sábado, 24 de agosto de 2013

Chile, un país de vasallos

La desigualdad ―ese fenómeno que se produce cuando entre todos fabricamos una torta, pero sólo unos pocos reciben un pedazo grande de ella y el resto, nada más que migajas― es un flagelo que ha azotado al mundo desde siempre.

Algunos arguyen que es consustancial a la naturaleza humana; que nuestras capacidades, habilidades y motivaciones son disímiles, y los frutos de éstas ―entre ellos el nivel de ingresos―, como es lógico, también. Otros, que el nivel educacional de las personas es el que la genera; que quienes ostentan competencias elevadas deben, si todo funciona como corresponde, acceder a rentas superiores que aquéllos que no las tienen (piense usted en un médico vs un albañil, por ejemplo); y que, en consecuencia, es la educación el vehículo para superarla.

Algo de razón tienen. Sea por la causa que fuere, lo concreto es que siempre habrá desigualdad. Eso no tiene remedio. No obstante, ésa no es la cuestión pertinente. La verdadera interrogante, aquélla que tenemos la obligación moral de plantearnos y que debería estar presente en la formulación de cada política pública, es ¿cuál debe ser, en una sociedad justa, la magnitud económica de esa desigualdad? Y me tendrán que disculpar, pero ninguna de las causales planteadas puede responderla.

En efecto, si recurrimos sólo a ellas ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, que Noruega tenga un Coeficiente de Gini de 0,23 y Namibia uno de 0,64? ¿O que el décimo decil perciba en Finlandia ingresos 5,6 veces más altos que el primer decil, y en Angola 74,5? ¿Acaso las diferencias individuales operan en los países nórdicos bajo premisas distintas, bajo leyes naturales diferentes, que en el cono sur africano? ¿O es que sus niveles educacionales son tan altos que ya provocaron la extinción de los oficios de albañil, estafeta, recogedor de basura y tantos otros que en el resto del mundo perciben remuneraciones precarias?

Algo no cuadra ¿verdad? Intentemos profundizar un poco en el tema para determinar qué es exactamente.
Lo primero que hay que precisar es que la excesiva desigualdad es una anomalía, una malformación, una especie de enfermedad social. ¿Por qué? Pues porque las sociedades ―según se desprende de la segunda acepción que le otorga la RAE al concepto― son interdependientes. No podemos lograr nuestros propósitos sin ayuda. Dependemos de los demás para hacerlo. Los empresarios necesitan clientes, proveedores y empleados; los médicos, pacientes, enfermeras y auxiliares; todos requerimos recogedores de basura, policías, funcionarios públicos, dependientes de supermercados, obreros de la construcción y pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera la basura o donde el lumpen hiciera de las suyas por las calles sin control alguno. O cómo desarrollaría su negocio el dueño de un banco, solo en medio del desierto de Atacama.

Y además, las sociedades son de mutuo beneficio. Nadie ingresa a ellas para ser perjudicado, sometido o explotado; por el contrario, todos lo hacen (consciente o inconscientemente) para alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos. Por tales razones, lo justo es que no sólo unos pocos sino todos, recibamos los beneficios que en ellas se generan. La cena que todos contribuimos a elaborar, debe satisfacernos a todos.

Lo segundo es que no son las diferencias individuales ni la educación los factores que realmente determinan la dimensión económica de la desigualdad. Para comprobarlo, basta con remitirse a la historia. ¿Qué tenían de común sociedades tan injustas como los campos algodoneros del sur de los Estados Unidos antes de la guerra de la Secesión, los feudos de la Edad Media o la Sudáfrica de no hace mucho. Salta a la vista: en todas ellas quienes concentraban el poder, concentraban también la riqueza.

Sea por una condición humana instintiva o por otro origen difícil de precisar, lo concreto es que cuando alguien dispone de poder, tiende a usarlo en beneficio propio. Inevitablemente. Así ha ocurrido desde siempre y así seguirá ocurriendo por los siglos de los siglos. Aquí y en la Quebrada del Ají. Más aún en un mundo donde se exacerba la competencia incluso más allá de las barreras de la ley, la moral y los escrúpulos.

