porfiada e irracional sensación de que lo que ansiamos, por lejano que esté, por inalcanzable que parezca, tiene alguna posibilidad de realizarse es lo último que se pierde.

viernes, 17 de febrero de 2017

Piñera, el candidato impresentable

Creo que coincidirá usted conmigo, estimado lector, si afirmo que la corrupción, en todas sus formas falta de probidad, conflictos de interés, tráfico de información privilegiada, caciquismo, nepotismo, amiguismo (o “javiblanquismo”, como se le llama ahora), colusiones, cohechos, impunidad, abusos de posición dominante y un larguísimo etcétera—, será uno de los temas centrales, por no decir el principal, de la campaña presidencial y parlamentaria que se avecina. No podría ser de otra manera dados los tiempos que corren, con una ciudadanía más despierta, mejor informada, más consciente de sus derechos y, por eso mismo, mucho más exigente.

Desde dicha perspectiva, trasparentar las yayas, los pecados, los deslices, las omisiones en los que, en tan delicadas materias, han incurrido quienes pretenden participar en las próximas elecciones, resulta insoslayable. Es, más que una necesidad, una obligación ciudadana. Tenemos que conocer a fondo a los candidatos para, con todos los antecedentes sobre la mesa, estar en condiciones de seleccionar (¿se da cuenta de la relevancia de este verbo?) a los mejores solo entre aquellos que cumplan con tres requisitos mínimos: no tener compromisos incumplidos pendientes, NUNCA haber participado en un delito, ni como autor ni como cómplice, y JAMÁS haber faltado al principio de probidad.

Lo anterior incluye, a manera de ejemplo, nunca haber hecho mal uso de platas fiscales; nunca haber solicitado ni recibido aportes empresariales por sobre lo permitido legalmente, aunque sea para financiar postulaciones de dirigentes gremiales al Parlamento (y aunque vergonzosas decisiones judiciales lo hayan dejado libre de polvo y paja); nunca haber emitido ni hecho emitir “facturas ideológicamente falsas”; nunca haber “perdido” convenientemente sus mails; nunca haber aprovechado el cargo desempeñado para obtener o dispensar beneficios impropios (subirse el sueldo injustificadamente, por ejemplo); nunca haber sido condenado por algún delito, aunque sea con pena remitida; nunca haber escapado cobardemente de controles policiales; nunca haber castigado a funcionarios públicos por cumplir con sus obligaciones; nunca haber evadido impuestos ni haber sido cómplice de ello; y nunca haber coordinado con dirigentes empresariales la tramitación de determinadas leyes. Y la palabra nunca significa exactamente eso: jamás, en oportunidad alguna, ni una sola vez. Usted, yo, cualquier persona puede transitar perfectamente por la vida sin cometer delitos ni atentar contra la probidad. En el ámbito de la representación ciudadana, no puede ser de otra manera, debe regir la tolerancia cero.

Los medios periodísticos, que juegan un papel fundamental en este ámbito, ya comenzaron a manifestarse al respecto. De hecho, hay algún reportaje por ahí dando vueltas. Sin embargo, como podrá usted apreciar más adelante, su accionar resulta insuficiente,  limitado, más bien escueto. El tema es tan trascendente que amerita, estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo, que todos aportemos nuestro grano de arena.

Por esta razón, como simple ciudadano informado, me permitiré exponer algunas yayas del casi seguro candidato de la centroderecha, Sebastián Piñera, que, dada su complejidad técnica, no han sido a mi parecer bien presentadas a la opinión pública ni, en consecuencia, bien aquilatadas por esta.

Lo invito a (re)descubrirlas.

1.     Usar contratos civiles para manejar relaciones laborales

Tal vez usted piense que estoy echando agua fuera del tiesto o que me equivoqué de candidato, ya que esta es justamente la figura que, según denunció un reciente reportaje periodístico de Radio Bío Bío, habría utilizado Alejandro Guillier, mientras trabajaba en televisión, para cobrar los emolumentos derivados de su desempeño. Es una figura elusiva, de acuerdo con algunos expertos; derechamente evasiva, desde la perspectiva de otros tanto así, que los próceres de Chile Vamos, férrea e irrestrictamente comprometidos con la verdad y la justicia, ya han solicitado al SII que investigue si en el accionar del actual senador hay indicios de fraude al fisco—; pero, ¿qué tiene que ver Sebastián Piñera con ella?

Para contestar esta crucial interrogante, apreciado lector, permítame establecer primero algo que es archisabido pero que, por incomprensibles razones, parece haberse olvidado en esta oportunidad: los contratos civiles a los que hacemos referencia… son bipartitas.

No pretendo sorprender ni maravillar a nadie con semejante revelación. La verdad es que es de la más absoluta obviedad, aunque todo el mundo, incluyendo los autores del reportaje mencionado y los heroicos integrantes de Chile Vamos, actúa como si no la conociera. Hay, en los contratos mencionados, contrapartes. Por supuesto que sí. ¿Quiénes? Pues, los canales de televisión.

Y ocurre que uno de tales canales, uno de los que firmaba ese tipo de contratos al por mayor, era nada menos que Chilevisión. ¿Me sigue?

Ahora bien, ocurre que entre los años 2005 y 2008, mientras Alejandro Guillier prestaba a través del mecanismo aludidosus servicios  en dicho canal, el dueño de este era… Sebastián Piñera.

De manera que, estimado lector, durante los años mencionados el ex presidente y actual precandidato conoció, autorizó y firmó, por intermedio de sus representantes en el directorio y en la administración del canal, todos los contratos que dicha empresa efectuó con sus rostros televisivos, en particular aquellos que acordó con Alejandro Guillier.

¿Qué me dice?

