El reajuste parlamentario: ¿la gota que rebalsó el vaso?
¿Cuál
es la razón por la que el recién aprobado aumento de las remuneraciones del
sector público generó tanta polémica?
Parece
simple, ¿verdad? La gente percibe que los parlamentarios están sobrepagados y
que, por ello, el reajuste no se justifica. Menos aún si el monto de éste es
más del doble de un sueldo mínimo.
Pero,
¿están realmente sobrepagados? Para averiguarlo, lo invito a conocer cómo se
gestó el actual valor de la dieta.
No
siempre las dietas parlamentarias fueron tan jugosas. De hecho, a fines del año
2002 ascendían, incluido el 3% de reajuste del sector público que se otorgó en
diciembre de dicho año, a $ 2.056.360 brutos, valor equivalente a 18,5 veces el
sueldo mínimo de la época ($ 111.200).
Si
se hubiesen mantenido en dicho valor, considerando los reajustes anuales
otorgados a los funcionarios fiscales, a la fecha ganarían $ 3.585.615, monto
que equivale a 15,9 veces el actual sueldo mínimo ($ 225.000). En tales
circunstancias, el monto del reajuste (6%) ascendería a $ 215.137, cifra
levemente inferior al sueldo mínimo, y la nueva dieta quedaría en $ 3.800.752.
¿Qué
le parecen esos montos? Bastante más razonables, ¿verdad? Es lo que deberían
ganar nuestros parlamentarios. En ningún caso más que eso.
No
ocurre así, sin embargo, y la razón es conocida. El año 2002, como consecuencia
de uno de los actos administrativos más vergonzosos de nuestra historia,
nuestros sufridos parlamentarios tuvieron un reajuste extra. Uno más que considerable,
en realidad.
Por
esas fechas, se detectó que el gobierno de turno, con Ricardo Lagos a la
cabeza, le había puesto ruedas al erario público. Recurriendo a toda clase de
triquiñuelas, algunas de las cuales serían constitutivas de delitos (Gloria Ana
Chevecich procesó a varios apóstoles de dicha administración por esa causa), se
les pagaba en secreto a los altos funcionarios de gobierno suculentos
sobresueldos.
Cuando
se destapó la olla, no ocurrió lo esperable en cualquier país que se precie de
serio. No se investigó a fondo el tema, no funcionaron las instituciones y la
mayoría de los infractores no perdió sus cargos (algunos, de hecho, siguen
disfrutando de reconocimiento público como si nada hubiese sucedido). Por el
contrario, el Gobierno y el principal partido opositor, la UDI (los mismos del
caso Penta, para que vea cuánta experiencia tienen en este tipo de asuntos)
llegaron a un acuerdo y, adivine qué, no sólo le echaron tierra al asunto y
sepultaron cualquier posible investigación seria; además legitimaron el despojo
que se estaba produciendo, mediante el incremento legal de las remuneraciones
de los altos funcionarios públicos.
No
fue un reajuste menor. Sabemos que Ricardo Lagos no se anda con pequeñeces. El
Presidente aumento su remuneración en un 150%, los ministros en un 140% y
varios otros funcionarios en porcentajes menores (revise la ley 19.863 para
conocer el detalle). ¿Hubo algún estudio serio de respaldo? ¿Algún análisis que
comprobara que los funcionarios estaban, efectivamente, mal pagados? ¿Uno
siquiera? ¿Se le ocurre? En Chile, tales resguardos no son necesarios. Bastó
con la palabra, dicha en ese tono engolado tan característico, del entonces
Presidente.
¿Y
los parlamentarios, dirá usted? Ellos no figuran en la ley. ¿Cómo es que se vieron
beneficiados?
Pues,
de rebote, gracias a una disposición constitucional que establece que perciben
una remuneración equivalente a la de los ministros de Estado. Sin tener arte ni
parte, quedaron ganando la misma renta que éstos. Tuvieron un reajuste inesperado,
pero no por ello mal recibido, de un 140%.
De
un día para otro, entonces, pasaron de los $ 2.056.360 que ganaban, a recibir
por concepto de dieta la módica suma de $ 4.935.264.
