sábado, 10 de diciembre de 2016

El goodwill tributario: cuando las instituciones NO funcionan

Usted ya ha escuchado ese dicho, con seguridad, muchas veces. Ricardo Lagos, por ejemplo, cada vez que se le da la ocasión lo repite como una monserga (hace unos días volvió a hacerlo, en el contexto del nuevo escándalo del Minsal): “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Nunca ha explicado, eso sí, su real significado. Es posible, incluso, que ni siquiera esté consciente de él.

Porque, ¿qué significa eso de “que las instituciones funcionen”?

Podríamos sintetizarlo, según lo dispuesto en nuestra Constitución Política ―Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, y Capítulo III, Derechos y deberes constitucionales―,  como sigue:
  •        Que cumplan de manera efectiva y oportuna las funciones que la Constitución y las leyes les asignan (artículos 1°, 3°, 6° y 7°);
  •        Que respeten a ultranza los derechos ciudadanos (artículos 5°, 19°, 20° y 21°);
  •     Y que quienes las conforman se apeguen de manera irrestricta al principio de probidad (artículo 8°).

Desde esta perspectiva, entonces, el enigmático aserto del ex presidente y actual precandidato vendría a significar algo así como: “dejemos trabajar tranquilos a los organismos encargados de elaborar y aplicar las normas por las que nos regimos porque, aunque a veces se tomen más del tiempo razonable, finalmente siempre cumplen sus funciones de manera proba, respetando los derechos ciudadanos y apegándose estrictamente a la Constitución y las leyes”.

OK, ese es el dicho pero, ¿cuál es el hecho? ¿Tiene razón el precandidato Lagos con su reiterativo planteamiento o lo suyo, engolado y todo, es pura palabrería carente de sustancia? ¿Qué dice usted, estimado lector? En el Chile de hoy, ¿funcionan realmente las instituciones?

La evidencia empírica

Pruebas en contrario parecen haber más que suficientes. Es cosa de fijarse en los infames desempeños que, por estos días, han mostrado Gendarmería, el SENAME y el Registro Civil. O recordar lo ocurrido con el SII, donde su Director y su Subdirector Jurídico parecen haber asumido con el exclusivo propósito de demoler para siempre la credibilidad de la institución.

En el pasado reciente, el mismo ex presidente fue protagonista de numerosos hechos que parecerían desvirtuar su predicamento: MOP-Gate, sobresueldos (con el escandaloso incremento de su propia remuneración, de su pensión —quince millones, por parte baja— y de las dietas parlamentarias que trajo consigo), EFE, Chiledeportes y Publicam, entre otros. En todos ellos hubo instituciones que no cumplieron sus funciones, que no respetaron los derechos ciudadanos, o cuyos integrantes trasgredieron olímpicamente el principio de probidad. Ricardo Lagos, hay que decirlo, no se caracteriza por su buena memoria.

Ahora bien, existe un caso donde naufragan en forma vergonzosa TODAS nuestras principales instituciones; un caso donde no cumplieron ni cumplen de manera efectiva y oportuna sus funciones; donde pasan a llevar en forma grosera los derechos ciudadanos; y donde algunos de sus integrantes pisotearon de manera descarada el principio de probidad. Se lo presento: el goodwill tributario. Permítame explicarle por qué.

El goodwill tributario

¿Qué es el goodwill tributario? Pues, es una granjería impositiva creada por el gobierno de Piñera con el único propósito de permitir que algunos grandes contribuyentes ―Walmart, CTI, Farmacias Ahumada, BTG Pactual y las demás empresas que adquirieron, total o parcialmente, el patrimonio de otras y luego se fusionaron con ellas― puedan, en forma exclusiva, eludir durante diez años miles de millones de pesos de impuestos. No tiene otra finalidad. Fue diseñada e implementada por Piñera y los suyos específicamente para eso: para favorecer indebidamente a las organizaciones mencionadas.

¿Cómo funciona? Permitiéndoles solo a las mencionadas compañías considerar como gastos, activos intangibles que jamás han tenido ni tendrán esa condición (revise la NIIF 3), y cuya rebaja de la renta imponible no está permitida por la ley de la renta para ninguna otra empresa. El goodwill tributario es, en consecuencia, un injustificable beneficio discriminatorio. Un indebido e inaceptable privilegio. Un abuso de la peor especie. Ni más ni menos.

La colusión entre el Gobierno y el Congreso

Coincidirá usted conmigo en que si no hubiese existido un acuerdo entre el poder ejecutivo y el legislativo para llevarlo adelante, este inexcusable regalo que el Estado, a costa de todos nosotros, les está otorgando a las firmas señaladas jamás habría visto la luz.

Cierto es que hay algunos mandatarios y parlamentarios que son ignorantes en estas materias (y en otras, lamentablemente, también), pero no son todos. Se supone que Piñera y Larraín, que son los autores intelectuales de esta infamia y quienes la incorporaron a la normativa (ley 20.630), entienden de estos asuntos. También Alberto Arenas y los actuales miembros de la comisión de Hacienda del Senado (Zaldívar y compañía). Era tan vergonzosa, espuria e impresentable la granjería de Piñera, que estos próceres acordaron eliminarla. Sin embargo, mantuvieron sus beneficios para quienes ya la habían impetrado y, además, extendieron su plazo de vigencia por cuatro meses con el exclusivo propósito de que dos grandes contribuyentes ―Cuprum y Provida― pudiesen efectuar los trámites necesarios para acceder a ella.

Se lo repito para que lo grabe en su memoria: Zaldívar, Carlos Montes y los demás miembros de la comisión de Hacienda del Senado se pusieron de acuerdo con Alberto Arenas para mantener beneficios impropios otorgados por Piñera a un grupo de grandes contribuyentes y para favorecer, sin ninguna justificación y perjudicando de paso a todos los habitantes de este país, a Provida y a Cuprum. Y Michelle Bachelet y los demás parlamentarios ratificaron ese acuerdo.

Por más que se devane los sesos buscándola, no existe ninguna otra explicación para el plazo mencionado. Absolutamente ninguna. Ahora, dígame usted: eso, ponerse de acuerdo para favorecer a dos empresas específicas en perjuicio de todos los habitantes de este país, ¿no es una colusión? Revisemos la definición de la RAE de este vapuleado concepto: “pacto ilícito (no permitido legal o moralmente) en daño de tercero”. Es categórica, ¿verdad? Este tipo de pactos son ilícitos porque están prohibidos por nuestra Constitución. Y el tercero, por supuesto, somos nosotros, todos los chilenos.

