Los abusos que se le olvidaron al presidente
El martes, por fin, Sebastián Piñera dio a conocer su agenda
antiabusos, esa que, junto con pedir perdón por tanto abuso e inequidad, había
prometido al día siguiente de la gran marcha.
Además de tardía, es una agenda muy
incompleta. En materia de impunidad, por ejemplo, como varios han hecho notar,
ni siquiera menciona una de sus principales causas: la facultad exclusiva del
SII para denunciar posibles delitos tributarios (que es inconstitucional, pero
en fin…). Tampoco, la martingala que han usado la fiscalía y el poder judicial
para no procesar fuera del ámbito tributario a los involucrados en los casos de
facturas ideológicamente falsas: las empresas trasgresoras y delincuentes (así,
los espurios acuerdos de parlamentarios y candidatos con los representantes
legales de las empresas para sacar dinero de estas de manera indebida no son desfalcos
de sus autores, sino meras faltas de las empresas).
Y de seguro por olvido —la edad hace estragos en la memoria—, el presidente omitió todos los abusos que se
cometen por medio de los sistemas previsional y tributario.
Cuando ocurren sucesos como este, cuando
la memoria traiciona al presidente, los ciudadanos debemos tener plena disposición
para colaborarle. Es una obligación cívica, y voy a cumplirla detallando a
continuación los principales abusos previsionales y tributarios que, por algún
error involuntario, no figuraron en su exposición:
Abusos del sistema previsional:
§ El cobro anticipado de comisiones de
administración, por años e incluso décadas, que las AFP nos efectúan en cada
cotización:
¿Por qué es un abuso? Primero, porque obligar a alguien a
pagar un servicio por anticipado, más todavía si es por décadas, es un abuso
aquí y en la quebrada del maní; segundo, porque permite a las AFP obtener, a
costa de disminuir las pensiones y la rentabilidad de los afiliados, ingentes
beneficios financieros indebidos que en algunos casos podrían cuadruplicar
las comisiones cobradas; tercero, porque es inconstitucional (¿o me
van a decir que obligar a los afiliados a pagar un servicio de manera
anticipada por décadas no priva, perturba o amenaza sus garantías de Igualdad
ante la ley y de Derecho de propiedad?).
¿Cómo se corrige? Reemplazando las comisiones
anticipadas por comisiones vencidas pagadas sobre el saldo administrado,
cuidando que los fondos de pensiones existentes al momento de la modificación
queden exentos de ellas porque su administración ya está pagada hasta la fecha
de jubilación de los afiliados. Al respecto, sugiero establecer una cotización
pareja de un 12% para todos los afiliados (actualmente estos cotizan entre un
10,69% y un 11,45%, por lo que el incremento no sería excesivo) y una comisión
de administración máxima de un 0,15% anual sobre el saldo administrado. Considerando
una rentabilidad promedio de los fondos de pensiones del 6% anual, con solo terminar
con este abuso y eliminar las comisiones fantasmas, que veremos a continuación,
los afiliados podrían incrementar sus fondos de pensiones en hasta un 25% (ojo,
que si la rentabilidad promedio aumenta, el incremento también lo hace).
§
Las comisiones fantasmas que las AFP nos cobran y descuentan mes a mes de nuestros
fondos de pensiones sin informarnos, y que representan a la fecha un
0,3% anual del mismo (397 mil millones de pesos al año).
¿Por qué son abusos? Porque
corresponden a pagos por
concepto de subcontratación de servicios de administración de fondos de
inversión que efectúan las AFP. Ellas subcontratan a otros fondos para que
hagan la tarea por la que les estamos pagando, y su costo nos lo traspasan a todos
los afiliados. Equivalen, por ello, a una doble comisión. Además, porque se
rebajan de los fondos de pensiones sin que sus propietarios, todos nosotros,
tengamos noticia alguna, y sin que tengamos la menor idea de cómo se fijan, a
quiénes se les pagan y en qué condiciones (comisiones indebidas que se rebajan
en secreto, a espaldas de quienes deben pagarlas; ¿las permite nuestra
constitución?).
