Los desafíos del nuevo gabinete
Tenemos gabinete, por fin. Y con sorpresas surtidas, hay que decir. Esperemos, por el bien del país, que sea muy exitoso; que quienes lo
conforman cumplan, al igual que todo el resto del gobierno (Presidenta
incluida), los requerimientos y exigencias que impone el Chile de hoy.
No sirve de nada especular ahora respecto de si lo harán
bien —si estarán a la altura del cargo que están asumiendo—, o si el exceso de
expectativas, la falta de experiencia o lo que sea, les pasará la cuenta. La sabiduría
popular es clara al respecto: “en la cancha se ven los gallos” y “el movimiento
se prueba andando” son dichos plenamente aplicables en este caso. Tienen la
oportunidad de hacer algo grande; ojalá que la aprovechen.
A nosotros, la opinión pública, nos corresponde evaluarlos.
Y para ello, para disponer de algún parámetro, nada mejor que pasar lista a
algunos de los desafíos que enfrentan.
Primero que nada, y en forma global, deberán encargarse de reducir
la desigualdad. Es un propósito explícitamente declarado por la Presidenta. Por
lo tanto, deberán informarnos lo más pronto posible qué indicador(es) utilizarán
para medirla (como es archisabido, no se puede mejorar lo que no se puede medir)
y a qué cifra específica pretenden llevarlo (por eso de que los objetivos deben
ser explícitos, para que podamos evaluar inequívocamente su cumplimiento).
En cuanto al tema de la educación, la intención declarada
es llegar a tener una educación pública de calidad y gratuita en todos los
niveles. Ello significa, como se ha hecho en todos los países desarrollados por
lo demás, elevar por parejo (no con ese absurdo y segregador sistema de los “liceos
de excelencia”) el nivel de todos los establecimientos públicos, sin excepción.
Tanto los de Santiago, como los de regiones. ¿Cómo se llevará esto a efecto?
Hay que desmunicipalizar, obvio (si usted quiere intervenir un sistema, mejorarlo
por parejo, no puede estar obligado a convencer a más de un centenar de
encargados, todos con capacidades, intereses, recursos y enfoques distintos).
¿Cómo se hará? Debemos saberlo a la brevedad. ¿Y cómo se medirá la calidad del
sistema? ¿Con qué indicadores? Es preciso conocerlo pronto, para poder
evaluar su cumplimiento. ¿Y a qué cifras se pretende llevarlos? También es urgente conocer qué objetivos impondrá la Presidenta
en este ámbito.
Desde luego, para elevar la calidad de la educación se
requiere de una intervención integral a lo que hoy existe. Hablamos de capacitar
a los profesores y directores, de evaluar su rendimiento, de contar con una
infraestructura similar a la que poseen los establecimientos privados (confort,
tecnología, instalaciones deportivas y recreacionales), de sistemas de estudio
que recojan las exigencias y las técnicas del siglo XXI, etc. Si se va a
intervenir el sistema educacional, hay que hacerlo en serio. ¿Cuál es el plan
que se pretende implementar para abordar todos estos frentes? ¿Cómo y quién
efectuará el diagnóstico de cada comuna? ¿El de cada establecimiento? ¿Cómo se
determinará el monto de la inversión requerida? ¿Cómo se abordará su
financiamiento? ¿Y cuál es la estrategia para llevarlo a efecto? Son preguntas
que deberían estar respondidas en un plazo breve, y cuyas respuestas deberían
ser dadas a conocer a los dueños del negocio, o sea, a nosotros.
Respecto de la reforma tributaria, es imperativo saber si
se respetarán los principios de equidad y del beneficio en el nuevo diseño, o
si se seguirán trasgrediendo como se ha hecho durante los últimos 30 años. Y si
se van a seguir trasgrediendo, es indispensable que se nos informe las razones
por las que se actúa así, por las que se beneficia a un segmento económico (el de mejor situación económica, por cierto) en perjuicio de la inmensa mayoría de los chilenos (artículo
57bis de la ley de la renta, entre otros varios). Porque, y así se reconoce en
todos los países desarrollados, antes de comenzar a hablar de recaudaciones e
incentivos, es imprescindible tener la certeza de que los principios se
cumplen. Por eso se llaman principios.
En lo concerniente a la salud, es imperativo también
conocer con qué estructura se abordarán los cambios. ¿Con la misma existente,
manteniendo a las municipalidades involucradas? ¿O, al igual que en educación,
se desmunicipalizarán los consultorios? Y si se mantiene la municipalización, ¿cómo
se unificarán los criterios administrativos, los niveles de calidad, las
dotaciones de especialistas, los sistemas de información, los mecanismos de
capacitación del personal, sus remuneraciones, etc.? ¿Y cómo se abordará el
tema de los especialistas? ¿Se otorgarán más becas? ¿Para qué especialidades?
¿Cómo se distribuirán? ¿Y cómo nos aseguraremos que sus beneficiarios trabajen
después en el sector público? ¿Cómo se abordará la insuficiencia de
ambulancias? ¿La carencia de equipos modernos? ¿La renovación tecnológica? ¿Los
evidentes problemas de gestión que existen en muchos hospitales?
En materia de vivienda, ¿con qué medidas se buscará mejorar
las “viviendas sociales” en términos de superficie (tanto del terreno como de
la casa en cuestión), de calidad de terminaciones, de acceso a equipamiento, de
integración socioeconómica, de consumo y abastecimiento de energía? Respecto de proyecto específicos, ¿se seguirá
con la idea de licitar los terrenos del ex aeropuerto Cerrillos (permitiendo
con ellos que las inmobiliarias hagan un feroz negocio con recursos de todos
los chilenos) o se aprovecharán para hacer un gran proyecto de vivienda social
mediante el sistema de organización de la demanda (bien administrado, por
cierto)? ¿Cómo y en cuánto tiempo se eliminarán los campamentos?
En lo referente a energía, ¿se mantendrá la actual política
reactiva de esperar que el sector privado maneje a su antojo el tipo y volumen
de la oferta? ¿O se avanzará, con un criterio proactivo, al estudio en serio de
alternativas no convencionales mediante la creación de una Corporación ad-hoc
que recoja las experiencias mundiales e investigue las tecnologías en
desarrollo para tal efecto (o las cree, si es necesario)? Sería muy interesante,
a este respecto, saber por qué un país con 5.000 kilómetros de costa no se
involucra en el estudio a fondo de la generación mareomotriz.
Y en el ámbito de la minería, ¿se seguirá con la política
de entregar nuestros recursos minerales a precio vil a la empresa privada? ¿O
se optará por comenzar los futuros desarrollos (el litio, entre ellos) por
medio de corporaciones estatales creadas para tal efecto?
Es una reseña, lo tengo muy claro. Sólo un breve muestrario
de la enorme cantidad de desafíos que deberán enfrentar los nuevos ministros,
tanto en los ámbitos mencionados como en todos los restantes. El mensaje es que
los propietarios de esta enorme organización, o sea nosotros, tenernos que
tener acceso a la información completa de qué es lo que se pretende hacer y por
medio de qué mecanismos. Información que debe estar expuesta en un formato
claro, ordenado y digerible, para que quien lo desee, pueda consultarla. En
pleno siglo XXI, no podemos ni queremos seguir siendo tratados como
interdictos, sólo consultados e informados en las materias señaladas para las
elecciones.
Porque no lo somos, ¿verdad?
Comentarios
Publicar un comentario