Las inmorales dietas parlamentarias

Es difícil estar en desacuerdo con la moción presentada por diez diputados el jueves de la semana pasada, con el propósito de quitarle el rango constitucional a la determinación de las dietas parlamentarias. Cuesta, en verdad, encontrar aunque sea un argumento, con un mínimo grado de solidez, que sustente la situación actual. Ni siquiera la intención de impedir que los parlamentarios legislen en su propio beneficio es plausible, pues ya existe contundente evidencia empírica (¿se acuerda del caso MOP Gate?) de que les basta con hallar una excusa, por inmoral que ella sea, para ponerse de acuerdo y mejorar de manera contundente sus emolumentos.

Pero no sólo la moción es pertinente. También lo es, y mucho más de hecho, enfrentar la causa que le dio origen: la evidente (y descarada, habría que decir) desproporción que guarda la dieta parlamentaria actual, no sólo con la realidad chilena, sino con la de todos los países que nos pueden servir de referencia.

La escandalosa evidencia es de dominio público. Por donde uno mire, la dieta parlamentaria está absolutamente sobredimensionada. Respecto de Latinoamérica, de la OCDE, del mundo entero. Todas las cifras, y todas las relaciones que se obtienen a partir de ellas, son lapidarias, pero destaquemos sólo una: la relación entre la dieta parlamentaria ―$ 8.454. 379 brutos a la fecha, que equivalen a 40,3 veces el sueldo mínimo― y el ingreso promedio del primer decil, esto es, del 10% más pobre de nuestra población ($ 75.000 a la fecha, aproximadamente, según datos del Banco Mundial).

La dieta parlamentaria, el sueldo de nuestros representantes en el Congreso, es 112 veces mayor que el ingreso promedio del 10% más pobre de nuestra población.

La dieta parlamentaria, como resulta evidente, no sólo ubica a nuestros parlamentarios dentro del 10% más rico de la población. Los sitúa al menos, dentro del 2% más rico, y bastante cerca del 1%. La dieta parlamentaria, estimado lector, es un emblema de la desigualdad que nos azota. Es la expresión clara, nítida y precisa, el ejemplo más ilustrativo, de lo que puede llegar a ocurrir cuando uno tiene el poder y lo usa en beneficio propio. Debería, de hecho, enseñarse en los colegios en tal sentido, como la muestra fehaciente de las consecuencias de no llegar a servir, sino a servirnos de la administración pública.

Es por eso, por su carácter simbólico, que debe rebajarse.

Al respecto, comparto plenamente la propuesta de los diputados de relacionar la dieta parlamentaria con el salario mínimo. De hecho, coincidentemente la planteé al menos en dos artículos publicados en este medio: Programas de los candidatos: los temas ausentes, http://goo.gl/RiO6i4, el 4 de noviembre pasado; y La equidad y la dieta parlamentaria, http://goo.gl/9HrNZV, del 30 de diciembre). Una dieta equivalente a 20 veces el salario mínimo ($ 4.200.000 brutos: 56 veces el ingreso promedio del 10% más pobre de la población) no cambiaría nuestros índices de desigualdad, es cierto, pero sería una señal potente de lo que estamos dispuestos a hacer para combatir el flagelo. Se convertiría en el primer paso; la advertencia de que el combate viene, ahora sí, en serio. La prueba de que nuestros parlamentarios no se mueven sólo por los prosaicos morlacos, sino también por algo mucho más sublime: los principios y el bien común.

Que haya parlamentarios que piensen (como Felipe Ward) que esa cifra no satisface sus expectativas de renta y que en tal condición estaría mucho mejor en el mundo privado, da exactamente lo mismo. La puerta es bien ancha y nadie está obligado a seguir desempeñando su cargo si se siente incómodo en él. Si no le gusta, que se vaya de inmediato al sector privado. Le aseguro, estimado lector, que hay miles de chilenos tanto o más capaces que los que hoy se desempeñan en el Congreso, que estarían felices de prestar sus servicios a la ciudadanía por tan “reguleque” emolumento.

Ahora, si su problema son las pensiones alimenticias (como, al parecer, es el caso de Pepe Auth), mejor ni siquiera conversemos. Coincidirá usted conmigo en que quien se atreva a plantear algo así, no está a la altura del debate.

Paro hay un antecedente que nadie ha mencionado aún, y que es mucho más profundo y relevante en esta discusión que recién se inicia: la génesis de esta desproporcionada dieta.

Si usted mira las cifras que se han publicado, observará que no siempre existió esta enorme diferencia. Hasta el 2002, de hecho, la dieta parlamentaria era sólo 16,8 veces superior al salario mínimo. Si tal diferencia se hubiese mantenido, hoy la dieta sería de $ 3.540.000 aproximadamente, menor incluso que la cifra que plantean los diputados como objetivo. ¿Qué pasó entremedio para que la situación cambiase tan radicalmente?

Le ayudo a refrescar la memoria. A comienzos del presente siglo se destapó el caso sobresueldos, también llamado (por uno de los tantos mecanismos utilizados para ordeñar al Estado) caso MOP Gate. ¿En qué consistió? Muy simple: quienes manejaban el gobierno en esa época (usted sabe quiénes son, ¿para qué se los voy a nombrar?) decidieron, por sí y ante sí, sin mediar estudio alguno de respaldo, que los sueldos que recibían eran demasiado exiguos, e idearon varios mecanismos para retirar, pasando por alto la normativa vigente, jugosos suplementos. Cuando fueron descubiertos, no se les aplicó el peso de la ley (como correspondía, y como se habría hecho en cualquier democracia seria y justa). Por el contrario, la oposición de la época se puso de acuerdo con el Gobierno para echarle tierra al asunto (observe, si no me cree, las prescripciones que se establecieron por los eventuales delitos que pudieron haberse cometido) a cambio de ir en la parada. Las dietas parlamentarias fueron incrementadas, sin ningún estudio de respaldo, en casi un 160% (revise los datos que entregaron los diputados patrocinantes de la iniciativa; salta a la vista), con tan espurio acuerdo.

Ahí lo tiene, estimado lector: el caso MOP Gate, uno de los peores baldones que deshonran nuestra historia democrática; uno de los más abyectos estigmas que la mancillan; la muestra fehaciente de lo oprobiosa que puede llegar a ser la gestión pública, cuando quienes están encargados de ejercerla se ponen de acuerdo con quienes deben controlarlos y legislan en beneficio propio; ése es el origen de la indefendible posición que hoy, en materia de rentas, muestran nuestros parlamentarios.

Cuando hoy se plantea que la Constitución debe cambiarse, el principal argumento que se esgrime es que su origen es inaceptable. Un engendro creado por la dictadura, se aduce, no tiene cabida en democracia. Ocurre, estimado lector, que en el caso de las dietas parlamentarias rige exactamente la misma premisa: deben reducirse porque la génesis de su excesivo monto, es inadmisible.

Los estandartes, los blasones, las insignias de los países deben mantenerse impolutos. No pueden arrastrarse eternamente por la vida deshonrados, manchados por el fango. El de nuestro Congreso está mancillado y es indispensable devolverle el honor. ¿Estarán nuestro parlamentarios a la altura? ¿O pesarán más sus intereses personales que la dignidad de la institución a la que pertenecen? Gracias a la iniciativa de unos pocos diputados llegó, al parecer, el momento de comprobarlo.

Que les vaya bien, honorables señores, con su imprescindible iniciativa; el país entero (espero) estará pendiente de ustedes.