lunes, 30 de septiembre de 2013

¿Cuál es la reforma tributaria que necesitamos?

La campaña presidencial está lanzada y las propuestas de los nueve candidatos ya circulan por internet, algunas más elaboradas que otras. Todos hablan de cambios, con mucha razón. Son demasiados los que se requieren para convertir el Chile de hoy, uno de los países más desiguales, inequitativos y segregados del mundo, en un país más equitativo, amable e inclusivo.

Sin embargo, el abanico de propuestas acerca de cómo financiar esos cambios es, hasta hoy al menos, deplorable. Casi todos hablan de reforma tributaria (Evelyn es la única que no la considera entre sus prioridades), pero Roxana, Ricardo, Marcelo, Tomás y Marcel se limitan a esbozar el tema, mientras Marco y Franco plantean un par de ideas algo más elaboradas y sería todo (dejo constancia que revisé sus webs ayer domingo por la tarde, mientras escribía este artículo). Sólo Michelle tiene una propuesta concreta al respecto; con claras falencias, pero propuesta al fin y al cabo.

El punto es que la reforma tributaria, aunque Evelyn diga lo contrario, es indispensable. Llevar la educación, la salud, la vivienda, la justicia, la previsión, la seguridad y la defensa del consumidor al nivel que nos merecemos como ciudadanos, y el que tenemos (aunque los neoliberales digan lo contrario) derecho a exigir, cuesta dinero, mucho dinero, y hay que obtenerlo de alguna parte. Además, nuestro actual sistema tributario no escapa a la bárbara inequidad que permea todas nuestras instituciones ―de hecho, parece que lo hubieran diseñado a propósito para generar concentración de la riqueza―, por lo que debe ser modificado también en ese sentido: buscando incorporarle una mayor equidad.

La pregunta pertinente entonces no es si necesitamos o no reforma tributaria, sino ¿cuál es la reforma tributaria que requerimos? A continuación, me permito exponer algunas ideas al respecto.

Partiré señalando que, aunque la mayor recaudación fiscal proviene de allí, el IVA hay que dejarlo para segunda discusión. Coincido con Marco que es un tema a analizar, pero intervenirlo no es tan sencillo como él lo plantea (IVAS diferenciados para distintos productos). Para ejemplificar, supongamos que hoy un kilo de pan cuesta $ 1.000. Si su tasa de IVA, como propone Marco, baja a 5%, según su idea el kilo debería bajar a $ 882. Sin embargo, ¿qué garantiza que esa rebaja se produzca? Puede que algunos, muy pocos, decidan efectuarla, pero, habiendo ya un hábito, lo más probable es que el precio siga siendo el mismo o varíe muy ligeramente. El comerciante (especialmente el pequeño, que se caracteriza por vivir ahogado financieramente) agradecerá de corazón ese mayor margen que le da la modificación legal, pero seguramente lo destinará, al menos en gran parte, a su bolsillo.

Las modificaciones que se caen de maduras están en la otra gran fuente de ingresos fiscales, el impuesto a la renta.

Hagamos un poco de teoría. Dos son las principales razones que justifican el cobro de impuestos: financiar el aparato estatal, y con él de todos los servicios que éste otorga, y redistribuir ingresos.

La primera se fundamenta en que todos, cuál más cuál menos, recibimos servicios del Estado, por lo que debemos contribuir a su financiamiento. Más claro, ponerle un foco delante.

Un caso particular a este respecto son las empresas y organizaciones sin fines de lucro. Ellas son consumidoras intensivas de servicios estatales. Sólo a manera de ejemplo, pueden mencionarse: iluminación, vialidad, urbanismo y seguridad públicas; un marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; un sistema económico que les permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc.

El asunto es que estos servicios son indispensables para generar la renta (empresas), y para alcanzar los objetivos planteados (organizaciones sin fines de lucro). Sin ellos, las utilidades no podrían generarse ni los objetivos alcanzarse. Imagine usted un banco sin normativa civil: no podría hacer contratos, por lo que estaría impedido de captar y colocar recursos (salvo que volviéramos a los tiempos de la mafia, que puede darse el lujo hacer ambas operaciones sin contar con legislación ad-hoc).

