viernes, 19 de diciembre de 2014

El reajuste parlamentario: ¿la gota que rebalsó el vaso?

¿Cuál es la razón por la que el recién aprobado aumento de las remuneraciones del sector público generó tanta polémica?

Parece simple, ¿verdad? La gente percibe que los parlamentarios están sobrepagados y que, por ello, el reajuste no se justifica. Menos aún si el monto de éste es más del doble de un sueldo mínimo.

Pero, ¿están realmente sobrepagados? Para averiguarlo, lo invito a conocer cómo se gestó el actual valor de la dieta.

No siempre las dietas parlamentarias fueron tan jugosas. De hecho, a fines del año 2002 ascendían, incluido el 3% de reajuste del sector público que se otorgó en diciembre de dicho año, a $ 2.056.360 brutos, valor equivalente a 18,5 veces el sueldo mínimo de la época ($ 111.200).

Si se hubiesen mantenido en dicho valor, considerando los reajustes anuales otorgados a los funcionarios fiscales, a la fecha ganarían $ 3.585.615, monto que equivale a 15,9 veces el actual sueldo mínimo ($ 225.000). En tales circunstancias, el monto del reajuste (6%) ascendería a $ 215.137, cifra levemente inferior al sueldo mínimo, y la nueva dieta quedaría en $ 3.800.752.

¿Qué le parecen esos montos? Bastante más razonables, ¿verdad? Es lo que deberían ganar nuestros parlamentarios. En ningún caso más que eso.

No ocurre así, sin embargo, y la razón es conocida. El año 2002, como consecuencia de uno de los actos administrativos más vergonzosos de nuestra historia, nuestros sufridos parlamentarios tuvieron un reajuste extra. Uno más que considerable, en realidad.

Por esas fechas, se detectó que el gobierno de turno, con Ricardo Lagos a la cabeza, le había puesto ruedas al erario público. Recurriendo a toda clase de triquiñuelas, algunas de las cuales serían constitutivas de delitos (Gloria Ana Chevecich procesó a varios apóstoles de dicha administración por esa causa), se les pagaba en secreto a los altos funcionarios de gobierno suculentos sobresueldos.

Cuando se destapó la olla, no ocurrió lo esperable en cualquier país que se precie de serio. No se investigó a fondo el tema, no funcionaron las instituciones y la mayoría de los infractores no perdió sus cargos (algunos, de hecho, siguen disfrutando de reconocimiento público como si nada hubiese sucedido). Por el contrario, el Gobierno y el principal partido opositor, la UDI (los mismos del caso Penta, para que vea cuánta experiencia tienen en este tipo de asuntos) llegaron a un acuerdo y, adivine qué, no sólo le echaron tierra al asunto y sepultaron cualquier posible investigación seria; además legitimaron el despojo que se estaba produciendo, mediante el incremento legal de las remuneraciones de los altos funcionarios públicos.

No fue un reajuste menor. Sabemos que Ricardo Lagos no se anda con pequeñeces. El Presidente aumento su remuneración en un 150%, los ministros en un 140% y varios otros funcionarios en porcentajes menores (revise la ley 19.863 para conocer el detalle). ¿Hubo algún estudio serio de respaldo? ¿Algún análisis que comprobara que los funcionarios estaban, efectivamente, mal pagados? ¿Uno siquiera? ¿Se le ocurre? En Chile, tales resguardos no son necesarios. Bastó con la palabra, dicha en ese tono engolado tan característico, del entonces Presidente.

¿Y los parlamentarios, dirá usted? Ellos no figuran en la ley. ¿Cómo es que se vieron beneficiados?

Pues, de rebote, gracias a una disposición constitucional que establece que perciben una remuneración equivalente a la de los ministros de Estado. Sin tener arte ni parte, quedaron ganando la misma renta que éstos. Tuvieron un reajuste inesperado, pero no por ello mal recibido, de un 140%.

De un día para otro, entonces, pasaron de los $ 2.056.360 que ganaban, a recibir por concepto de dieta la módica suma de $ 4.935.264.

