jueves, 27 de marzo de 2014

Los cargos de confianza, ¿un problema de ethos?

Cada cuatro años asistimos, impávidos, a uno de los espectáculos más vergonzosos que pueden presenciarse en la escena pública: la descarada repartija de los cargos llamados “de confianza”, eufemismo usado para denominar aquellas posiciones en el aparato público que los legisladores, coautores y cómplices de esta infamia, han dejado a disposición de las coaliciones gobernantes para que las distribuyan entre sus miembros.

El botín a disposición de los ganadores en impresionante. Los medios de prensa sitúan en sobre mil los mencionados cargos, pero la realidad parece ser mucho más extrema e impresentable. Veamos, para comprobarlo, algunas cifras.

En el informe Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2003-2012 (http://www.dipres.gob.cl/594/articles-110726_doc_pdf.pdf), elaborado por la Dipres, se señala que al 31.12.2012 los empleos públicos adscritos a la administración central sumaban 247.940 (no se incluyen los miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, ni los empleados de las empresas púbicas). De ellos, sólo 85.024 (34,3%, apenas un poco más de un tercio) correspondían a funcionarios de planta; 125.528 (50,6%, ¡más de la mitad!), a funcionarios a contrata (empleos de carácter “transitorio” que expiran, a menos que se les prorrogue con 30 días de antelación, a más tardar el 31 de diciembre de cada año); 4.190 (1,7%) a personal contratado según las disposiciones del Código del Trabajo (el resto se rige por las del Estatuto Administrativo); y 33.198 (13,4%) a personal contratado a honorarios, de los cuales 20.397 corresponden a contratos a jornada completa (leyó bien: contratos a honorarios a jornada completa).

Aunque un alto número de los “cargos de confianza” corresponde a funcionarios de planta (ministros, subsecretarios, jefes de división y todos los de rango superior o equivalente a los secretarios regionales ministeriales), en la práctica lo son también todos los funcionarios a contrata y a honorarios. Como sus cargos son llenados según el criterio de quienes desempeñan los “cargos de confianza”, tienen, en consecuencia, una condición similar: son “cargos de confianza” de quienes desempeñan “cargos de confianza” (la propiedad transitiva es aquí, a mi juicio, aplicable). Así, el potencial universo para acomodar a los correligionarios y afines es, entonces, para ponerse a tiritar: más de ciento cincuenta mil cargos a total discrecionalidad del conglomerado ganador. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el botín?

Coincidirá usted conmigo en que una situación así se presta para cualquier cosa. Preguntémonos, por ejemplo: ¿cuántos de estos cargos a contrata y a honorarios son realmente necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración central? ¿Cuántos están de más y representan, en consecuencia, pagos políticos que se efectúan, a vista y paciencia de todo el mundo, con los recursos de todos los chilenos?

Le doy un dato adicional: el artículo 10 del Estatuto Administrativo, que regula los empleos a contrata, establece en su párrafo segundo que “el número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder a una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de planta del personal de ésta”. Sin entrar a escarbar la evidente confusión de conceptos en que incurrieron los autores de la norma (confundir el número de cargos con el número de ocupantes de los mismos, es un error demasiado básico como para permitírselo a un legislador), lo concreto es que la administración central completa se abanica con ella; es letra muerta incluso para quien debería ser el celoso guardián de su cumplimiento, la Contraloría General de la República. La única institución que, a fines del 2012, la cumplía en nuestro sistema público, ¡la única!, era el Ministerio Público, que no registraba funcionarios a contrata. Todos los demás, la pisoteaban olímpicamente.

A modo de ejemplo, según la norma el Congreso debía tener no más de 105, y tenía 435 (cuatro veces más); el gobierno, no más de 14.383, y tenía 121.528 (casi ocho y media veces más); el Poder Judicial, no más de 1.678, y tenía 2.119 (un 25% más); y la Contraloría, el estamento que tiene que controlar que la norma se cumpla, no más de 89 y tenía 1.446 (tome nota: ¡16 veces más!).

¿Qué me dice, estimado lector? Algo anda muy mal aquí, ¿verdad? Si hasta la instancia a la que le hemos delegado el control de la gestión pública, pasa a llevar la normativa en forma aleve, ¿qué queda para el resto? No soy creyente, pero ¡que Dios nos libre!

Agreguémosle leña al fuego. El gobierno entrante tiene la facultad de nombrar a todos los embajadores, casi sin ningún tipo de limitación. Yo le pregunto, ¿por qué personas que vienen desde fuera del Ministerio de RREE, usualmente neófitos en el asunto, que dedican sus primeros seis meses a aprender y cuyo gran bagaje son sus contactos políticos, van a estar más calificados para ocupar dichos cargos que quienes se han preparado por años, han estudiado para eso y se han transformado en especialistas en la materia? ¿Por qué? Dígame usted.

El mismo análisis puede efectuarlo para el caso de los servicios públicos. ¿Por qué una persona que desconoce el funcionamiento interno de una institución, como el SII o el Serviu, va a estar mejor preparada para dirigirla que alguien que se ha desempeñado durante toda su vida profesional en ella? Y así sucesivamente.

Señores, algo huele muy mal en Pantanal. Aquí, hay que hacer cirugía mayor, y con carácter de urgente, porque si no, el sistema político seguirá haciéndose su agosto con los recursos de todos, y en cuatro años más volveremos a tener otro espectáculo tan lamentable como el que estamos presenciando por estos días.

Y lo que corresponde no es esperar que el Altísimo, o algún azar inexplicable, haga retornar su “ethos” a los partidos políticos, como sostiene cierto columnista, sino establecer las pautas para disponer de una carrera funcionaria en serio, con los cargos de confianza reducidos a su mínima expresión (no más de un centenar, en lo posible), con una mínima cantidad de funcionarios a contrata (sólo en forma transitoria mientras se aprueba la modificación legal que autoriza su contratación en la planta) y con los a honorarios, en lo posible, eliminados. Todo ello, por cierto, después de estudiar en serio la pertinencia de los cargos que todo este personal metido a la administración pública con fórceps, desempeña.


No es el “ethos” el problema, estimado lector. Es la tradicional viveza criolla (¿sinvergüenzura estaría mejor?) que, desde hace tiempo, superó todos los límites, con la connivencia de quienes deberían estar preocupados de controlarla (partidos políticos, Anef, periodismo, etc.). Ya es hora de irle poniendo atajo, ¿no le parece?

domingo, 23 de marzo de 2014

Michelle, ¿cómo podemos combatir la desigualdad?

En su primer discurso como presidenta, Michelle Bachelet planteó, entre varios tópicos de mucho interés, una declaración y un llamado. “¡Chile tiene un solo gran adversario, y eso se llama desigualdad!”, advirtió hacia el final de su alocución, y agregó “Y sólo juntos podremos enfrentarla”.

Contundente mensaje, ¿no le parece? Y más que pertinente, considerando el escandaloso, humillante y vejatorio panorama que, en esa materia, nos arrojó a la cara el reciente informe de la OCDE, donde Chile muestra, por lejos, el peor desempeño en materia de desigualdad dentro de tan selecto grupo, a sideral distancia de los líderes en la materia. Es una declaración que marca lo que pareciera ser la impronta que quiere darle a su gobierno (lo que para Piñera fue, aunque con no muy buenos resultados, la eficiencia): combatir,  de una vez por todas, la extrema e inaceptable desigualdad que nos afecta; y la forma en que piensa abordarla: con la colaboración y el apoyo de todos quienes habitamos en esta larga y angosta faja.

El punto a dilucidar es, desde luego, ¿cómo lo hará? Porque, estimado lector, el lastimero e indignante resultado que nos muestra la OCDE no es un accidente. Tampoco un problema coyuntural. Es ni más ni menos que el resultado obtenido por este obcecado país con la aplicación, durante 40 años, de un modelo de desarrollo aberrante, inmoral e indigno, que favorece, fomenta más bien, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

Porque eso es lo que nos muestra el informe de la OCDE: el desempeño del modelo de desarrollo vigente, ¿verdad? Es un informe de evaluación, el resultado de un examen donde, como uno lo mire, dicho sistema sale reprobado (no sólo eso; es el peor de todos los modelos evaluados). ¿O a usted le parece que nuestro “eximio” y “paradigmático” neoliberalismo es una blanca e inocente paloma en esta abyecta historia?

