El caso Penta
Qué
tremendo caso el denominado Penta! ¿No le parece? Es de esos
multidimensionales, que permiten ―mediante un análisis serio, por cierto― poner
al trasluz de un paraguazo (discúlpeme lo folclórico del término pero,
convendrá usted conmigo, que se ajusta plenamente a lo acontecido), gran parte de
las flaquezas, carencias y debilidades de nuestros sistemas económico y
político.
¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO?
Hagamos
una apretada síntesis, para ubicarnos: un ex importante ejecutivo del grupo
mencionado, Hugo Bravo, se habría ido de lengua (por despecho, al parecer) y
habría denunciado en la fiscalía ―donde estaba declarando como uno de los
procesados por el llamado “caso FUT”― a sus antiguos jefes por sacar de sus
empresas, recurriendo a medios fraudulentos, dineros para financiar las
campañas políticas de sus partidos y candidatos preferidos en las últimas
elecciones, sobrepasando los límites
establecidos en la normativa. El mecanismo usado (al menos el detectado;
podría haber más) sería simular boletas de honorarios por servicios que nunca
se prestaron. ¿Los involucrados? Los ex jefes del denunciante, Carlos Délano y
Carlos Lavín; sus respectivas esposas, que habrían sido, entre otros, las
emisoras de las boletas en cuestión; personas relacionadas con algunos partidos
y candidatos (se habla del chofer de Iván Moreira, por ejemplo); contadores y
ejecutivos de la o las empresas involucradas; y, desde luego, todos los
candidatos favorecidos con las donaciones (hechas, insistamos, por sobre los
límites permitidos). ¿Las empresas específicas desde donde se efectuaron los
retiros? Sus nombres no han salido a la luz pública aún, pero serían las más
grandes, las de mayor movimiento contable, aquéllas que permitirían ocultar más
fácilmente este tipo de operaciones. Lo complejo del caso es que esas empresas
son, justamente, sociedades anónimas abiertas, lo que ni le digo la cantidad de
implicancias que tiene.
Un
caso interesante, ¿verdad? Siniestro, abyecto, pero no menos apasionante. Como
las buenas telenovelas. Analicemos algunas de sus aristas.
ARISTAS PENALES
Refirámonos
primero, por su connotación ―mal que mal, los involucrados son (o eran; eso no
está muy claro) personajes muy importantes y respetados de nuestro mundillo
social―, a las aristas que conllevan una sanción penal. Se habla de fraude tributario, que se origina al
rebajar indebidamente la base imponible de las empresas involucradas, pero la
verdad es que puede haber más posibles figuras. Convengamos en que usar boletas
de honorarios “truchas” (o facturas falsas, que es el otro mecanismo más empleado
para este fin) con el objeto de sacar dinero de una empresa, es un delito desde
más de un punto de vista. No sólo desde el tributario, sino también por la
defraudación que significa, para los inversionistas minoritarios (los Fondos de
Pensiones, entre ellos), el que sus legítimas utilidades sean disminuidas de
manera ilícita, sean falseadas, por sus socios mayoritarios, en su propio
beneficio.
En
otras palabras cuando usted, accionista mayoritario de una sociedad anónima abierta,
utiliza esta triquiñuela, no sólo se está adueñando en forma maliciosa de
platas fiscales (vale decir, aunque no se note, de recursos que pertenecen todos
los chilenos), sino también de dineros que pertenecen a sus socios; no sólo
está engañando (defraudando) al organismo estatal y a la comunidad completa,
sino además a cada uno de los inversionistas que le han entregado parte de sus
ahorros por la confianza que usted les brinda. Todos ellos tendrían derecho, en
tal caso, a deducir una acción penal en contra suya, ¿verdad? ¿Con cuál figura
específica? ¿Hurto o apropiación indebida tal vez? No lo tengo claro. Algún
abogado experto se encargará de encontrarla. Tiene que haber alguna. Salvo que
en nuestro país los inversionistas mayoritarios puedan abusar sin
inconvenientes de los minoritarios, cosa que, siendo perfectamente posible, no parece
demasiado factible (está claro que somos permisivos con quienes abusan de
nosotros, pero, ¿hasta ese extremo?).
