La gran farra previsional de Gabriel Boric

 

Cómo dilapidar una oportunidad histórica para, junto con mejorar las pensiones de manera sustancial, construir un Chile más equitativo

Gabriel Boric parece ser el más probable ganador de la elección presidencial. Por ello, es del máximo interés analizar a fondo su programa de gobierno, en especial en aquellas materias que, por esas cosas de la vida, uno conoce más a fondo.

Es el caso de la previsión, donde la propuesta del candidato es una farra garrafal, ya que dilapida la posibilidad irrepetible de asestar un golpe mortal a la concentración económica y a la brutal desigualdad imperante. ¿Cómo? Manteniendo el sistema actual, pero eliminando de raíz los brutales abusos y despojos que se cometen contra los afiliados por su intermedio.

En particular tres de ellos.

¿De qué manera? Lo explico a continuación:

Primer despojo por corregir: los montos de las comisiones de administración

Durante 2020, las AFP cobraron a sus afiliados 1,2 billones de pesos en comisiones de administración; unos 1.640 millones de dólares, a la tasa de cambio del 31/12/2020.

De ellos, 740 mil millones de pesos los cobraron como comisiones «oficiales», y por tanto figuran en sus balances y fueron informados en las cartolas cuatrimestrales de los afiliados. Los restantes 460 mil millones de pesos fueron «comisiones fantasmas», que son un doble pago por el mismo servicio que ellas prestan, que no figura en sus balances y que se cobra a los afiliados sin informarles, sin que se registre en sus cuentas individuales, y sin que se sepa a quiénes se les pagan ni cuánto ni por qué concepto.

Para que dimensione la magnitud del despojo que representan esas enormes cifras, considere que si la administración de los fondos de pensiones se hubiese contratado a una entidad administradora tipo Vanguard (gugléelo, por favor), se habrían pagado en total solo unos 400 millones de dólares en comisiones.

Hay, en consecuencia, un sobrepago brutal de, por lo bajo, 1.240 millones de dólares (más los intereses correspondientes).

Ahora bien, esa enorme cifra corresponde solo al 2020. Imagine el monto acumulado en los ya 40 años de vigencia de este infame sistema. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares cobrados de más a los afiliados, y rebajados por tanto de sus pensiones, sin justificación alguna. ¿Qué le parece el abuso?

¿Cómo se corrige? De una manera muy simple: hay que quitarle la administración de los fondos de pensiones a las AFP, ahora ya, y entregársela a un único administrador que cobre comisiones similares o menores a las de Vanguard.

Segundo despojo por corregir: la forma de pago de las comisiones de administración

Vanguard cobra sus comisiones de administración vencidas —esto es, una vez prestado el servicio— y en proporción al monto administrado. Es la forma correcta y la más adecuada para hacerlo. También, la más conveniente para el afiliado. De hecho, no hay justificación alguna para cobrarlas de manera diferente.

Desde hace 40 años, sin embargo, las AFP cobran sus comisiones de administración en forma anticipada, y no solo por uno o dos meses, sino por 20 años (240 meses) en promedio. Gracias a este sistema, por ejemplo, un afiliado promedio al fondo C de Hábitat con un sueldo de $ 500 mil mensuales paga $ 76.200 en comisiones durante su primer año (saque la cuenta, por favor; solo tiene que multiplicar los $ 6.350 mensuales por 12). En Vanguard, en cambio, pagaría menos de $ 800. Al segundo año, el pago acumulado en Hábitat sería de $ 152.400 y en Vanguard, menos de $ 3.000. Y así sucesivamente. ¡Un feroz despojo a mansalva!

Como es archisabido, todo pago anticipado genera un perjuicio para quien lo efectúa y un beneficio equivalente para quien lo recibe, los que son considerables cuando el lapso del anticipo es tan prolongado (20 años en promedio, se lo recuerdo). ¿A cuánto asciende? Pues por el solo hecho de cambiar la forma de pago de las comisiones, con las mismas cotizaciones, iguales comisiones totales e idéntica rentabilidad, los afiliados obtendrían entre un 3% y un 6% más de saldo, dependiendo del fondo donde tengan su dinero y de la AFP que se lo administre. Reduciendo las comisiones, el impacto sería aún mayor. Con una comisión anual vencida de 0,19% y eliminando las «comisiones fantasmas», el afiliado de Hábitat del ejemplo ganaría casi $ 10 millones más que con el sistema actual al cabo de 40 años. Destaco que esa mayor ganancia duplica el monto máximo de un retiro de 10%,