De manera que, aunque la desigualdad es una condición natural del ser humano que puede ser afectada por la educación, es la forma en la que está concentrado el poder en la sociedad la que define su magnitud económica. Puesto de otra manera, son las sociedades, y dentro de éstas los grupos que detentan el poder, las que determinan sus coeficientes de Gini.

Afinemos el punto: un médico debería percibir ingresos superiores a un albañil. Cierto, porque aunque ambos desempeñan actividades necesarias para la sociedad, y probablemente dan su mejor esfuerzo al hacerlo, la profesión de médico requiere de una especialización que la hace relativamente más escasa, por lo debiera corresponderle una mayor retribución. ¿Cuánto más? ¿10 veces? ¿20, 30? ¿40 o más, como se da en algunos casos? Pues bien: no existe la cifra mágica. Ese coeficiente depende del grado de concentración de poder que existe en la sociedad en cuestión. Donde hay poderosas asociaciones gremiales, acuerdos soterrados con los laboratorios, fuertes restricciones a la cantidad de médicos autorizados a ejercer y sistemas de salud pública de mala calidad (lo que implica que la salud privada, de mejor estándar —no por sí misma, sino por el bajo nivel con que se la compara—, subirá de precio), tenderá inevitablemente a ser elevado. Si, por el contrario, existen organismos empoderados y normativas drásticas de defensa del consumidor, un número suficiente de médicos y especialistas, y sistemas de salud pública gratuita de calidad superior, tenderá, inevitablemente también, a disminuir.

Son pues los países los que, consciente o inconscientemente, deciden sus coeficientes de Gini. Y, por cierto, éstos serán mejores si lo hacen conscientemente, es decir, si el coeficiente de Gini deja de ser una consecuencia, un mero resultado,  y pasa a ser un objetivo.

Profundicemos un poco. Si un país posee un Coeficiente de Gini inferior a 0,30 usted podría apostar que el poder está repartido entre sus ciudadanos y un gran porcentaje de ellos está en condiciones de ejercerlo; que sus normativas de defensa de los derechos civiles son muy estrictas y éstos (educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, alimentación, seguridad, recreación, etc,), muy elevados, que los controles asociados son férreos, que existen poderosos mecanismos redistributivos y que su sistema político es altamente transparente, participativo y con mínimas barreras a la entrada. Muy probablemente habrá una organización estatal independiente, un “cuarto” poder del mismo nivel de los tres restantes, encargada de la defensa de los mencionados derechos. También un sindicalismo fuerte y elevadas dosis de educación cívica. Hablamos de un país donde, con una alta probabilidad, los ciudadanos pueden ser dueños de su propio destino. Lo llamaremos un país de hombres libres.

 A medida que desciende por la escala de la desigualdad usted puede tener la certeza de que los controles se irán debilitando hasta volverse inocuos; que las organizaciones de defensa del consumidor y las sindicales perderán poder hasta llegar, incluso, a desaparecer; que la educación cívica será, paulatinamente, relegada al olvido; que la normativa de defensa de los derechos ciudadanos se hará cada vez menos estricta y menos asequible al ciudadano promedio (es muy probable que tratar de ejercerla resulte excesivamente oneroso); que los mencionados derechos menguarán como el nivel del agua en un pozo de arena; y que el sistema político se irá tornando progresivamente más restrictivo y elitista hasta llegar a ser casi inaccesible, extremadamente turbio y poco participativo (¿le suena familiar esta descripción?). Con seguridad encontrará usted grupos económicos de creciente poder que irán monopolizando la oferta de ciertos bienes y servicios (todo lo que huela a financiero e inmobiliario, por ejemplo), y acumulando, junto a unas pocas familias de las llamadas “tradicionales”, porcentajes cada vez más relevantes de la tierra, de los recursos naturales y de la riqueza; grupos económicos cuyos tentáculos llegarán a estar enquistados hasta lo más profundo en los sistemas político y judicial, que acapararán los medios de comunicación y cuyos lobistas se encargarán de desarticular cualquier pretensión de hacer más equitativa la distribución del poder y, por ende, de la riqueza (¿le sigue resultando familiar?).

