domingo, 5 de octubre de 2014

El caso Penta

Qué tremendo caso el denominado Penta! ¿No le parece? Es de esos multidimensionales, que permiten ―mediante un análisis serio, por cierto― poner al trasluz de un paraguazo (discúlpeme lo folclórico del término pero, convendrá usted conmigo, que se ajusta plenamente a lo acontecido), gran parte de las flaquezas, carencias y debilidades de nuestros sistemas económico y político.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO?

Hagamos una apretada síntesis, para ubicarnos: un ex importante ejecutivo del grupo mencionado, Hugo Bravo, se habría ido de lengua (por despecho, al parecer) y habría denunciado en la fiscalía ―donde estaba declarando como uno de los procesados por el llamado “caso FUT”― a sus antiguos jefes por sacar de sus empresas, recurriendo a medios fraudulentos, dineros para financiar las campañas políticas de sus partidos y candidatos preferidos en las últimas elecciones, sobrepasando los límites establecidos en la normativa. El mecanismo usado (al menos el detectado; podría haber más) sería simular boletas de honorarios por servicios que nunca se prestaron. ¿Los involucrados? Los ex jefes del denunciante, Carlos Délano y Carlos Lavín; sus respectivas esposas, que habrían sido, entre otros, las emisoras de las boletas en cuestión; personas relacionadas con algunos partidos y candidatos (se habla del chofer de Iván Moreira, por ejemplo); contadores y ejecutivos de la o las empresas involucradas; y, desde luego, todos los candidatos favorecidos con las donaciones (hechas, insistamos, por sobre los límites permitidos). ¿Las empresas específicas desde donde se efectuaron los retiros? Sus nombres no han salido a la luz pública aún, pero serían las más grandes, las de mayor movimiento contable, aquéllas que permitirían ocultar más fácilmente este tipo de operaciones. Lo complejo del caso es que esas empresas son, justamente, sociedades anónimas abiertas, lo que ni le digo la cantidad de implicancias que tiene.

Un caso interesante, ¿verdad? Siniestro, abyecto, pero no menos apasionante. Como las buenas telenovelas. Analicemos algunas de sus aristas.

ARISTAS PENALES

Refirámonos primero, por su connotación ―mal que mal, los involucrados son (o eran; eso no está muy claro) personajes muy importantes y respetados de nuestro mundillo social―, a las aristas que conllevan una sanción penal. Se habla de fraude tributario, que se origina al rebajar indebidamente la base imponible de las empresas involucradas, pero la verdad es que puede haber más posibles figuras. Convengamos en que usar boletas de honorarios “truchas” (o facturas falsas, que es el otro mecanismo más empleado para este fin) con el objeto de sacar dinero de una empresa, es un delito desde más de un punto de vista. No sólo desde el tributario, sino también por la defraudación que significa, para los inversionistas minoritarios (los Fondos de Pensiones, entre ellos), el que sus legítimas utilidades sean disminuidas de manera ilícita, sean falseadas, por sus socios mayoritarios, en su propio beneficio.

En otras palabras cuando usted, accionista mayoritario de una sociedad anónima abierta, utiliza esta triquiñuela, no sólo se está adueñando en forma maliciosa de platas fiscales (vale decir, aunque no se note, de recursos que pertenecen todos los chilenos), sino también de dineros que pertenecen a sus socios; no sólo está engañando (defraudando) al organismo estatal y a la comunidad completa, sino además a cada uno de los inversionistas que le han entregado parte de sus ahorros por la confianza que usted les brinda. Todos ellos tendrían derecho, en tal caso, a deducir una acción penal en contra suya, ¿verdad? ¿Con cuál figura específica? ¿Hurto o apropiación indebida tal vez? No lo tengo claro. Algún abogado experto se encargará de encontrarla. Tiene que haber alguna. Salvo que en nuestro país los inversionistas mayoritarios puedan abusar sin inconvenientes de los minoritarios, cosa que, siendo perfectamente posible, no parece demasiado factible (está claro que somos permisivos con quienes abusan de nosotros, pero, ¿hasta ese extremo?).

