Carta pública al Presidente Gabriel Boric

 

CARTA PÚBLICA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC: ¿POR QUÉ, SI SE COMPROMETIÓ A COMBATIR LOS ABUSOS DURANTE SU MANDATO, DECIDIÓ MANTENER EL PEOR DE TODOS LOS QUE SE COMETEN CONTRA LOS AFILIADOS A LAS AFP?

 

Respetado Presidente:

Uno de los principales mensajes que nos trasmitió en su primer discurso presidencial, y también en actos y entrevistas posteriores, fue que usted y su gobierno lucharían contra la injusticia, la discriminación, las violaciones a los derechos humanos y la enorme desigualdad económica y social que nos afecta como país; que, en definitiva, combatirían los abusos. Este es, además, uno de los compromisos más significativos que usted asumió con todos nosotros, sus compatriotas, durante su campaña.

El abuso, entendido como el uso del poder para obtener beneficios personales a costa de perjudicar a otros, es un flagelo inaceptable en toda sociedad, pese a lo cual no está prohibido de manera genérica en la normativa chilena. No solo eso: el derecho de no ser abusado, con su correspondiente garantía fundamental, tampoco figura en el artículo 19 de la Constitución vigente y está por verse si figurará en la que viene. Peor aún, la institucionalidad chilena es, en la mayoría de los casos, incapaz de detectarlo, transparentarlo, corregirlo ni menos sancionarlo (¿se habrán percatado los integrantes de la CC y los cientistas políticos de que ese, la indefensión de la inmensa mayoría de la población frente a quienes detentan el poder económico, es el principal problema de la CPR vigente y no el desequilibrio entre los distintos poderes del Estado?).

No es casualidad, entonces, que durante los últimos 50 años los abusos se hayan multiplicado y enquistado en cada recoveco de nuestras instituciones, ni que exista a la fecha una lista interminable que se perpetra a vista y paciencia de todos —previsionales, tributarios (¡ufff!), financieros, apropiación de recursos naturales y bienes públicos, desfalcos de dineros fiscales, violaciones reiteradas a los derechos humanos, justicia solo para quienes pueden pagarla, discriminaciones varias, cohechos, sobresueldos públicos, oligopolios, cargos políticos, ocultamiento de información, corrupción generalizada, tráfico de drogas a destajo, zonas de sacrificio ambiental, inequidad económica extrema, etc.—, la mayoría de las veces con total impunidad (la que también, no faltaba más, es un grosero abuso). Si no se toman medidas para combatir una plaga, si se niega incluso su existencia, la infección se extenderá de manera inevitable.

En tan patético escenario, el combate contra los abusos debiera ser un tema prioritario y un imperativo insoslayable para su gobierno (también para la CC, pero esa es otra historia). Todos deben ser identificados, transparentados, difundidos y eliminados con la mayor urgencia posible. No existe justificación alguna, ni legal ni moral, para ocultarlos, como se ha hecho hasta ahora, ni menos para mantenerlos. Ni siquiera la necesaria gradualidad con la que tienen que efectuarse algunos cambios puede servir de excusa. Moderación no significa impunidad ni carta blanca. Nadie puede detentar el derecho de abusar de los demás ni tan siquiera un segundo. Todos los abusos debieran ser extirpados de raíz de la forma más inmediata posible, no importando las consecuencias que dicho acto pueda tener para los abusadores.

Al respecto, no tengo duda alguna de que ese ha sido siempre su propósito: beneficiar a sus millones de compatriotas poniendo término a un sistema sustentado en el privilegio y en la concentración del poder político y económico en manos de quienes lo han usado a destajo para enriquecerse a costa de los demás.

Comprenderá usted, entonces, mi asombro y desazón cuando le escuché en declaraciones recientes (Tolerancia Cero y posteriores) que una de las razones por las cuales se opone a nuevos retiros de los fondos de pensiones es que decidió  mantener el peor abuso que se comete desde hace décadas en contra de los afiliados, en especial de los que se hallan en los fondos más conservadores: obligarlos a financiar a viles tasas, a costa de jibarizar sus pensiones, a los bancos y grandes empresas que conforman el mercado de capitales chileno.