Como nuestra presidenta tuvo la gentileza de llamarme a colaborarle (así interpreto yo, al menos, esa última parte de su discurso), me permito responder de manera inmediata a su convocatoria, planteándole los aspectos que hay que dilucidar para enfrentar con éxito tan morrocotudo desafío.

Permítame, estimado lector, recurrir para ello a una inmortal cita planteada en el siglo XIX por William Thomson, eximio matemático y físico conocido universalmente como Lord Kelvin: “Lo que no se define, no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre”. Ella condensa, de manera brillante, lo que el nuevo gobierno, si desea tener éxito en la magna tarea que se ha planteado, debe necesariamente efectuar: definir lo que entiende por desigualdad —en qué consiste y cuál es, exactamente, su origen—, determinar la forma de medirla —a cuánto asciende, cuál es su dimensión—, y la de combatirla —el cómo hacerlo, la estrategia más apropiada; cuál es la forma más efectiva de enfrentarla y, por supuesto, de doblegarla.

Son preguntas incómodas, lo sé. ¿Qué es, para usted señora presidenta, la desigualdad? ¿Podría definirla, por favor? Y, ¿cómo piensa medirla? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué hará para reducirla? ¿Hasta dónde pretende disminuirla en su período? Sin embargo, plantearlas y responderlas es la única —lo reitero, la única— forma lógica y racional de abordar el problema. Si Michelle Bachelet cruza ese puente, ese sólo hecho la hará pasar a la historia con letras de oro. Sería el único presidente, hombre o mujer, que habría tenido la valentía de hacerlo hasta la fecha, y sentaría las bases, primero, del combate sistemático contra tan abominable flagelo y, segundo, de un sistema de evaluación —¡por fin!, ¡si no existe ninguno!— de la gestión presidencial.

Vamos, pues, al aporte.

LO PRIMERO: ¿QUÉ ES LA DESIGUALDAD Y CUÁLES SON SUS CAUSAS?

Lo que no se define, no se puede medir. Lancémonos a la piscina, entonces. ¿Qué es la desigualdad?
Aunque ciertas instituciones tienen la suya propia —la del Banco Mundial, por ejemplo, señala que desigualdad es “la dispersión de una distribución, sea del ingreso, del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población”— no hay una definición unánimemente aceptada al respecto. Me permitiré, pues, usar la mía: la desigualdad es un desequilibrio en el acceso al bienestar que genera una sociedad. Este bienestar, dependiendo del caso, puede corresponder a ingresos, a bienes, a servicios, a oportunidades o a recursos productivos, y que exista desequilibrio significa que algunos acceden, en desmedro del resto, a un bienestar mayor que el que, en justicia, les corresponde.

¿Cuáles son las causas de ese desequilibrio? Siempre desde mi perspectiva, pueden dividirse en tres grupos: las causas insoslayables, las capacidades y  la inequidad.

Las causas insoslayables son aquéllas que, por muchas medidas que uno tome, siempre estarán presentes en una sociedad. Son tres: las diferencias genéticas —haga usted o que haga, jamás podrá correr como Usain Bolt, cantar como Juan Diego Flórez o usar el cerebro como Stephen Hawking—, las conductuales —una persona optimista tendrá más opciones en la vida que una pesimista, y una responsable que una irresponsable—, y las generadas por el azar —son muy pocos los que logran ganarse el loto, por ejemplo, pero si es ése su caso, usted será desigual a partir de ese momento.

Las competencias son aquellos conocimientos, aptitudes, habilidades o destrezas que uno adquiere en su vida por medio de la educación, la capacitación y la experiencia, y que le permiten desenvolverse de mejor manera en el complicado devenir diario. Es casi inevitable, por ejemplo, que un médico acceda a mayores niveles de bienestar que un recogedor de basura, o un ingeniero en minas que un albañil.

La inequidad es aquella parte de la desigualdad generada por la asimetría del poder, vale decir, causada por el uso de posiciones de privilegio en beneficio propio. Como bien sabemos, cuando uno tiene poder tiende, inevitablemente, a favorecerse a sí mismo o a su gente cercana. Ha sido así desde la prehistoria, y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. Ejemplos de este tipo de desigualdad son las colusiones de precios, el manejo de información privilegiada, el desigual acceso a las oportunidades que genera la sociedad, la usura, el nepotismo y la obtención de bienes públicos en forma gratuita (pudiendo pagar por ellos) o a precios irrisorios, entre otros muchos.

Tenemos la definición y las causas. Vamos, pues, al segundo paso.

LO SEGUNDO: ¿CÓMO SE MIDE LA DESIGUALDAD?

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Necesitamos, pues, herramientas de medición que nos permitan determinar no sólo la magnitud de la desigualdad, sino, en lo posible, qué parte de ella corresponde a cada una de las causales mencionadas en el punto anterior. Dos son las más utilizadas: el coeficiente de Gini (revise detenidamente el informe de la OCDE, para tener claro dónde estamos ubicados al día de hoy con respecto a dicho indicador) y el coeficiente de desigualdad 10/10 (o relación interdecil). Este último mide la relación entre el promedio de los ingresos del décimo decil (el más rico) y el de los del primero (el más pobre), y ya que resulta más fácil de usar y entender, nos centraremos en él. Observe, para ello, el gráfico siguiente, que muestra dicho indicador para los países de la OCDE (Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial y de la minuta comparativa publicada por el gobierno anterior):

Tabla N° 1: Coeficientes de desigualdad 10/10 para países de la OCDE (1)



(1)    No está considerado Islandia, por no disponer de sus datos, y está agregado Uruguay, para efectos comparativos.

Como puede apreciar, en todos los países que han alcanzado el desarrollo, este indicador es de sólo un dígito (menor que 10). Por ejemplo, en Suecia y Noruega alcanza a  6; en Alemania y Austria, a 7; en Suiza y Francia, a 9. En algunos que se hallan más o menos cercanos a alcanzar el desarrollo, se ubica entre 10 y 15 (España, 10; Australia y Nueva Zelandia, 13). En Uruguay, el más avanzado en este ámbito en Sudamérica, es 18. En Chile, según una minuta comparativa de reciente aparición elaborada por el gobierno saliente (a reconocimiento de partes, relevo de pruebas) es de 35,6. ¡Casi el doble que la de Uruguay! ¡Más del triple que la de un país desarrollado! Vergonzoso, ¿verdad? E inaceptable, habría que decir.

El punto clave aquí, es que este indicador no tiene un solo origen. En él confluyen los efectos de todas las causales mencionadas más arriba. En otras palabras, del coeficiente total, una parte está explicada por las causales insoslayables, otra por las competencias, y una tercera, por la inequidad. La pregunta del millón aquí es, ¿cuánto mide cada parte? Puesto de otra manera, de los 35,6 que es el coeficiente de Chile, ¿cuánto corresponde a cada una de dichas causales?

Para responderla, analicemos la situación de los países desarrollados. En ellos, al igual que en Chile, los recogedores de basura y los estafetas (porque también los hay) forman parte del primer decil de ingresos. Eso significa que los coeficientes de dichos países —de un dígito, como ya dijimos— incorporan, aparte del efecto de las causales insoslayables, también el de las competencias (la relación médico vs recogedor de basura está implícita en ellos). Y, dado que son mucho más avanzados socialmente que nosotros, hay bases sólidas para suponer que el componente generado por la inequidad está reducido a su mínima expresión, y que la desigualdad que presentan, obedece casi exclusivamente a ellas.

Se puede inferir, en consecuencia, que un coeficiente de desigualdad 10/10 que sólo refleje los efectos de las causales insoslayables y de las competencias, debería situarse en torno a 10 (e incluso menos), por lo que toda la diferencia hasta alcanzar los 35,6 de nuestro país, debería corresponder a inequidad. Denominaremos, entonces, al guarismo 10, como el coeficiente de desigualdad 10/10 libre de inequidad, y a la diferencia entre éste y el coeficiente total, como el coeficiente de inequidad. Así, el coeficiente de inequidad de Chile es 35,6 – 10 = 25,6. Éste es, estimado lector y estimada Michelle, el que hay que reducir a cero.

Tenemos, por consiguiente, nuestras herramientas de medición: el coeficiente de desigualdad 10/10 y el coeficiente de inequidad, y sabemos cuáles son las metas que, en relación a ellos, debemos alcanzar. Tenemos que reducir el primero a 10 (o menos) y el segundo, a cero.

