¿Por qué debe eliminarse el FUT?
Con
la intención declarada por la candidata Michelle Bachelet de eliminarlo en un
plazo de 4 años, el FUT ha pasado a constituirse en el invitado de honor de la
polémica política previa a las elecciones. Es éste un debate que irá in
crescendo, porque el actual sistema tributario cuenta con defensores férreos y muy
bien preparados, mientras sus críticos no necesariamente entienden bien cómo funciona.
Entremos
de lleno al tema: en el escenario actual ¿debe eliminarse el FUT, como plantea
la candidata, o deben movilizarse todas las fuerzas vivas de la nación en su
defensa, como plantean sus partidarios, ya que su eliminación sería un golpe
mortal para nuestra economía?
Para
contestar eso es necesario entender qué es el FUT y qué papel desempeña en
nuestro sistema tributario.
Partamos señalando que el
actual sistema de impuesto a la renta data de 1984 es decir de hace ya 30 años.
Si lo comparamos con el anterior sistema de recaudación, sólo hay una variación
sustancial. ¿Cuál? No se trata de los impuestos pagados por las empresas, ya
que en ambos sistemas éstas tributan en “Primera Categoría” por sus utilidades
totales (eso de que las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas es
absolutamente falso); la diferencia tampoco está en los tributos de “Segunda Categoría” que pagan las
personas naturales que no son empresarios, ya que, pese a alguna variación de
tasas, como concepto se mantienen.
La única diferencia relevante es que hasta 1983 los empresarios pagaban
de su bolsillo los impuestos personales (global complementario y adicional) a
que estaban afectos por los ingresos (retiros o dividendos) que obtenían de sus
empresas, y a partir de 1984 NO lo
hacen.
Se lo repito, por la enorme
relevancia que tiene esta constatación en el tema que estamos analizando: en Chile, durante los últimos 30 años los
empresarios NO han pagado de su bolsillo (como el resto de los chilenos) los impuestos
a la renta que les corresponden por los ingresos que perciben desde sus
empresas.
Esta increíble franquicia
tributaria, única en el mundo es resultado de una disposición tanto o más
sorprendente: aunque las empresas pagan íntegro al Fisco su impuesto a la renta
de Primera Categoría (actualmente un 20% sobre sus utilidades totales), éste no
es de beneficio fiscal. Esto quiere decir que el Fisco no es el
propietario de esas sumas, aún cuando llegan a sus arcas y financian sus
obligaciones. En nuestro país, como lo establece el artículo 20 de la Ley de
Impuesto a la Renta, el impuesto de “primera
categoría” que pagan las empresas es un
mero pago provisional, tan sólo un anticipo de los impuestos personales que
deben pagar los empresarios. Esta disposición es la que permite que estos
últimos no paguen impuesto a la renta por sus ingresos personales: ellos lo
rebajan de los impuestos que pagan sus empresas.
Es este mecanismo el que da
origen del Fondo de Utilidades Tributarias, FUT. Este último es nada más que un registro en
donde, entre otras, se consignan dos partidas: las utilidades de las empresas
que ya han pagado el impuesto de primera categoría —que totalizan a la fecha, según el SII, aproximadamente US$
320.000 millones—, y los
impuestos que han pagado las empresas como anticipo y que aún no han sido
usados por los empresarios para rebajar los suyos propios —cuya cuantía, también según el
SII, es alrededor de US$ 62.000 millones. Cabe destacar que esta última cifra
es, en la práctica, una cuenta por pagar del Estado a los empresarios, una
deuda que crece año tras año. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Tal vez hasta que
asuma Bachelet?
Ya dijimos que los impuestos de
Primera Categoría que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino sólo
anticipos de los impuestos de sus propietarios. En este sistema tan sui generis
las empresas no pagan por su cuenta ningún tributo al Estado por las utilidades
que obtienen. El origen de tan benévolo tratamiento es que la normativa
tributaria asume, a partir de 1984, que las empresas y los empresarios son la
misma persona. Es decir, que por ejemplo el Banco Chile y sus dueños,
incluyendo los accionistas minoritarios, poseen la misma identidad , y así para
cada empresa de Chile. Y por tal razón, para evitar la doble tributación,
corresponde que sólo los empresarios, no las empresas, estén afectos al
tributo.
Esta visión del tema es única
en el mundo. En todos los textos de administración, básicos, intermedios y
avanzados, se parte señalando que las empresas son distintas de las personas.
De hecho toda la legislación chilena, salvo para este único caso, así lo
reconoce. Nadie medianamente instruido alegaría que son lo mismo. ¿Por qué
entonces en el ámbito tributario nuestros legisladores impusieron esta
interpretación? ¿Se le ocurre alguna razón específica, estimado lector?
Ahora bien, el grave problema
que se presenta frente a este punto de vista, es que todo el enorme cúmulo de
servicios que el Estado le entrega a las empresas, y sin el cual no podrían
generar ni un solo peso de utilidad, ellas lo reciben a título gratuito. Y
cuando en economía se menciona a los regalos que otorga el Estado, se les llama
subsidios. Esto quiere decir, que durante 30 años el Estado, con dinero de
todos los chilenos (incluyendo, por cierto, a la Señora Juanita), ha subsidiado
a las empresas chilenas. Y el subsidio es gigantesco.