En consecuencia, Carlos Délano, Carlos Lavín y sus respectivas esposas podrían ser acusados, de comprobarse las acciones dolosas que se les imputan, por fraude fiscal y algún tipo de delito en contra del patrimonio de sus socios, AFP incluidas. Los ejecutivos y contadores de sus empresas que tuvieron conocimiento del tema deberían, en tal caso, ser procesados como cómplices.

ARISTAS ELECTORALES

Al financiar campañas políticas por sobre los límites permitidos, los señores Délano y Lavín estarían, en conjunto con los parlamentarios y partidos políticos favorecidos, trasgrediendo la ley 19884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. La estarían trasgrediendo sí o sí, pues se trata de financiamiento entregado y recibido por sobre los límites permitidos, por lo que los involucrados no podrían alegar desconocimiento. Por si hiciera falta, se lo ejemplifico: si a usted le autorizan un gasto de $ 100 y gasta $ 150, ¿cómo podría no saber que gastó demás? Está clarísimo que violó una norma. Lo hizo, sin ninguna duda, a sabiendas.

No existe sanción penal, sin embargo, si usted trasgrede alguna de las disposiciones establecidas en la mencionada ley. Tampoco pérdida del cargo, en el caso de los parlamentarios, ni menos suspensión o pérdida de su personería, en el caso de los partidos políticos infractores. Eso es, evidentemente, algo que debe corregirse. Lo que hay son multas, que se establecen en función del exceso de gasto que se haya producido. Por consiguiente, para aplicar esta ley es vital determinar los montos e identificar los destinos. Sólo así se puede sancionar. Buena tarea para Servel, ¿no le parece?

Hay mucho más paño que cortar aquí, no obstante. Si se comprobara el sobregasto, significaría que tanto los parlamentarios como los partidos involucrados mintieron en sus rendiciones, y que algunos de ellos solicitaron devoluciones que no les correspondían. ¿En qué pie quedamos ahí? Falsear documentación pública, falsear rendiciones de fondos, solicitar devoluciones que no corresponden, ¿cuáles son las sanciones de esta impresionante cantidad de ilegalidades? ¿Cuáles son las consecuencias para los infractores? Tarea para abogados, aunque la lista parece larga.

POSIBLES ACCIONES NO JUDICIALES DE PARTE DE LOS AFECTADOS

Detengámonos en las eventuales acciones no judiciales que los inversionistas, específicamente las AFP,  podrían tomar en contra de quien ha perdido la confianza del mercado (un grupo económico que utiliza triquiñuelas para defraudar, ¿es sujeto de confianza?, ¿debería seguir recibiendo inversiones de los Fondos de Pensiones?; ¿debería seguir transando sus acciones en la Bolsa?). Aquí, el asunto se vuelve espinudo, porque resulta que los supuestos trasgresores son propietarios de la corredora de bolsa más grande del mercado y fueron, hasta no hace mucho, los mayores accionistas de AFP Cuprum, firma de la que aún conservan un porcentaje menor. Así las cosas, ¿cree usted que llegarían las AFP a insinuar siquiera el retiro de sus inversiones en las empresas del grupo Penta? ¿Le parece factible que la Bolsa decida suspender las transacciones de las acciones de éstas (ya se vio que no se atrevió a suspender a la corredora)? Nada es imposible, dicen, pero eventos como los mencionados se acercan mucho a ello. Lo más dramático del caso es que nosotros, como propietarios de los recursos depositados en los Fondos, no tenemos pito que tocar.

CONNOTACIONES MORALES Y ÉTICAS

A este respecto, estimado lector, lo más grave es que éste no es un hecho aislado. Es, lamentablemente, uno más de muchos. Hay, al parecer, una nefasta cultura empresarial que ha permeado a los grandes grupos económicos, según la cual ellos pueden hacer lo que quieran. Nada les está vedado. Se hallan, están convencidos, por sobre las instituciones. Pueden coludirse, regular los mercados a su antojo, adueñarse de los recursos naturales, cobrar sobreprecios y un largo etcétera, y ello no tendrá sanciones judiciales ni sociales. A lo más, unas pocas multas muy inferiores a las ganancias obtenidas, y la obligación de impartir (¡de impartir!, el diablo recitando la Biblia) clases de ética. Los delincuentes (si usted comete un delito, es un delincuente) siguen haciendo su vida normal, trabajando en sus empresas y asistiendo a los mismos círculos que frecuentaban de manera previa. No habrá consecuencia ética alguna. Tenga la plena certeza de que todos los involucrados en este caso, seguirán asistiendo a la misma misa dominical de siempre, con total desparpajo, convencidos de que son discípulos preferentes del ser divino al que rinden pleitesía.