LO TERCERO: ¿CÓMO SE COMBATE LA DESIGUALDAD?

Lo que no se mejora, se degrada siempre. Hay que actuar, sí o sí, contra la desigualdad, pues de lo contrario ésta tiende, inevitablemente, a acrecentarse.

Pretender enfrentar las causas insoslayables, es tiempo perdido. ¿Cómo reduce usted las diferencias genéticas? ¿Cómo maneja el azar? Algo más puede hacerse en lo que respecta a las conductas, pero a muy largo plazo y a un costo muy elevado. No va por ahí, entonces, la manera más efectiva de enfrentar al mencionado flagelo.

Actuar sobre las competencias es el camino que han pretendido usar (por lo menos de la boca hacia afuera) todos los últimos gobiernos, y también es, hasta el momento al menos, el que pretende utilizar Michelle Bachelet. Por ello está planteando una profunda reforma educacional como uno de los pilares en que sustentará el desempeño de su gobierno. El detalle específico de lo que tiene considerado hacer aún no es conocido, por lo que no es dable opinar todavía al respecto. Lo dejaremos, pues, como materia pendiente, aunque sin dejar de mencionar que pretender acabar con la desigualdad sólo por medio de mejorar las competencias, es absolutamente inviable. ¿Por qué? Pues, porque todas los oficios y profesiones que la sociedad ha desarrollado para su adecuado funcionamiento, deben estar siempre cubiertos para que tal propósito se cumpla. En toda nación, deben existir tanto médicos como recogedores de basura; tanto ingenieros como albañiles; tanto empresarios como estafetas. No puede usted prescindir de nadie. Tampoco pretender que existan sólo profesionales. De manera que, si usted quiere reducir en serio la desigualdad, tiene que buscar otra ruta. Actuar sobre las competencias, no es la mejor. Más aún, pretender abordar el flagelo exclusivamente por esta vía es, lisa y llanamente, no entender el asunto.

El tercer camino, es el que menos ha sido utilizado hasta la fecha en nuestro país, pero es el más fructífero: combatir la inequidad. Es el que han utilizado, con enorme éxito, todos los países desarrollados. ¿Cómo puede hacerse? Atacando en profundidad las prácticas y las estructuras que originan y permiten mantener la asimetría de poder en nuestra sociedad; todo aquello que huela a concentración de riqueza, de poder, de información, de privilegios o de recursos naturales. Por cierto, ello requiere modificar algunas de las bases del actual modelo, tales como el Estado “subsidiario” o los impuestos bajos, pero si de verdad se quiere combatir el fenómeno, habrá que hacerlo, ¿no le parece? Sólo a manera de ejemplo, y para no extenderme en demasía, mencionaré algunas posibles formas de avanzar por esta ruta (usted, amigo lector, seguramente conoce, y puede agregar, muchas más).

Eliminar el “sistema integrado de impuesto a la renta”, reemplazándolo por uno donde los tributos de las empresas sean de beneficio fiscal y donde quienes obtienen mayores ingresos paguen, efectivamente, los tributos que les corresponden. Con ello se consigue limitar en gran parte la acumulación indebida de riqueza.
Establecer un límite no superior al 20% para la concentración máxima que puede llegar a registrarse en una industria, como la bancaria, la de los seguros, AFPs, farmacias y retail. En aquellos casos donde existan posiciones monopólicas imposibles de resolver (servicios básicos, por ejemplo), procurar devolverlos a poder del Estado, con condiciones de máxima transparencia para su gestión.

En el ámbito de los recursos naturales, modificar la ley de pesca, eliminando de raíz la vergonzosa norma que entregó gratuitamente un elevado porcentaje de nuestros recursos pesqueros a perpetuidad a unas pocas empresas pesqueras (el recurso debería, como muchas voces lo han planteado, licitarse anualmente). 

En lo que respecta a la minería, establecer un royalty sustancialmente superior al actual para la explotación de recursos mineros, y tomar las medidas pertinentes para que las futuras explotaciones de la gran minería, sean desarrolladas por el Estado. Hoy, con el desarrollo actual de las técnicas administrativas y del mercado financiero, no existen razones de peso para oponerse a que los recursos naturales más valiosos que poseemos, sean entregados a precio vil a empresas privadas con la excusa de que necesitamos inversión extranjera.

En el ámbito laboral, por una parte, fortalecer los sindicatos, asimilando las normativas que los rigen a las que existen en los países líderes en la materia; y por otra, legislar para hacer obligatorio que las empresas repartan entre sus trabajadores, como gratificación legal, el 30% de las utilidades del período (para ello, sólo se requiere eliminar la figura de la “gratificación legal garantizada” del Código Laboral). Ni le cuento el impacto que tendría en la distribución del ingreso esta medida específica.

En la administración pública, redefinir y fortalecer la carrera funcionaria, eliminando todos los cargos “a contrata” y a honorarios (estos últimos sólo deberían permitirse, como casos excepcionales, para situaciones muy restringidas); suprimir la mayor parte de los “cargos de confianza” (en dicha calidad deberían estar los ministros, los subsecretarios, los gabinetes de éstos (lo más reducidos posible), unos pocos asesores y pare de contar); suprimir las reelecciones indefinidas de los parlamentarios (no deberían permitirse más de una vez); establecer que todos los cargos, sin excepción, de jefes de servicios, directores de organismos, jueces de cualquier instancia, embajadores y agregados ce cualquier tipo, sean ocupados por funcionarios de carrera.

Maximizar la transparencia en todos los ámbitos del servicio público. A este respecto, aquella información que se debería mantener en secreto, tendría que ser la excepción. A modo de ejemplo, las Fiscalías deberían poner de manera permanente a disposición de sus usuarios una lista detallada de todas las actividades que han efectuado en relación con sus casos, de manera que ellos pudieran controlar que éstos no han sido abandonados por los fiscales (como se rumorea que ocurre en la mayoría de los casos que éstos tramitan).

Desde luego, hay muchas otras medidas que pueden estudiarse e implementarse para desconcentrar el poder y la riqueza. Usted, estimado lector, puede entretenerse haciendo largas listas de ellas. En un país con tanta inequidad como el nuestro, usted levanta una piedra y saltan tres o cuatro situaciones que deben ser abordadas a este respecto. No es, sin embargo, la intención de este artículo entregar una lista exhaustiva de ellas.

El verdadero propósito es responder a la petición de la presidenta, y aportar con un grano de arena a la que debiera ser la gran gesta de todos por los próximos años: la lucha contra la desigualdad. Aquí está mi aporte, presidenta. Espero que le sirva.

domingo, 16 de marzo de 2014

¿De verdad llegó el fin del FUT?

Alberto Arenas, flamante ministro de Hacienda, lo dijo con todas sus letras hace pocos días: “la reforma tributaria termina con el FUT, no hay duda de eso”. ¿Qué significa, exactamente, dicha aseveración?
Para responder a esta crucial interrogante (no es cosa menor que, tras 30 años de vigencia, dicho mecanismo deje de existir), es preciso, previamente, definir con claridad meridiana algunos conceptos.  Veamos:

¿QUÉ ES EL FUT?

El FUT (artículo 14 de la ley de la renta) es ni más ni menos que un registro contable, al parecer único en el mundo, creado como consecuencia de una singularidad de nuestra normativa tributaria: los impuestos que pagan las empresas (primera categoría) NO son de beneficio fiscal, sino sólo meros anticipos de los impuestos personales (global complementario y adicional) de sus propietarios. Eso es lo que se denomina “sistema de impuestos integrados a la renta”, y su justificación es, según quienes lo defienden e incluso se jactan de él, “evitar la doble tributación (esto es, evitar que la misma utilidad tribute dos veces, una por parte de la empresa y otra por la de sus propietarios)”. En Chile, en consecuencia, las empresas NO tributan.

El FUT es, podríamos decir, el mecanismo de implementación de este sistema. En él se anotan (es nada más que un registro, no olvidemos), por un lado, la utilidad de la empresa y la parte de ésta que sus propietarios retiran; y por otro, el impuesto de primera categoría que corresponde a dicha utilidad y la parte de éste que se descuenta (se usa como crédito) de los mencionados impuestos personales.