Tenemos, pues, dos instituciones ―Gobierno y Congreso― que se coludieron para otorgar un beneficio impropio, perjudicando de paso a todo el resto de los chilenos, a un pequeño grupo de grandes contribuyentes. Le pregunto, estimado lector: esas instituciones, ¿realmente funcionaron? ¿Cumplieron en este caso las funciones que la Constitución y las leyes les asignan? ¿Respetaron los derechos ciudadanos? Sus integrantes, ¿cumplieron a cabalidad lo establecido en el principio de probidad (“observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”)? Categóricamente no, ¿verdad?

Así que ahí lo tiene: con el goodwill tributario, dos de nuestras instituciones más importantes ―el Gobierno y el Congreso― no funcionaron. No funcionan, de hecho, hasta el día de hoy.

¿Posibles razones?

El por qué estas instituciones actuaron así no es materia de este artículo. Sin embargo, coincidirá usted conmigo en que esto huele a platas políticas. ¿No será que algunos de los beneficiados ―Walmart, CTI, Farmacias Ahumada, BTG Pactual, Cuprum y Provida, entre otros― también están involucrados en ese oscuro asunto? ¿No será que también son donantes, “por sobre el límite permitido”, de cuantioso financiamiento electoral? ¿No será que también aquí hay asesorías, de las verbales y de las otras, respaldadas con “facturas ideológicamente falsas”? ¿No será que también existen “aristas tributarias” pendientes de aclarar? Tiene que existir una razón, ¿verdad? No se otorgan beneficios impropios sin motivo. Con un Fiscal Nacional comprometido con la verdad y la justicia estoy seguro de que este oscuro asunto, como otros tantos, estaría siendo investigado con lupa, partiendo desde Cuprum y Provida. Hoy, no obstante, no hay investigación alguna en curso. ¿Qué puede significar eso? ¿Funciona como corresponde el Ministerio Público? Hay demasiadas evidencias de que no lo hace, ¿verdad?

Y ahora, ¿quién podría defendernos?

Usted y yo somos inocentes víctimas de este miserable abuso. Como consecuencia de esta colusión, habrá menos recursos para las indispensables reformas sociales que deben abordarse y deberemos soportar una carga tributaria proporcionalmente mayor que la que nos corresponde. La pregunta es, ¿cómo podríamos defendernos? ¿Qué acción podríamos emprender los ciudadanos de este país, supuestamente los dueños del boliche, para desbaratar esta descarada colusión del Gobierno y del Congreso en contra nuestra? ¿Existe alguna o estamos inermes? ¿Con las manos atadas?

Pues, en estricta teoría, hay una. Está descrita en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Cuando las instituciones del Estado nos atropellan, cuando abusan de nosotros, cuando establecen inaceptables privilegios en favor de unos pocos tenemos, al menos en el papel, el instrumento legal preciso para hacer valer nuestros derechos: el recurso de protección.

El recurso de protección

¿Qué dice el artículo 20 de nuestra Constitución al respecto? Anote: “El que por causa de actos (…) arbitrarios (…) sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números (…) podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

¿Y cuál sería, en este caso, el derecho privado, perturbado o amenazado? Pues, el que figura en el N° 2 del artículo 19: la Igualdad ante la ley (también el señalado en el 22°: la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica). Le transcribo las frases pertinentes de la citada norma: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado”; “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

¿Es aplicable esa norma a este caso? Parece evidente, ¿verdad? Hay un grupo privilegiado ―el conformado por Walmart, Cuprum, Provida y los demás grandes contribuyentes beneficiados por el goodwill― en favor del cual las leyes elaboradas por el Gobierno y el Congreso―la 20.630 y la 20.780, ambas incorporadas en su oportunidad a la Ley de la Renta― han establecido diferencias arbitrarias (que tienen, además, el carácter de permanentes). Hay, en consecuencia, privación, perturbación o amenaza de nuestro derecho de igualdad ante la ley.

Entonces, aparentemente, ese sería el camino que debería seguir todo ciudadano que sintiese sus derechos trasgredidos por el aberrante privilegio descrito: interponer un recurso de protección. Y como este debe presentarse, según lo dispuesto en la misma Carta Fundamental (artículo 20°), ante la Corte de Apelaciones, ocurre que esta es la instancia pertinente a la que tendríamos que dirigirnos.

Caso cerrado, dirá usted. Si en nuestro país se respetara la Constitución y funcionara el recurso de protección, sería cosa de presentar uno ante la Corte de Apelaciones y sentarse a esperar que ella adopte “de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección” del recurrente.

Podría ser pero, lamentablemente, no es.

Porque para que eso funcionara, para que realmente nuestros derechos estuviesen cautelados, deberíamos tener un Poder Judicial que cumpliera con sus funciones y que, a su vez, no trasgrediera los derechos ciudadanos. Eso, ese requisito tan básico, lamentablemente en Chile no se cumple. En el Chile de hoy la institución encargada por la Constitución para defender nuestros derechos, el Poder Judicial, ya sea por desidia, cobardía o complicidad, no los defiende. Para nuestra desgracia, estimado lector, nuestro poder judicial no está a la altura.

