Ok. ¿Y qué hacemos entonces con los colegios municipalizados?

Pareciera ser que la cordura comienza a retornar al convulsionado escenario donde nuestra juventud está dando la batalla más importante de las últimas décadas (me atrevo a pensar que ni siquiera quienes llevan el pandero se dan cuenta de lo importante que puede llegar a ser). Los contrincantes, el Gobierno y las directivas estudiantiles (acompañadas, vaya ironía, de los profesores) parecen dispuestos a sentarse a la mesa con una agenda sin exclusiones. Esperemos pues que la discusión sea fecunda y los resultados que se alcancen, los mejores para Chile.

Uno de los temas más relevantes, sino el que más, que se verterá sobre la mesa, es el de la desmunicipalización, y al respecto, por lo mismo, es necesaria una reflexión.

Resulta evidente que, tal como lo señalan los alumnos, el modelo de educación básica y secundaria utilizado hasta la fecha fracasó rotundamente. Creo que no hay dos opiniones al respecto. Tanto los colegios municipalizados como los particulares subvencionados, si les hacemos caso a los indicadores (que, mal que mal, son como los termómetros, es decir, sirven para medir), están lejos de cumplir las expectativas. Por más que existan diferencias entre ellos (que son bastante leves, hay que reconocerlo), ambos están muy distantes de conseguir promedios razonables en los diferentes exámenes a los que se someten periódicamente sus educandos, en especial los provenientes de sectores más vulnerables. La conclusión parece obvia: 30 años de ensayo sin resultados son más que suficientes; un cambio drástico, más que necesario, es imprescindible e impostergable. Y, por mucho que alguien quiera defender la iniciativa privada en esta área, lo concreto es que hay que buscar otra alternativa mejor. Desde luego, hay que tener mucho cuidado al pasar de la situación general a la particular: tampoco se trata de comenzar a descabezar proyectos exitosos a tontas y a locas, de manera que si existen colegios particulares subvencionados con rendimientos espectaculares, hay que, obligadamente, darles un trato especial.

Mirando desde fuera el problema, y a la luz de los tratados de buena gestión, da la impresión de que el hecho de que el sistema no funcione como corresponde, no es sólo un problema de recursos (que también influyen, sin duda), sino más bien uno de enfoque: es bastante poco racional pretender alcanzar niveles de calificación elevados y uniformes, si se entrega la administración de la principal herramienta para lograrlos a instituciones heterogéneas, con distintas capacidades y visiones, poco preparadas, con objetivos contrapuestos incluso, con recursos disímiles y que actúan como compartimientos estancos (con lo cual desaprovechan uno de los más potentes mecanismos de progreso que conoce el ser humano: el compartir las experiencias, tanto favorables como desfavorables; el aprender de los errores); instituciones para las cuales, además, la educación es una más de las tantas preocupaciones que tienen (y quizás ni siquiera la principal); instituciones, en fin, que no están pendientes de supervisar de manera permanente los rendimientos de los planteles a su cargo y que, si lo estuvieran, no disponen de las herramientas ni los conocimientos adecuados para hacerlo de buena manera (ni para corregir los errores que detecten). Con un sistema así ¿es razonable pedir planes? ¿o estrategias? ¿o cumplimiento de objetivos? Usted tiene la respuesta, estimado lector.

Aprendiendo, aunque sea tarde, de la experiencia, se puede salir de este atolladero. ¿Qué se necesita? Pues, lo contrario de lo que hay: una sola institución, una corporación altamente especializada sin fines de lucro, con dependencia técnica del Mineduc y administrativa a definir, y que disponga de oficinas regionales debidamente implementadas y empoderadas, y cuyos objetivos sean: recoger todo el conocimiento y la experiencia disponible, tanto en el país como en el extranjero, en la materia, para adaptarlo y aplicarlo en cada una de las unidades educativas de su dependencia (tiene que ser en todas; no sirve esa horrorosa solución segregacionista de transformar algunos colegios, elegidos con pinzas, en centros de alto rendimiento; todos tienen que llegar a serlo); efectuar un completo diagnóstico, a nivel de cada escuela, de las falencias que les impiden alcanzar resultados adecuados, y elaborar las correspondientes estrategias para solucionarlas en el plazo más breve posible; cuantificar los recursos necesarios, con el propósito que la sociedad chilena, hastiada de tanta desigualdad, decida de qué forma los proveerá; e implementar, administrar y evaluar de manera permanente esas estrategias.

En particular, esta institución debería ser la encargada de capacitar y evaluar a directivos y profesores, de preocuparse de incrementar notoriamente sus remuneraciones, según su grado de cumplimiento de expectativas y la localidad en donde prestan sus servicios (las zonas más desfavorecidas en términos de localización, ya sea porque están muy alejadas o porque sus alumnos son demasiado vulnerables, deberían tener bonificaciones importantes asociadas a las rentas de quienes las atienden), de dotar y mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria (salas de clases confortables, servicios higiénicos limpios y aseados, gimnasios bien equipados, buenas bibliotecas, completo equipamiento informático, etc,), definir cantidad de alumnos por clase, proponer al ministerio planes y programas de estudio, definir métodos de enseñanza y evaluar su puesta en práctica, crear e implementar actividades de extensión (por ejemplo, se podrían implementar unos juegos multidisciplinarios a nivel nacional, con eliminatorias comunales y regionales, que permitieran integrar tanto a los alumnos como a sus profesores y apoderados), apoyar profesionalmente a directores y profesores, etc.

Creo que un sistema así reemplazaría ventajosamente al que hoy existe, y permitiría comenzar de una vez por todas a alejar a nuestros niños y jóvenes del árido erial del subdesarrollo. Respecto de si tendría en él cabida el lucro, estoy convencido de que sería el mismo rodaje del sistema el que nos daría la respuesta. En efecto, si se logra desarrollar una educación pública de alta calidad, con buenos estándares de rendimiento y con estímulos que hagan atractivo pertenecer a ella, es seguro que casi todos los colegios particulares subvencionados, al no poder competir, desaparecerán. Pero si existen escuelas que se adaptan y los cumplen, no veo por qué pueda prohibírseles participar del sistema. La saliva no hay que gastarla en discutir si se acepta o no el lucro, sino en cómo implementamos un sistema de educación pública lo suficientemente bueno como para hacer innecesaria su existencia y poco probable su subsistencia.

Eso es todo por esta primera parte. Saludos.