Así las cosas, en un segundo escalón —coeficientes de Gini entre 0,31 y 0,40— hallaremos países donde existe ya una clara diferenciación entre “jefes”, la elite, y “empleados”, la gran mayoría de la población, aunque éstos últimos estarán, en promedio, relativamente bien remunerados. Los llamaremos países de dependientes.

En un tercer escalón —coeficientes de Gini entre 0,41 y 0,50— encontraremos que la diferencia se acrecienta aún más: los jefes dejan de serlo y pasan a ser “patrones”. A los países que están allí ubicados los llamaremos países de sirvientes.

En un cuarto escalón —coeficientes de Gini entre 0,51 y 0,60—, las diferencias se vuelven casi intolerables. Sólo la brutal concentración del poder político las vuelve sustentables. Aquí los patrones pasan a ser “señores”. A estos países los llamaremos “países de vasallos”.

Y finalmente, en un último escalón —coeficientes de Gini sobre 0,60— estamos en el peor de los escenarios. Quienes no pertenecen a la elite, tienen mínimos derechos, casi no participan en la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, y están virtualmente indefensos frente al accionar de aquellos que detentan el poder. Aquí los señores pasan a ser “amos”. A estos países los llamaremos países de esclavos.

Éste es el mundo actual, amigo lector. Así están las cosas: la ambición del individuo aplastando sin asco al bien común y a sus semejantes.

¡Ah! Y por cierto ¿qué hay de Chile? Bueno… con su Coeficiente de Gini de 0,52, Chile es un país de vasallos.

jueves, 22 de agosto de 2013

Algunas frases ilustrativas acerca de desigualdad

La desigualdad es el fenómeno que se produce cuando entre todos fabricamos una torta pero sólo unos pocos reciben un pedazo grande y el resto, migajas.
Sergio Fernández Figueroa

La desigualdad es una condición natural; su dimensión económica es una decisión social
Sergio Fernández Figueroa

El desarrollo desarrolla la desigualdad
Eduardo Galeano

"Países en desarrollo" es el nombre con que se designa a los países arrollados por el desarrollo ajeno
Eduardo Galeano

Trata a tu prójimo como a ti te gustaría que él te tratara
Anónimo

Algunas personas miran al mundo y dicen ¿por qué? Otras lo miran y dicen ¿por qué no?
George Bernard Shaw

La desigualdad sí es un problema. Y es un problema grave

Cuando uno lee columnas como la última de Teresa Marinovic en El Mostrador, normalmente tiende a dejarlas pasar. Superada la incredulidad, el asombro y la desazón que provocan (porque es imposible leerlas sin que dejen un sabor amargo en la boca), uno asume que no vale la pena seguir pensando en ellas. Que posiciones tan egoístas, tan carentes de empatía, y tan faltas de argumentos y conocimientos, también tienen derecho a exponerse públicamente, a disponer de tribuna. La libre expresión debe ser así, libre aunque duela.

Sin embargo, frente a esta columna en particular me parece que tal indiferencia no procede. Una síntesis tan brutal de las ideas que, plasmadas en el modelo vigente, nos tienen dentro de las quince peores distribuciones de ingreso del mundo, y además expuesta con tanto desparpajo, es demasiado indignante como para dejarla sin respuesta. Menos en estos tiempos, donde el tipo de sociedad que defiende una de las candidatas a la presidencia, se sustenta justamente en ellas.

Partamos aclarándole a la columnista es que, si bien es cierto que la desigualdad es una condición natural del ser humano —los talentos no están repartidos por parejo, qué duda cabe—, su dimensión económica es una decisión social.

Para explicarlo, debemos partir por la concepción misma de “sociedad”. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

De aquí se desprende que las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una sociedad para ser perjudicado, sometido o explotado; por el contrario, todos lo hacen (consciente o inconscientemente) para alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

También, que las sociedades son interdependientes, vale decir, que todos nos necesitamos unos a otros. Si no existieran los futbolistas de segunda división, probablemente Alexis no estaría jugando en Europa. Los grandes empresarios, altos funcionarios públicos, periodistas y columnistas no podrían obtener sus sustanciales ingresos si no existiesen los albañiles, los recogedores de basura y los cajeros de supermercados; si no hubiese policías, ni soldados ni gendarmes; sin la existencia de funcionarios de Correos, obreros de la construcción y pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera la basura o donde el lumpen hiciera de las suyas por las calles sin control alguno.

