miércoles, 29 de enero de 2014

¿Qué ocurriría si se terminara el FUT?

Supongamos que, debido a un milagro de San Goloteo o a un suceso de origen salfatesco, se termina el FUT. ¿Qué ocurriría? ¿Se acabaría el mundo tal como lo conocemos? ¿Se produciría el descalabro económico que pronostican la centroderecha y los representantes de los gremios empresariales? ¿Huirían los inversionistas, como ratones en la previa del naufragio? ¿Se hundirían las mipymes, para las cuales, según algunos “sabios”, el FUT constituye su principal capital de trabajo? ¿Tiene usted la respuesta a mano, estimado lector? ¿No? Pues bien, lo invito a averiguarlo.

Un fenómeno deja de producirse cuando la causa que lo origina desaparece. ¿Hay algo más obvio que eso? Si el día de mañana, por ejemplo, las placas de Nazca y Sudamericana se transformasen en seres pensantes y decidieran limar sus asperezas en forma pacífica, para deslizarse con suavidad una por debajo de la otra (con o sin Corte de La Haya de por medio), se acabarían los terremotos (por favor, no vaya a pensar que yo creo que eso es posible; simplemente estoy ejemplificando con un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia similar al de que la Nueva Mayoría decida conculcar los privilegios de nuestra elite socioeconómica).

Ahora bien, como sabemos, la causa del FUT es la existencia de nuestro criollo “sistema integrado de impuesto a la renta” (¿por qué será que ningún país desarrollado, en sus treinta años de vigencia, lo ha copiado? Si serán…).  El FUT, que es un registro contable de las utilidades que han tributado en primera categoría y que no han sido retiradas por sus propietarios, existe exclusivamente porque los impuestos pagados por las empresas son un anticipo de los tributos personales de los socios. Si esa situación cambiara, si se suprimiera esa condición de “anticipo” del impuesto de primera categoría, adiós FUT. Ergo, para eliminarlo tenemos que darle el bajo al dichoso sistemita. Ello se logra de manera muy simple: quitándole al impuesto de primera categoría su condición de anticipo (al no haber anticipos, no se requiere su registro contable), y estableciendo que dicho tributo sea (como en todo el mundo desarrollado lo es, por lo demás), de beneficio fiscal.

Procedamos, pues. Utilicemos, para nuestro análisis, el método “céteris páribus” (todo lo demás constante), y veamos qué ocurre.

Partamos con las empresas productivas: ¿se ven afectadas con el cambio? No (pero NO del verbo NO). No sufren absolutamente ningún efecto. Ni el más mínimo. Siguen pagándole al Fisco el mismo impuesto de primera categoría que le pagaban hasta antes del cambio (la diferencia es que, en vez de ser un anticipo a cuenta de los impuestos personales de sus propietarios, pasa a ser de beneficio fiscal, pero el monto es exactamente el mismo). En consecuencia, no se acaba el mundo tal como lo conocemos, no se produce ningún descalabro económico, no se ve afectada la rentabilidad de los proyectos y, por cierto, tampoco se resiente la inversión. Los inversionistas seguirán ocupando los mismos parámetros que ocupaban hasta hoy en sus evaluaciones (no cambia ninguno), los bancos, sus mismos criterios de evaluación de riesgo, y así sucesivamente.

Por cierto, lo anterior también rige para las mipymes (por muy pequeñas que sean, siguen siendo empresas).  Su situación no varía. Siguen exactamente igual que antes del cambio.

¿Se produce algún efecto sobre los asalariados? Tampoco. Éstos, como sabemos, tributan en segunda categoría y, al no haber variación en las tasas de este tributo, mantienen inmutable su situación original.

¿Qué es lo que cambia, entonces? ¿Qué es aquello que genera tanto terror en las asociaciones gremiales de empresarios? ¿Tanta resistencia? ¿Tanto lobby? Pues, parece evidente. Donde sí hay variaciones, amigo lector, es el que respecta al impuesto global complementario, esto es, el tributo que deben enterar, entre otros, los señores empresarios.

Nótese que nuestro análisis (por lo del céteris páribus, le recuerdo) considera que las actuales tasas y tramos del impuesto global complementario se mantienen invariables. Asimismo, asume que la disposición que establece que dicho gravamen afecta sólo a las utilidades retiradas por los empresarios e inversionistas (no a las devengadas), permanece vigente. Le reitero: el único cambio que hemos introducido es que el impuesto de primera categoría deja de ser un anticipo a cuenta de los impuestos personales de los empresarios, y pasa a ser de beneficio fiscal (eliminando, de paso, el FUT).

Reiteremos la pregunta: ¿por qué la sola mención de este cambio tan simple causa espanto en los gremios empresariales, en sus representantes (la derecha chilena) y en sus núcleos de apoyo (ciertos grupos editoriales, algunos comunicadores y parte importante de los equipos técnicos de la Nueva Mayoría)?

La razón es muy simple: les afecta directamente el bolsillo (¿cuál otra podría ser?). En efecto, el gran cambio que se produce es que, al perder el crédito de que disfrutaban por el impuesto de primera categoría pagado por sus empresas, los empresarios deben comenzar a pagar sus tributos personales de su propio peculio. Vale decir, se ven obligados, como todo el resto de los chilenos afectos a impuestos, a entregarle al Fisco, por dicho concepto, una proporción de los ingresos que perciben.

¿De qué cifras estamos hablando? En la web del SII están publicadas para los últimos años (http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/estadistribu/consolidados.zip) las cifras recaudadas por cada tipo de impuesto. Para el año 2012, por ejemplo, el global complementario alcanzó un monto aproximado de USD 775 millones,  y el crédito por concepto de impuesto de primera categoría, USD 812 millones. Hubo, en consecuencia, una devolución de USD 37 millones, la que se incrementó, por la aplicación de la franquicia del artículo 57 bis de la ley de la renta, a USD 285 millones (sí, estimado lector, no está leyendo mal: el sistema vigente permitió que los empresarios chilenos no sólo no pusieran un peso de su bolsillo por concepto de impuesto a la renta durante el 2012, sino además, consiguió que les devolvieran USD 285 millones de lo que habían pagado sus empresas). El impuesto adicional (pagado por los propietarios de las empresas foráneas que operan en Chile), por su parte, alcanzó USD 1.912 millones (qué raro, ¿verdad?, que sea tanto mayor el impuesto adicional que el global complementario; ¿no existirá elusión en Chile?), y el crédito por concepto de primera categoría alcanzó los USD 864 millones.

Por consiguiente, sólo con el cambio señalado, los empresarios deberían pagar USD 1.391 millones en tributos personales que hoy se ahorran (y si se eliminara el 57 bis, pagarían USD 248 millones más), y dejarían de percibir USD 37 millones de devoluciones. Le pido por favor que tenga presente que estos impuestos están calculados sobre los retiros y dividendos, esto es, sobre dineros que ya salieron de la empresa el año anterior al momento de su cálculo. No hay efectos sobre la inversión aquí. Son recursos que se usaron en consumo, viajes o en ahorro personal.

¿Entiende ahora el por qué de tanta alharaca? ¿Comprende la razón por la que los gremios empresariales, solidarios con el prójimo como siempre, se oponen terminantemente a terminar con este sistema? ¿Se da cuenta de por qué la Nueva Mayoría, pese a que predica lo contrario, en la práctica se juega por mantener las bases del sistema? Si la suma total es impresionante. Estamos hablando de que eliminar el “sistema de impuestos integrados a la renta” les cuesta a los empresarios, como mínimo, USD 1.428 millones, los que aumentarían a USD 1.676 millones si además se eliminara el 57 bis (que, como usted ya sabe, sólo beneficia a quienes disponen de recursos para tener ahorro positivo, o sea a los mayores ingresos del país).

Ahora desmistifiquemos, de una vez por todas, el tema de los microempresarios. Aparte del tributo de primera categoría, ¿cuánto impuesto pagan éstos por concepto de global complementario? Es fácil saberlo; basta con recurrir a la tabla vigente para ello (http://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2013.htm). Ahí puede apreciarse que un microempresario que retire hasta $ 540 mil mensuales, no pagará ni un peso por dicho concepto. Uno que retire $ 1 millón mensuales, por ejemplo, pagará  $ 274.331 en total(equivalentes a $ 22.861 al mes, y a un 2,3% de su renta total; más que razonable, ¿verdad?). ¿Cuál es, entonces, el descalabro que se produce a nivel de la microempresa? ¿De qué hecatombe estamos hablando? ¿Se da cuenta cómo la mayoría de los defensores del sistema hablan sin tener idea de lo que están diciendo? Es más grave, por cierto, el caso de los que hablan sabiendo muy bien lo que dicen, porque ésos están derechamente mintiendo. En cualquier caso, usted ya tiene los elementos para desenmascarar a uno u otro. Úselos con toda confianza.

Son los medianos y, fundamentalmente, los grandes empresarios, los que se ven afectados por este cambio, porque pierden el beneficio que les entrega el espurio sistema vigente: no pagar impuestos por el dinero que retiran de sus empresas.

Pero eso es sólo una parte del problema que se les presentaría, de implementarse esta modificación. La más pequeña, podríamos decir. Fíjese en un dato: los USD 775 millones de impuesto de primera categoría representan menos de un 4,5% de la base imponible correspondiente (de los dineros que retiraron los empresarios de sus empresas). ¡Nuestros empresarios están tributando en el tramo más bajo de la escala de global complementario! En promedio, este grupo donde están los Luksic, los Matte, el conglomerado Falabella, Paulmann, Piñera, el grupo Angelini, Álvaro Saieh y otros próceres por el estilo, paga en impuestos menos del 5% de sus ingresos declarados (que, como sabemos, están extremadamente subdeclarados). ¿Qué me dice usted? Bueno, el inmoral sistema vigente permite perlas de ese tipo.

