¿Qué condiciones debería cumplir un sistema de impuesto a la renta equitativo?
Dentro
de las razones que justifican el cobro de impuestos, dos aparecen como las más
relevantes: financiar el funcionamiento del aparato estatal, y con él de todos
los servicios que éste otorga, y redistribuir ingresos. Ambas poseen potente
sustento, tanto académico como empírico.
En
el primer caso, los fundamentos dicen relación con el hecho indesmentible de
que todos los habitantes de un país, cual más cual menos, reciben servicios del
Estado, por lo que, como lógica consecuencia, deben contribuir a su
financiamiento. Desde esta óptica, la situación ideal sería aquélla donde cada
ciudadano contribuya al financiamiento del Estado en proporción a los servicios
que recibe de éste. En otras palabras, mientras más recibo, más pago.
Un
caso particular a este respecto son las empresas y demás organizaciones con y
sin fines de lucro. Ellas son consumidoras intensivas de servicios estatales.
Sólo a manera de ejemplo, mencionaré los que detallé en un artículo anterior: iluminación
pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un completo marco
normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir
y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y
servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado
laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura caminera para
distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y
desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para
efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus
contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios
bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el
extranjero, etc. y etc.
El asunto
es que estos servicios son indispensables para generar la renta, en el caso de
las empresas, y para alcanzar los objetivos planteados, en el de las
organizaciones sin fines de lucro. Si ellos no están presentes, las utilidades
no podrían generarse ni los objetivos alcanzarse. Imagine usted un banco sin
normativa civil: no podría hacer contratos, por lo que estaría impedido de
captar y colocar recursos (salvo que volviéramos a los tiempos de la mafia, que
puede darse el lujo hacer ambas operaciones en ausencia de legislación ad-hoc).
Una
consecuencia evidente de este hecho es que NO
TODAS las utilidades antes de impuestos son rentas del capital, vale decir,
no todas pertenecen a los propietarios de las empresas. Antes de que ello
ocurra, deben rebajárseles los costos asociados a los servicios que reciben del
Estado. De no hacerse así, se estaría en presencia de un subsidio (que se
produce, no olvidemos, cuando el Estado entrega bienes o servicios a las
personas, naturales o jurídicas, y éstas no los retribuyen)
El
problema de cómo cobrar estos servicios, lo han resuelto la mayoría de las
naciones del mundo mediante un expediente muy simple: el impuesto a las
utilidades de las empresas. En este enfoque, dicho impuesto corresponde al pago que efectúan las empresas por los
servicios recibidos de parte del Estado, y en ningún caso es un gravamen a las
ganancias de capital.
Como
nada en la vida es perfecto, con este mecanismo quedan preguntas sin respuesta:
¿qué ocurre con las organizaciones sin fines de lucro? ¿Deben ser subsidiadas?
¿Y con las empresas con pérdida acumulada? Siguen consumiendo servicios del
Estado. ¿Cómo deberían pagarlos? ¿Y qué ocurre si estas empresas cambian de dueño?
¿Es razonable que éste utilice la pérdida acumulada para rebajar sus propios
impuestos, a pesar de que sigue consumiendo servicios estatales? Un estudio
intensivo al caso Johnson´s y su relación con el holding Cencosud podría dar
más luces acerca de este espinoso tema.
En un sistema de impuesto a la renta equitativo,
entonces, tanto personas naturales como empresas deberían tributar por
separado, como retribución de los servicios que reciben del Estado. En ningún
caso se debería pretender que todas las utilidades antes de impuesto son
ganancias de capital. Sólo las utilidades después de impuesto poseen tal
condición.
La
segunda razón relevante por la que se cobra impuestos es para redistribuir
ingresos. Aquí los argumentos que la respaldan nacen de la misma concepción de
sociedad. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad
distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la
mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.
Como en todas las definiciones potentes, se desprenden de ésta
muchos corolarios. Destaquemos dos:
Las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una
sociedad para ser perjudicado, o para ser sometido, o para ser explotado; por
el contrario, todos buscan alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios
objetivos.
Las sociedades son interdependientes: todos necesitamos de todos.
Los grandes empresarios, los profesionales, los funcionarios públicos son tan
necesarios como los albañiles, los recogedores de basura y los dependientes de
los supermercados; como los policías, los soldados y los gendarmes; como los
operarios de call center, los obreros de la construcción y los pescadores
artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera
la basura.
