martes, 18 de noviembre de 2014

La roja de todos y la inequidad

Si omitimos la forma en que se resolvió, el conflicto provocado por la repartición de los premios obtenidos por nuestra selección en la recientes clasificatorias al mundial de Brasil, es un inmejorable ejemplo acerca de cómo se funciona este feo asunto de la inequidad.

Se lo explico.

Partamos reconociendo que la clasificación fue consecuencia de un esfuerzo colectivo. Cada uno de los convocados, cual más cual menos, efectuó su aporte. Lo justo, entonces, era que todos participaran de los beneficios que ella generó.

No fue así en principio, sin embargo. En la repartición preliminar, vigente hasta ayer, muchos (un 67% dicen por ahí) fueron excluidos. ¿Por qué?

No existe una razón valedera. No había un mecanismo formal de distribución establecido de antemano, como parece razonable, de manera que ello quedó a criterio de quienes se vieron beneficiados por la medida. Y ellos aprovecharon esta circunstancia y decidieron. En palabras simples, tenían el poder en sus manos y lo usaron en beneficio propio.

Ellos, qué duda cabe, cometieron un abuso.

Pues déjeme decirle, estimado lector, que así es, exactamente, como se produce la inequidad. Cuando se reparten los beneficios de las acciones colectivas ―los generados por una sociedad democrática, por ejemplo―, quienes detentan el poder sacan partido de ello para quedarse con tajadas más grandes que las que les corresponden. Aprovechan la inexistencia de mecanismos formales, o la debilidad de los existentes, para perjudicar a los más débiles; para, al igual que nuestros seleccionados, cometer abusos.

Tres son los elementos que están siempre presentes en este tipo de situaciones: una normativa inexistente o débil, que permite la total impunidad, una posición de poder irrestricto, donde no hay limitación alguna al actuar de quien la detenta, y alguien dispuesto a aprovecharla.

Observe usted lo que ocurre, por ejemplo, con la “repartija” de cargos públicos que las coaliciones políticas efectúan cuando llegan al poder tras ganar las elecciones. La normativa es precaria y permite el abuso a destajo (y por eso nuestros políticos, de todos los bandos, se encargan de no modificarla); la coalición que asume dispone del poder necesario (puede llenar los cargos a su antojo); y está dispuesta a usarlo en su propio beneficio.

Por esa razón se dan casos como el de Osvaldo Andrade y su cónyuge, Myriam Olate; como el de Camila Vallejos y su pareja, Julio Sarmiento; o como el de los 55 familiares de autoridades situados en muy bien remunerados cargos públicos, detectados por parlamentarios opositores (quienes, desde luego, jamás emprendieron una investigación similar durante el gobierno de Piñera). Por lo mismo, donde deberían haber funcionarios de carrera (Direcciones de Servicios y Divisiones, gerencias de empresas públicas, embajadas, Seremis, etc.), hay “apitutados” procedentes de los partidos, muchas veces sin siquiera reunir las competencias requeridas por los cargos. El festín de los triunfadores.

El mismo origen tienen las desproporcionadas e impresentables rentas de nuestros parlamentarios. En los tiempos en que la administración de Ricardo Lagos, con la complicidad de la UDI, le puso ruedas al erario público (¿se acuerda del escándalo de los sobresueldos?), no había una normativa que les impidiese aprovecharse (todavía no la hay, pero en fin…). En tal escenario, y como consecuencia, de las compensaciones que debió entregar el Presidente para que todos hiciesen la vista gorda, dispusieron del poder necesario y, no faltaba más, lo usaron en su beneficio. Se reajustaron, en uno de los hechos más vergonzosos del la historia nacional, las rentas en un 158% en el mismo período en el que confinaron el incremento del sueldo mínimo a un miserable 2,5%. A esos extremos se puede llegar.

Qué hablar de las privatizaciones efectuadas durante la dictadura, donde un grupo de regalones de Pinochet, prácticamente sin poner un peso, se hizo de la propiedad y el control de las mayores empresas públicas de ese entonces.

O del sistema tributario vigente hasta el año pasado, que permitía a los empresarios pagar, en conjunto con sus empresas, tributos equivalentes a menos del 4% de la recaudación total por concepto de impuesto a la renta. Todavía hoy, reforma tributaria de por medio, las empresas en Chile no pagan los servicios públicos que consumen, por lo que éstos les son subsidiados por todos los chilenos (ojo: la Presidenta considera que ese sistema es equitativo; para que vea usted lo relativos que pueden llegar a ser los conceptos).

No olvidemos, por cierto, el obsequio que hemos estado haciendo de nuestros recursos naturales (los mineros, a las transnacionales y a algunos grupos económicos nacionales; los pesqueros, a las siete familias aquellas). Tampoco, la serie de escándalos empresariales que se ha venido destapando.

En todos esos casos (y en muchos, pero muchos, más), se han dado las tres circunstancias mencionadas a propósito de nuestros seleccionados: legislación permisiva o, lisa y llanamente, inexistente, posiciones dotadas del suficiente poder, y personas inescrupulosas dispuestas a hacer uso de ellas en su propio beneficio.

Los finales son, eso sí, muy distintos. Mientras nuestros seleccionados, en una actitud que los enaltece, fueron capaces de reconocer su error, recapacitar y echar pie atrás, nuestros políticos y grandes empresarios no lo han hecho y, lo peor del caso, no están dispuestos a hacerlo. Las privatizaciones de la dictadura seguirán sin investigarse; los parlamentarios, con sus vergonzosas dietas (le recuerdo que, además, Michelle Bachelet pretende premiar, sin motivo alguno, a 47 nuevos apitutados); las siete familias, con los recursos pesqueros gratuitos por 20 años; los grupos económicos, disfrutando de la renta presunta y de otras debilidades de la nueva legislación tributaria. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. En una de ésas, ad infinitum.

Hay un factor, eso sí, que es importante mencionar. Pareciera ser que la presión ejercida por la opinión pública tuvo algo que ver con el cambio de decisión de nuestros seleccionados. Tal como, por lo demás, ha ocurrido en otros casos (marchas estudiantiles, Freirina, Hidroaysén, etc.). Cabe preguntarse entonces, ¿tendrá que ser ése el camino? ¿La única vía posible? ¿La presión ciudadana? Como para pensarlo, ¿verdad?

Mientras tanto, celebremos el cambio de actitud de nuestros seleccionados, y comparémoslo con la impresionante desvergüenza que muestran nuestros políticos y algunos grandes empresarios. ¿Será que hay más decencia en el deporte? ¿O que no hay ninguna en la política? Antes de contestar medite bien, por favor, su respuesta.