Posiblemente usted querrá saber, antes de formarse una opinión definitiva acerca de este espinudo tema, si de verdad son criticables, como sugiere el reportaje ya aludido, dichos contratos. Pues sí, pero no necesariamente por las razones que allí se señalan. De hecho, aunque los expertos sostengan lo contrario, su solo uso no significa que exista elusión o evasión. Estas dependerán de si la figura televisiva retira posteriormente de la empresa los montos recibidos, pagando el correspondiente global complementario, o no lo hace, eludiendo (ahí sí) el pago correspondiente. Lo que sí es criticable a la primera, sin consideración alguna, es que cuando se define dependencia y subordinación en una relación de trabajo, que es el caso, el Código del Trabajo no permite contratos civiles. Estos son mecanismos ilegales, diseñados para eludir (o evadir) el cumplimiento de la normativa laboral.

¿Por qué existen, entonces? Pues, porque les conviene a los canales de televisión (y a sus dueños), que son quienes establecen las reglas del juego. Es algo parecido a cuando una empresa acuerda con sus trabajadores subirles el sueldo a cambio de evitarse el pago de imposiciones. Se trata, en otras palabras, de un vulgar e inaceptable abuso.

Dimensionemos. Durante los cuatro años en que los dos protagonistas de esta historia coincidieron en Chilevisión, ¿cuántos contratos con dicho canal habrá firmado Alejandro Guillier? ¿Tres? ¿Cuatro? Y, ¿cuántos habrá firmado, por intermedio de sus representantes, Sebastián Piñera? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Cuántas veces mayor habrá sido el monto total de estos últimos en comparación con el de los primeros? ¿Cuántas las infracciones laborales? ¿Cuántos los eventuales fraudes tributarios? Ufff, ¿se imagina?

Agreguemos a lo anterior que el ex presidente y actual precandidato no movió un solo dedo para poner atajo a esta mala práctica de los canales de televisión, ni cuando era dueño de Chilevisión ni cuando ocupó la primera magistratura, y tendremos el escenario más o menos completo. ¿Qué le parece, amigo lector? ¿Es o no es una yaya? Una de las grandes, más encima.

Lo que no está completo de modo alguno, lamentablemente, es la denuncia de Chile Vamos. Confío, no obstante, en que los íntegros paladines de esta agrupación política, dada su inquebrantable voluntad de combatir los actos corruptos vengan desde donde vengan, la ampliarán con este nuevo antecedente. Caiga quien caiga. Porque a nadie se le ocurriría, al momento de denunciar por eventuales fraudes tributarios a uno de los firmantes de un contrato, omitir al otro, ¿verdad?

2.     Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes 1: el goodwill tributario

Usted seguramente habrá escuchado hablar de esta infame granjería tributaria el goodwill tributario diseñada con el exclusivo propósito de permitir que algunos grandes contribuyentes ―Walmart, Cuprum y Provida, entre otros― puedan, en forma exclusiva (ellos y solo ellos; ninguna otra empresa del país), eludir centenares de miles de millones de pesos de impuestos. ¿Estoy en lo correcto? Es difícil que le haya pasado desapercibida porque, a propósito de las escandalosas “fusiones” exprés de las citadas Cuprum y Provida con AFPs fantasmas (que, de manera vergonzosa, fueron aprobadas por la SP), estuvo por un lapso prolongado en las portadas de los medios de comunicación.

¿Cómo funciona? Permitiéndoles solo a las mencionadas compañías considerar como gastos, activos intangibles que jamás han tenido ni tendrán esa condición, y cuya rebaja de la renta imponible no está permitida por la ley de la renta para ninguna otra empresa. El goodwill tributario es, en consecuencia, un aberrante, descarado e injustificable beneficio discriminatorio. Un indebido e inaceptable privilegio prohibido por el artículo 19 de nuestra Constitución Política. Un abuso de la peor especie (las incomprensibles razones por las que el poder judicial, encargado por la Constitución de resguardar los derechos ciudadanos, no tramita los recursos que se han presentado a su consideración para ponerle término, son materia de otro artículo).

Para que tenga una idea de su dimensión, le cuento que las tres empresas mencionadas se ahorrarán, gracias a él, unos $ 400.000 millones en impuestos durante los próximos diez años. ¡$ 400.000 millones! Equivalentes a 270.000 gratuidades o a 30.000 subsidios para la vivienda. ¡Solo esas tres empresas! Da gusto así hacer negocios en Chile, ¿verdad?

Pues bien, ¿sabe usted quién es el autor de esa infamia extrema? ¿Sabe quién es el causante de que permitamos que durante 10 años esas empresas parásitas ganen gigantescas utilidades sin aportar un solo peso para financiar al Estado chileno (salud, educación, previsión, vivienda, etc.) ni para pagar la enorme cantidad de servicios públicos que consumen (aseo, pavimentación, iluminación, seguridad, juzgados civiles, laborales y de cobranza, acceso al mercado comercial y al mercado laboral, infraestructura y un larguísimo etc.)? ¿Lo sabe?

Sí. Está en lo correcto. Fue Sebastián Piñera Echeñique. Él ideó este vergonzoso despojo y lo puso en práctica mediante la reforma tributaria que implementó en su gobierno. Él es el que, con dinero de todos los chilenos, otorgó ese monstruoso e injustificable regalo al grupo de grandes contribuyentes del que forman parte las empresas mencionadas (se las repito para que se le graben: Walmart, Provida y Cuprum, entre otras).

¿Por qué lo hizo Piñera? Lo ignoro. Solo puedo elucubrar que, dado que el goodwill no entrega beneficio alguno al país y, por el contrario, lo perjudica abiertamente, las razones que lo llevaron a hacerlo encajarían más bien en el ámbito privado. ¿Cuáles, exactamente? Bueno… Piñera debe darlas a conocer.  Es el momento para preguntárselas y para que él las exponga. Este debería ser uno de los grandes temas de la campaña. ¿Por qué Sebastián Piñera obsequió, con recursos públicos, cientos de miles de millones de pesos a un escogido grupo de grandes empresas? Yo, y estoy seguro que usted también, estoy ansioso por escuchar sus explicaciones.

