jueves, 17 de octubre de 2013

El Estado Benefactor

No está claro en qué momento de la prehistoria el homo sapiens comenzó a vivir en sociedad. Es muy probable, incluso, que siempre lo haya hecho; que nunca haya vivido solo; que esa condición de “animal social” que hoy detenta, provenga de su inmediato ancestro: aquel “eslabón perdido” que predicen las teorías darwinianas cuyos vestigios, porfiadamente, hasta hoy se niegan a aparecer.

En consecuencia, la cuestión está abierta: se desconoce si el individuo es anterior a la sociedad o viceversa.

En todo caso, aunque muchos piensen lo contrario, ello no tiene relevancia. Lo concreto, lo realmente importante,  es que el hombre ―sea por opción, por obligación o por instinto―, vive en sociedad. Y si lo hace, qué duda cabe, es porque le conviene.

Uno vive en sociedad, entonces, porque el hacerlo conlleva evidentes beneficios. Sin sociedad, no hay orden ni  mercado; no hay empresas ni trabajo ni, por lo tanto, ingresos; no hay construcción (ni, por ende, viviendas) ni comercio; nadie recoge la basura ni limpia las calles; nadie las pavimenta; no hay vigilancia ni iluminación públicas; no hay medios de comunicación  ni bancos ni malls; etc. Nada de lo que conocemos, y a lo que estamos acostumbrados, sería posible si, de la noche a la mañana, todos optáramos por prescindir de nuestros semejantes. En otras palabras, somos capaces de generar rentas y riqueza porque vivimos en sociedad y nos interrelacionamos. Si ello no ocurriese, no podríamos hacerlo.

Por cierto, vivir en sociedad no es algo sencillo. Eso es archisabido. Hay intereses, pensamientos, sentimientos, conductas, comportamientos disímiles, muchas veces contrapuestos. Alguien tiene que poner orden, porque si no, todo sería un caos. Para ello, no sé si sabiamente o no, nuestros ancestros crearon el Estado y le delegaron algunas de nuestras facultades.

Hay profusa literatura acerca de las funciones de este vapuleado organismo. Acerca de qué puede y qué no puede hacer. De cuáles son sus límites. Existen, desde luego, distintas visiones; opuestas incluso. No es mi intención exponerlas aquí. Me interesa, sin embargo, analizar el papel que cumple el Estado en un ámbito fundamental: la distribución de la riqueza que una sociedad es capaz de generar.

Hay tres modelos principales para enfrentar este peliagudo tema.

Uno de ellos, el socialista, plantea que, ya que la riqueza es generada por todos, todos tenemos igual derecho a disfrutar de ella, por lo que debe distribuirse igualitariamente. En este enfoque, la facultad de percibir los ingresos y distribuirlos está radicada en el Estado, y todos los individuos laboran para él. Este modelo, muy extendido durante el siglo pasado, sea por las razones que fuere, fracasó rotundamente. No fue capaz de generar riqueza y tampoco de distribuirla. Hoy, sólo se conserva en unos pocos países (Cuba y Corea del Norte, entre ellos), pero de seguro se extinguirá por completo en los próximos años.

En el otro extremo, está el modelo neoliberal, que plantea justamente lo contrario: que son los individuos los mejores generadores de riqueza, que casi toda la que se produce es exclusiva consecuencia del su esfuerzo, iniciativa y creatividad, y que, en consecuencia, son ellos sus propietarios exclusivos y los únicos calificados para decidir su destino. En este enfoque, el Estado es casi un estorbo, por lo que debe estar reducido a su mínima expresión; y el mercado, el único asignador de recursos competente, por lo cual no debe ponérsele cortapisa alguna. El concepto de equidad aquí no tiene sentido, ya que el individuo no recibe aportes de la sociedad y, en consecuencia, nada le debe. Es necesario, eso sí, preocuparse de la igualdad de oportunidades, esto es, de que cada persona disponga de capacidades similares para enfrentar la dura competencia diaria a la que estará sometida. El neoliberalismo, preconizado por el FMI en sus políticas de saneamiento económico, tuvo un uso bastante extendido a fines del siglo pasado. No obstante, actualmente se está batiendo en retirada, debido a las negativas consecuencias que acarrea su aplicación a las sociedades que la sufren: una enorme desigualdad, con el creciente malestar social que conlleva, y una más que excesiva concentración de la riqueza (¿le parecen conocidas tales falencias?). Además, lleva intrínseca una contradicción vital en su concepción, ya que para obtener la ansiada “igualdad de oportunidades” resulta indispensable un rol activo del Estado, el que no es compatible con uno sus pilares básicos: el Estado ausente.

