miércoles, 14 de agosto de 2013

¿Qué condiciones debería cumplir un sistema de impuesto a la renta equitativo?

Dentro de las razones que justifican el cobro de impuestos, dos aparecen como las más relevantes: financiar el funcionamiento del aparato estatal, y con él de todos los servicios que éste otorga, y redistribuir ingresos. Ambas poseen potente sustento, tanto académico como empírico.

En el primer caso, los fundamentos dicen relación con el hecho indesmentible de que todos los habitantes de un país, cual más cual menos, reciben servicios del Estado, por lo que, como lógica consecuencia, deben contribuir a su financiamiento. Desde esta óptica, la situación ideal sería aquélla donde cada ciudadano contribuya al financiamiento del Estado en proporción a los servicios que recibe de éste. En otras palabras, mientras más recibo, más pago.

Un caso particular a este respecto son las empresas y demás organizaciones con y sin fines de lucro. Ellas son consumidoras intensivas de servicios estatales. Sólo a manera de ejemplo, mencionaré los que detallé en un artículo anterior: iluminación pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un completo marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc. y etc.

El asunto es que estos servicios son indispensables para generar la renta, en el caso de las empresas, y para alcanzar los objetivos planteados, en el de las organizaciones sin fines de lucro. Si ellos no están presentes, las utilidades no podrían generarse ni los objetivos alcanzarse. Imagine usted un banco sin normativa civil: no podría hacer contratos, por lo que estaría impedido de captar y colocar recursos (salvo que volviéramos a los tiempos de la mafia, que puede darse el lujo hacer ambas operaciones en ausencia de legislación ad-hoc).

Una consecuencia evidente de este hecho es que NO TODAS las utilidades antes de impuestos son rentas del capital, vale decir, no todas pertenecen a los propietarios de las empresas. Antes de que ello ocurra, deben rebajárseles los costos asociados a los servicios que reciben del Estado. De no hacerse así, se estaría en presencia de un subsidio (que se produce, no olvidemos, cuando el Estado entrega bienes o servicios a las personas, naturales o jurídicas, y éstas no los retribuyen)

El problema de cómo cobrar estos servicios, lo han resuelto la mayoría de las naciones del mundo mediante un expediente muy simple: el impuesto a las utilidades de las empresas. En este enfoque, dicho impuesto corresponde al pago que efectúan las empresas por los servicios recibidos de parte del Estado, y en ningún caso es un gravamen a las ganancias de capital.

Como nada en la vida es perfecto, con este mecanismo quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurre con las organizaciones sin fines de lucro? ¿Deben ser subsidiadas? ¿Y con las empresas con pérdida acumulada? Siguen consumiendo servicios del Estado. ¿Cómo deberían pagarlos? ¿Y qué ocurre si estas empresas cambian de dueño? ¿Es razonable que éste utilice la pérdida acumulada para rebajar sus propios impuestos, a pesar de que sigue consumiendo servicios estatales? Un estudio intensivo al caso Johnson´s y su relación con el holding Cencosud podría dar más luces acerca de este espinoso tema.

En un sistema de impuesto a la renta equitativo, entonces, tanto personas naturales como empresas deberían tributar por separado, como retribución de los servicios que reciben del Estado. En ningún caso se debería pretender que todas las utilidades antes de impuesto son ganancias de capital. Sólo las utilidades después de impuesto poseen tal condición.

La segunda razón relevante por la que se cobra impuestos es para redistribuir ingresos. Aquí los argumentos que la respaldan nacen de la misma concepción de sociedad. La RAE, en su segunda acepción, la define como una “agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.

Como en todas las definiciones potentes, se desprenden de ésta muchos corolarios. Destaquemos dos:

Las sociedades son de mutuo beneficio, esto es, nadie entra a una sociedad para ser perjudicado, o para ser sometido, o para ser explotado; por el contrario, todos buscan alcanzar, con el apoyo de los demás, sus propios objetivos.

Las sociedades son interdependientes: todos necesitamos de todos. Los grandes empresarios, los profesionales, los funcionarios públicos son tan necesarios como los albañiles, los recogedores de basura y los dependientes de los supermercados; como los policías, los soldados y los gendarmes; como los operarios de call center, los obreros de la construcción y los pescadores artesanales. Imagine usted cómo sería vivir en un lugar donde nadie recogiera la basura.