Ese beneficio mutuo y esa interdependencia son las que generan la necesidad de las sociedades de redistribuir los ingresos. La torta, en cuya fabricación participamos todos, tiene que estar bien repartida para que también todos recibamos una porción razonable, no sólo unas cuantas migajas.

Como en todo orden de cosas, hay sociedades que se preocupan del tema y otras que no lo hacen. Es cosa de mirar las cifras: en Chile, el 10% más rico (al que pertenecen el gerente de Correos, nuestro crédito Alexis Sánchez y, al parecer, la misma doña Teresa) gana 28 veces más de lo que percibe el 10% más pobre. En cambio en Finlandia, Noruega y Suecia gana sólo 6 veces más; 7 en Alemania y Austria, 8 en Bélgica y Dinamarca, y 9 en Holanda.

Y tan notables cifras no tiene que ver sólo con desniveles educacionales, como equivocadamente sostiene la articulista. ¿O creerá ella que los países mencionados son tan evolucionados que ya no necesitan albañiles, recogedores de basura, policías, funcionarios de correos ni pescadores artesanales?

Lo que ocurre en estas últimas sociedades, que por algo se llaman desarrolladas, es que la desigualdad no es un tema que se mira sólo por encima, que se deja al libre arbitrio del mercado ―¿conoce usted, estimado lector, algún lugar en el planeta donde el mercado funcione como corresponde? Si no lo conoce, no se complique; no es porque usted sea inculto. Es porque dicho lugar no existe—, que hay que soportar estoicamente porque no tiene remedio. Allí, la desigualdad sí es un problema, y es un problema serio. Y como tal, se combate con determinación.

¿Y cómo se combate? Muy simple; como se combaten todos los problemas desde épocas primordiales: atacando sus causas.

Es la concentración del poder, tanto político como económico, la causa principal de la desigualdad. Si no me cree, revise la historia, partiendo por los campos algodoneros del sur de los EUA antes de la guerra de la secesión o por la Francia pre revolución. Sea por una condición humana instintiva, sea por otro origen difícil de precisar, cuando alguien dispone de poder tiende a usarlo en su propio beneficio. Si usted se fija, los países con mala distribución del ingreso, como Chile, poseen varias características comunes: una enorme concentración de poder político y económico; una institucionalidad construida para mantener el statu-quo; un Estado reducido a su mínima expresión; carencia de organizaciones poderosas de defensa de los ciudadanos; sindicalismo débil; sistemas tributarios hechos a la medida de los más acomodados; impunidad para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos, concertación de precios), etc.

Luego, para combatir la desigualdad no basta con la educación, como sostiene la señora Marinovic. Hay que partir por reconocer que una sociedad con niveles de desigualdad como el chileno es una sociedad enferma; una sociedad a la que nadie, salvo quienes acaparan los ingresos, quisiera pertenecer de motu proprio; una sociedad donde los menos favorecidos no tienen ninguna posibilidad de obtener sus objetivos de vida. Y luego hay que tomar medias para desconcentrar el poder y para evitar que quienes lo detentan acaparen los ingresos. Y mientras ese proceso avanza, por cierto, hay que usar mecanismos redistributivos (impuestos, servicios estatales, subsidios) para corregir el sobreprecio que éstos han cobrado a la sociedad por sus actuaciones en ella.


Se equivoca la señora Marinovic cuando plantea que es justo que el gerente de Correos gane 30 veces más que algunos de los funcionarios de la empresa. Tan aberrante relación está reservada para países que adolecen de desigualdades brutales y donde nada se hace para corregirlas. Desafortunadamente, con dolor lo digo, Chile es uno de esos países. Y lamentablemente ―es cosa de ver los programas de las dos candidatas con más posibilidades de ganar las elecciones― al parece lo seguirá siendo. Al menos, por los próximos cuatro años.

miércoles, 14 de agosto de 2013

¿Qué condiciones debería cumplir un sistema de impuesto a la renta equitativo?