¿Cambia esto con la modificación planteada? Indirectamente, sí. Ésta, que parece tan simple, es un torpedo bajo la línea de flotación de toda la estructura societaria armada por los grupos empresariales para eludir (evadir) impuestos. Si el impuesto de primera categoría pasa a ser de beneficio fiscal y se obliga a todas las empresas, reales o de papel, a pagarlo sobre sus utilidades, las sociedades de inversión se vuelven un lastre, y disfrazar los gastos personales como gastos de este tipo de empresas pasa a tener un costo elevado. Se elimina también el mecanismo de elusión consistente en efectuar retiros por sobre el FUT disponible. Se podría, con estos cambios y con un control más estricto, triplicar o cuadruplicar la recaudación por concepto de global complementario. Si usted suma, con este puro cambio y sin variar tasa alguna, podría llegar a recaudar unos USD 4.000 millones adicionales a los que hoy se reciben. La mitad de lo que proyecta recaudar Michelle Bachelet con su inentendible potpurrí de medidas “poco razonadas”. Y desde el mismo año 1, no al cabo de los cuatro que considera la  Nueva Mayoría. Todo ello con un sistema mucho más simple de operar y, por ello, mucho más sencillo de controlar. Y mucho, pero mucho más equitativo, también.

Se comprende entonces que los grandes empresarios se opongan a que este cambio se implemente (el concepto de equidad no está presente en sus vocabularios). Sin embargo, ¿por qué la Nueva Mayoría se niega a llevarlo adelante? ¿Por qué Michelle Bachelet mantiene las bases de este verdadero engendro que hace 30 años nos instalaron por la fuerza de las armas, y que ninguno de los gobiernos concertacionistas se atrevió a eliminar? ¿Qué clase de acuerdo existe entre el nuevo gobierno y los gremios empresariales para no implementar una modificación tan obvia?

Sería bueno saberlo, ¿no es cierto? Así entenderíamos por qué, al menos en el tema tributario, la Nueva Mayoría no pretende gobernar para la mayor parte de los chilenos, sino conservar los privilegios de unos pocos.

¿Será porque, como dijo nuestra nueva Presidenta, se busca conseguir una mayor igualdad? Ja, ja y ja. Por favor, amigo lector, no me haga reír.

Acerca de Gervasio, Jorge Matute y el Checho Hirane

Gervasio Vieira, autor e intérprete de esa enorme e inmortal oda a la resignación, al amor filial no cultivado y a la incomunicación que se llama “Con una pala y un sombrero” (una obra maestra, qué duda cabe), falleció en 1990 en circunstancias nunca del todo esclarecidas. Parece, de hecho, haber demasiadas inconsistencias en la versión oficial acerca de su muerte. Existen peritajes de dominio público (al menos en sus puntos más relevantes), nunca desmentidos por quienes estuvieron encargados de la investigación correspondiente (la PDI), que las detallan, por lo que no me extenderé al respecto. Lo concreto es que está la duda instalada en su familia, en sus cercanos y en la opinión pública, y que quien debería haberla despejado, nuestro poder judicial, o no ha querido (con todas las gravísimas connotaciones que ello acarrearía), o ha sido incapaz (¿está nuestro sistema judicial a la altura de los requerimientos de la sociedad actual?) o no se ha tomado la molestia de hacerlo (¿hace nuestro sistema judicial su mejor esfuerzo para esclarecer cada caso, u opera según la “ley del menor esfuerzo”?). Hasta ahora, según parece.

¿En qué se asemeja este lamentable caso al de Jorge Matute Johns? No en su tipificación, desde luego —uno es, hasta la fecha, un suicidio; el otro, un atroz homicidio—. Tampoco en sus características particulares —si en el primero hubo homicidio, éste fue planificado y perpetrado con todas las agravantes; el segundo fue, al parecer, resultado inesperado de una cobarde golpiza grupal—. La similitud está en que ambos sus autores, que estarían identificados, están impunes; y en que los dos son, por dicha razón, una fea mácula, una grosera mancha, una indeleble vergüenza, en la historia y el prestigio de nuestro poder judicial.

Se supone que todos somos iguales ante la ley, tanto en lo que respecta a nuestros derechos como a nuestras obligaciones. Ello está, en efecto (con algunos matices), garantizado en nuestra Carta Fundamental. Según allí se señala, todos deberíamos tener igual acceso a las garantías que ella establece. A la vez, nadie que quebrante la ley debería estar ajeno a las sanciones que ella misma establece. Sin embargo, casos como el de Gervasio y Jorge Matute nos indican que eso no es así; que hay algunos que, parafraseando a Orwell, son más iguales que el resto; que existen personas que, por la razón que fuere, están por sobre nuestro ordenamiento jurídico. En palabras simples, si usted dispone del poder suficiente, la ley no lo manda ni le prohíbe. Sólo le permite.

El asunto es particularmente grave. Si nuestro sistema judicial no está a la altura; si alguien puede atentar en nuestra contra y, por la razón que fuere, salir impune (a pesar de estar identificado); si la ley no se aplica de forma pareja;  si existe desidia o venalidad, estamos en el peor de los mundos. Lo que como ciudadanos tenernos derecho a esperar, es que nuestro sistema judicial sea probo, diligente y, absolutamente, independiente; que la justicia sea, de verdad, ciega, pero a la vez certera, ágil y dinámica (aunque parezca un contrasentido).

Por eso, es bueno que los casos de Gervasio y Jorge Matute estén saliendo de nuevo al tapete, que se reabran, que se vuelvan a investigar, y que se conozca a los culpables, para que, ya que no recibirán sanción penal (ambos casos están prescritos, según entiendo), al menos reciban la sanción social y todo el peso de cargar por el resto de sus vidas con el calificativo de asesinos.

¿Y qué tiene que ver Checho Hirane en este oscuro asunto? Bueno… por lo que se sabe, nada. No ha sido mencionado en parte alguna ni como autor, ni como cómplice ni como encubridor, que son las tres condiciones por las que alguien puede, “en mala”, estar relacionado con un delito. Ni siquiera ha sido mencionado como testigo, que es la otra condición por la que uno podría, “en buena”, estar conectado al hecho en cuestión.

Sin embargo, salió al baile. Fue TT y material de múltiples comentarios faranduleros. ¿Por qué?

Pues, porque fue mencionado por el autor de un libro (que reconozco no haber leído) donde, según él mismo, se procura aportar antecedentes para intentar esclarecer la muerte de Gervasio (aunque la información recopilada no concordaría, de modo alguno, con la que habrían reunido, por otras vías, los familiares del malogrado artista). ¿A título de qué? En tres condiciones: como propietario de un local (el Romeo) donde se habrían reunido quienes planificaron el homicidio de Gervasio; como visitante eventual (por una sola vez, al parecer) de un ex miembro de la CNI condenado por sus crímenes durante la dictadura; y como posible receptor de facturas falsas emitidas por una mujer que habría sido pareja de un miembro de la CNI.

¿Alguna de esas situaciones lo relaciona con el crimen de Gervasio? Que sepamos, ninguna. ¿Existen explicaciones de mínima lógica que justifiquen su presencia en el libro (y en las entrevistas de su autor)? Pareciera ser que no. Al menos, éste no ha podido entregarlas. Podríamos decir que el Checho Hirane está ahí porque al libro, publicitariamente, le conviene.

Escucho el programa radial de Checho Hirane, cada vez que puedo. No porque me interprete (de hecho mi opinión respecto de nuestro sistema político y económico es diametralmente opuesta a la suya; no puedo estar más en desacuerdo con él al respecto) sino porque es un buen programa. Los programas de debate bien concebidos son indispensables en nuestra sociedad, más aún, cuando en ellos no se le saca el bulto a las confrontaciones de ideas ni a los temas contingentes, y el del Checho es, ciertamente, uno de ellos. Sin embargo, no conozco al Checho Hirane personalmente; nunca he cruzado ni una sola palabra con él; estoy, como ya dije, en las antípodas de su pensamiento político y económico. No pretendo, por ello, sumarme a su defensa (ni falta que le hace, por lo demás).

Pero no puedo dejar pasar este caso sin hacer hincapié en un punto demasiado relevante: ¿cómo es posible que una persona pueda involucrar a otra, sea quien sea, en un suceso deleznable sin ni un solo elemento de respaldo (ni uno solo), y nuestra sociedad —nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, todos nosotros— lo tolere, lo acepte y lo difunda? ¿Cómo, dígame usted? ¿Qué clase de sociedad hemos formado?


Los casos de Gervasio, Jorge Matute y el Checho Hirane se parecen en algo, es verdad: los tres son muestras de piezas que están fallando en nuestra estructura social. Pero mientras los dos primeros apuntan a un sistema judicial que debe reivindicarse, el tercero lo hace hacia nuestro propio comportamiento. No nos confundamos.

domingo, 26 de enero de 2014

Los desafíos del nuevo gabinete

Tenemos gabinete, por fin. Y con sorpresas surtidas, hay que decir. Esperemos, por el bien del país, que sea muy exitoso; que quienes lo conforman cumplan, al igual que todo el resto del gobierno (Presidenta incluida), los requerimientos y exigencias que impone el Chile de hoy.

No sirve de nada especular ahora respecto de si lo harán bien —si estarán a la altura del cargo que están asumiendo—, o si el exceso de expectativas, la falta de experiencia o lo que sea, les pasará la cuenta. La sabiduría popular es clara al respecto: “en la cancha se ven los gallos” y “el movimiento se prueba andando” son dichos plenamente aplicables en este caso. Tienen la oportunidad de hacer algo grande; ojalá que la aprovechen.

A nosotros, la opinión pública, nos corresponde evaluarlos. Y para ello, para disponer de algún parámetro, nada mejor que pasar lista a algunos de los desafíos que enfrentan.

Primero que nada, y en forma global, deberán encargarse de reducir la desigualdad. Es un propósito explícitamente declarado por la Presidenta. Por lo tanto, deberán informarnos lo más pronto posible qué indicador(es) utilizarán para medirla (como es archisabido, no se puede mejorar lo que no se puede medir) y a qué cifra específica pretenden llevarlo (por eso de que los objetivos deben ser explícitos, para que podamos evaluar inequívocamente su cumplimiento).