3.     Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes 2: la ley de Pesca

Cuando se habla de este vergonzoso cuerpo legal (¿por qué Bachelet no ha hecho nada para derogarlo?; ¿no le parece sospechoso?), se tiende a responsabilizar de él a Longueira (quien, por cierto, no es una inocente paloma). Se olvida, no obstante, que quien lo presentó al Congreso, lo firmó y lo promulgó, fue Sebastián Piñera. Él, y solo él, es el responsable final de darle legalidad a semejante despojo (le recuerdo que la responsabilidad NO se delega).

No debería llamarnos la atención, sin embargo. Después de todo, también aquí, al igual que en el goodwill tributario, se trata de entregar ingentes beneficios, con recursos que nos pertenecen a todos, a un pequeño grupo de empresas. Es más de lo mismo. De todas formas, ya que pretende repetirse el plato de la Presidencia, sería bueno escuchar de la propia boca del precandidato las justificaciones que tuvo para efectuar tan impresentable obsequio. Quedamos, usted y yo, atentos a la respuesta y agradecidos de antemano.

4.     Aprovecharse de los recursos de todos los chilenos: la dieta de los ex presidentes

Sebastián Piñera ocupa, según la revista Forbes, el tercer lugar en el ranking de las mayores fortunas de Chile, con un patrimonio de USD 2.500 millones. Puede, en consecuencia, mantenerse solo, sin ninguna clase de ayuda estatal. ¿De acuerdo?

Sin embargo, él recibió durante 2016, sin el menor cargo de conciencia, una dieta de $ 109,5 millones, una asignación de movilización de $ 20,2 millones y un aporte para el arrendamiento de oficinas por $ 94,8 millones. Todo ello, desde luego, financiado por los bolsillos de todos los chilenos, incluso los más pobres.

Permítame una breve reflexión acerca de este inmoral financiamiento que reciben, con cargo a nuestros impuestos, los ex presidentes. Su origen, supuestamente, estuvo en la necesidad de asegurar a quienes han desempeñado tan alto cargo, una vida digna una vez que terminan su mandato. Repito el concepto: una vida digna. En tal sentido, el Estado solo debería complementar sus ingresos propios para garantizarles una cifra que les permitiera vivir con holgura, pero sin magnificencia. Unos $ 3 millones mensuales, a todo reventar. Así, si el ex presidente tiene una jubilación de $ 1 millón más otros ingresos por $ 500.000 al mes, el Estado solo debería girarles la diferencia. Y, por cierto, a Sebastián Piñera no debería entregarle monto alguno. No lo necesita. No existe justificación alguna para esos brutales beneficios que recibe mes a mes.

Lo que ocurre en la práctica, no obstante, es que la dieta y los beneficios que reciben los ex presidentes les financian su estructura de campaña. Para eso fueron concebidos (por Ricardo Lagos, le recuerdo), y por esa razón Piñera no intentó cambiarlos durante su gobierno. No era una vida digna el objetivo, sino disponer de la expectativa de una nueva aventura presidencial. Ahora bien, dado que tenemos usos infinitamente mejores que ese para tan ingentes recursos, ¿no le parece que sería hora de ir pensando en darles otro destino?

Pero volvamos a los beneficios que se le entregan a Sebastián Piñera. Se ha manifestado que no puede negarse a recibirlos debido a que están dispuestos en la Constitución. Estaría, se dice, obligado constitucionalmente a aceptarlos. ¿Se da cuenta?

Admitamos, ¿le parece?, tan discutible argumento (en privado, eso sí, para que no se rían a carcajada limpia de nosotros). El punto es que sería obligatorio recibir la dieta pero, ¿y las asignaciones? ¿Los $ 115 millones al año destinados a traslados y a arrendamiento de oficinas? ¿También es obligatorio recibirlas? Parece que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cobra Sebastián Piñera?

Pero el asunto es más grave que eso. Si usted revisa la información publicada por el Senado, se percatará de que Sebastián Piñera es quien más gasta por dicho concepto. Frei cobra al año $ 109,6 millones y Lagos, $ 97,7 millones. Piñera, le repito, $ 115 millones. No solo los cobra, sino que además es el que más cobra. Quien mayor fortuna posee, es quien más echa mano a recursos públicos. La naranja exprimida al máximo. Si puedo sacar ventaja, por exigua que esta sea, lo voy a hacer. Sin ningún escrúpulo. Ese parece ser el criterio que rige las decisiones de quien pretende ser el próximo presidente de esta larga y angosta faja. Preocupante, ¿verdad?

Otro aspecto que llama la atención en la información publicada al respecto por el Senado, son los descuentos por concepto de previsión, salud e impuestos de los tres ex presidentes. Mientras los de Frei y Lagos equivalen, aproximadamente, al descuento obligatorio por concepto de salud y al impuesto único de segunda categoría que les correspondería según tabla (31,4 millones entre los dos), el de Piñera es notoriamente inferior. Tome nota: Frei, $ 32,3 millones; Lagos, $ 32,7 millones; Piñera, 27,0 millones. ¿A ver? ¿Cuál es la justificación de tan singular situación? Pensé que no se podía, pero, ¿paga Piñera menos impuesto único de segunda categoría que el que le corresponde según tabla? Piñera, el N° 3 en la lista de multimillonarios chilenos que publica Forbes, ¿está pagando menos impuesto único que Frei y que Lagos? De verdad, amigo lector, espero que no. Sería el acabose.

De todas maneras, démosle al precandidato el beneficio de la duda y quedemos a la espera de nos entregue, debidamente respaldada por documentos, alguna explicación lógica. Yo, al igual que en el punto anterior, corto las huinchas por conocerla. Imagino que usted también, ¿verdad?