Un poder judicial que se omite en la defensa de los derechos ciudadanos

Si usted, apelando a los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución, presenta ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Estado chileno por establecer, mediante una ley, diferencias arbitrarias, privilegiando con ello a un pequeño grupo de grandes empresas, la Primera Sala de dicha Corte lo declarará inadmisible con el siguiente fundamento mal redactado: “Vistos ( ) que los hechos descritos en la presentación ( ) exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación”.
Leyó bien, ¿verdad? El recurso de protección será declarado inadmisible por “exceder las materias que deben ser conocidas” por el recurso de protección. Y, ¿cuáles son dichas materias? No lo dice la Primera Sala pero sí lo señala, de manera precisa, nuestra Constitución y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales emitido por la Corte Suprema. Este último cuerpo legal establece que los recursos de protección pueden ser declarados inadmisibles, “desde luego por resolución fundada”, solo sisu presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.
En otras palabras, son la oportunidad y la mera mención de hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República los únicos requisitos exigidos para la admisibilidad de un recurso de protección. Por dicha razón, este último solo puede declararse inadmisible si alguno de ellos no se cumple y por ninguna otra causal. Si ambos están presentes, como se desprende de la norma constitucional y del Auto Acordado, las Cortes de Apelaciones NO ESTÁN FACULTADAS para declarar inadmisible un recurso de protección. Por ello, al hacerlo en dicha circunstancia están trasgrediendo la normativa, incurriendo en una arbitrariedad y, sin duda alguna, conculcando de manera absoluta los derechos del recurrente.
Es lo que hace, lamentablemente, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: trasgredir la normativa vigente, incurrir en una arbitrariedad y conculcar los derechos del recurrente, al no declarar admisible un recurso que cumple cabalmente con los dos requisitos exigidos por el Auto Acordado: ser presentado dentro de plazo y señalar, de manera clarísima, hechos que constituyen vulneración a la garantía de igualdad ante la ley.
Una Corte de Apelaciones “copy and paste”
Pero no se queda ahí la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. No es aquel, pese a su gravedad, su único pecado. Además atropella sin ningún tipo de consideración los derechos de los recurrentes porque, pese a lo exigido explícitamente por el Auto Acordado, no funda sus resoluciones.
En efecto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve la admisibilidad de muchos recursos de protección, con un fallo “copy and paste”. Ella no elabora una resolución específica para cada recurso, donde se consideren y se respondan, una a una, las alegaciones del recurrente —como la obliga el Código de Ética Judicial (www.poderjudicial.cl)—. De hecho, no considera ninguna de ellas. Simplemente, con total impudicia, toma un fallo estándar, elaborado quién sabe cuándo, lo copia y lo pega en su resolución. ¡Un vulgar “copy and paste”! ¡Al mejor estilo Peñailillo! Como esos alumnos que buscan pasar de ramo, sin ningún escrúpulo, haciendo trampa. ¿Había visto algo más arbitrario y abusivo?
Un fallo ininteligible
No para ahí la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, no obstante. No, señor. Porque en el “copy and paste” que utiliza a modo de resolución incumple además, de manera flagrante, con otro de los preceptos establecidos en el Código de Ética Judicial (capítulo III, artículo 27), que establece que “las motivaciones (fundamentos) deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas”. Porque, ¿qué significa “exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”? ¿Lo sabe usted? ¿Podría explicármelo? ¿Dónde está ello definido? ¿En qué parte de la Constitución o del Auto Acordado? Lo planteado por la Corte, ¿significa que se está pidiendo cautelar derechos que no deberían, a juicio de la Corte, ser cautelados? ¿O significa tal vez que hay circunstancias en las cuales los derechos no pueden ser impetrados, porque afectan intereses que son más importantes que ellos? No es posible saberlo. No lo dice la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en parte alguna. Es más, sus fallos están redactados de manera que no se entiendan y, por ende, no puedan ser objetados. Ahora bien, estamos hablando de un recurso que se presentó para asegurar la protección del afectado frente a la privación, perturbación o amenaza del derecho de igualdad ante la ley. El término “exceden”, ¿significa en este caso que, a juicio de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dicha protección es una materia que no debe ser conocida por el recurso de protección? ¿Significa que el derecho de igualdad ante la ley no está resguardado por el recurso de protección, pese a lo que señala explícitamente el artículo 20 de la Constitución al respecto? ¿Eso es lo que nos quiere trasmitir, en su críptico lenguaje, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago?

¿Por qué actúa así la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago?
Buena pregunta, ¿no le parece? ¿Por qué dicha instancia incumple la normativa vigente y atropella sistemáticamente los derechos de los recurrentes? Se me ocurren tres posibilidades: por cobardía, desidia o complicidad.
Respecto de la cobardía, hay precedentes. En la dictadura, el poder judicial agachó la cabeza, se colocó una venda y, lisa y llanamente, se omitió en la defensa de los derechos ciudadanos. Su justificación fue que había armas de por medio y gente dispuesta a usarlas en contra de quienes se les opusieran. Nadie, dieron a entender, está obligado a ser héroe.
Hoy, los abusadores no disponen de armas de fuego sino de dinero. De mucho dinero. Declarar admisibles recursos de protección como este, significa irse en contra de los grandes poderes económicos. Tal vez los jueces temen hacerlo. Quizás creen que eso coartará sus posibilidades de seguir progresando en la escala judicial. De llegar a la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora, amigo lector, piense, ¿cómo puede llegar a la Corte Suprema un juez que no solo no defiende los derechos ciudadanos, sino que los atropella de manera sistemática?
La desidia es una segunda posibilidad. Tal vez los jueces usan resoluciones estándar, el estilo Peñailillo, porque ni siquiera leen la mayor parte de los recursos que llega a su conocimiento. Quizás los aburre hacerlo. Les da una soberana lata. Por eso, entonces, contestan al bulto, con una resolución suficientemente enredada como para que, aunque no diga nada, parezca decir algo importante. Después de todo, hay que guardar las apariencias. Se puede pecar de desidia, pero no hay que demostrarlo.
Por último, está la complicidad. ¿No será que, al igual que algunos parlamentarios y funcionarios públicos, también nuestros jueces están siendo cooptados por los grandes empresarios? Espero que no pero, ¿cómo se explica su actitud? ¿Su rechazo sistemático a todo recurso de protección que pueda afectar a quienes detentan el poder económico? Es, como dice un cómico de la plaza, una situación sospechosa (no lo dice exactamente así pero ese es, según entiendo, el espíritu).
Ya lo ve, estimado lector: estamos a merced de autoridades que anteponen sus propios intereses al bienestar común; que se coluden sin asco para favorecer a un grupo de grandes empresas; que no cumplen sus funciones como establecen la Constitución y las leyes; que atropellan los derechos ciudadanos o que, pese a que la Constitución los obliga, se omiten cuando deben defenderlos; que atentan sin ningún escrúpulo contra el Principio de probidad. El oprobioso caso del goodwill tributario es una evidencia flagrante de ello. Una enorme mancha negra que ocupa casi toda la hoja. 

¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante eso?

Solo queda ventilar el caso y seguir insistiendo. En una de esas tenemos la fortuna de que nos toque una sala conformada por jueces íntegros, valientes y esforzados, dispuestos a ir al fondo del asunto sin escudarse en fallos inentendibles copiados y pegados de antiguas resoluciones que, casi seguro, no tenían relación alguna con lo que deben resolver. Tiene que haberlos, estoy seguro. No pueden ser todos como los de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sería demasiado. Tener que aceptar que las grandes empresas hacen lo que quieren con nosotros sin que podamos oponernos, es muy duro.

En una de esas, sin embargo, tenemos suerte.

Qué pena por nosotros, no obstante, que tengamos que esperar del azar algo tan básico como que se respeten nuestros derechos.


Qué pena.

viernes, 14 de octubre de 2016

¿No + AFP? OK, pero, ¿cómo las reemplazamos?

