El principio del beneficio

Termina, sin pena ni gloria habría que decir, el primer gobierno de la derecha desde el fin de la dictadura, y se acerca el momento en que tendremos, tras este recreo de 4 años, de vuelta a la centroizquierda. Debo confesar que tengo curiosidad. ¿Cómo se desempeñará la Nueva Mayoría? ¿Habrá aprendido de sus errores, en este breve lapso en el que tuvo que ejercer de oposición? ¿O volverá a repetirlos, cocinándose con ello a fuego lento, y pavimentándole el camino a alguna alternativa populista del tipo Chávez para el 2017?

Las primeras señales, las que aparecen en su programa de gobierno, no son muy alentadoras. Hay que decirlo. Definitivamente, no se hace cargo en toda su dimensión del principal problema que hoy afecta a nuestra sociedad: la excesiva desigualdad. Varias de nuestras graves falencias sociales están tocadas así como por encima, como si faltaran diagnósticos claros y precisos, o no se dispusiera de las ideas necesarias para responder a éstos. Y un conglomerado de gobierno sin ideas es como un postre de sémola con leche al que no le pusieron ni leche, ni canela ni azúcar (o endulzante, para ponernos a tono con los tiempos que corren). Definitivamente, no cumple con los fines para los que fue concebido.

Esperemos que no sea el caso, y que este gobierno sea un gran gobierno. Lo deseo sinceramente.

Un muy buen punto de partida sería que la nueva presidenta tuviese el coraje de reformar el sistema tributario vigente, desde la perspectiva de enmarcarlo dentro de los principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Ya que el actual no los cumple, y no los ha cumplido durante los últimos 30 años, parece natural exigir que el nuevo, el que nacerá como consecuencia de la reforma tributaria que se presentará al Congreso dentro de los próximos cien días, al menos satisfaga ese requerimiento. No es mucho pedir, ¿verdad? Se supone que los principios están para ser cumplidos de manera previa a cualquier otra consideración.

¿Qué debería ocurrir para ello? Veamos.

Dos son los principios más relevantes que debe cumplir todo buen sistema tributario (¿es necesario explicar el concepto de “todo”?): el del beneficio (todos quienes reciben servicios del Estado, personas y organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción a los servicios que reciben); y el de la equidad, que se divide en equidad horizontal (a iguales rentas, iguales tributos) y equidad vertical (a mayores ingresos, mayores tributos). El sistema tributario vigente no cumple ninguno de ellos.

Permítame dedicar este artículo al primero de ellos, el principio del beneficio. El sistema vigente lo viola sistemáticamente al establecer que los impuestos que pagan las empresas (primera categoría) NO son de beneficio fiscal, sino que corresponden a anticipos a cuenta de los impuestos personales de sus propietarios. Al amparo de la falacia de “evitar la doble tributación”, exime a las empresas del pago de los servicios públicos que consumen (en cantidades industriales, habría que decir), otorgándoles en la práctica un gigantesco subsidio. En palabras simples, en Chile el Estado subsidia a las empresas (regalándoles los servicios públicos que consumen) con el dinero de todos los chilenos (incluidos los más pobres) para que éstas, a su vez, les paguen los impuestos a los empresarios, para que a su vez éstos no paguen impuestos. ¿Lo ejemplificamos? En Chile, el Estado subsidia al Banco Chile, a Cencosud, a Goldex y a las farmacéuticas, entre muchas otras empresas, regalándoles los servicios públicos que consumen (seguridad pública, vialidad y urbanismo, servicios judiciales, normativa vigente, fomento estatal, crecimiento económico,  organismos varios de control y de fomento, etc.), para que éstas, a su vez, le paguen sus impuestos personales a sus propietarios (Luksic y Paulmann, entre otros), para que ellos no tengan que pagarlos de sus bolsillos.  ¿Una sinvergüenzura? Bueno, ése es nuestro “sistema integrado de impuesto a la renta”.

Si la Nueva Mayoría estuviese realmente interesada en generar una mayor igualdad y construir un sistema tributario más equitativo, su propuesta de reforma tributaria debería partir por restablecer el principio del beneficio, eliminando para ello el mencionado “sistema integrado”. Dicha propuesta debería considerar que los impuestos de primera categoría pagados por las empresas sean de beneficio fiscal, y que los empresarios paguen sus impuestos personales (por los dividendos percibidos o los retiros efectuados) de sus propios bolsillos.

¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Enormes. Primero que nada, retorna la equidad a nuestro sistema tributario, ya que los mayores consumidores de servicios estatales, las empresas, comienzan a pagar por ellos, eliminándose el subsidio que actualmente reciben; en segundo lugar, los empresarios comienzan a pagar sus impuestos personales de sus propios bolsillos, tal como lo hacen actualmente todos los asalariados que están afectos a dichos tributos; en tercer lugar, el sistema de impuesto a la renta se simplifica enormemente, al eliminar la relación que actualmente existe entre los impuestos a las empresas y los personales, y su correspondiente registro (el famoso FUT), haciéndole la vida más fácil a casi todo el mundo, contadores y fiscalizadores incluidos (los únicos perjudicados serían los expertos en elusión tributaria, pero nada en la vida es perfecto); en cuarto lugar, este solo cambio debería permitir una mayor recaudación de unos USD 2.000 millones por concepto de global complementario y adicional, y USD 1.000 millones por menor elusión, por parte baja.

Desde luego que éste no es el único cambio que requiere nuestro sistema tributario. También hay que restringir al máximo la renta presunta, eliminar numerosas franquicias indebidas (los artículos 55 bis y 57 bis, los beneficios tributarios del DFL2 para inversionistas inmobiliarios y el crédito especial para empresas constructoras, por ejemplo), y definir el destino del FUT histórico (partiendo por impedir que se siga accediendo a él). Sin embargo, la expuesta en este artículo es la “madre de todas las reformas”, la mayor fuente de inequidad y sinvergüenzura tributaria.

La pregunta del millón entonces es: ¿estará la Nueva Mayoría, con la presidenta a la cabeza, a la altura de las circunstancias? ¿Será capaz de dar este paso, reponiendo la equidad en nuestro sistema tributario? ¿O cederá, como sus antecesores, a la presión de los grupos de poder?

Estamos muy cerca de saberlo. Cien días pasan volando.