¿Cómo se corrigen? Simple, hay que eliminarlas,
suprimiendo la norma que Ricardo Lagos nos impuso y que autoriza a las AFP cobrarnos
esas comisiones. Sin perjuicio de ello, y mientras se discute la eliminación, es
imperativo legislar para que los afiliados seamos informados en nuestras
cuentas individuales de los descuentos efectuados hasta la fecha y de todos los
que se efectúen en el futuro por este concepto; y que las AFP, además, informen
mensualmente cuánto pagaron en comisiones fantasmas, a qué fondos de inversión
se lo pagaron, cuánto era el monto que estos les administraron, cuál fue la
rentabilidad obtenida y cuál fue el porcentaje de comisión pactado. Imprescindible
sería saber, además, a quiénes pertenecen esos fondos de inversión y si estos
tienen relación con los propietarios de las AFP. Asimismo, que quien fija el porcentaje
de comisión máximo a descontar por este concepto (el superintendente de
pensiones) indique qué criterios utiliza para hacerlo. Por último, las AFP
deberían dar una muy buena explicación de por qué pagan comisiones fantasmas a
fondos de inversión nacionales (les pegaron más de 53.000 millones de pesos el
año 2018; un 1,6% sobre el fondo total administrado (una comisión altísima; ¿qué
hay allí?).
§
La desinformación a que las AFP y la SP someten a los afiliados.
¿Por qué es un abuso? Porque impide a los afiliados conocer
los verdaderos indicadores de su inversión previsional (su cuenta individual),
que es una información básica para que puedan tomar decisiones adecuadas y que
la ley de mercado de capitales consagra como un derecho de cualquier otro
inversionista; porque les impide saber cuáles son todos los descuentos que se
les efectúan de manera directa (sin pasar por sus cuentas individuales) de sus
fondos de pensiones; y porque provoca una asimetría de información, que
es en sí misma un abuso intolerable (y también inconstitucional, ya que viola a
lo menos las garantías de Igualdad ante la ley y de Derecho de propiedad, ya
que se le impide al propietario de una información acceder a ella). A manera de
ejemplo, los afiliados no conocen, y nunca han conocido, cuánto han cotizado,
cuánto dinero han ganado con su inversión previsional ni cuál es la verdadera
rentabilidad acumulada ni promedio anual de esta (ojo: que no es la del fondo
de pensiones; imagino que usted no se tragará que todos los afiliados al fondo
C de Provida —1,3 millones a la fecha— tengan la misma rentabilidad de sus
cuentas individuales y que ello ocurra durante más de 400 meses seguidos).
¿Cómo se corrige? Reponiendo la norma que obligaba a
las AFP a informar a sus afiliados la rentabilidad de sus cuentas
previsionales, que fue derogada por Sebastián Piñera en su primer gobierno (con
la excusa de simplificar la información que se entregaba a los afiliados en la
cartola cuatrimestral). Estableciendo que la información se entregue online con
actualización mensual y que incluya los antecedentes usados para el cálculo: el
total de cotizaciones efectuadas (todas las cotizaciones; no solo la parte que
va a parar al fondo de pensiones), actualizadas por variación de la UF desde la
fecha en que fueron efectuadas hasta la del informe (esa es la forma correcta
de actualizar las cotizaciones), y por el resultado obtenido. Además, obligando
a las AFP a informar en las cuentas de los afiliados todos los descuentos que
se efectúan de manera directa desde los fondos de pensiones (aparte de las
comisiones fantasmas, ¿qué más habrá allí?).
§
El actual destino de los fondos de pensiones.
¿Por qué es un abuso? Porque los fondos de pensiones se
destinan en la actualidad de manera preferente a financiar déficits de caja del
Estado (un 20%) y a las grandes empresas en Chile (36 %) y en el exterior
(41%), en lugar de usarse en financiar iniciativas que vayan en directo
beneficio de los afiliados y que les generarían beneficios muy superiores y
mucho más estables.
¿Cómo se corrige? Creando una AFP estatal que invierta
en iniciativas rentables que favorezcan a los afiliados, tales como:
Ø Financiar al Estado para que ponga término
definitivo al CAE (el Estado destinaría a los fondos de pensiones el pago de
intereses que les efectúa actualmente a los bancos comerciales).
Ø Financiar a la Tía Rica (las personas
pagarían menos intereses que hoy y no correrían el riesgo de perder sus joyas,
ya que se suspenderían los remates).
Ø Financiar un sistema de créditos a
los afiliados a tasas preferenciales (los pagos se descontarían por planilla y
la garantía serían los fondos de pensiones; sería un negocio redondo para
todos, salvo para los bancos).
