Una muy mala reforma tributaria

Dejémoslo claro desde un principio: Chile necesita, de manera urgente, una reforma tributaria, porque el actual sistema es demasiado injusto e inequitativo, y porque se precisan ingentes recursos para abordar todas las indispensables reformas sociales que ya no pueden seguirse postergando. Sin embargo, eso NO significa que cualquier reforma tributaria sea buena.

De hecho, la que irresponsablemente pretende imponernos Michelle Bachelet con la mayoritaria complicidad de nuestro desprestigiado Parlamento, es una mala reforma; un desacierto indigno del nivel de estudios y experiencia de sus autores.

¿Por qué? Lo explico a continuación.

El concepto de “bueno” o “malo”, como es bien sabido, es relativo. Una obra humana no es buena o mala “per se”. Tal calificación la adquiere por tres vías: como resultado de una comparación con algún patrón o estándar de medida (la pauta de una prueba, por ejemplo); como consecuencia de contrastarla, según determinados parámetros de medición, frente a una o más alternativas (en cuyo caso hablamos de “más mala o más buena que” o “inferior o superior a “); o confrontándola con sus propios objetivos (buena es la que los cumple y mala, a la inversa, la que es incapaz de lograrlos).

Así, hablamos de una mala copia, cuando la obra en cuestión no se asemeja al original; de un mal resultado académico, cuando no se consigue alcanzar el estándar mínimo exigido; de un mal resultado deportivo o económico, cuando no se logran los objetivos previstos. Y afirmamos que “La invasión de los tomates asesinos” o “Martes 13 V parte” son más malas que (o inferiores a) “El padrino 1” porque, según todos los parámetros preestablecidos para una comparación de esta naturaleza, las primeras pierden de aquí a Penco.

Pues ocurre, estimado lector, que la reforma tributaria de Michelle Bachelet es mala desde cualquiera de las perspectivas señaladas.

Un patrón o estándar de medida adecuado para confrontar un proyecto de reforma tributaria, es el conjunto de principios que debe cumplir todo buen sistema tributario. Dichos principios no andan dando vuelta por el mundo académico porque sí. No son un mero antojo de los expertos en la materia. No están ahí para ser usados como papel higiénico. Han sido planteados porque son los que garantizan que una materia tan áspera y compleja como son los impuestos, sea abordada con justicia, aplicando ese sabio precepto de “dar a cada cual lo que le corresponde”. Así, aquél que los cumple todos satisfactoriamente es un buen proyecto y, por el contrario, aquél que reprueba en todos, es un pésimo proyecto.

Desde esta perspectiva, apreciado lector, la reforma tributaria de Michele Bachelet es un pésimo proyecto. Veamos por qué.

El principio del beneficio establece que “todos quienes consumen servicios públicos, personas u organizaciones, deben contribuir a su financiamiento en proporción al beneficio que obtienen de ellos”. Clarito, ¿verdad? Todos debemos pagar por los servicios públicos que recibimos. No sólo las personas; también, y especialmente, las empresas. Ningún sistema tributario que aspire a ser calificado como “bueno”, puede considerar una estructura tributaria donde las personas naturales financian los servicios públicos que consumen las empresas.

Pues bien, la propuesta de reforma tributaria de Michelle Bachelet omite olímpicamente este principio. En su proyecto, sólo las personas naturales pagamos por los servicios públicos. Las empresas ―que son, por lejos, los mayores consumidores de dichos servicios en nuestra sociedad (y en cualquier sociedad)― no lo hacen, pues destinan sus impuestos (y, con la propuesta de nuestra presidenta, parte de sus utilidades después de impuestos también) al pago de los tributos personales de sus propietarios. En palabras simples, todos los chilenos financiamos los servicios que las empresas consumen, para que éstas les paguen los impuestos a sus propietarios. No es algo menor, amigo lector, si considera que dentro de las empresas a las que usted, yo y todos los chilenos les financiamos los gastos públicos que consumen, están los sinvergüenzas de La Polar y de los carteles de las farmacias y de los pollos, junto con todos los demás próceres que utilizan similares medios para rentabilizar sus inversiones (usted sabe quiénes son, ¿para qué se los voy a nombrar?).

