domingo, 28 de agosto de 2011

A propósito de tolerancia y derechos a las personas

La lucha por los derechos de las personas es de muy larga data. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Jesús predicaba, en un mundo de esclavos y vasallos: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, lo que también puede leerse como: “respeta los derechos de tu prójimo como si fueran los tuyos propios”.

Más adelante en el tiempo, fue por allá por mediados del siglo XVIII, hace ya más de 250 años, cuando Francois Marie Arouet  habría pronunciado su célebre frase: “no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (lo de “habría” es porque hay algunos que dudan de su autoría, atribuyéndosela a una de sus biógrafas). Arouet, más conocido como Voltaire, era un acérrimo defensor de la libertad, la tolerancia y el respeto a los derechos de las personas (en una época donde campeaba la intolerancia y las prerrogativas de los individuos estaban supeditadas a los dictados del catolicismo imperante), y la frase, aunque no haya sido suya, resume su pensamiento.

No fue hasta 1948, sin embargo, casi doscientos años más tarde, cuando los estados libres del planeta emitieron, por medio de su organismo más representativo, la denominada “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En ella, junto con institucionalizarse los conceptos de libertad, tolerancia y respeto a la diversidad, se reconoce que los derechos de los individuos son inalienables, y que no pueden ser sojuzgados por ninguna doctrina, creencia, pacto social o, como muchos postulan por estos días, eventual mayoría. La libertad y el respeto, por fin, habían salido de los textos de filosofía escritos por algunos adelantados, para universalizarse; habían pasado a ser patrimonio de la humanidad.

Parecía, al menos.

Porque si, como puede observarse, las ideas libertarias demoran en abrirse camino, más aún lo hacen en consolidarse. La gente, mucha gente, tal vez la mayoría, sigue sintiendo que dispone de la facultad de encarrilar la conducta de quienes piensan distinto, de discriminar (esto es, conculcar algunos de sus derechos) a aquellos que son diferentes, de estigmatizar a los que se apartan del subjetivo molde conocido como “normalidad”. Algunos (¡horror! Incluso uno de nuestros senadores designados) llegan a manifestar que ciertos derechos humanos pueden, a título de nada, ser conculcados por mayorías democráticas, sólo porque éstas no están de acuerdo en que determinados individuos los ejerzan.

Chile es un país discriminador. Siempre lo ha sido. El clasismo (échele, para comprobarlo, un vistazo a la escandalosa distribución del ingreso y coincidirá conmigo), el machismo, la intolerancia religiosa, incluso el racismo, son aquí pan de cada día. Nuestra tarea, entonces, y la de nuestras autoridades, es transformarlo en un país tolerante, donde las leyes sean iguales para todos y nadie sea discriminado sólo por ser o pensar diferente.

Es un camino largo y duro, qué duda cabe, pero no imposible de recorrer. Hay que dar un primer paso, y uno muy bueno sería que nos dejáramos de tonteras, y elimináramos de una vez y para siempre de nuestra legislación todos los preceptos que impiden a los homosexuales contraer matrimonio.