Tal como expliqué, detalladamente, en mi anterior columna, el vigente sistema de pensiones (iba a decir “nuestro”, pero la dolorosa verdad es que no es nuestro sino de quienes se aprovechan de nosotros por su intermedio) es abominable. Es un sistema abusivo diseñado de manera expresa para que, gracias a las comisiones anticipadas, las AFP obtengan pingües ganancias a costa de sus afiliados. Además, fundamentalmente por esa misma razón, es caro, poco rentable e inequitativo. Agreguemos que es opaco y tenebroso (recuerde las “comisiones fantasmas”); que ha subsistido durante 35 años solo porque las AFP han ocultado, a punta de falsedades y medias verdades, sus verdaderos costos y rentabilidades; que su operación, tal como está estructurada, acrecienta la enorme desigualdad de nuestra sociedad; y que, como broche de oro, entrega pésimas pensiones.

Ese es el cuadro completo. Es un sistema que le hace daño no solo a los afiliados, sino a todo el país. Una mugre de sistema. Que se haya mantenido durante 35 años nos da una idea del grado de compromiso que han tenido nuestras autoridades con el bienestar ciudadano. Y también, no faltaba más, nos obliga a preguntarnos acerca de las reales razones que ellas tuvieron para mantenerlo.

En este Chile cada vez mejor informado —y, en consecuencia, cada vez más consciente de sus derechos y más dispuesto a exigirlos—, un sistema tan aberrante y abusivo no tiene cabida. Como bien lo ha planteado ese millón de ciudadanos hastiados que ha salido a la calle a expresar su protesta, debe ponérsele fin ahora ya. Sin dilación alguna.

Pero, ¿cómo? ¿Cómo se logra acabar con un sistema que, en contra de los intereses ciudadanos, es defendido por los políticos —la inmensa mayoría de los parlamentarios, los ministros, la misma presidenta— a brazo partido?

Excelente pregunta, ¿no le parece? Bueno… le tengo otra mejor: si consiguiéramos cambiarlo, ¿qué sistema alternativo deberíamos elegir en su reemplazo?

Lo invito a que intentemos contestarlas.

¿Cómo conseguiremos cambiar el sistema?

Como pudo apreciarse en la propuesta que presentó Michelle Bachelet, cambiar el sistema previsional vigente no será tarea fácil. En un sistema político gangrenado por la corrupción —como para nuestra desgracia es el nuestro—, son demasiados los intereses que confluyen para defender sus bases. Donde hay tanto dinero en juego, quienes lo reciben harán todo lo posible por mantener su flujo de ingresos, aunque ello perjudique al resto de los ciudadanos. Aquí, los escrúpulos quedan de lado. También la responsabilidad con los electores. Seguramente, es por eso que en la proposición presidencial las AFP quedan indemnes y las comisiones anticipadas, la principal causa del problema, ni siquiera son mencionadas. ¿Qué otra justificación podría existir? Cuando el río suena...

En tan penoso escenario, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Como víctimas en esta historia, ¿qué acciones podemos tomar?

Por cierto, las movilizaciones son un medio de presión. Mientras más masivas, mejor. No obstante, deben ser complementadas con medidas concretas que, en lo posible, tengan consecuencias económicas para los victimarios. Permítame proponerle un par de ellas.

No siga botando la plata; cámbiese de AFP

Observe el siguiente cuadro, que elaboré en base a las cifras oficiales de comisiones y rentabilidades mensuales publicadas por la Superintendencia de Pensiones en su sitio web. En él se muestra cuál sería la situación de un afiliado que hubiese aportado 2 (dos) UF mensuales al fondo C durante los últimos 2 años en cada una de las AFP. Las cifras están en UF:

AFP
TOTAL
INTERESES
COMISIONES
FONDO
RESULTADO
ROI

COTIZACIONES
GANADOS
PAGADAS
ACUMULADO


Capital
27,456
0,770
3,456
24,770
-2,686
-9,78%
Cuprum
27,552
0,848
3,552
24,848
-2,704
-9,82%
Hábitat
27,048
0,986
3,048
24,986
-2,062
-7,62%
Modelo
25,848
0,843
1,848
24,843
-1,005
-3,89%
Planvital
25,122
0,609
1,122
24,609
-0,513
-2,04%
Provida
27,696
0,684
3,696
24,684
-3,012
-10,88%

La columna “Total de cotizaciones” muestra la cantidad de UF que se habría restado del sueldo del afiliado del ejemplo por dicho concepto durante el período indicado. Varía entre AFP porque la cotización es distinta dependiendo de a cuál de ellas se esté afiliado. Si usted está afiliado a Provida, por ejemplo, cotizará el 11,54% de su sueldo. Si lo está a Modelo, solo el 10,77%. Como puede apreciar, no da lo mismo donde cotice.

El “Total de cotizaciones” es aquí la cifra mágica, porque ella es la inversión que usted realiza. En un sistema de capitalización individual, usted, yo y cada afiliado somos inversionistas, y el total de cotizaciones es el monto de nuestra inversión. Es el dinero, nuestro dinero, que ponemos a disposición de las AFP para que ellas, por nuestra cuenta, lo administren en el mercado de capitales y nos generen una buena rentabilidad, cobrándonos por ello las comisiones de administración correspondientes.

Ok, ahora observe de nuevo el cuadro. Está elaborado, lo repito, en base a cifras oficiales tomadas del sitio de la SP. Como puede usted apreciar, en todos los casos el afiliado pierde plata, ya que su fondo acumulado es menor que las cotizaciones efectuadas. Ello porque los intereses ganados NO compensan a las comisiones pagadas en el lapso considerado. De hecho, son muy inferiores a ellas (por ese escandaloso asunto de las comisiones anticipadas). En el caso de Provida, por ejemplo, estas últimas más que quintuplican a los primeros. Sin embargo, como se aprecia claramente, en aquellas AFP donde la comisión es menor, como es lógico, la pérdida también lo es.

La diferencia de comisiones puede llegar a ser cuantiosa. En diez años, si usted está en Provida pagaría $ 710.000 más por dicho concepto que si estuviese en Planvital. En 35 años, la diferencia sería, en moneda de hoy, de $ 2.490.000. Ahora, respóndame usted, ¿por qué razón estaría dispuesto a regalarle, sin haber necesidad, dos millones y medio de pesos de SU dinero a una AFP?

De manera que, amigo lector, aquí tenemos la próxima movilización ciudadana. Si usted está afiliado a Provida, a Cuprum, a Capital o a Hábitat, no siga haciendo un pésimo negocio. ¡Cámbiese de AFP! ¡Ahora mismo! Váyase a Planvital o, si no confía en esta por ese asunto de que no conocemos a sus propietarios, llévese sus fondos a Modelo. Pero no siga regalándoles su dinero a instituciones que, coincidirá usted conmigo, no merecen ese regalo.