Ø Adquirir, por medio de una empresa de
propiedad de los fondos de pensiones, bienes raíces para su arrendamiento (la
empresa mantendría en su poder los bienes raíces y los arrendadores pagarían
solo intereses, con lo que los valores de los arriendos se desplomarían; con la
garantía de los fondos de pensiones no serían necesarios avales y como los
arriendos serían más económicos que los dividendos, la gente optaría por
arrendar, tal como se hace en algunos países europeos).
Ø Otras ideas, siempre con el criterio
de iniciativas rentables, serían la explotación de minerales (litio), las
concesiones, iniciativas energéticas no contaminantes, etc.
Invertir los fondos de pensiones en
iniciativas que, junto con generar rentabilidades adecuadas, mejoren la vida de
los chilenos podría transformar el actual sistema previsional en un formidable
motor de desarrollo. Para ello, no obstante, hay que evitar hacerle caso a
quienes, sin ninguna visión de futuro y sin haber estudiado a fondo el tema (la
prueba es que nunca han reclamado por los abusos descritos más arriba),
pretenden reemplazarlo por un sistema de reparto o de semirreparto.
§
La imposibilidad de los afiliados de
retirar, cuando las circunstancias lo ameritan, parte o la totalidad de sus
fondos.
¿Por qué es un abuso? Porque hay circunstancias en donde no
existe justificación alguna para denegar el retiro de los fondos, tales como
enfermedades terminales (solo una mente criminal podría justificar no
entregarle los ahorros de toda una vida a un enfermo terminal para que pueda
disponer de ellos como se le antoje durante la vida que le queda); extranjeros
y personas que residen en otros países; casos donde desde el punto de vista
previsional es más conveniente para el afiliado girar sus fondos que
pensionarse (el caso de la profesora antofagastina María Angélica Ojeda, por
ejemplo, donde a todas luces es más conveniente para ella, incluso desde el punto
de vista previsional, destinar su fondo de pensiones a pagar la deuda de su
casa, ya que esta vale mucho más que su actual fondo).
¿Cómo se corrige? Sin perjuicio de que debiera legislarse
específicamente sobre el tema permitiendo a los afiliados disponer, en
determinadas circunstancias, de la totalidad de sus fondos (y a todos disponer
de parte de ellos), lo concreto es que la forma más fácil de hacerlo es que el
superintendente de pensiones use su facultad de fijar una expectativa de vida
de un mes en el cálculo del retiro programado para el afiliado en cuestión, lo
que le permitiría retirar sus fondos en dicho plazo.
Abusos del sistema tributario
§
El goodwill tributario
¿Por qué es un abuso? Porque es una norma que permite, sin
ninguna justificación, a un grupo de grandes empresas llevar a gastos
partidas cuya consideración como tales
está prohibida por la IFRS y las NIC (las instancias internacionales que
establecen las normas contables y financieras que deben cumplir los balances), y
no es aceptada por el SII para ninguna otra empresa. En palabras simples, la
norma les permite a esas grandes empresas —¿ha visto la lista?; es pública: son 241 empresas con su
razón social y su RUT— llevar a gastos
ítems que no son gastos, sino activos (por ejemplo, la plusvalía de los
terrenos, la cartera de proyectos de la empresa, su imagen de marca y su
prestigio). Es, sin duda alguna, uno de los peores abusos cometidos en
democracia en contra de todos los chilenos (¿quiénes lo cometieron?; la norma
fue propuesta en el primer gobierno de Piñera y formó parte de la famosa cocina
aquella; es cosa de ver quiénes estaban allí). ¡Ah! Y por cierto, también es
inconstitucional, ya que vulnera las garantías de Igualdad anta la ley, de
Igual repartición de los tributos y de No discriminación arbitraria por parte
del Estado.
¿Cómo se corrige? Suprimiendo la norma y cobrando a las empresas
que hicieron uso de este beneficio impropio, con los reajustes e intereses
correspondientes, la totalidad de los impuestos que difirieron por este
concepto (así figuran en sus balances: como impuestos diferidos).
§ La normativa que autoriza a
empresarios chilenos a hacer uso de los paraísos fiscales.
