martes, 24 de septiembre de 2013

Acerca de la verdad, la misericordia, la justicia y los estadistas

Hasta donde sabemos, los escuetos hechos son los siguientes: la madrugada del 18 del presente, volviendo de una fiesta en compañía de dos amigos, el ciudadano Martín Larraín, mayor de edad, atropelló con el todo terreno de color amarillo que conducía, al ciudadano Héctor Canales, mientras éste transitaba por la berma de un camino vecinal. Como consecuencia del impacto, Héctor Canales murió. Sin detenerse a prestarle auxilio, Martín huyó con sus acompañantes del lugar. Éstos, Sebastián Edwards y Sofía Gaete, concurrieron a una comisaría alrededor de una hora más tarde y dieron una versión falsa de los hechos, culpando de ellos a un vehículo inexistente. Por último, tras pesquisas de la SIAT, Martín fue detenido 24 horas después en un control policial y, ante la evidencia acumulada en su contra, reconoció a regañadientes su autoría en el atropello, aunque intentó exculparse y culpar a Canales del mismo (adujo que éste transitaba por la calzada cuando lo impactó). El resultado del alcotest que le practicaron, que no tiene validez alguna, dio cero, y el de la correspondiente alcoholemia, que tampoco la tiene, aún está pendiente.

La verdad de tan lamentable suceso parece estar muy cercana. La versión de los ahora inculpados ―Larraín, por cuasidelito de homicidio; Gaete y Edwards, por obstrucción a la justicia― tiene menos consistencia que una torre de mantequilla en un mediodía veraniego; o que un castillo de naipes a la intemperie en un día ventoso. Según la Fiscalía, los peritajes en el sitio del suceso prueban que Héctor Canales no habría sido atropellado cruzando la calzada, sino mientras se desplazaba por la berma. Además, los tres inculpados habrían huido como conejos asustados tras el impacto; los tres habrían denegado auxilio a la víctima, abandonándola a su suerte sin siquiera preocuparse del estado en que se encontraba; los tres habrían mentido, para tratar de encubrir su participación en el hecho; en fin, los tres se habrían coludido para intentar obstruir a la justicia. No debería ser necesario acreditar si Larraín se hallaba o no bajo los efectos del alcohol, o si conducía su vehículo en forma temeraria, en zigzag y a exceso de velocidad por un camino no apto para ello. La circunstancia de su huída, que según la normativa vigente constituye presunción de culpabilidad, debería bastar para acreditar ambos agravantes.

La misericordia, así como el perdón, son virtudes que sólo pueden ejercerse cuando se conoce la verdad, y cuando el responsable de la acción punible reconoce su culpa. Hace mal el senador Larraín en solicitarla tan temprano, menos aún si su hijo persiste en su insostenible versión de los hechos, y si él mismo avala esta última en sus declaraciones. No se puede pedir misericordia sobre la base de un engaño. Menos aún, sobre la de un falso arrepentimiento.

La justicia, está por verse. ¿Qué penalidad debería recibir, no importa su posición social, un individuo que, producto de su irresponsabilidad y su falta de consideración para con sus semejantes, siega la vida de uno de ellos, destruyendo de paso a su familia? ¿Cuál va a ser la respuesta de nuestro sistema judicial? Habrá que observar con especial atención el desarrollo de este proceso. Será una muy buena experiencia para determinar si en nuestro país las instituciones funcionan como corresponde o si, como una de las tantas consecuencias de nuestra atroz desigualdad, hay una clase de justicia para el Chile A y otra distinta para el Chile B.

Finalmente, está la situación de don Carlos Larraín. Él es, no olvidemos, un senador de la república, y quienes llegan a ocupar tales cargos (se supone, al menos), deben ser personas que reúnen requisitos superiores al chileno común. Aceptemos que, como ser humano, tiene que estar devastado con esta tragedia. También, que debe apoyar a su hijo. ¿Para qué otra cosa, si no, están los padres? Sin embargo, a nuestros senadores tenemos que exigirles un comportamiento más elevado, más exigente consigo mismos,  que a las personas comunes. Ellos están obligados, por el cargo que detentan, a situarse sobre la contingencia, aunque ésta les afecte directamente. Y además, deben demostrar un compromiso estricto con la verdad y con la justicia. ¿Estará don Carlos, en este caso que lo toca tan directamente, a la altura de las circunstancias? ¿O permitirá que sus emociones, que sus sentimientos, se interpongan entre sus acciones y las estrictas exigencias que su investidura le impone?

Habrá que verlo.                               

En todo caso, lamentablemente, ya partió mal. En sus primeras declaraciones tomó partido, y no precisamente por la verdad y la justicia. No actuó como estadista, sino como un hombre común y corriente. Bastante común y bastante corriente, hay que decir. Con todas sus limitaciones, y con todas sus imperfecciones.


Tengámoslo presente, por si no enmienda el rumbo. Ésta es una prueba dura. Una valla muy alta. Si es capaz de salvarla, si se comporta como un verdadero estadista, tendremos que decirle Don Carlos, Senador de la República. Si no es capaz de superarla, si sucumbe a sus propias miserias, será simplemente Carlitos, alguien que ocupó sin merecerla, una de las más altas investiduras de nuestra nación.