jueves, 17 de octubre de 2013

¿Iguales ante la ley? No me haga reír

¿Somos los chilenos iguales ante la ley?

En el papel, al menos, sí. Es lo primero que aparece cuando uno hojea nuestra Constitución (hay alguna gente que lo hace de vez en cuando). El primer párrafo del primer artículo de nuestra Carta Fundamental dictamina, textualmente: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Lamentablemente, hasta allí no más llega esa supuesta igualdad. Es pura palabra escrita. Ni siquiera en el momento del nacimiento somos libres. Menos aún, iguales en dignidad y derechos.

En un país donde todo se compra, ¿qué derechos tiene un recién nacido por el sólo hecho de nacer? ¿A acceder una educación de calidad? ¿A recibir una óptima atención médica? ¿A habitar una vivienda cómoda, bien ubicada y bien terminada? ¿A disfrutar de un entorno seguro y grato? ¿A disponer de infraestructura para practicar deportes? ¿A gozar, cuando llegue el momento, de una buena previsión? ¿A obtener un buen trabajo, seguro y bien remunerado? ¿A adquirir bienes de consumo de primera calidad?

La dolorosa verdad es que no tiene ninguno de ellos. Sólo pagando, y pagando caro, puede obtener tales beneficios. De hecho, ni siquiera tiene libre acceso a la justicia, ya que de la misma Constitución se desprende (artículo 19, inciso 3°) que para impetrar sus derechos ante el Poder Judicial debe contar con un abogado (que, como usted ya adivinó, cobra, y bastante caro).

Para qué hablamos de igualdad tributaria, cuando sabemos que un trabajador que gana el sueldo mínimo debe pagar por lo bajo un 40% de éste por concepto de impuestos (entre cotizaciones previsionales y el IVA de su consumo diario), tasa muy superior a la de quienes obtienen rentas más altas. O financiera, si tenemos claro que las tasas de interés que se aplican a las personas de menores ingresos son, por lejos, las más altas del mercado. Deslindan, de hecho, con la usura.

¿Y los recursos naturales, aquéllos que la naturaleza, en teoría, puso gratuitamente a disposición de todos los habitantes de un país? Sería lo mínimo, ¿verdad? Que todos pudiéramos disfrutar sin costo de aquello que la naturaleza nos regala.

Pero no. Ni siquiera sobre ellos tiene derechos un recién nacido. El agua está toda en manos privadas; la pesca está entregada, gratis, por 20 años a 7 familias (gracias a una ley que contó con el beneplácito del oficialismo y de la oposición); los derechos mineros, salvo los que retiene Codelco (a contrapelo de muchos, que abogaban por su privatización), están todos en manos de privados (quienes, hasta no hace mucho, no pagaban un peso por el material extraído); y los bosques nativos (los de la zona central, al menos) fueron exterminados por privados en pro de un desarrollo forestal que sólo favorece a los grandes grupos económicos (vaya a darse una vuelta por la Cordillera de Nahuelbuta y, de seguro, le darán ganas de llorar).

La tendencia es ésa: privatizarlo todo. Dejar al Estado reducido a su mínima expresión. Despojar al bebé de nuestro ejemplo, de lo poco que pueda irle quedando. Quienquiera que gane la próxima elección, la Alianza o la Nueva Mayoría, seguramente profundizará el proceso. Continuarán las concesiones (estacionamientos, carreteras, parques nacionales, recolección de basura, servicios públicos), el agua permanecerá en manos de particulares, y se seguirán regalando los recursos marinos y los mineros. Tal vez ―la creatividad humana da para todo― llegue el minuto en que tengamos que pagar por el sol y el aire que respiramos, que es lo único de buena calidad (ok, de acuerdo, el aire no) a lo que, hoy en día, nuestro pobre recién nacido tiene acceso.

En este patético escenario, hablar de libertad es una tomadura de pelo. Porque, ¿qué libertad puede tener alguien que carece de derechos? ¿Qué real posibilidad va a tener de elegir su destino? ¿Cómo va a sobrevivir y desarrollarse en el mundo egoísta al que, sin la debida preparación,  lo estamos arrojando?

El primer párrafo del primer artículo de nuestra Carta Fundamental, estimado lector, es letra muerta. En Chile, las personas no nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por el contrario, nacen privadas de sus derechos básicos, y sometidas a indignas condiciones de vida. Salvo, por cierto, que sus padres dispongan de buena situación económica.

Ésa es la situación: un Chile A, para los que disponen de suficientes recursos, y un Chile B, para los que no los tienen. ¿A eso llamamos “nacer libres”?

Semejante planteamiento es una cruenta burla, ¿verdad?, y lo seguirá siendo mientras se mantenga vigente la 
causa que origina tan deplorable escenario: el modelo de desarrollo implementado por Pinochet en los inicios de su mandato, y tan bien administrado por la Concertación durante sus cuatro gobiernos.

Aquél al que el común de la gente llama “neoliberalismo”, y al que sus partidarios más recalcitrantes denominan “economía social (¿) de mercado”.

Aunque lo pertinente sería llamarlo por su verdadero nombre: la ley del más fuerte. O, derechamente, usar el que le asigna la sabiduría popular: la ley del gallinero.