Una consecuencia evidente de este hecho es que NO TODAS las utilidades antes de impuestos son rentas del capital, vale decir, no todas pertenecen a los propietarios de las empresas. Antes de que ello ocurra, deben rebajárseles los costos asociados a los servicios que reciben del Estado. De no hacerse así, se estaría en presencia de un subsidio (que se produce, no olvidemos, cuando el Estado entrega bienes o servicios a las personas, naturales o jurídicas, y éstas no los retribuyen)

El problema de cómo cobrar estos servicios, lo han resuelto la mayoría de las naciones del mundo (entre ellas, todas las desarrolladas) mediante un expediente muy simple: el impuesto a las utilidades de las empresas. En este enfoque, dicho impuesto corresponde al pago que efectúan las empresas por los servicios recibidos de parte del Estado, y en ningún caso es un gravamen a las ganancias de capital.

Como nada en la vida es perfecto, con este mecanismo quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurre con las organizaciones sin fines de lucro? ¿Deben ser subsidiadas? ¿Y qué pasa con las empresas con pérdida acumulada? ¿Y con las que, como consecuencia de la depreciación instantánea que pretende introducir Michelle, presentan pérdidas en el ejercicio? Siguen consumiendo servicios del Estado. ¿Cómo deberían pagarlos? ¿Y qué ocurre si estas empresas cambian de dueño? ¿Es razonable que éste utilice la pérdida acumulada para rebajar sus propios impuestos, a pesar de que sigue consumiendo servicios estatales? Un estudio intensivo al caso Johnson´s y su relación con el holding Cencosud podría dar más luces acerca de este espinoso tema.

Nuestra reforma tributaria en ciernes debería considerar, entonces, que tanto personas naturales como empresas tributen por separado, como retribución de los servicios que reciben del Estado. En ningún caso se debería pretender que todas las utilidades antes de impuesto son ganancias de capital. Sólo las utilidades después de impuesto poseen tal condición.

La segunda razón relevante por la que se cobra impuestos es para redistribuir ingresos. Aquí los argumentos que la respaldan nacen de la misma concepción de sociedad. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

Como en todas las definiciones potentes, se desprenden de ésta muchos corolarios. Destaquemos dos:

Las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una sociedad para ser perjudicado, o para ser sometido, o para ser explotado; por el contrario, todos buscan alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

Las sociedades son interdependientes: todos necesitamos de todos. Los grandes empresarios, los profesionales, los funcionarios públicos son tan necesarios como los albañiles, los recogedores de basura y los dependientes de los supermercados; como los policías, los soldados y los gendarmes; como los operarios de call center, los obreros de la construcción y los pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera la basura o donde nadie vigilara las calles.

Como consecuencia de lo anterior, nace el problema de la redistribución de los ingresos.

Es la concentración de poder, tanto político como económico, la que provoca la mala distribución del ingreso. Para comprobarlo, es cosa de revisar la historia. Ya sea por una condición humana instintiva, o por otro origen difícil de precisar, lo concreto es que cuando alguien dispone de poder, tiende a usarlo en beneficio propio. Haga usted el ejercicio: analice los países con mala distribución del ingreso, como el nuestro, y le aseguro que encontrará varias características comunes: una brutal concentración de poder político y económico; una institucionalidad construida a propósito para mantener el statu-quo; el papel del Estado disminuido a su mínima expresión; ausencia de organizaciones poderosas de defensa del ciudadano común; sindicalismo precario; ausencia de educación cívica, sistemas tributarios que favorecen a los más acomodados; autorización implícita para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos), etc.

En los países desarrollados, aparte de todas las medidas orientadas a desconcentrar el poder, esta situación de inequidad se corrige mediante los impuestos. El argumento que sustenta tal posición es que un excesivo desnivel de ingresos (en Chile el decil más acomodado gana más de 30 veces lo que percibe el más necesitado) revela un mal funcionamiento de la sociedad. Una sociedad con esos niveles de desigualdad es una sociedad enferma. Nadie, salvo los que sacan provecho de esa situación, querría pertenecer a una sociedad así. ¿Cómo aquellos menos favorecidos pueden, en semejante escenario, siquiera pensar en conseguir sus objetivos de vida?