5.     Usar artimañas para obtener financiamiento ilegal desde las grandes empresas: las facturas ideológicamente falsas

Discúlpeme, pero no puedo dejar de mencionarlas. En ese oscuro e infame asunto, donde están involucrados los socios del grupo Penta y sus esposas, Ponce Lerou y Jovino Novoa, entre muchos otros, también aparece mencionado Sebastián Piñera. De ese toque. Y con el agravante de que aquí, según se dice, los recursos obtenidos mediante facturas “ideológicamente falsas” emitidas por sus empresas (a Aguas Andinas y a SQM, específicamente) habrían sido usados no para financiar gastos electorales, sino para pagar compromisos contraídos por el mismo Piñera. No sé si usted comparte esto conmigo, pero esa sutil diferencia (no tan sutil, en realidad) podría ser la que ha dilatado el procesamiento del actual precandidato en esta arista. Porque si los giros mencionados no son financiamiento electoral por sobre lo permitido, ¿qué son? ¿Lo sabe usted?

A estas alturas, coincidirá usted conmigo, parece de vital importancia que el precandidato haga plena luz sobre el tema. ¿Existieron las facturas mencionadas? ¿Se usaron los recursos obtenidos para pagar compromisos del mismo Piñera o de sus empresas? Y si fue así, ¿cómo justifica lo ocurrido?

Y, por cierto, parece indispensable que tanto el SII como la Fiscalía aclaren por qué, si Piñera o sus empresas emitieron facturas ideológicamente falsas, hasta la fecha el precandidato ha pasado colado. ¿Se tratará, como las dietas, de algún especial privilegio otorgado a los ex presidentes? Es imperioso conocer las verdaderas razones.

6.     Eludir impuestos y sacar su fortuna del país: las inversiones del precandidato en paraísos tributarios

Hay, por cierto, más paño que cortar respecto de Sebastián Piñera en el ámbito de la probidad. Bastante más. Como ejemplos de ello, están el caso Chispas y el pago de coimas por parte de Lan en Argentina cuando él era uno de sus propietarios, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos retrata tan bien la personalidad del precandidato, sus motivaciones, su actitud y su conducta, como las inversiones que efectuó con un porcentaje significativo de su patrimonio (se habla del 72%; la friolera de USD 1.800 millones) en uno de los denominados “paraísos tributarios”.

¿Por qué hizo esto Piñera? Pues, dirá alguien, por razones tributarias. Se cae de cajón. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad?, aunque son muy pocos los que pueden darse el lujo de no hacerlo. El precandidato sería uno de ellos.

Detengámonos en esos USD 1.800 millones que Piñera albergó, según parece por razones tributarias, en un paraíso fiscal. ¿Pagaron impuesto de primera categoría?

No, aparentemente. El adecuado uso de la normativa vigente lo habría evitado.

Ok, pero, ¿pagó Piñera el impuesto global complementario correspondiente?

Pues, según parece, tampoco. El precandidato habría encontrado vericuetos que le habrían permitido eximirse de él.

Reflexionemos al respecto. Las empresas deben sus utilidades, desde luego, a los empresarios. Son ellos quienes invierten, corren los riesgos y aportan parte importante de las ideas que las generan.

Solos, sin embargo, los empresarios no llegan a ninguna parte. Necesitan del apoyo de su personal, desde luego, pero además les es indispensable el aporte de ese ente abstracto, del que todos formamos parte, que denominamos “sociedad”.

La sociedad pone a disposición de los empresarios toda su compleja estructura —mercados comerciales, laborales y financieros; infraestructura de transporte y comunicaciones; seguridad; aseo y salubridad; tribunales de justicia (entre ellos, los de cobranza); un sistema legal; mecanismos de fomento; una economía funcionando; clientes, muchos clientes— para que efectúen sus negocios y generen utilidades. Es un aporte enorme, gigantesco, pero además imprescindible. Sin él, los empresarios no llegarían a parte alguna. No ganarían, como dijo el Vicepresidente de Codelco, “ni un puto peso”. Imagine, para darse una idea, a Piñera incomunicado, tratando de hacer negocios desde sus oficinas situadas en medio de los campos de hielo de la undécima región. Amigo lector, los empresarios —Piñera incluido— no son nada, económicamente hablando, fuera de la sociedad que los cobija.

¿Cómo debieran retribuir los empresarios ese enorme aporte que la sociedad —todos nosotros— les efectúa? De una manera muy sencilla: pagando sus impuestos. En el caso de las empresas, el impuesto es una retribución de la inmensa cantidad de servicios públicos que ellas consumen a destajo de manera gratuita. En el caso de los empresarios, es el aporte que deben efectuar, al igual que todo el resto de los miembros de la sociedad, para mantener a esta funcionado de buena manera, y es también la retribución por esa ingente ayuda que recibieron para obtener sus utilidades.

¿Qué ocurre, entonces, cuando una empresa o un empresario eluden (evaden) el pago de impuestos?

Es muy simple: ellos siguen recibiendo la enorme cantidad de servicios que les entrega la sociedad, pero no asumen los costos que significa generarlos. Obligan a otros, a todo el resto de los chilenos, a financiarlos. Se aprovechan de todos nosotros. Ellos, amigo lector, abusan. Un empresario que elude (evade) el pago de impuestos es un abusador.

Ahora bien, ¿es lo mismo eludir el pago del impuesto de primera categoría que el global complementario?

Pues, de ninguna manera. Eludir el segundo es mucho más grave que hacerlo con el primero. Hay una norma, el artículo 107, que excluye explícitamente los mayores valores obtenidos por la venta de acciones del pago de impuesto de primera categoría. Por consiguiente, eludir dicho impuesto es legal. Inmoral, impropio, una sinvergüenzura, pero legal. Sin embargo, no existe ni ha existido en nuestro ordenamiento legal ninguna norma que permita a los contribuyentes eludir el pago del impuesto global complementario. Las que hay permiten POSTERGAR el mencionado tributo. En caso alguno, eximirse de él.