Dentro de las razones que justifican el cobro de impuestos, dos aparecen como las más relevantes: financiar el funcionamiento del aparato estatal, y con él de todos los servicios que éste otorga, y redistribuir ingresos. Ambas poseen potente sustento, tanto académico como empírico.

En el primer caso, los fundamentos dicen relación con el hecho indesmentible de que todos los habitantes de un país, cual más cual menos, reciben servicios del Estado, por lo que, como lógica consecuencia, deben contribuir a su financiamiento. Desde esta óptica, la situación ideal sería aquélla donde cada ciudadano contribuya al financiamiento del Estado en proporción a los servicios que recibe de éste. En otras palabras, mientras más recibo, más pago.

Un caso particular a este respecto son las empresas y demás organizaciones con y sin fines de lucro. Ellas son consumidoras intensivas de servicios estatales. Sólo a manera de ejemplo, mencionaré los que detallé en un artículo anterior: iluminación pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un completo marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc. y etc.

El asunto es que estos servicios son indispensables para generar la renta, en el caso de las empresas, y para alcanzar los objetivos planteados, en el de las organizaciones sin fines de lucro. Si ellos no están presentes, las utilidades no podrían generarse ni los objetivos alcanzarse. Imagine usted un banco sin normativa civil: no podría hacer contratos, por lo que estaría impedido de captar y colocar recursos (salvo que volviéramos a los tiempos de la mafia, que puede darse el lujo hacer ambas operaciones en ausencia de legislación ad-hoc).

Una consecuencia evidente de este hecho es que NO TODAS las utilidades antes de impuestos son rentas del capital, vale decir, no todas pertenecen a los propietarios de las empresas. Antes de que ello ocurra, deben rebajárseles los costos asociados a los servicios que reciben del Estado. De no hacerse así, se estaría en presencia de un subsidio (que se produce, no olvidemos, cuando el Estado entrega bienes o servicios a las personas, naturales o jurídicas, y éstas no los retribuyen)

El problema de cómo cobrar estos servicios, lo han resuelto la mayoría de las naciones del mundo mediante un expediente muy simple: el impuesto a las utilidades de las empresas. En este enfoque, dicho impuesto corresponde al pago que efectúan las empresas por los servicios recibidos de parte del Estado, y en ningún caso es un gravamen a las ganancias de capital.

Como nada en la vida es perfecto, con este mecanismo quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurre con las organizaciones sin fines de lucro? ¿Deben ser subsidiadas? ¿Y con las empresas con pérdida acumulada? Siguen consumiendo servicios del Estado. ¿Cómo deberían pagarlos? ¿Y qué ocurre si estas empresas cambian de dueño? ¿Es razonable que éste utilice la pérdida acumulada para rebajar sus propios impuestos, a pesar de que sigue consumiendo servicios estatales? Un estudio intensivo al caso Johnson´s y su relación con el holding Cencosud podría dar más luces acerca de este espinoso tema.

En un sistema de impuesto a la renta equitativo, entonces, tanto personas naturales como empresas deberían tributar por separado, como retribución de los servicios que reciben del Estado. En ningún caso se debería pretender que todas las utilidades antes de impuesto son ganancias de capital. Sólo las utilidades después de impuesto poseen tal condición.

La segunda razón relevante por la que se cobra impuestos es para redistribuir ingresos. Aquí los argumentos que la respaldan nacen de la misma concepción de sociedad. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

Como en todas las definiciones potentes, se desprenden de ésta muchos corolarios. Destaquemos dos:

Las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una sociedad para ser perjudicado, o para ser sometido, o para ser explotado; por el contrario, todos buscan alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

Las sociedades son interdependientes: todos necesitamos de todos. Los grandes empresarios, los profesionales, los funcionarios públicos son tan necesarios como los albañiles, los recogedores de basura y los dependientes de los supermercados; como los policías, los soldados y los gendarmes; como los operarios de call center, los obreros de la construcción y los pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera la basura.

Como consecuencia de lo anterior, nace el problema de la distribución de los ingresos.

