La titánica misión de la Convención Constitucional
Solemos llamar «titánica» a aquella tarea que se nos antoja enorme, casi imposible de resolver, en implícita referencia a Atlas, el desventurado titán que fue condenado por Zeus a soportar sobre sus hombros el peso del cielo por toda la eternidad.
Pareciera ser, entonces, un calificativo apropiado para el encargo sin
precedentes que les efectuamos a los convencionales constitucionales (a quienes
se lo toman en serio, claro está). Elaborar una nueva Constitución a partir de
una hoja en blanco, sin capacitación previa, con el gobierno tratando de
colocarles obstáculos y sabotearlos, con un grupo de infiltrados atornillando
al revés, y todo ello en el lapso de un año es, qué duda cabe, una tarea
titánica.
Sin embargo, no es una misión imposible, y los convencionales no
necesitan ser encarnaciones de Ethan Hunt para llevarla a feliz término, en
especial si se organizan de manera apropiada para abordar las seis grandes áreas
temáticas en las que se divide una Constitución: la identificación de los
constituyentes; el tipo de Estado que constituirán; los objetivos
de este; los principios que enmarcarán la vida social; los derechos
y deberes de los constituyentes; y, la guinda de la torta, la forma en
que se organizará ese Estado que se constituye para validar y respetar esas identidades, alcanzar esos
objetivos, controlar que los principios y deberes sean cumplidos, y garantizar
que los derechos establecidos —todos, sin excepción— puedan ser ejercidos a
plenitud por los ciudadanos.
Esa es la ventaja de los esquemas: una tarea muy compleja se reduce a nada
más que siete conceptos: identidad, tipo de sociedad, objetivos, principios,
derechos, deberes y organización. Vista así parece más abordable, ¿verdad?
Incluso, hay una secuencia implícita, pues la organización, dado que depende en
gran medida de lo que se defina en las restantes áreas, debiera ser resuelta al
final.
Demos un breve y superficial vistazo a cada área temática.
En la primera, la identificación, los convencionales tendrán que resolver
los espinudos temas de la soberanía, los pueblos y las culturas. ¿Dónde reside
la soberanía? ¿Quién o quiénes concurrirán al acto constituyente (no me venga a
decir que la República, porque lo repruebo en el acto)? ¿Será la Nación chilena
como un todo? ¿Habrá una redefinición previa del concepto «Nación»? ¿Se
recurrirá a una «Plurinación»? ¿Cómo se insertará la plurinacionalidad en la
nueva Carta Fundamental? ¿O serán los pueblos quienes se constituirán? Y, de
ser así, ¿cuáles pueblos? ¿Se le dará aquí, por fin, el reconocimiento
constitucional a cada uno de ellos? ¿De qué manera?
En la segunda área, la del tipo de sociedad que se constituirá,
los convencionales deberán abordar varios temas polémicos. No está en cuestión,
dado lo dispuesto en el artículo 135, el tipo de Estado que se
conformará: será una «república democrática». Pero ¿tendrá más apellidos?
¿Cuáles? ¿Tendremos más de un idioma oficial? ¿Más de una bandera? ¿Cuál será
el lema que figurará en el escudo patrio? ¿Se eliminará per saecula saeculorum
la tercera estrofa de la canción nacional? ¿Se dispondrá el derribo, por fin, de
las estatuas de genocidas y criminales de derechos humanos que aún permanecen
en pie? Sería esta, además, una excelente instancia para suprimir de la lista
de presidentes de la República a cualquier dictador sanguinario que aún forme
parte de ella, y para asentar de manera concluyente el carácter laico de
nuestra sociedad y extirpar para siempre toda clase de juramentos en nombre de
alguna improbable y todopoderosa entidad divina.
La tercera área, los objetivos, aunque ausente casi por completo
de la Constitución vigente, es clave. En ella se responde una inquietud
fundamental: ¿para qué conforman los constituyentes esa sociedad llamada
Estado? ¿Cuáles son los beneficios que pretenden lograr por su intermedio?