En cuanto al tema de la educación, la intención declarada es llegar a tener una educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles. Ello significa, como se ha hecho en todos los países desarrollados por lo demás, elevar por parejo (no con ese absurdo y segregador sistema de los “liceos de excelencia”) el nivel de todos los establecimientos públicos, sin excepción. Tanto los de Santiago, como los de regiones. ¿Cómo se llevará esto a efecto? Hay que desmunicipalizar, obvio (si usted quiere intervenir un sistema, mejorarlo por parejo, no puede estar obligado a convencer a más de un centenar de encargados, todos con capacidades, intereses, recursos y enfoques distintos). ¿Cómo se hará? Debemos saberlo a la brevedad. ¿Y cómo se medirá la calidad del sistema? ¿Con qué indicadores? Es preciso conocerlo pronto, para poder evaluar su cumplimiento.  ¿Y a qué cifras se pretende llevarlos? También es urgente conocer qué objetivos impondrá la Presidenta en este ámbito.

Desde luego, para elevar la calidad de la educación se requiere de una intervención integral a lo que hoy existe. Hablamos de capacitar a los profesores y directores, de evaluar su rendimiento, de contar con una infraestructura similar a la que poseen los establecimientos privados (confort, tecnología, instalaciones deportivas y recreacionales), de sistemas de estudio que recojan las exigencias y las técnicas del siglo XXI, etc. Si se va a intervenir el sistema educacional, hay que hacerlo en serio. ¿Cuál es el plan que se pretende implementar para abordar todos estos frentes? ¿Cómo y quién efectuará el diagnóstico de cada comuna? ¿El de cada establecimiento? ¿Cómo se determinará el monto de la inversión requerida? ¿Cómo se abordará su financiamiento? ¿Y cuál es la estrategia para llevarlo a efecto? Son preguntas que deberían estar respondidas en un plazo breve, y cuyas respuestas deberían ser dadas a conocer a los dueños del negocio, o sea, a nosotros.

Respecto de la reforma tributaria, es imperativo saber si se respetarán los principios de equidad y del beneficio en el nuevo diseño, o si se seguirán trasgrediendo como se ha hecho durante los últimos 30 años. Y si se van a seguir trasgrediendo, es indispensable que se nos informe las razones por las que se actúa así, por las que se beneficia a un segmento económico (el de mejor situación económica, por cierto) en perjuicio de la inmensa mayoría de los chilenos (artículo 57bis de la ley de la renta, entre otros varios). Porque, y así se reconoce en todos los países desarrollados, antes de comenzar a hablar de recaudaciones e incentivos, es imprescindible tener la certeza de que los principios se cumplen. Por eso se llaman principios.

En lo concerniente a la salud, es imperativo también conocer con qué estructura se abordarán los cambios. ¿Con la misma existente, manteniendo a las municipalidades involucradas? ¿O, al igual que en educación, se desmunicipalizarán los consultorios? Y si se mantiene la municipalización, ¿cómo se unificarán los criterios administrativos, los niveles de calidad, las dotaciones de especialistas, los sistemas de información, los mecanismos de capacitación del personal, sus remuneraciones, etc.? ¿Y cómo se abordará el tema de los especialistas? ¿Se otorgarán más becas? ¿Para qué especialidades? ¿Cómo se distribuirán? ¿Y cómo nos aseguraremos que sus beneficiarios trabajen después en el sector público? ¿Cómo se abordará la insuficiencia de ambulancias? ¿La carencia de equipos modernos? ¿La renovación tecnológica? ¿Los evidentes problemas de gestión que existen en muchos hospitales?

En materia de vivienda, ¿con qué medidas se buscará mejorar las “viviendas sociales” en términos de superficie (tanto del terreno como de la casa en cuestión), de calidad de terminaciones, de acceso a equipamiento, de integración socioeconómica, de consumo y abastecimiento de energía? Respecto de proyecto específicos, ¿se seguirá con la idea de licitar los terrenos del ex aeropuerto Cerrillos (permitiendo con ellos que las inmobiliarias hagan un feroz negocio con recursos de todos los chilenos) o se aprovecharán para hacer un gran proyecto de vivienda social mediante el sistema de organización de la demanda (bien administrado, por cierto)? ¿Cómo y en cuánto tiempo se eliminarán los campamentos?

En lo referente a energía, ¿se mantendrá la actual política reactiva de esperar que el sector privado maneje a su antojo el tipo y volumen de la oferta? ¿O se avanzará, con un criterio proactivo, al estudio en serio de alternativas no convencionales mediante la creación de una Corporación ad-hoc que recoja las experiencias mundiales e investigue las tecnologías en desarrollo para tal efecto (o las cree, si es necesario)? Sería muy interesante, a este respecto, saber por qué un país con 5.000 kilómetros de costa no se involucra en el estudio a fondo de la generación mareomotriz.

Y en el ámbito de la minería, ¿se seguirá con la política de entregar nuestros recursos minerales a precio vil a la empresa privada? ¿O se optará por comenzar los futuros desarrollos (el litio, entre ellos) por medio de corporaciones estatales creadas para tal efecto?

Es una reseña, lo tengo muy claro. Sólo un breve muestrario de la enorme cantidad de desafíos que deberán enfrentar los nuevos ministros, tanto en los ámbitos mencionados como en todos los restantes. El mensaje es que los propietarios de esta enorme organización, o sea nosotros, tenernos que tener acceso a la información completa de qué es lo que se pretende hacer y por medio de qué mecanismos. Información que debe estar expuesta en un formato claro, ordenado y digerible, para que quien lo desee, pueda consultarla. En pleno siglo XXI, no podemos ni queremos seguir siendo tratados como interdictos, sólo consultados e informados en las materias señaladas para las elecciones.


Porque no lo somos, ¿verdad?

miércoles, 22 de enero de 2014

Tolkien, el Estado y la libertad

Desde el principio de los tiempos, la libertad ha sido una de las aspiraciones más sentidas del ser humano. Tanto es así, que disponer de la facultad de hacer lo que uno desee, con la única cortapisa de no pisotear la azotea del vecino, ha sido reconocido como un derecho inalienable en la Declaración Universal de Derechos Humanos  (en especial en los artículos 1 y 3) y en casi todas las Constituciones del mundo. También, por cierto, en la nuestra (puntualmente en el artículo 1° y en inciso 7° del artículo 19). Y por ello, tratando de protegerla o restablecerla (al menos, en el papel) se han librado muchas batallas a lo largo de la historia y, seguramente, se librarán muchas más en el futuro.

Pero la libertad en sí, es más que un derecho. Las personas “nacen libres”, coinciden en sus primeras líneas las dos Cartas mencionadas, lo que significa que la libertad, tal como la vida, como los pensamientos, como los sentimientos, es una condición intrínseca al ser humano. El ser humano completo vive, piensa y siente, pero también ejercita su libertad. Si usted le quita la vida o la capacidad de sentir al ser humano, éste desaparece como tal. Queda cercenado. Si lo priva de su libertad, también. La libertad es, por ello, un bien precioso que debe ser defendido a cualquier precio. Tanto como la vida.

Ocurre, sin embargo, que vivimos en sociedad, y que existe una organización, llamada Estado, que regula y controla el funcionamiento de ésta, y cuya misma existencia  ya representa cierta pérdida de nuestras facultades. La interrogante, entonces, es en extremo pertinente: ¿cómo se conjuga en una sociedad, el libre albedrío de sus integrantes con la existencia de un organismo cuya razón de ser es, en parte, restringirlo?

La respuesta obvia parecería ser que no se conjuga; que el Estado es un mal necesario y, como tal, debería estar reducido a su más mínima expresión; que tamaños mayores que el estrictamente indispensable, se traducen de manera inevitable en pérdidas de libertad de los miembros de la sociedad.

Ríos de tinta e incontables gigabytes se han usado en nuestro país para defender esta postura. Incluso connotados autores de literatura fantástica, como Tolkien, y algunos de sus inmortales personajes, han sido citados como respaldo.  Por lo demás, parece lógico, ¿verdad?, suponer que la libertad y el Estado debieran tener una relación inversamente proporcional; que a mayor Estado, necesariamente habrá menor libertad, y viceversa. Y parece lógico, también, que Gandalf, Aragorn y Frodo estén de acuerdo con ello (¿encajará, en tal perspectiva, la relación de este último con Sam?). Mal que mal, se enfrentaron nada menos que a Sauron, el ojo que todo lo ve, símbolo del poder omnímodo. Sin embargo, muchas veces las apariencias engañan, y lo que a primera vista parece lógico, mirado con mayor detención no resulta tanto.

Para allegar más antecedentes, observemos lo que nos dice la evidencia empírica al respecto. Veamos cuál es el tamaño del Estado (en términos porcentuales, desde luego) en las naciones que disfrutan de mayores grados de libertad.

No existe en el mundo un “índice de libertad” unánimemente aceptado como tal. Hay lo que podríamos llamar “aproximaciones parciales”, esto es, índices que miden los grados de libertad de los países en ámbitos específicos. De ellos, tres son los más reconocidos: Freedom in the world, que califica a los países en base a su respeto por los derechos civiles; Democracy Index, que los agrupa según sus prácticas democráticas; y Worldwide Press Freedom Index, que los clasifica según la situación que en ellos presenta la libertad de expresión. Una buena aproximación respecto del grado de libertad de una nación sería, entonces, que alcanzara calificación máxima en todos ellos.

Quince países cumplen con este requisito: doce europeos —Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza—, dos americanos —Canadá y Costa Rica—, y un oceánico —Nueva Zelandia—. Al respecto, se podría señalar que tal vez no están todos los que son, pero que sin lugar a dudas son todos los que están.

El tamaño del Estado (Gasto Público como porcentaje del PIB al 2012, según el Banco Mundial) de estos países se observa en el cuadro siguiente (adicionalmente, se anota su ingreso per cápita y su coeficiente de Gini).

