jueves, 27 de marzo de 2014

Los cargos de confianza, ¿un problema de ethos?

Cada cuatro años asistimos, impávidos, a uno de los espectáculos más vergonzosos que pueden presenciarse en la escena pública: la descarada repartija de los cargos llamados “de confianza”, eufemismo usado para denominar aquellas posiciones en el aparato público que los legisladores, coautores y cómplices de esta infamia, han dejado a disposición de las coaliciones gobernantes para que las distribuyan entre sus miembros.

El botín a disposición de los ganadores en impresionante. Los medios de prensa sitúan en sobre mil los mencionados cargos, pero la realidad parece ser mucho más extrema e impresentable. Veamos, para comprobarlo, algunas cifras.

En el informe Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2003-2012 (http://www.dipres.gob.cl/594/articles-110726_doc_pdf.pdf), elaborado por la Dipres, se señala que al 31.12.2012 los empleos públicos adscritos a la administración central sumaban 247.940 (no se incluyen los miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, ni los empleados de las empresas púbicas). De ellos, sólo 85.024 (34,3%, apenas un poco más de un tercio) correspondían a funcionarios de planta; 125.528 (50,6%, ¡más de la mitad!), a funcionarios a contrata (empleos de carácter “transitorio” que expiran, a menos que se les prorrogue con 30 días de antelación, a más tardar el 31 de diciembre de cada año); 4.190 (1,7%) a personal contratado según las disposiciones del Código del Trabajo (el resto se rige por las del Estatuto Administrativo); y 33.198 (13,4%) a personal contratado a honorarios, de los cuales 20.397 corresponden a contratos a jornada completa (leyó bien: contratos a honorarios a jornada completa).

Aunque un alto número de los “cargos de confianza” corresponde a funcionarios de planta (ministros, subsecretarios, jefes de división y todos los de rango superior o equivalente a los secretarios regionales ministeriales), en la práctica lo son también todos los funcionarios a contrata y a honorarios. Como sus cargos son llenados según el criterio de quienes desempeñan los “cargos de confianza”, tienen, en consecuencia, una condición similar: son “cargos de confianza” de quienes desempeñan “cargos de confianza” (la propiedad transitiva es aquí, a mi juicio, aplicable). Así, el potencial universo para acomodar a los correligionarios y afines es, entonces, para ponerse a tiritar: más de ciento cincuenta mil cargos a total discrecionalidad del conglomerado ganador. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el botín?

Coincidirá usted conmigo en que una situación así se presta para cualquier cosa. Preguntémonos, por ejemplo: ¿cuántos de estos cargos a contrata y a honorarios son realmente necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración central? ¿Cuántos están de más y representan, en consecuencia, pagos políticos que se efectúan, a vista y paciencia de todo el mundo, con los recursos de todos los chilenos?

Le doy un dato adicional: el artículo 10 del Estatuto Administrativo, que regula los empleos a contrata, establece en su párrafo segundo que “el número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder a una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de planta del personal de ésta”. Sin entrar a escarbar la evidente confusión de conceptos en que incurrieron los autores de la norma (confundir el número de cargos con el número de ocupantes de los mismos, es un error demasiado básico como para permitírselo a un legislador), lo concreto es que la administración central completa se abanica con ella; es letra muerta incluso para quien debería ser el celoso guardián de su cumplimiento, la Contraloría General de la República. La única institución que, a fines del 2012, la cumplía en nuestro sistema público, ¡la única!, era el Ministerio Público, que no registraba funcionarios a contrata. Todos los demás, la pisoteaban olímpicamente.

A modo de ejemplo, según la norma el Congreso debía tener no más de 105, y tenía 435 (cuatro veces más); el gobierno, no más de 14.383, y tenía 121.528 (casi ocho y media veces más); el Poder Judicial, no más de 1.678, y tenía 2.119 (un 25% más); y la Contraloría, el estamento que tiene que controlar que la norma se cumpla, no más de 89 y tenía 1.446 (tome nota: ¡16 veces más!).

¿Qué me dice, estimado lector? Algo anda muy mal aquí, ¿verdad? Si hasta la instancia a la que le hemos delegado el control de la gestión pública, pasa a llevar la normativa en forma aleve, ¿qué queda para el resto? No soy creyente, pero ¡que Dios nos libre!

Agreguémosle leña al fuego. El gobierno entrante tiene la facultad de nombrar a todos los embajadores, casi sin ningún tipo de limitación. Yo le pregunto, ¿por qué personas que vienen desde fuera del Ministerio de RREE, usualmente neófitos en el asunto, que dedican sus primeros seis meses a aprender y cuyo gran bagaje son sus contactos políticos, van a estar más calificados para ocupar dichos cargos que quienes se han preparado por años, han estudiado para eso y se han transformado en especialistas en la materia? ¿Por qué? Dígame usted.

El mismo análisis puede efectuarlo para el caso de los servicios públicos. ¿Por qué una persona que desconoce el funcionamiento interno de una institución, como el SII o el Serviu, va a estar mejor preparada para dirigirla que alguien que se ha desempeñado durante toda su vida profesional en ella? Y así sucesivamente.

Señores, algo huele muy mal en Pantanal. Aquí, hay que hacer cirugía mayor, y con carácter de urgente, porque si no, el sistema político seguirá haciéndose su agosto con los recursos de todos, y en cuatro años más volveremos a tener otro espectáculo tan lamentable como el que estamos presenciando por estos días.

Y lo que corresponde no es esperar que el Altísimo, o algún azar inexplicable, haga retornar su “ethos” a los partidos políticos, como sostiene cierto columnista, sino establecer las pautas para disponer de una carrera funcionaria en serio, con los cargos de confianza reducidos a su mínima expresión (no más de un centenar, en lo posible), con una mínima cantidad de funcionarios a contrata (sólo en forma transitoria mientras se aprueba la modificación legal que autoriza su contratación en la planta) y con los a honorarios, en lo posible, eliminados. Todo ello, por cierto, después de estudiar en serio la pertinencia de los cargos que todo este personal metido a la administración pública con fórceps, desempeña.


No es el “ethos” el problema, estimado lector. Es la tradicional viveza criolla (¿sinvergüenzura estaría mejor?) que, desde hace tiempo, superó todos los límites, con la connivencia de quienes deberían estar preocupados de controlarla (partidos políticos, Anef, periodismo, etc.). Ya es hora de irle poniendo atajo, ¿no le parece?