La chacota tributaria
Usted
lo escuchó y lo leyó igual que yo. Está escrito, grabado y repetido hasta el
cansancio: el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno tenía
dos objetivos principales: aumentar la recaudación fiscal en USD 8.200 millones
anuales (que serían destinados, principalmente, a financiar la reforma
educacional); y avanzar en equidad, mejorando la distribución de los ingresos,
y reduciendo la evasión y la elusión (artificios que, como resulta evidente,
acrecientan la inequidad).
No
era un buen proyecto, lo sabemos muy bien. Entre varias otras falencias, no
solucionaba la principal inequidad del sistema vigente ―el subsidio que,
financiado por todos los chilenos, se les entrega a las empresas al regalarles
los servicios públicos que consumen―; incorporaba un formidable harakiri
tributario ―la depreciación instantánea―; rebajaba las tasas marginales más
altas, favoreciendo en forma exclusiva a los sectores de mayores ingresos; y
complicaba de manera increíble la normativa atingente, llenándola de
arbitrajes y registros, y transformándola de paso en un verdadero laberinto
plagado de encrucijadas y vericuetos: un contundente panal repleto de miel a
disposición de los golosos expertos del ramo. Un muy mal comienzo, si se
considera que la evasión y la elusión son directamente proporcionales a la
complejidad de los sistemas tributarios.
Contenía,
no obstante, algunos avances en materia de equidad, eficiencia y transparencia,
como la eliminación del artículo 57bis,
la limitación del crédito especial a las empresas constructoras, y una
importante reducción de la tributación según renta presunta.
No
han transcurrido ni siquiera tres meses desde aquello y ―en un escenario en el
que, en teoría al menos, están los votos para aprobarlo― el proyecto se ha
desvirtuado por completo, conspirando groseramente en contra de los objetivos
señalados. De manera similar a lo que ocurrió cuando se tramitó la ley de
pesca, el Gobierno, su oposición interna (la DC), parte importante de la
externa (Allamand, sus boys y un sector de la UDI) y los grupos empresariales ―representados
por Andrés Fontaine, a cuya casa, según Carlos Peña (concuerdo con él en que
eso es impresentable), habría concurrido el ministro Arenas a rendir cuentas (y
pleitesía, de paso) y a recibir las correspondientes instrucciones―, se
pusieron de acuerdo en contra del interés común, y transformaron el “mamotreto”
(llamado así por la propia Presidenta) en un verdadero esperpento, que reduce
de manera drástica los pocos avances que aquél contenía. Es algo archisabido
que si se reúne una comisión a diseñar un caballo, obtiene un camello. Ahora,
si la Comisión en cuestión es la de Hacienda del Senado (que no tiene por qué
saber contabilidad y, de hecho, no sabe), el resultado es algo parecido a un
ornitorrinco. Si ya el proyecto era malo antes de su publicitado acuerdo, ahora
es simplemente nefasto.
Lo
invito a revisar algunos de los “avances” que resultaron de este verdadero contubernio.
Partamos
por el más aberrante: la ampliación del beneficio del “crédito especial al IVA
de las empresas constructoras”, que había sido limitado a viviendas de hasta UF
2.000 por el proyecto del Gobierno, hasta las UF 3.200.
Usted se preguntará por
qué es aberrante; mal que mal se trata sólo de una rebaja del IVA cobrado a las
inmobiliarias por parte de las constructoras que, como tal, no genera problemas
para nadie. Para nadie… salvo para las constructoras. Ocurre que cuando dichas
empresas rebajan el IVA a su clientes (las inmobiliarias), inmediatamente
enfrentan un serio problema financiero, ya que el IVA que cobran es menor que
el que deben pagarle a sus proveedores (cobran un 35% del IVA de las ventas
pero pagan un 100% del IVA de las compras, lo que les provoca, obviamente, un
déficit de caja). En otras palabras, son ellas las que financian la rebaja de
IVA que reciben las inmobiliarias (cuyo traspaso a
sus clientes es imposible de comprobar). Ese financiamiento obligado que deben
efectuar, se extiende por un año en promedio, ya que recién un par de meses
después de la operación de renta del año siguiente, el Fisco les repone el
déficit. El costo financiero que deben asumir, sin embargo, nadie se los
repone. Lo tienen que absorber. Es una pérdida obligada que deben asumir como
consecuencia de esta absurda norma.
Esa es la razón, apreciado lector, de la dura
calificación que, a mi juicio, merece este “subsidio”. Es aberrante porque se
entrega con dinero ajeno y se obliga a empresas privadas a asumir costos que no
les corresponden para mantenerlo. Sólo por ignorancia, algo tan irracional y
desatinado puede permanecer vigente.
De
ahí que su limitación a UF 2.000 era una buena noticia. Si los parlamentarios (que
no entienden de contabilidad ni de costos, como ya dijimos), persisten en el
error conceptual de mantener esta disposición, disminuir su margen de
aplicación era un avance. Pero, ¿qué pasó en la Comisión del Senado? Se sumó el
desconocimiento a la evidente presión ejercida por la CChC y por algunos
parlamentarios (al parecer muy relacionados con dicha organización), y el resultado
fue excesivo para el Gobierno, quien debió dar su brazo a torcer (¿alguien le
habrá explicado a la Presidenta cómo funciona el dichoso “subsidio”?; estoy
seguro que si lo entendiera, otro gallo cantaría). El nuevo límite informado,
con mucha soltura de cuerpo, por la Comisión de Hacienda del Senado (el que
nada sabe, nada teme) es, pues, una muy mala noticia y un evidente deterioro, en
términos de eficiencia y equidad, del proyecto original.