PAÍS
INB per cápita
(1)
Coeficiente de Gini
(2)
Gasto público
(3)
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
Costa Rica
Dinamarca
Finlandia
Irlanda
Islandia
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Suecia
Suiza

Chile
44.260
47.660
44.660
50.970
8.820
59.850
46.490
39.110
38.330
71.620
98,860
30.640
47.970
55.970
80.970

14.310
0,29
0,26
0,26
0,32
0,51
0,28
0,26
0,33
0,24
0,27
0,23
0,36
0,26
0,24
0,30

0,52
30%
39%
45%
18%
26%
43%
40%
44%
36%
39%
35%
42%
45%
32%
16%

20%

(    1)    Fuente: Banco Mundial; Dólares estadounidenses, método Atlas
(    2)    Fuente: Banco Mundial , Eurostats, The World Factbook
(    3)    Fuente: Banco Mundial

Como puede apreciarse, no hay Estados ausentes en este listado. En sólo dos países, más bien como excepción, el gasto público se sitúa bajo el 20%. En uno, Costa Rica (un caso muy interesante de analizar), en el 26%, y en todos los restantes, sobre el 30%. Es importante destacar que, con la sola salvedad de Costa Rica, todos los países del listado han alcanzado el desarrollo (INB per cápita de USD 30.000 y coeficiente de Gini menor o igual a 0,30) o están muy cerca de hacerlo.

La evidencia empírica, entonces, está muy lejos de corroborar esa relación inversa que, según algunos, debería producirse entre la libertad y el tamaño del Estado. Y la razón de eso está justamente en las dos primeras columnas de la tabla anterior. Para que exista verdadera libertad en un país, para que sus habitantes sean realmente libres, es imprescindible que tengan independencia económica; que todos dispongan de un estándar de vida suficientemente elevado, como para poder darle a su vida la dirección que deseen, sin tener que pedirle permiso a nadie para ello (con la sola limitación de la parcela del vecino, como ya dijimos).

El punto es claro: para estar en condiciones de ejercer la libertad, hay que ser financieramente independiente. Una persona endeudada o que vive prisionera de un sueldo escueto que apenas le permite subsistir, es libre sólo en el papel. En la práctica, es esclavo de sus acreedores y de sus empleadores. Si no logra salir de esa prisión, nunca será realmente libre. Conseguir la libertad, entonces, pasa a ser un problema de desarrollo: se requiere de alcanzar un Ingreso per cápita suficiente y, conjuntamente, una muy buena distribución del mismo.

Y con eso, estimado lector, volvemos al tema que nos ocupa: el tamaño del Estado.

Como muy bien sabemos, no es posible lograr una buena distribución del ingreso con un Estado ausente. Por el contrario, se requiere uno que, junto con garantizar un nivel mínimo elevado de bienes sociales y un sistema tributario equitativo a sus ciudadanos, también sea capaz de corregir los problemas de concentración de la riqueza que, inevitablemente, se producirán como consecuencia de la asimetría de poder. Se requieren, entonces, organismos defensores de los derechos ciudadanos, promotores de la transparencia y contralores, para limitar al máximo esa asimetría y sus nefastas consecuencias.

Y un Estado activo no es un Estado pequeño. Las frías cifras, los datos duros, lo comprueban. ¿Cuál es el tamaño adecuado? Difícil saberlo. Hay que estudiar el tema a fondo para poder responder a esa pregunta. Sin embargo, parece bastante razonable pensar que como porcentaje del PIB no debiera pesar menos de un 30%. De ahí hacia arriba. Por mucho que algunos recurran a Gandalf y a Aragorn para argumentar en sentido contrario.

Porque, dígame con sinceridad estimado lector, si yo le preguntara en que bando se encuentra Sauron en nuestro Chile de hoy, si en el de quienes viven con el sueldo mínimo y se movilizan día a día en el Transantiago, o en el de aquéllos que crearon el sistema económico imperante y hacen todo lo posible por mantenerlo, ¿qué me contestaría?


Le dejo planteada la inquietud , para que la medite en estos días veraniegos.

domingo, 19 de enero de 2014

Los desafíos de la reforma tributaria

Ya sabemos que habrá, sí o sí, una reforma tributaria durante el próximo gobierno. Eso, salvo que haya un cataclismo de proporciones de por medio. Está considerada, de hecho, como uno de los pilares básicos del programa de la Nueva Mayoría, por lo que es un compromiso de campaña y, como tal, debe cumplirse.

Convengamos en que los sistemas se reforman para mejorarlos, para corregir lo que no funciona como corresponde. Eso es algo, aparte de archisabido, más que evidente. Usted no reforma lo que presenta un buen desempeño.

Por dicha razón es pertinente, cuando hablamos de desafíos, plantearse qué es, específicamente, lo que hay que corregirle a nuestro actual sistema tributario.

Para ello, hay que partir por lo básico, por aquello que, si no se resuelve, no admite seguir adelante. Hay que partir por el principio. O sea, por los principios.

Los principios son algo que debe respetarse siempre, en todo orden de cosas. Por eso se llaman principios. Bajo ninguna circunstancia, deben ser violentados, menos aún, por períodos prolongados. Por eso es tan importante establecer con claridad cuáles son exactamente, y cuál es su real alcance y su correcto significado.

Un ejemplo en otro ámbito sirve para ilustrarnos. Libertad e igualdad son dos de los principios básicos por los que se rigen las sociedades modernas. Están presentes en la inmensa mayoría (no digo en todas porque no tengo la certeza de ello) de las Cartas Fundamentales de los países del orbe. Y también, no faltaba más, en la Declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por ningún motivo, entonces, deberían ser incumplidos o violentados. Sin embargo, a lo largo de la historia han sido postergados en innumerables oportunidades. Los campos algodoneros del sur de los Estados Unidos y al apartheid de Sudáfrica son buenas muestras de ello. En internet están disponibles los argumentos de quienes apoyaban tan nefastos sistemas y, adivine, la gran mayoría son de índole económica. “Hay que mantener el sistema porque si lo suprimimos, las consecuencias para nuestra economía, para nuestros patrimonios, serán desastrosas”, es un buen resumen de ellos.

Los principios, supeditados al bienestar económico de unos pocos. ¡Qué horror!, ¿verdad? Sucedió no hace mucho en otras latitudes, y está sucediendo hoy mismo en nuestro país.

Porque, tal como usted sabe, los dos principios más relevantes que debe cumplir un sistema tributario, el de equidad y el del beneficio, brillan por su ausencia en el nuestro. En el sistema tributario vigente, estimado lector, para favorecer a unos pocos, se perjudica a la gran mayoría de los chilenos.

El principio del beneficio establece que todos quienes reciben servicios del Estado, personas y organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción a los servicios que reciben. Figura en la totalidad de la literatura especializada de habla inglesa (y, sospechosamente, ha sido omitido en los artículos escritos por los especialistas nacionales). Está presente, de hecho, en la normativa de todos los países de la OCDE, con excepción de Chile y de México. En Chile, es trasgredido impunemente desde hace 30 años, ya que los principales consumidores de servicios públicos, las empresas, no pagan por ellos, sino que emplean sus impuestos para pagar los tributos personales de sus propietarios (lo que implica que todos los chilenos les subsidiamos los servicios públicos que consumen, pero eso es otra historia).

El principio de la equidad, por su parte, tiene dos componentes: la equidad horizontal (a iguales rentas, iguales tributos) y la equidad vertical (a mayores ingresos, mayores tributos). También se quebranta de manera aleve en nuestro país, desde hace décadas, mediante tres expedientes: los artículo 55bis, 55ter y 57bis, que permiten a quienes tienen mayores rentas, pagar proporcionalmente menores impuestos; las bajas tasas marginales que gravan a las rentas más altas (no olvide que, según un estudio que no ha sido desmentido, el 0,1% más rico de la población chilena recibe el 18% de los ingresos); y el ya mencionado pago que efectúan las empresas de los impuestos personales de los socios, que evita que éstos se metan la mano al bolsillo para cumplir con su obligación.

Si hablamos entonces de desafíos para la próxima reforma tributaria, aquí tenemos el primero y, por lejos, el más importante: restablecer los principios en nuestro sistema impositivo. O, mejor dicho, establecerlos de una buena vez, porque al parecer, nunca han estado presentes.

El nuevo sistema, el sistema reformado, debería considerar, entonces, que todos quienes consumen servicios públicos, sean personas u organizaciones, paguen por ellos en proporción a los servicios que reciben (lo que se logra haciendo que el impuesto de primera categoría pase a ser de beneficio fiscal).

Debería considerar, además, que quienes reciben iguales rentas, paguen iguales tributos (el cambio ya mencionado permite lograrlo). Aquí es especialmente relevante corregir el perjuicio tributario que hoy afecta a las familias que han optado por que uno de los cónyuges se dedique al hogar (se logra dividiendo por dos la renta del cónyuge que labora).

Y, además (iba a decir “por último”, pero hay muchas otras cosas que deben modificarse en el actual sistema tributario), debería considerar que quienes reciben mayores rentas, paguen efectivamente mayores tributos (ello se consigue estableciendo tasas marginales apropiadas y eliminando las franquicias de los artículos 55bis y 55ter, y la del 57bis, entre otras).

Sólo así, estimado lector, cuando logremos que nuestro sistema tributario pase a ser lo que nunca ha sido, EQUITATIVO, estaremos en condiciones de sentarnos a conversar de los cochinos pesos, esto es, acerca de cuánto se necesita recaudar para financiar todos los cambios que nuestra sociedad, con la máxima urgencia, requiere (y definir las tasas correspondientes, desde luego).

Ahora, estimado lector, le pido que, si usted tiene cercanía con los expertos tributarios de la Nueva Mayoría, les hable para callado de estos temas, porque al parecer no los tienen muy claros. Sólo así se explica que en su propuesta de reforma tributaria estén considerando medidas que acentúan la inequidad vertical (incentivos al ahorro que sólo favorecen a quienes disponen de mayores recursos) o que perpetúan la exclusión del principio del beneficio de nuestro sistema tributario (mantener el absurdo e indefendible “sistema integrado” de impuesto a la renta, promover una inexcusable “depreciación instantánea” y no darle un corte definitivo al FUT histórico). Aproveche de contarles también, que una medida mortal contra la elusión es, justamente, “suprimir el sistema integrado”, haciendo que el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, pase a ser de beneficio estatal (elimina los giros en exceso sobre el FUT disponible).