Con la perspicacia que lo caracteriza, estimado lector, seguro que no le ha pasado desapercibido que la única forma de eliminar un registro —porque en eso consiste, al final de todo, “terminar con el FUT”: en eliminar un registro—, es suprimir la operación que le da origen.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL FUT?

Este punto es fundamental para analizar la afirmación del ministro. Contra lo que muchos, erróneamente, creen, la existencia del FUT NO es un efecto de que de los empresarios tributen sólo sobre las utilidades distribuidas (y no sobre utilidades devengadas). No se elimina, en consecuencia, obligando a los empresarios a pagar impuestos por los resultados totales que obtuvieron sus empresas. El verdadero origen de este registro es la condición de “pagos provisionales” o “anticipos por liquidar” que poseen las utilidades de las empresas. Ya que al momento del pago del impuesto de primera categoría, dicha operación no queda finiquitada, es necesario reflejar este hecho en los registros de las empresas y en los del SII. Ésa es la función del FUT, y es exactamente la misma si los empresarios tributan sobre las utilidades retiradas o sobre las devengadas.

¿CÓMO SE ELIMINA EL FUT?

Como todo en la vida, el FUT también se elimina suprimiendo la causa que lo genera. Y dado que ella es el “sistema integrado de impuestos a la renta (esto es, considerar el impuesto de primera categoría no como un tributo en sí mismo, sino como un mero anticipo de los tributos personales de los empresarios)”, la única forma de eliminarlo es normando para que el impuesto de primera categoría se transforme en un tributo, esto es, para que pase a ser de beneficio fiscal.

EL FUT NO SE ELIMINA CON LA PROPUESTA DE LA NUEVA MAYORÍA.

Nada mejor que un ejemplo para clarificarlo:

Suponga que la empresa A —que tiene un solo dueño, el señor B—, obtuvo en su primer año de operación una utilidad de $ 100 millones, por lo que debió pagar al Fisco $ 20 millones por concepto de impuesto de primera categoría (la tasa actual, le recuerdo, es de 20%). Suponga, además, que el señor B retiró durante el período $ 40 millones de dicha utilidad. En el registro FUT se anotarán, por una parte, los $ 100 millones de utilidad y los $ 40 millones de retiros, que dejan un saldo de $ 60 millones de utilidades que, habiendo tributado en primera categoría, fueron reinvertidas (o no fueron retiradas por el señor B); y por otra, los mencionados $ 20 millones de impuesto de primera categoría (que, como hemos señalado, son anticipos de los impuestos personales), junto con el uso parcial de éstos que hizo el señor B. Como éste retiró un 40% de las utilidades totales, tiene derecho a usar el mismo porcentaje de los $ 20 millones como crédito en su declaración de renta personal, esto es, $ 8 millones. El saldo del FUT para el período siguiente será, entonces, de $ 60 millones de utilidades no retiradas, y $ 12 millones de anticipos aún no utilizados como crédito.

Ahora bien, dado su monto de retiros, el global complementario del señor B asciende, según la tabla vigente, a M$ 3.750. Como su crédito de primera categoría es de $ 8 millones, él obtiene una devolución de M$ 4.250. En consecuencia, la recaudación total del Fisco asciende a M$ 15.750 (los $ 12 millones que quedan como anticipo en el registro FUT más el global complementario del señor B).

Suponga ahora que el sistema vigente cambia y, como lo establece el programa de la Nueva Mayoría, la tasa de primera categoría aumenta a un 25%, se mantiene el “sistema integrado”, y los empresarios comienzan a pagar, con un tope de 35%, tributos sobre las utilidades devengadas. Ello significaría que la empresa A pagaría $ 25 millones por concepto de primera categoría, los que, como son un anticipo o pago provisional, deben anotarse en un registro ad-hoc en la empresa y en el SII. Dicho registro, amigo lector, aunque usted le cambie de nombre, sigue siendo el viejo y detestado FUT (¿Cómo es posible, Alberto Arenas? ¿No quedamos en que la reforma tributaria terminaba con él?).

Ahora, asumiendo que la tabla vigente de Global Complementario se mantiene y se rebaja exclusivamente la tasa tope, el señor B tendría que pagar un Global Complementario de M$ 23.297. Como en el registro FUT (el mismo que, supuestamente, se elimina con la propuesta de la Nueva Mayoría) hay un anticipo de $ 25 millones, al descontar el global complementario queda un saldo de M$ 1.703, el que, supongo, se le devolverá al señor B, dejando el registro FUT (¡sí, el mismo otra vez!) en cero.

Pero hay mucho más paño que cortar aquí. ¿Qué ocurrió en términos de la caja fiscal? La recaudación total del Fisco ascendió a M$ 23.297, esto es, M$ 7.548 más que con el sistema actual. Dado que la intención manifiesta del nuevo gobierno es recaudar más, pareciera ser que, pese a todo, el asunto funciona.

No es tan así, sin embargo. Suponga usted que el contador del señor B es avispado y le sugiere una pillería: dividir a propiedad en partes iguales con su esposa, la señora B. En tal circunstancia, a cada uno le correspondería según la tabla vigente, un Global Complementario de M$ 6.491. Como el crédito por primera categoría es de M$ 12.500 por nuca, deberían devolverles a ambos (para dejar el registro FUT en cero) M$ 6.009. En tal caso, la recaudación total del Fisco ascendería a M$ 12.982, vale decir, menor en M$ 2.767 que la que se obtendría con los parámetros actuales.

Por cierto, si usted sigue los hábiles consejos del contador avispado aquel, puede dividir aún más la propiedad, incorporando a los hijos, papás, abuelos, tíos, sobrinos, etc., y su pago final de impuestos será aún menor. La siguiente tabla muestra, para este ejemplo, la situación final en miles de $, considerando el sistema actual y su modificación con 1, 2, 3, 4 y 5 propietarios en partes iguales:

ÍTEM
SITUACIÓN
ACTUAL
1
DUEÑO
         2
DUEÑOS
3
DUEÑOS
4
DUEÑOS
5
DUEÑOS
Utilidad total
Impto. 1a Categoría
Retiro total
Crédito unitario
Gl. Compl. unitario.
Devolución unitaria
Devolución total
Recaudación total (1)
Diferencia
% sobre utilidad
100.000
20.000
40.000
8.000
3.749
4.251
4.251
15.749
0
15,7%
100.000
25.000

25.000
23.297
1.703
1.703
23.297
7.548
23,3%
100.000
25.000

12.500
6.491
6.009
12.010
12.982
(2.767)
13,0%
100.000
25.000

8.333
2.303
6.030
18.090
6.910
(8.839)
6,9%
100.000
25.000

6.250
1.178
5.072
20.288
4.712
(11.037)
4,7%
100.000
25.000

5.000
749
4.251
21.255
3.745
(12.004)
3,7%
(1) Recaudación total = Impuesto de 1ª Categoría  – Devolución total

¡ALARMA! NO SÓLO NO SE ELIMINA EL FUT, SINO QUE HAY UN POSIBLE MEGADESASTRE TRIBUTARIO AD PORTAS

¿Se da cuenta, estimado lector, del megadesastre que puede llegar a producirse con el sistema que pretende instaurar la Nueva Mayoría? Un simple cambio en la estructura de propiedad de las empresas provoca, dado lo absurdo de la modificación que se pretende introducir, una brutal caída en la recaudación efectiva. ¿Qué me dice? Y ésa es una martingala que, sin mucho esfuerzo (me costó no más de un par de minutos, en realidad), se me vino a la mente. Imagine todas las que, aparte de ésta, estarán creando los expertos tributarios de los grupos económicos. Agréguele a esto la barbaridad de la depreciación instantánea y la de los mayores incentivos al ahorro —la teoría tributaria desaconseja los incentivos tributarios y sugiere que, de ser estrictamente necesarios, deben ser muy limitados en el tiempo; ¿se habrán saltado esta parte de la materia quienes diseñaron la propuesta de la Nueva Mayoría (porque ya sabemos que los responsables de elaborar y mantener el sistema actual nunca la leyeron)?—, y tenemos una combinación nefasta. Le auguro, sin ser pitoniso, una verdadera debacle en la caja fiscal, si Michelle Bachelet persiste con su irresponsable propuesta sin tomar los resguardos pertinentes. ¿Recursos para una reforma educacional? Puede, desde ya, irse olvidando.