Y, ¿en qué circunstancias se paga el impuesto global complementario? Pues, de acuerdo con la anterior ley de la renta, cuando el empresario retiraba dinero de su empresa.

Ahora bien, Piñera retiró de sus empresas con sede en Chile los USD 1.800 millones que se llevó a paraísos fiscales. ¿Cabe alguna duda de eso? Tuvo que hacerlo para llevárselos; si no, ¿de qué otra manera? Correspondía, entonces, que hubiese pagado el impuesto global complementario correspondiente. ¿Me sigue?

Aquí es donde aparece la duda; la terrible duda. ¿Pagó el ex presidente y actual precandidato el impuesto global complementario sobre esos USD 1.800 millones que retiró para invertirlos en el exterior? ¿Incluyó ese retiro en sus declaraciones de renta? ¿Lo hizo? Esperemos que sí, porque si no, su situación electoral podría tornarse muy compleja.

Veamos. Si Piñera hubiese sacado USD 1.800 millones de Chile sin pagar el impuesto global complementario correspondiente, sería porque de alguna forma logró postergar dicho pago. Porque encontró por ahí algún vericueto que se lo permitió. Pero al sacar el dinero de Chile y llevárselo a un paraíso tributario, lo que está haciendo el precandidato es excluirlo del control de nuestra autoridad tributaria. Y no por un período acotado. Lo está excluyendo para siempre. En tal caso, la postergación del pago de impuesto global complementario se vuelve indefinida. Esos dineros, si no pagaron dicho tributo en su oportunidad, nunca lo pagarán. Nunca del verbo nunca. ¿Qué nombre recibiría una operación de ese tipo? ¿Elusión o evasión?

Como siempre, lo adecuado es darle el beneficio de la duda al precandidato. No obstante, coincidirá usted conmigo, clarificar esta situación es imprescindible. Sebastián Piñera debe —fuera de toda duda; mostrando sus declaraciones de impuestos, de hecho—, comprobar que pagó ese tributo.

Porque de lo contrario, ayayay.

Veamos. ¿Merecería ser presidente de Chile una persona que hubiese legislado para otorgar gratuitamente enormes granjerías a unas pocas grandes empresas; que hubiese hecho, a través de sus representantes, uso masivo de contratos civiles claramente cuestionables; que, pese a su enorme patrimonio, no hubiese trepidado en raspar la olla de la caja fiscal; que, además, hubiese usado “facturas ideológicamente falsas” para financiar gastos propios o de sus empresas; y que, como si fuera poco, también hubiese usado los vericuetos de la legislación tributaria para eximirse, para siempre, de sus obligaciones tributarias personales? ¿Lo merecería? Juzgue usted, apreciado lector. Y, por favor, sáquese la casaca política antes de hacerlo.

Permítame una última reflexión. Nuestro país necesita inversión para desarrollarse. Mucha. Eso lo sabemos todos. También Piñera. ¿Cómo se explica entonces que, pese a ello, haya optado por invertir esa enorme fortuna —USD 1.800 millones, recuerde— en negocios que generarán empleo y riqueza en otros países? ¿Es tan fuerte su compulsión a no pagar impuestos que está dispuesto a favorecer a otras naciones, perjudicando de paso a la nuestra, para conseguir ese objetivo?

Corren otros tiempos, amigo lector. Tiempos de mayor información y, por ende, de mayores exigencias. El cedazo de la probidad, de una vez por todas, debe quedar instalado, y debe ser aplicado a finish. Caiga quien caiga. Aunque un sector político completo se quede sin candidato. Después de todo, tenemos derecho a ser exigentes. Somos, aunque todavía no tengamos conciencia de ello, los dueños de este país.


Y los dueños pueden fijarles pautas de conducta a sus empleados, ¿verdad?

sábado, 10 de diciembre de 2016

El goodwill tributario: cuando las instituciones NO funcionan

Usted ya ha escuchado ese dicho, con seguridad, muchas veces. Ricardo Lagos, por ejemplo, cada vez que se le da la ocasión lo repite como una monserga (hace unos días volvió a hacerlo, en el contexto del nuevo escándalo del Minsal): “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Nunca ha explicado, eso sí, su real significado. Es posible, incluso, que ni siquiera esté consciente de él.

Porque, ¿qué significa eso de “que las instituciones funcionen”?

Podríamos sintetizarlo, según lo dispuesto en nuestra Constitución Política ―Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, y Capítulo III, Derechos y deberes constitucionales―,  como sigue:
  •        Que cumplan de manera efectiva y oportuna las funciones que la Constitución y las leyes les asignan (artículos 1°, 3°, 6° y 7°);
  •        Que respeten a ultranza los derechos ciudadanos (artículos 5°, 19°, 20° y 21°);
  •     Y que quienes las conforman se apeguen de manera irrestricta al principio de probidad (artículo 8°).

Desde esta perspectiva, entonces, el enigmático aserto del ex presidente y actual precandidato vendría a significar algo así como: “dejemos trabajar tranquilos a los organismos encargados de elaborar y aplicar las normas por las que nos regimos porque, aunque a veces se tomen más del tiempo razonable, finalmente siempre cumplen sus funciones de manera proba, respetando los derechos ciudadanos y apegándose estrictamente a la Constitución y las leyes”.

OK, ese es el dicho pero, ¿cuál es el hecho? ¿Tiene razón el precandidato Lagos con su reiterativo planteamiento o lo suyo, engolado y todo, es pura palabrería carente de sustancia? ¿Qué dice usted, estimado lector? En el Chile de hoy, ¿funcionan realmente las instituciones?

