miércoles, 12 de febrero de 2014

El caso Peirano y el principio de autoridad

Desde los albores de la República, la política chilena se ha caracterizado por la nula, o casi nula, participación ciudadana. Pese a que, en teoría, ésta se ha ido profundizando (hoy gran parte de nuestras autoridades se generan por sufragio popular), en la práctica siguen siendo las cúpulas, los grupos de poder, quienes toman las decisiones. Y hasta hoy lo han hecho sin considerar para nada (o para casi nada; depende de si se está cerca del período eleccionario o no), la opinión de sus “mandantes”.

La justificación de semejante proceder es, valga la redundancia, el convencimiento de que “la autoridad (esto es, el poder) radica en las autoridades”, y que los procesos eleccionarios son sólo accidentes; meras interrupciones que —tal como las inundaciones provocadas por los temporales en el invierno— revuelven el escenario político, cierto (nada para preocuparse mucho, en todo caso,) pero sólo por un rato. Una vez que transcurren, todo vuelve a la normalidad.

Algunos teóricos, basados en ese modo de proceder, han llegado incluso a acuñar la expresión “principio de autoridad”. Según este notable aporte filosófico, las autoridades poseen atribuciones que obligan a la ciudadanía,  sólo por el hecho de provenir de ellas, a acatar sus decisiones. Que sean debatibles, cuestionables, equivocadas o, incluso, rayanas en lo delictual, da lo mismo. De acuerdo con este profundo concepto, si el poder no se ejerce, se deslegitima quien lo detenta. Es como el paso previo a esa joya de “autoridad que no abusa, pierde prestigio”.

Ejemplos de esta innoble relación “autoridades – ciudadanía”, donde las primeras pueden hacer lo que estimen conveniente sin que las segundas tengan pito que tocar, hay bastantes. Demasiados, diría yo. Durante las pasadas décadas, por ejemplo, la coalición gobernante se puso de acuerdo para llevarse el Estado para la casa. Dentro de lo que se detectó (que, normalmente, es sólo un pequeño porcentaje de lo realmente ocurrido), figuran facturas falsas, rendiciones cuestionadas, contratos pagados pero que nunca se cumplieron, boletas de honorarios truchas, jugosas comisiones por compras públicas, mega indemnizaciones, sobreprecios y un largo etcétera. Se usó, posiblemente, la gran mayoría de los métodos inventados por el hombre para defraudar a las organizaciones. Y con gran éxito, habría que decir. La pasividad ciudadana, unida a un sistema que permite (más bien, fomenta) el abuso masivo, consiguió que ello ocurriera prácticamente sin que hubiese sanciones. Los infractores salvaron, en su gran mayoría, indemnes, pudiendo incluso retomar sin inconvenientes sus carreras políticas.

La perla de esta forma de operar fue el denominado caso “sobresueldos”, donde durante un largo período la mayoría de los más altos funcionarios de la administración de Ricardo Lagos (no digo “todos” por si hubiese alguno que, por la razón que fuere, haya decidido exceptuarse de incurrir en esa vergonzosa práctica) recibieron en forma ilegal (no me venga a decir que no sabían que era ilegal) sobres con jugosas remuneraciones extras, pagadas en efectivo. Y la comprobación fehaciente de que las autoridades se consideran a sí mismas con el derecho de hacer lo que estimen pertinente, provino del desenlace de ese caso: un acuerdo espurio entre la coalición gobernante y la oposición de entonces (nunca se supo cuál fue la moneda de cambio, pero a mí me huele que el FUT tuvo algo que ver) que impidió investigar como corresponde el ilícito, validó los sobresueldos (mejorando, de paso, las rentas parlamentarias), y fijó prescripciones ad-hoc, para hacer imposibles las sanciones. Algo parecido a la ley de amnistía, pero en el terreno de la rapiña y de la sinvergüenzura. El broche de oro de este verdadero atraco a las arcas fiscales, se vivió cuando el Director del SII de entonces emitió un dictamen señalando que los sobresueldos NO constituían renta, y todos agacharon la cabeza. ¿Recuerda usted alguna actuación pública más vergonzosa que esa? Yo no.

Pero la comprobación más evidente de que nuestras autoridades se creen con el derecho de hacer lo que estimen pertinente, sin tener que rendirle cuentas a la ciudadanía, está en el Congreso. Ahí sobran ejemplos de parlamentarios electos o que han seguido ejerciendo a pesar de sus yayas. Sin pretender elaborar una lista exhaustiva ni mucho menos, puedo mencionar en dicho caso a Guido Girardi, Claudia Nogueira, Pedro Velásquez, Marta Isasi y René Alinco. No cabe duda que en otras sociedades más exigentes con sus funcionarios que la nuestra, sus carreras políticas ya habrían llegado a su fin.

El actual gobierno no está ajeno a esta forma de proceder. A los considerables conflictos de intereses, iniciativas privatizadoras varias (litio, fauna marina), condonaciones y yerbas por el estilo, hay que agregar el uso de los contratos de honorarios para favorecer a correligionarios desempleados, detectado con los candidatos perdedores de las últimas elecciones, pero usado en quién sabe cuántos casos más. Por cierto, los gobiernos anteriores no están exentos de culpa respecto de esta última práctica.

Como todos muy bien sabemos, sin embargo, esta forma de pensar es profundamente equivocada. La autoridad no reside en las autoridades, sino en los ciudadanos. Vivimos, como tanto se nos refriega periódicamente, en una democracia, concepto que, etimológicamente, suele traducirse como “gobierno del pueblo”. Éste es, entonces (en estricta teoría, al menos), quien detenta el poder.

Es por esa razón que a nuestras autoridades políticas se les denomina “mandatarios”, esto es, personas que han recibido un mandato ciudadano para ejercer, según lo estipulado en éste, sus cargos funcionarios. Y es por esto, también, que al presidente se le denomina “primer mandatario”, vale decir “el primero de los mandatados por la ciudadanía para ejercer su cargo según lo establecido en su mandato”.

No es mi intención extenderme en este punto, que da para una lata discusión, sino resaltar un hecho muy reciente que, a mi juicio, es de primerísima importancia: Chile está cambiando. Y está cambiando para bien.
No cabe duda. Esa apatía, esa suerte de resignación con la que aceptábamos que nuestras autoridades hicieran y deshicieran en nuestro sistema público, está comenzando a batirse en retirada. Lenta, pero consistentemente, en un proceso para el que nuestros políticos no están preparados, pero que parece ser irreversible.

La reciente caída de Claudia Peirano del cargo de Subsecretaria de Educación —sumada a las otras que se producirán en las próximas horas—, como consecuencia de la presión ciudadana, es una clara muestra de ello. Tal situación no habría ocurrido hace cuatro años. Estas designaciones, como varias que se hicieron en el gobierno de Piñera, habrían pasado coladas

El 2011 es un año que figurará, seguramente, en un lugar destacado de nuestra historia. En él se situó el punto de partida: los primeros esbozos de una ciudadanía más comprometida con la actuación pública, y más dispuesta a exigir a sus mandatarios el cumplimiento de su mandato. El caso Peirano es la evidencia de que el proceso sigue. Es aún una leve brisa, lo sé, pero los grandes vendavales también se inician así: son leves brisas al comienzo, pero una vez que agarran fuerza, hay que afirmarse.


Se los anticipo, señores políticos: el vendaval viene. ¿Qué harán al respecto?