Los creadores de este abuso buscaron institucionalizarlo para poder utilizarlo sin restricciones y denominaron «comisiones por flujo» a las comisiones anticipadas, haciendo abstracción de lo ridículo, abusivo e impresentable que resulta calcular el precio de un servicio, de cualquier servicio, no en relación con el beneficio que le presta a quien lo recibe, sino como una proporción de la renta de este. Así que ya sabe: si alguien le argumenta que estas comisiones anticipadas son «comisiones por flujo», tenga por seguro que es un ignorante o un sinvergüenza abusador de la peor especie.

El efecto acumulado de este despojo —esto es, lo que los afiliados pierden y las AFP se embolsan debido en exclusiva a la forma de pago de las comisiones de administración— asciende, por parte baja, a unos 1.000 millones de dólares anuales, y se solucionaría con el simple expediente de cambiar la comisión anticipada a una comisión vencida no mayor que el 0,19% anual promedio que cobra Vanguard. Ello permitiría que esa ingente cifra pasara a incrementar los fondos de pensiones en lugar de irse, como hoy, a las faltriqueras de las AFP.

Tercer despojo por corregir: las inversiones en renta fija nacional de los fondos de pensiones

Para entender este despojo, es necesario tener presente que la obtención de buenas pensiones para sus afiliados no es ni nunca ha sido el único propósito del sistema previsional chileno. También lo es servir de sustento al mercado de capitales. No obstante, ambos objetivos se contraponen, ya que el mercado de capitales requiere de financiamiento a bajo costo, y la generación de buenas pensiones, de inversiones de alta rentabilidad. Los bancos y sociedades anónimas abiertas necesitan que sus bonos emitidos a tasas mínimas sean adquiridos por los fondos de pensiones, pero eso es un pésimo negocio para los afiliados. Hay, entonces, intereses incompatibles que no pueden subsistir de manera simultánea, por lo que uno de los dos tiene que prevalecer. ¿Cuál? Prevalece, por supuesto, el interés del más fuerte. En consecuencia, el objetivo principal del sistema previsional chileno es proveer financiamiento a bajo costo para los bancos y las grandes empresas. Obtener buenas pensiones para los afiliados es nada más que un objetivo secundario sujeto al primero (está, de hecho, en el tercer peldaño, por debajo de las ganancias de las AFP; e incluso podría estar en el cuarto si es que se encuentran en las contabilidades de las AFP, que supongo que se revisarán en el nuevo gobierno, evidencias de financiamiento ilegal de la política).

Esta es, de hecho, la razón fundamental por la que las comisiones de administración son tan elevadas y no tienen relación alguna con el rendimiento de los fondos de pensiones. Es la forma en que los grandes grupos económicos se aseguran de que las AFP privilegien sus bonos de rentabilidades ínfimas por sobre alternativas mucho más favorables para los afiliados.

Esta es también la justificación de las «comisiones fantasmas» y de los multifondos: se necesitaba asegurar que parte del dinero acumulado se invirtiese en renta fija para tener siempre financiamiento disponible para los bonos.

El efecto de este abuso es devastador, en especial para quienes tienen su dinero en los fondos D y E. Según la información publicada en el sitio web de la SP, las rentabilidades anuales promedio que han obtenido durante los últimos 20 años son bajísimas: 3,92% el primero y 3,04 % el segundo, frente a un 6,55% del fondo A.

La situación de ambos fondos, no obstante, es mucho peor, porque esas no son las verdaderas rentabilidades de los afiliados, ya que en su cálculo no se han considerado los costos incurridos para obtenerlas. Son rentabilidades obtenidas sin descontar las comisiones de administración, algo parecido a determinar la rentabilidad de una empresa sin rebajarle a la utilidad los gastos de administración y ventas. La horrible verdad es que la rentabilidad anual promedio real del fondo D para los últimos 20 años no supera el 3% y la del E, el 2%.

Destaco que esas rentabilidades reales, las que consideran esos costos, jamás han sido publicadas ni por las AFP ni por la SP. Ellas han ocultado de manera sistemática ese indicador, y otros más, durante las cuatro décadas de duración de este sistema. Las razones las dejo a su imaginación, como también los motivos por los cuales ninguno de los adalides chilenos de la transparencia ni los organismos nacionales e internacionales preocupados del tema han reclamado por este inadmisible ocultamiento de información ni exigido su término inmediato.