La evidencia empírica

Pruebas en contrario parecen haber más que suficientes. Es cosa de fijarse en los infames desempeños que, por estos días, han mostrado Gendarmería, el SENAME y el Registro Civil. O recordar lo ocurrido con el SII, donde su Director y su Subdirector Jurídico parecen haber asumido con el exclusivo propósito de demoler para siempre la credibilidad de la institución.

En el pasado reciente, el mismo ex presidente fue protagonista de numerosos hechos que parecerían desvirtuar su predicamento: MOP-Gate, sobresueldos (con el escandaloso incremento de su propia remuneración, de su pensión —quince millones, por parte baja— y de las dietas parlamentarias que trajo consigo), EFE, Chiledeportes y Publicam, entre otros. En todos ellos hubo instituciones que no cumplieron sus funciones, que no respetaron los derechos ciudadanos, o cuyos integrantes trasgredieron olímpicamente el principio de probidad. Ricardo Lagos, hay que decirlo, no se caracteriza por su buena memoria.

Ahora bien, existe un caso donde naufragan en forma vergonzosa TODAS nuestras principales instituciones; un caso donde no cumplieron ni cumplen de manera efectiva y oportuna sus funciones; donde pasan a llevar en forma grosera los derechos ciudadanos; y donde algunos de sus integrantes pisotearon de manera descarada el principio de probidad. Se lo presento: el goodwill tributario. Permítame explicarle por qué.

El goodwill tributario

¿Qué es el goodwill tributario? Pues, es una granjería impositiva creada por el gobierno de Piñera con el único propósito de permitir que algunos grandes contribuyentes ―Walmart, CTI, Farmacias Ahumada, BTG Pactual y las demás empresas que adquirieron, total o parcialmente, el patrimonio de otras y luego se fusionaron con ellas― puedan, en forma exclusiva, eludir durante diez años miles de millones de pesos de impuestos. No tiene otra finalidad. Fue diseñada e implementada por Piñera y los suyos específicamente para eso: para favorecer indebidamente a las organizaciones mencionadas.

¿Cómo funciona? Permitiéndoles solo a las mencionadas compañías considerar como gastos, activos intangibles que jamás han tenido ni tendrán esa condición (revise la NIIF 3), y cuya rebaja de la renta imponible no está permitida por la ley de la renta para ninguna otra empresa. El goodwill tributario es, en consecuencia, un injustificable beneficio discriminatorio. Un indebido e inaceptable privilegio. Un abuso de la peor especie. Ni más ni menos.

La colusión entre el Gobierno y el Congreso

Coincidirá usted conmigo en que si no hubiese existido un acuerdo entre el poder ejecutivo y el legislativo para llevarlo adelante, este inexcusable regalo que el Estado, a costa de todos nosotros, les está otorgando a las firmas señaladas jamás habría visto la luz.

Cierto es que hay algunos mandatarios y parlamentarios que son ignorantes en estas materias (y en otras, lamentablemente, también), pero no son todos. Se supone que Piñera y Larraín, que son los autores intelectuales de esta infamia y quienes la incorporaron a la normativa (ley 20.630), entienden de estos asuntos. También Alberto Arenas y los actuales miembros de la comisión de Hacienda del Senado (Zaldívar y compañía). Era tan vergonzosa, espuria e impresentable la granjería de Piñera, que estos próceres acordaron eliminarla. Sin embargo, mantuvieron sus beneficios para quienes ya la habían impetrado y, además, extendieron su plazo de vigencia por cuatro meses con el exclusivo propósito de que dos grandes contribuyentes ―Cuprum y Provida― pudiesen efectuar los trámites necesarios para acceder a ella.

Se lo repito para que lo grabe en su memoria: Zaldívar, Carlos Montes y los demás miembros de la comisión de Hacienda del Senado se pusieron de acuerdo con Alberto Arenas para mantener beneficios impropios otorgados por Piñera a un grupo de grandes contribuyentes y para favorecer, sin ninguna justificación y perjudicando de paso a todos los habitantes de este país, a Provida y a Cuprum. Y Michelle Bachelet y los demás parlamentarios ratificaron ese acuerdo.

Por más que se devane los sesos buscándola, no existe ninguna otra explicación para el plazo mencionado. Absolutamente ninguna. Ahora, dígame usted: eso, ponerse de acuerdo para favorecer a dos empresas específicas en perjuicio de todos los habitantes de este país, ¿no es una colusión? Revisemos la definición de la RAE de este vapuleado concepto: “pacto ilícito (no permitido legal o moralmente) en daño de tercero”. Es categórica, ¿verdad? Este tipo de pactos son ilícitos porque están prohibidos por nuestra Constitución. Y el tercero, por supuesto, somos nosotros, todos los chilenos.

Tenemos, pues, dos instituciones ―Gobierno y Congreso― que se coludieron para otorgar un beneficio impropio, perjudicando de paso a todo el resto de los chilenos, a un pequeño grupo de grandes contribuyentes. Le pregunto, estimado lector: esas instituciones, ¿realmente funcionaron? ¿Cumplieron en este caso las funciones que la Constitución y las leyes les asignan? ¿Respetaron los derechos ciudadanos? Sus integrantes, ¿cumplieron a cabalidad lo establecido en el principio de probidad (“observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”)? Categóricamente no, ¿verdad?

Así que ahí lo tiene: con el goodwill tributario, dos de nuestras instituciones más importantes ―el Gobierno y el Congreso― no funcionaron. No funcionan, de hecho, hasta el día de hoy.

¿Posibles razones?