REACCIÓN INSTITUCIONAL

¿Qué reacción tendrán nuestras instituciones frente a este deleznable caso? ¿Funcionarán, o harán vista gorda? ¿Hará el SII la denuncia, que mantiene pendiente desde hace varios meses, ante la Fiscalía, o tomará la decisión política de “pasar”? ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga” (¿a quién le escuché eso antes?) o se generará un acuerdo entre el gobierno y la UDI para cubrir de tierra el asunto (con la excusa de “ajustar el sistema” para eliminar las redes de corrupción)? ¿Se investigará, como corresponde, tratando de identificar a todos los posibles implicados (no es tan difícil como parece; es cosa de saber dónde buscar) para sancionarlos, o se le echará tierra al asunto? ¿Qué camino tomará, en tan relevante ámbito, este deleznable caso? ¿Qué camino tomará el Gobierno? ¿Y la Fiscalía? Debemos estar muy atentos.

Porque, como usted ya debe saber, en eso anda la UDI: tratando de conseguir un acuerdo para mejorar el sistema existente. Imagino que un elemento de tal “negociado” será enrostrar a la actual administración su actitud frente a una de las mayores vergüenzas que ha afrontado la sociedad chilena en toda su historia: el infame caso “sobresueldos”, también denominado “MOP-Gate”. Querrá, posiblemente, una vuelta de mano. Si dicha tienda política evitó que Ricardo Lagos fuera procesado, como debió haber sido si las instituciones realmente funcionaran, deben sentir que lo razonable, lo justo, es que Michele Bachelet haga lo mismo con algunos de sus miembros más relevantes.

Déjeme decirle que eso es algo que no podemos volver a aceptar. Sería demasiado. Significaría que nuestra institucionalidad está a la venta. Querría decir, además, que la Nueva Mayoría nos mintió; que la Presidenta nos mintió. Que todo aquello que habló acerca de una mayor justicia e igualdad, eran puras falsedades; vanas promesas vertidas sólo para hacer caer a los incautos. Las instituciones deben funcionar de una vez por todas, y somos nosotros, todos los chilenos, los llamados a resguardar que ello ocurra.

Hay más aristas institucionales en este caso. Por ejemplo, la denuncia obligatoria. No puede seguir siendo posible que las denuncias de eventuales fraudes tributarios sean una atribución, y no una obligación, del SII. El Director de este organismo debería estar obligado, so pena de ser considerado cómplice, a efectuar la denuncia pertinente apenas su investigación interna lo ameritara. Sólo así se puede poner coto a la corrupción y al negociado político. Está, además, la investigación por oficio de los eventuales fraudes cometidos contra los accionistas minoritarios y las AFP. ¿Comenzará a investigarlos la Fiscalía? ¿Ya lo está haciendo?

EL SERVEL

Otrosí: la falta de mecanismos de control y de capacidad investigativa que muestra este caso es, de verdad, preocupante. No sólo a nivel del SII sino, muy especialmente, al de Servel. La capacidad de respuesta de esta última institución está muy por debajo del mínimo que, al día de hoy, deberíamos exigirle a cualquier organismo público. También sus facultades parecen ser demasiado exiguas. Hay que hacer aquí una remodelación completa, evitando en todo caso, a como dé lugar, que ella forme parte de un acuerdo con la UDI.