Lo irónico del asunto es que si usted revisa la prensa de la época, se percatará que el posible reajuste de los parlamentarios ya causaba polémica. De hecho, el gobierno aseguró que tomaría las medidas para evitarlo. No obstante, como usted puede comprobarlo fehacientemente, no lo hizo.

Déjeme detenerme unos instantes en la consistencia del mensaje de Ricardo Lagos: a este tipo de política, donde usted más que duplica su propia renta y la de sus cercanos, y sólo aplica un 3% de reajuste a la inmensa mayoría de las rentas públicas, el primer mandatario lo llamó “crecimiento con equidad”. Para que vea la relatividad de los conceptos.

De manera que aquí estamos, con un reajuste producto de una sinvergüenzura de marca mayor; con un incremento de remuneraciones que jamás debió haber ocurrido; que tiene un origen indigno; y que nos ha generado, desde que está vigente, un sobrepago que se empina ya por sobre los 150 millones de dólares. La dieta actual equivale a 38,2 veces el sueldo mínimo. La nueva dieta ($ 9.121.806), a 40,5 veces. ¿Cómo lo haya? La verdad es que nuestros parlamentarios no están sobrepagados; están requetesobrepagados.

Lo peor del caso, es que no existe razón alguna para que ello sea así. Ellos no lo merecen. No están a la altura. Nunca se lo han ganado. El mínimo nivel de prestigio del que disfrutan es una clara evidencia al respecto.

Así las cosas, cabe preguntarse por qué una Presidenta que se declara ferviente luchadora en pro de una mayor igualdad, no aprovechó la oportunidad para dar pasos concretos en procura de aminorar este inaceptable exceso. Oportunidades hubo. Algunos diputados ―aquéllos que tiene conciencia de lo aberrante e indefendible del asunto de marras― le pidieron de hecho al Gobierno que considerara proponer un reajuste escalonado. ¿Se le ocurre alguna razón para que Michelle Bachelet haya obviado tal sugerencia?

Pues a mí sí. Una de peso, en verdad. O, mejor dicho, de pesos. La única forma que tenía el Gobierno, con la actual normativa, de obviar el reajuste de las dietas parlamentarias, era obviando a la vez el de los ministros. No olvide que, hasta la fecha, ambas remuneraciones están atadas. Entonces, como la caridad empieza por casa, una acción en tal sentido era impensable. La Presidenta y sus ministros serán partidarios de una mayor desigualdad, pero siempre y cuando no les afecte el bolsillo propio.

Sin perjuicio de ello, el tema se tocó en la Cámara de Diputados. Existió una moción para solicitar al Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa exclusiva en estas materias, una indicación en tal sentido, la que fue apoyada por 33 parlamentarios. No obstante, 54 la rechazaron y 7 se abstuvieron, sumándose con ello a la mayoría.

Yo le pregunto, estimado lector, ¿no cree usted que ya es suficiente; que esta gente no tiene remedio; que carece de escrúpulos? ¿No le parece que ésta es la gota que rebalsó el vaso?

En algún momento tenemos que poner atajo a tanta desfachatez. Mal que mal, somos los dueños del boliche. Lo invito, pues, a iniciar una campaña para conseguir que ninguno de estos honorables, tan desprendidos de dineros ajenos, vuelva a reelegirse. Argumentos hay de sobra y tiempo también, así que lo que falta es la decisión y la persistencia. Los medios, ya aparecerán.

Le aseguro que si logramos que varios de estos espíritus pletóricos de equidad y respeto por el prójimo, no vuelvan a pisar el parlamento, nos tendrán más respeto. ¿Cómo sabe si, entonces, comienzan a preocuparse más de nuestro bienestar y menos del propio bolsillo?

Por algo se empieza, dicen. Para andar cualquier camino, hay que dar el primer paso. Comencemos, pues, cobrándoles la cuenta a estos señores: no más cargos parlamentarios para ellos. Después, seguimos con el resto.