UN PAÍS MÁS JUSTO

Usted ya ha escuchado ese dicho, con seguridad, muchas veces. Ricardo Lagos, por ejemplo, cada vez que se le da la ocasión lo repite como una monserga (hace unos días volvió a hacerlo, en el contexto del nuevo escándalo del Minsal): “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Nunca ha explicado, eso sí, su real significado. Es posible, incluso, que ni siquiera esté consciente de él. Porque, ¿qué significa eso de “que las instituciones funcionen”? Podríamos sintetizarlo, según lo dispuesto en nuestra Constitución Política ―Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, y Capítulo III, Derechos y deberes constitucionales―,  como sigue:         Que cumplan de manera efectiva y oportuna las funciones que la Constitución y las leyes les asignan (artículos 1°, 3°, 6° y 7°);         Que respeten a ultranza los derechos ciudadanos (artículos 5°, 19°, 20° y 21°);     Y que quienes las conforman se apeguen de manera irrestricta al principio de probidad (artículo 8°). Desd

Tal como expliqué, detalladamente, en mi anterior columna, el vigente sistema de pensiones (iba a decir “nuestro”, pero la dolorosa verdad es que no es nuestro sino de quienes se aprovechan de nosotros por su intermedio) es abominable. Es un sistema abusivo diseñado de manera expresa para que, gracias a las comisiones anticipadas, las AFP obtengan pingües ganancias a costa de sus afiliados. Además, fundamentalmente por esa misma razón, es caro, poco rentable e inequitativo. Agreguemos que es opaco y tenebroso (recuerde las “comisiones fantasmas”); que ha subsistido durante 35 años solo porque las AFP han ocultado, a punta de falsedades y medias verdades, sus verdaderos costos y rentabilidades; que su operación, tal como está estructurada, acrecienta la enorme desigualdad de nuestra sociedad; y que, como broche de oro, entrega pésimas pensiones. Ese es el cuadro completo. Es un sistema que le hace daño no solo a los afiliados, sino a todo el país. Una mugre de sistema. Que se haya