De ahí la necesidad de que quienes más reciben, más aporten, devolviendo así, al menos en parte,  el sobreprecio que han cobrado a la sociedad por sus actuaciones en ella. Tal es el sustento de las tasas crecientes de impuesto a la renta para quienes superan ciertos tramos de ingreso. Y por ello es que éstas deberían estar muy presentes en un sistema de impuesto a la renta equitativo (ojo, Michelle, no es llegar y bajar las tasas topes del global complementario y del impuesto único).

Éstos serían los lineamientos generales que deberían enmarcar una futura reforma tributaria. Permítanme ahora proponer algunas medidas que los cumplen, y que, a mi juicio, deberían estar presentes en cualquier propuesta de reforma tributaria que pretenda ser más justa y equitativa:

Establecer que el impuesto de Primera Categoría que pagan las empresas, pase a ser de beneficio fiscal, eliminando la posibilidad (establecida en el artículo 21 de la Ley de la Renta) de imputar contra él los impuestos personales (global complementario y adicional) de sus propietarios. Este cambio permitiría que las empresas volvieran a pagar por los servicios que reciben de parte del Estado y de la sociedad toda, y que les fueron regalados durante los últimos 30 años. Con él, los empresarios deberían comenzar a pagar de su bolsillo sus impuestos personales, lo que los dejaría en condiciones similares a quienes realizan trabajos remunerados. Para dimensionar la mayor recaudación tributaria que este cambio traería consigo, cabe mencionar que en la declaración de renta 2012, entre global complementario y adicional, se usaron como crédito aproximadamente US$ 2.740 millones de dólares.

Seguir gravando, como hasta ahora, a los empresarios por sus retiros y dividendos recibidos.

Incrementar el tributo de primera categoría a un 25%.

Eliminar sin más trámite el FUT, ya que los valores allí registrados debieron pagarse en su momento al Estado como tributos de beneficio fiscal, no como meros anticipos de los impuestos personales de sus propietarios. Ello significaría que, a partir de la modificación legal correspondiente, quienes no hicieron uso de esa franquicia pierden definitivamente la posibilidad de hacerlo.

Prohibir que quienes prestan servicios en forma personal (profesionales, artistas, deportistas, etc.), lo hagan mediante sociedades creadas con el exclusivo propósito de minimizar la carga tributaria.

Eliminar la posibilidad de que las pérdidas de una empresa puedan ser utilizadas por otra distinta a ella (vale decir, la posibilidad de comprar pérdidas tributarias).

Eliminar una serie de franquicias que no son razonables en los tiempos actuales (algunas nunca lo han sido, de hecho), tales como, entre otras: el crédito especial de IVA para empresas constructoras, las rebajas por concepto de intereses de créditos hipotecarios, gastos educacionales y adquisición de cuotas de Fondos de Inversión, y las exenciones de tributación por sobreprecios en ventas de inversiones financieras y ganancias en la venta de bienes inmuebles.

Incrementar las tasas marginales para las rentas más altas (exclusivamente para las más altas), de manera de que se produzca efectivamente, una redistribución del ingreso. En ningún caso, como propone Michelle, rebajarlas (¿de qué redistribución hablamos si se parte rebajando las tasas marginales que gravan, justamente, a quienes mayores beneficios obtienen de este inmoral sistema?).

Y como no se trata sólo de pedir, concordando con Franco, me parece indispensable corregir en esta pasada la discriminación tributaria que se comete contra las familias que optan por que uno de los dos cónyuges permanezca en el hogar al cuidado de los hijos.

Una reforma tributaria como la descrita, aparte de hacer más equitativo nuestro sistema tributario, podría generar, unida a una mejor fiscalización, ingresos fiscales adicionales del orden de US$ 10.000 millones anuales, los que permitirían abordar como corresponde los urgentes cambios que deben efectuarse en casi todas las áreas de acción del Estado.


Dejo planteada esta propuesta como base de discusión. Al menos para confrontarla con la única otra que hasta el momento existe, la neoliberal de Michelle. Tal vez sirva para crear conciencia de cuán inequitativo seguirá siendo nuestro sistema tributario si ésta llega a implementarse.