El por qué estas instituciones actuaron así no es materia de este artículo. Sin embargo, coincidirá usted conmigo en que esto huele a platas políticas. ¿No será que algunos de los beneficiados ―Walmart, CTI, Farmacias Ahumada, BTG Pactual, Cuprum y Provida, entre otros― también están involucrados en ese oscuro asunto? ¿No será que también son donantes, “por sobre el límite permitido”, de cuantioso financiamiento electoral? ¿No será que también aquí hay asesorías, de las verbales y de las otras, respaldadas con “facturas ideológicamente falsas”? ¿No será que también existen “aristas tributarias” pendientes de aclarar? Tiene que existir una razón, ¿verdad? No se otorgan beneficios impropios sin motivo. Con un Fiscal Nacional comprometido con la verdad y la justicia estoy seguro de que este oscuro asunto, como otros tantos, estaría siendo investigado con lupa, partiendo desde Cuprum y Provida. Hoy, no obstante, no hay investigación alguna en curso. ¿Qué puede significar eso? ¿Funciona como corresponde el Ministerio Público? Hay demasiadas evidencias de que no lo hace, ¿verdad?

Y ahora, ¿quién podría defendernos?

Usted y yo somos inocentes víctimas de este miserable abuso. Como consecuencia de esta colusión, habrá menos recursos para las indispensables reformas sociales que deben abordarse y deberemos soportar una carga tributaria proporcionalmente mayor que la que nos corresponde. La pregunta es, ¿cómo podríamos defendernos? ¿Qué acción podríamos emprender los ciudadanos de este país, supuestamente los dueños del boliche, para desbaratar esta descarada colusión del Gobierno y del Congreso en contra nuestra? ¿Existe alguna o estamos inermes? ¿Con las manos atadas?

Pues, en estricta teoría, hay una. Está descrita en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Cuando las instituciones del Estado nos atropellan, cuando abusan de nosotros, cuando establecen inaceptables privilegios en favor de unos pocos tenemos, al menos en el papel, el instrumento legal preciso para hacer valer nuestros derechos: el recurso de protección.

El recurso de protección

¿Qué dice el artículo 20 de nuestra Constitución al respecto? Anote: “El que por causa de actos (…) arbitrarios (…) sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números (…) podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

¿Y cuál sería, en este caso, el derecho privado, perturbado o amenazado? Pues, el que figura en el N° 2 del artículo 19: la Igualdad ante la ley (también el señalado en el 22°: la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica). Le transcribo las frases pertinentes de la citada norma: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado”; “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

¿Es aplicable esa norma a este caso? Parece evidente, ¿verdad? Hay un grupo privilegiado ―el conformado por Walmart, Cuprum, Provida y los demás grandes contribuyentes beneficiados por el goodwill― en favor del cual las leyes elaboradas por el Gobierno y el Congreso―la 20.630 y la 20.780, ambas incorporadas en su oportunidad a la Ley de la Renta― han establecido diferencias arbitrarias (que tienen, además, el carácter de permanentes). Hay, en consecuencia, privación, perturbación o amenaza de nuestro derecho de igualdad ante la ley.

Entonces, aparentemente, ese sería el camino que debería seguir todo ciudadano que sintiese sus derechos trasgredidos por el aberrante privilegio descrito: interponer un recurso de protección. Y como este debe presentarse, según lo dispuesto en la misma Carta Fundamental (artículo 20°), ante la Corte de Apelaciones, ocurre que esta es la instancia pertinente a la que tendríamos que dirigirnos.

Caso cerrado, dirá usted. Si en nuestro país se respetara la Constitución y funcionara el recurso de protección, sería cosa de presentar uno ante la Corte de Apelaciones y sentarse a esperar que ella adopte “de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección” del recurrente.

Podría ser pero, lamentablemente, no es.

Porque para que eso funcionara, para que realmente nuestros derechos estuviesen cautelados, deberíamos tener un Poder Judicial que cumpliera con sus funciones y que, a su vez, no trasgrediera los derechos ciudadanos. Eso, ese requisito tan básico, lamentablemente en Chile no se cumple. En el Chile de hoy la institución encargada por la Constitución para defender nuestros derechos, el Poder Judicial, ya sea por desidia, cobardía o complicidad, no los defiende. Para nuestra desgracia, estimado lector, nuestro poder judicial no está a la altura.