Un
segundo punto, el más relevante en verdad, es la noticia de la “desintegración
parcial” que se pretende efectuar en el ámbito de los impuestos a la renta.
Para ello, se ha generado una alternativa al sistema de la “renta atribuida” (que,
convengo, es muy malo), que consiste en que las empresas deben pagar (en la
práctica) dos impuestos de primera categoría: uno con una tasa del 9,45% que sería
de beneficio fiscal, y otro con una tasa del 17,55%, que operaría igual que el vigente,
esto es, que podría usarse como crédito de los impuestos personales de los
empresarios (como puede apreciar, amigo lector, la capacidad del ser humano
para meterse en camisas de once varas no conoce límites). Esta propuesta, al
igual que la de la renta atribuida, considera el término del FUT (sabemos que,
con la propuesta del Gobierno, hay un enorme número de casos donde dicho
registro permanece de manera indefinida, pero nada se gana con discutir con
quienes se niegan a enfrentar la evidencia).
Le
propongo que analicemos la propuesta de la Comisión (cosa que al parecer no
hicieron los propios miembros de ésta) considerando un ejemplo hipotético:
Considere
una empresa con una utilidad de $ 100 millones y retiros por $ 24 millones,
esto es, con reinversión de $ 76 millones de sus utilidades. Considere un solo
propietario y ausencia de FUT acumulado. La siguiente tabla muestra lo que ocurriría
con el sistema vigente, con la propuesta original del Gobierno, con los nuevos cambios,
y con un sistema desintegrado (con tasa del 25% de primera categoría). Las
cifras están en miles de $:
ÍTEM
|
SISTEMA
ACTUAL
|
PROPUESTA
DEL GOBIERNO
|
SISTEMA
SEMI-INTEGRADO
|
SISTEMA
DES-INTEGRADO
|
Utilidad neta
Retiros
Primera categoría
-de beneficio fiscal
-anticipo global
Crédito 1a categoría
Gl. complementario
Pago adicional
Devolución crédito
Devolución FUT
Recaudación total
Devolución total
Saldo FUT
Crédito disponible
|
100.000
24.000
20.000
0
20.000
4.800
1.043
0
-3.757
0
16.243
-3.757
76.000
15.200
|
100.000
24.000
25.000
0
25.000
0
23.297
0
-1.703
0
23.297
-1,703
0
0
|
100.000
24.000
27.000
9.450
17.550
4.212
1.043
0
-3.169
-13.338
10.493
-16.507
0
0
|
100.000
24.000
25.000
0
0
0
1.043
0
0
0
26.043
0
0
0
|
Por
supuesto, usted puede disminuir fácilmente las recaudaciones en las propuestas del
Gobierno y de la Comisión, cambiando la estructura de propiedad de la
empresa, cosa que podrá hacerse fácilmente al eliminarse las nuevas facultades
que se pretendían entregar al SII. Hacer ingeniería tributaria será, en
estas condiciones, tirar y abrazarse.
Veamos
las cifras. Coincidirá usted conmigo que son dramáticas. Si se implementan los
cambios introducidos al proyecto por la Comisión de Hacienda del Senado,
incluyendo la eliminación del FUT, el Gobierno puede irse olvidando de los USD
8.200 millones adicionales que pretende recaudar. No sólo eso, puede irse
olvidando también de cualquier recaudación adicional; incluso de alcanzar los niveles actuales. Si quiere se lo doy firmado: con los cambios
propuestos, incluyendo la eliminación del FUT, la actual estructura
administrativa del país pasaría a estar desfinanciada.
Esta
propuesta, que hace agua por todas partes, sólo es viable, en términos
financieros, si se mantiene el sistema FUT para la porción integrada de la
utilidad, en las mismas condiciones en que opera hoy (su implementación y
control sería, en todo caso, mucho más alambicada y compleja que con el actual sistema e,
incluso, que con el proyecto del Gobierno). Se trata, pues, de una propuesta
irresponsable, que no puede ni debe llegar a concretarse. ¿En qué estarían
pensando los senadores cuando la propusieron?
Volviendo
a la tabla, salta a la vista que el sistema que más recauda es, en este nivel
de renta, el des-integrado. Es, además, el único que no tiene problemas de FUT,
de créditos ni de devoluciones. Es un sistema limpio, claro y eficiente, muy
superior a los tres restantes. La pregunta que surge, entonces, es por qué, si
ya se consideró una des-integración parcial, no se avanza de una buena vez a la
des-integración total que es, por lejos, la más conveniente para el país.
Por
supuesto, no es lo único que falla en esta propuesta. Está además el asunto de
la renta presunta, verdadero atentado injustificado (piénselo: no tiene
justificación alguna) a la equidad y a la transparencia, pero, en beneficio del
espacio, lo dejaré para algún análisis posterior.
Para
terminar, un llamado: que retorne la racionalidad y que no se sigan publicando
propuestas carentes del debido análisis. La estructura tributaria es un tema
demasiado serio para seguir insistiendo en medidas irreflexivas y, evidentemente,
equivocadas.
Señores, esto no es chacota. No es la chacota tributaria.
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