¿Quiere protestar en contra de las AFP? Hágalo golpeando donde les duele. Le garantizo que si, en un plazo breve, un millón de personas se cambia desde las AFP más caras a las más económicas, las reacciones de las AFP afectadas y del Gobierno serán inmediatas. Seguro. De partida, aquellas se verán obligadas a bajar sus comisiones, y el tema del cobro anticipado de estas quedará firmemente instalado en el debate acerca de los cambios que deben implementarse en el sistema previsional.

Interponga un recurso de protección

Existe una ley —el DL 3500— que les permite a las AFP cobrar, pese a no existir justificación alguna para ello, comisiones anticipadas a sus afiliados, y que además establece que estos tienen la obligación de pagarlas. Eso, aquí y en la rotonda del maní, es un privilegio, una diferencia arbitraria establecida legalmente en beneficio de las AFP y en perjuicio de sus afiliados. Ambos, el beneficio y el perjuicio, son fácilmente demostrables y cuantificables.

Pues bien, ocurre que las diferencias arbitrarias y los privilegios están prohibidos por el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, y que dicha disposición es una de las que está amparada, según el artículo 20 del citado cuerpo legal, por el recurso de protección.

Correspondería, entonces, interponer un recurso de protección en contra del Estado chileno solicitando que se derogue la disposición que permite a las AFP el cobro anticipado de comisiones y que obliga a los afiliados a pagarlas.

Ahí lo tiene. Tarea para los abogados. Le aseguro que si se presentasen unos 200.000 recursos de protección en un lapso breve repartidos en todas las Cortes de Apelaciones del país, el impacto que esto tendría obligaría al gobierno a considerar una pronta solución a ese verdadero despojo que son las comisiones anticipadas. Además, por cierto, de fijar la atención internacional en nuestro país, en su sistema de protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en la calidad de la institución encargada de protegerlos. 200.000 recursos de protección interpuestos de manera simultánea en contra de un Estado dan para noticia internacional.

Lo que no hay que aceptar

Corresponde ahora que le efectúe mis proposiciones respecto del sistema alternativo que deberíamos considerar para reemplazar el mamarracho que tenemos. Antes de hacerlo, sin embargo, me permitiré proponerle lo que, en mi concepto, no hay que hacer para enfrentar este problema.

Por causa alguna se debe subir la edad de jubilación

Hay algunas mentes brillantes, intrínsecamente creativas, diáfanas, conectadas con el infinito, que han planteado que la solución de problema previsional pasa por aumentar la edad de jubilación. Esa es la propuesta más absurda, desquiciada, ridícula e infame que he escuchado. Nos da una idea del absoluto divorcio que tiene sus autores con nuestra realidad cotidiana y de su total desprecio por la misma. Porque, ¿cómo piensan lograr, en un mercado que desechó hace rato a los mayores de cincuenta, que personas que superaron los sesenta o sesenta y cinco años encuentren trabajos dignos y relativamente bien remunerados? ¿Cómo? ¿Ha escuchado usted algo al respecto? ¿Alguna idea genial? ¿Alguna solución siquiera digna de mencionarse?

La verdad, estimado lector, es que esta es una propuesta gravísima. Para favorecer a las AFP, para salvarles el negocio, no se trepida en humillar a las personas mayores, lanzarlas a la calle a vender golosinas o sopaipillas en carritos, obligarlas a cantar en el Transantiago o a mendigar en el Metro. Aquí todo vale. Es el colmo del descaro. Los autores de la idea no tienen límite.

Lo que corresponde a este respecto es hacer trabajar la sesera para mejorar el pilar solidario y tomar medidas para incrementar las futuras pensiones, en lugar de seguir explotando a los adultos mayores para salvar el negocio de las AFP. Es tiempo de que lo vayamos entendiendo y, por supuesto, exigiendo.

Así que, cuando salga nuevamente a la calle a protestar contra las AFP, cuando además proteste contra las comisiones anticipadas, no lo olvide gritarlo a todo pulmón: no al aumento de la edad de jubilación.

Por ningún motivo se debe volver al sistema de reparto

Se ha extendido como una mancha de aceite la peregrina idea de que la solución a este engendro previsional que nos asuela es implementar un sistema de reparto. Dado que los recursos acumulados en las cuentas individuales son de propiedad privada, si se insistiera en tan insensata idea sería necesario expropiarlos. Habría que tramitar una ley ad-hoc que, seguramente, no pasaría el cedazo del TC (lea lo que dice el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental al respecto). Además, el asunto se judicializaría ad infinitum. Sería un verdadero desastre.

Ahora, suponiendo que se lograse estatizar los fondos, ello implicaría traspasarlos a la Tesorería General de la República, incorporar el pago de pensiones al presupuesto general de la nación  y transformar los nuevos cargos previsionales en impuestos generales. En otras palabras supondría, parafraseando a Ricardo Lagos, poner esos enormes recursos a disposición de los señores políticos.

Usted, apreciado lector, es una persona sensata. Estoy seguro de ello. Compartirá conmigo, en consecuencia, que hacer algo así en medio de la devastadora corrupción reinante, sería equivalente a poner a Garfield a cargo de una carnicería. Un acto lindante con lo criminal. Una crónica, no de una muerte sino de un saqueo anunciado. Ni con cinturón de castidad nos salvaríamos. Ricardo Lagos, si saliera reelecto, posiblemente buscaría un acuerdo con la oposición (¿quién sería el nuevo Longueira?) para aumentarse el sueldo y la jubilación, tal como lo hizo durante su primer gobierno. Los parlamentarios, considerando el enorme sacrificio que realizan jornada tras jornada, probablemente aprovecharían la coyuntura para crear algún sistema previsional con jubilaciones más adecuadas a la magnitud de su esfuerzo. La cantidad de cargos políticos crecería como levadura en agua tibia; aumentarían los viajes y los correspondientes viáticos; y así sucesivamente. Los políticos, no le quepa duda, encontrarían la forma de usar esos ingentes recursos en su beneficio. Sería un harakiri en toda regla.

El camino, créame, no es volver al sistema antiguo, sino perfeccionar el actual. ¿Cómo? Le explico a continuación mi propuesta.