De manera que en eso consiste este abuso: en aprovecharse de las personas menos proclives al riesgo y de todos quienes superan determinadas edades para disponer de fondos a bajísimo costo y utilizarlos para obtener pingües utilidades. Como en el retail, por ejemplo, o en las divisiones de créditos de consumo de los bancos.

Para dimensionarlo, considere que la rentabilidad promedio anual de Vanguard se empina sobre el 10%. Al respecto, le doy un dato terrorífico: con la rentabilidad del fondo A —6,55% anual promedio— y pagando la comisión vencida de Vanguard —0,19% anual promedio— un afiliado del fondo D casi triplicaría su saldo y su pensión en 40 años. Otro aún peor: si la rentabilidad promedio fuera la de Vanguard, 10% anual, el fondo final sería 6 veces mayor que el que obtendrán con la rentabilidad promedio actual y con comisiones anticipadas. Hay abusos salvajes, brutales y este, en la cima de todos.

¿Cómo se soluciona este abuso? Otra vez la solución es simple y muy similar a la del primero: hay que quitarle la administración de los fondos de pensiones a las AFP, sin más trámite, y entregársela a un único administrador con un único fondo que cobre un comisión vencida baja y obtenga rentabilidades similares a las de Vanguard.

Los otros abusos del sistema previsional chileno

La triste verdad es que el sistema previsional chileno es un compendio de abusos de la peor calaña. Tome nota de los que, aparte de los mencionados, son más evidentes: el manejo de las tablas de mortalidad y las proyecciones de rentabilidad futura para favorecer el negocio de las rentas vitalicias a costa de perjudicar las pensiones; la retención ilegal e inconstitucional de los fondos de los afiliados que residen en otros países, pese a que la norma constitucional que faculta al DL 3500 para limitar el derecho de propiedad de los afiliados (la garantía de seguridad social del artículo 19 N°18 de la CPR) está restringida solo a los habitantes de Chile; la desinformación y el ocultamiento de información básica e imprescindible para los afiliados, con el objeto de evitar que se enteren de la real situación de sus inversiones en los fondos de pensiones; y la apropiación (¿indebida?) de las comisiones no devengadas de quienes se pensionan en forma anticipada.

¿Solución? Copie y pegue la del primer y tercer abuso.

¡Todos conocen los abusos!

Veamos: ¿cree usted que las senadoras Goic, Provoste y Rincón y el senador Pizarro, con todos sus asesores (entre ellos Guillermo Larraín, que fue superintendente de pensiones y maneja este tema al detalle), no conocen estos abusos? ¿O que los senadores Insulza, Lagos, Letelier y Montes —que por mera coincidencia y al igual que los anteriores (salvo Yasna Provoste) están en contra del cuarto retiro— no tienen idea de ellos? ¿O que economistas como De Gregorio, Edwards, Engel, Marcel, Ramos, Valdés y Velasco los ignoran? ¿O que los expertos previsionales y los 123 académicos de la carta aquella no saben nada al respecto? ¿Cree usted que Sichel, Kast y casi todos los parlamentarios de derecha —que no solo son enemigos del cuarto retiro, sino que son partidarios de mantener las AFP—, los desconocen? No hay mucha ciencia aquí. Tampoco excesivos requerimientos técnicos. Nada que no se pueda proyectar con una simple planilla Excel y algunos conocimientos básicos de finanzas.

La triste verdad es que todos ellos saben. Durante cuatro décadas, han privilegiado el bienestar de los grandes grupos económicos a costa de las pensiones de la inmensa mayoría de los asalariados chilenos. Enfrentados a la disyuntiva, han elegido a aquel que les da de comer, amparando el mercado de capitales y protegiendo los intereses de los bancos y de las grandes empresas, aunque ello signifique validar un compendio de abusos. Han preferido la opción que los enriquece y asegura su futuro, pese al daño que provoca a los afiliados. Así estamos y así hemos estado durante los últimos 40 años.

Esta es la razón principal, por lo demás, de por qué se oponen al cuarto retiro. No es por su impacto sobre la caja fiscal ni por su efecto sobre las futuras pensiones, ya que bastaría con poner término a los abusos para minimizarlos. Tampoco, por la inflación, porque todos saben que el alza de la tasa del Banco Central incide mucho más en ella que un aumento puntual de la demanda, en especial en economías plagadas de oligopolios como la chilena (ello sin considerar que dicha alza es la principal responsable de la debacle del fondo E; si usted averigua cómo se valorizan las inversiones de los FP lo entenderá). La triste verdad es que ellos, una vez más, están protegiendo el negocio de los grandes grupos económicos. Qué doloroso resulta constatarlo, ¿no le parece?