Más o menos al medio de los dos anteriores, está el modelo socialdemócrata, con la herramienta usada para su aplicación: el Estado Benefactor.

La visión que prima aquí es que la riqueza que se genera en una sociedad es consecuencia del esfuerzo de todos, por lo que todos deben recibir una parte razonable de ella. La desigualdad, según esta visión, es un fenómeno que no sólo obedece a causas naturales o a diferencias de capacidad, sino también a otros factores, el más importante de los cuales es la concentración del poder. En la medida que ésta sea más acentuada, mayor tenderá a ser la desigualdad, pues quienes detentan el poder, inevitablemente lo usarán en beneficio propio, acumulando más riqueza de la que les corresponde.

Para compensar esta asimetría, aparece el concepto de Estado Benefactor (aunque tal vez ése no sea el nombre más apropiado), cuya función primordial es asegurar a todos los miembros de la sociedad ciertos derechos mínimos, normalmente elevados, que reducen de manera drástica la brecha de desigualdad entre los sectores más acomodados y los menos favorecidos.

Los estados benefactores, entonces, garantizan a sus ciudadanos acceso gratuito a educación, salud y vivienda de alta calidad, buena previsión, convenientes seguros laborales, constante apoyo en la búsqueda de trabajo, defensa irrestricta de sus derechos, elevadas dosis de educación cívica, fuerte desarrollo sindical y altos niveles de participación política, entre otras granjerías.

Por cierto, tales beneficios no son baratos, de manera que en los países que utilizan este concepto, los impuestos, en especial los que gravan a los ingresos más altos, son también elevados. Es la forma en la que los sectores más favorecidos devuelven a los menos acomodados los ingresos en exceso que obtuvieron como consecuencia de sus posiciones de privilegio.

Desde luego, el tener un Estado presente, participativo, involucrado en el éxito de sus ciudadanos, no significa que deban ponerse limitaciones al libre mercado y a la iniciativa privada. Las únicas que existen, de hecho, se orientan a perfeccionar su funcionamiento y a evitar los posibles abusos. Se trata de lograr un adecuado equilibrio, no de poner cortapisas sin sentido. Y las libertades personales son muy superiores a las que se consiguen con los otros dos sistemas, ya que las personas disponen de las capacidades necesarias, incluidas las económicas, para ejercerlas. No son letra muerta como en nuestro país, por ejemplo, donde el 70% de la población está imposibilitado de ponerlas en práctica.

Finalmente, un par de constataciones: todos los países desarrollados del mundo poseen un Estado Benefactor. No sólo eso, alcanzaron el desarrollo en andas de dicha institución. No es que la hayan implementado después que cruzaron el umbral. Lo hicieron hace muchos años. La mayor parte de ellos, de hecho, después de la segunda guerra mundial. Pareciera ser, entonces, que como vehículo de desarrollo, es claramente superior a sus alternativas. Es un hecho sabido, por lo demás, que la gente satisfecha tiene mucho mejor productividad que la que vive aplastada económicamente.

Y respecto de la supuesta debacle económica que estarían sufriendo dichos países, le sugiero, estimado lector que le eche un vistazo a los informes económicos del Banco Mundial y de la OCDE. Vea allí cuál es el comportamiento económico de los países con ingresos per cápita sobre US$ 30.000 y comprobará que tal aserto es una falacia.


Como la que nos hemos tragado por ya 40 años: que nuestro modelo neoliberal nos llevará finalmente al desarrollo. Ésa sí que es falacia. Del porte de una catedral.