Lo
irónico del asunto es que si usted revisa la prensa de la época, se percatará
que el posible reajuste de los parlamentarios ya causaba polémica. De hecho, el
gobierno aseguró que tomaría las medidas para evitarlo. No obstante, como usted
puede comprobarlo fehacientemente, no lo hizo.
Déjeme
detenerme unos instantes en la consistencia del mensaje de Ricardo Lagos: a
este tipo de política, donde usted más que duplica su propia renta y la de sus
cercanos, y sólo aplica un 3% de reajuste a la inmensa mayoría de las rentas
públicas, el primer mandatario lo llamó “crecimiento con equidad”. Para que vea
la relatividad de los conceptos.
De
manera que aquí estamos, con un reajuste producto de una sinvergüenzura de
marca mayor; con un incremento de remuneraciones que jamás debió haber ocurrido;
que tiene un origen indigno; y que nos ha generado, desde que está vigente, un
sobrepago que se empina ya por sobre los 150 millones de dólares. La dieta
actual equivale a 38,2 veces el sueldo mínimo. La nueva dieta ($ 9.121.806), a
40,5 veces. ¿Cómo lo haya? La verdad es que nuestros parlamentarios no están
sobrepagados; están requetesobrepagados.
Lo
peor del caso, es que no existe razón alguna para que ello sea así. Ellos no lo
merecen. No están a la altura. Nunca se lo han ganado. El mínimo nivel de
prestigio del que disfrutan es una clara evidencia al respecto.
Así
las cosas, cabe preguntarse por qué una Presidenta que se declara ferviente
luchadora en pro de una mayor igualdad, no aprovechó la oportunidad para dar
pasos concretos en procura de aminorar este inaceptable exceso. Oportunidades
hubo. Algunos diputados ―aquéllos que tiene conciencia de lo aberrante e
indefendible del asunto de marras― le pidieron de hecho al Gobierno que
considerara proponer un reajuste escalonado. ¿Se le ocurre alguna razón para
que Michelle Bachelet haya obviado tal sugerencia?
Pues
a mí sí. Una de peso, en verdad. O, mejor dicho, de pesos. La única forma que
tenía el Gobierno, con la actual normativa, de obviar el reajuste de las dietas
parlamentarias, era obviando a la vez el de los ministros. No olvide que, hasta
la fecha, ambas remuneraciones están atadas. Entonces, como la caridad empieza
por casa, una acción en tal sentido era impensable. La Presidenta y sus
ministros serán partidarios de una mayor desigualdad, pero siempre y cuando no
les afecte el bolsillo propio.
Sin
perjuicio de ello, el tema se tocó en la Cámara de Diputados. Existió una
moción para solicitar al Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa exclusiva
en estas materias, una indicación en tal sentido, la que fue apoyada por 33 parlamentarios.
No obstante, 54 la rechazaron y 7 se abstuvieron, sumándose con ello a la
mayoría.
Yo
le pregunto, estimado lector, ¿no cree usted que ya es suficiente; que esta
gente no tiene remedio; que carece de escrúpulos? ¿No le parece que ésta es la
gota que rebalsó el vaso?
En
algún momento tenemos que poner atajo a tanta desfachatez. Mal que mal, somos
los dueños del boliche. Lo invito, pues, a iniciar una campaña para conseguir
que ninguno de estos honorables, tan desprendidos de dineros ajenos, vuelva a
reelegirse. Argumentos hay de sobra y tiempo también, así que lo que falta es
la decisión y la persistencia. Los medios, ya aparecerán.
Le
aseguro que si logramos que varios de estos espíritus pletóricos de equidad y
respeto por el prójimo, no vuelvan a pisar el parlamento, nos tendrán más
respeto. ¿Cómo sabe si, entonces, comienzan a preocuparse más de nuestro
bienestar y menos del propio bolsillo?
Por
algo se empieza, dicen. Para andar cualquier camino, hay que dar el primer
paso. Comencemos, pues, cobrándoles la cuenta a estos señores: no más cargos
parlamentarios para ellos. Después, seguimos con el resto.
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