Por cierto, no está demás fijarse en los porcentajes finales efectivos de recaudación respecto de la utilidad de la empresa, que aparecen en la última línea de la tabla anterior. Ante ellos cabe preguntarse, ¿puede considerarse equitativo (y serio, además) un sistema tributario donde la misma empresa y sus mismos propietarios (la familia B) enfrentan condiciones tan diferentes con sólo variar la estructura de propiedad? A mí por lo menos (no sé qué pensará usted, amigo lector), no me parece.

¿POR QUÉ DEBE ELIMINARSE EL “SISTEMA INTEGRADO DE IMPUESTOS A LA RENTA”?

El culpable directo de la situación que acabo de exponer es el “sistema integrado de impuestos a la renta”, escandalosa creación de un grupo de tributaristas neoliberales que es la que da origen al FUT y cuyo propósito primario era disminuir los impuestos de los medianos y grandes empresarios, ayudando con ello a acrecentar sus ingresos y, por ende, su riqueza. Es un sistema que debe eliminarse (suprimiendo de paso al FUT) ya no presta ningún beneficio al país: no beneficia a las empresas (es falso que incentive la reinversión, ya que las empresas pagan los mismos impuestos que en un sistema no integrado) ni a la gran mayoría del país. Por el contrario, perjudica a esta última, pues la obliga a financiar los servicios públicos que se entregan en forma gratuita (lo que se denomina, en economía, un subsidio) a las empresas. Es un sistema que favorece sólo a los medianos y a los grandes empresarios, ya que permite que las empresas les paguen sus impuestos personales. Por tal razón, fomenta la inequidad. Está, además, tan absurdamente planteado, que no sólo permite, sino que fomenta la elusión. Así, la tributación de la renta se transforma en un ejercicio acerca de quién tiene las mejores triquiñuelas para eludir. No serán quienes más tienen los que más tributarán, sino quienes tienen peores asesores o quienes, por desconocimiento o por ética, no se aprovecharán de los vericuetos de esta aberrante propuesta de la Nueva Mayoría. ¿Equidad? ¿Justicia tributaria? Haga con ellas lo que quiera, pero no aquí. Tales conceptos no tienen cabida en el sistema propuesto por Michelle Bachelet.

¿FIN DEL FUT? ¿EQUIDAD TRIBUTARIA? ¿MAYOR IGUALDAD? ESTÁ USTED BROMEANDO, ¿VERDAD?

Alberto Arenas aseguró que el FUT se terminaba. Michelle Bachelet enfatizó, en su primer discurso, que la equidad y el combate contra la desigualdad serían los ejes de su gobierno. Nos prometió “una gran reforma tributaria, que consagrará el principio de que quienes tienen más, contribuyan con más al bienestar de todas y todos” (eso se denomina equidad tributaria),  y nos instó a enfrentar juntos al único gran adversario que tiene Chile: la desigualdad. Nada de eso hay en la propuesta de reforma tributaria que conocemos, sin embargo. ¿Qué pasó? ¿Los compromisos se olvidan al instante siguiente de haberlos formulado?

Quedan aún 94 días y es tiempo más que suficiente para recapitular, y hacer lo que corresponde: una reforma tributaria que sí termine con el FUT, que restablezca la equidad tributaria y que contribuya al combate contra la desigualdad. Porque la que conocemos, no lo hace, y llevarla adelante sería, de verdad, una muy mala forma de partir.


Y no queremos eso, ¿verdad Michelle?

El principio del beneficio

Termina, sin pena ni gloria habría que decir, el primer gobierno de la derecha desde el fin de la dictadura, y se acerca el momento en que tendremos, tras este recreo de 4 años, de vuelta a la centroizquierda. Debo confesar que tengo curiosidad. ¿Cómo se desempeñará la Nueva Mayoría? ¿Habrá aprendido de sus errores, en este breve lapso en el que tuvo que ejercer de oposición? ¿O volverá a repetirlos, cocinándose con ello a fuego lento, y pavimentándole el camino a alguna alternativa populista del tipo Chávez para el 2017?

Las primeras señales, las que aparecen en su programa de gobierno, no son muy alentadoras. Hay que decirlo. Definitivamente, no se hace cargo en toda su dimensión del principal problema que hoy afecta a nuestra sociedad: la excesiva desigualdad. Varias de nuestras graves falencias sociales están tocadas así como por encima, como si faltaran diagnósticos claros y precisos, o no se dispusiera de las ideas necesarias para responder a éstos. Y un conglomerado de gobierno sin ideas es como un postre de sémola con leche al que no le pusieron ni leche, ni canela ni azúcar (o endulzante, para ponernos a tono con los tiempos que corren). Definitivamente, no cumple con los fines para los que fue concebido.

Esperemos que no sea el caso, y que este gobierno sea un gran gobierno. Lo deseo sinceramente.

Un muy buen punto de partida sería que la nueva presidenta tuviese el coraje de reformar el sistema tributario vigente, desde la perspectiva de enmarcarlo dentro de los principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Ya que el actual no los cumple, y no los ha cumplido durante los últimos 30 años, parece natural exigir que el nuevo, el que nacerá como consecuencia de la reforma tributaria que se presentará al Congreso dentro de los próximos cien días, al menos satisfaga ese requerimiento. No es mucho pedir, ¿verdad? Se supone que los principios están para ser cumplidos de manera previa a cualquier otra consideración.

¿Qué debería ocurrir para ello? Veamos.

Dos son los principios más relevantes que debe cumplir todo buen sistema tributario (¿es necesario explicar el concepto de “todo”?): el del beneficio (todos quienes reciben servicios del Estado, personas y organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción a los servicios que reciben); y el de la equidad, que se divide en equidad horizontal (a iguales rentas, iguales tributos) y equidad vertical (a mayores ingresos, mayores tributos). El sistema tributario vigente no cumple ninguno de ellos.

Permítame dedicar este artículo al primero de ellos, el principio del beneficio. El sistema vigente lo viola sistemáticamente al establecer que los impuestos que pagan las empresas (primera categoría) NO son de beneficio fiscal, sino que corresponden a anticipos a cuenta de los impuestos personales de sus propietarios. Al amparo de la falacia de “evitar la doble tributación”, exime a las empresas del pago de los servicios públicos que consumen (en cantidades industriales, habría que decir), otorgándoles en la práctica un gigantesco subsidio. En palabras simples, en Chile el Estado subsidia a las empresas (regalándoles los servicios públicos que consumen) con el dinero de todos los chilenos (incluidos los más pobres) para que éstas, a su vez, les paguen los impuestos a los empresarios, para que a su vez éstos no paguen impuestos. ¿Lo ejemplificamos? En Chile, el Estado subsidia al Banco Chile, a Cencosud, a Goldex y a las farmacéuticas, entre muchas otras empresas, regalándoles los servicios públicos que consumen (seguridad pública, vialidad y urbanismo, servicios judiciales, normativa vigente, fomento estatal, crecimiento económico,  organismos varios de control y de fomento, etc.), para que éstas, a su vez, le paguen sus impuestos personales a sus propietarios (Luksic y Paulmann, entre otros), para que ellos no tengan que pagarlos de sus bolsillos.  ¿Una sinvergüenzura? Bueno, ése es nuestro “sistema integrado de impuesto a la renta”.

Si la Nueva Mayoría estuviese realmente interesada en generar una mayor igualdad y construir un sistema tributario más equitativo, su propuesta de reforma tributaria debería partir por restablecer el principio del beneficio, eliminando para ello el mencionado “sistema integrado”. Dicha propuesta debería considerar que los impuestos de primera categoría pagados por las empresas sean de beneficio fiscal, y que los empresarios paguen sus impuestos personales (por los dividendos percibidos o los retiros efectuados) de sus propios bolsillos.

¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Enormes. Primero que nada, retorna la equidad a nuestro sistema tributario, ya que los mayores consumidores de servicios estatales, las empresas, comienzan a pagar por ellos, eliminándose el subsidio que actualmente reciben; en segundo lugar, los empresarios comienzan a pagar sus impuestos personales de sus propios bolsillos, tal como lo hacen actualmente todos los asalariados que están afectos a dichos tributos; en tercer lugar, el sistema de impuesto a la renta se simplifica enormemente, al eliminar la relación que actualmente existe entre los impuestos a las empresas y los personales, y su correspondiente registro (el famoso FUT), haciéndole la vida más fácil a casi todo el mundo, contadores y fiscalizadores incluidos (los únicos perjudicados serían los expertos en elusión tributaria, pero nada en la vida es perfecto); en cuarto lugar, este solo cambio debería permitir una mayor recaudación de unos USD 2.000 millones por concepto de global complementario y adicional, y USD 1.000 millones por menor elusión, por parte baja.