Como consecuencia de lo anterior, nace el problema de la
distribución de los ingresos.
Es la concentración de poder, tanto político como económico, la
que provoca la mala distribución del ingreso. Para comprobarlo, es cosa de
revisar la historia. Ya sea por una condición humana instintiva, o por
otro origen difícil de precisar, lo concreto es que cuando alguien dispone de
poder, tiende a usarlo en beneficio propio. Haga usted el ejercicio: analice los
países con mala distribución del ingreso, como el nuestro, y le aseguro que
encontrará varias características comunes: una brutal concentración de poder
político y económico; una institucionalidad construida a propósito para
mantener el statu-quo; el papel del Estado disminuido a su mínima expresión;
ausencia de organizaciones poderosas de defensa del ciudadano común y
corriente; sindicalismo precario; sistemas tributarios que favorecen a los más
acomodados; autorización implícita para explotar al más débil (intereses
usurarios, sueldos mínimos exiguos, etc.), etc.
En
los países desarrollados, aparte de todas las medidas que se requieren para
desconcentrar el poder, esta situación de inequidad se corrige en parte
mediante los impuestos. El argumento que sustenta tal posición es que un
excesivo desnivel de ingresos (en Chile el decil más acomodado gana más de 30
veces lo que percibe el más necesitado) revela un mal funcionamiento de la
economía y, por qué no decirlo, de la sociedad. Una sociedad con esos niveles
de desigualdad es una sociedad enferma. Nadie, salvo los que sacan provecho de
esa situación, querría pertenecer a una sociedad así. ¿Cómo aquellos menos
favorecidos pueden, en semejante escenario, siquiera pensar en conseguir sus
objetivos de vida?
De ahí la necesidad de que quienes más
reciben, más aporten, devolviendo así, al menos en parte, el sobreprecio que han cobrado a la sociedad
por sus actuaciones en ella. Tal es el sustento de las tasas crecientes de
impuesto a la renta para quienes superan ciertos tramos de ingreso. Y por ello
es que éstas deberían estar presentes en un sistema de impuesto a la renta
equitativo.
Analicemos
ahora, a la luz de lo expuesto, nuestra criolla realidad: empresas que tributan
sólo para pagar los impuestos de sus propietarios y que, en consecuencia, son
subsidiadas por el resto de los chilenos; empresarios que, al contrario de
cualquier profesional o dependiente, no pagan sus impuestos de su propio
bolsillo; uso de pérdidas acumuladas de empresas adquiridas, para rebajar los impuestos
propios; tasas exiguas que gravan los tramos más altos de ingresos (la
propuesta de reforma tributaria de Bachelet pretende disminuirlas aún más);
decenas de granjerías que, con cualquier pretexto, sólo favorecen a los más
acomodados; una deuda del Estado con los empresarios (el FUT) que crece sin
medida; etc. Hablamos de un sistema donde ninguna de las dos razones para
cobrar impuestos mencionadas más arriba, se aplican como corresponde. De hecho,
ni siquiera se aplican. ¿No son éstas las características de un sistema
inmoral, donde no sólo no se corrige la mala distribución del ingreso sino que ella
se acrecienta día a día? ¿Qué opina usted?
Para
terminar, un solo dato (que vale por miles de argumentos): según el último
informe del Banco Mundial, Chile ocupa el lugar 39 en términos de Ingreso
Nacional Bruto. Sin embargo, en el ranking Forbes de las 500 mayores fortunas,
está en el lugar 11, emparejada con Italia y Canadá, y superando de manera
contundente a países como Australia, Japón, Austria, Suiza, Corea del Sur,
España, Noruega, Holanda, Finlandia, Irlanda, Bélgica y Nueva Zelanda, todos
con mayores ingresos per cápita y evidentes mejores condiciones de vida que el
nuestro. ¿Es eso razonable? ¿Es lógico? ¿Es tolerable? ¿No será el momento de
irle poniendo término?
Si
la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, uno de los primeros pasos,
amigo lector, es modificar nuestro inmoral sistema tributario, incorporándole las
dos condiciones reseñadas más arriba.
El
problema es que ninguno de los bloques con más posibilidades de ganar las
elecciones parece dispuesto a hacerlo. ¿No sería hora ya de preguntarse por
qué?
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