Como consecuencia de lo anterior, nace el problema de la distribución de los ingresos.

Es la concentración de poder, tanto político como económico, la que provoca la mala distribución del ingreso. Para comprobarlo, es cosa de revisar la historia. Ya sea por una condición humana instintiva, o por otro origen difícil de precisar, lo concreto es que cuando alguien dispone de poder, tiende a usarlo en beneficio propio. Haga usted el ejercicio: analice los países con mala distribución del ingreso, como el nuestro, y le aseguro que encontrará varias características comunes: una brutal concentración de poder político y económico; una institucionalidad construida a propósito para mantener el statu-quo; el papel del Estado disminuido a su mínima expresión; ausencia de organizaciones poderosas de defensa del ciudadano común y corriente; sindicalismo precario; sistemas tributarios que favorecen a los más acomodados; autorización implícita para explotar al más débil (intereses usurarios, sueldos mínimos exiguos, etc.), etc.

En los países desarrollados, aparte de todas las medidas que se requieren para desconcentrar el poder, esta situación de inequidad se corrige en parte mediante los impuestos. El argumento que sustenta tal posición es que un excesivo desnivel de ingresos (en Chile el decil más acomodado gana más de 30 veces lo que percibe el más necesitado) revela un mal funcionamiento de la economía y, por qué no decirlo, de la sociedad. Una sociedad con esos niveles de desigualdad es una sociedad enferma. Nadie, salvo los que sacan provecho de esa situación, querría pertenecer a una sociedad así. ¿Cómo aquellos menos favorecidos pueden, en semejante escenario, siquiera pensar en conseguir sus objetivos de vida?

De ahí la necesidad de que quienes más reciben, más aporten, devolviendo así, al menos en parte,  el sobreprecio que han cobrado a la sociedad por sus actuaciones en ella. Tal es el sustento de las tasas crecientes de impuesto a la renta para quienes superan ciertos tramos de ingreso. Y por ello es que éstas deberían estar presentes en un sistema de impuesto a la renta equitativo.

Analicemos ahora, a la luz de lo expuesto, nuestra criolla realidad: empresas que tributan sólo para pagar los impuestos de sus propietarios y que, en consecuencia, son subsidiadas por el resto de los chilenos; empresarios que, al contrario de cualquier profesional o dependiente, no pagan sus impuestos de su propio bolsillo; uso de pérdidas acumuladas de empresas adquiridas, para rebajar los impuestos propios; tasas exiguas que gravan los tramos más altos de ingresos (la propuesta de reforma tributaria de Bachelet pretende disminuirlas aún más); decenas de granjerías que, con cualquier pretexto, sólo favorecen a los más acomodados; una deuda del Estado con los empresarios (el FUT) que crece sin medida; etc. Hablamos de un sistema donde ninguna de las dos razones para cobrar impuestos mencionadas más arriba, se aplican como corresponde. De hecho, ni siquiera se aplican. ¿No son éstas las características de un sistema inmoral, donde no sólo no se corrige la mala distribución del ingreso sino que ella se acrecienta día a día? ¿Qué opina usted?

Para terminar, un solo dato (que vale por miles de argumentos): según el último informe del Banco Mundial, Chile ocupa el lugar 39 en términos de Ingreso Nacional Bruto. Sin embargo, en el ranking Forbes de las 500 mayores fortunas, está en el lugar 11, emparejada con Italia y Canadá, y superando de manera contundente a países como Australia, Japón, Austria, Suiza, Corea del Sur, España, Noruega, Holanda, Finlandia, Irlanda, Bélgica y Nueva Zelanda, todos con mayores ingresos per cápita y evidentes mejores condiciones de vida que el nuestro. ¿Es eso razonable? ¿Es lógico? ¿Es tolerable? ¿No será el momento de irle poniendo término?

Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, uno de los primeros pasos, amigo lector, es modificar nuestro inmoral sistema tributario, incorporándole las dos condiciones reseñadas más arriba.


El problema es que ninguno de los bloques con más posibilidades de ganar las elecciones parece dispuesto a hacerlo. ¿No sería hora ya de preguntarse por qué?