Desde luego que éste no es el único cambio que requiere nuestro sistema tributario. También hay que restringir al máximo la renta presunta, eliminar numerosas franquicias indebidas (los artículos 55 bis y 57 bis, los beneficios tributarios del DFL2 para inversionistas inmobiliarios y el crédito especial para empresas constructoras, por ejemplo), y definir el destino del FUT histórico (partiendo por impedir que se siga accediendo a él). Sin embargo, la expuesta en este artículo es la “madre de todas las reformas”, la mayor fuente de inequidad y sinvergüenzura tributaria.

La pregunta del millón entonces es: ¿estará la Nueva Mayoría, con la presidenta a la cabeza, a la altura de las circunstancias? ¿Será capaz de dar este paso, reponiendo la equidad en nuestro sistema tributario? ¿O cederá, como sus antecesores, a la presión de los grupos de poder?


Estamos muy cerca de saberlo. Cien días pasan volando.

El caso Echeverría

El nombramiento de Carolina Echeverría como Subsecretaria de FF.AA., ha generado un fuerte debate público. Desde casi todos los sectores se alzan voces pidiendo su dimisión, aduciendo que sus antecedentes son, con los estrictos criterios que hoy imperan en nuestra vida pública, incompatibles con el cargo para el que ha sido designada. Desde el próximo gobierno, sin embargo, se ha hecho oídos sordos a tales peticiones, y se ha optado por confirmarla. Hasta el momento, al menos.

¿Cuáles son los pecados que se le imputan a Carolina? Primero, ser hija de un oficial en retiro de la Armada al que se acusa de haber violado los derechos humanos; segundo, siendo Subsecretaria de Marina, en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, exigir el retiro de querellas por tortura a supuestas víctimas de esta infamia, como condición indispensable para franquearles el acceso, con los beneficios correspondientes, a la condición de “exonerados políticos”.

¿Son tales argumentos razonables? ¿Debería Carolina, por las razones expuestas, dar un paso al costado y alejarse de la vida pública? Veamos.

El que los hijos deban cargar con las culpas de los padres, es una práctica de muy antigua data. Figura, de hecho, en el Antiguo Testamento (el castigo llegaría, incluso, hasta la tercera y cuarta generación). Las mafias de todo el mundo actúan (o actuaban) según ese criterio (el argumento era, allí, que si alguien quedaba vivo en una familia, irremediablemente tomaría venganza cuando estuviese en condiciones de hacerlo). Tan bárbara práctica comenzó a ser jubilada hace casi dos milenios, cuando un notable filósofo, uno de los más excepcionales de la historia, pregonó aquello de “por sus hechos los conoceréis”. Quería decir, entre otras cosas, que los seres humanos somos responsables sólo de nuestros actos, y no de los de nuestros parientes, por cercanos que ellos sean.

Recién el siglo pasado se registraron avances de cierta magnitud en esa materia. Todavía, no obstante, cargamos con el peso de los actos, acciones, omisiones e, incluso, condiciones demográficas de nuestros antecesores. Aún hoy, por ejemplo, ciertos iluminados nos preguntan por el colegio donde estudiamos, que es una forma de pasarnos la cuenta por los méritos o deméritos económicos que aquéllos registraron cuando éramos niños. En pleno siglo XXI se cuestiona que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos (el principal argumento aquí es el bulling que sufrirían los niños en tal condición, que es ni más ni menos que otra forma de hacer pagar a los hijos por las supuestas “culpas” de sus padres).

Todas las declaraciones de derechos que conocemos, sin embargo, coinciden en el punto. También la que figura en nuestra Carta Fundamental. Nadie debe ser procesado, ni menos condenado, por culpas ajenas. Nadie. Ni siquiera un hijo o una hija de un genocida (que no es el caso, pero sirve para ilustrar el punto). Tan tajante como eso. Y hay que respetar los derechos humanos aunque, en ocasiones como ésta, duela. Consecuencia le llaman. Si yo abogo en una tribuna por el respeto a mis derechos, no puedo andar pidiendo a algunos metros de distancia que se violen los del vecino. Y sacar a alguien de un cargo por prejuicios, es una forma de violar los derechos humanos. No me digan que no.

¿Tendría Carolina que hacer alguna declaración “aclaratoria” acerca de su forma de pensar? ¡Pero, por favor! Ni siquiera deberíamos pensar en pedírsela. ¿O acaso en estos nuevos tiempos, para postular a un trabajo tendremos que adjuntar a los antecedentes usuales, los currículos de nuestros padres (acompañados, por cierto, por una declaración jurada donde se especifique que no compartimos cualquier eventual delito que ellos hayan cometido a lo largo de su existencia)? “Por sus hechos los conoceréis”, señores. Apliquemos la norma, que para eso está (y si no estamos de acuerdo con ella, modifiquémosla). Todo lo demás es paja molida.

Distinto es el asunto de los hechos. ¿Hizo Carolina Echeverría, comprobadamente, declaraciones inaceptables (justificando, por ejemplo, la tortura y demás violaciones a los derechos humanos)? ¿Trasgredió de forma flagrante alguna norma? ¿Intentó a través de su anterior cargo público, favorecer de alguna manera a su padre (para evitar que fuera juzgado, verbigracia, por los hechos de tortura que se le imputan)? ¿Metió las manos? ¿Favoreció a algún amigo, pariente o correligionario con platas fiscales? Si la respuesta a algunas de estas interrogantes es positiva, entonces debería irse para la casa. En los nuevos tiempos, necesitamos y queremos funcionarios probos, íntegros y que compartan hasta las comas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (no como ciertos senadores UDI). Si, en cambio, la respuesta a todas es negativa, por favor señores pontífices, dejémosla tranquila. Permitamos que desempeñe su cargo de la mejor forma que pueda. Es lo que corresponde.

¿Que estarán todos los ojos puestos sobre ella, pendientes hasta de su más mínimo traspié? Sin duda, pero es lo que querríamos para todos nuestros funcionarios públicos. Si es así, bienvenido sea. Ojalá fuera ésa nuestra forma normal de fiscalizar: preocuparnos hasta del más ínfimo detalle.


Ya pasaron los tiempos de la caza de brujas, señores. Por sus hechos los conoceréis, dijo un gran filósofo de la antigüedad, y puchas que tenía razón.

domingo, 9 de marzo de 2014

El legado de Piñera

Termina el período presidencial de Sebastián Piñera y, como siempre ocurre en estos casos, llegan las evaluaciones. ¿Cómo lo hizo el saliente presidente? Su desempeño, ¿fue bueno, regular o malo? ¿Aprobó, quedó para marzo o, lisa y llanamente, reprobó? Por cierto, sería muy bueno saberlo, no sólo en su caso, sino en los de cualquiera que ocupe tan alto cargo (¿le suena a usted haber visto una evaluación en serio, una siquiera, de los desempeños de los antecesores de Piñera?).

Como era de esperarse, varios artículos se refirieron al tema la semana recién pasada. La mayoría, sorprendentemente, usando argumentos que, con el mayor cariño y respeto, sólo pueden calificarse de básicos. ¿Qué pasa en este país? ¿De repente se nos olvida cómo se efectúan las evaluaciones? ¿O es que nunca lo hemos sabido? Bueno… dicen por ahí que nunca es tarde para aprender.

Una evaluación, no está de más recordarlo, es una comparación. Para evaluar algo, un desempeño por ejemplo, usted debe disponer de un patrón de medida contra el cual confrontarlo. Pero no cualquier patrón sirve (usted no usará una huincha de medir para determinar la cantidad de agua que hay en un recipiente, por ejemplo); debe ser el adecuado para lo que se busca medir.

Porque si usted quiere hacer un análisis tendencioso, que lo muestre como un as de en la materia donde está dando examen, lo puede efectuar fácilmente si la audiencia no es muy avispada. Basta con que elija un patrón de comparación que le convenga.