En
consecuencia, Carlos Délano, Carlos Lavín y sus respectivas esposas podrían ser
acusados, de comprobarse las acciones dolosas que se les imputan, por fraude fiscal
y algún tipo de delito en contra del patrimonio de sus socios, AFP incluidas.
Los ejecutivos y contadores de sus empresas que tuvieron conocimiento del tema
deberían, en tal caso, ser procesados como cómplices.
ARISTAS ELECTORALES
Al
financiar campañas políticas por sobre los límites permitidos, los señores
Délano y Lavín estarían, en conjunto con los parlamentarios y partidos
políticos favorecidos, trasgrediendo la ley 19884, sobre transparencia, límite
y control del gasto electoral. La estarían trasgrediendo sí o sí, pues se trata
de financiamiento entregado y recibido por sobre los límites permitidos, por lo
que los involucrados no podrían alegar desconocimiento. Por si hiciera falta,
se lo ejemplifico: si a usted le autorizan un gasto de $ 100 y gasta $ 150, ¿cómo
podría no saber que gastó demás? Está clarísimo que violó una norma. Lo hizo,
sin ninguna duda, a sabiendas.
No
existe sanción penal, sin embargo, si usted trasgrede alguna de las
disposiciones establecidas en la mencionada ley. Tampoco pérdida del cargo, en
el caso de los parlamentarios, ni menos suspensión o pérdida de su personería,
en el caso de los partidos políticos infractores. Eso es, evidentemente, algo
que debe corregirse. Lo que hay son multas, que se establecen en función del
exceso de gasto que se haya producido. Por consiguiente, para aplicar esta ley
es vital determinar los montos e identificar los destinos. Sólo así se puede
sancionar. Buena tarea para Servel, ¿no le parece?
Hay mucho
más paño que cortar aquí, no obstante. Si se comprobara el sobregasto,
significaría que tanto los parlamentarios como los partidos involucrados
mintieron en sus rendiciones, y que algunos de ellos solicitaron devoluciones
que no les correspondían. ¿En qué pie quedamos ahí? Falsear documentación
pública, falsear rendiciones de fondos, solicitar devoluciones que no
corresponden, ¿cuáles son las sanciones de esta impresionante cantidad de
ilegalidades? ¿Cuáles son las consecuencias para los infractores? Tarea para
abogados, aunque la lista parece larga.
POSIBLES ACCIONES NO JUDICIALES DE PARTE DE
LOS AFECTADOS
Detengámonos
en las eventuales acciones no judiciales que los inversionistas,
específicamente las AFP, podrían tomar
en contra de quien ha perdido la confianza del mercado (un grupo económico que
utiliza triquiñuelas para defraudar, ¿es sujeto de confianza?, ¿debería seguir
recibiendo inversiones de los Fondos de Pensiones?; ¿debería seguir transando
sus acciones en la Bolsa?). Aquí, el asunto se vuelve espinudo, porque resulta
que los supuestos trasgresores son propietarios de la corredora de bolsa más
grande del mercado y fueron, hasta no hace mucho, los mayores accionistas de
AFP Cuprum, firma de la que aún conservan un porcentaje menor. Así las cosas,
¿cree usted que llegarían las AFP a insinuar siquiera el retiro de sus
inversiones en las empresas del grupo Penta? ¿Le parece factible que la Bolsa
decida suspender las transacciones de las acciones de éstas (ya se vio que no
se atrevió a suspender a la corredora)? Nada es imposible, dicen, pero eventos
como los mencionados se acercan mucho a ello. Lo más dramático del caso es que
nosotros, como propietarios de los recursos depositados en los Fondos, no
tenemos pito que tocar.
CONNOTACIONES MORALES Y ÉTICAS
A este
respecto, estimado lector, lo más grave es que éste no es un hecho aislado. Es,
lamentablemente, uno más de muchos. Hay, al parecer, una nefasta cultura
empresarial que ha permeado a los grandes grupos económicos, según la cual
ellos pueden hacer lo que quieran. Nada les está vedado. Se hallan, están
convencidos, por sobre las instituciones. Pueden coludirse, regular los
mercados a su antojo, adueñarse de los recursos naturales, cobrar sobreprecios
y un largo etcétera, y ello no tendrá sanciones judiciales ni sociales. A lo
más, unas pocas multas muy inferiores a las ganancias obtenidas, y la
obligación de impartir (¡de impartir!, el diablo recitando la Biblia) clases de
ética. Los delincuentes (si usted comete un delito, es un delincuente) siguen
haciendo su vida normal, trabajando en sus empresas y asistiendo a los mismos
círculos que frecuentaban de manera previa. No habrá consecuencia ética alguna.