Lo ejemplificaré con los créditos hipotecarios, traídos a colación en forma reiterada por su ministro de hacienda. Sus tasas reducidas se explican porque los bancos los financian con bonos de ínfimo costo que los fondos de pensiones más conservadores, el E en específico, están obligados a adquirir. Pero eso trae como consecuencia rentabilidades miserables para dichos fondos y afecta de manera muy grave el monto de las pensiones. Es muy fácil comprobar que, de mantenerse las rentabilidades promedio obtenidas por los fondos de pensiones durante los últimos 20 años, los afiliados del fondo E obtendrán menos de la mitad de la pensión de los del fondo A con las mismas cotizaciones.

No se requieren avanzados conocimientos de economía para entender que este mecanismo, disminuir el costo de los créditos hipotecarios a costa de las pensiones, es una evidente transferencia de riqueza desde el sector más necesitado, los pensionados, a los bancos y a los clientes de estos que cumplen con los requisitos para obtener financiamiento a tasas reducidas, ¿verdad? Pues piense usted en los demás bonos de mínima rentabilidad que los fondos de pensiones más conservadores deben comprarles a los grandes grupos económicos para que estos obtengan con el dinero procedente de su venta utilidades considerables. ¿No es eso también un cuantioso y descarado traspaso de riqueza desde quienes más necesitan a los más acaudalados?

Impedir retiros para perpetuar un monstruoso abuso … Negarse a entregar un beneficio con la excusa de que se debe mantener un perjuicio atroz… ¿De verdad, respetado Presidente, pretende implementar ese tipo de políticas en su gobierno?

¿Y qué ocurrirá con todos los otros feroces abusos que se perpetran contra los afiliados por medio del nefasto sistema previsional? ¿Se les seguirá perjudicando por la vía de obligarlos a destinar parte de sus cotizaciones al pago de comisiones de administración anticipadas, provocándoles un evidente perjuicio financiero con el exclusivo propósito de beneficiar a las AFP? Respecto de dichas comisiones, ¿se mantendrá el brutal sobrepago en que ellos deben incurrir, que más que cuadruplica los valores de mercado, con la misma exclusiva finalidad? ¿Continuará funcionando el sistema de desinformación y ocultamiento de información que las AFP, con la complicidad de la SP, operan con el exclusivo propósito de impedir que los afiliados tomen conciencia de los abusos? ¿Persistirá el manejo de las tablas de mortalidad y las proyecciones de rentabilidad de los fondos de los pensionados para favorecer el negocio de las rentas vitalicias de las compañías de seguros? ¿Se seguirán reteniendo de manera ilegal y arbitraria los fondos de pensiones de los afiliados que residen en otros países, con el exclusivo propósito de instalar en la opinión pública el convencimiento de que los fondos de pensiones son intocables en toda circunstancia, pese a que en dicho caso no existe interés público alguno involucrado, ya que la garantía de seguridad social, que limita el derecho de propiedad de los fondos de pensiones, está restringida solo a los habitantes de Chile? ¿Se perseverará en permitir la apropiación por parte de las AFP de las comisiones anticipadas no consumidas por quienes se pensionan en forma anticipada?

¿Qué ocurrirá con todos esos abusos, respetado Presidente? Me resisto a creer que, al igual que el primero, también decidió mantenerlos. Máxime si se considera que algunos de ellos no requieren de cambios legales para ponerles término, como es el caso de la devolución de los fondos a los afiliados que habitan otros países y, en especial, del ocultamiento de información, donde bastaría que el nuevo superintendente de pensiones —que usted designará en breve, según entiendo— instruya a las AFP para que publiquen la información que permitiría a los afiliados conocer cuál es la verdadera situación de sus inversiones previsionales (destapar la olla, como se dice en el lenguaje común, y derribar este nefasto sistema de una buena vez), pero que estas instituciones mantienen bajo siete llaves desde hace 4 décadas.