Es la concentración de poder, tanto político como económico, la que provoca la mala distribución del ingreso. Para comprobarlo, es cosa de revisar la historia. Ya sea por una condición humana instintiva, o por otro origen difícil de precisar, lo concreto es que cuando alguien dispone de poder, tiende a usarlo en beneficio propio. Haga usted el ejercicio: analice los países con mala distribución del ingreso, como el nuestro, y le aseguro que encontrará varias características comunes: una brutal concentración de poder político y económico; una institucionalidad construida a propósito para mantener el statu-quo; el papel del Estado disminuido a su mínima expresión; ausencia de organizaciones poderosas de defensa del ciudadano común y corriente; sindicalismo precario; sistemas tributarios que favorecen a los más acomodados; autorización implícita para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos, etc.), etc.

En los países desarrollados, aparte de todas las medidas que se requieren para desconcentrar el poder, esta situación de inequidad se corrige en parte mediante los impuestos. El argumento que sustenta tal posición es que un excesivo desnivel de ingresos (en Chile el decil más acomodado gana más de 30 veces lo que percibe el más necesitado) revela un mal funcionamiento de la economía y, por qué no decirlo, de la sociedad. Una sociedad con esos niveles de desigualdad es una sociedad enferma. Nadie, salvo los que sacan provecho de esa situación, querría pertenecer a una sociedad así. ¿Cómo aquellos menos favorecidos pueden, en semejante escenario, siquiera pensar en conseguir sus objetivos de vida?

De ahí la necesidad de que quienes más reciben, más aporten, devolviendo así, al menos en parte,  el sobreprecio que han cobrado a la sociedad por sus actuaciones en ella. Tal es el sustento de las tasas crecientes de impuesto a la renta para quienes superan ciertos tramos de ingreso. Y por ello es que éstas deberían estar presentes en un sistema de impuesto a la renta equitativo.

Analicemos ahora, a la luz de lo expuesto, nuestra criolla realidad: empresas que tributan sólo para pagar los impuestos de sus propietarios y que, en consecuencia, son subsidiadas por el resto de los chilenos; empresarios que, al contrario de cualquier profesional o dependiente, no pagan sus impuestos de su propio bolsillo; uso de pérdidas acumuladas de empresas adquiridas, para rebajar los impuestos propios; tasas exiguas que gravan los tramos más altos de ingresos (la propuesta de reforma tributaria de Bachelet pretende disminuirlas aún más); decenas de granjerías que, con cualquier pretexto, sólo favorecen a los más acomodados; una deuda del Estado con los empresarios (el FUT) que crece sin medida; etc. Hablamos de un sistema donde ninguna de las dos razones para cobrar impuestos mencionadas más arriba, se aplican como corresponde. De hecho, ni siquiera se aplican. ¿No son éstas las características de un sistema inmoral, donde no sólo no se corrige la mala distribución del ingreso sino que ella se acrecienta día a día? ¿Qué opina usted?

Para terminar, un solo dato (que vale por miles de argumentos): según el último informe del Banco Mundial, Chile ocupa el lugar 39 en términos de Ingreso Nacional Bruto. Sin embargo, en el ranking Forbes de las 500 mayores fortunas, está en el lugar 11, emparejada con Italia y Canadá, y superando de manera contundente a países como Australia, Japón, Austria, Suiza, Corea del Sur, España, Noruega, Holanda, Finlandia, Irlanda, Bélgica y Nueva Zelanda, todos con mayores ingresos per cápita y evidentes mejores condiciones de vida que el nuestro. ¿Es eso razonable? ¿Es lógico? ¿Es tolerable? ¿No será el momento de irle poniendo término?

Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, uno de los primeros pasos, amigo lector, es modificar nuestro inmoral sistema tributario, incorporándole las dos condiciones reseñadas más arriba.


El problema es que ninguno de los bloques con más posibilidades de ganar las elecciones parece dispuesto a hacerlo. ¿No sería hora ya de preguntarse por qué?

martes, 13 de agosto de 2013

Jauja... ¿un país desarrollado?