Tenga la plena certeza de que todos los involucrados en este caso, seguirán
asistiendo a la misma misa dominical de siempre, con total desparpajo,
convencidos de que son discípulos preferentes del ser divino al que rinden
pleitesía.
REACCIÓN INSTITUCIONAL
¿Qué
reacción tendrán nuestras instituciones frente a este deleznable caso?
¿Funcionarán, o harán vista gorda? ¿Hará el SII la denuncia, que mantiene
pendiente desde hace varios meses, ante la Fiscalía, o tomará la decisión
política de “pasar”? ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias “caiga quien
caiga” (¿a quién le escuché eso antes?) o se generará un acuerdo entre el
gobierno y la UDI para cubrir de tierra el asunto (con la excusa de “ajustar el
sistema” para eliminar las redes de corrupción)? ¿Se
investigará, como corresponde, tratando de identificar a todos los posibles implicados (no es tan difícil como parece; es cosa de saber dónde buscar)
para sancionarlos, o se le echará tierra al asunto? ¿Qué camino tomará, en tan relevante ámbito, este deleznable
caso? ¿Qué camino tomará el Gobierno? ¿Y la Fiscalía? Debemos estar muy atentos.
Porque,
como usted ya debe saber, en eso anda la UDI: tratando de conseguir un acuerdo
para mejorar el sistema existente. Imagino que un elemento de tal “negociado”
será enrostrar a la actual administración su actitud frente a una de las
mayores vergüenzas que ha afrontado la sociedad chilena en toda su historia: el
infame caso “sobresueldos”, también denominado “MOP-Gate”. Querrá,
posiblemente, una vuelta de mano. Si dicha tienda política evitó que Ricardo
Lagos fuera procesado, como debió haber sido si las instituciones realmente funcionaran,
deben sentir que lo razonable, lo justo, es que Michele Bachelet haga lo mismo
con algunos de sus miembros más relevantes.
Déjeme
decirle que eso es algo que no podemos volver a aceptar. Sería demasiado.
Significaría que nuestra institucionalidad está a la venta. Querría decir,
además, que la Nueva Mayoría nos mintió; que la Presidenta nos mintió. Que todo
aquello que habló acerca de una mayor justicia e igualdad, eran puras
falsedades; vanas promesas vertidas sólo para hacer caer a los incautos. Las
instituciones deben funcionar de una vez por todas, y somos nosotros, todos los
chilenos, los llamados a resguardar que ello ocurra.
Hay
más aristas institucionales en este caso. Por ejemplo, la denuncia obligatoria.
No puede seguir siendo posible que las denuncias de eventuales fraudes
tributarios sean una atribución, y no una obligación, del SII. El Director de
este organismo debería estar obligado, so pena de ser considerado cómplice, a
efectuar la denuncia pertinente apenas su investigación interna lo ameritara.
Sólo así se puede poner coto a la corrupción y al negociado político. Está,
además, la investigación por oficio de los eventuales fraudes cometidos contra
los accionistas minoritarios y las AFP. ¿Comenzará a investigarlos la Fiscalía?
¿Ya lo está haciendo?
EL SERVEL
Otrosí:
la falta de mecanismos de control y de capacidad investigativa que muestra este
caso es, de verdad, preocupante. No sólo a nivel del SII sino, muy
especialmente, al de Servel. La capacidad de respuesta de esta última
institución está muy por debajo del mínimo que, al día de hoy, deberíamos
exigirle a cualquier organismo público. También sus facultades parecen ser
demasiado exiguas. Hay que hacer aquí una remodelación completa, evitando en
todo caso, a como dé lugar, que ella forme parte de un acuerdo con la UDI.