Pasemos ahora al principio de equidad que, como usted sabe, tiene dos variantes: la equidad horizontal ―a iguales ingresos, iguales tributos― y la vertical ―a mayores ingresos, mayores tributos―, y déjeme darle dos ejemplos para que vea la joyita que se mandaron los amigos de la Nueva Mayoría. Primero, observe en la siguiente tabla cómo afecta la estructura de propiedad de la empresa al pago real de impuesto a la renta, en el sistema propuesto por doña Michelle:

Como puede apreciar, el pago total de impuesto a la renta, EN LA MISMA EMPRESA, puede variar entre un 23,3% y un 3,7% sobre la utilidad, dependiendo de cómo esté estructurada su propiedad.  Ése es, recordemos, el pago total que efectúan la empresa y sus propietarios. ¡$ 100 millones de utilidad y sólo 3,7% de impuesto!, ¿le parece equitativo eso? ¿Horizontal o verticalmente? Y lo más dramático del asunto, es que con esta figura el rango de operaciones de elusión es amplísimo, enorme, todo un abanico puesto a disposición de asesores imaginativos. Todas las empresas con utilidades menores a $ 500 millones anuales podrían, eventualmente, hacer uso de ella con consecuencias inimaginables. ¿Y me van a decir que las nuevas facultades y atribuciones del SII van a evitar la debacle? Será interesante contemplar, primero, cómo se judicializa el tema; segundo, el debate que se armará al respecto; y tercero, si la Corte Suprema se pronunciará a favor de los al menos cuestionables procedimientos establecidos en esta ley, o reafirmará la libertad, establecida constitucionalmente, de que uno disponga de su propiedad como le plazca. Debería ser evidente para todos, que una mala ley no puede validar la mutilación de nuestras garantías constitucionales.

Segundo, considere el caso de un profesional que obtiene una renta de $ 40 millones anuales, por lo que pagará de su bolsillo, según el proyecto de Michelle Bachelet, $ 3,75 millones por concepto de impuesto único.  Compárelo con el de un empresario que retira la misma suma de su empresa. ¿Cuánto impuesto pagará este último de su bolsillo? Respuesta: cero. Con la propuesta de Michelle Bachelet, los empresarios NO pagan impuestos. Son las empresas quienes les pagan sus impuestos personales. Si no desea hacerlo, el empresario jamás se meterá la mano al bolsillo para enfrentar este desembolso. Será la caja de la empresa la que soportará el impacto. ¿Cómo lo haya? ¿Justo y equitativo? ¿Vertical u horizontalmente? Con la propuesta de Michelle Bachelet, al igual que con el sistema vigente, los empresarios reciben un trato preferencial y privilegiado en su tributación, respecto de los empleados. Y, por cierto, está por verse qué va a pasar con la caja de aquellas empresas que pasarán de pagar un 20% de primera categoría, a un 35% (le insisto, ¿o usted cree que los empresarios pagarán sus tributos personales de su propio bolsillo?

Agreguémosle un poco más de pelos a la sopa: los intereses que pagarán las empresas para financiar el tramo del 25 al 35% de los impuestos de sus dueños, ¿serán considerados gastos rechazados, como sería lo correcto? ¿O podrán rebajarse tranquilamente de la renta sin consecuencias posteriores?

Es interesante acotar que un sistema como éste, se presta para cualquier cosa. Es casi imposible de controlar adecuadamente, más aún teniendo presente que la maraña de empresas que difuminan la propiedad de las grandes firmas con chimenea se volverá, como consecuencia de la reforma, inextricable, haciendo virtualmente imposible para el SII desentrañarla .¿Cómo puede un grupo de funcionarios ser más inteligente que miles de empresarios y asesores (a propósito, me asalta la duda de cómo, en la práctica, se controla un loop de propiedad; si usted sabe algo, no dude en comentármelo)?

¿Vale la pena referirse al principio de la simplicidad y la transparencia? Sólo mencionarlos respecto de la propuesta de Michelle Bachelet, ya da vergüenza. Tales conceptos no tienen cabida en este proyecto. Si parece que, por el contrario, quienes lo elaboraron se hubiesen esmerado en hacerlo complejo y alambicado. Si la propuesta de Michelle Bachelet cumple algún principio, éste es el de la complejidad y la falta de transparencia.

Analice usted los demás principios y verá que la propuesta de reforma tributaria los incumple todos. Buen récord, ¿verdad? Convengamos que ése es un logro. Es difícil quebrantar el ABC de los sistemas tributarios de una manera tan flagrante.

Contrastemos ahora el proyecto de reforma tributaria con los objetivos que, explícitamente, le asignó la Nueva Mayoría: disminuir la desigualdad; lograr que quienes más tienen, más paguen; y recaudar USD 8.200 millones.