Para darle un ejemplo, si usted quiere probar que su rendimiento en los cien metros planos es excelente, no elegirá confrontarse contra Usaín Bolt. Aparte de permanecer una semana en cama con depresión después de la prueba (y de llegar a conocerle bastante bien la espalda al contrincante), obtendrá una pésima evaluación, se lo garantizo. Usted puede, en cambio, elegir un patrón de comparación que lo deje como una estrella de dicha disciplina, verbigracia, un caracol. Corra los cien metros planos contra un caracol (o una tortuga, si la baba le es incómoda) y logrará una evaluación óptima. Será el vencedor por lejos, no le quepa duda.

Con los desempeños gubernamentales, usted puede hacer algo muy similar. Puede optar, por ejemplo, por compararse con la Venezuela de hoy (o con algún otro país en condiciones similares), y saldrá victorioso. Se lo aseguro. Puede elegir hacerlo con otro mandatario cuyo desempeño sea, claramente, inferior al suyo (por medio de un panel de indicadores hábilmente seleccionados y expuestos, por ejemplo), y ocurrirá lo mismo. Si usted quiere probar a toda costa que es exitoso, y los analistas y la audiencia son poco acuciosos, dispone de muchos patrones para utilizar.

Ahora, si el deseo de aparecer como exitoso ya se le transforma en obsesión, usted puede optar por la estrategia de publicar verdades parciales. Con analistas poco aplicados y auditorios poco inquisitivos, funciona de mil maravillas. Usted puede jactarse, por ejemplo, de la tasa de crecimiento, y no mencionar para nada su contrapartida, la tasa de desigualdad (que refleja cómo se reparte ese crecimiento). Se lo doy firmado que, por muy injustas que sea la distribución, pasará colado. Puede presumir de la baja tasa de desempleo, sin considerar en lo absoluto la calidad de los empleos generados (¿sabrán los analistas y los columnistas que se dedican a propalar estas cifras, que el tasa de desempleo en los países esclavistas es cero?). Puede vociferar a los cuatro vientos que los más pobres están hoy mejor que antes, sin detenerse a pensar que es imposible que ello no sea así (si un país triplica su PIB en un determinado lapso, no es factible que los menos favorecidos no reciban nada de ese crecimiento), pero que tal situación no garantiza en lo absoluto que el país esté transitando por la senda correcta (para ello, es necesario saber si todos los habitantes del país recibieron la proporción que en justicia les correspondía de ese crecimiento). Y así sucesivamente.

Pero si usted es un político recto y quiere evaluarse como corresponde, saber realmente cuántos puntos calza (o su audiencia, compenetrada del tema, se lo exige), usted debe —no tiene otra alternativa— elegir el patrón de comparación adecuado. Lo otro, perdóneme que se lo diga, no es serio (como muy bien decía un mandatario anterior, el del caso “sobresueldos”).

¿Y cuál es ese patrón de comparación? Los objetivos establecidos al comienzo de un período presidencial y las cifras que determinan la calidad de “desarrollado” de un país, califican como tales. Siempre y cuando se consideren en su integridad, desde luego; no parcialmente. También sirve comparar el país que se recibió del predecesor, con aquél que se entrega al sucesor (puede llegar a ocurrir, ha sucedido, que ambos sean la misma persona).

Entremos, pues, en materia. Usted puede darse la lata de revisar las webs gubernamentales una por una, para ver si en alguna halla aunque sea un objetivo cuantificado; yo, debo confesarlo, fracasé en ese intento. Sin embargo, si recurrimos a los primeros discursos del presidente saliente, podemos analizar lo expuesto en el párrafo anterior de una sola plumada. En efecto, el 21 de mayo de 2010, Piñera expuso ante el país que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza” (alguien debió explicarle al presidente que las décadas se inician el año uno y terminan el año diez, por lo que, en estricto rigor, él estaba poniéndose un plazo de sólo siete meses para lograr su compromiso, pero ése es otro tema; alguien debió haberle explicado también, que en los países desarrollados no existe la pobreza, por lo que su declaración de objetivos era redundante). De manera que allí tiene usted el patrón de comparación que debe ser usado para evaluar a Sebastián Piñera: alcanzar el desarrollo hacia el 2020.

Un país desarrollado tiene un ingreso per cápita igual o superior a US$ 30.000; un coeficiente de Gini menor o igual a 0,30; un coeficiente 10/10 de sólo un dígito; un Estado que garantiza elevados derechos a sus ciudadanos y les otorga la máxima protección posible ante eventuales abusos; una administración pública profesional e independiente de los partidos políticos; estrictos controles para evitar el uso indebido de la caja fiscal; un fuerte desarrollo industrial, una mínima dependencia de sus recursos naturales y una poderosa estructura de investigación y desarrollo, entre otras características. En dicho escenario, ¿de verdad alguien se atrevería a plantear que avanzamos, durante los últimos cuatro años, aunque sea un ápice en esa dirección? ¿Que estamos más cerca de ser desarrollados que cuando asumió Piñera? ¿Que en el 2020 (corrigiendo el desliz de décadas ya mencionado) alcanzaremos el desarrollo (superando, de paso, la pobreza)? Convengamos que esto último es, a lo menos, muy poco probable, ¿verdad? Convengamos también que, evidentemente, Piñera no cumplió con los objetivos que se impuso al comienzo de su mandato, por lo que reprobó su evaluación.

La estricta verdad es que el gobierno de Piñera fue, usando la terminología de una de sus ex funcionarias, sólo “reguleque”. ¿Que fue mejor que sus antecesores? Al parecer, sí, pero no nos sirve como país la filosofía esa de que “en el país de los ciegos el tuerto es rey”. Necesitamos presidentes que encaminen el país hacia el desarrollo, y Piñera no lo hizo. Ninguno de los cambios requeridos para ello, comenzó siquiera a esbozarse durante su gestión. Fue un simple administrador.

No pasará a la historia, en consecuencia, ni como un visionario ni como un estadista. No es ésa su impronta. Tampoco la de la eficiencia ni la de la transparencia (los conflictos de intereses y los contratos de honorarios de último minuto (¿truchos?) enterraron esa posibilidad). ¿Cuál es, entonces, su legado?

Bueno… hay uno, y muy importante: Piñera entreabrió puertas. Durante estos cuatro años comenzaron a ventilarse más que nunca antes, las hediondeces de nuestro sistema político y económico: los indebidos (e inaceptables) privilegios que poseen algunos grupos de poder; la corrupción que campea en ese enorme campo de pago de servicios políticos que son los contratos a honorarios; la carencia absoluta de sistemas que evalúen sistemáticamente a nuestros gobiernos y gobernantes; la increíble sarta de abusos que cometen algunos empresarios inescrupulosos en contra de los consumidores; la brutal inequidad de nuestra sociedad en todos sus ámbitos. Piñera permitió que eso ocurriese, que la ciudadanía comenzara a tomar conciencia de tales atentados que, día a día, se cometen en su contra, y que se percatara de la forma de enfrentarlos.

¿O ustedes creen que en la reciente caída de cuatro subsecretarios antes de asumir sus cargos, no tiene nada que ver Piñera? Él entreabrió esa puerta y, tal vez sin quererlo, mostró el camino. Ése es su legado y por eso, y por ninguna otra cosa, pasará a la historia.

Lástima por Michelle Bachelet, que pagará los platos rotos.

domingo, 2 de marzo de 2014

Bachelet, los estadistas y el FUT

En los sistemas de gobierno fuertemente presidencialistas, como el nuestro, la iniciativa presidencial es insoslayable. Tanto es así, que ningún proyecto que prescinda de ella tiene posibilidades de ser aprobado en el Congreso (salvo que no implique erogaciones, lo que reduce al espectro a la nada misma).

De manera que el gobierno — y el país con él—, se mueve al compás que le imprime el presidente, haciendo sólo lo que éste promueve o permite. Nada más.

Las características personales del primer mandatario —sus conocimientos, capacidades, motivaciones, valores, principios, énfasis— pasan, entonces, a ser de primera importancia para el futuro del país. Podríamos llegar a decir, incluso, que éste depende de ellas.

Desde esta perspectiva, podemos clasificar a los presidentes en tres grupos, a los que denominaré, para efectos de este análisis (seguramente existirán denominaciones mejores) peleles, administradores y estadistas.