LOS APORTES EMPRESARIALES

Otro punto demasiado relevante como para dejarlo en el tintero, es el que se refiere al financiamiento político en sí. Sin perjuicio de que el sistema completo requiere de una urgente revisión, permitir a las empresas participar en él no resiste ningún análisis serio. Es una más de las tantas aberraciones que se generaron en la administración de Ricardo Lagos, que se caracterizó por entregar ingentes privilegios a quienes detentan el poder económico en nuestro país. Cuando una sociedad anónima decide financiar a algún candidato, automáticamente está violando los derechos de los accionistas minoritarios. Les está reduciendo su parte de las utilidades y, en muchos casos, los está obligando a financiar a alguien que no es de su preferencia. ¿Cuál es la disposición constitucional que permite eso? ¿Cuál es aquélla que autoriza al Estado para obligar a algunos ciudadanos a entregar parte de sus recursos (parte de su propiedad; ¿cómo se protege el derecho de propiedad aquí?) con fines electorales? ¿Cuál es la que faculta al Estado para gravar a los accionistas minoritarios (porque el obligarlos a entregar parte de sus utilidades es un gravamen) en beneficio de los accionistas mayoritarios y de los candidatos de la preferencia de éstos?

Pues, estimado lector, no existe tal norma. Ricardo Lagos violó la Constitución cuando hizo aprobar esta ley, y todos, Parlamento y Tribunal Constitucional, guardaron cómplice silencio. Tal como lo guardan ahora con otra norma abiertamente inconstitucional: el crédito especial del 65% para empresas constructoras.

En suma, los aportes a las campañas políticas deberían ser un tema de las personas naturales. Exclusivamente de ellas. Usted verá si está dispuesto a usar parte de SU patrimonio (no del de terceros) para apoyar al candidato de su preferencia. Y, por cierto, jamás deberían ser deducibles de impuestos, porque con ello se obliga a todos los chilenos a financiar campañas políticas específicas que pueden o no representarlos. Nadie debería estar obligado a algo así.

Si usted es socialista, ¿por qué alguien lo tiene que obligar a financiar a un candidato RN? Si es de Amplitud, ¿por qué debe, si no está de acuerdo, financiar a un candidato DC? ¿Cuál sería la justificación de semejante barbaridad? Distinto es, por cierto, que se analice cómo evitar, por medio de financiamiento público, que la disponibilidad económica de los candidatos, que su riqueza o sus contactos, influya en el resultado de las elecciones. En ese punto estamos prácticamente en pañales y hay, desde luego, mucho paño que cortar.

Por cierto, no deberían existir los aportes reservados. Todos deberíamos tener clarísimo quién financia a quién, a fin de poder fiscalizar que al momento de legislar, no se pretenda devolver el apoyo recibido. En este punto, la transparencia es básica. Además de que es absurdo pretender que los candidatos que reciben los aportes, ignoran quiénes se los donan. ¿O de verdad usted cree que todos, aportantes y receptores, son blancas palomas que sólo se preocupan por el bien común?

ESTÁN LOS COMENTARIOS DESVERGONZADOS, LOS DESCARADOS… Y EL DE LUIS LARRAÍN

No puedo terminar sin referirme al comentario más desvergonzado que me ha tocado leer durante los últimos años: el del presidente de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en El Mercurio del sábado. En síntesis, plantea que las instituciones no deben funcionar como establece la ley porque, supuestamente, en el pasado reciente no lo hicieron. Usted no puede investigar un homicidio porque no investigó el que se cometió el año pasado. No debe indagar los robos de este semestre, porque algunos de los que se cometieron el semestre pasado fueron pasados por alto. Ésa sería la tónica, según Luis Larraín: no investigue nada que haya omitido en el pasado. Si no se controló a quienes defraudaron en anteriores elecciones, o en períodos previos, no debe controlarse a quienes defraudan hoy. Amigo lector, la razón por la cual existe tanto abuso en nuestro país, es porque quienes detentan el poder piensan como él, y se creen con derecho a imponer tan aberrante forma de pensar a todos los demás. Qué suerte que se esté quitando la careta.

Demás que se me quedan varios otros temas en el tintero, pero al menos espero que éstos aporten al debate.
Este es el caso Penta, amigo lector… vaya tema, ¿verdad? Ojalá no terminemos atragantados con él.