LOS APORTES EMPRESARIALES
Otro
punto demasiado relevante como para dejarlo en el tintero, es el que se refiere
al financiamiento político en sí. Sin perjuicio de que el sistema completo requiere
de una urgente revisión, permitir a las empresas participar en él no resiste
ningún análisis serio. Es una más de las tantas aberraciones que se generaron
en la administración de Ricardo Lagos, que se caracterizó por entregar ingentes
privilegios a quienes detentan el poder económico en nuestro país. Cuando una sociedad
anónima decide financiar a algún candidato, automáticamente está violando los
derechos de los accionistas minoritarios. Les está reduciendo su parte de las
utilidades y, en muchos casos, los está obligando a financiar a alguien que no
es de su preferencia. ¿Cuál es la disposición constitucional que permite eso?
¿Cuál es aquélla que autoriza al Estado para obligar a algunos ciudadanos a
entregar parte de sus recursos (parte de su propiedad; ¿cómo se protege el
derecho de propiedad aquí?) con fines electorales? ¿Cuál es la que faculta al
Estado para gravar a los accionistas minoritarios (porque el obligarlos a
entregar parte de sus utilidades es un gravamen) en beneficio de los
accionistas mayoritarios y de los candidatos de la preferencia de éstos?
Pues,
estimado lector, no existe tal norma. Ricardo Lagos violó la Constitución
cuando hizo aprobar esta ley, y todos, Parlamento y Tribunal Constitucional,
guardaron cómplice silencio. Tal como lo guardan ahora con otra norma abiertamente
inconstitucional: el crédito especial del 65% para empresas constructoras.
En
suma, los aportes a las campañas políticas deberían ser un tema de las personas
naturales. Exclusivamente de ellas. Usted verá si está dispuesto a usar parte
de SU patrimonio (no del de terceros) para apoyar al candidato de su
preferencia. Y, por cierto, jamás deberían ser deducibles de impuestos, porque
con ello se obliga a todos los chilenos a financiar campañas políticas
específicas que pueden o no representarlos. Nadie debería estar obligado a algo
así.
Si
usted es socialista, ¿por qué alguien lo tiene que obligar a financiar a un
candidato RN? Si es de Amplitud, ¿por qué debe, si no está de acuerdo,
financiar a un candidato DC? ¿Cuál sería la justificación de semejante
barbaridad? Distinto es, por cierto, que se analice cómo evitar, por medio de
financiamiento público, que la disponibilidad económica de los candidatos, que
su riqueza o sus contactos, influya en el resultado de las elecciones. En ese
punto estamos prácticamente en pañales y hay, desde luego, mucho paño que
cortar.
Por
cierto, no deberían existir los aportes reservados. Todos deberíamos tener
clarísimo quién financia a quién, a fin de poder fiscalizar que al momento de
legislar, no se pretenda devolver el apoyo recibido. En este punto, la
transparencia es básica. Además de que es absurdo pretender que los candidatos
que reciben los aportes, ignoran quiénes se los donan. ¿O de verdad usted cree
que todos, aportantes y receptores, son blancas palomas que sólo se preocupan
por el bien común?
ESTÁN LOS COMENTARIOS DESVERGONZADOS, LOS
DESCARADOS… Y EL DE LUIS LARRAÍN
No
puedo terminar sin referirme al comentario más desvergonzado que me ha tocado
leer durante los últimos años: el del presidente de Libertad y Desarrollo, Luis
Larraín, en El Mercurio del sábado. En síntesis, plantea que las instituciones no
deben funcionar como establece la ley porque, supuestamente, en el pasado
reciente no lo hicieron. Usted no puede investigar un homicidio porque no
investigó el que se cometió el año pasado. No debe indagar los robos de este semestre,
porque algunos de los que se cometieron el semestre pasado fueron pasados por
alto. Ésa sería la tónica, según Luis Larraín: no investigue nada que haya
omitido en el pasado. Si no se controló a quienes defraudaron en anteriores
elecciones, o en períodos previos, no debe controlarse a quienes defraudan hoy.
Amigo lector, la razón por la cual existe tanto abuso en nuestro país, es
porque quienes detentan el poder piensan como él, y se creen con derecho a imponer
tan aberrante forma de pensar a todos los demás. Qué suerte que se esté
quitando la careta.
Demás
que se me quedan varios otros temas en el tintero, pero al menos espero que
éstos aporten al debate.
Este
es el caso Penta, amigo lector… vaya tema, ¿verdad? Ojalá no terminemos
atragantados con él.
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