Ya quedó claro en los párrafos anteriores, me parece, que este proyecto no logra que quienes más tienen más paguen (Michelle, la engañaron; en los “sistemas integrados de impuesto a la renta”, la equidad no se logra a nivel de los impuestos personales; los “sistemas integrados” son intrínsecamente inequitativos). Tampoco permite, por sí solo, disminuir la desigualdad, ya que esto dependerá de cómo se inviertan los eventuales recursos que se generen. Por ejemplo, si usted los gasta en proyectos tales como aumentar el número de parlamentarios y mantenerles las mismas rentas y asignaciones actuales, es clarísimo que no disminuirá la desigualdad. Lo único que nos falta por saber, entonces, es si recaudará o no los USD 8.200 millones que Michelle Bachelet requiere para poner en práctica sus restantes proyectos.

Al respecto, convengamos en que cualquier consecuencia de la presente reforma en tal sentido, no se verá durante el gobierno de la actual presidenta. Por el contrario, con el harakiri del primer año de depreciación instantánea, con la mantención del FUT (sí, el FUT se mantiene, ya que se mantiene la causa que le da origen: el sistema integrado de impuesto a la renta), con la existencia de un FUT acumulado que se demorará varios años en extinguirse, y que en muchos casos no se extinguirá ―considere, para comprobarlo, una empresa con un FUT histórico de $ 100 millones, con utilidades anuales de $ 50 millones y con un solo propietario, y determine (es un ejercicio simple, pero que los amigos de la Nueva Mayoría, al parecer, no hicieron) cuándo se acaba el FUT histórico; le doy la respuesta: nunca―, y con la puesta en marcha en forma secuencial de casi todos los cambios (incluso aquéllos que consideran la supresión de inaceptables privilegios), lo más probable es que la recaudación de los primeros 4 años de vida de la reforma no crezca, o crezca muy poco. Si me apuran, me atrevería a pronosticar incluso que caerá, en cuyo caso sería muy interesante saber cómo implementará Michelle Bachelet todas la reformas que pretende abordar (¿puede un gobernante ser tan irresponsable como para prometer cambios al por mayor, e implementar al mismo tiempo una reforma tributaria que no le generará recursos durante su gobierno para abordarlos?). Lo concreto es que lo más probable es que la reforma tributaria de Michelle Bachelet NO RECAUDE, al menos durante su gobierno, los USD 8.200 millones que pretende.

Como consecuencia de lo anterior, es importante tener presente que cualquier futuro incremento de recaudación dependerá de qué es lo que decida el gobierno que sucederá al de Michelle Bachelet. Por ejemplo si, Dios no lo quiera, llega la UDI al poder (con la particular visión de sus acólitos respecto de la desigualdad y del papel del Estado), no existirá dicho incremento y, por ende, no existirán dichas reformas. Como bien dice Condorito, exijo una explicación.

La última comparación que nos falta hacer, es con otras alternativas, y ahí, estimado lector, la propuesta de Michelle Bachelet  pierde feo. Muy feo. Porque hay alternativas que realmente son mucho mejores que la que ella, irreflexivamente, lanzó a la palestra. Alternativas que sí cumplen todos os principios que debe reunir un buen sistema tributario, y que además permiten conseguir todos los objetivos planteados de manera mucho más simple, entre ellos el de recaudar los UISD 8.200 millones (cuando quieran los amigos de la Nueva Mayoría, les expongo una que consiste en establecer que las empresas paguen el 25% de primera categoría a beneficio fiscal, que el impuesto de primera categoría pagado no pueda ser usado como crédito por otra empresa, que los empresarios paguen por sus retiros efectivos (elevando las tasas marginales tope), que se elimine el FUT de un viaje, y que se supriman todas las granjerías tributarias existentes). ¿Por qué no se prefieren? Misterio. ¿Algún acuerdo con quienes no se ven favorecidos con dichos cambios, quizás?

Tenemos, pues, una muy mala propuesta desde todo punto de vista. Como era de esperarse, sin embargo, pasó el cedazo de la Cámara de Diputados. ¿Puede eso realmente sorprendernos? No olvidemos que ellos se creen capaces de evaluar las posiciones disidentes a la reforma en quince minutos. Tampoco, que creen posible convencernos de que, aumentando más de un cuarto los diputados y más de un tercio los senadores, el presupuesto del Congreso no sufrirá variaciones. De ellos podemos aguardar cualquier cosa. Esperemos que en el Senado impere la cordura y se incorporen las drásticas mejoras que tan irreflexivo proyecto necesita. Si ello no ocurre, aunque soy ateo no me queda más que decir, ¡que Dios nos asista!