Los ajustes imprescindibles

El primer ajuste que debe hacerse al sistema, ahora ya, es cambiar la forma de pago de comisiones a las AFP. Estas deberían comenzar de inmediato a pagarse como un porcentaje fijo ―lo más bajo posible y común para todas las AFP― del fondo de pensiones administrado, más un premio por la mayor rentabilidad obtenida sobre un piso mínimo (por ejemplo, un 5% anual). Con este mecanismo, la competencia para captar afiliados se daría en base a la rentabilidad que cada AFP sea capaz de obtener, lo que es, por cierto, un muy buen estímulo.

Un antecedente insoslayable que se debe tener presente en la implementación de esta medida es que las cotizaciones efectuadas, es decir todo el saldo acumulado a la fecha en los fondos de pensiones, ya pagaron una comisión anticipada por 35 años por lo que, obviamente, no se les puede cobrar nada adicional por este concepto. Las comisiones sobre el saldo administrado, por consiguiente, solo deberían cobrarse sobre los saldos generados con las nuevas cotizaciones. Con las que se efectúen a partir del momento en que se cambie el sistema de comisiones.

¿Que eso no les conviene a las AFP ya que mermará brutalmente sus ingresos y sus rentabilidades? ¡Qué pena tan grande! Sería para llorar a gritos, ¿no le parece? Una situación tan desgarradora, tan lastimosa, nos partiría el alma a todos. Pese a tanto dolor, sin embargo, no puede actuarse de otra manera. Es patético, lo sé, pero los afiliados NO deben pagar doble comisión. Esa condición debería ser intransable.

Este cambio, que las comisiones comiencen a pagarse sobre el saldo administrado, me atrevo a calificarlo como un imperativo nacional. Una condición sine qua non. Que no se corrija la normativa en tal sentido sería inaceptable, al igual que el hecho, lo reitero por su relevancia, de que se intente cobrarle doble comisión a quienes ya la pagaron por 35 años.

El segundo ajuste imprescindible a efectuar es la inmediata eliminación de los multifondos. Es impresentable que la tarea, aunque sea parcial, de administrar los fondos previsionales recaiga sobre los afiliados, cuando se supone que les estamos pagando a profesionales para que la ejecuten por nuestra cuenta. Nadie debería tener la responsabilidad de definir en cuál fondo deben hallarse sus ahorros, porque eso es tarea de expertos y los ahorrantes, la inmensa mayoría de ellos, no lo son. Por lo demás, ¿en realidad usted cree que los multifondos se crearon en el gobierno de Lagos para darle a los afiliados la posibilidad de intervenir en la administración de sus fondos? Con los antecedentes que conoce de nuestros políticos, ¿de veras se tragó esa mentira? Hay que buscar la respuesta por otro lado, ¿no le parece?

La triste verdad, apreciado lector, es que el sistema de multifondos, aparte de ser poco solidario, inentendible e inmanejable, es un atentado contra los afiliados. Los deja a merced de supuestos expertos, verdadero “Harry Potters” de las finanzas, que hacen pingües negocios esquilmando a los incautos. Al mejor estilo  de Garay, Montaner y Chang. En cualquier país preocupado de sus ciudadanos, algo así no habría tenido cabida (¿quién habrá ideado?).

El tercer ajuste imprescindible se desprende del anterior. Cae de cajón. Se deben eliminar, ahora ya, las “comisiones fantasmas”. Estas, en el supuesto caso de que fuesen reales (que no lo sabemos, pero me atrevería a sospechar que no), deberían ser de cargo de las AFP. Su existencia se presta para urdir fraudes a destajo con el propósito de esquilmar, aún más, a los pobres ahorrantes. Nunca debieron existir. Es, entonces, el momento de extirparlas para siempre del sistema.

El cuarto ajuste imprescindible consiste en prohibir que los recursos de los fondos de pensiones sean invertidos en productos financieros derivados. Ello es urgente, porque las posibilidades de que se mal usen estas inversiones ―como ocurrió con el “Davilazo” y el caso Penta; y como está ocurriendo con el caso Aurus― son enormes. ¿Hay riesgo de cobertura? Pues, dejemos de invertir afuera. Si, como veremos más adelante, hay un enorme campo para la inversión dentro del país. Ya está bueno que los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos sean invertidos en proyectos donde nosotros seamos los beneficiarios, ¿no le parece?

El quinto ajuste imprescindible consiste en que se debe entregar al afiliado la información de su cuenta individual como corresponde, con todos los datos que él requiere para analizarla en profundidad: total de cotizaciones efectuadas, total de intereses ganados y total de comisiones pagadas a la fecha. Solo de esta manera, en base a información veraz y completa, se podrá legitimar un sistema que hoy transita por el sendero de la infamia.

¿Cuál es la solución definitiva?

Necesitamos un sistema que, junto con dejar a salvo nuestros ahorros de las ávidas manos de nuestros políticos y de las AFP, sea más rentable, más equitativo, menos costoso, más solidario y más confiable que el que tenemos actualmente. Para conseguirlo, es preciso actuar sobre cada uno de los pilares en los que se sostiene el resultado de un fondo de pensiones: la rentabilidad, los costos y la inversión. Analizaré los tres componentes mencionados a continuación:

Medidas para mejorar la rentabilidad

Lo primero, es cambiar el foco de la inversión de los recursos acumulados en los fondos de pensiones. Hay que dejar de invertirlos en actividades que solo benefician a unos pocos, a los de siempre, y trasladarlos a iniciativas que, aumentando y estabilizando su rentabilidad, apunten a incrementar el bienestar común. Ejemplos de este tipo de actividades hay muchos. Es solo cosa de echar a volar la imaginación. Permítame exponerle algunos.

Con los fondos de pensiones se podría:

Sacar el CAE de manos de la banca privada y pasarlo al Estado. Este es el momento preciso para echar a andar un proyecto de este tipo, dados los ingentes montos que se le asignaron al CAE en el proyecto de Presupuesto. Para ello se requeriría que el BancoEstado emitiese bonos con una tasa anual de 6% por los montos necesarios para comprar la cartera que está en poder de la banca privada, los cuales serían adquiridos por los fondos de pensiones. Con el dinero obtenido, el BancoEstado adquiriría a su vez la cartera y se encargaría de su administración. Los alumnos y ex alumnos deudores seguirían pagando un 2% de tasa (o un 0%, si así se decide) y el Estado financiando el porcentaje restante (tal como ahora) más el costo de la administración del banco. Los beneficios financieros de esta operación, no obstante, en lugar de ir a parar a los bancos irían directamente a los fondos de pensiones. Los recursos liberados en el presupuesto, por su parte, podrían destinarse a incrementar la gratuidad.