Un poder judicial que se omite en la defensa de los derechos ciudadanos

Si usted, apelando a los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución, presenta ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Estado chileno por establecer, mediante una ley, diferencias arbitrarias, privilegiando con ello a un pequeño grupo de grandes empresas, la Primera Sala de dicha Corte lo declarará inadmisible con el siguiente fundamento mal redactado: “Vistos ( ) que los hechos descritos en la presentación ( ) exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación”.
Leyó bien, ¿verdad? El recurso de protección será declarado inadmisible por “exceder las materias que deben ser conocidas” por el recurso de protección. Y, ¿cuáles son dichas materias? No lo dice la Primera Sala pero sí lo señala, de manera precisa, nuestra Constitución y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales emitido por la Corte Suprema. Este último cuerpo legal establece que los recursos de protección pueden ser declarados inadmisibles, “desde luego por resolución fundada”, solo sisu presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.
En otras palabras, son la oportunidad y la mera mención de hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República los únicos requisitos exigidos para la admisibilidad de un recurso de protección. Por dicha razón, este último solo puede declararse inadmisible si alguno de ellos no se cumple y por ninguna otra causal. Si ambos están presentes, como se desprende de la norma constitucional y del Auto Acordado, las Cortes de Apelaciones NO ESTÁN FACULTADAS para declarar inadmisible un recurso de protección. Por ello, al hacerlo en dicha circunstancia están trasgrediendo la normativa, incurriendo en una arbitrariedad y, sin duda alguna, conculcando de manera absoluta los derechos del recurrente.
Es lo que hace, lamentablemente, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: trasgredir la normativa vigente, incurrir en una arbitrariedad y conculcar los derechos del recurrente, al no declarar admisible un recurso que cumple cabalmente con los dos requisitos exigidos por el Auto Acordado: ser presentado dentro de plazo y señalar, de manera clarísima, hechos que constituyen vulneración a la garantía de igualdad ante la ley.
Una Corte de Apelaciones “copy and paste”
Pero no se queda ahí la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. No es aquel, pese a su gravedad, su único pecado. Además atropella sin ningún tipo de consideración los derechos de los recurrentes porque, pese a lo exigido explícitamente por el Auto Acordado, no funda sus resoluciones.
En efecto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve la admisibilidad de muchos recursos de protección, con un fallo “copy and paste”. Ella no elabora una resolución específica para cada recurso, donde se consideren y se respondan, una a una, las alegaciones del recurrente —como la obliga el Código de Ética Judicial (www.poderjudicial.cl)—. De hecho, no considera ninguna de ellas. Simplemente, con total impudicia, toma un fallo estándar, elaborado quién sabe cuándo, lo copia y lo pega en su resolución. ¡Un vulgar “copy and paste”! ¡Al mejor estilo Peñailillo! Como esos alumnos que buscan pasar de ramo, sin ningún escrúpulo, haciendo trampa. ¿Había visto algo más arbitrario y abusivo?
Un fallo ininteligible
No para ahí la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, no obstante. No, señor. Porque en el “copy and paste” que utiliza a modo de resolución incumple además, de manera flagrante, con otro de los preceptos establecidos en el Código de Ética Judicial (capítulo III, artículo 27), que establece que “las motivaciones (fundamentos) deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas”. Porque, ¿qué significa “exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”? ¿Lo sabe usted? ¿Podría explicármelo? ¿Dónde está ello definido? ¿En qué parte de la Constitución o del Auto Acordado? Lo planteado por la Corte, ¿significa que se está pidiendo cautelar derechos que no deberían, a juicio de la Corte, ser cautelados? ¿O significa tal vez que hay circunstancias en las cuales los derechos no pueden ser impetrados, porque afectan intereses que son más importantes que ellos? No es posible saberlo. No lo dice la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en parte alguna. Es más, sus fallos están redactados de manera que no se entiendan y, por ende, no puedan ser objetados. Ahora bien, estamos hablando de un recurso que se presentó para asegurar la protección del afectado frente a la privación, perturbación o amenaza del derecho de igualdad ante la ley. El término “exceden”, ¿significa en este caso que, a juicio de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dicha protección es una materia que no debe ser conocida por el recurso de protección? ¿Significa que el derecho de igualdad ante la ley no está resguardado por el recurso de protección, pese a lo que señala explícitamente el artículo 20 de la Constitución al respecto? ¿Eso es lo que nos quiere trasmitir, en su críptico lenguaje, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago?

¿Por qué actúa así la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago?
Buena pregunta, ¿no le parece? ¿Por qué dicha instancia incumple la normativa vigente y atropella sistemáticamente los derechos de los recurrentes? Se me ocurren tres posibilidades: por cobardía, desidia o complicidad.
Respecto de la cobardía, hay precedentes. En la dictadura, el poder judicial agachó la cabeza, se colocó una venda y, lisa y llanamente, se omitió en la defensa de los derechos ciudadanos. Su justificación fue que había armas de por medio y gente dispuesta a usarlas en contra de quienes se les opusieran. Nadie, dieron a entender, está obligado a ser héroe.
Hoy, los abusadores no disponen de armas de fuego sino de dinero. De mucho dinero. Declarar admisibles recursos de protección como este, significa irse en contra de los grandes poderes económicos. Tal vez los jueces temen hacerlo. Quizás creen que eso coartará sus posibilidades de seguir progresando en la escala judicial. De llegar a la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora, amigo lector, piense, ¿cómo puede llegar a la Corte Suprema un juez que no solo no defiende los derechos ciudadanos, sino que los atropella de manera sistemática?
La desidia es una segunda posibilidad. Tal vez los jueces usan resoluciones estándar, el estilo Peñailillo, porque ni siquiera leen la mayor parte de los recursos que llega a su conocimiento. Quizás los aburre hacerlo. Les da una soberana lata. Por eso, entonces, contestan al bulto, con una resolución suficientemente enredada como para que, aunque no diga nada, parezca decir algo importante. Después de todo, hay que guardar las apariencias. Se puede pecar de desidia, pero no hay que demostrarlo.
Por último, está la complicidad. ¿No será que, al igual que algunos parlamentarios y funcionarios públicos, también nuestros jueces están siendo cooptados por los grandes empresarios? Espero que no pero, ¿cómo se explica su actitud? ¿Su rechazo sistemático a todo recurso de protección que pueda afectar a quienes detentan el poder económico? Es, como dice un cómico de la plaza, una situación sospechosa (no lo dice exactamente así pero ese es, según entiendo, el espíritu).
Ya lo ve, estimado lector: estamos a merced de autoridades que anteponen sus propios intereses al bienestar común; que se coluden sin asco para favorecer a un grupo de grandes empresas; que no cumplen sus funciones como establecen la Constitución y las leyes; que atropellan los derechos ciudadanos o que, pese a que la Constitución los obliga, se omiten cuando deben defenderlos; que atentan sin ningún escrúpulo contra el Principio de probidad. El oprobioso caso del goodwill tributario es una evidencia flagrante de ello. Una enorme mancha negra que ocupa casi toda la hoja. 

¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante eso?

Solo queda ventilar el caso y seguir insistiendo. En una de esas tenemos la fortuna de que nos toque una sala conformada por jueces íntegros, valientes y esforzados, dispuestos a ir al fondo del asunto sin escudarse en fallos inentendibles copiados y pegados de antiguas resoluciones que, casi seguro, no tenían relación alguna con lo que deben resolver. Tiene que haberlos, estoy seguro. No pueden ser todos como los de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sería demasiado. Tener que aceptar que las grandes empresas hacen lo que quieren con nosotros sin que podamos oponernos, es muy duro.

En una de esas, sin embargo, tenemos suerte.

Qué pena por nosotros, no obstante, que tengamos que esperar del azar algo tan básico como que se respeten nuestros derechos.


Qué pena.