jueves, 5 de diciembre de 2013

El Estado negligente

Cuando hay descuido en el cumplimiento del deber, hablamos de negligencia.

Siempre es una conducta inapropiada, no cabe duda, pero hay casos en que sus consecuencias son tan graves (malos diseños de arquitectos, cálculos erróneos de ingenieros, procedimientos mal ejecutados por médicos) que tiene sanción penal. Un descuido que afecta la integridad, e incluso la vida, de las personas, no puede ser impunemente tolerado por la sociedad. Su ocurrencia debe ser sancionada y así lo establece, de hecho, nuestra normativa.

Nada dice ésta, sin embargo, cuando quien comete la negligencia, cuando quien peca de inaceptable descuido, es una institución (nuestro ordenamiento legal sólo sanciona a las personas naturales). Y menos aún, cuando esta institución es el Estado.

Porque el Estado también comete descuidos que afectan la integridad, el peculio e incluso la vida, de las personas. Permítame, apreciado lector, detallarle algunos ejemplos:

Anualmente, se cometen en Chile del orden de 50 femicidios. Las estadísticas de Sernam hablan de 299 entre 2007 y 2012, y 36 (41, si incluimos a los hijos asesinados) en lo que va corrido del 2013. En la mayoría de los casos, hay antecedentes previos de violencia intrafamiliar; en casi un 50% de ellos, de hecho, había denuncias que llegaron a la justicia, donde se dictaminó la prohibición del victimario para acercarse a la víctima.

Ni hablar de los casos reiterados de violencia intrafamiliar, que suman miles, y donde también, en muchos de ellos, existen dictámenes judiciales que impedirían al agresor tomar contacto con los agredidos.

Uno supondría que ante tal escenario, el Estado estaría enfrascado en una lucha contra el tiempo para generar mecanismos que permitan, si no eliminar, al menos reducir este flagelo.

Pero no. El Estado chileno ha sido negligente en custodiar las preciosas vidas de sus ciudadanas. Con un retraso de unos 20 años, se publicó en nuestro Diario Oficial el 27 de junio del año pasado la ley 18.216, que autoriza, entre otras medidas, el uso del brazalete electrónico como medida alternativa a la privación o restricción de libertad. El reglamento correspondiente se publicó el 18 de enero del año en curso. Casi un año más tarde, no se registra avance alguno en la materia. Estamos en punto cero. Aún no se decide el tipo de sistema a implementar y, menos aún, se efectúa la licitación correspondiente. Tendremos que esperar seguramente hasta el próximo gobierno para que salga humo blanco. Si es que sale, por cierto, pues desconocemos las prioridades de la nueva Presidenta en la materia. Razones de la demora puede haber muchas, pero el hecho concreto es ése: si un tribunal de la República determina que un sujeto culpable de violencia intrafamiliar no puede acercarse a su víctima, hoy no hay manera alguna de controlarlo.

Y, por cierto, está la circunstancia de que en los hechos, la protección es impracticable. En efecto, la ley (y por consiguiente el reglamento) fue redactada con el codo, ya que entrega el control de un sistema destinado a prevenir un delito, a Gendarmería, institución que carece de la capacidad técnica, física y legal para ejercerlo. Por ejemplo, si ella llega a detectar una conducta del eventual victimario que pone en peligro la vida de la víctima (si el sujeto se acerca peligrosamente al domicilio de ésta, por ejemplo), no tiene posibilidad alguna de transformarla en una acción efectiva de protección en un lapso razonable. La víctima estará muerta antes de que alguien pueda mover un dedo para salvarla.

Así que en los próximos años, por negligencia de nuestro Estado, tendremos que lamentar más femicidios que podrían evitarse. Hasta que se implemente un sistema adecuado y se deje en manos de quien corresponda. ¿Y nuestros legisladores y funcionarios gubernamentales, responsables del desaguisado? Muy bien, gracias. Siguen cobrando regularmente su sueldo (nada de despreciable) a fin de mes.