Por cierto, el motivo fundamental de por qué este cuarto retiro debería aprobarse a la mayor brevedad es que, tal como los tres anteriores, es una mínima compensación que el Estado les debe a los afiliados por haber hecho la vista gorda ante tanto abuso durante cuatro décadas.

La gran farra

Al 30 de septiembre, los fondos de pensiones totalizaban 138 billones de pesos, unos 171.700 millones de dólares a la tasa de cambio de esa fecha. De ellos, la mitad estaban invertidos en el exterior, esto es, del orden de 86.000 millones de dólares. Agregue las nuevas cotizaciones y los futuros aportes adicionales del Estado y de las empresas y llegará a cifras difíciles de imaginar.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué no aprovechar ese enorme capital que pertenece a la inmensa mayoría de los chilenos en desarrollar proyectos rentables que nos beneficien a todos? ¿Por qué no poner a trabajar esos dineros en exclusivo beneficio de sus propietarios? La lista de posibles proyectos es enorme: una financiera que otorgue créditos a los afiliados a tasas muy inferiores al retail y a las divisiones de consumo de los bancos; un fondo de inversión inmobiliaria que permita a los afiliados comprar o arrendar viviendas a precios muy inferiores a los actuales; una compañía de seguros con primas bajas; una «tía rica» que otorgue a los afiliados créditos prendarios a tasas reducidas y sin que corran el riesgo de perder sus joyas en manos de los joyeros o de los narcotraficantes; una compañía minera que explote el litio; una de transportes que desarrolle el nuevo ferrocarril; empresas de propiedad de todos los chilenos que se hagan cargo de todos los nuevos grandes proyectos que se desarrollarán en el futuro gobierno con fondos públicos; y así sucesivamente. Ninguna otra alternativa sería tan rentable para el país desde el punto de vista social ni para los afiliados desde el económico. Ninguna otra alternativa impactaría tanto como esta en los niveles de desigualdad. ¿Se imagina que las utilidades de los grandes grupos económicos, una parte importante de ellas al menos, pasaran a manos de los afiliados a las AFP? Sería otro Chile, sin duda.

Es por cierto, un desafío enorme, pero también una oportunidad gigantesca e irrepetible. Quienes conforman el equipo de Gabriel Boric, no obstante, la están echando por la borda. Empecinados en estatizar mediante una rebuscada mezcolanza público-privada de viabilidad más que dudosa, se ponen anteojeras y no son capaces de visualizar esta opción, sideralmente mejor que la que ellos proponen.

El candidato ha señalado que su programa está en permanente evolución, siempre abierto a incorporar nuevas ideas que tiendan a optimizarlo. Es la manera correcta de entender un programa de gobierno abierto y participativo. No hay líneas ni párrafos fijos, sino que todo el contenido es susceptible de ser mejorado. Como toda obra humana, por lo demás.

De manera que aquí está esa idea: reemplazar las AFP por un solo gran administrador de fondos de pensiones de propiedad de los afiliados, con un solo fondo, con una administración profesional y no contaminada con los actuales ejecutivos de las AFP, con una comisión vencida reducida y con total transparencia, cuya inversión prioritaria debiese ser en proyectos rentables que vayan en beneficio de sus propietarios, los que también deberían pertenecerles. El potencial de un sistema así es incalculable.

Es de esperar que Boric y su equipo practiquen lo que predican, echen marcha atrás en su intrincada y equivocada propuesta y se pongan a trabajar en la implementación de esta idea, de manera de ponerla en práctica apenas se hagan cargo del gobierno. Cuando se trata de abusos, la gradualidad no es una opción. Impulsar cambios paulatinos para permitir que los abusadores se adecúen es impresentable e inaceptable. Los abusos deben ser extirpados de raíz y con la mayor prontitud posible. Hay, por ello, que terminar con las AFP de manera inmediata y, de paso, exigirles que devuelvan a los afiliados todas las comisiones anticipadas que aún no se han devengado.

Ahora bien, lo más interesante de este proyecto es que existe una forma de llevarlo a la práctica de inmediato y sin cambios legales. ¿Cómo? Cuando quieran me llaman y les explico.