Por cierto, no vale aquí el tan manoseado «bien común», concepto
indefinible y, por tanto, inmedible e incontrolable. El preámbulo de la Carta
Fundamental española puede servir de punto de partida al respecto, precisando
aún más lo que haya que precisar y agregando objetivos ineludibles que están
ausentes, tales como una mayor equidad y el respeto irrestricto al medio
ambiente.
La cuarta área, los principios, debe incorporar, corregidos y mejorados, los que forman parte del
capítulo de Bases de la institucionalidad de la actual Constitución, pero
también algunos cuya definición no puede seguirse dilatando. Respecto de la
familia, por ejemplo, ¿se restringirá el concepto solo a la definición
tradicional o se abrirá a las demás formas existentes? Respecto de la
jerarquía, ¿se establecerá por fin que las normas constitucionales prevalecen
sin excepciones sobre los códigos y leyes (terminando así con el absurdo de que
la Fiscalía no puede perseguir crímenes en ausencia de una querella del SII)?
Respecto de la probidad, ¿se dispondrá de una vez por todas que la no denuncia
de un posible delito es causal de pérdida del cargo para el no denunciante? Y respecto
de la responsabilidad, ¿se dejará normado con claridad meridiana que las personas
jurídicas no son responsables de la comisión de faltas o delitos, y que son las
personas naturales las únicas que deben responder por ellos?
La quinta área, los derechos y deberes de los ciudadanos, será un
manjar para algunos y una tortura para otros. No es necesario ser pitoniso para
anticipar aquí un debate sanguinario, en particular respecto del derecho de
propiedad —¿quién debe ser el propietario de las aguas, de los minerales, pesquerías,
playas y riberas, cerros, montañas, del bosque nativo, de la fauna autóctona?;
¿se seguirá autorizando la caza?; ¿se prohibirán la tala del bosque nativo y el
desarrollo de actividades extractivas que afecten áreas protegidas, como es el
caso de Dominga?; ¿se establecerá algún límite a la acumulación desmedida de
propiedad, ya que atenta contra el bienestar de la sociedad?—, y de los de
salud, educación, vivienda, seguridad social, justicia, igualdad ante la ley y
un largo etcétera. Le doy por firmado que el sistema privilegiado de pensiones
de las FFAA y Carabineros generará un gran debate, así como la impunidad que disfrutan
quienes disponen de poder político y económico. También, no faltaba más, la
equidad tributaria.
Por cierto, en una sociedad donde la asimetría de información es brutal,
debe incorporarse el derecho a recibir información completa, verídica y no
sesgada. Y también es imperioso, y más aún en un país tan desigual e
inequitativo como Chile, que se complemente el derecho de igualdad ante la ley estableciendo
que el abuso, todo abuso, sea por definición un delito y, como tal, deba ser
denunciado, perseguido y sancionado. Por último, y ligado a lo anterior, habría
que plantear un «derecho a la equidad», que sería el derecho de las personas a
que la desigualdad no supere una determinada magnitud (si la medimos con el
coeficiente de Gini, que este no sea mayor que 0,30, por ejemplo).
En cuanto a deberes, hay que definir si se reestablecerá el voto
obligatorio y si se eliminará el servicio militar obligatorio, buscando profesionalizar
al máximo las FFAA y reducir su tamaño a aquel que sea indispensable para
preocuparse solo de nuestra seguridad externa (otro debate sanguinario, uno
más).
Ahora bien, si estas primeras áreas
provocarán dolores de cabeza a los convencionales, en especial la quinta, imagine
la cefalea que los abrumará con la sexta. Tendrán que definir, en el escaso
tiempo que les reste, cuál es la organización del Estado más adecuada para, lo
reitero, conseguir que las identidades definidas se validen y respeten; medir, perseguir
y alcanzar los objetivos establecidos; controlar que los principios y deberes
sean cumplidos y no se transformen en letra muerta; y conseguir que los
derechos ciudadanos —todos, sin excepción— sean respetados y ejercidos a
plenitud por quienes los detentan. Este punto es crucial, porque las organizaciones
no son constructos que pueden ser sujetos de copy paste y seguir funcionando
como si nada. No sirve aquí el prêt-à-porter. Una organización debe ser
diseñada, sí o sí, de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar por
su intermedio.
