lunes, 28 de abril de 2014

Una mala reforma tributaria

Antes de partir, permítame dejarle claro, por si hiciera alguna falta, que no pertenezco al 1% más acomodado del país. Tampoco formo parte de ningún grupo económico ni milito en partido político alguno. Mi crítica, por consiguiente, no está teñida por prejuicios, ni marcada por intereses individuales o grupales.

Aclarado el tema de mi independencia, lo invito a conocer mi dictamen: es cierto que necesitamos una reforma tributaria de manera urgente, porque el sistema tributario actual es demasiado injusto e inequitativo, y porque se requieren ingentes recursos para abordar todas las reformas sociales que ya no pueden seguirse postergando. Sin embargo, la que pretende imponernos Michelle Bachelet, con la irresponsable complicidad del Parlamento, es una muy mala reforma; un mamotreto indigno del nivel de estudios y experiencia de sus autores.

¿Por qué? Lo explico a continuación.

El concepto de “bueno” o “malo”, como es bien sabido, es relativo. Una obra humana no es buena o mala “per se”. Tal calificación la adquiere por tres vías: como resultado de una comparación con algún patrón o estándar de medida (la pauta de una prueba, por ejemplo); como consecuencia de contrastarla, según determinados parámetros de medición, frente a una o más alternativas (en cuyo caso hablamos de “más mala o más buena que” o “inferior o superior a “); o confrontándola con sus propios objetivos (buena es la que los cumple y mala, a la inversa, la que es incapaz de lograrlos).

Así, hablamos de una mala copia, cuando la obra en cuestión no se asemeja al original; de un mal resultado académico, cuando no se consigue alcanzar el estándar mínimo exigido; de un mal resultado deportivo o económico, cuando no se logran los objetivos previstos. Y afirmamos que “La invasión de los tomates asesinos” o “Martes 13 V parte” son más malas que (o inferiores a) “El padrino 1” porque, según todos los parámetros preestablecidos para una comparación de esta naturaleza, las primeras pierden de aquí a Penco.

Pues ocurre, estimado lector, que la reforma tributaria de Michelle Bachelet es mala desde cualquiera de las perspectivas señaladas.

Un patrón o estándar de medida adecuado para confrontar un proyecto de reforma tributaria, es el conjunto de principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Dichos principios no andan dando vuelta por el mundo académico porque sí. No son un mero antojo de los expertos en la materia. No están ahí para ser usados como papel higiénico. Han sido planteados porque son los que garantizan que una materia tan áspera y compleja como son los impuestos, sea abordada con justicia, aplicando ese sabio precepto de “dar a cada cual lo que le corresponde”. Así, un buen proyecto es aquél que los cumple todos satisfactoriamente (la absoluta perfección no existe, no olvidemos); uno malo, aquél que falla en alguno; uno muy malo, el que falla en más de uno; y uno pésimo, el que los reprueba todos. Desde esta perspectiva, apreciado lector, la reforma tributaria de Michele Bachelet es un pésimo proyecto. Veamos por qué.

El principio del beneficio establece que “todos quienes consumen servicios públicos, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”. Clarito, ¿verdad? Todos debemos pagar por los servicios públicos que recibimos. No sólo las personas; también, y especialmente, las empresas. Ningún sistema tributario que aspire a ser calificado como “bueno” puede considerar una estructura tributaria donde las personas naturales financian los servicios públicos que consumen las empresas.

Pues bien, la propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet omite olímpicamente este principio. En su proyecto, sólo las personas naturales pagamos por los servicios públicos. Las empresas ―que son, por lejos, los mayores consumidores de dichos servicios en nuestra sociedad (y en cualquier sociedad)― no lo hacen, pues destinan sus impuestos (y, con la propuesta de nuestra presidenta, parte de sus utilidades después de impuestos también) al pago de los tributos personales de sus propietarios.  En palabras simples, todos los chilenos financiamos los servicios que las empresas consumen, para que éstas les paguen los impuestos a sus propietarios.

El principio de equidad tiene dos variantes: la equidad horizontal ―a iguales ingresos, iguales tributos― y la vertical ―a mayores ingresos, mayores tributos―. Dado que Michelle Bachelet propone que las empresas les paguen sus impuestos a los empresarios, su proyecto los viola a ambos impunemente. Suponga, para que lo tenga claro, que un gerente y el propietario de una empresa tienen la misma renta, $ 4 millones mensuales. Con la propuesta de Michelle Bachelet, el gerente pagará en el año aproximadamente $ 5,9 millones de impuestos personales de su propio bolsillo; el empresario cero, ya que su empresa le pagará sus impuestos personales (dejando, para ello, de pagar por los servicios públicos que consume). Agregue que, dependiendo de cómo estructuren los empresarios la propiedad de sus empresas, los impuestos pagados serán muy diferentes (por mucho que se llene de facultades al SII para evitarlo), aunque las empresas sean idénticas. Y por último, tenga muy claro que la maraña de empresas que difuminan la propiedad de las grandes firmas con chimenea se volverá, como consecuencia de la reforma, inextricable, haciendo virtualmente imposible para el SII desentrañarla. ¿Le parece equitativo eso? ¿Horizontal o verticalmente? Si no se tratara de un tema tan serio, tendría que decir que es para la risa.