La sabiduría popular es potente. No hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán, y los amigos de la Nueva Mayoría lo aplican al pie de la letra. Esperemos que la evidencia les estalle de una vez por todas en la cara y ya no puedan seguir haciéndose “los de las chacras”. Más vale tarde que nunca. 

lunes, 13 de enero de 2014

¿A qué sitio quieres llegar, Michelle?

Minino de Cheshire, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? —preguntó Alicia.
—Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar —dijo el gato.
—No me importa mucho el sitio… —dijo Alicia.
—Entonces tampoco importa mucho el camino —dijo el gato.
—…siempre que llegue a alguna parte —añadió Alicia como explicación.
—¡Oh, siempre llegarás a alguna parte —aseguró el gato— si caminas lo suficiente!

Lewis Carroll, 1865, Alicia en el país de las maravillas

Hace casi 150 años, el genial gato ya tenía la película muy clara: no es posible elegir la senda correcta, si no se tiene claro el destino que se pretende alcanzar. No se puede seleccionar el medio, si no está definido el fin. No sirve de nada una estrategia (o un programa), si previamente no se establece el objetivo que se pretende lograr por su intermedio. Salvo que éste no interese, desde luego, en cuyo caso usted puede optar por cualquier ruta y, de seguro, a algún lugar arribará.

Fue, más o menos, lo que ocurrió cuarenta años atrás: un pequeño grupo de “elegidos”, sin molestarse en preguntarle a nadie, seleccionó un camino y comenzó a recorrerlo con este gran vehículo llamado Chile. No importó que el punto de llegada se desconociera, que nunca se hubiera definido, que ni siquiera se hubiese explicitado (¿ha leído usted en alguna página gubernamental, estimado lector, cuál es nuestra definición oficial de “país desarrollado”?). Había que caminar, y así se hizo. Los sucesivos conductores tampoco se dieron el trabajo de especificarlo (no es, desde luego, un trabajo fácil). Ya sea porque estaban convencidos de que iban bien encaminados, o porque se sentían cómodos con el rumbo que llevaban, o porque no estaban ni ahí con andar definiendo objetivos, lo concreto es que se pusieron las anteojeras y siguieron cascando. Hasta ahora.

Le describo el lugar al que hemos llegado después de cuatro décadas (¡casi medio siglo!) de caminata: un país con vergonzosos niveles de desigualdad, donde conviven (es un eufemismo, la convivencia es mínima) dos naciones, una que habita en una burbuja de la cual procura salir lo menos posible, y cuyos estándares de vida —educación, salud, vivienda, urbanismo, seguridad, financiamiento, previsión, transporte, esparcimiento, alimentación, vestuario, etc.— no tienen nada que envidiarle a los de un país desarrollado; y otra que vive en el país real, el de la grandísima mayoría, que está situado a un abismo de distancia en cada uno de esos ámbitos.

Ahora bien, si usted viviera, con su perdón y permiso, en el país de los huevones, todo eso le parecería natural. Lo tendrían convencido de que lo que ocurre es normal; que el que unos pocos tengan mucho y unos muchos tengan tan poco, es porque esos pocos son esforzados, trabajadores, educados, llenos de ideas, emprendedores y, por último, se lo merecen; y esos muchos, una manga de flojos sin remedio, ociosos, incultos, un cero a la izquierda cuando hay que echar a andar la sesera, nada más que un grupo de pelafustanes mediocres que sólo están cosechando lo que han sembrado. Si usted habitase en esa sufrida nación, no le llamaría la atención que en un país con un PIB per cápita de más de USD 20.000 existan bolsones de pobreza, campamentos y personas que viven con $ 80 mil mensuales de pensión “solidaria”; se encogería de hombros con la noticia de que el Estado subsidia a las empresas, regalándoles los servicios públicos que consumen, para que éstas le paguen los impuestos personales a sus propietarios; aceptaría sin poner resistencia que le metieran el dedo en la boca hasta el codo con la falacia de que las empresas y empresarios son lo mismo, y que si usted les cobra impuestos por separado, hay doble tributación.

Pero, afortunadamente, estamos en Chile, y aquí no comulgamos con ruedas de carreta. Al menos no todo el tiempo. Somos serios, como dijo un ex mandatario. Por eso, estoy seguro que usted se desvela pensando en este mundo tan injusto, en cómo pueden ser posibles todas las barbaridades que he mencionado, en cuáles son las razones por las que nuestras autoridades no hacen nada para corregirlas. Y también estoy convencido de que usted revisa periódicamente el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, buscando los objetivos que este inédito conglomerado, que se hará cargo del gobierno a partir de marzo, pretende alcanzar por su intermedio.

Sé, por ello, que usted se interroga día a día a cuánto pretende disminuir Michelle Bachelet nuestro coeficiente de Gini (0,526 a la fecha) y nuestra relación interdecil (28, según los últimos datos del Banco Mundial) al cabo de sus cuatro años de gobierno, y cuáles son las medidas que tomará para lograrlo; que explora hasta por los bordes el mencionado programa en búsqueda de objetivos medibles para cada una de las áreas consideradas en él (y para las no consideradas también), y de pautas para conseguirlos;  y que piensa, con su gran corazón,  que el hecho de que nada de ello aparezca en el programa, es sólo una omisión, un pequeño olvido. Que no es que no lo tengan considerado, o que lo hayan omitido ex profeso, sino que, en el fragor de la campaña, se les quedó en el tintero.

Por eso sé también que usted me acompañará cuando, parafraseando al sabio minino, como ciudadano me permita, con todo respeto, dirigirme a nuestra presidenta electa para pedirle que me entregue su respuesta a todas esas interrogantes, que me informe cuáles son sus objetivos respecto de los temas señalados, y cómo pretende lograrlos; que me dé a conocer, exactamente, con cifras en la mano, hacia dónde pretende conducir a nuestro país.


Eso es, ni más ni menos, lo que, como ciudadano preocupado, necesito saber. Imagino que usted también, así que repita conmigo, ¿a qué sitio quieres llegar, Michelle?

domingo, 12 de enero de 2014

Consideraciones para una buena reforma triburtaria

Termina, sin pena ni gloria habría que decir, el primer gobierno de la derecha desde el fin de la dictadura, y se acerca el momento en que tendremos, tras este recreo de 4 años, de vuelta a la centroizquierda. Debo confesar que tengo curiosidad. ¿Cómo se desempeñará la Nueva Mayoría? ¿Habrá aprendido de sus errores, en este breve lapso en el que tuvo que ejercer de oposición? ¿O volverá a repetirlos, cocinándose con ello a fuego lento, y pavimentándole el camino a alguna alternativa populista del tipo Chávez para el 2017?

Las primeras señales, las que aparecen en su programa de gobierno, no son muy alentadoras. Hay que decirlo. Definitivamente, no se hace cargo en toda su dimensión del principal problema que hoy afecta a nuestra sociedad: la excesiva desigualdad. Varias de nuestras graves falencias sociales están tocadas así como por encima, como si faltaran diagnósticos claros y precisos, o no se dispusiera de las ideas necesarias para responder a éstos. Y un conglomerado de gobierno sin ideas es como un postre de sémola con leche al que no le pusieron ni leche, ni canela ni azúcar (o endulzante, para ponernos a tono con los tiempos que corren). Definitivamente, no cumple con los fines para los que fue concebido.

Esperemos que no sea el caso, y que este gobierno sea un gran gobierno. Lo deseo sinceramente.

Un muy buen punto de partida, sería que tuviese el coraje de reformar el sistema tributario vigente desde la perspectiva de enmarcarlo dentro de los principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Es un requerimiento básico que hay que hacerle: que cumpla, como siempre debió haber sido, con ese requerimiento.

¿Qué debería ocurrir para ello? Veamos.

Como ya he señalado en columnas anteriores, dos son los principios más relevantes que debe cumplir un buen sistema tributario: el del beneficio (todos quienes reciben servicios del Estado, personas y organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción a los servicios que reciben); y el de la equidad, que se divide en equidad horizontal (a iguales rentas, iguales tributos) y equidad vertical (a mayores ingresos, mayores tributos). Podríamos agregar, además, un tercero, que es también muy importante, el de la sencillez (el sistema debe ser fácil de entender, de llevar a la práctica y de controlar).

Si queremos cumplir con los principios mencionados, el primer pilar que debe derribarse es el absurdo e inmoral “sistema de impuesto integrado a la renta” (los impuestos que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino meros anticipos de los impuestos personales de los empresarios), que los viola sistemáticamente a los tres. En columnas anteriores, me he referido in extenso al tema, así que no lo profundizaré en esta ocasión. Es preciso señalar, eso sí, que la propuesta de la Nueva Mayoría no sólo no lo elimina, sino que mantiene su premisa básica: los “impuestos integrados”.

Tenemos, pues, el primer cambio que debe, sí o sí, formar parte de la reforma tributaria: que el impuesto de primera categoría que pagan las empresas pase a ser de beneficio fiscal.

¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Enormes. Hay mucha más equidad, ya que los mayores consumidores de servicios estatales, las empresas, comienzan a pagar por ellos, eliminándose el subsidio que actualmente reciben; el sistema es mucho más simple, ya que cada uno, empresas y personas, tributan por sus ingresos efectivos, sin que existan créditos que los relacionan; además se elimina de una plumada el FUT, simplificándole la vida a casi todo el mundo, contadores y fiscalizadores incluidos. Este solo cambio debería permitir una mayor recaudación de unos USD 2.000 millones por concepto de global complementario y adicional, y USD 1.000 millones por menor elusión, por parte baja.

¿Y qué se hace con el FUT histórico? Lo primero sería impedir que se siga accediendo a él. Para que el nuevo sistema sea equitativo, los tributos personales de los empresarios deben comenzar a salir de su propio bolsillo. Lo segundo, es definir cómo darle un corte. Una alternativa es considerar un impuesto parejo, por ejemplo de un 25%, y aplicárselo a todo el FUT, restándole luego los montos de primera categoría pagados por las empresas. Para el pago de la diferencia, se debería otorgar algún plazo, por ejemplo cuatro años. Otra, considerar una tasa baja, un  5 o 6%, en cuyo caso los créditos acumulados quedarían automáticamente de beneficio fiscal. Ya sea con alguna de estas alternativas o con otra a definir, es un asunto que debe cortarse con prontitud y de manera definitiva.