Esta es una operación que podría implementarse con bastante rapidez si existiese la decisión política de llevarla adelante. Requiere del compromiso de las AFP ―Planvital o Modelo, de preferencia― para adquirir los bonos, y de un muy cuidadoso estudio de los contratos y pagarés, para definir la forma más económica de hacerse cargo de la cartera.

¿Lo supera el CAE? ¿Ya no quiere escuchar mencionarlo nunca más? Bueno… aquí tiene una forma de zafarse de él para siempre.

Rebajar la tasa de interés de los préstamos que se efectúan a las Mipymes a niveles preferenciales. La operación sería similar a la anterior, con bonos emitidos por el BancoEstado a tasas del orden del 6 a 7% anual, respaldados (securitizados) por los flujos de las Mipymes, los que serían adquiridos por los fondos de pensiones. El banco cobraría un spread de administración reducido más una prima por riesgo, llegando de todas formas a tasas muchos más convenientes para las Mipymes que las actuales.

Financiar a tasas preferenciales la recompra de cartera a personas asalariadas de ingresos medios y medios bajos endeudadas con divisiones de crédito de consumo de bancos y con casas comerciales. Una operación muy parecida a la anterior, con el mismo intermediario y con la ventaja de que se podría implementar el descuento por planilla para el servicio de la deuda de los clientes.

Financiar concesiones, a fin de que sean el Estado y los fondos de pensiones los que, por medio de una empresa estatal creada para este propósito ―que sería la que emitiría los bonos―, hagan el negocio por el que hoy se está pagando una fortuna a las concesionarias.

Financiar la explotación pública del litio y demás minerales, sacándola de manos privadas. Los recursos mineros, según nuestra Constitución, pertenecen a todos los chilenos. Sin embargo, son muy pocos los que se benefician de ellos. Mediante el esquema ya reseñado, emisión de bonos por parte de empresas estatales, los fondos de pensiones podrían financiar estas explotaciones. Por cierto, habría que dejar fuera de esto, inapelablemente, a Codelco, al menos hasta que se la limpie de cargos políticos, ventas a futuro, contratos con distribuidoras a viles precios, traspasos directos de ingentes recursos a las Fuerzas Armadas y demás actos corruptos que la han llevado al estado en que se encuentra.

Expandir el Metro o implementar metros en regiones, en el mismo esquema que en los casos anteriores: emisión de bonos por parte de la empresa que serían adquiridos por los fondos de pensiones.

Financiar mega proyectos industriales y generadores de energía emprendidos por el Estado. No se podrá reindustrializar el país si el Estado no asume un rol protagónico para ello. Los fondos de pensiones disponen de los recursos para financiar dichos proyectos y existe el mecanismo (el mismo ya descrito) para destinarlos a este fin. Falta la decisión política y comenzar a identificarlos, evaluarlos e impulsarlos.

Y así sucesivamente. En general, se puede financiar por esta vía todo proyecto que sea emprendido por empresas estatales y que sea capaz de generar flujos futuros suficientes como para financiar su operación y cubrir el servicio de la deuda. Las posibilidades son ilimitadas.

El cambio propuesto, tomando los resguardos necesarios para que funcione como se debe —impedir los cuoteos políticos, controlar las inversiones y los flujos por medio de representantes de los fondos de pensiones elegidos por los afiliados, total apertura y transparencia en el manejo de la información, garantía estatal— corregiría varios de los defectos del sistema vigente: generaría rentabilidades fijas muy superiores a las actuales, trasparentaría las inversiones y los flujos provenientes de ellas, y tendería a reducir los elevados niveles de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Por cierto, no habría comisiones fantasmas involucradas. Todos —las Mypimes, los deudores, los afiliados—, haríamos un muy buen negocio. Todos, con excepción de los bancos y aquellos grandes empresarios que hoy se benefician del sistema vigente, que los provee de recursos muy baratos que emplean para incrementar en forma cuantiosa la rentabilidad de sus negocios. Por si no lo ha notado, la esclavitud se basa en el mismo principio económico: usar recursos muy baratos para mejorar la rentabilidad de los negocios. De hecho, la explotación económica también es una forma de esclavitud.

Medidas para disminuir los costos

Orientar los fondos previsionales a financiar proyectos como los señalados requeriría efectuar un cambio profundo en la forma en que hoy se gestionan las pensiones en Chile. Sería imprescindible, para partir, contar con una AFP estatal que se encargase de gestionar todas estas inversiones, cobrando para ello comisiones reducidas sobre el saldo administrado (0,12% anual, por ejemplo). Disminuiríamos de esta manera, drásticamente, el costo. Las AFP privadas, en este sistema, no serían necesarias. Dudo, de hecho, que estuviesen dispuestas a participar en él.

Ahora bien, para no caer en los clásicos problemas de repartija política, sería indispensable resguardar la conformación del Directorio de la AFP. Este podría conformarse con integrantes nominados por entidades técnicas independientes (universidades, por ejemplo) y también elegidos, mediante votación electrónica, directamente por los afiliados. La idea sería conseguir, de una vez por todas, que los dueños de los fondos sean quienes los administren.

Medidas para aumentar la inversión

Se pueden considerar las siguientes:

Eliminar las comisiones anticipadas. Ya está mencionada, pero la reitero porque es una de las principales medidas que deben tomarse para incrementar la rentabilidad de las cuentas individuales y, en consecuencia, mejorar las pensiones futuras.

Elevar el monto a cotizar. Dado que hoy la inmensa mayoría de los afiliados cotiza con tasas superiores al 11% sobre su renta imponible, parece razonable que la cotización mensual se fije en un 12% de esta. Eso afectará muy poco a las rentas líquidas, pero en el largo plazo mejorará ostensiblemente los fondos individuales.

Implementar un aporte empresarial de un 3%, de beneficio del afiliado. Con este porcentaje se completaría el 5% de incremento de la cotización planteado por el gobierno en su paquete de propuestas. Como lo planteó el gobierno, un aporte empresarial es una medida que parece razonable ya que, en un escenario donde los sueldos de los afiliados son tan precarios, el tema de las pensiones debe ser abordado con un esfuerzo tripartito.

El efecto conjunto de las tres medidas señaladas, combinado con una comisión de 0,12% anual sobre el fondo administrado y asumiendo una rentabilidad anual promedio de un 5% capitalizable mensualmente, generaría en 35 años un mayor fondo de aproximadamente un 45% respecto del que obtendría un afiliado en el sistema actual. Importante, pero aún no suficiente.