¿Vale la pena referirse al principio de la simplicidad y la transparencia? Sólo mencionarlos respecto de la propuesta de Michelle Bachelet, ya da vergüenza. Tales conceptos no tienen cabida en este proyecto. Si parece, por el contrario, que quienes lo elaboraron se hubiesen esmerado en hacerlo complejo y alambicado. Si la propuesta de Michelle Bachelet cumple algún principio, éste es el de la complejidad y la falta de transparencia.

Analice usted los demás principios y verá que la propuesta de reforma tributaria los incumple todos. No se salva ninguno. Buen récord, ¿verdad? Convengamos que ése es un logro. Es difícil quebrantar el ABC de los sistemas tributarios de una sola vez de manera tan flagrante.

Contrastemos ahora el proyecto de reforma tributaria con los objetivos que, explícitamente, le asignó la Nueva Mayoría: disminuir la desigualdad; lograr que quienes más tienen, más paguen; y recaudar USD 8.200 millones.

Ya quedó claro en los párrafos anteriores, me parece, que este proyecto no logra que quienes más tienen más paguen (Michelle, la engañaron; en los “sistemas integrados de impuesto a la renta”, la equidad no se logra a nivel de los impuestos personales; los “sistemas integrados” son intrínsecamente inequitativos). Tampoco permite, por sí solo, disminuir la desigualdad, ya que esto dependerá de cómo se inviertan los eventuales recursos que se generen. Por ejemplo, si usted los gasta en proyectos tales como aumentar el número de parlamentarios y mantenerles las mismas rentas y asignaciones actuales, es clarísimo que no disminuirá la desigualdad. Lo único que nos falta por saber, entonces, es si recaudará o no los USD 8.200 millones que Michelle Bachelet requiere para poner en práctica sus restantes proyectos.

Al respecto, convengamos en que cualquier consecuencia de la presente reforma en tal sentido, no se verá durante el gobierno de la actual presidenta. Por el contrario, con el harakiri del primer año de depreciación instantánea, con la mantención del FUT (sí, el FUT se mantiene, ya que se mantiene la causa que le da origen: el sistema integrado de impuesto a la renta), con la existencia de un FUT acumulado que se demorará varios años en extinguirse, y que en muchos casos no se extinguirá ―considere, para comprobarlo, una empresa con un FUT histórico de $ 100 millones, con utilidades anuales de $ 50 millones y con un solo propietario, y determine (es un ejercicio simple, pero que los amigos de la Nueva Mayoría, al parecer, no hicieron) cuándo se acaba el FUT histórico; le doy la respuesta: nunca―, y con la puesta en marcha en forma secuencial de casi todos los cambios (incluso aquéllos que consideran la supresión de inaceptables privilegios), lo más probable es que la recaudación de los primeros 4 años de vida de la reforma no crezca, o crezca muy poco. Si me apuran, me atrevería a pronosticar incluso que caerá, en cuyo caso sería muy interesante saber cómo implementará Michelle Bachelet todas las restantes reformas que pretende abordar (¿puede un gobernante ser tan irresponsable como para prometer cambios al por mayor, y poner en práctica al mismo tiempo una reforma tributaria que no le generará recursos durante su gobierno para abordarlos?). Lo concreto es que, con casi total certeza, la reforma tributaria de Michelle Bachelet NO RECAUDARÁ, al menos durante su gobierno, los USD 8.200 millones que pretende.

Como consecuencia de lo anterior, es importante tener presente que cualquier futuro incremento de recaudación dependerá de qué es lo que decida el gobierno que sucederá al de Michelle Bachelet. Por ejemplo si, no lo quiera el Todopoderoso, llega la UDI al poder (con la particular visión de sus acólitos respecto de la desigualdad y del papel del Estado), no existirá dicho incremento y, por ende, no existirán dichas reformas. Como bien dice Condorito, exijo una explicación.

La última comparación que nos falta hacer, es con otras alternativas, y ahí, estimado lector, la propuesta de Michelle Bachelet  pierde feo. Muy feo. Porque hay alternativas que realmente son mucho mejores que la que ella, irreflexivamente, lanzó a la palestra. Alternativas que sí cumplen todos los principios que debe reunir un buen sistema tributario, y que además permiten conseguir de manera cierta todos los objetivos planteados, entre ellos el de recaudar los dichosos USD 8.200 millones (cuando quieran los amigos de la Nueva Mayoría, les detallo una, que consiste en establecer que las empresas paguen el 25% de primera categoría a beneficio fiscal, que los empresarios paguen por sus retiros efectivos (elevando las tasas marginales topes), que se elimine el FUT de un viaje, y que se supriman las granjerías tributarias existentes). ¿Por qué no se prefieren? Misterio. ¿Algún acuerdo con quienes no se ven favorecidos, quizás?

Tenemos, pues, una muy mala propuesta desde todo punto de vista. Como era de esperarse, sin embargo, pasó el cedazo de la Cámara de Diputados. ¿Puede eso realmente sorprendernos? No olvidemos que ellos se creen capaces de evaluar las posiciones disidentes a la reforma en quince minutos. Tampoco, que creen posible convencernos de que, aumentando más de un cuarto los diputados y más de un tercio los senadores, el presupuesto del Congreso no aumentará. De ellos podemos esperar cualquier cosa. Esperemos que en el Senado impere la cordura y se incorporen las drásticas mejoras que tan irreflexivo proyecto necesita. Si ello no ocurre, aunque soy ateo no me queda más que decir, ¡que Dios nos asista!