La Convención Constitucional y el reino de Abusinia

En el reino de Abusinia es muy conocida la leyenda de los unos y los otros, unos aldeanos que pretendían cruzar un puente sobre un caudaloso río para alcanzar una tierra maravillosa donde dejarían de ser abusados, pero que no podían hacerlo porque había una barrera que lo impedía y no se les ocurría cómo superarla.

Tras un largo periodo de inútiles reflexiones y discusiones sin hallar una solución, cuando ya comenzaban a desesperar, una tormentosa noche la barrera se movió y se situó a un costado del puente, de manera que no solo no impedía el cruce, sino que protegía a quienes lo intentasen del peligro de una crecida del río.

—¡Por fin! —dijeron los unos entre gritos de júbilo—. ¡El camino está libre! Organicemos el cruce. ¿Quién va primero? ¿Cómo trasladaremos a los niños? ¿Qué carga llevaremos? ¿Cómo la transportaremos? ¡Vamos! ¡Manos a la obra!

—¡No! —gritaron los otros—. ¡No podemos hacer eso porque aún está ahí la barrera! ¡Antes de cruzar, hay que quitarla!

—¡Pero si ya no impide el paso! —alegaron los unos.

—¡De hecho, lo facilita! —apoyaron otros unos.

—¡Nada de eso tiene relevancia! —contestaron los otros en tono categórico—. ¡Es una cuestión de principios! ¡Tenemos el derecho de que no existan barreras, por lo que hay que removerla antes de cruzar!

Había otros aldeanos, los de más allá, que mientras tanto guardaron silencio. Ellos nunca habían querido cruzar el puente (de hecho, fueron quienes colocaron la barrera), así que cualquier dilación les convenía.

Cuenta la leyenda que los unos y los otros se enfrascaron en una interminable discusión respecto del tema, la que solo finalizó cuando hubo una crecida y el río se llevó el puente, impidiéndoles el paso por quién sabe cuántas generaciones. Así, para satisfacción de los de más allá, nadie logró llegar a la tierra prometida ni nadie ha podido hacerlo hasta hoy.

¿Le suena familiar el relato? ¿Sí? Pues eso ocurre porque hay realidades calcadas de las leyendas.

De manera que aquí tenemos a los unos señalando que la barrera de los 2/3, debido a lo ocurrido en la elección de convencionales del 15 y 16 de mayo, ya no existe; y que, por el contrario, ahora es una restricción favorable, ya que permite trabajar buenos acuerdos a todo nivel e impide que alguien pueda bloquearlos. Y, por supuesto, tenemos también a los otros intentando pese a ello cambiar ese cuórum a como dé lugar «porque es herencia de la dictadura», además de querer introducir otras medidas tan impracticables como innecesarias (léase plebiscitos «dirimentes» y comisiones «transversales»). Mientras, los de más allá «avivan la cueca» y toman el correspondiente palco, a la espera de que no se pongan de acuerdo y el asunto fracase.

Lo preocupante es que, por lo visto, hay suficiente agua en la piscina como para elaborar una buena Carta Fundamental dentro del marco de las actuales restricciones, ya que la cantidad de convencionales «razonables» y «bien dispuestos» supera con creces los 2/3, incluyendo entre ellos a varios que proceden de los de más allá. ¿Cuáles son, entonces, las reales razones por las que los otros adoptan su incomprensible actitud? ¿Será que todavía persiste la mala disposición que han tenido desde un comienzo para con este proceso?

Así las cosas, la tarea de la directiva es fundamental. Ella tiene la responsabilidad de conducir este proceso a buen puerto, no solo propiciando el inmediato inicio de la discusión de fondo, sino también procurando establecer una secuencia lógica para ella.

Porque ocurre que los seis grandes temas que deben resolverse en una Constitución no pueden abordarse de manera simultánea.

Veamos: los dos que podemos denominar «de identidad», la identificación de los constituyentes —donde hay que resolver el espinudo tema de los pueblos y la plurinacionalidad— y la determinación del tipo de sociedad que van a constituir —la República de Chile, con o sin apellidos, donde se deberá trabajar el tema de los lenguajes y los emblemas, y definir, por ejemplo, si se elimina la tercera estrofa de la canción nacional y si se establece el derribo de todas las estatuas y el cambio de nombre de todos los bienes públicos que pretendan rendir homenaje a genocidas o funcionarios de alguna dictadura— debieran ser vistos a la mayor brevedad, además de trabajarse en conjunto porque lo que se decida en el primero puede tener repercusiones en el segundo. Es, podríamos decir, lo más urgente.

Otros tres, los objetivos a los que se compromete la naciente República de Chile —uno de los cuales debiera ser el de respetar, promover y resguardar de manera irrestricta los Derechos Humanos—, los principios que enmarcarán la acción del Estado y el actuar cotidiano de los constituyentes, y los derechos y deberes de las personas (incluidos, si se quiere en un capítulo aparte, los Derechos Humanos), también son prioritarios, aunque pueden verse afectados de alguna manera por los dos anteriores (¿habrá derechos de los pueblos, por ejemplo?).

El sexto, la organización del Estado, no puede abordarse, sin embargo, hasta no tener resueltos los otros cinco, y ello obedece a dos razones fundamentales, la primera de las cuales es su propósito mismo, que es asegurar que las identidades definidas se validen y se respeten; medir, perseguir y alcanzar los objetivos establecidos; controlar que los principios y deberes sean cumplidos y no se transformen en letra muerta; y garantizar que los derechos reconocidos —todos, sin excepción— sean respetados y ejercidos a plenitud por quienes los detentan. Al respecto, ¿cómo podría el Estado cumplir este mandato si esas identidades, objetivos, principios, derechos y deberes no se conocen al momento de organizarlo?

La segunda razón tiene que ver con la génesis misma de este proceso: ¿por qué hubo un estallido social? Pues porque la actual organización del Estado falló y permitió (permite) abusos a granel y una brutal inequidad. Pero ¿por qué falló? ¿Cuáles fueron las fallas y carencias? ¿Cuáles, los abusos? ¿Qué es lo que no está funcionando como debiera? En suma, ¿cuál es el diagnóstico del actual Estado chileno?

El punto es que cuando un médico tiene que mejorar a un paciente, no llega y le aplica «a sangre de pato» un tratamiento. Primero lo estudia, le pide exámenes, los revisa; en suma, hace un diagnóstico.

Con las organizaciones enfermas, y el Estado de Chile lo es, ocurre lo mismo. Hay que saber qué es lo que está fallando y por qué antes de intervenirlas o cambiarlas, lo que convierte el diagnóstico del actual Estado en un indispensable paso previo a la discusión de cómo se le organizará en la nueva Constitución.

Entonces, estimados convencionales, por favor atinen. No sigan con los 2/3 ni con los plebiscitos «dirimentes». Además, si hacen su tarea en la secuencia que corresponde, no necesitan comisiones «transversales» porque el tema de los DDHH estará resuelto al momento de discutir la organización del Estado. Por último, el diagnóstico es imprescindible. ¿Cuándo comenzarán a elaborarlo?

El tiempo es escaso. No lo desaprovechen. Diez meses pasan volando. Una buena organización de su tarea les permitirá sacarle el mejor partido.

Son muchas las esperanzas depositadas en ustedes. Por favor, no nos decepcionen.