¿Y cuál debe ser la tasa de primera categoría? Hay que discutirla. Tal vez mantener el 20%, modificando además los impuestos personales, sea suficiente. O 25%, como plantea la Nueva Mayoría. También es materia de discusión si las tasas deben ser parejas o crecientes. Está claro que el Banco Chile hace un uso mucho más intensivo de los servicios que otorga el Estado que el almacén de la esquina. ¿Debería, por ello, estar afecto a una tasa mayor? Hay que debatir, en lo posible con cifras en la mano, pero dentro de la premisa básica: los tributos que pagan las empresas son de beneficio fiscal, y no anticipos de los impuestos personales de sus propietarios.

¿Qué sucede en este esquema con la depreciación? ¿Es razonable la propuesta de la Nueva Mayoría de instaurar la depreciación instantánea? A ese respecto conviene precisar, y así lo señalan los tratados tributarios más prestigiados, que el criterio más adecuado para llevar a gastos las inversiones en activos fijos, es hacerlo durante su vida útil. Es lo más justo y equitativo: llevar a gastos el (valga la redundancia) desgaste real del bien, es decir, la porción de él que se usó efectivamente en generar la producción. Si su maquinaria va a producir durante diez años, el criterio económico es que debe ser depreciada en dicho período, y no antes ni después.

La depreciación acelerada es, entonces, una franquicia. Un beneficio fiscal que se otorga a las empresas a manera de incentivo. Se les autoriza a llevar a gastos un porcentaje mayor que el desgaste real del bien, distorsionando con ello la utilidad real del negocio, a fin de que paguen menos impuestos y obtengan, en consecuencia, mayores utilidades. Pero todo beneficio privado conlleva, en materia impositiva, un perjuicio público. El Fisco, como consecuencia de la existencia de esta franquicia, posterga la recepción de los legítimos cobros que efectúa a las empresas por concepto de los servicios que les otorga. Y como la depreciación acelerada se ha convertido en un beneficio permanente (otra vez contraviniendo la teoría al respecto), no sólo los posterga, sino que en la práctica nunca los cobra. Las franquicias, por definición, deberían establecerse por períodos limitados. Nunca per saecula saeculorum. Si queremos un sistema justo y equitativo, lo que corresponde es estudiar a fondo las vidas útiles de los activos y establecer las más adecuadas, pero no seguir beneficiando porque sí. ¿Acaso cabe alguna duda que los grandes beneficiarios del sistema de depreciación acelerada y, por ende, del de depreciación instantánea, serán las grandes empresas? Imagine al banco con su mueva sede institucional; o a las líneas aéreas, navieras, mineras, generadoras de energía y empresas de transporte. ¿Se da cuenta de negocio que harían con la depreciación instantánea? ¿Y el feroz negocio que haría el país, postergando los impuestos al infinito? Estimado lector, la depreciación instantánea es, en general, una mala idea, ¿no le parece?

¿Y las micro y pequeñas empresas, dirá usted, cómo irían en esta parada? De partida, debería reponerse el sueldo patronal, se paguen o no imposiciones. El propietario de una micro empresa debería tener el legítimo derecho de imputar su trabajo como gasto, lo remunere o no. Además, sólo en este caso puntual, atendiendo a lo complejo que resulta el primer año para este tipo de empresas, debería estar permitido, hasta un tope (por ejemplo, empresas con ventas menores de $ 100 millones anuales), que las maquinarias y equipos adquiridos como inversión inicial pudieran depreciarse instantáneamente. Los incentivos tributarios deben ser puntuales y focalizados en quienes realmente los necesitan.

Otro tema respecto del que hay que legislar con urgencia, es la renta presunta. Al respecto, el ideal es que no exista, por lo que es necesario restringirla todo lo que sea posible. Las empresas susceptibles de acceder a ese beneficio sólo deberían ser aquéllas para las que resulta muy complejo determinar sus ingresos y gastos reales.

Finalmente, se deben eliminar todas las restantes franquicias indebidas respecto de las empresas, tales como el crédito especial para empresas constructoras (USD 590 millones) y las exenciones de impuestos específicos al diesel (USD 630 millones). Un elemento importante a considerar es qué ocurre con las empresas con pérdidas acumuladas (como Johnson’s, por ejemplo). En ocasiones se usan como vehículos para retirar utilidades de las matrices sin pagar impuestos personales. Pues, lo lógico en dicho caso, es impedir los retiros hasta que la pérdida se haya regularizado. En esta materia, además, se debería actuar de manera drástica en el siguiente sentido: si la empresa cambia de propietario, automáticamente los nuevos dueños pierden el derecho de hacer uso de las pérdidas tributarias para rebajar sus propios impuestos (el patrimonio negativo seguiría a los propietarios, y no a la empresa).

Dejaremos el tema de los impuestos personales, harto más complejo que éste, para una próxima columna. De todas formas, si se implementasen sólo los cambios indicados, o algunos por el estilo, el sistema resultante ya sería infinitamente más justo y equitativo que el que existe en la actualidad.


Es de esperar, entonces, que la equidad se imponga a la sinvergüenzura. Aunque sea con 30 años de retraso. ¿Estará Michelle Bachelet a la altura?

miércoles, 8 de enero de 2014

La desigualdad y la inequidad

Enviada a El Dínamo

Nuestra excesiva desigualdad comienza a conmover al país, lo cual es bueno. Más vale tarde que nunca, podríamos decir. Incluso, se han organizado potentes seminarios para escuchar a los distintos expertos en la materia dar a conocer sus particulares visiones. Esperemos que, ya que en ellos participan connotados personeros del comando de nuestra futura presidenta, las ponencias que allí se expongan tengan buen destino. Que no sean sólo meros ejercicios intelectuales y que logren (las que califiquen, desde luego) convertirse en medidas concretas para, de una vez por todas, abandonar la política del avestruz y enfrentar el problema como corresponde.

Aportémosles con una disquisición: ¿en qué se diferencian la desigualdad y la inequidad?

La cuestión, aunque lo parezca, no es meramente semántica. Como verá en los próximos párrafos, estimado lector, responderla correctamente marca una importante diferencia, a la hora de seleccionar la dirección correcta por donde deben encarrilarse las eventuales soluciones. Si es que se decide abordar el asunto, desde luego, lo cual sería una grandísima novedad, ya que en 40 años no se ha hecho casi nada al respecto. Revise la evolución del coeficiente de Gini, si no me cree. Los políticos pueden jurar en posición supina que han estado pendientes del tema, pero si las cifras no los acompañan, resulta difícil creerles. Por sus obras los conoceréis, decía don Jecho, y tenía demasiada razón.

Vamos al punto. Los seres humanos no somos iguales y, hagamos lo que hagamos, nunca lo seremos. La naturaleza (Dios, dirán algunos) nos ha dotado de diferentes talentos y la vida nos ha llevado por diferentes caminos, por lo que nuestras habilidades, intereses y motivaciones son, definitivamente, disímiles. Si a eso le agregamos que nuestras capacidades, producto de nuestros particulares procesos de aprendizaje, también difieren, tenemos el escenario completo. Pensar siquiera en la plena igualdad, es un ejercicio absurdo e inconducente.

Note usted que de estos dos grupos de factores que generan desigualdad, las diferencias individuales y las capacidades, sólo podemos, en el mediano plazo, influir en uno: las capacidades. ¿Cómo? Por medio de la educación. Éste es el vehículo que nos permitiría dotar a cada persona, dadas sus particulares restricciones personales, de las herramientas adecuadas para sacarles el mayor provecho posible en su tránsito por la vida.

Hasta aquí, todo bien, pero, ¿qué hay de la inequidad?

La inequidad no tiene mucho que ver ni con las habilidades ni con las capacidades, sino con la recompensa relativa que la sociedad le asigna a la labor que efectúan sus integrantes. Hay inequidad cuando, al repartir los beneficios de cualquier actividad, una de las partes exagera el valor de su aporte y es capaz de imponer su criterio a las restantes. No es, por ello, un problema que hay que solucionar interviniendo sobre las personas (la educación no permite solucionarlo, por ejemplo), sino sobre la mismísima estructura social.

Permítame explicárselo con un ejemplo. Suponga que un equipo de trabajo, compuesto por un gerente y tres operarios, aborda con éxito una sencilla tarea y recibe el pago correspondiente: $ 3 millones. La pregunta a responder es, ¿cómo los distribuyen entre ellos?

Asumamos que lo hacen según la relación de ingresos que existe entre el décimo y el primer decil (las últimas publicadas por el Banco Mundial). Así, si esto ocurriera en Angola (cuya relación es de 75), el gerente recibiría $ 2,88 millones y cada uno de los operarios, $40 mil. Si el contrato en cuestión se desarrollara en Sudáfrica (cuya relación es de 45), el gerente recibiría $ 2,81 millones y cada uno de los operarios, $ 63 mil. En Chile (con una relación de 28), al gerente le corresponderían $ 2,71 millones y a los operarios, poco menos de $ 97 mil por nuca. En Uruguay (cuya relación es 18), los montos serían $ 2,57 millones y $ 142 mil, respectivamente; en Australia (12,5), $ 2,42 millones y $ 193 mil; en Suiza (9), $ 2,25 millones y $ 250 mil; en Alemania (6,9), $ 2,09 millones y $ 303 mil; en Noruega (6,1), $ 2,01 millones y $ 330 mil. Nótese que estamos hablando de la misma obra, con el mismo grado de dificultad (por ejemplo, limpiar un basural).

Cuando hablamos de inequidad, amigo lector, hablamos de esto: de cómo se reparten los beneficios que genera la sociedad entre cada uno de los socios. ¿Se reparten como en Angola, como en Sudáfrica, o según los criterios imperantes en Alemania o en Noruega? ¿Y por qué se reparten distinto? ¿Por qué la relación entre los mayores y los menores ingresos es tan diferente según sea el país donde usted la mida?