Los peleles, como el nombre lo sugiere, son quienes carecen de las aptitudes y capacidades necesarias para ejercer su cargo en propiedad. Hacen lo que otros les dicen, sin comprender en profundidad las decisiones que están tomando ni, por consiguiente, las consecuencias de ellas. En el plano internacional, uno puede identificar, sin esforzarse en demasía, algún ejemplo de este tipo de “liderazgo”. En Chile, Augusto Pinochet fue un claro exponente. Su obsesión por situarse a las antípodas del sistema que acababa de aplastar, de no dejar piedra sobre piedra de cualquier estructura que oliera a socialismo, lo llevó a aceptar moverse, sin cuestionamientos, hacia el otro extremo, instaurando un sistema profundamente inequitativo que, más que favorecer, promovió (de hecho, promueve todavía) la concentración de la riqueza (cuando en los próximos años caiga el sistema de AFPs, los impuestos dejen de ser bajos per se para pasar a ser equitativos, la transparencia y la probidad sean la norma y no la excepción, y el Estado subsidiario sea reemplazado por el Estado garantizador de derechos, ¿qué quedará de la supuesta “gesta modernizadora”?).

Los administradores son aquéllos que gestionan la inercia. Son quienes desfilan por La Moneda sin dejar huella visible, ni buena ni mala. Los que se limitan a moverse, con mayor o menor soltura, dentro del marco estructural vigente, sin pretender modificarlo ni un ápice. Usted puede reconocerlos fácilmente, comparando el país que recibieron al comienzo de su mandato con el que entregan al final de éste. ¿Disminuyeron la desigualdad y la concentración de la riqueza? ¿Hay mayor transparencia en la gestión pública? ¿Se implementó un sistema tributario equitativo? ¿Se terminó con la abusiva práctica de subsidiar a las empresas, regalándoles los servicios públicos? ¿Se advierten mejoras sustanciales en la salud, la educación, la previsión y la vivienda? ¿Se sentaron las bases para llevarlas, de una vez por todas, al nivel mínimo al que tenemos derecho? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, estamos en presencia de un administrador. De alguien que sólo figurará en los libros de historia en términos estadísticos o porque la secuencia de mandatarios debe registrarse completa. De manera alguna, por sus logros.

Si una sociedad requiere de cambios profundos, de modificar sus estructuras, de cambiar su cultura, éstos no provendrán del administrador. No se le pueden pedir melones a una mata de acelgas. Si usted tiene una sociedad profundamente desigual, segregacionista e injusta al comienzo el período del administrador, seguirá tal cual al final de éste. Los administradores hacen justamente eso: gestionar lo que haya, sea bueno, regular o malo, y punto.

Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en su primer período y Sebastián Piñera, fueron administradores, qué duda cabe. Algunos mejores que otros, por cierto, pero administradores al fin y al cabo. Durante sus períodos, la cosa no empeoró (en demasía, al menos), pero no se gestó ni implementó ninguna de las modificaciones de raíz que la sociedad chilena precisa con urgencia. La desigualdad se mantuvo casi idéntica a la que legó la dictadura; la educación y la salud públicas continuaron su proceso de deterioro; se acrecentó la concentración del poder y de la riqueza (analice, por favor, cómo, cuánto y cuándo varió la presencia chilena en los rankings de Forbes); se siguieron privatizando los monopolios naturales, se continuó con la demolición de los medios públicos de comunicación, la corrupción campeó, el obsequio de los recursos naturales (propiedad pública) a privados, al igual que el subsidio de los servicios públicos a las empresas, superó todos los límites; las condiciones laborales siguieron siendo precarias, el sistema previsional siguió transitando hacia el abismo, y un largo etcétera. Ni fu ni fa. Ni chicha ni limonada. Fueron gobernantes ”desechables”, de los que van a parar a la papelera de reciclaje de la historia.

Entonces, si usted quiere de verdad mejorar las cosas en un país como Chile, necesita un estadista.

Los estadistas son quienes comprenden los problemas que aquejan a la sociedad que presiden, conocen sus causas, y son capaces de generar e implementar las medidas necesarias para corregirlas. Usted no sale de la esclavitud, o de la debacle alemana de la post guerra, con administradores. Necesita estadistas, como Nelson Mandela y Abraham Linlcon en el primer caso, y como Konrad Adenauer y su partner Ludwig Erhart, en el segundo (que a fines de los 40, más de setenta años atrás, pudieron en marcha un sistema económico que combina el libre mercado con la presencia de un Estado garantizador de los derechos ciudadanos, que es, justamente, el sistema de desarrollo más exitoso que los seres humanos han creado a lo largo de la historia). Asimismo, usted no sale de desigualdades extremas como la nuestra, por medio de administradores. Chile —usted, yo, todos nosotros— necesita un estadista.

Y aquí entra al ruedo Michelle Bachelet. Ella arrastra a cuestas su pasado como administradora, pero el país decidió darle una segunda oportunidad. Ha dicho, en todos los tonos, que el mayor desafío que enfrentará en su período, es corregir la desigualdad. Dio, pues, un primer paso: reconocer el problema. ¿Habrá dado también el segundo? ¿Habrá identificado las causas? Y si eso es así, ¿se atreverá a dar el tercero, que es elaborar e implementar las soluciones? ¿Se atreverá a pisar callos? ¿A ir en contra de los grandes intereses que nos dominan? Está por verse, y pronto.

Porque en este punto, estimado lector, entra a tallar el FUT (yo sé que usted se estaba preguntando qué pitos tocaba ese vapuleado concepto en esta historia). Según nos han informado, durante los primeros cien días del próximo período presidencial (por allá por junio) se presentará al Congreso el proyecto de reforma tributaria. Será el momento de comprobar la efectividad de lo dicho por nuestra presidenta; la instancia de acreditar en los hechos concretos, si ella vistió sus galas de estadista, dando los primeros pasos para entrar a la Historia con mayúscula, o mantuvo el mismo traje gris de administradora que utilizó durante su primera presidencia; la ocasión de entusiasmarnos porque la puerta hacia un mejor Chile comienza a abrirse, o la de resignarnos a vivir cuatro años más dignos de olvido.

La forma de constatarlo es muy sencilla. Es cosa de revisar los énfasis de la propuesta. Un estadista, para quien los principios están antes que los intereses de los grupos de poder, los pondría en corregir la inequidad del sistema vigente; un administrador, no tocaría las bases del mismo (para evitar hacerse problemas). Un estadista se preocuparía de que todos quienes reciben servicios del Estado, incluyendo a las empresas, paguen por ellos; un administrador trataría de levantar el menor oleaje posible frente a los grandes empresarios. Un estadista pensaría en lo que es mejor para el país; un administrador, en no tener que ir a dar explicaciones a Casadepiedra.

¿Y el Fut? Un estadista lo eliminaría, desde luego, pues atenta brutalmente contra los principios de equidad y de beneficio, que deben estar presentes en todo buen sistema tributario de manera previa a cualquier otra consideración. Un administrador buscaría la manera de “hacer como que lo elimina”, pero mantendría el concepto que le da origen. Y como la causa del FUT es el “sistema integrado” de impuesto a la renta (y no el hecho de que el global complementario se calcule sobre los retiros, como algunos piensan), un estadista lo eliminaría y un administrador buscaría la forma de mantenerlo y de que pase “piola”.

Ahí lo tiene, entonces: si en la propuesta de reforma tributaria que Michelle Bachelet presentará, dentro de los primeros cien días de su gobierno, al Congreso, se mantiene el “sistema integrado” de impuesto a la renta, usted puede estar seguro de que todo lo que se ha hablado de los “cambios profundos” es pura palabrería. Si ello ocurre, significa que nuestra presidenta se vistió con el mismo traje gris de su primer período, y se dispone a administrar, con algunos cambios menores, el sistema vigente durante los próximos cuatro años. ¿Un Chile más equitativo e inclusivo? Quedará, lamentablemente, para una próxima oportunidad.

Si, por el contrario, la propuesta considera el fin del “sistema integrado”, usted puede tener la certeza de que el asunto viene, ahora sí, en serio; de que nuestra presidenta se equipó con sus vestimentas de estadista y se halla dispuesta, le pese a quien le pese, a poner en la palestra las modificaciones por las que clama la inmensa mayoría de los habitantes de esta larga y angosta faja.

Estemos, pues, muy atentos. Cien días, como sabemos, pasan volando.


De todas formas, me corroe la curiosidad. ¿Qué ropa se pondrá?