Programas de las candidatas: la equidad ausente

Quizás la diferencia fundamental entre una economía tercermundista y una que aspira en serio a transformarse en “desarrollada”, es cómo ambas enfrentan peliagudo tema de la inequidad.

Para la economía tercermundista, ésta es un dato; algo así como el clima o la topografía. Se pueden efectuar intervenciones que provoquen cambios minúsculos en ella, pero en lo esencial permanecerá inalterable. Como una cadena montañosa o un desierto milenario.

Para una nación que se toma en serio el tema del desarrollo, en cambio, la inequidad es un problema grave, y como tal, debe ser explícitamente enfrentada, medida, atacada y, lo antes posible, solucionada.

En las propuestas de nuestras candidatas finalistas, prima el enfoque tercermundista. En ambas. Y la prueba de ello es que en sus programas (revíselos en detalle, si no me cree) no figuran ni objetivos, ni indicadores de medición ni estrategias para reducir ese peliagudo flagelo.

Ambas propuestas mencionan la palabra desigualdad, es cierto (más la de MB que la de EM). Sin embargo, convendrá usted conmigo que eso es claramente insuficiente para programas que se precian de serios. Para atacar frontalmente a la inequidad, es imprescindible medirla (como es archisabido, no se puede mejorar aquello que no se puede medir), y para ello debe especificarse qué instrumentos se usarán, y cómo se espera que evolucionen una vez que el contenido de los programas haya sido implementado en su totalidad. Las propuestas de las candidatas omiten, de manera absoluta, dicha especificación, lo que permite concluir en forma tajante que no abordarán este complejo tema en sus eventuales gobiernos (si considerasen hacerlo, lo habrían señalado de manera explícita, ¿no cree?).

Las dos herramientas más utilizadas en la medición de la desigualdad, son el coeficiente de Gini y la relación 10/10 (relación entre el ingreso promedio del 10° decil y el del 1°). Según el Banco Mundial, el coeficiente de Gini de Chile es 0,52 (aunque algunos investigadores plantean que, dado que los ingresos del decil más acomodado estarían subvaluados, la cifra real sería del orden de 0,57), y para llegar al nivel de los países desarrollados, debe disminuir hasta 0,30. La relación 10/10 de Chile, también según el Banco mundial, es 28, y alcanzar el nivel de los países desarrollados significaría reducirla a un dígito (menos de 10).

Si el tema de la desigualdad en verdad fuese relevante para las candidatas, estas cifras deberían haber sido explicitadas, como también la intención expresa de reducirlas y las medidas concretas propuestas para tal efecto. Pero por sobre todo, no deberían existir en las propuestas medidas que apuntaran en sentido contrario, vale decir, que contribuyeran a aumentar la desigualdad en lugar de reducirla.

Revisemos brevemente las propuestas de reforma tributaria de ambas candidatas. La de Evelyn Matthei  ―no hacer nada― perpetúa una de las causas más relevantes de la concentración de la riqueza (y, por ende, de la desigualdad) en nuestro país: el actual sistema de impuesto a la renta, el más inequitativo de la OCDE y uno de los más inequitativos del mundo. La de Michelle Bachelet no lo hace mucho mejor: no sólo no elimina el mecanismo que produce la concentración (el hecho de que las empresas paguen los impuestos de los empresarios, permitiendo que éstos a su vez no los paguen), sino que incorpora medidas que, con el pretexto de favorecer la inversión y el ahorro, descargan verdaderos bombazos sobre el combate contra la desigualdad.

Considere usted la depreciación instantánea. Dicha medida, bien administrada por las empresas, permitirá que en aquellas industrias intensivas en bienes de capital ―minería, generación de energía, transporte terrestre, aéreo y marítimo, pesca, etc.―, no se pague nunca impuesto a la renta. Imagínese usted el escenario: se pretende aumentar la recaudación de impuestos por un lado, y por otro se disminuye de manera brutal, y justamente en sectores que normalmente se las arreglan para pagar pocos impuestos. Y también hay daños colaterales, ya que si hoy vendemos a precio vil nuestros minerales (cobrando un royalty irrisorio y permitiendo depreciación acelerada, entre otras granjerías), con esa medida los estaremos regalando.

Considere además el “incentivo al ahorro” que se propone. Hoy, con la aplicación del 57 bis, se genera una menor recaudación de global complementario superior a los USD 200 millones anuales. La medida propuesta la disminuirá aún más. Y nótese quiénes son los beneficiarios de esta granjería: los grandes inversionistas, aquéllos que disponen de los recursos necesarios para ahorrar fuertes cantidades, el grupo de mayores ingresos del país. ¿Combate contra la desigualdad? ¿En qué mundo vive la Nueva Mayoría?

Por último, considere que el principio del beneficio ―todos quienes reciben servicios del Estado, sean personas u organizaciones, deben contribuir a financiarlo en proporción a los servicios que reciben―, que debe estar presente en todo buen sistema tributario, se seguirá trasgrediendo impunemente, ya que el “sistema integrado” de impuesto a la renta (una aberración tributaria que no existe en ningún otro país de la OCDE) no será modificado, permitiendo que las empresas, en lugar de pagar sus propios impuestos, continúen pagando los de sus propietarios.

Así las cosas, seguiremos por lo visto con coeficientes de Gini superiores a 0,50 por los próximos cuatro años. Hasta que algún mandatario valiente sea capaz de evadirse de las garras de los “impuestos integrados” y se atreva a cobrar a quienes más tienen, los tributos que corresponden; hasta que en el Congreso aparezcan parlamentarios que no estén sólo preocupados de su beneficio personal, sino también del de sus representados; y hasta que la Prensa decida retomar el papel de Cuarto Poder que alguna vez se autoasignó, y al cual renunció hace bastante tiempo, para hacer las preguntas pertinentes en los debates y transparentar temas como éste.

Pero para eso, desgraciadamente para todos los chilenos de a pie, tendrán que transcurrir otros cuatro años.