Como usted puede apreciar, no se trata aquí de una desigualdad generada por diferencias individuales o educacionales. Simplemente, considerando las mismas diferencias, la distribución de los ingresos es distinta. Dicho de otra manera, la magnitud económica de las diferencias individuales o educacionales difiere según sea el país donde se la mida.

Pero, argumentará usted, si uno tiene su remuneración (ya sea como sueldo o como utilidad por su desempeño empresarial), ¿por qué tendría que relacionarla con las de sus vecinos? Mal que mal, es el resultado del propio esfuerzo, en primer lugar, de la propia productividad, en segundo, y de la escasez relativa que exista de las propias capacidades, en tercero.  Eso, estimado lector, es una falacia de las grandes. Una megafalacia, podríamos decir. Parte de la absurda premisa de que un individuo es autosuficiente, que no depende del desempeño de los demás y que, en consecuencia, nada les debe.

Yo le pregunto, ¿cómo podría usted obtener sus actuales ingresos si no formara parte, tal como hoy lo hace, de esta sociedad? ¿Si se fuera, por ejemplo, a vivir en la isla Mornington o en las vecindades del volcán Pular? Los ingresos que usted recibe, quiéralo o no, sólo son posibles porque usted ocupa un determinado espacio en la sociedad, y porque recibe innumerables aportes de parte de quienes lo rodean. Si no fuese así, no podría obtenerlos. Eso es definitivo. El punto es, entonces, ¿cómo se remuneran, en comparación suya, esos aportes? O, puesto de otra manera, ¿cuál es la dimensión económica de la desigualdad?

No existe una respuesta exacta a esa pregunta, porque dicha dimensión no es el resultado de un cálculo. No hay ninguna receta que permita obtener la cifra exacta. Y ello es así porque, si bien es cierto que la desigualdad es fruto de las condiciones naturales y de las capacidades adquiridas, SU DIMENSIÓN ECONÓMICA ES UNA DECISIÓN SOCIAL.

Se lo traduzco. El coeficiente de Gini y la relación interdecil no son consecuencias insoslayables del devenir económico de una sociedad, sino que obedecen a decisiones, conscientes o inconscientes, que toman quienes la dirigen. Usted no llega a obtener los indicadores de los países desarrollados (coeficiente de Gini de 0,30 o inferior: relación interdecil de sólo un dígito) por acción del azar o de alguna mano invisible. Lograr estos objetivos es el fruto de estrategias muy bien definidas, con medidas explícitamente orientadas a combatir la causa que origina la inequidad.

¿Y cuál es ésta? Resulta evidente. Es la concentración del poder el factor fundamental que explica la inequidad. Posiblemente por alguna ancestral condición instintiva, cuando uno tiene poder, inevitablemente tiende a usarlo en beneficio propio. Ha sido así desde siempre, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Usted puede tener la seguridad de que una sociedad con altos niveles de desigualdad, el poder, tanto económico como político, estará concentrado en unas pocas manos; el Estado estará reducido a su mínima expresión (y, además, será coto de caza de quienes lo administren); los controles serán exiguos; habrá muy poca transparencia; las organizaciones de consumidores y trabajadores serán débiles o inexistentes; no habrá educación cívica; y los impuestos serán irrisorios. Por el contrario, en una sociedad equitativa las estructuras políticas estarán diseñadas para desconcentrar al máximo el poder; los impuestos serán altos; habrá un Estado poderoso, que asegurará derechos mínimos elevados a todos sus ciudadanos; los controles serán fuertes; las sanciones también; la transparencia, máxima; las organizaciones de ciudadanos y trabajadores estarán muy empoderadas; y la educación cívica será un ramo de importancia crucial en el currículo escolar.

Ésa es la fotografía, estimado lector. Ésos son los elementos de la ecuación. Ahora sólo se requiere ordenarlos. Si queremos combatir la inequidad en nuestro país, están claros los objetivos (coeficiente de Gini de 0,30 y relación interdecil de sólo un dígito), está definida la situación actual (coeficiente de Gini de 0,526 y relación interdecil de 28) y, en consecuencia, disponemos del diagnóstico (que, como usted sabe, es una comparación entre la situación-objetivo y la realidad vigente, con su correspondiente medición de la brecha existente). Se sabe, además, cuál es la causa principal del problema (la concentración del poder) y, como consecuencia de ello, se conoce la estrategia que debe seguirse para atacarla (desconcentrar el poder, tanto político como económico, y repartir más equitativamente la torta). ¿Qué falta? Solo la decisión de hacerlo. No se necesitan tantos estudios, tantos análisis estadísticos complejos, tantas regresiones econométricas. Hay que poner, de una vez por todas, manos a la obra.

Las preguntas del millón: ¿Estará el nuevo gobierno a la altura de las circunstancias? ¿O terminaremos el próximo cuatrienio celebrando otra vez mejorías centesimales del coeficiente de Gini? ¿Y haciéndolo como si fuesen grandes logros? No sé a usted, pero a mí eso me parece una burla. Una autoridad que se vanagloria de haber reducido el coeficiente de Gini de 0,55 a 0,526, de haber bajado de 30 a 28 la relación entre el décimo y el primer decil es, definitivamente, un caradura. No merece otro calificativo. Esperamos más de nuestros políticos. Mucho más. Y no queremos que se sigan riendo de nosotros en nuestra propia cara, ¿verdad?

Habrá que estar atentos al desempeño que en la materia tenga el gobierno de la Nueva Mayoría. En una de ésas, nos sorprenden.                                                                                                     


domingo, 5 de enero de 2014

¿Tributan las empresas en Chile?

¿Qué está preguntando este señor?, se cuestionará usted en su fuero íntimo (tal vez, incluso, reemplazando la palabra “señor” por alguna otra no tan equivalente). Por supuesto que tributan. Pagan, como todo el mundo lo sabe, el impuesto de primera categoría.

Antes de que continúe lapidándome mentalmente, le pido que haga gala de su espíritu navideño (su influencia se extiende aproximadamente hasta un mes después de la festividad en cuestión) y me permita precisar mi interrogante.

El sistema de impuesto a la renta vigente desde 1984 en nuestro país, establece que los sujetos finales del impuesto (esto es, quienes lo pagan efectivamente), son las personas naturales (léase, al respecto, toda la literatura especializada, en particular la que existe en la web del SII). A la amalgama entre el impuesto de primera categoría y el global complementario (o el impuesto adicional, si corresponde) se la denomina, de hecho, “impuesto integrado”, lo que significa que cuando las empresas pagan el primero, lo hacen sólo en calidad de anticipo del segundo. Así, en la práctica, el impuesto de primera categoría no es un tributo propiamente tal, sino sólo un anticipo de los tributos personales de los propietarios de las empresas. Las empresas, en Chile (¿habrá otro caso en el mundo?), no pagan sus propios impuestos, sino los de los empresarios. De manera que, como entes independientes de sus dueños, NO tributan. ¿Ok?

La pregunta cae de cajón: ¿deberían tributar?

Para clarificar el tema, lo invito a analizar primero las principales razones por las cuales se tributa. Son tres:

Tributamos como compensación por los servicios públicos que recibimos. Todos, cuál más cuál menos, recibimos servicios estatales. La seguridad pública, por ejemplo: cuestionada y todo, no podríamos sobrevivir en condiciones normales si ella faltara. ¿Se imagina el Far West en pleno centro de Santiago? ¿O las mafias disputándose el control de la ciudad completa a balazo limpio? ¿Ejércitos privados garantizando la seguridad de sus mandantes? Cierto es que lo que hoy existe no es perfecto. Hay mucho delito, lamentablemente impune; mafiosos procedentes de la droga participan, se comenta, en los remates judiciales a vista y paciencia de todo el mundo; en ciertos sectores de Santiago es muy difícil el acceso para la autoridad; está la famosa “puerta giratoria” y la lentitud enfermante con que se tramitan las denuncias de delitos (¿dónde está el queso? ¿En las Fiscalías o en las Policías? ¿En la falta de personal o en los métodos utilizados? Ojalá lo averigüemos, y corrijamos, pronto). Sin embargo, si no existiera dicho servicio público estaríamos mil veces peor. No hay duda de eso, ¿verdad? De la misma manera ocurre con otros múltiples servicios públicos: la vialidad, el urbanismo, la iluminación, la recolección de basura, el sistema judicial, el registro civil, la defensa del país y un largo, larguísimo, etcétera. Financiar estos servicios sin los cuales no podríamos vivir (al menos en las condiciones en que lo hacemos hoy), y que se nos entregan en forma gratuita, es una obligación de todos los miembros de la sociedad, y  por ello, pagamos impuestos.

Tributamos para mantener funcionando nuestra sociedad. Como toda obra humana, la sociedad requiere de mantención. Si no la recibe, se deteriora y muere. Es en la práctica como un condominio gigantesco, y al igual que en él, se deben financiar los gastos comunes. Por cierto, éstos son más numerosos, variados y cuantiosos que los de cualquier edificio, pero el concepto es el mismo. Hay que pagar la administración, la vigilancia, la iluminación pública, todos los sistemas internos, el comité de disciplina, la permanente actualización del reglamento interno y un largo etcétera. Y como mantener funcionando adecuadamente nuestra sociedad nos conviene a todos (al menos en teoría), debemos ponernos con el costo correspondiente, para lo cual debemos pagar impuestos.

Tributamos para redistribuir ingresos. La definición de cuál es el nivel de desigualdad aceptable en una sociedad, no es ni puede ser fruto del azar. Tampoco de las fuerzas del mercado. En ninguna parte del mundo la “mano invisible” ha funcionado a la perfección, y posiblemente nunca lo hará. Los supuestos en los que descansa su adecuado funcionamiento, son demasiado extremos como para que puedan darse en la práctica. Dicha definición es, entonces, una decisión social. Son las sociedades las que definen cuál es el nivel máximo de desigualdad con el que están dispuestas a convivir. Ellas deben determinar su coeficiente de Gini y la relación que debe darse entre el decil más acomodado y el más necesitado (por mencionar los indicadores de desigualdad más utilizados). Deben definir, por ejemplo, si les parece adecuado que el 0,1% de la población concentre el 18% del ingreso (por reseñar un dato publicado en un reciente artículo que no ha sido desmentido), y deben actuar en consecuencia. Y los impuestos son un excelente vehículo para ello. Por su intermedio, gravando con tasas elevadas las mayores rentas y utilizando esos recursos en mejorar la situación de quienes perciben las menores, se corrigen en parte las manifiestas irregularidades que hacen posible tan extrema acumulación de la riqueza.