¿Por qué es un abuso? Porque permite que empresas que se
administran desde Chile, que desarrollan todas sus actividades en el país, que consumen
a destajo servicios públicos proporcionados por el estado chileno, cuyos dueños
y empleados viven y educan a sus hijos en Chile, se acojan a este espurio
beneficio mediante un ficticio cambio de residencia y se eximan de pagar
impuestos por sus utilidades como lo hacen todas las restantes empresas que, al
igual que ellas, desarrollan sus actividades en el país (¿se vulneran aquí las
garantías constitucionales mencionadas en el punto anterior?).
¿Cómo se corrige? Simple: suprimiendo esta descarada e
inmoral granjería y obligando a los que hicieron la usaron a pagar los
impuestos que el estado omitió cobrarles. Si alguien quiere beneficiarse con
los paraísos fiscales, tiene que radicar en ellos sus oficinas centrales y
gerencias, con familias incluidas.
§ El sistema integrado de impuesto a la
renta.
¿Por qué es un abuso? Porque, basado en la inmoral falacia
de la “doble tributación” —el milagro tributario chileno: dos
personas distintas y una sola utilidad—,
el estado exime a las empresas de pagar los cuantiosos servicios públicos que
consumen (los bancos y las empresas de retail no pagan ni un peso por el uso
intensivo que hacen de los tribunales de cobranza, por ejemplo, entre otros
muchos servicios), para que estas les paguen los impuestos a sus propietarios y
así evitar que estos tengan que pagarlos. En otras palabras, el sistema
integrado de impuesto a la renta es un sistema diseñado para que los grandes
empresarios paguen la menor cantidad de impuestos posibles (estuvo vigente
durante más de 30 años, lo llamaban FUT, y es una de las principales causas,
sino la principal, de la enorme desigualdad que existe en el país).
¿Cómo se corrige? Estableciendo un sistema “desintegrado”, donde
las empresas y los empresarios paguen sus propios impuestos y todos sean de
beneficio fiscal.
§ El mal llamado “subsidio a las constructoras”.
¿Por qué es un abuso? Porque es un subsidio que no llega
en forma directa a sus beneficiarios finales, sino que es administrado por las
inmobiliarias. Como estas son empresas con fines de lucro, lo más probable es
que este subsidio jamás llegue a quienes va dirigido. De hecho, en todos los
proyectos exitosos solo se traduce en incrementar las utilidades de las
inmobiliarias (es como poner la carne a disposición del gato para que se la
entregue al perrito de la casa: en una de esas algo le llega al pobre can).
¿Cómo se corrige? Suprimiendo el sistema actual y
estableciendo un subsidio por un monto equivalente que se entregue a los
adquirentes de viviendas.
Hay más abusos que debieran figurar
en la agenda, desde luego. Cabe mencionar la renta presunta a la que están
afectas algunas empresas privilegiadas, que debería suprimirse; el tope de 30%
en los tramos del global complementario, que debería elevarse a no menos del
60% para las rentas más altas; la inmensa deuda que mantienen con el fisco muchos
socios minoritarios de empresas por concepto de retiros en exceso sobre el FUT
disponible que no tributaron global complementario, y que debería ser cobrada a
la brevedad a los socios mayoritarios (por tratarse de retiros encubiertos que
estos realizaron). Y, por supuesto, hay más abusos en otros ámbitos que también
fueron omitidos (los que se cometen en la explotación de recursos naturales que
pertenecen a todos los chilenos, por ejemplo). No obstante, como se trata de un
recordatorio, lo dejaré hasta aquí.
Sin perjuicio de ello, permítame
expresar mi extrañeza porque ninguna de las entidades que supuestamente se
ocupan de los abusos han denunciado los que acabo de exponer. Ni las
universidades públicas y las que dicen serlo (¿cómo es posible que ninguna
universidad haya estudiado los sistemas previsional y tributario vigentes?; ni ONG
como Espacio Público o Chile Transparente; menos todavía el congreso… ¿desidia,
ignorancia, indolencia… o complicidad? Ni hablar de nuestro vergonzoso poder
judicial, al que la constitución ha encargado (en una decisión errónea que
debería ser reparada) la tutela de nuestros derechos ciudadanos.
Para terminar, le haré un encargo: si
ve al presidente por ahí, infórmele que este listado está a su disposición para
complementar el evidentemente incompleto que nos acaba de presentar.
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