Efectuar un aporte estatal por cada recién nacido. No sé si esta idea es de Rafael Garay o de algún otro, da lo mismo, pero me parece factible y adecuada. Mejoraría en gran medida, de hecho, las pensiones en el largo plazo. Para darle una idea de su dimensión, 1 millón de pesos al 5% de rentabilidad anual capitalizable mensualmente se transformaría después de 60 años en poco más de 20 millones de pesos lo que, para un afiliado que cotiza 1 UF en el sistema actual, representaría aproximadamente un mayor fondo de un 65% respecto del sistema actual. Vale realmente la pena, entonces, analizarla en profundidad. Su costo anual sería del orden de US$ 390 millones de dólares, que deberían estar incorporados en el presupuesto de la nación. ¿Cómo financiarlos? Le aseguro que un análisis profundo del gasto fiscal orientado a recortar gastos innecesarios, inconvenientes o inapropiados (sueldos de operadores políticos, sueldos y honorarios prescindibles, exceso de remuneraciones de parlamentarios y personal gubernamental, viajes, viáticos y un larguísimo etcétera) permitiría ahorrar mucho más que esa cifra. El aporte en cuestión debería dirigirse solo a los recién nacidos pertenecientes a hogares que perciban ingresos iguales o menores a UF 60 mensuales. Respecto de aquellos cuyos ingresos fuesen mayores que esa cifra, lo razonable parece ser que financien los aportes iniciales de sus hijos con el diferencial de cotizaciones que se les produciría al cotizar por el total de su renta imponible. Este último punto es, por cierto, materia de debate.

Ok. Tenemos, entonces, un paquete de medidas que, aplicadas en conjunto, podría más que duplicar el fondo de un afiliado en condiciones de pensionarse. En tales circunstancias —entendiendo que la solución previsional definitiva depende de mejorar la distribución del ingreso en nuestro país (problema que algún día se abordará como corresponde, supongo)—, el problema de los exiguos montos de pensiones estaría, en el largo plazo, relativamente bajo control. Faltaría, entonces, solucionar el problema de las actuales pensiones, específicamente de las que están por debajo el piso definido por el pilar solidario; y de las asistenciales, que se entregan a quienes nunca han cotizado o lo hicieron por valores mínimos. Lo invito a que lo analicemos a continuación.

Medidas para mejorar las actuales pensiones

La forma correcta de abordar este peliagudo asunto parece ser la que ya está usando el gobierno: a través del pilar solidario. Consiste en fijar un monto mínimo de pensión aceptable (la pensión máxima solidaria) y subsidiar la diferencia que se produce respecto de la pensión que efectivamente recibe el afiliado. Este subsidio, desde luego, debería ser entregado a todo evento hasta el fallecimiento del afiliado. El problema aquí consiste en cómo financiarlo. Permítame, al respecto, proponerle un par de ideas.

Acortar la esperanza de vida considerada para el cálculo de la pensión hasta que el monto de esta última coincida con el de la pensión máxima solidaria. La premisa de esta propuesta es que la diferencia entre el monto de la pensión que recibe el afiliado y la pensión máxima solidaria la tendrá que aportar el Estado obligadamente cuando corresponda. En dicho caso, desde el punto de vista financiero es preferible que dicho aporte no se concrete de manera inmediata sino lo más tarde posible. El criterio sería que los fondos acumulados financien los primeros años hasta que se agoten, y que el Estado asuma dicha responsabilidad solo cuando se produzca dicho evento, no antes. Ello le significa al Estado, como se habrá dado cuenta, retardar un pago ineludible por un largo período sin tener que pagar costo adicional alguno. El sueño del pibe para un gerente de finanzas.

Eliminar todo cargo que contribuya a disminuir el fondo individual acumulado por el afiliado al momento de pensionarse. Hoy, si usted decide pensionarse, hay un montón de lobos de dientes afilados al acecho para sacarle alguna mascada. El trámite es tan complejo, que hay asesores “expertos” dispuestos a ayudarlo en su ejecución, a cambio de la correspondiente comisión. Aparecen también las compañías de seguros a la caza de rentas vitalicias y algunos cazadores más por ahí que se me escapan. El asunto es casi sanguinario.

En un escenario donde se persigue maximizar la pensión del afiliado, estos cargos no tienen sentido. Todos provienen de negocios armados para aprovecharse del pensionado. Ninguno le conviene. En todos pierde. Sin excepción. Por ello, deberían suprimirse, porque todos se basan en obligar al afiliado a tomar complejas decisiones financieras para las que no está preparado, y respecto de las que no cuenta ni con la información ni con las competencias para garantizar la defensa de su patrimonio.

Establecer solo una forma de pensionarse.
Lo anterior nos lleva, como es evidente, a la necesidad de definir una sola forma de pensionarse: el retiro programado. Todas las demás debe prohibirse porque, en este nuevo contexto solidario donde el Estado se hace cargo de las pensiones cuando el afiliado ya no dispone de recursos, todas perjudican al afiliado.

Que el Estado le solicite un préstamo a los fondos de pensiones para financiar el actual pilar solidario y el incremento de las pensiones básicas.

¿Hay un problema de recursos para implementar el pilar solidario como se debería? ¿Para que las pensiones actuales alcancen niveles dignos? Pues, le propongo el mecanismo más parecido al sistema de reparto que puede implementarse manteniendo la capitalización individual. Opera de similar manera a los anteriores. El Estado emitiría, a través de la Tesorería, bonos de largo plazo a una tasa conveniente para los fondos de pensiones y estos los adquirirían, generándose con ello los recursos necesarios para incrementar las pensiones en el corto plazo.

Sería un buen negocio para todos. El Estado dispondría de recursos para enfrentar un problema acuciante, los fondos de pensiones efectuarían una excelente inversión y las pensiones crecerían, generándose un fuerte impacto en la actividad económica, en el crecimiento del PIB, en la reducción de la desigualdad y en la recaudación de impuestos. Por cierto, hay que planificarlo bien e implementarlo mejor, pero se supone que para eso están los cerebros de los ministerios involucrados. Mal que mal cobran un sueldo más que reguleque por ejercer sus funciones.

Ahí tiene mi propuesta, estimado lector. Hay más por supuesto. Se debe enfrentar el tema de las lagunas previsionales, el de la apropiación indebida por parte de los empleadores de las cotizaciones de sus trabajadores (podría ser que el Estado las cubriese, o mediante un seguro, y que se castigara a los delincuentes con cárcel efectiva), hay que implementar campañas de información para educar a los afiliados y para que estos denuncien a dichos malos empresarios, hay que eliminar el Capredena y así sucesivamente.


Pero por algo hay que empezar, ¿no le parece? Por eliminar a las AFP, por ejemplo. Si así fuese, como usted ha podido apreciar, ya sabemos cómo reemplazarlas.