Ahora bien, para que un sistema tributario sea coherente con las razones que lo motivan, hay ciertas pautas derivadas de éstas, los denominados “principios”, que deben respetarse. Son varios, pero dos son, por lejos, los más relevantes: el principio del beneficio, “todos quienes reciben servicios del Estado, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”, y el principio de equidad, que a su vez se subdivide en dos: equidad horizontal, “a iguales rentas deben corresponder iguales cargas tributarias”, y equidad vertical, “a mayores rentas, mayores tributos”. Algún autor por ahí engloba estos dos principios en uno solo, el principio de justicia, pero ahí ya entramos en temas más bien semánticos, que no son los que nos atañen en esta oportunidad.

Por cierto, y antes de que se me olvide, debo mencionarle que, además de las reseñadas más arriba, existen otras motivaciones para los tributos. De hecho, en muchos países. Chile incluido, se utilizan para incentivar (impuestos negativos o granjerías) o desincentivar (impuestos específicos) determinadas actividades o conductas. Al respecto, conviene precisar que toda la literatura más idónea (la elaborada por los expertos más reputados) recomienda que dichos incentivos o desincentivos se efectúen por lapsos cortos. ¿La razón? Muy simple: cuando usted establece un incentivo o un desincentivo, está violando conscientemente los principios mencionados en el párrafo anterior. Le ejemplifico con nuestro familiar Artículo 57 bis. Dicha granjería favorece, qué duda cabe, al sector más acomodado de la población, que es el que dispone de los recursos necesarios para  mantener “ahorro positivo” (ahorro menos desahorro mayor que cero) durante el año. Viola, por ello (y con alevosía, habría que decir), el principio de equidad vertical, y debería, por tal razón, mantenerse vigente por un plazo muy breve. Su vigencia efectiva, sin embargo, es una prueba fehaciente de que la relatividad de los conceptos que usamos en la vida diaria. Porque ocurre que, en su forma actual, el 57 bis lleva ya 20 años de existencia. ¿Pueden 20 años calificarse como “plazo breve”? Nuestros amigos de la Nueva Mayoría y de la Alianza, al menos, opinan que sí. ¿Y usted?

Pero volvamos a lo nuestro: ¿deberían tributar las empresas?

Para responder, partamos reconociendo que consumen servicios del Estado en cantidades industriales. ¿Cabe alguna duda de eso? Si usted revisa el presupuesto 2014, por ejemplo, observará que hay un gran número de organismos que deben su existencia exclusivamente a las empresas, ya sea para fomentarlas (Prochile, Corfo, Sercotec, Sernatur, los ministerios de Economía, Agricultura, Minería, Energía, Transporte y Medio Ambiente casi completos) o para fiscalizarlas (9 Superintendencias y gran parte de casi todos los restantes ministerios), con un cuantioso desembolso asociado (más de USD 2.000 millones anuales sólo por los organismos dedicados en exclusiva a las empresas; considerando todos los relacionados, la cifra es mucho más elevada). Además, las empresas (casi todas) hacen nutrido uso de la seguridad pública. Todo el retail y los bancos, son usuarios intensivos de los juzgados civiles. Todos usan la iluminación, la vialidad y el urbanismo públicos. Y así sucesivamente. Si alguien se dedicara a cuantificar realmente el aporte que el Estado efectúa a las empresas a título gratuito, podría llegar a cifras insospechadas.

Reconozcamos, además, que las empresas no pueden subsistir sin una sociedad que las acoja. Necesitan de una economía boyante para crecer y desarrollarse; les es imprescindible disponer de normativas claras, de sistemas comerciales bien definidos, de consumidores, proveedores, financistas, trabajadores, medios de comunicación y un largo etcétera para efectuar sus operaciones con normalidad. El Banco Chile no funcionaría en la inmensa soledad de los Campos de Hielo, por mucha capacidad empresarial que posean los Lucsic. Tampoco Falabella en medio del desierto de Atacama. Ninguna Copec prosperaría en el Golfo de Penas. Instale al amigo Paulmann con un Jumbo en Corea del Norte, a ver qué resulta. Las empresas son lo que son, porque hay una sociedad que se los permite.

Y ahora, para completar el plato, traigamos de nuevo a colación el sabio “principio del beneficio”. ¿Qué decía? Se lo repito: “todos quienes reciben servicios del Estado, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”. A la luz de su tenor, contésteme, estimado lector, ¿deben las empresas pagar impuestos de manera independiente que sus dueños? Parece evidente, ¿verdad? Usan servicios estatales a destajo; les es imprescindible que la sociedad funcione adecuadamente. Deben hacerlo; no existe otra alternativa razonable. Así, por lo demás, se hace en toda la OCDE, y no vamos a venir ahora a calificar a los tributaristas de esos países, de ignorantes o poco preparados.

¿Cuáles son las consecuencias del sistema vigente para el país? Hay una muy evidente. De partida, si las empresas utilizan a destajo servicios estatales y no pagan por ellos, estamos en presencia de un subsidio. Por más vueltas que le dé, estimado lector, por más adornos que le ponga para presentarlo, lo que hacemos desde hace 30 años en Chile con todas las empresas (incluso con ésas que se aprovechan de nosotros masacrándonos financieramente o con las que hacen el feroz negocio con nuestros fondos de pensiones) se llama subsidiar. En Chile subsidiamos a las empresas no cobrándoles los servicios que utilizan, para que ellas puedan pagarles sus impuestos personales a los empresarios. Eso es, ni más ni menos, lo que hacemos, y estoy dispuesto a discutirlo con quienquiera, en cualquier escenario.

¿Otras consecuencias? Con el sistema actual, el decil más acomodado, que recibe (Banco Mundial) un 42% del ingreso del país, paga un porcentaje muy inferior de la carga tributaria total (revise usted, en la web del SII, las recaudaciones reales de Global Complementario; comprobará que han sido negativas durante los últimos siete años), lo que significa que el 90% menos acomodado del país, que sólo percibe el 58% de los ingresos, absorbe un porcentaje mucho mayor que el que le corresponde de la misma. Esto es una transferencia neta de recursos desde quienes menos reciben hacia quienes más ganan, y se traduce, por cierto, en una acumulación excesiva de riqueza en beneficio de estos últimos. Además, el sistema en sí es tan alambicado, que favorece la evasión y la elusión a gran escala. En definitiva, es un sistema que no cumple ninguno de los principios que debe cumplir un buen sistema tributario, y que adicionalmente otorga un trato privilegiado a quienes perciben las mayores rentas.

El punto es que solucionar esto es muy simple. Basta con quitarle al impuesto de primera categoría la condición de anticipo respecto de los impuestos personales de los empresarios. No necesita 4 años de ajuste, siquiera; puede hacerse de una plumada en el primer año. ¿Qué ocurriría en tal caso, si las empresas dejaran de pagar los impuestos de sus dueños y comenzaran a pagar sus propios tributos? Si el impuesto de primera categoría se convirtiera en lo que siempre debió haber sido, un gasto necesario para generar la renta, un reembolso efectuado por las empresas al Estado como compensación por la enorme cantidad de servicios que hoy les entrega a título gratuito, sólo se generarían beneficios para la sociedad. Veamos:

Se corregiría el impresentable subsidio que ya mencionamos; las empresas pagarían por los servicios públicos que utilizan. Se simplificaría brutalmente el sistema tributario, eliminándose de una plumada el FUT (habría, eso sí, que determinar cómo se le da un corte al FUT histórico) y reduciéndose al mínimo las posibilidades de elusión y evasión (con esta sola medida, usted cumpliría las metas de reducción de la elusión establecidas en el programa de Bachelet). Sin hacer cambio adicional alguno, ni siquiera de tasa, se incrementaría la recaudación en unos USD 2.000 millones anuales (agréguele USD 200 millones más si elimina la franquicia del 57 bis). Sería un sistema más justo, más rendidor y mucho, pero mucho más fácil de controlar.

Además, las empresas (las de verdad, no las de papel) no se verían financieramente afectadas. De hecho, no pagarían ni un peso más que lo que pagan actualmente por concepto de impuestos. Sólo el bolsillo de los empresarios se vería complicado.

¿Por qué no se actúa en esa dirección? Le doy algunos tips. Está el punto de que los empresarios comenzarían a pagar sus impuestos personales de su propio bolsillo. Además, que estos pagos serían adicionales al impuesto de primera categoría (pagarían más). Y, desde luego, el tema no menor de qué harían con todas las sociedades en las que hoy reparten la propiedad de sus empresas. Ocurre que la actual estructura de propiedad de las grandes empresas está diseñada para sacarle el mayor partido posible al sistema vigente (obtener los mayores ingresos y pagar los mínimos impuestos). El cambio expuesto la echaría por tierra como si fuese un castillo de naipes en medio de un ventarrón. ¿Qué hace usted con las sociedades cascadas, si las empresas comienzan de la noche a la mañana a pagar impuestos de beneficio fiscal? No le sirven para nada. Peor que eso, pasan a ser una carga y un estorbo. ¿Se imagina el despelote? ¿El espanto generalizado? ¿Cómo se adecuan estructuras creadas con ingeniería tributaria por décadas a un sistema de impositivo simplificado al máximo?


Si Michelle Bachelet quiere cambiar en serio el sistema tributario vigente, hacerlo más equitativo y simple, si quiere reducir la elusión y la evasión, no debe insistir en su propuesta de reforma tributaria. No es ése el camino. Si se atreve a eliminar los “impuestos integrados”, le dará un golpe al corazón de la sinvergüenzura institucionalizada, y por ello, se lo firmo, pasará a la historia.