Siguiendo con los sistemas de telemonitoreo, ¿tiene usted, amigo lector, alguna explicación de por qué no se exige legalmente que todos los automóviles nuevos (y los notebooks) vengan de fábrica con un sistema de posicionamiento satelital incorporado? Yo puedo darle una: el nuestro es un Estado reactivo, que no está pendiente de hacer uso de los avances tecnológicos en beneficio de sus ciudadanos.

Otra perla para el collar: ¿ha oído hablar del sistema AFIS? Es un sistema de identificación avanzada que usan, desde el 2009, nuestras policías. Como en las películas, si usted tiene las huellas de un delincuente y quiere identificarlo, las introduce en el sistema y éste las compara con una base de datos, entregando el resultado a los pocos minutos. También se usa cuando existe una víctima sin identificar (ya sea a consecuencia de un delito o de un accidente).

Excelente noticia, dirá usted. ¿Dónde está ahí la negligencia del Estado? Pues, nada menos que en la base de datos. Las restricciones impuestas por nuestros colegisladores al uso del sistema, permiten que en ésta sólo estén, a la fecha, los datos de la policía y los de quienes han sido condenados por penas aflictivas. De nadie más. De manera que si el delincuente en cuestión es primerizo o no ha sido aún condenado, o si la victima por identificar no es policía ni un malandrín ya prontuariado, el sistema no sirve. Usted no puede usar la vía pavimentada, sino que tiene que utilizar el camino de tierra (varios días de trabajo manual, con apoyo de peritos y con resultado incierto). Nuestro Estado negligente se ha encargado, pues, de torpedear un excelente sistema destinado a agilizar la acción de la policía, evitando su pleno uso y obligando a ésta a utilizar su escaso tiempo en actividades innecesarias. ¿Cómo lo halla?
Cuarto otrosí, como dicen nuestros abogados (y a propósito de un tema legal): se comenta desde hace varios años en los pasillos de los juzgados y en los cuarteles de la policía (imagino que los abogados de las entidades crediticias también habrán escuchado el comentario), que nuestro actual sistema de remates, tanto de automóviles como de inmuebles, podría llegar fácilmente a convertirse en escenario de la acción de las mafias de la droga. Se dice que podrían aprovechar, si quisieran, en su beneficio un vacío legal: que no se obligue al adjudicatario del remate a inscribir a su nombre el bien adjudicado. Las mafias podrían adquirir los inmuebles, tramitar los alzamientos correspondientes, y colocarlos (con alguna ganancia, por cierto) en poder de terceros adquirentes, quienes procederían a efectuar la correspondiente inscripción. Se podría evitar, con ello, dejar huellas.
Un Estado previsor, preocupado de sus ciudadanos, debería estar alerta a estos comentarios y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier mal uso de nuestros procedimientos legales. La solución es sencilla: establecer la obligación del adjudicatario, del que figura en el acta de remate, de inscribir el bien adjudicado a su nombre para perfeccionar la operación, impidiendo un eventual traspaso a terceros antes de que éste ocurra. Eso haría bastante difícil que una posibilidad como la mencionada, llegara a materializarse. Por cierto, nuestro Estado negligente no lo ha hecho. Tampoco se tiene noticia de que esté planeando hacerlo. Tal vez estará esperando que la potencial amenaza deslizada en los comentarios se concrete, para actuar reactivamente.
Dejemos, en beneficio del espacio, sólo esos cuatro botones de muestra por el momento. Hay muchos más. Usted, estimado lector, conocerá seguramente varios. Y la causa de todos, insistamos, es evidente: tenemos un Estado negligente, un Estado reactivo, incluso indolente.
Sería hora de irle poniendo atajo a esta situación, ¿no le parece? Aunque con la limitada capacidad de maniobra que tenemos los ciudadanos de a pie, no veo cómo. Aquéllos que son creyentes tienen al menos la opción, siguiendo el ejemplo de Evelyn, de implorar al Magnánimo. En una de ésas, se apiada y nos envía políticos que se preocupen realmente de las necesidades de la gente. Los que no lo somos, estamos liquidados: tenemos que depender del azar. Y las probabilidades, según lo que hemos constatado en estos 24 años de democracia, son bajas. Casi inexistentes.

Tal vez en los próximos 24 años, si tenemos suerte… Dios dirá.