Veamos sólo a modo de ejemplo
algunos servicios que reciben las empresas sin tener que pagar por ellos:
iluminación pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un
completo marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar,
cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de
bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un
mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura
caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les
permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema
monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver
sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios
bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el
extranjero, etc. y etc. Todos esos servicios los financiamos las personas
naturales y las empresas, principales beneficiarios de ellos, los reciben
gratis.
Abundemos algo más en este
pedregoso asunto del subsidio. Tal como se desprende del sentido común y de los
principios tributarios de equidad y justicia —y como se señala, por cierto, en toda la literatura seria relativa a
los impuestos— todos quienes recibimos servicios de parte del Estado debemos
contribuir a financiarlos (salvo, desde luego, que no podamos hacerlo, en cuyo
caso, y sólo en él, entran a tallar los subsidios). Pues bien, en Chile las
empresas no lo hacen, y no porque no puedan. En el resto del mundo sí, pero en
Chile no. ¿Será esto porque todos los demás países están equivocados? Si este
sistema es tan bueno como nos han repetido hasta el cansancio, si tanto
favorece el crecimiento, si tanto influye en que nos acerquemos al desarrollo
¿por qué nadie lo ha copiado? Las buenas ideas siempre tienen réplicas, más aún
si ya llevan 30 años funcionando exitosamente. ¿No será que este sistema no es
una buena idea pues sólo favorece a un pequeño sector de la población?
A la
luz de lo expuesto, la pregunta de si debe eliminarse el FUT carece de sentido.
El FUT es sólo un registro. ¿Qué significa eliminarlo? ¿Cambiarlo por otro
registro? ¿Y qué significa eliminarlo en un plazo de 4 años? ¿Mantener durante
ese lapso el subsidio a las empresas? ¿Permitir, con alguna granjería especial
que los empresarios saquen provecho tributario (le aseguro que alguien ideará
cómo) del actual registro? ¿O Bachelet se refiere en realidad a modificar el
sistema tributario vigente haciendo que tanto empresas como empresarios paguen
los impuestos que les corresponden?
Porque
si este último es el caso, permítame decirle estimado lector, que el
planteamiento de la candidata es francamente pobre. El actual sistema de
impuesto a la renta, que conlleva un gigantesco subsidio a las empresas y está
ideado para que los empresarios no paguen impuestos, es, por esas dos razones,
uno de los principales responsables de la enorme desigualdad que existe hoy en
Chile, de la brutal concentración de la riqueza que nos flagela día a día. No
puede, en consecuencia, seguir subsistiendo. Debe ser extirpado como un tumor
canceroso, de raíz y en una sola operación. ¿Cómo? Muy simple: eliminando la
posibilidad de que los empresarios usen los impuestos pagados por las empresas
como créditos de los suyos propios, por una parte, y por otra, suprimiendo en
el mismo acto cualquier derecho que ellos tengan frente al Estado por ese concepto.
¿Afectarán
estas medidas a las empresas? No, en caso alguno; si el impuesto de primera
categoría pasa a ser de beneficio fiscal, las empresas no pagan un solo peso
más de lo que ya están pagando. El que sí se afecta es el bolsillo de los
empresarios. Ellos pasan a tributar efectivamente por los retiros y dividendos
que perciben. Nótese que son dineros ya recibidos, gran parte de los cuales se
gastó en consumo (viajes, la compra del helicóptero o del Lexus descapotable,
la redecoración de la casa) o se destinó a fines especulativos, e incluso a la
usura. ¿Afectarán a la inversión? Tampoco. El dinero no saldrá de la economía,
ya que el Estado procederá a gastarlo, sea en educación, salud, vivienda o
algún otro sector deficitario, lo que desembocará, no cabe duda, en mayor
actividad económica. Convengo, desde luego, con que hay que adoptar medidas
drásticas, como las vigentes en los países desarrollados, para conseguir que
los recursos se destinen a lo que corresponde y evitar que los políticos se
lleven el Estado para la casa, pero ése es tema de otro artículo.
¿Y
de cuánto dinero estamos hablando? Para dimensionarlo, permítame mencionarle
que en la pasada operación renta, según el SII, el crédito que los empresarios
imputaron a sus impuestos personales ascendió, entre global complementario y
adicional, a US$ 2.850 millones. ¿Cuánto dinero faltaba para poner en práctica
la reforma educacional que Chile necesita? ¿US$ 2.000 millones anuales? Bueno…
ahí están.
El
punto no es si hay que eliminar el FUT. Es evidente que, dentro de una
modificación completa de nuestro sistema tributario, hay que hacerlo ahora y
ya. El verdadero punto es ¿se atreverá Bachelet a implementar todos los cambios
necesarios para acabar con el inmoral sistema actual?
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