Permítanme presentarles a Jauja, un país de 17 millones de habitantes (contados mediante un censo bien efectuado, hay que decirlo) que colinda con Ningunaparte, Nosedonde y Aquinohaynada, y cuyo PIB pasó de US$ 360 mil millones en el 2011 a US$ 400 mil millones el 2012.

Ocurre que Jauja es una monarquía absoluta y su rey, Neoliberato I eI Grande, amo y señor indiscutido, recibe el 80% de dicho PIB (el PIB y el Ingreso Nacional coinciden, ya que Jauja no recibe inversión extranjera ni tiene intereses en el exterior). Hay un grupo de grandes señores de la nobleza que se reparten un 15%, 1 millón de funcionarios públicos que perciben un 4%, y poco menos de 16 millones que son esclavos y, entre alimentos y ropajes, reciben lo que sobra.

Durante el año, en un acto supremo de benevolencia y solidaridad, Neoliberato entregó a sus esclavos, en una emotiva ceremonia, la propiedad de los sucuchos donde, una vez cumplidas sus 18 horas de trabajo, ellos pernoctan hacinados. Quiso con eso, tal vez, compensar el hecho de que la población, producto del excesivo trabajo y las pésimas condiciones de vida, se haya mantenido estable entre un año y otro.

Las cifras macroeconómicas de Jauja son excelentes, un verdadero círculo virtuoso de su economía (¿dónde oí esa expresión antes?): pleno empleo, un 100% de familias propietarias de sus viviendas y una tasa de crecimiento del PIB de un 11,1%. Extraordinarias, sin duda. Y ¡oh sorpresa! un PIB per cápita de US$ 23.529, que lo transforma, según los criterios de nuestras actuales autoridades (y, al parecer, también del principal bloque opositor, no lo tengo del todo claro), en un país desarrollado.

Neoliberato y sus cercanos, orgullosos de tales guarismos, los destacan cada vez que pueden. No cualquiera alcanza el desarrollo. Para ellos, el modelo económico que ha permitido lograrlas es sagrado. Cuando algunas voces disidentes (moscas las llaman: nunca faltan, son terriblemente molestas y lo ensucian todo) se alzan para hablar de desigualdad, arremeten argumentando que ésta proviene de la naturaleza (alguno por ahí responsabiliza a Dios) y que, en consecuencia, no es solucionable con la intervención humana. Cuando las mencionadas voces critican el modelo, lo defienden recurriendo a las cifras macroeconómicas y a la cantidad de automóviles que circulan en las calles. Cuando se cuestiona la existencia de esclavos, arguyen que su liberación pondría en peligro todo lo obtenido, que sería un golpe mortal al crecimiento. Por lo demás, señalan con vehemencia, éstos no pueden estar disconformes con su situación. Después de todo, ella ha mejorado notablemente: ya no se les azota ni se dispone de sus mujeres cuando uno quiere. Incluso beben leche una vez a la semana.

Lo importante, claro, es mantener todo como está (no se modifica aquello que funciona bien). Sólo así Jauja seguirá creciendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.


De los que merecen ese nombre, por cierto. ¿Los esclavos? Ésa es harina de otro costal.

jueves, 8 de agosto de 2013

A propósito de censos y estadísticas varias

A propósito del último censo y de la aguda polémica que se ha generado en torno a sus resultados, es ilustrativo conocer algunas máximas que, a lo largo de la historia, diversos autores han vertido acerca de las estadísticas:

La estadística es la primera de las ciencias inexactas;

La estadística ha demostrado que la mortalidad de los militares aumenta en tiempo de guerra;

La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, ambos tenemos uno;

La estadística es la única ciencia que permite a diferentes expertos que utilizan las mismas cifras, sacar conclusiones diferentes;

El ser humano promedio tiene una mama y un testículo;

Está el caso del hombre que se ahogó cruzando un arroyo cuya profundidad media es de 30 centímetros.