Dicho esto, hay demasiados temas que resolver en este ámbito. Por
ejemplo: ¿cuántos poderes tendrá el Estado? ¿Solo tres, como hasta hoy? ¿O a
los existentes —ejecutivo, legislativo y judicial— se agregará un cuarto, el
Defensor del pueblo, que defenderá los derechos de los ciudadanos y supervisará
que los tres restantes los respeten a cabalidad? ¿Cuál será el grado de
descentralización que se implementará? ¿Será Chile un estado unitario, federal
o uno conformado por comunidades independientes? El sistema de gobierno,
¿seguirá siendo presidencial o derivará a (semi)parlamentario? El poder
legislativo, ¿será uni o bicameral? ¿Se suprimirá el Senado o solo se
modificarán sus atribuciones? ¿Se eliminará el TC asignando sus funciones a la
Corte Suprema? ¿Se creará, al amparo de esta, un Tribunal de Derechos Humanos y
Ciudadanos? ¿Se suprimirá la injerencia del gobierno y el parlamento en la
selección de los jueces, estableciendo un sistema de promociones donde todos
los ascensos se efectúen por calificaciones? ¿Se eliminarán los abogados
integrantes y los jueces provenientes de la actividad privada? ¿Se eliminarán
las prescripciones de ciertos delitos, como los homicidios, violaciones, el
abuso infantil y los efectuados en contra del Fisco y de la comunidad (mal uso
y apropiación de bienes y dineros fiscales, colusiones, cohechos y delitos
tributarios, entre otros)? Destaco que una medida como esta permitiría
perseguir a la mayor parte de los delincuentes de cuello y corbata que han sido
beneficiados con el abuso de la impunidad.
Hay más. V.gr., ¿seguirán siendo las FFAA y carabineros instituciones
clasistas con doble escalafón o serán transformadas en organizaciones inclusivas
con uno solo? ¿Serán refundadas Carabineros y la PDI? ¿Habrá policías
regionales y municipales? ¿Cuál será el papel de la Contraloría? ¿Podrá
supervisar los gastos de todos los organismos del Estado o seguirá teniendo las
actuales limitaciones? ¿Serán elegidos los fiscales nacionales por voto popular
o se mantendrá el vergonzoso sistema de selección vigente? ¿Se transformará el
SII en un servicio autónomo? ¿Los jefes de los servicios y los embajadores pasarán
a ser funcionarios de carrera? ¿Se pondrá límites a los cargos políticos a todo
nivel?
Respecto del derecho a informarse, ¿se crearán una radioemisora y un
periódico de propiedad pública cuya misión sea investigar y destapar los
abusos, cualquiera sea su origen? ¿Se reestructurará TVN para convertirlo en el
canal público que necesitamos y dotarlo de autoridades comprometidas con la
verdad y la transparencia, y no de vulgares operadores políticos, como hasta
ahora?
Y en temas misceláneos, ¿se reducirán las dietas parlamentarias,
asociándolas además al salario mínimo? ¿Se eliminarán las dietas y asignaciones
de los expresidentes? ¿Se suprimirá el CNTV? ¿Se eliminarán las notarías,
traspasando sus funciones a un servicio público?
Y agregue unas cuantas decenas más.
Espeluznante, ¿verdad? ¡Menuda tarea la que les espera a nuestros
convencionales! Espero que de verdad la hayan aquilatado y estén tomando todas
las medidas necesarias para desarrollarla en buena forma. Estoy seguro, no obstante, de
que serán capaces de sacarla adelante; con algunas canas y arrugas adicionales
y un poco menos pelo, cierto, pero de manera satisfactoria. Tendremos, tengo la
certeza, una nueva constitución que será muy superior a la que dejaremos en el pasado.
Mal que mal, si
de titanes se trata, no han existido quejas hasta la fecha del desempeño de los
antiguos —el cielo, como es
fácil de comprobar, sigue pendiendo sobre nosotros—. ¿Por qué, entonces, tendría que ser
distinto con los nuevos?
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