Lo repito por su relevancia y significación: terminar con el ocultamiento de información que las AFP vienen efectuando desde hace 4 décadas, y derribar de paso el sistema, solo depende de una decisión de la SP. Bastaría que el nuevo superintendente disponga que las AFP publiquen la información que muestra la verdadera situación de las cuentas previsionales de los afiliados y que hoy ocultan. Y, por supuesto, aunque el superintendente es autónomo, usted puede solicitarle en forma pública que lo haga, aprovechando de evidenciar el abuso. Sería un excelente primer paso.

De manera que, ¿cuál será el camino que tomará al respecto, respetado Presidente? ¿Permanecerán estos abusos vigentes por algún lapso para «tranquilizar a los mercados» y así permitir que los abusadores se ajusten en un «tiempo razonable»? ¿Pondrá en marcha iniciativas destinadas a terminar con ellos de la forma más expedita posible? ¿O es que, tal vez, algo no anda bien con su equipo de colaboradores y usted no ha sido, todavía, bien informado?

Por si este último fuese el caso, y dado que no he podido acceder ni a usted ni a su círculo cercano, me permito ofrecerle por este intermedio una presentación donde se describen en detalle y se comprueban los brutales abusos que se cometen contra todos los afiliados a través del inmoral y expropiatorio sistema previsional vigente, amparados por una normativa infame e instituciones negligentes e incompetentes que hacen la vista gorda frente a ellos. Estará a su disposición y a la de sus colaboradores cercanos, por un lapso prudente, por si le parece apropiado requerírmela.

Por cierto, en ningún caso el listado que ella contiene es exhaustivo, pero puede servirle de material complementario para la vasta información que usted, de seguro, ya maneja en relación con el tema. Para todos los casos expuestos, se identifica el abuso y a los abusadores (esto es, a quienes se benefician de él), se explica en qué consiste y por qué debe ser considerado como tal, se comprueba y se proponen medidas para ponerle fin. Además, se exploran las posibles causas que han generado esta verdadera cultura del abuso por la que transita la sociedad chilena desde hace ya demasiado tiempo, y se propone una solución global al tema previsional que permitiría no solo terminar con los abusos y mejorar las pensiones de forma sustancial, sino también reducir, incluso en el corto plazo, los índices de desigualdad económica.

Espero que le interese conocerla, que en dicho caso le sea útil y que contribuya en algo al éxito de su gestión, ya que un excelente indicador para medirla sería considerar la cantidad de abusos a los que fue capaz de poner término.

De verdad anhelo, respetado Presidente electo, que el suyo sea un magnífico gobierno que, por el bien de Chile y de todos los chilenos abusados (la inmensa mayoría), nos conduzca hacia un país más justo y equitativo. Para esto, sin embargo, tiene la obligación de responder a su compromiso y terminar con los abusos, partiendo por ese deleznable cuya permanencia usted nos notificó hace algunas semanas en Tolerancia Cero.

Y, no faltaba más, también debería definir cómo el Estado chileno, cómplice durante décadas de estos abusos, compensará a los afiliados a las AFP por haberlos obligado a soportarlos durante tantos años y haberles ocasionado pérdidas tan cuantiosas como consecuencia de ellos.

Salvo, por cierto, que usted, como los anteriores gobernantes, también opte por hacer la vista gorda y favorecer a los abusadores permitiendo que se sigan beneficiando a costa de despojar a los pensionados.

Pero esa sería una muy mala manera de partir con su gobierno y una excelente de fallarse a sí mismo y, de paso, a quienes le acompañan en su misión y al resto de sus compatriotas, ¿verdad?

 

 

Sergio Fernández Figueroa

Ciudadano chileno