Hay tres clases de mentiras: las mentiras propiamente tales, las condenadas mentiras y las estadísticas;

Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras;

Los hechos son tozudos;  las estadísticas, en cambio, son más flexibles;

Las estadísticas me producen la misma impresión que las minifaldas: lo que muestran es muy atractivo, pero siempre ocultan lo vital;

Si usted quiere aumentar la riqueza promedio de una población tiene dos opciones: aumentar la riqueza o disminuir la población;

En los tiempos antiguos no tenían estadísticas, así que tenían que echar mano a las mentiras;

Se puede asegurar estadísticamente que de cada cien personas, cincuenta son la mitad;

En realidad viajar en avión es muy seguro. La estadística demuestra que la casi totalidad de los fallecidos en accidentes aéreos han muerto en el suelo;

La inmensa mayoría de las personas tiene un número de piernas superior al promedio;

Tomar alcohol es desastroso para la salud. Un estudio estadístico demostró que la totalidad de las personas que bebieron alcohol en 1890 se encuentran fallecidas;

Pero si el alcohol es muy malo, los hospitales son aún peores. Está demostrado estadísticamente que la probabilidad de morir en un hospital es mucho mayor que la de hacerlo en cualquier otro sitio.

Y mi favorita: La estadística es el arte de elaborar conclusiones inverosímiles a partir de cifras serias y confiables.


En momentos en que los resultados de nuestro último censo, con 33 millones de dólares encima, transitan hacia un vertedero, es bueno tenerlas a la vista.

miércoles, 7 de agosto de 2013

¿Pagan las empresas impuesto a la renta por las utilidades que no distribuyen?

Es preciso corregir, para no continuar usando argumentos incorrectos en la discusión tributaria, un error básico demasiado extendido en materia de impuesto a la renta. No es efectivo que las empresas paguen impuestos de primera categoría sólo por las utilidades que distribuyen. Eso es algo así como un mito urbano sin ningún asidero en la realidad. Como cualquier contador entendido podrá confirmar, ellas los pagan, año tras año, por la totalidad de su renta líquida.

Permítame explicarlo con un ejemplo: si la empresa XYZ tuvo una utilidad antes de impuesto de $ 200 millones y distribuyó $ 50 millones, pagará con la tasa actual $ 40 millones por concepto de primera categoría, y no $ 10 millones como muchos, equivocadamente, sostienen.

El mito urbano posiblemente se origina en que la normativa establece que las empresas no son sujetos de impuesto a la renta. Sólo las personas naturales lo son. Por tal razón, los tributos que pagan aquéllas no son de beneficio fiscal, sino meros anticipos a cuenta de los impuestos personales de los empresarios. Estos últimos se rebajan de los primeros, pagándose sólo la diferencia (o recibiéndose la devolución del excedente) que se produjere. Por cierto, si la ingeniería tributaria funciona bien, la diferencia a pagar debería ser cero.

El tan cacareado FUT es sólo un registro donde se anota este singular procedimiento. Allí se apuntan, entre otras partidas, las utilidades que ya pagaron anticipo pero que aún no han sido distribuidas (el FUT propiamente tal) y los anticipos pagados que no han sido usados por los empresarios

Varias consecuencias se desprenden del uso de este mecanismo. Veamos algunas:

Este mecanismo NO favorece la inversión en las empresas, como sostienen sus defensores. Mal podrían invertir las empresas el diferencial de impuestos entre las utilidades devengadas y distribuidas ($ 30 millones en el ejemplo anterior) si éste está en manos del Estado.

Favorece la elusión, ya que incentiva a los empresarios a buscar formar de sacar utilidades de las empresas sin pagar excedentes de impuestos.

Dado que en la práctica los empresarios no pagan (o pagan muy poco) impuestos a la renta (ya dijimos: las empresas se los pagan), acentúa y favorece la concentración de la riqueza.

Y,  quizás la más grave, es que lleva implícito un subsidio de toda la sociedad a las empresas y empresarios, ya que al no ser de beneficio fiscal los tributos que pagan las empresas, éstas reciben a título gratuito todos los cuantiosos servicios que les entrega el Estado.

Y ahora, la pregunta del millón: ¿por qué un sistema que no tiene ventaja social alguna ha estado vigente durante 30 años y nadie, ni la Alianza ni la Concertacióna, ha hecho nada por cambiarlo?

Ya sabemos que Mathei lo defenderá a rajatablas. Sería interesante conocer en detalle lo que pretende hacer Bachelet al respecto.